miércoles, 2 de diciembre de 2015

Liberan a hombre que bajo tortura ‘confesó’ ser ‘El Macho Prieto’

TIJUANA, BC: Por desvanecimiento de datos fue puesto en libertad Adrián Vázquez Lagunes, un hombre que fue víctima de tortura por agentes estatales para que se incriminara de ser Gonzalo Insunza, El Macho Prieto, un lugarteniente del Cártel de Sinaloa.

Ayer martes, cerca de las 23:10, Vázquez Lagunes salió del Centro de Reinserción Social de El Hongo, donde estuvo preso durante tres años acusado de portación de arma de fuego y delitos contra la salud en la modalidad de posesión.

El parte informativo de los agentes de la PEP fue declarado “ilícito e infundado” en la resolución del magistrado del Juzgado Quinto Unitario del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Las drogas y el arma se las “sembraron” los policías para inculparlo y forzarlo a declarar que era el capo del narcotráfico, sostuvo Sandra Esquer, directora del Centro de Derechos Humanos de Baja California.

El caso de Adrián Vázquez fue documentado en informes de 2014 de Amnistía Internacional (AI) y la ONU debido a las lesiones físicas que registró durante su detención en Tijuana, que le produjeron daños irreversibles en su salud.

De acuerdo al parte médico, resultó con siete costillas rotas, un pulmón perforado y estallamiento de vejiga, que lo mantuvo hospitalizado con pronósticos reservados por su estado de salud.

Incluso, la versión de la Policía Estatal Preventiva de la supuesta detención de El Macho Prieto provocó que le negaran la atención médica de urgencia en 17 clínicas y hospitales de Tijuana.

Doña Raquel, una vecina que fue testigo sobre la tortura que sufrió Vázquez Lagunes, dijo que un culatazo de un rifle de uno de los policías hizo que se orinara en los pantalones cuando fue llevado a su casa, supuestamente para que entregara un inexistente cargamento de droga.

El 26 de septiembre de 2012, agentes de la PEP hicieron una redada ante el anuncio de que El Macho Prieto se encontraba en Tijuana. Detuvieron a cinco personas, entre ellos a Vázquez Lagunes, quien fue señalado de ser el capo de la droga vinculado al Cártel de Sinaloa.

La abogada Sandra Esquer dijo que la resolución judicial es un avance en el reconocimiento de un problema que se vive en la entidad y en el país, que es la tortura porque se convierte en una violencia institucionalizada y obligará a la PEP a aceptar la urgencia de manejar protocolos de actuación en las detenciones para dejar de violar derechos humanos.

Una vez que obtuvo su libertad, Adrián se reunió con su esposa Judith Luna y sus cuatro hijos, además de recibir una serie de llamadas, entre ellas de representantes en México de Amnistía.


Vázquez Lagunes es originario de Tinajas, Veracruz y desde hace 17 años reside en Tijuana, de los que tres los pasó en el penal de El Hongo, situado en la zona montañosa de Tecate.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422323

Madres de migrantes buscan en cárceles de Tabasco a sus familiares

VILLAHERMOSA, Tab: La caravana de 45 madres de migrantes centroamericanos desaparecidos continuó con la búsqueda de hijos y familiares en cárceles de la entidad.

A tres días de ingresar a México y procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, las madres desayunaron hoy con los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, César Raúl Ojeda Zubieta y Sergio Ricardo Martínez Luis, ante quienes expusieron sus testimonios, pidieron apoyo para encontrar a sus hijos y demandaron el cese de la violencia contra los migrantes centroamericanos.

Rubén Figueroa, coordinador Sur-Sureste del Movimiento Migrante Mesoamericano, lamentó que la diputada local del Partido Nueva Alianza (Panal), Aracely Quevedo, haya dicho que la presencia de migrantes en la entidad aumenta la violencia y delincuencia.

Ojeda Zubieta replicó que el gobierno del estado no comparte la idea de la legisladora y que se brindan todas las facilidades para hallar a familiares desaparecidos.

“En Tabasco no se criminaliza a los migrantes, pese a las expresiones de algunos políticos, nosotros respetamos sus derechos”, manifestó.

Posteriormente, la caravana visitó el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset), ubicado en esta capital, y por la tarde hizo lo propio en la cárcel de mediana seguridad del municipio de Huimanguillo, de donde partió al municipio de Las Choapas, Veracruz.

En el Creset intercambiaron experiencias con las autoridades carcelarias y algunos presos centroamericanos, detenidos en Tabasco por varios delitos en su tránsito hacia Estados Unidos.

Armando Maldonado, director general de Prevención y Reinserción Social del Estado, informó que en la entidad se encuentran 39 reos extranjeros, 24 de ellos de origen centroamericano.

De los 39 presos, 60% está sentenciado por diversos delitos y 40% se encuentra bajo proceso penal.

Ayer, las madres centroamericanas iniciaron la jornada con una visita a la cárcel municipal de Tenosique, donde se quejaron de que no pudieron tener pleno acceso para poder identificar si tienen ahí algún hijo, familiar o conocido.

Rubén Figueroa dijo que no hubo contacto directo con los migrantes presos –ocho hombres, cinco hondureños y tres guatemaltecos–, a quienes sacaron al patio pero no dejaron tener contacto con ellos, ni pudieron ver detalladamente sus rostros.

Sin embargo, el joven guatemalteco Salomón V, de 22 años y preso desde 2013, dijo que desde hace seis años no habla con sus familiares y pidió a los miembros de la caravana que se comuniquen a su país para avisar de su proceso.

De Tenosique, las madres centroamericanas partieron hacia Palenque, Chiapas, donde realizaron caminata y una oración en el albergue El Caminante.


También realizaron un mitin en el parque central de la colonia Pakalná, y por la noche arribaron a Villahermosa, de donde hoy salieron hacia Las Choapas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422340

Indigna en redes sociales comercial de Coca Cola calificado de racista

MÉXICO, DF: Bonita iniciativa de Navidad, la de estos jóvenes urbanos, clasemedieros de piel güera –y consumidores de Coca Cola–: viajar a la comunidad mixe de Totontepec, en el norte de Oaxaca, para colocar ahí un gran árbol que ellos mismos fabricaron; un “mensaje muy especial” para el “81.6% de los indígenas mexicanos (que) se han sentido rechazados por hablar otra lengua”.

En el spot de publicidad que Coca Cola difundió ampliamente en las redes sociales y que retiró anoche, se puede observar al grupo llegar al municipio con mucha alegría –y una hielera llena de refrescos que reparten entre los pobladores. Arman y pintan el árbol de madera en el centro de la comunidad.

Todo lo anterior se desarrolla ante la mirada y la sonrisa fascinada de los indígenas. Al final, los jóvenes prenden el árbol, en el que aparece el mensaje “Permanezcamos unidos” en lengua mixe; todos se abrazan y toman del refresco, mientras aparece en la pantalla: “Tú también rompe un prejuicio y compártelo usando #Abretucorazón”.

Aparentemente, los mercadólogos del gigante de la industria refresquera no consideraron que el video vincula una suma de estereotipos racistas y discriminatorios sobre las comunidades originarias de México.


