CELAYA, Gto: Los padres de una adolescente de 14 años denunciaron públicamente al médico César Ruiz Torija, quien presuntamente acosó y abusó sexualmente de la joven en su consultorio. Además acusaron que tras un proceso penal “plagado de irregularidades”, Ruiz salió libre bajo fianza y les ofreció 4 mil 800 pesos como “reparación del daño”. También señalaron a un médico legista de la Procuraduría de Justicia del estado, amigo del denunciado, quien aceptó que su colega “la había regado” con su comportamiento y les ofreció resolver el asunto entregándoles una laptop y pagándole la terapia psicológica a su hija. Según se denunció hace poco más de un año, Yesenia salía de la escuela y se dirigía todos los días hacia el consultorio ubicado en la calle Benito Juárez del centro de la ciudad, donde trabajaba su tía, y esperaba a que ésta la llevara a la casa de sus padres. De acuerdo con el papá de la menor quien denunció el hecho inicialmente difundido por el portal Ágora de Celaya, fue en ese lapso que el médico la abordó. Primero se le acercó con halagos y piropos, luego empezó a darle regalos hasta que llegó a los tocamientos sexuales. Los padres de Yesenia advirtieron que su hija estaba afectada porque se negó a seguir acudiendo al consultorio y finalmente se enteraron de lo ocurrido, por lo que denunciaron penalmente al médico en el Ministerio Público en septiembre del año pasado cuando se abrió el expediente 16748/2014 por el presunto delito de abuso erótico sexual. Yesenia fue atendida en la Unidad Integral de la Mujer de la PGJE en esta ciudad donde se le efectuó una evaluación psicológica, de la cual resultó que no presentaba un daño grave. Días después de que se interpuso la denuncia, una familiar sugirió a los padres de Yesenia entrevistarse con el perito Federico Pitalúa Patatuchi. El papá acudió a verlo a una oficina en Apaseo. “Ya hablando con él me dice: ‘Yo pienso que lo que hizo el doctor sí fue una fregadera, por mucho que sea doctor uno no puede tocar a una niña. Sí la regó feo pero, mira, yo de mi parte te voy a ofrecer algo, no sé ustedes quieran o no, te voy a regalar una laptop para la niña y la terapia psicológica que necesite’”, narró el padre de la víctima quien rechazó la oferta. Y aunque esta intervención fue informada por la madre de Yesenia al Ministerio Público, no fue consignada en el expediente. “Nos dijeron que el médico sí se había presentado en la agencia, pero no hay nada de eso en el expediente”, se quejó el denunciante. Pasaron seis meses sin que los padres de Yesenia tuvieran noticias del avance de las investigaciones, hasta que el 23 de marzo pasado recibieron una notificación en su domicilio en la cual el Ministerio Público les informaba que el caso fue desestimado. No sólo eso, los papás de la menor se enteraron de que la resolución fue tomada por el Ministerio Público desde el 30 de octubre de 2014, es decir, un mes después de que se presentó la denuncia penal. “Detuvieron cinco meses la resolución y nada más nos entregaron el papel sin decirnos nada. Nos dimos cuenta de que teníamos cinco días para presentar una apelación y tuvimos que contratar a un abogado para que la hiciera”, explicó el padre de Yesenia. El recurso de inconformidad fue presentado ante una juez en Cortázar. En él se expuso el rechazo al no ejercicio de la acción penal porque se negó el acceso a los informes periciales médicos y psicológicos y por considerar inaceptables los argumentos del Ministerio Público que alegó que el abuso fue consensuado y que la conducta de la menor había influido en los actos del médico. El agente del Ministerio Público a cargo de la investigación tampoco efectuó una inspección física del consultorio del médico Ruiz Torija ni se le practicó un perfil psicológico. “La representación social desestima en forma incorrecta la declaración de la ofendida, así como de los testigos, los cuales son congruentes en su contenido, ya que no toma en cuenta que la ofendida es una menor de edad y que por ello puede ser fácilmente inducida y sometida psicológicamente por el sujeto activo, quien es una persona con estudios profesionales y de la tercera edad”, señala el recurso de apelación. Y agrega que los actos cometidos por el médico los hizo “de forma consciente y en un lugar que él conocía y manejaba a su antojo”. El recurso fue admitido por la juez de Cortázar y prosperó, pues libró una orden de aprehensión en contra del médico. Sin embargo, debido a que el delito no estaba tipificado como grave, el indiciado pudo salir libre tras pagar una fianza de cinco mil pesos. Además los padres de la Yesenia fueron requeridos para llegar a una conciliación con el médico: “Detuvieron al doctor el viernes (20 de noviembre) y a nosotros nos avisaron hasta el 24 (…) me llamaron al juzgado para ver si se hacía una conciliación con el señor éste y él nos ofrece darnos cuatro mil 800 pesos que eso es lo que toca por ley. “Yo no sé de leyes pero ese dinero ¿de qué sirve? ¿Le voy a decir a mi hija: ten este dinero? Por eso quisimos hacer la denuncia pública, para que se sepa que ese señor no es una persona honesta ni confiable como él dice”, acusó el padre de Yesenia.
Decepcionado por la atención que recibieron de las autoridades, el hombre concluyó: “Más bien parece que protegen al inculpado y no a la víctima”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422352
Pese a que los jueces confirman que los despidos son injustificados, la ley impide a los exagentes recuperar su trabajo y sólo tienen derecho a una indemnización. Los expolicías terminan laborando como albañiles, ambulantes y hay quienes se han suicidado, revela abogada que lleva sus casos.
