Pese a los alegatos en contra de senadores del PT, PRD, Morena y algunos del PAN por considerarla un “engendro legal”, el miércoles 4 la coalición legislativa PRI-PAN-PVEM aprobó la ley del derecho de réplica. El documento correspondiente es el mismo que el 6 de diciembre de 2013 aprobaron los diputados, pues no le cambiaron ni una coma. Lo que sigue, dicen los inconformes, es presentar un recurso de inconstitucionalidad, lo que preludia un debate similar al que generó la llamada Ley Televisa.
MÉXICO, DF: Nacida de una iniciativa del exdiputado Arturo Escobar, quien renunció como subsecretario de Gobernación para enfrentar cargos de delitos electorales, la ley del derecho de réplica –suscrita finalmente por el grupo parlamentario del PAN con el aval del PRI y del PVEM– no sólo fue diseñada “al gusto” de las empresas de radio y televisión, en detrimento de los medios escritos, sino que va en contra de la Constitución y los tratados internacionales que en México son también ley suprema. Justo por eso y ante su inminente entrada en vigor, el miércoles 4 de noviembre, los senadores que votaron en contra de esa ley, a su vez aprobada por la coalición legislativa PRI-PAN-PVEM, prevén presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su derogación. En lo que puede ser un caso semejante al de la Ley Televisa, que finalmente la SCJN declaró inconstitucional, senadores de PAN, PRD y Morena tienen ya prácticamente concluido el recurso contra lo que denominan “un engendro legal”, pero para presentarlo requieren 43 firmas, ocho más de los 35 legisladores que votaron en contra. Y es que la ley del derecho de réplica, reglamentaria del artículo 6 constitucional, está diseñada para no garantizar en televisión y radio esta nueva prerrogativa a los ciudadanos; en cambio, a los que más afecta es a los medios impresos. “A los medios impresos los perjudicaron y a la televisión la protegieron”, afirma el senador del PAN Javier Corral, quien no sólo promueve la acción de inconstitucionalidad, sino que elabora una iniciativa contra la ley del derecho de réplica que judicializa la concreción de ese derecho ciudadano. “Mi oposición a que no fuera procedimiento judicial tiene que ver con las enormes posibilidades que el Estado tiene para, vía el Poder Judicial, influir sobre las libertades de expresión y de información”, expone Corral, tenaz crítico del contubernio de prominentes políticos con Televisa, incluyendo los de su partido. –¿La ley puede prestarse a maniobras políticas de los poderes? –Sí, cuando el Estado quiera empezar a molestar, sí los puede mantener en litigios. Por eso nosotros no queríamos el procedimiento judicial, queríamos una instancia administrativa ágil y expedita. El procedimiento judicial, además de ser engorroso, te puede mantener ocupado todo el año. Ahora hay que trabajar nada más para contestarles a los abogados. Esta ley establece que toda persona tiene derecho a aclarar información difundida en los medios de comunicación, las agencias de noticias y por los productores independientes, siempre y cuando los datos o imágenes sean inexactos o falsos y cuya divulgación le cause agravio. Este derecho también lo podrán ejercer partidos políticos y los familiares hasta de segundo grado de alguna persona fallecida a la que cite el medio de comunicación. Si el medio no difunde la réplica, el afectado podrá recurrir a un juez que iniciará un juicio. Los medios que no difundan la réplica serán sancionados con multas de 500 a 5 mil días de salario mínimo y de 5 mil a 10 mil días si se niegan a cumplir la sentencia del juez. Lozano: Contra los impresos En el debate sobre el tema, en la sesión del 13 de octubre, el senador Javier Lozano, panista como Corral, pero apegado a los intereses del sector telecomunicaciones y de Televisa, afirmó que la ley del derecho de réplica aplica a todos los medios, sean escritos, electrónicos, digitales y “los que se vayan sumando en el futuro”. Pero subrayó: “Algo muy importante, y quizás también por eso a algunos medios de comunicación no les gusta la idea de que venga esta legislación: ¿Por qué? Porque van a tener que ocupar el mismo espacio y formato para tener la réplica cuando ésta proceda. “No que nos mandan a la página 49, en unas letritas chiquitas, y dicen: ‘ya cumplimos con la réplica’, y todavía viene la contestación, la