Tampoco les molestó utilizar la imagen de los pueblos originarios para promover el consumo de refrescos, cuando los indígenas mexicanos se encuentran particularmente vulnerables ante los estragos que provocan los alimentos chatarra en la salud.



Desde que empezó a circular en Internet, un gran número de usuarios de redes sociales repudió el comercial, por lo que Coca Cola lo retiró anoche de la plataforma YouTube.

Sin embargo, para las organizaciones parte de la Alianza para la Salud Alimentaria “el daño está hecho”, por lo que exigieron hoy al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) abrir una investigación de oficio para determinar si la publicidad violó el derecho humano a la no discriminación.

El objetivo de esta solicitud, indicó Carlos Ventura, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, consiste en colocar en la agenda pública el tema de las publicidades discriminatorias para “sentar un precedente” y que las instituciones adopten medidas e implementen mecanismos que garanticen la no repetición. “Hay estándares que obligan a las empresas a respetar el principio de no discriminación”, recordó.

De acuerdo con la coalición, el comercial de Coca Cola reproduce la posición privilegiada de ciertos grupos identificados con una cultura consumista y representa la subordinación de los indígenas ante aquéllos. También difunde la visión asistencialista de la ayuda, pues en el video los indígenas no hacen nada sino sonreír ante la iniciativa de los jóvenes.

Además, según Elvira Constantina Pablo Antonio, indígena mixe y colaboradora de la organización ASER Litigio, en su comunidad las fiestas navideñas tratan de reforzar los lazos comunitarios, pero insistió en que “no se trata de promover el consumismo”.

“El efecto de publicidades de este tipo promueve la ruptura del tejido comunitario y la imposición de una cultura de consumo ajena a las comunidades”, denunció.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, recordó que en la comunidad mixe “el árbol de Navidad no tiene sentido”, y por ello lamentó esta “agresión cultural” contra la comunidad indígena.

Si bien reconoció que las medidas que pide la coalición no consisten en “generar censura” sino en fomentar un “trato de iguales”, sugirió que el Conapred “tendría que actuar en las telenovelas de Televisa” por difundir estereotipos.

Y no sólo esto: según Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el pueblo de Totontepec tiene altos niveles de marginación y gran parte de los adultos actuales padecieron de niveles graves de desnutrición durante su infancia, incluso en el vientre de sus madres.

Lo anterior les vuelve más vulnerables ante los estragos de la comida chatarra, aseveró, al precisar que 50% de las muertes en la población indígena están relacionadas con la mala alimentación.

El científico explicó a Apro que desde mitades del siglo XX los científicos demostraron –al observar a las personas afectadas por las guerras mundiales– que la desnutrición durante la infancia multiplica por seis la prevalencia de enfermedades como diabetes, hipertensión, accidentes cerebrovasculares o cardiacos en la población adulta, males que favorece la comida chatarra.

Además, sostuvo que la mayoría de la población indígena en México posee genes adaptados al ambiente directo, que le vuelva “muy sensible” al consumo de bebidas azucaradas; lo que se suma a la escasez de servicios de salud en las zonas más marginadas del país, la cual difiere el diagnóstico de enfermedades como la diabetes.

Y la penetración de la comida chatarra en las poblaciones indígenas se profundizó a partir de la década pasada –entre otros a raíz de la implementación de los programas sociales de transferencias económicas–, pues según Ávila Curiel el consumo de bebidas azucaradas se triplicó desde entonces.

“La Coca Cola llegó a los biberones de los niños”, lamentó, al resaltar que “la población indígena alcanzó el promedio nacional de obesidad, pero el daño metabólico es hasta cinco veces mayor”.

Abelardo Ávila explicó que se convirtió “casi en activista, sin pretender serlo”, hace cuatro años, mientras realizaba el censo de peso y talla en el Estado de México.

Se percató de que en las escuelas ubicadas en la periferia de la zona pobre de la zona metropolitana los niños de seis años presentaban altos niveles de obesidad, pero también resistencia a la insulina, aparte de que padecían de hipertensión y otras afectaciones.

“Me escandalizó que los niños de 6 años ya tenían un síndrome inflamatorio generalizado. Tienen una esperanza de vida muy corta, van a tener un diabetes tipo 2 a los 20 años”, advirtió, al precisar que el padrón de estos niños era similar: “Pobres, sufrieron desnutrición, migraron (hacia la periferia de la urbe), y vivían en un ambiente obesigénico”.

El científico subrayó que durante una discusión técnica sobre el programa Oportunidades –ahora Prospera– que sostuvo durante un congreso nacional de salud pública, un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) declaró ante los especialistas:

“Los que digan que las transferencias (de Oportunidades) se utilizan para comprar comida chatarra, les quiero decir que sí, efectivamente, ¿Y? Los pobres también tienen derecho a comprar comida chatarra”.

Alejandro Calvillo recordó que Coca Cola se encuentra enlodada en un escándalo en Estados Unidos, pues el New York Times y Associated Press exhibieron –con base en cuentas y correos electrónicos– que la multinacional financió el Global Energy Balance Network, un grupo de pseudocientíficos, a cambio de la publicación de estudios a favor de la industria.

Este grupo publicó una serie de artículos en los que desvió la problemática del sobrepeso hacia la falta de actividad física y prácticamente disculpó el consumo de comida chatarra en el mismo.


En reacción, la Alianza por la Salud Alimentaria realizó una edición del comercial de Coca Cola, en el que expusieron “su” verdad sobre la situación en Totontepec y la industria refresquera.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422317

Confrontan senadores a procurador de Edomex por caso Tlatlaya

México, DF. Durante las casi seis horas que duró su comparecencia en el Senado de la República, el procurador de Justicia del estado de México Alejandro Jaime Gómez Sánchez fue fuertemente cuestionado por su actuación en el caso Tlatlaya, los feminicidios en el estado de México y por el posible conflicto de intereses que representa su candidatura a ministro de la Suprema Corte.

Su insistencia en dejar la responsabilidad de las irregularidades en la investigación de la ejecución extrajudicial de 22 personas, en el Ejército y la PGR, fue echada abajo por legisladores del PRD y PT. El perredista Alejandro Encinas le hizo notar que una cosa es el discurso y otra los hechos. Le recordó que la procuraduría mexiquense, a su cargo, sostuvo que fue un enfrentamiento entre militares y delincuentes, que agentes de esa dependencia torturaron a los mujeres sobrevivientes y sólo después de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se detuvo a 7 policías ministeriales y un agente del ministerio público, que están en libertad bajo fianza.

La senadora independiente Martha Tagle puso en duda que se combata a los feminicidios, en el estado de México, como lo aseguró Gómez Sánchez, puso el ejemplo de Marina Lima, asesinada por su esposo un policía ministerial, cuyo caso quiso hacer aparecer la PGJEM como suicidio.

“Así impartirá justicia si llega a la Corte”, le preguntó Encinas. El aspirante a ocupar una de las vacantes en la Suprema Corte reiteró que “una cosa es lo que ocurrió en Tlatlaya y la actuación de los elementos militares -que en todo caso es del orden federal- y otra muy distinta es la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, que actuó consecuentemente en auxilio del ministerio público federal.