Por escribir con fea letra en las infracciones; por contar con “sobrepeso” sin importar que sea masa muscular y no grasa; por supuestamente recibir dinero en las autopistas aunque en realidad no trabajen en una; por no saber de un procedimiento del que nunca fueron notificados… Son ejemplos de los “motivos” de la Policía Federal (PF) para dejar sin trabajo en los últimos dos años a casi 700 agentes, a los que luego tuvo que indemnizar pagándoles cerca de 250 millones de pesos por orden de jueces y magistrados que concluyeron que eran despidos injustificados. En tres de estas sentencias judiciales, de las que Animal Político tiene copia, los jueces confirmaron que la Policía Federal separó a los agentes bajo el argumento de no ser confiables por múltiples motivos, pero sin mostrar siquiera las pruebas aplicadas y el mínimo sustento de los resultados del control de confianza. Incluso los exámenes en algunos casos ya eran caducos. De acuerdo un informe oficial, revelado vía transparencia, la Policía Federal desembolsó en 2014 poco más de 150 millones para indemnizar a 381elementos, mientras que de enero a octubre de este año ya sumaban otros cien millones para 318 policías. El problema, explicó la abogada Reyna Velasco, que desde 2013 ha llevado más de cien casos de agentes afectados, es que aun con las indemnizaciones los policías no pueden recuperar su trabajo, pues la Constitución les da un trato diferenciado que les impide que puedan regresar al puesto como cualquier otro servidor público. Como consecuencia, varios de los agentes han terminado trabajando en la informalidad, algunos como vendedores y otros como “guardias de seguridad” en empresas “patito”. Hay quienes desarrollaron cuadros de depresión, enfrentaron divorcios e incluso se suicidaron. El propio Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, reconoció en el foro de seguridad Ciudadanos más Policías realizado el 10 de noviembre, que es urgente una reforma al artículo 123 de la Constitución, el cual pone a los policías en una grave situación de vulnerabilidad laboral, pues tienen menos derechos incluso que cualquier otro servidor público que si puede recuperar su trabajo si es despedido sin justificación. “Se trata de que tengan los mismos derechos de otros empleados de la federación, de las entidades federativas, de los municipios (…) Cómo exigirle a la policía que respete derechos, que sea el escudo entre el delincuente y la víctima, si nosotros no respetamos sus derechos y si la propia constitución los discrimina” dijo Sales. Una evaluación mal hecha La Ley del sistema Nacional de Seguridad establece que el proceso de control de confianza es indispensable para que los agentes continúen en el puesto. Consiste en cinco pruebas: el polígrafo, entorno socioeconómico, psicológica, física y toxicológica. En caso de no pasarlo se establece que el policía no tiene el perfil y puede ser removido. Pero las sentencias emitidas por los tribunales a favor de los agentes despedidos en los juicios de nulidad, evidencian fallas graves en la aplicación de este proceso de parte de Policía Federal. Por ejemplo, en el caso del expolicía Germán Rosas Manilla, los magistrados de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal federal de Justicia Administrativa determinaron que el agente fue sancionado un año y tres meses después de que se le aplicaron unas pruebas cuya vigencia era de solo un año. En otro caso, el del policía Arturo Solís Gordillo, los jueces confirmaron que la Policía Federal separó al policía en base a un reporte en donde se determinó que no cumplía el perfil, pero sin sustento de ninguna de las pruebas aplicadas. “No se le permite al agente una real y auténtica defensa, pues aunque efectivamente se le da a conocer un resumen del resultado de las evaluaciones a las que fue sometido, en el expediente administrativo no consta ninguna de ellas (…) esto es, no se le dieron a conocer los motivos por los cuales se consideró que no había aprobado el proceso” señala la sentencia. Las explicaciones que da la Policía Federal para despedir a los agentes en muchos caso van de lo “ilógico a lo absurdo”, señala la abogada Reyna Velasco, que tiene conocimiento de fondo de más de cien de estos casos. Se trata, como confirman los jueces, de motivos sin fundamento. “Hay muchos elementos que no están obesos pero les ponen que tienen sobrepeso y por eso los dan de baja. Hay un agente que tenía un peso determinado pero era por masa muscular y no grasa. Hay otro que le dijeron que su letra no era muy entendible entonces eso hacía que hubiera confusión en el llenado de informes e infracciones. O sea por tener fea letra” dijo la abogada. Las irregularidades sobran. Reyna dice que hay casos de policías que les notificaron que no pasaron evaluaciones que les aplicaron hace cinco o hasta diez años e incluso se han dado situaciones donde no les dicen nunca que les iniciaron proceso de separación y luego, cuando les vuelven a hacer una nueva prueba y les preguntan por ello, los tachan de mentirosos por no conocer lo que nunca se les informó y por ellos los califican de no confiables. “Pobre consuelo” Los 250 millones que en indemnizaciones han recibido los casi 700 policías despedidos, son en promedio 350 mil pesos para cada policía a cambio de un trabajo que perdieron de forma definitiva, y por una razón injustificada según los jueces. La abogada Reyna Velasco explicó que el marco jurídico actual impide que los policías puedan ser recontratados, pues el artículo 123 de la constitución, apartado B Fracción XIII, contempla a los agentes bajo el régimen de otra ley (la de Seguridad) que establece que no se puede recontratar a quien sea dado de baja por control de confianza. “Los funcionarios de seguridad están sujetos bajo un régimen especial según la Constitución. La misma Constitución es la que está coartando el derecho para poder ser reinstalados” dijo la abogada. Sobre este punto ya se pronunció también el comisionado nacional de Seguridad Remato Sales durante su participación en el Foro Ciudadano más Policías. El funcionario dijo que el problema es grave, pues la debilidad laboral que sufren los agentes ante la Constitución se agrava por las fallas en el control de confianza. “Creemos que es necesario replantear este procedimiento. Se le da mucho peso a pruebas como el del polígrafo cuando lo más importante por ejemplo, debería ser el análisis del entorno socioeconómico que es mucho más objetivo” dijo sales. Reyna Velasco consideró que el proceso de control de confianza bien aplicado es una buena herramienta de medición que debe conjugarse con otras. La deficiencia está en que se usa de forma inadecuada y se incurre en excesos. “Los juicios se ganan porque los agentes quedan en un estado de indefensión jurídica, imposibilitados de defenderse en contra de un proceso de separación en donde les dicen que no son confiables pero no les dan pruebas en contra de las cuales puedan argumentar. Al no haber pruebas los jueces consideran que la separación no tiene sustento y anulan el procedimiento” dijo De la quiebra a la muerte El pasado 15 de noviembre el experimentado ex capitán de la Policía Federal Germán Federico Castillo llegó junto con su esposa a su casa tras haber comprado la despensa. Le entregó su cartera a su hija y le dijo que la quería mucho. Salió al patio trasero de su casa en Pachuca, colocó su pistola automática en la sien, y se mató. Aun conmocionada, la esposa del oficial narró a los agentes investigadores que su marido estaba deprimido pues tenía problemas económicos, luego de que lo dieron de baja por un proceso de control de confianza del que llevan meses defendiéndose, sin poder conseguir otro trabajo. “El caso del capitán Castillo no es el primero. En Michoacán también hubo otro agente que entró en un cuadro de depresión y se suicidó. También están los divorcios, hay casos donde pasa un tiempo y la familia se desintegra porque la esposa es quien se hace cargo económicamente de la familia y surge in distanciamiento” dijo la abogada. Aun con una indemnización y con una sentencia que diga que el agente fue separado injustificadamente este queda “marcado”, explica Velasco. La mayoría de las corporaciones serias de seguridad tienen como premisa no contratar ex policías y menos si estuvieron vinculados con un procedimiento de control de confianza. Los ex policías despedidos, primero tienen que lidiar con el costo de llevar su juicio por lo menos un año y si logran solventar eso y tener una indemnización, aun así quedan a la deriva en su futuro.