nota del columnista o la nota del reportero, a argumentar nuevamente, y ahí murió la cosa. ¡No señores, ahora sí van a tener que publicar en el espacio concreto en el que publicaron la información inexacta!” El derecho de réplica, afirmó, también está garantizado en la televisión y aun en los programas en vivo: “Bueno, se quejan algunos de que se tiene que ejercer ante los medios de comunicación el derecho de réplica. Bueno, ¿pues ante quién querían? ¿Ante el Papa o qué? Pues es obvio que tiene que ser ante el medio de comunicación, y si el medio de comunicación no atiende directamente este reclamo, entonces se va directamente con un juez, que en un juicio sumario, absolutamente expedito, ágil, va a resolver lo conducente, si procede o no la réplica, y en su caso, inclusive la imposición de una sanción de carácter administrativo”. Y añadió: “Había quien decía: ¿Y por qué no le damos primero la instancia a Gobernación? Sí, cómo no, o a la Secretaría de Educación Pública. Ponerlos en manos del gobierno para el ejercicio del derecho de réplica. Es absurdo. Entonces, directamente con el medio. No atiende, vámonos rapidito a un juicio sumario con el Poder Judicial”. Otro político identificado con la televisión, Carlos Alberto Puente Salas, coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –su flamante presidente nacional–, se quejó de que los opositores critiquen la información difundida por la televisión, pero no de los medios impresos. “Pero, claro, no hablan de esos medios que también les acomodan a algunos a modo muchas de esas notas, de esa información. Así, el instituto político hubiera sido otra historia en el pasado proceso electoral si nos hubieran dado verdaderamente el derecho de réplica que diario nos aplicaban más de un medio impreso.” (sic) Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) defendió el dictamen el poblano Ricardo Urzúa Rivera, amigo del exgobernador Mario Marín y dueño de una flota de taxis aéreos, porque “si no todos, la gran mayoría de los que ejercemos la carrera política hemos sido víctimas de calumnias”. Argumentó: “Yo comento que en alguna ocasión pedí un derecho de réplica en un medio escrito. Cuando lo pusieron en primera plana, y el derecho de réplica se dio en la página número 28 con letras bien pequeñas. Y eso es una desventaja para todos los mexicanos. “Todos los medios de comunicación tienen el gran poder de tener en los medios de comunicación, digamos, tienen el poder de los tiempos aire y los tiempos que ellos manejan, digamos, a su conveniencia. Muchos de ellos son pagados.” (sic) A la medida de Televisa En un largo debate en el Senado, en el que la mayoría integrada por el PRI, el PAN –salvo ocho senadores que votaron en contra– y el PVEM no permitió la modificación del dictamen, la oposición afirmó que desde su origen la ley del derecho de réplica estaba hecha al gusto de las televisoras. Y es que, en efecto, la iniciativa que generó esta ley fue la que presentó, el 22 de mayo de 2013, el entonces diputado federal Arturo Escobar, quien era el máximo dirigente del PVEM y quien, el pasado miércoles 25, renunció como subsecretario de Gobernación para responder por delitos electorales. La iniciativa de Escobar, presentada ante la Comisión Permanente, es la base de la ley aprobada por la Cámara de Diputados, el 6 de diciembre de 2013, que sin cambiar una coma fue aprobada por los senadores, el pasado miércoles 4 de noviembre. No hubo argumento que disuadiera a la coalición PRI-PAN-PVEM, que al final impuso lo que el PRD calificó como una ley inconstitucional, inequitativa, ambigua y a favor de los intereses de los medios de comunicación, sobre todo radio y televisión. Luis Sánchez aseguró que la ley deja “ahogada a la réplica en el mar de formulismos leguleyos de los tribunales civiles, federales de nuestro país”, mientras que Fernando Mayans aseveró que el dictamen no establece un equilibrio y armonización entre la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica. Por el contrario, obstaculiza el ejercicio pleno de la ciudadanía a rectificar información falsa o inexacta por parte de los medios de comunicación que afecte la esfera privada de las personas. “El dictamen establece requisitos que constituyen una carga procesal para el afectado y no para el medio de comunicación; toda vez que lo obliga