Sobre la liberación de los siete policías ministeriales y el agente del ministerio público de la procuraduría mexiquense, respondió que la tortura, según la Constitución, no es delito que impida otorgar fianza, además de que se han asegurado que enfrentarán el proceso.

Otro de los temas que más se discutieron fue su independencia del poder ejecutivo, donde ha laborado 25 años. Gómez Sánchez sostuvo que está libre de cualquier conflicto de interés, dijo que no pertenece al grupo “Atlacomulco” y rechazó ser “el delfín” del consejero jurídico de la presidencia de la república Humberto Castillejos, con quién colaboró.

Layda Sansores del PT, le dijo que en su curriculum figura haber sido asesor de Eduardo Medina Mora, cuando se desempeñaba como titular de la PGR.


“Me considero libre de conflicto de interés. Tengo mi trayectoria y consciencia limpias, así como las capacidades necesarias para ser un juez constitucional independiente, imparcial, moderno y responsable”, insistió, pero los cuestionamientos continuaron.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VICTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/02/confrontan-senadores-a-procurador-de-edomex-por-caso-tlatlaya-605.html

Yo sí hubiera atraído a la Corte el caso Aristegui, afirma candidata a ministra

La magistrada Norma Lucía Piña Hernández explica que lo hubiera hecho para establecer criterios sobre en qué casos los particulares actúan como autoridad.

La magistrada Norma Lucía Piña Hernández, integrante de una de las ternas para ocupar las dos vacantes disponibles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), compareció el martes ante la Comisión de Justicia del Senado de la República.

Al responder los cuestionamientos de los legisladores, afirmó que ella sí habría atraído a la SCJN el caso de la periodista Carmen Aristegui, quien interpuso una demanda de amparo, tras la cancelación en marzo de su noticiario radiofónico, pese a la existencia de un contrato, que no fue respetado por MVS.

“Si hubiese atraído o no el caso de la periodista Aristegui, yo creo que sí, porque era un criterio importante en función no de la persona en sí misma considerada, o sea, independientemente que ella sea una periodista reconocida, no por ella misma se daría la atracción del caso, sino porque era el establecimiento del criterio de en qué caso los particulares actúan como autoridad“, afirmó la candidata, de acuerdo con la versión estenográfica de su comparecencia.

El pasado 14 de julio, un Tribunal Colegiado echó por tierra la posibilidad de defender judicialmente la libertad de expresión, como lo pretendía Aristegui con su amparo. Previamente, la comunicadora solicitó a la Suprema Corte que atrajera la queja que interpuso MVS para frenar el juicio -lo cual rechazó-, que finalmente fue aceptada por el referido tribual.

Sobre otros temas, Piña Hernández señaló que habría votado a favor de establecer responsabilidades administrativas en el caso del incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños.

Sin pronunciarse a favor o en contra, la magistrada del vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa del Primer Circuito,  dijo que el debate sobre la despenalización del uso de la marihuana debe ser objeto de mayor información, a efecto de que se genere una discusión democrática a través de los representantes que fueron elegidos para este fin.

Y coincidió con la resolución de la SCJN en no someter a consulta popular la reforma energética, pues se trató de un tema relacionado con los ingresos de la Federación.


También aclaró que cuando algún tratado internacional establezca algún derecho restringido por la Constitución, debe prevalecer el criterio establecido en la Carta Magna.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0112/mexico/yo-si-hubiera-atraido-a-la-corte-el-caso-aristegui-afirma-candidata-a-ministra/

Exalcalde de Tlalnepantla construye su “Casa Blanca”

TLALNEPANTLA, Edomex: El diputado federal y alcalde con licencia de Tlalnepantla Pablo Basáñez construye en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, la de mayor plusvalía en esa demarcación, su “Casa Blanca”.

Tan sólo el predio de Atizapán, inscrito en la oficina Tlalnepantla del Instituto de la Función Registral a su nombre y el de su esposa, Verónica Liliana Rocha Vélez –presidenta del DIF Municipal hasta hace unos días–, fue adquirido en 2 millones 863 mil 813.40 pesos.

En la declaración patrimonial publicada por el legislador federal en sus redes sociales, no aparecen los montos salariales devengados en su encomienda anterior ni en la actual; tampoco el costo de sus propiedades.

No obstante, refiere que en 2013, su primer año en la presidencia municipal, adquirió dos inmuebles.

El 1 de enero de 2013 establece la compra de un predio en el fraccionamiento Rancho San Juan, municipio de Atizapán de Zaragoza, el lugar más exclusivo y de mayor plusvalía de Zona Esmeralda, “rodeada de cañadas cubiertas de encinos, cascadas, lagos y la impresionante belleza de la naturaleza”, destacan las inmobiliarias.

Esta área se ubica a 20 minutos de Interlomas, tiene patrullas y vigilancia las 24 horas del día, y en las inmediaciones se ubican colegios como La Salle, Tec de Monterrey, Sierra Nevada, Thomas Jefferson, Green Hills y Kipling, todos privados.

Aunque la declaración asegura que el terreno se pagó al contado, la oficina Tlalnepantla del Instituto de la Función Registral da cuenta del terreno hasta el 10 de abril de ese año, a través de la escritura pública 9 mil 224 del volumen 214 de fecha 21 de junio de 2013, ante la fe de la notario 156 del Estado de México, Mónica Mondragón.

Conforme a la clave catastral 1000871720000000, el lote 20 ubicado en la manzana 17 tiene una superficie de mil 004.24 metros cuadrados y se encuentra sobre el terreno que formó parte de la fracción tercera de la Hacienda de Sayavedra, porción conocida con la denominación Rancho Viejo.

En el terreno ubicado sobre la calle Bejucos, RSArquitectura construye, desde septiembre de 2014, una casa de tres niveles; la superficie está contemplada en 337.26 metros cuadrados por 659.91 libres, con cinco cajones de estacionamiento y área para asador.

Basáñez García además declara la propiedad de un departamento en Huixquilucan de 118 metros cuadrados de construcción, adquirido el 27 de noviembre de 2013, el primer año de su gestión como alcalde, a crédito.

También asegura ser propietario de joyas diversas y de un auto Peugeot 208 Feline BUA 5p 2014 adquirido el 1 de septiembre de ese año.

Además, reporta una cuenta maestra y un fondo de inversión en BBVA Bancomer, dos cuentas maestras en Banorte, otra más en HSBC, un seguro de vida-inversión en Grupo Nacional Provincial y otro en Seguros Monterrey.

El legislador priista refiere como domicilio el fraccionamiento Valle Dorado, en Tlalnepantla, inmueble adquirido el 1 de abril de 1999, con 220 metros cuadrados por 160 de terreno.

En la página de Transparencia del ayuntamiento ya no aparece el Presupuesto 2013, pero el de 2014 refiere que ese año las percepciones del alcalde ascendieron a más de dos millones 607 mil 121 pesos, mientras para 2015 se contemplaron dos millones 607 mil 120.96 pesos.