El bloqueo es a la altura del Parador Marqués, cerca de Chilpancingo, Guerrero.
Esta mañana, normalistas de Ayotzinapa bloquearon la autopista del Sol a la la altura del Parador Marqués; el bloqueo se realizó en cuatro carriles.
Al lugar arribaron elementos de Policía Federal que implementaron un operativo para remover a los normalistas que se encontraban cerca de Chilpancingo.
#Chilpancingo, ya se encuentra libre la circulación en la autopista del Sol, a la altura del parador del Marqués
Los estudiantes se manifestaron de forma paralela a lo que sucede en las movilizaciones en lugares como Acapulco, donde maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) protestan en contra de la evaluación nacional.
#Chilpancingo, personas bloquean la autopista del Sol, a la altura del parador del Marqués, tome sus precauciones
CUERNAVACA, Mor: El alcalde electo de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo se reunió con el fiscal general Javier Pérez Durón para conocer el estado de las cuatro carpetas de investigación relacionadas con “el desfalco” al municipio durante las últimas dos administraciones. Al salir del encuentro que duró más de una hora, resumió así la situación: “Está cabrón lo que se robaron”. “Vengo a trabajar por los ciudadanos y eso incluye continuar con las estas denuncias que ya fueron promovidas en su momento. Nosotros vamos a participar con las autoridades para que se dé con los responsables, vamos a trabajar y vamos a hacerlo bien”, abundó. Blanco dijo que acudió ante la Fiscalía para exigir que se investigue y castigue a los alcaldes que han gobernado Cuernavaca desde 2009: los priistas Manuel Martínez Garrigós, Rogelio Sánchez Gatica y Jorge Morales Barud. El año pasado la Procuraduría inició una investigación contra el exalcalde sustituto de Cuernavaca Rogelio Sánchez Gática por el delito de peculado por una suma superior a los 150 millones de pesos, derivado de las denuncias que interpuso la actual administración, que encabeza su correligionario Jorge Morales Barud. La denuncia de Blanco también fue vista como una ruptura del exfutbolista con Martínez Garrigós, su principal aliado durante la elección que llevó a Blanco al triunfo. En el presunto desfalco también estaría involucrado el hijastro del gobernador Graco Ramírez, actual líder del PRD en Morelos, quien fuera secretario municipal de la administración de Martínez Garrigós. El expriista que gobernó en Cuernavaca de 2009 a 2011 evidenció su enojo con Blanco a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Facebook en el que califica al alcalde electo de “malagradecido” y lo retó a un debate y que se sometan al polígrafo. En su mensaje afirmó que él fue el principal aliado de Blanco en la elección del pasado 7 de junio. “Juntos construimos la victoria que obtuviste y nunca imaginaste”, señala Garrigós en su publicación y agrega: “Te dije entonces y te reitero: cómo olvidar que ni tú ni tus flamantes aliados (los hermanos Yáñez Moreno del PSD), sabían leer una simple encuesta de salida, así de limitados”. Luego reta al exfutbolista a un debate abierto frente a la ciudadanía. “Pon fecha, hora y lugar”, le dice y le pide someterse a la prueba del polígrafo para que le diga qué le conoce, que diga si tenía la residencia en Cuernavaca y si es cierto que le pagaron ocho millones de pesos “vía contrato” para que lo hiciéramos ganar” en la elección de junio. Martínez Garrigós asegura también que su gestión en la capital ha sido auditada en varias ocasiones mediante cuatro procedimientos administrativos ante la hoy Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos “todas ellas combatidas en juicio de amparo indirecto por violaciones claras a mis derechos fundamentales”. Además de “un ilegal desafuero que enfrenté con juicio de garantías y con juicio de protección de los derechos políticos que por cierto gané contundentemente”. Luego se burla del exfutbolista: “Tengo presente que no lees mucho entonces en síntesis para no aburrirte tengo veintiún procedimientos ante distintas instancias y en ninguna han podido demostrar mi supuesta culpabilidad por una razón muy sencilla: todo es político nada jurídico, que lástima que por tus limitaciones políticas y personales no lo alcances a ver”. Reitera rechazo al Mando Único Previo a la reunión en la fiscalía, Blanco sostuvo un encuentro con representantes empresariales del Consejo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Cuernavaca) a quienes les expuso su plan de seguridad para la capital morelense y reiteró su negativa de mantener a la capital morelense dentro del esquema del Mando Único. Según el exfutbolista durante sus reuniones con vecinos en las diferentes colonias la mayoría se pronunció por la eliminación del Mando Único. Y dijo a los empresarios presentes: “Ahora ustedes integrantes de tres cámaras empresariales expresan su preocupación por que sus negocios están siendo afectados por diferentes delitos, efectivamente no hay respuestas cuando se pide auxilio. “Tengo muy claro que recibiré críticas y eso no me preocupa, estoy acostumbrado a trabajar bajo presión y nada me va a impedir trabajar por Cuernavaca”, expresó el alcalde electo quien encabezó junto con Carlos de la Rosa Segura, el análisis y estrategia en materia de Seguridad Pública presentado a los integrantes de las diferentes cámaras empresariales. En el encuentro también estuvo Carlos de la Rosa encargado de la nueva administración en el área de seguridad quien explicó a los empresarios el plan de seguridad de Blanco que incluye la creación, en una primera fase, de las llamadas Bases de Operaciones Mixtas que permitirán “blindar” la ciudad con la construcción de 12 módulos de seguridad en las 12 entradas del municipio que contarán con cámaras de vigilancia y cinco elementos de la nueva policía municipal, además de una patrulla y un radio de comunicación. En una segunda fase se planteó de construir 30 módulos de seguridad, así como la operación de 500 cámaras en el municipio que se sumarán a los ayudantes municipales de los 12 pueblos de Cuernavaca y los consejos de colaboración de las más de 200 colonias.