Rendición de cuentas

La administración de Pablo Basáñez como presidente municipal de Tlalnepantla –que concluirá el 31 de diciembre con su sustituto Guillermo Martínez–, se caracterizó por la asignación de montos elevados a partidas inexplicables, opacidad en los contratos, extraños traspasos financieros al DIF municipal y ausencia de rendición de cuentas al cuerpo edilicio.

En el acta de cabildo del 18 de diciembre de 2013, durante la aprobación del Presupuesto del año siguiente, la decimocuarta regidora, María de los Ángeles Dueñas, cuestionó las reducciones en gasto social y los aumentos al burocrático.

Solicitó una explicación por la disminución de 11 millones de pesos a la Dirección de Desarrollo Social, de 30 millones a la Dirección General de Educación y Cultura y de 5 millones al Instituto Municipal de Salud; y por la ampliación para Tesorería por 63 millones de pesos y de 18 millones a la Secretaría del Ayuntamiento.

La edil también advirtió desinformación para aprobar un subsidio extraordinario por 22 millones 800 mil pesos del ayuntamiento a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En la aprobación del proyecto de Presupuesto 2015, el 18 de diciembre de 2014, el octavo regidor Arturo Saavedra Cruz cuestionó el incremento del gasto para el capítulo 4000 relacionado con los “Traspasos, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, establecido en 360 millones de pesos.

César Román Mora Velázquez, séptimo regidor, demandó claridad en la transferencia de 120 millones de pesos al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio.

También advirtió que en el proyecto sólo se justificó el gasto de 124 millones de los 631.5 asignados a la presidencia municipal, y demandó claridad en los 2.5 millones previstos para el arrendamiento de edificios, 5 millones para la renta de bienes informáticos y 51 millones para arrendar vehículos.

Lizbeth Nava, decimoprimera regidora, acusó uso electoral de 66 millones asignados a la Dirección General de Desarrollo Social –2015 fue un año de comicios locales–, y cuestionó el gasto excesivo de la partida 2 mil 220 relacionada con “alimentos para animales” que ejerce la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

“El año pasado le presupuestaron cerca de 600 mil pesos y este año 5 millones 400 mil; qué le dan de comer a esos animales… hace pensar que es un desvío para otras actividades que no son de índole general para la ciudadanía”, dijo.

El otrora alcalde justificó que el rubro incluye no sólo alimento para animales, sino además despensas para los elementos de la Comisaría como una prestación regular.

El tercer síndico, Emiliano González Rosas, advirtió como un exceso presupuestar para 2015 en gasolina 79 millones 712 mil pesos.

Ese día el cabildo también aprobó otorgar en 2015 un nuevo subsidio extraordinario a favor del DIF Municipal, ahora por 123 millones de pesos.

Otra de las anomalías, de la que se denegaron detalles a los integrantes del cabildo arguyendo datos personales, radica en los términos del contrato suscrito por Pablo Basáñez como representante del ayuntamiento con Helico de México, SA de CV, representada por el capitán Jorge Enrique Sánchez Gutiérrez, el 8 de abril de 2013.

La aeronave apenas prestó el servicio tres meses y se utilizó fundamentalmente para el traslado personal del presidente municipal, a pesar de que fue contratada con la justificación de “incrementar los esfuerzos de combate y prevención de la delincuencia”.

El contrato del helicóptero fue “abierto”. En su cláusula tercera establece un importe mínimo por el servicio de 7 millones 817 mil 472 pesos y un máximo por 13 millones 029 mil 120 pesos.

“El importe por hora en las primeras 40 horas de cada mes calendario será de mil 200 dólares”, las siguientes implicarán mil 150 dólares; en ambos casos más valor agregado.

“Cuando el municipio no utilice el servicio descrito… se encontrará obligado a un pago mínimo de 30 horas por cada mes calendario”, detalla el documento.

El contrato contempla entre los servicios ofrecidos por el prestador “transportación aérea mediante helicóptero… herramientas de auxilio en el combate a la criminalidad, prevención del delito, vigilancia policiaca, control de tránsito vehicular, atención de emergencias, protección civil, medio ambiente, fotografía y filmación y, en general, en el auxilio de las diferentes funciones y servicios públicos que la Constitución y las leyes atribuyen al municipio.

“Los costos de servicios de Aeropuertos, Helipuertos, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) que origine la prestación efectiva de los servicios objeto de este contrato… serán cubiertos por el municipio”, detallan las cláusulas.

También prevé la rescisión por incumplimiento con una pena convencional al prestador del orden de 1% sobre el monto total del contrato por cada día incumplido, pero la administración tampoco proporcionó lo detalles sobre el término. El 12 de noviembre de 2013, el cabildo clasificó esa información como parcialmente confidencial.

La construcción del edificio de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, al que se destinaron 70 millones de pesos en 2013 y 65 en 2014, aún se reporta como obra en ejecución.

Apenas a mediados de noviembre pasado, bomberos de la demarcación denunciaron de forma anónima que el exalcalde nunca otorgó a la corporación los apoyos comprometidos en 2013 y 2014.

Las ofertas del mandatario, acusaron, tuvieron como simple objeto tomarse la “foto”, pues laboran con uniformes viejos, sin combustible, con falta de equipo, fallas en servicios como agua y luz, y su salario y prestaciones jamás aumentaron.


La mañana de este miércoles, el presidente municipal saliente rindió el tercer informe de la administración, respaldado con la presencia del gobernador Eruviel Ávila.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422313

Universitarios de Veracruz exigen con bloqueo a Sefiplan el pago de becas atrasadas

XALAPA, Ver: Estudiantes universitarios tomaron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en protesta porque ya se cumplieron 10 meses sin que el gobierno de Javier Duarte les haya puesto pagado sus becas de educación superior (manutención), becas de excelencia y de buen promedio.

Además, medio centenar de estudiantes tomó de forma intermitente la vialidad de la avenida Adolfo Ruiz Cortínez, afuera de la Sefiplan, que conecta hacia el norte de la capital del estado y da salida hacia la autopista que conduce a la ciudad de México.

Los estudiantes reclamaron un adeudo total de 56 millones de pesos destinados a 17 mil estudiantes de educación superior a quienes ya se les adeuda, a cada uno, insumos educativos por 10 mil pesos.

Los voceros de los estudiantes recriminaron que hace un mes se reunieron con el titular de Sefiplan Antonio Gómez Pelegrín quien se comprometió a que en dos semanas quedaría “solventando” el adeudo, situación que nunca ocurrió.

A través de transparencia, la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), informó que año con año destina 330 millones de pesos para el pago de becas y en el oficio SEV/UAIP/334/2015 el Secretariado Técnico y Ejecutivo del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior negó “tener algún atraso” en dicho programa educativo.

La Secretaria Técnica y Ejecutiva del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de la SEV Yajaira Yahel Rodríguez Bello señala en el documento –en poder de Apro- que hoy tiene inscritos a 32 mil 789 estudiantes universitarios, de bachillerato y educación media.

“Aunque no se contaba con calendarización de pagos para el ciclo escolar 2013-2014 no tuvieron retraso. Para el ciclo escolar 2014-2015 no existió retraso”, asegura la SEV en el documento.

La dependencia estatal asegura que se siguen depositando los “montos mensuales” que van de 760 a mil pesos dependiendo de la antigüedad de inscripción al Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior (Manutención).

Sin embargo en las calles del centro histórico y afuera de la Sefiplan es constante el reclamo de jóvenes universitarios que se quejan de que el gobierno no deposita a tiempo.

Y no son los únicos. El martes pasado un centenar de jubilados del Instituto de Pensiones del Estado realizó una misma protesta similar frente al Palacio de Gobierno donde despacha Duarte y el reclamo era similar, exigían “fondos y retroactivos” que no les han pagado.

En la manifestación el secretario general de la delegación IV del SNTE Guadalupe Sánchez recriminó que el gobierno de Duarte se atrasa con las pensiones de los jubilados, no paga retroactivos y otras prestaciones y en contraste las dietas de los diputados y las pensiones de los magistrados en retiro que alcanzan los 100 mil pesos siempre se depositan de forma puntual.

Los pensionados reclaman retroactivos cercanos al 4% del total de sus pensiones y afirman que desde enero el gobierno de Duarte les ha puesto a pugnar por dichos recursos.

“Otra vez son los centavos los que nos traen a bloquear a estas horas aún no se nos ha hecho el depósito respecto al mes de noviembre (la pensión) y en términos generales no vino el retroactivo del 3.4% a las pensiones, desde enero se adeuda”, acusó el líder sindical.

Guadalupe Sánchez aseguró que son más de mil 700 pensionados de la sección 56 del SNTE quienes se han visto perjudicados con está retención de recursos.


La bolsa de presupuestos que el gobierno de Duarte adeuda, según pensionados de la sección 56 del SNTE ronda los mil 200 millones de pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422300

Con bloqueo carretero y plantón, habitantes de Ostula exigen libertad de Cemeí Verdía

MORELIA, Mich: Alrededor de mil habitantes de Ostula, de la Costa Sierra Nahua, mantienen bloqueada la carretera Costera Lázaro Cárdenas- Manzanillo, a la altura de Xayacalan, mientras otro contingente viajó a la capital del estado para realizar un plantón en Casa de Gobierno y exigir a Silvano Aureoles la liberación de Cemeí Verdía Cepeda.

También exigen el esclarecimiento de la muerte del menor Hidelberto Reyes García presuntamente asesinado por elementos del Ejército durante una manifestación el pasado 19 de julio, en el poblado de Ixtapilla.

Afuera de Casa de Gobierno y sin bloquear la vialidad alrededor de 200 manifestantes se apostaron con cartulinas y pancartas en mano en espera de ser atendidos por el secretario de Gobierno, Adrián López Solís. Al respecto la autoridad michoacana informó que una comisión de inconformes será recibida y atendida por el propio secretario.

Cemeí Verdía, quien fuera líder de autodefensas en el municipio de Aquila, fue detenido y señalado por el homicidio de sujetos armados que lo emboscaron cuando circulaba en la carretera, también fue acusado de portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.

Posteriormente fue señalado del delito de robo en agravio del Ayuntamiento de Aquila que se desistió de interponer una denuncia, y también fue acusado de cometer delitos electorales.

Tras su detención los habitantes de la comunidad náhuatl de Ostula se manifestaron en el poblado de Ixtapilla para exigir su liberación pero durante la protesta presuntamente personal del Ejército realizó disparos para dispersar a la gente y “esquirla de bala” impactó en la cara de Hidelberto Reyes García, de 12 años.

Según los peritajes del gobierno es imposible determinar el calibre de la bala que terminó con su vida, debido a que lo que causó su muerte fue un fragmento del proyectil.


Los inconformes que bloquean la carretera Costera Lázaro Cárdenas- Manzanillo, en Xayacalan advirtieron que continuarán el bloqueo carretero con tráileres y piedras por tiempo indefinido. La gente porta palos, piedras, guadañas, azadones, machetes y otros objetos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422302

Suspende tribunal federal tercera toma de posesión de Elías Azar en TSJDF

Esto implica que "no tome posesión del cargo el 1° de enero de 2016 sino que, en su caso, lo haga hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías".

El noveno Tribunal Colegiado en materia administrativa suspendió de manera provisional la toma de posesión de Édgar Elías Azar para un nuevo periodo como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) .

La ceremonia estaba prevista para enero de 2016, aunque aún falta esperar que el mismo tribunal federal determine el próximo jueves si suspende la toma de posesión de manera definitiva, lo que obligaría al pleno del TSJDF a designar una especie de presidente interino.

Aquí el comunicado del Consejo de la Judicatura Federal:

NOTA INFORMATIVA

CASO: Declara Tribunal Colegiado procedente conceder suspensión provisional contra elección de Presidente del TSJDF

ASUNTO: El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal informa que al declarar fundado el recurso de queja 307/2015, determinó procedente el conceder la suspensión provisional solicitada para el efecto de que Edgar Elías Azar, Presidente electo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), no tomé posesión del cargo el 1° de enero de 2016, sino hasta en tanto, en su caso, se resuelva el fondo del juicio de amparo 2133/2015 y la sentencia fuera adversa a los intereses de la parte quejosa y se determine si la elección es legal.

En la resolución se establece que la quejosa, Petra Quezada Guzmán, magistrada integrante del Pleno del TSJDF, promovió el juicio de amparo referido ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

La quejosa argumentó como acto reclamado del Pleno del TSJDF, la elección del magistrado Edgar Elías Azar como Presidente de dicho tribunal, llevada a cabo el 4 de noviembre de 2015, al no cumplir con los requisitos de elegibilidad.

Entre las violaciones alegadas por la quejosa cometidas durante el procedimiento de elección y que trascendieron al final del mismo, reclamó el registro del mencionado magistrado como aspirante a ocupar la Presidencia de ese cuerpo colegiado, efectuado en la sesión del 12 de octubre de 2015; la omisión de verificar de oficio la elegibilidad de los aspirantes registrados, en particular la de Edgar Elías Azar; la omisión de resolver la impugnación contenida en escrito de fecha 12 de octubre de 2015, firmada por varios magistrados, la cual se hizo en relación con las bases que se deberán seguir para la elección del Presidente del TSJDF para el periodo 2016-2018; así como el registro del magistrado presidente en funciones para contender por tercera ocasión y de manera continua a la presidencia del mismo.

También, la omisión de resolver la impugnación efectuada el 20 de octubre de 2015 en relación con el registro del magistrado Presidente mencionado para contender por un tercer periodo al frente del TSJDF.

De la Comisión de Ética del TSJDF, reclama la omisión de verificar de oficio la elegibilidad de los aspirantes a dicho cargo; la omisión de intervenir en la resolución de la impugnación realizada el 12 de octubre de 2015, firmada por varios magistrados, y la omisión de intervenir en la resolución de la impugnación efectuada el 20 de octubre de 2015, en relación con el registro del magistrado presidente.