El exdiputado recalcó que el Mando Único que el gobierno estatal pretende imponer en la ciudad no ha dado resultados pues a dos años de su funcionamiento Morelos es primer lugar en incidencia delictiva de extorsión, cuarto en secuestro, tercero en homicidio doloso y cuarto en robo de vehículos de manera violenta. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO) LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422391
MÉXICO, DF: Con los votos de PRI, PAN, Verde y Panal, la Comisión de Hacienda aprobó cambios al Pensionissste, donde se deja la potestad al Ejecutivo federal de que lo desaparezca cuando así lo considere necesario. Después de varias modificaciones que se hicieron a la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo el pasado 8 de febrero, los diputados sometieron a votación un dictamen que no habían leído y fue distribuido apenas una hora antes de la sesión de este miércoles 2. Entre los cambios destaca que el Pensionissste será una empresa paraestatal 100% del gobierno y no una empresa de participación estatal mayoritaria, como lo planteó el Ejecutivo federal. Otro cambio es que los nueve representantes de trabajadores en el Consejo de Administración serán nombrados por el presidente de la República, aunque en el limbo quedó qué se hará con los remanentes de las pensiones de los trabajadores el servicio del Estado. En el Consejo de Administración del nuevo Pensionissste, que se conformará con 18 miembros –nueve representantes del gobierno y nueve de los trabajadores–, tendrá el voto de calidad el secretario de Hacienda, quien a final de cuentas decidirá cómo será el manejo de poco más de 102 mil millones de pesos de los burócratas, y es que las reservas de las pensiones y su destino quedaron en manos del nuevo Consejo. Legisladores de Morena, MC y PRD reclamaron que se votara un dictamen sin conocerse previamente y que se distribuyó una hora antes del inicio de la sesión. Además, los diputados de Morena impugnaron que quedara en la ambigüedad la reforma, pues en algunos artículos se refieren al nuevo Pensionissste como como un ente de participación estatal mayoritaria y en otros como empresa paraestatal. De tratarse del primer caso, el 51% de las pensiones se manejarían por el Estado y 49% por la banca privada; en la segunda fórmula quedarían en manos del Estado el 100% de los recursos pero, al ser paraestatal, el Ejecutivo federal puede determinar en cualquier momento su liquidación, tal como sucedió con Luz y Fuerza del Centro (LFC).
El dictamen de la Comisión de Hacienda se votará este jueves 3 en el pleno de la Cámara de Diputados. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422396
MÉXICO, DF: La mezcla mexicana de petróleo alcanzó hoy una cotización de 32.30 dólares por barril, el índice más bajo desde el 30 de diciembre de 2008, según datos de Petróleos Mexicanos. Fue la tercera caída consecutiva en esta semana y la de este miércoles fue de 4.3% equivalente a 1.45 dólares menos. Por su parte el petróleo estadunidense cerró en 39.94 dólares por tonel que significó un desplome de 4.6% y fue la primera vez desde el 26 de agosto que se vendió en menos de 40 unidades. El declive de los petroprecios obedeció al nivel de inventarios de crudo que dio a conocer esta mañana la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Según la dependencia las existencias en ese país subieron en 1.2 millones de barriles la semana pasada lo que representó su décima semana consecutiva al alza y además contrastó con la reducción de 471 mil toneles que esperaba el consenso del mercado.
Los inventarios de petróleo en Estados Unidos ascienden a 489.4 millones de barriles y está a sólo 1.5 millones de igualar el máximo histórico de 490.9 millones alcanzado en abril pasado. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422390
México, DF. El Partido del Trabajo fue revivido por segunda vez por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Cinco de seis magistrados votaron a favor de permitirle buscar los votos que requiere para alcanzar el 3 por ciento de la votación requerida en las elecciones extraordinarias, que se celebrarán en el distrito 01 de Aguascalientes el próximo domingo. La única voz disonante fue la del magistrado Flavio Galván, quien rechazó que un par de artículos de dos leyes electorales sean inconstitucionales, como señalaron sus colegas. La magistrada ponente María del Carmen Alanís propuso inaplicar porciones de los artículos 94, párrafo primero, inciso b de la Ley de Partidos Políticos y artículo 24 párrafo tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe). O sea, los consideró inconstitucionales. “Como consecuencia de la revocación de la resolución que emitió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la cual declaró la pérdida del registro del partido político, esta declaratoria dejaría de surtir efectos jurídicos, debiendo regresar la situación del Partido del Trabajo al momento previo a la emisión de dicho acuerdo que declara la pérdida del registro”, explicó la magistrada. Pero aclaró que dicha fuerza política se mantiene en la etapa de prevención que ya previamente había sido ratificada por esta Sala Superior, hasta en tanto se celebren las elecciones extraordinarias en el Distrito 01 de Aguascalientes para, concluidas éstas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y posteriormente la Junta General Ejecutiva, tendrá que emitir la resolución correspondiente por lo que hace al registro del Partido del Trabajo. El magistrado Pedro Esteban Penagos respaldó la postura de Alanís al plantear que el PT tiene la razón al considerar que ambos artículos mencionados son inconstitucionales. “El asunto es claro y esto independientemente de que la elección concluye cuando, desde luego, se celebran elecciones válidas en los 300 distritos electorales, tratándose de elecciones intermedias. Por lo cual claramente se excluye el que se pueda considerar que no deben de tomarse en consideración las votaciones tomadas en las elecciones extraordinarias”, indicó. El magistrado Salvador Nava Gomar coincidió en calificar de inconstitucionales dichas normas, “por la sencilla razón de que para obtener el derecho a permanecer con el registro o tener el registro en cada elección, hay que obtener el 3 por ciento de la votación en la elección”. “¿Cuál es la interpretación más favorable? Hombre, pues que puedan participar, una vez que se tenga el resultado de los 300 distritos. Ese es mi punto de vista, y por eso es que acompaño el proyecto”, expuso. El magistrado presidente Constancio Carrasco también coincidió con sus colegas lo mismo que González Oropeza. Este último señaló que es equívoco y contradictoria el artículo 24 constitucional de la Legipe. “No es posible decir eres la nada jurídica y puedes participar en la elección extraordinaria. No lo dijo el magistrado Galván, ese fue el sentido, el significado. No soy su interprete. Se vale que sea uno interprete de lo que dicen los colegas después de nueve años de estar entendiendo cuáles son sus votos particulares”.
Una larga historia Desde las elecciones del 7 de junio, el futuro del PT ha sido incierto, dado que quedó a unos tres mil votos de obtener el 3 por ciento necesario para mantener el registro como partido político nacional. A principios de septiembre, la Junta General Ejecutiva del INE determinó la cancelación de su registro y el del Humanista, sin embargo el Tribunal Electoral lo revivió un par de semanas al considerar que era necesario que el Consejo General del instituto se pronunciara al respecto. Al final, el INE le volvió a quitar sus registros a los petistas y al Partido Humanista pese al respaldo recibido por otros ocho partidos políticos, incluido el PRI que hizo una airada defensa, sobre todo del PT, partido que luego se aliaría al tricolor en las futuras elecciones extraordinarias de gobernador en Colima.