El 26 de noviembre de 2015, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión provisional solicitada en el juicio de amparo, dado que se afectaría, en mayor medida, el interés general y el orden público, que el interés particular; ello, tomando en cuenta lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, numerales de los que se apreciaba que el Presidente cuenta con diversas facultades indispensables para el funcionamiento del TSJDF, el cual es un organismo que tiene como objetivo la impartición de justicia. Ante ello, la quejosa interpuso el citado recurso de queja.

En su resolución, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró fundados los agravios y consideró que procede la concesión de la suspensión solicitada, en virtud de que de no otorgarse, el actual Presidente electo del TSJDF, Edgar Elías Azar, asumirá dicho cargo por el periodo de 2016 a 2018, en la primera sesión celebrada en enero de 2016, con lo que se dejaría sin materia el juicio de garantías.

Los efectos y consecuencias de los actos reclamados se traducen en que Edgar Elías Azar, Presidente electo del TSJDF, no tome posesión del cargo el 1° de enero de 2016 sino que, en su caso, lo haga hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías del que deriva el presente incidente, en el que se reclamaron diversas omisiones de las impugnaciones relacionadas con las Bases que se siguieron para la elección del Presidente de dicho Tribunal para el periodo de 2016-2018, así como del registro de candidatos para dicha contienda, cuestiones que son inherentes al fondo del asunto, y que se estiman necesarias que se resuelvan antes de que el tercero interesado, Edgar Elías Azar, tome posesión del cargo como Presidente del referido Tribunal.

Lo anterior, en atención a que, de resultar procedentes las impugnaciones cuya falta de estudio reclama la ahora quejosa, en su calidad de magistrada integrante del Pleno del TSJDF, ello podría traer como consecuencia que se dejara sin efectos la elección del Presidente electo.

Es de señalar que con la suspensión no se afecta el orden público y el interés social, en virtud de que si bien es cierto que la Ley Orgánica del TSJDF, establece las funciones y atribuciones que realizará el Presidente de dicho Tribunal, cuyo cumplimiento es de orden público, también lo es que la propia ley prevé un supuesto para cubrir las ausencias del presidente del multicitado Tribunal.

Se agrega en la resolución que con la concesión de la suspensión provisional no se contravienen disposiciones de orden público, precisamente porque dicho funcionario será suplido en términos de lo que establece el artículo 73, fracción I, de la Ley Orgánica del TSJDF, es decir, mediante designación especial que hará el Pleno de dicho Tribunal, con lo cual, éste podrá seguir funcionando hasta en tanto se decida si se ajustaron a derecho las Bases para la elección de su Presidente, así como el registro de candidatos para dicha contienda, cuestiones que precisamente están vinculadas con el fondo del juicio de garantías.

Además, de no concederse la medida suspensional solicitada, se estaría afectando el interés social, ya que la sociedad está interesada en que los cargos públicos los desempeñen personas que cumplan con todos los requisitos previstos en la ley para desempeñar las funciones encomendadas en el puesto que fue elegido.
Este órgano jurisdiccional sustentó su resolución en la tesis 1047 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivada de la contradicción de tesis 13/2011.


La resolución fue tomada por unanimidad de los magistrados María Simona Ramos Ruvalcaba, en funciones de presidenta; y José Alejandro Luna Ramos, así como la secretaria en funciones de magistrada, Martha Lilia Mosqueda Villegas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0212/mexico/suspende-tribunal-federal-tercera-toma-de-posesion-de-elias-azar-en-tsjdf/

PAN y PRI van con los mismos por la gubernatura de Colima

Por su parte, Leoncio Morán Sánchez va por MC; José Francisco Gallardo Rodríguez por Morena; Gerardo Galván Pinto, por Encuentro Social, y Carlos Barbazán Martínez por el Humanista; el único partido que falta es el PRD.

El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) eligieron por segunda ocasión a Jorge Luis Preciado y a Ignacio Peralta como sus candidatos a la elección de gobernador en el estado de Colima.

El primero en quedar definido fue José Ignacio Peralta Sánchez como abanderado del tricolor, luego de que, por unanimidad, recibió el voto de los delegados participantes en la Convención Estatal Electiva de ese instituto político.

Por su parte, el presidente estatal del PAN, Jesús Fuentes Martínez, dio a conocer que la militancia panista se pronunció con el 97% de la votación a favor de Jorge Luis Preciado Rodríguez, para que nuevamente sea su candidato a la gubernatura.

En tanto, Movimiento Ciudadano (MC), emitió un comunicado en el que dio a conocer que su candidato será otra vez Leoncio Morán Sánchez, actual dirigente estatal del mismo.

A su vez, se confirmó la designación de José Francisco Gallardo Rodríguez como candidato de Morena; de Gerardo Galván Pinto, por Encuentro Social, y Carlos Barbazán Martínez, por el Partido Humanista, que ya habían contendido en la elección ordinaria.

Respecto al Partido de la Revolución Democrática (PRD), se informó que, debido a la cancelación de su asamblea electiva por falta de quórum, será la dirigencia nacional la que determine si su abanderado será nuevamente Martha Zepeda del Toro o José Guadalupe Rojo, registrado para la contienda interna.


De acuerdo con las fechas establecidas por el INE, el registro oficial de los candidatos será desde este miércoles y hasta el 8 de diciembre próximo, lapso en el que habrá una veda para los aspirantes, quienes realizarán sus respectivas campañas del 10 de diciembre al 13 de enero.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0212/mexico/pan-y-pri-van-con-los-mismos-por-la-gubernatura-de-colima/

Policías de Sinaloa la violan y torturan; lleva presa 3.5 años por un crimen que no cometió

Yecenia Armenta lleva tres años y medio en prisión acusada de un crimen que no cometió. Esto lo han ratificado diversos organismos de defensa de derechos humanos, nacionales e internacionales. La mujer fue torturada y violada durante su detención por policías ministeriales de Sinaloa, los cuales la obligaron a firmar una confesión. Los médicos legistas de la Procuraduría estatal no documentaron las huellas de tortura y por ello sigue en la cárcel.

El 10 de julio de 2012, Yecenia Armenta Graciano transportaba en su automóvil particular a su cuñada y a su hermana rumbo al aeropuerto de Culiacán, Sinaloa. En el momento en que estacionó su vehículo, policías ministeriales vestidos de civil y sin identificación oficial se la llevaron a una bodega, para después atarla, colgarla cabeza abajo, golpearla y violarla.

Después de casi 15 horas de tortura, sus agresores la amenazaron con ir a buscar a sus hijos para violarlos y matarlos. Fue en ese momento cuando sucumbió a las exigencias de los policías de firmar una confesión y dejarles tomar sus huellas dactilares.

Posteriormente la acusaron del asesinato de su esposo, Jesús Alfredo Cuén Ojeda, quien ocho días antes fue privado de la vida en una situación que Yecenia dice desconocer.

Mientras estaba detenida, médicos de la misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sinaloa, examinaron las lesiones de Yecenia, sin embargo, no documentaron nada.

Meses más tarde, médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) también la revisaron, pero nunca acreditaron indicios de tortura u otras formas de malos tratos. En septiembre de 2012, expertos médicos independientes acreditaron la tortura de Yecenia, y detectaron señales físicas y psicológicas de que la misma sí había sucedido.

Dos años después, en marzo de 2014, dos expertos del Consejo Internacional de la Rehabilitación para las Víctimas de Tortura realizaron más exámenes y concluyeron también que Yecenia fue torturada.

Tres años y medio después, Yecenia narró a través de un video, cómo las autoridades de Sinaloa le decían que contestara todo lo que ellos le pedían o “la iba a pasar muy mal”.

Ella recuerda cómo pensó que se trataba de un secuestro [su detención], y lo que sus torturadores le decían, entre otras cosas, que le podían cortar la lengua, las orejas, “que estaban afilando los cuchillos”, o que podrían traer a sus hijos… “hechos pedacitos”, después de violarlos.

La mujer narró su historia a Amnistía Internacional, y señaló que pensó que jamás saldría viva de la tortura a la que fue sometida, todo para que confesara, “a cualquier costo”, que había asesinado a su esposo [aunque ella no lo hubiera hecho].

Sus agresores la violaron y le hicieron firmar su confesión vendada de los ojos, por lo que asegura que jamás pudo leer lo que firmó. De eso hace tres años y medio, y la señora Armenta sigue en la prisión, mientras los hombres que la torturaron brutalmente continúan en libertad.




LA NOTICIA RETOMADA POR MEDIOS AUSTRALIANOS

El caso de Yecenia Armenta Graciano fue revivido por diversos medios australianos luego de que una camioneta quemada con dos cuerpos calcinados dentro, abandonada en medio de la nada, puede ser la misma que transportaba a Dean Lucas y Adam Coleman, dos surfistas de aquel país desaparecidos hace una semana en México.

En un viaje que comenzó en Edmonton, Canadá, los jóvenes, ya en México, habían tomado el trasbordador que los llevó de La Paz, en Baja California, a Topolobampo, una ciudad portuaria sinaloense de unos 6 mil habitantes.

Allí enviaron un mensaje de texto a sus amigos y familiares. Después, nada se supo de ellos. News Australia, The Sydney Morning Herald, ABC de Australia, y otros más, han analizado la “terrible” violencia que vive México, en especifico Sinaloa.

“Para una población mucho menor de Melbourne o Sydney, el estado de Sinaloa (con una población de 2.7 millones de habitantes) tiene un número de muertos que rivaliza con algunos de los peores lugares del planeta fuera de una zona de guerra [...] Excepto que es una zona de guerra para el tráfico de drogas, en una nación que se ha vuelto insensible a la violencia. Aun cuando 43 de sus propios alumnos fueron asesinados el año pasado [en referencia a Ayotzinapa] por orden de policías corruptos que los entregaron a una banda de narcotraficantes, nada parece haber cambiado”, señala ABC.

LA DENUNCIA DE AMNISTÍA

Un año después de la tortura que ella asegura sufrió [cuando las marcas de los hechos ya habían desaparecido de su cuerpo, incluyendo las marcas de los tobillos de donde fue colgada], los médicos de la Procuraduría de Sinaloa dictaminaron que no había “evidencias” o “pruebas” de que había sido torturada.


De aquello, dice Yecenia, lo único que le quedó es “el enorme daño psicológico” y recordó que fue agredida “de todas las formas”. Por ello, la mujer imploró, exigió que se le haga justicia, y tal vez como una quimera, pidió que no existan ya más personas torturadas en México.
“Si los doctores del estado hubieran documentado las lesiones de la tortura, ella no estaría en prisión hasta ahora. Yecenia merece justicia”, dice Amnistía en un video que tituló “Alto a la tortura”.

Amnistía inició una petición [con más de 3 mil firmas hasta el momento] dirigida a Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador General del estado de Sinaloa, pidiendo que la denuncia de tortura de Yecenia se investigue plenamente, además, que se retiren los cargos en su contra y que se reforme “radicalmente” la manera en que se llevan a cabo los exámenes médicos forenses a sobrevivientes de tortura en México.



PRUEBAS DE LA INOCENCIA DE YECENIA
“Hasta el día de hoy no hay ninguna persona castigada [por la tortura que sufrió y los autores del homicidio de su esposo], sólo yo”, narra Yecenia en su desgarrador testimonio que fue publicado en la plataforma YouTube.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en enero de 2015, una recomendación para que se libere a la acusada y se proceda contra los torturadores. Sin embargo, hasta el momento, ni un juez local, ni el Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa y ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han conocido el procedimiento, le ha hecho justicia a Yecenia.

La CNDH pidió al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, se acate la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el caso Yesenia Armenta Graciano, quien, se confirmó, fue torturada por elementos de la Policía Ministerial.



“Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que el personal médico adscrito al Departamento Médico de la Policía Ministerial y a la Dirección de Investigación, Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa sea capacitado en el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), para garantizar la imparcialidad y veracidad en las certificaciones de estado físico que realicen, y no omita describir las lesiones que observe, ni denunciar los hechos ante el agente del Ministerio Público, cuando se presuma que hubo tratos crueles, inhumanos y/o degradantes”, se lee en la recomendación de la CNDH.

La investigadora para México de Amnistía, Madeleine Penman, señaló en entrevista con el diario Noroeste, que tras analizar el caso, AI no encontró evidencias que inculpen a Armenta Graciano, además, dijo que el caso está basado en irregularidades, tortura y en un indebido proceso.

Desafortunadamente este caso, mencionó, es paradigmático y es un ejemplo de muchos donde las autoridades basan sus actuaciones en la tortura y graves violaciones a los derechos humanos. El Gobernador ordenó una investigación contra los agentes que presuntamente la torturaron, dijo, pero no ha habido avances.
“El problema de este caso es que la Procuraduría Estatal de Justicia de Sinaloa es Juez y parte de resolver, tanto es así que hay una acusación contra Yecenia, ella sigue en la cárcel acusada de delitos por la Procuraduría estatal de sinaloa. Además los policías de la Procuraduría estatal fueron los que torturaron a Yecenia”, indicó Penman.

El caso de Yecenia, mencionó la investigadora de AI en México, es una oportunidad del Gobierno de Sinaloa para mostrar a la sociedad su compromiso con los derechos humanos y el debido proceso.

En julio pasado, la presidenta del ­Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo, dijo a diversos medios locales haber recibido la visita de representantes de AI y dijo haber compartido con ellos la serie de intervenciones que ha habido sobre el caso y “el estupor que causa”.


A pesar de ello, aseguró Murillo, el gobierno estatal se mantiene firme privándola de la libertad, por lo que la activista expresó su “preocupación por el desprecio a la dignidad humana que ha demostrado este gobierno en Sinaloa y por su empeño en defender a policías señalados de actuar con una saña bestial en el caso de una mujer, incluso de violarla sexualmente con exceso de crueldad [...]“.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-12-2015/1567787

Matar Policías, un juego de poder

El día que mataron al Jefe Policíaco Margarito Saldaña Rivera se supo que no era un policía deshonesto. Los asesinos de la mafia habían llegado de madrugada hasta su casa, una hechiza construcción de madera que no pudo resistir mínimamente las ráfagas de metralleta que escucharon los vecinos de una colonia de bajos recursos de Tijuana.