A cuatro días de que se celebren las elecciones en Aguascalientes, el Tribunal Electoral le dio vida a este partido político, ya que podrá aspirar a conseguir los votos que le faltan (aproximadamente, unos siete mil) para seguir en el mapa político nacional. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CLAUDIA HERRERA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/02/pt-revive-por-segunda-vez-gracias-al-tepjf-5507.html
México, DF. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en contra de la Industria Petrolera. El contenido de dicho ordenamiento criminaliza a las personas que obstruyan o impidan de forma total o parcial el acceso o el funcionamiento a las instalaciones de la citada industria. Los diputados del PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Nueva Alianza aprobaron el dictamen, que impone penas de prisión de tres a seis años y multas de 3 mil a 6 mil días de salario mínimo a quien participe en los bloqueos a las instalaciones petroleras. En contra, los partidos Morena y Movimiento Ciudadano consideraron ominoso el contenido del dictamen, porque protege de forma definitiva al capital privado por encima del derecho a la libre manifestación. Los artículos 20, 21 y 22 del dictamen castigan de forma severa a las personas que procuren impedir la ejecución de una obra o trabajos lícitos de la industria petrolera o los destinados a la prestación de un servicio público.
TIJUANA, BC: Por desvanecimiento de datos fue puesto en libertad Adrián Vázquez Lagunes, un hombre que fue víctima de tortura por agentes estatales para que se incriminara de ser Gonzalo Insunza, El Macho Prieto, un lugarteniente del Cártel de Sinaloa. Ayer martes, cerca de las 23:10, Vázquez Lagunes salió del Centro de Reinserción Social de El Hongo, donde estuvo preso durante tres años acusado de portación de arma de fuego y delitos contra la salud en la modalidad de posesión. El parte informativo de los agentes de la PEP fue declarado “ilícito e infundado” en la resolución del magistrado del Juzgado Quinto Unitario del Poder Judicial de la Federación (PJF). Las drogas y el arma se las “sembraron” los policías para inculparlo y forzarlo a declarar que era el capo del narcotráfico, sostuvo Sandra Esquer, directora del Centro de Derechos Humanos de Baja California. El caso de Adrián Vázquez fue documentado en informes de 2014 de Amnistía Internacional (AI) y la ONU debido a las lesiones físicas que registró durante su detención en Tijuana, que le produjeron daños irreversibles en su salud. De acuerdo al parte médico, resultó con siete costillas rotas, un pulmón perforado y estallamiento de vejiga, que lo mantuvo hospitalizado con pronósticos reservados por su estado de salud. Incluso, la versión de la Policía Estatal Preventiva de la supuesta detención de El Macho Prieto provocó que le negaran la atención médica de urgencia en 17 clínicas y hospitales de Tijuana. Doña Raquel, una vecina que fue testigo sobre la tortura que sufrió Vázquez Lagunes, dijo que un culatazo de un rifle de uno de los policías hizo que se orinara en los pantalones cuando fue llevado a su casa, supuestamente para que entregara un inexistente cargamento de droga. El 26 de septiembre de 2012, agentes de la PEP hicieron una redada ante el anuncio de que El Macho Prieto se encontraba en Tijuana. Detuvieron a cinco personas, entre ellos a Vázquez Lagunes, quien fue señalado de ser el capo de la droga vinculado al Cártel de Sinaloa. La abogada Sandra Esquer dijo que la resolución judicial es un avance en el reconocimiento de un problema que se vive en la entidad y en el país, que es la tortura porque se convierte en una violencia institucionalizada y obligará a la PEP a aceptar la urgencia de manejar protocolos de actuación en las detenciones para dejar de violar derechos humanos. Una vez que obtuvo su libertad, Adrián se reunió con su esposa Judith Luna y sus cuatro hijos, además de recibir una serie de llamadas, entre ellas de representantes en México de Amnistía.
Vázquez Lagunes es originario de Tinajas, Veracruz y desde hace 17 años reside en Tijuana, de los que tres los pasó en el penal de El Hongo, situado en la zona montañosa de Tecate. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO). LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422323
VILLAHERMOSA, Tab: La caravana de 45 madres de migrantes centroamericanos desaparecidos continuó con la búsqueda de hijos y familiares en cárceles de la entidad. A tres días de ingresar a México y procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, las madres desayunaron hoy con los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, César Raúl Ojeda Zubieta y Sergio Ricardo Martínez Luis, ante quienes expusieron sus testimonios, pidieron apoyo para encontrar a sus hijos y demandaron el cese de la violencia contra los migrantes centroamericanos. Rubén Figueroa, coordinador Sur-Sureste del Movimiento Migrante Mesoamericano, lamentó que la diputada local del Partido Nueva Alianza (Panal), Aracely Quevedo, haya dicho que la presencia de migrantes en la entidad aumenta la violencia y delincuencia. Ojeda Zubieta replicó que el gobierno del estado no comparte la idea de la legisladora y que se brindan todas las facilidades para hallar a familiares desaparecidos. “En Tabasco no se criminaliza a los migrantes, pese a las expresiones de algunos políticos, nosotros respetamos sus derechos”, manifestó. Posteriormente, la caravana visitó el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset), ubicado en esta capital, y por la tarde hizo lo propio en la cárcel de mediana seguridad del municipio de Huimanguillo, de donde partió al municipio de Las Choapas, Veracruz. En el Creset intercambiaron experiencias con las autoridades carcelarias y algunos presos centroamericanos, detenidos en Tabasco por varios delitos en su tránsito hacia Estados Unidos. Armando Maldonado, director general de Prevención y Reinserción Social del Estado, informó que en la entidad se encuentran 39 reos extranjeros, 24 de ellos de origen centroamericano. De los 39 presos, 60% está sentenciado por diversos delitos y 40% se encuentra bajo proceso penal. Ayer, las madres centroamericanas iniciaron la jornada con una visita a la cárcel municipal de Tenosique, donde se quejaron de que no pudieron tener pleno acceso para poder identificar si tienen ahí algún hijo, familiar o conocido. Rubén Figueroa dijo que no hubo contacto directo con los migrantes presos –ocho hombres, cinco hondureños y tres guatemaltecos–, a quienes sacaron al patio pero no dejaron tener contacto con ellos, ni pudieron ver detalladamente sus rostros. Sin embargo, el joven guatemalteco Salomón V, de 22 años y preso desde 2013, dijo que desde hace seis años no habla con sus familiares y pidió a los miembros de la caravana que se comuniquen a su país para avisar de su proceso. De Tenosique, las madres centroamericanas partieron hacia Palenque, Chiapas, donde realizaron caminata y una oración en el albergue El Caminante.
También realizaron un mitin en el parque central de la colonia Pakalná, y por la noche arribaron a Villahermosa, de donde hoy salieron hacia Las Choapas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARMANDO GUZMÁN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422340
MÉXICO, DF: Bonita iniciativa de Navidad, la de estos jóvenes urbanos, clasemedieros de piel güera –y consumidores de Coca Cola–: viajar a la comunidad mixe de Totontepec, en el norte de Oaxaca, para colocar ahí un gran árbol que ellos mismos fabricaron; un “mensaje muy especial” para el “81.6% de los indígenas mexicanos (que) se han sentido rechazados por hablar otra lengua”. En el spot de publicidad que Coca Cola difundió ampliamente en las redes sociales y que retiró anoche, se puede observar al grupo llegar al municipio con mucha alegría –y una hielera llena de refrescos que reparten entre los pobladores. Arman y pintan el árbol de madera en el centro de la comunidad. Todo lo anterior se desarrolla ante la mirada y la sonrisa fascinada de los indígenas. Al final, los jóvenes prenden el árbol, en el que aparece el mensaje “Permanezcamos unidos” en lengua mixe; todos se abrazan y toman del refresco, mientras aparece en la pantalla: “Tú también rompe un prejuicio y compártelo usando #Abretucorazón”. Aparentemente, los mercadólogos del gigante de la industria refresquera no consideraron que el video vincula una suma de estereotipos racistas y discriminatorios sobre las comunidades originarias de México.
Tampoco les molestó utilizar la imagen de los pueblos originarios para promover el consumo de refrescos, cuando los indígenas mexicanos se encuentran particularmente vulnerables ante los estragos que provocan los alimentos chatarra en la salud.
Desde que empezó a circular en Internet, un gran número de usuarios de redes sociales repudió el comercial, por lo que Coca Cola lo retiró anoche de la plataforma YouTube. Sin embargo, para las organizaciones parte de la Alianza para la Salud Alimentaria “el daño está hecho”, por lo que exigieron hoy al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) abrir una investigación de oficio para determinar si la publicidad violó el derecho humano a la no discriminación. El objetivo de esta solicitud, indicó Carlos Ventura, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, consiste en colocar en la agenda pública el tema de las publicidades discriminatorias para “sentar un precedente” y que las instituciones adopten medidas e implementen mecanismos que garanticen la no repetición. “Hay estándares que obligan a las empresas a respetar el principio de no discriminación”, recordó. De acuerdo con la coalición, el comercial de Coca Cola reproduce la posición privilegiada de ciertos grupos identificados con una cultura consumista y representa la subordinación de los indígenas ante aquéllos. También difunde la visión asistencialista de la ayuda, pues en el video los indígenas no hacen nada sino sonreír ante la iniciativa de los jóvenes. Además, según Elvira Constantina Pablo Antonio, indígena mixe y colaboradora de la organización ASER Litigio, en su comunidad las fiestas navideñas tratan de reforzar los lazos comunitarios, pero insistió en que “no se trata de promover el consumismo”. “El efecto de publicidades de este tipo promueve la ruptura del tejido comunitario y la imposición de una cultura de consumo ajena a las comunidades”, denunció. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, recordó que en la comunidad mixe “el árbol de Navidad no tiene sentido”, y por ello lamentó esta “agresión cultural” contra la comunidad indígena. Si bien reconoció que las medidas que pide la coalición no consisten en “generar censura” sino en fomentar un “trato de iguales”, sugirió que el Conapred “tendría que actuar en las telenovelas de Televisa” por difundir estereotipos. Y no sólo esto: según Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el pueblo de Totontepec tiene altos niveles de marginación y gran parte de los adultos actuales padecieron de niveles graves de desnutrición durante su infancia, incluso en el vientre de sus madres. Lo anterior les vuelve más vulnerables ante los estragos de la comida chatarra, aseveró, al precisar que 50% de las muertes en la población indígena están relacionadas con la mala alimentación. El científico explicó a Apro que desde mitades del siglo XX los científicos demostraron –al observar a las personas afectadas por las guerras mundiales– que la desnutrición durante la infancia multiplica por seis la prevalencia de enfermedades como diabetes, hipertensión, accidentes cerebrovasculares o cardiacos en la población adulta, males que favorece la comida chatarra. Además, sostuvo que la mayoría de la población indígena en México posee genes adaptados al ambiente directo, que le vuelva “muy sensible” al consumo de bebidas azucaradas; lo que se suma a la escasez de servicios de salud en las zonas más marginadas del país, la cual difiere el diagnóstico de enfermedades como la diabetes. Y la penetración de la comida chatarra en las poblaciones indígenas se profundizó a partir de la década pasada –entre otros a raíz de la implementación de los programas sociales de transferencias económicas–, pues según Ávila Curiel el consumo de bebidas azucaradas se triplicó desde entonces. “La Coca Cola llegó a los biberones de los niños”, lamentó, al resaltar que “la población indígena alcanzó el promedio nacional de obesidad, pero el daño metabólico es hasta cinco veces mayor”. Abelardo Ávila explicó que se convirtió “casi en activista, sin pretender serlo”, hace cuatro años, mientras realizaba el censo de peso y talla en el Estado de México. Se percató de que en las escuelas ubicadas en la periferia de la zona pobre de la zona metropolitana los niños de seis años presentaban altos niveles de obesidad, pero también resistencia a la insulina, aparte de que padecían de hipertensión y otras afectaciones. “Me escandalizó que los niños de 6 años ya tenían un síndrome inflamatorio generalizado. Tienen una esperanza de vida muy corta, van a tener un diabetes tipo 2 a los 20 años”, advirtió, al precisar que el padrón de estos niños era similar: “Pobres, sufrieron desnutrición, migraron (hacia la periferia de la urbe), y vivían en un ambiente obesigénico”. El científico subrayó que durante una discusión técnica sobre el programa Oportunidades –ahora Prospera– que sostuvo durante un congreso nacional de salud pública, un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) declaró ante los especialistas: “Los que digan que las transferencias (de Oportunidades) se utilizan para comprar comida chatarra, les quiero decir que sí, efectivamente, ¿Y? Los pobres también tienen derecho a comprar comida chatarra”. Alejandro Calvillo recordó que Coca Cola se encuentra enlodada en un escándalo en Estados Unidos, pues el New York Times y Associated Press exhibieron –con base en cuentas y correos electrónicos– que la multinacional financió el Global Energy Balance Network, un grupo de pseudocientíficos, a cambio de la publicación de estudios a favor de la industria. Este grupo publicó una serie de artículos en los que desvió la problemática del sobrepeso hacia la falta de actividad física y prácticamente disculpó el consumo de comida chatarra en el mismo.