Los sicarios también asesinaron a la esposa de Margarito Saldaña, a una de sus hijas, y dejaron heridos a otros familiares.

Más allá de las condiciones en las que vivía el Jefe de Distrito Policíaco, en las cuales era evidente que no había dinero sucio, ni recursos del narcotráfico que todo lo corrompe; Margarito Saldaña había intentado horas antes de su muerte, detener a unos presuntos delincuentes. No le perdonaron lo que consideraron una afrenta. Al Policía lo asesinaron por cumplir con su deber, y en ello se llevaron a su familia.

Era 2008 y en Baja California estábamos en medio de una guerra de cárteles. El de Sinaloa le disputaba esta zona fronteriza al cártel Arellano Félix que la regenteaba para el tráfico de drogas desde 1985. Las células criminales divididas, empistoladas y con generoso recurso de la venta de droga, el secuestro y la extorsión, tenían azorada a la ciudadanía.

Entonces Felipe Calderón desde la Presidencia de la República, había emprendido dos años atrás su “guerra contra las drogas”, cuyo legado fue de más de cien mil ejecutados en seis años.

Por aquel tiempo hubo también asesinatos a Policías que estaban infiltrados por parte del narcotráfico. Que engolosinados por la delincuencia y la ambición del dinero fácil, se habían convertido en narcotraficantes unos, y en protectores de los mafiosos la gran mayoría. Se inició una limpia de las corporaciones que, francamente, quedó a medias.

Ciertamente se instauraron herramientas como los exámenes de control, evaluación y confianza que sirvieron para identificar, un poco pero lo hicieron, a los policías corruptos. Se les persiguió, se les encarceló y ahora están de regreso.

No hay muchos Margaritos Saldaña, pero sí abundan los policías corruptos. Otra vez, o más que antes, los Policías de México están comenzando a coludirse con el crimen organizado y el narcotráfico. El ejemplo mejor sería la huida de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, del penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Resulta imposible, aun cuando se ha detenido y perseguido a funcionarios de segundo y hasta quinto nivel, que la fuga se hubiese podido llevar a cabo sin la colaboración de alguna o varias corporaciones policíacas o miembros de las fuerzas armadas.

Fue notorio en 2009 cuando el Gobierno de los Estados Unidos le perdió la confianza al Ejército Mexicano. Aparte que no tenían una buena experiencia (¿Recuerdan al General Jesús Gutiérrez Rebollo?), ya eran muchos los pitazos que les habían dado para detener a “los grandes capos” y estos siempre terminaban huyendo a tiempo. Así el Gobierno de los Estados Unidos se estrenó con la Marina en diciembre de aquel año. Les alertaron de la presencia en el centro de Morelos de Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, jefe del cártel que lleva su apellido. Ensoberbecido, el narcotraficante intentó ganar el enfrentamiento a los marinos y lo pagó con su vida. Los suyos, inconformes y molestos, arremeterían días después –como lo hicieron con Margarito Saldaña- con la madre y tres familiares de uno de los marinos que participaron en el operativo contra Beltrán Leyva y había perdido la vida en ello.

En contraparte, a José Ramón Velázquez, un Comandante que fue de la Policía Judicial de Baja California, los criminales lo capturaron, lo torturaron y le videograbaron en una confesión criminal. Acusaba las relaciones que existían entre el cártel de Sinaloa y la Procuraduría General de Justicia de Baja California. Los asesinatos que habían cometido, los crímenes por venganza contra Policías que no eran afines al ala criminal de Ismael Zambada García “El Mayo”, y los lugares donde los habían desaparecido. Días después de la confesión que fue distribuida bastamente entre medios locales y nacionales, el cuerpo del ex Comandante fue arrojado por sus verdugos, frente a la casa de la entonces novia del Procurador.

Y cómo borrar de la historia reciente la emboscada que sufrieron 15 elementos de la Fuerza Única de Jalisco en abril de 2015 por obra del Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las estructuras criminales que registra mayor crecimiento en el territorio mexicano y que el Gobierno Federal no ha podido contener.

Los narcotraficantes, los criminales organizados, matan a los policías por una de dos razones: Porque los combaten, o porque están coludidos con ellos o con alguna otra organización criminal. He conocido y documentado casos de Policías Federales que fueron acribillados después de haberse robado un cargamento de droga, o haber secuestrado al narcotraficante equivocado.

En México existen –según el informe de la Secretaría de Gobernación- 431 mil 246 Policías entre Municipales, Estatales y Federales; en las Fuerzas Armadas, de acuerdo a un General de División, el número promedio –varía por razones administrativas- es de 200 mil elementos.

En el mismo apartado de la Secretaría de Gobernación del III Informe de Gobierno Federal, dan cuenta de únicamente haber practicado exámenes de control, evaluación y confianza a 71 mil 511 Policías, un escaso 16.58 por ciento de la totalidad de Policías en el País, lo cual puede ser un indicador de los elementos, deje usted no evaluados, sino que están una probabilidad de ser corruptos o infiltrados.

Enrique Peña Nieto le sigue debiendo pues, a los mexicanos, una depuración en las corporaciones policíacas. Ni la inversión federal en las mismas, ni las capacitaciones producto de la Iniciativa Mérida, ni los incentivos económicos serán suficientes para tener una Policía Efectiva que pueda repeler las agresiones, investigar y capturar criminales y asesinos de las calles de México.

Otro ejemplo del nivel tan pobre de depuración y supervisión entre elementos policíacos es el apartado –en el mismo informe de Gobernación- de los casos consignados: “Se puso a disposición del Ministerio Público Federal y del Fuero Común a 91 integrantes de la corporación policial, con el propósito de sancionar la comisión de actos de corrupción. Se presentaron 412 denuncias penales en contra de integrantes de la corporación policial, entre las que destacan 393 por uso de documentos falsos y fraude, cuatro por ejercicio indebido del servicio público y peculado; ello derivó en la consignación de 89 elementos ante jueces penales federales, mismos que libraron 60 órdenes de aprehensión. Por su parte, el Órgano Interno de Control en la PF realizó 16 auditorías aplicadas a distintas áreas de la corporación policial. Se aplicaron 1,011 sanciones a 946 servidores públicos de la PF”. Nada pues, en comparación con los 431 mil 246 Policías en el País, que ejercen su labor sin haber sido evaluados correctamente para ello.

En los últimos meses, en varios estados de la República Mexicana, Policías Federales, Estatales y Municipales han caído a manos del narcotráfico y el crimen organizado. En Baja California, en los últimos cinco días han matado a tres y la alerta está al máximo. No todos son Margarito Saldaña. Tampoco Juan Ramón Velázquez. Pero sí es evidente, por las cifras de Gobernación y la pobreza en la evaluación, que estamos en manos de Policías no adecuados para protegernos del crimen organizado que está mejor armado y tiene mayores recursos para corromper


Matar Policías en México, se está convirtiendo en un juego de poder para delincuentes agrupados –en su mayoría por el narcotráfico- en el País de la impunidad que Enrique Peña Nieto no quiere, no puede o no le interesa corregir.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/02-12-2015/42080