En reacción, la Alianza por la Salud Alimentaria realizó una edición del comercial de Coca Cola, en el que expusieron “su” verdad sobre la situación en Totontepec y la industria refresquera.
México, DF. Durante las casi seis horas que duró su comparecencia en el Senado de la República, el procurador de Justicia del estado de México Alejandro Jaime Gómez Sánchez fue fuertemente cuestionado por su actuación en el caso Tlatlaya, los feminicidios en el estado de México y por el posible conflicto de intereses que representa su candidatura a ministro de la Suprema Corte. Su insistencia en dejar la responsabilidad de las irregularidades en la investigación de la ejecución extrajudicial de 22 personas, en el Ejército y la PGR, fue echada abajo por legisladores del PRD y PT. El perredista Alejandro Encinas le hizo notar que una cosa es el discurso y otra los hechos. Le recordó que la procuraduría mexiquense, a su cargo, sostuvo que fue un enfrentamiento entre militares y delincuentes, que agentes de esa dependencia torturaron a los mujeres sobrevivientes y sólo después de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se detuvo a 7 policías ministeriales y un agente del ministerio público, que están en libertad bajo fianza. La senadora independiente Martha Tagle puso en duda que se combata a los feminicidios, en el estado de México, como lo aseguró Gómez Sánchez, puso el ejemplo de Marina Lima, asesinada por su esposo un policía ministerial, cuyo caso quiso hacer aparecer la PGJEM como suicidio. “Así impartirá justicia si llega a la Corte”, le preguntó Encinas. El aspirante a ocupar una de las vacantes en la Suprema Corte reiteró que “una cosa es lo que ocurrió en Tlatlaya y la actuación de los elementos militares -que en todo caso es del orden federal- y otra muy distinta es la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, que actuó consecuentemente en auxilio del ministerio público federal. Sobre la liberación de los siete policías ministeriales y el agente del ministerio público de la procuraduría mexiquense, respondió que la tortura, según la Constitución, no es delito que impida otorgar fianza, además de que se han asegurado que enfrentarán el proceso. Otro de los temas que más se discutieron fue su independencia del poder ejecutivo, donde ha laborado 25 años. Gómez Sánchez sostuvo que está libre de cualquier conflicto de interés, dijo que no pertenece al grupo “Atlacomulco” y rechazó ser “el delfín” del consejero jurídico de la presidencia de la república Humberto Castillejos, con quién colaboró. Layda Sansores del PT, le dijo que en su curriculum figura haber sido asesor de Eduardo Medina Mora, cuando se desempeñaba como titular de la PGR.
La magistrada Norma Lucía Piña Hernández explica que lo hubiera hecho para establecer criterios sobre en qué casos los particulares actúan como autoridad.
La magistrada Norma Lucía Piña Hernández, integrante de una de las ternas para ocupar las dos vacantes disponibles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), compareció el martes ante la Comisión de Justicia del Senado de la República. Al responder los cuestionamientos de los legisladores, afirmó que ella sí habría atraído a la SCJN el caso de la periodista Carmen Aristegui, quien interpuso una demanda de amparo, tras la cancelación en marzo de su noticiario radiofónico, pese a la existencia de un contrato, que no fue respetado por MVS. “Si hubiese atraído o no el caso de la periodista Aristegui, yo creo que sí, porque era un criterio importante en función no de la persona en sí misma considerada, o sea, independientemente que ella sea una periodista reconocida, no por ella misma se daría la atracción del caso, sino porque era el establecimiento del criterio de en qué caso los particulares actúan como autoridad“, afirmó la candidata, de acuerdo con la versión estenográfica de su comparecencia. El pasado 14 de julio, un Tribunal Colegiado echó por tierra la posibilidad de defender judicialmente la libertad de expresión, como lo pretendía Aristegui con su amparo. Previamente, la comunicadora solicitó a la Suprema Corte que atrajera la queja que interpuso MVS para frenar el juicio -lo cual rechazó-, que finalmente fue aceptada por el referido tribual. Sobre otros temas, Piña Hernández señaló que habría votado a favor de establecer responsabilidades administrativas en el caso del incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños. Sin pronunciarse a favor o en contra, la magistrada del vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, dijo que el debate sobre la despenalización del uso de la marihuana debe ser objeto de mayor información, a efecto de que se genere una discusión democrática a través de los representantes que fueron elegidos para este fin. Y coincidió con la resolución de la SCJN en no someter a consulta popular la reforma energética, pues se trató de un tema relacionado con los ingresos de la Federación.
TLALNEPANTLA, Edomex: El diputado federal y alcalde con licencia de Tlalnepantla Pablo Basáñez construye en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, la de mayor plusvalía en esa demarcación, su “Casa Blanca”. Tan sólo el predio de Atizapán, inscrito en la oficina Tlalnepantla del Instituto de la Función Registral a su nombre y el de su esposa, Verónica Liliana Rocha Vélez –presidenta del DIF Municipal hasta hace unos días–, fue adquirido en 2 millones 863 mil 813.40 pesos. En la declaración patrimonial publicada por el legislador federal en sus redes sociales, no aparecen los montos salariales devengados en su encomienda anterior ni en la actual; tampoco el costo de sus propiedades. No obstante, refiere que en 2013, su primer año en la presidencia municipal, adquirió dos inmuebles. El 1 de enero de 2013 establece la compra de un predio en el fraccionamiento Rancho San Juan, municipio de Atizapán de Zaragoza, el lugar más exclusivo y de mayor plusvalía de Zona Esmeralda, “rodeada de cañadas cubiertas de encinos, cascadas, lagos y la impresionante belleza de la naturaleza”, destacan las inmobiliarias. Esta área se ubica a 20 minutos de Interlomas, tiene patrullas y vigilancia las 24 horas del día, y en las inmediaciones se ubican colegios como La Salle, Tec de Monterrey, Sierra Nevada, Thomas Jefferson, Green Hills y Kipling, todos privados. Aunque la declaración asegura que el terreno se pagó al contado, la oficina Tlalnepantla del Instituto de la Función Registral da cuenta del terreno hasta el 10 de abril de ese año, a través de la escritura pública 9 mil 224 del volumen 214 de fecha 21 de junio de 2013, ante la fe de la notario 156 del Estado de México, Mónica Mondragón. Conforme a la clave catastral 1000871720000000, el lote 20 ubicado en la manzana 17 tiene una superficie de mil 004.24 metros cuadrados y se encuentra sobre el terreno que formó parte de la fracción tercera de la Hacienda de Sayavedra, porción conocida con la denominación Rancho Viejo. En el terreno ubicado sobre la calle Bejucos, RSArquitectura construye, desde septiembre de 2014, una casa de tres niveles; la superficie está contemplada en 337.26 metros cuadrados por 659.91 libres, con cinco cajones de estacionamiento y área para asador. Basáñez García además declara la propiedad de un departamento en Huixquilucan de 118 metros cuadrados de construcción, adquirido el 27 de noviembre de 2013, el primer año de su gestión como alcalde, a crédito. También asegura ser propietario de joyas diversas y de un auto Peugeot 208 Feline BUA 5p 2014 adquirido el 1 de septiembre de ese año. Además, reporta una cuenta maestra y un fondo de inversión en BBVA Bancomer, dos cuentas maestras en Banorte, otra más en HSBC, un seguro de vida-inversión en Grupo Nacional Provincial y otro en Seguros Monterrey. El legislador priista refiere como domicilio el fraccionamiento Valle Dorado, en Tlalnepantla, inmueble adquirido el 1 de abril de 1999, con 220 metros cuadrados por 160 de terreno. En la página de Transparencia del ayuntamiento ya no aparece el Presupuesto 2013, pero el de 2014 refiere que ese año las percepciones del alcalde ascendieron a más de dos millones 607 mil 121 pesos, mientras para 2015 se contemplaron dos millones 607 mil 120.96 pesos. Rendición de cuentas La administración de Pablo Basáñez como presidente municipal de Tlalnepantla –que concluirá el 31 de diciembre con su sustituto Guillermo Martínez–, se caracterizó por la asignación de montos elevados a partidas inexplicables, opacidad en los contratos, extraños traspasos financieros al DIF municipal y ausencia de rendición de cuentas al cuerpo edilicio. En el acta de cabildo del 18 de diciembre de 2013, durante la aprobación del Presupuesto del año siguiente, la decimocuarta regidora, María de los Ángeles Dueñas, cuestionó las reducciones en gasto social y los aumentos al burocrático. Solicitó una explicación por la disminución de 11 millones de pesos a la Dirección de Desarrollo Social, de 30 millones a la Dirección General de Educación y Cultura y de 5 millones al Instituto Municipal de Salud; y por la ampliación para Tesorería por 63 millones de pesos y de 18 millones a la Secretaría del Ayuntamiento. La edil también advirtió desinformación para aprobar un subsidio extraordinario por 22 millones 800 mil pesos del ayuntamiento a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En la aprobación del proyecto de Presupuesto 2015, el 18 de diciembre de 2014, el octavo regidor Arturo Saavedra Cruz cuestionó el incremento del gasto para el capítulo 4000 relacionado con los “Traspasos, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, establecido en 360 millones de pesos. César Román Mora Velázquez, séptimo regidor, demandó claridad en la transferencia de 120 millones de pesos al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio. También advirtió que en el proyecto sólo se justificó el gasto de 124 millones de los 631.5 asignados a la presidencia municipal, y demandó claridad en los 2.5 millones previstos para el arrendamiento de edificios, 5 millones para la renta de bienes informáticos y 51 millones para arrendar vehículos. Lizbeth Nava, decimoprimera regidora, acusó uso electoral de 66 millones asignados a la Dirección General de Desarrollo Social –2015 fue un año de comicios locales–, y cuestionó el gasto excesivo de la partida 2 mil 220 relacionada con “alimentos para animales” que ejerce la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. “El año pasado le presupuestaron cerca de 600 mil pesos y este año 5 millones 400 mil; qué le dan de comer a esos animales… hace pensar que es un desvío para otras actividades que no son de índole general para la ciudadanía”, dijo. El otrora alcalde justificó que el rubro incluye no sólo alimento para animales, sino además despensas para los elementos de la Comisaría como una prestación regular. El tercer síndico, Emiliano González Rosas, advirtió como un exceso presupuestar para 2015 en gasolina 79 millones 712 mil pesos. Ese día el cabildo también aprobó otorgar en 2015 un nuevo subsidio extraordinario a favor del DIF Municipal, ahora por 123 millones de pesos. Otra de las anomalías, de la que se denegaron detalles a los integrantes del cabildo arguyendo datos personales, radica en los términos del contrato suscrito por Pablo Basáñez como representante del ayuntamiento con Helico de México, SA de CV, representada por el capitán Jorge Enrique Sánchez Gutiérrez, el 8 de abril de 2013. La aeronave apenas prestó el servicio tres meses y se utilizó fundamentalmente para el traslado personal del presidente municipal, a pesar de que fue contratada con la justificación de “incrementar los esfuerzos de combate y prevención de la delincuencia”. El contrato del helicóptero fue “abierto”. En su cláusula tercera establece un importe mínimo por el servicio de 7 millones 817 mil 472 pesos y un máximo por 13 millones 029 mil 120 pesos. “El importe por hora en las primeras 40 horas de cada mes calendario será de mil 200 dólares”, las siguientes implicarán mil 150 dólares; en ambos casos más valor agregado. “Cuando el municipio no utilice el servicio descrito… se encontrará obligado a un pago mínimo de 30 horas por cada mes calendario”, detalla el documento. El contrato contempla entre los servicios ofrecidos por el prestador “transportación aérea mediante helicóptero… herramientas de auxilio en el combate a la criminalidad, prevención del delito, vigilancia policiaca, control de tránsito vehicular, atención de emergencias, protección civil, medio ambiente, fotografía y filmación y, en general, en el auxilio de las diferentes funciones y servicios públicos que la Constitución y las leyes atribuyen al municipio. “Los costos de servicios de Aeropuertos, Helipuertos, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) que origine la prestación efectiva de los servicios objeto de este contrato… serán cubiertos por el municipio”, detallan las cláusulas. También prevé la rescisión por incumplimiento con una pena convencional al prestador del orden de 1% sobre el monto total del contrato por cada día incumplido, pero la administración tampoco proporcionó lo detalles sobre el término. El 12 de noviembre de 2013, el cabildo clasificó esa información como parcialmente confidencial. La construcción del edificio de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, al que se destinaron 70 millones de pesos en 2013 y 65 en 2014, aún se reporta como obra en ejecución. Apenas a mediados de noviembre pasado, bomberos de la demarcación denunciaron de forma anónima que el exalcalde nunca otorgó a la corporación los apoyos comprometidos en 2013 y 2014. Las ofertas del mandatario, acusaron, tuvieron como simple objeto tomarse la “foto”, pues laboran con uniformes viejos, sin combustible, con falta de equipo, fallas en servicios como agua y luz, y su salario y prestaciones jamás aumentaron.
La mañana de este miércoles, el presidente municipal saliente rindió el tercer informe de la administración, respaldado con la presencia del gobernador Eruviel Ávila. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VENERANDA MENDOZA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422313