a probar ante el juez la falsedad y el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”, subrayó. Mario Delgado, de Morena, aseguró a su vez que el derecho de réplica es en realidad un derecho de súplica, porque la reglamentación, en vez de limitar los abusos de los medios de comunicación contra los individuos, acotar su intervención interesada a favor de ciertos partidos políticos, hace nugatorio ese derecho al judicializarlo. “El propósito final de esta ley debería ser la protección del derecho humano, del derecho esencial, el derecho de réplica sobre el enorme poder de las televisoras (pero es) una ley tramposa para evitar que se garantice este derecho constitucional.” En su oportunidad, Alejandro Encinas adelantó que existe materia para llevar el caso a la SCJN, porque se violentó todo lo establecido en el artículo Sexto constitucional y otros, ya que la ley hizo nugatorio el derecho de réplica. De entrada establece que si la televisión, radio o algún medio impreso se niegan a dar la posibilidad de respuesta o rectificación ante una información falsa, inexacta o calumniosa, el afectado puede acudir a un proceso judicial. Sin embargo, el medio puede apelar el fallo y presentar un amparo, lo que puede prolongar el juicio por meses y hasta por años. Más aún, expuso, en el artículo 5 se plantea de manera genérica y amplia el concepto de “crítica periodística” para la cual debe estar sujeto el derecho de réplica, sin precisar siquiera los géneros periodísticos, informativos y de opinión. “Y, por eso, lo que estamos planteando es que el artículo 5, cuando dice: ‘la crítica periodística’ se adicione: ‘en los géneros informativos’, para que no quede ninguna ambigüedad y se abarque todos los conceptos que se refieren a los géneros informativos, sean motivo de este ejercicio por parte de los ciudadanos.” En su turno, Manuel Bartlett, del PT, afirmó que la ley no favorece a los ciudadanos, sino “a Televisa, a TV Azteca y a sus secuelas. El diseño está construido para que los medios no respeten la réplica”. Esta ley, dijo, “amputa” el contenido del derecho de réplica y la deja sólo como rectificación, por lo que es contraria al artículo primero constitucional y al 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y puso como ejemplo el caso de Colombia. “En el derecho comparado en Colombia se señala por la Corte Constitucional de ese país la diferencia entre rectificación y réplica. La rectificación es por la divulgación e información errónea o inexacta; la réplica por cualquier afirmación que atienda con las personas, incluyendo, obviamente, su buen nombre y reputación. Eso lo amputa y deja nada más en cuestiones erróneas o inexactas.” Al igual que lo hicieron otros legisladores que votaron en contra, la ley también le da la carga de la prueba al ciudadano y no al medio, y los grupos sociales sin personalidad jurídica no tienen derecho a promover la réplica, porque un requisito para promoverla es tener personalidad jurídica. “El ciudadano tendrá que litigar con Televisa y TV Azteca. El ciudadano tendrá que pagar a su costa la defensa de su honor, el tiempo necesario, ¿cuántos ciudadanos podrán hacerlo? Es una burla, es por tanto el ejercicio un derecho para los poderosos y no para el ciudadano común.” Bartlett se dirigió a sus compañeros senadores: “Piensen en ustedes, piensen en su futuro, los van a hacer pedazos. Pregúntenle a Creel qué le pasó. Nosotros hace 30 años litigamos contra Televisa, le ganamos en la Suprema Corte en aquellos tiempos, y todavía siguen vengándose cada día de esa afrenta”. Recordó que Ricardo Salinas Pliego se apoderó de TV Azteca “sin siquiera pagar nada por ella, asociado a Salinas de Gortari”, y por eso él es sujeto de crítica, y subrayó: “Si ustedes votan hoy esta violación total a la Constitución a las normas internacionales, y se someten a Televisa y a TV Azteca, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a pagar, se los aseguro, lo van a pagar: no van a ser respetables ni en su casa.”
CHILPANCINGO. Gro: Dos cuerpos desmembrados y dos jóvenes heridos fueron encontrados esta madrugada en la parte norte de la capital de la entidad. El hallazgo ocurrió sobre el bulevar Vicente Guerrero, a la altura del puente peatonal de la colonia Tata Gildo, a unos metros de la aeropista habilitada como base de la Policía Federal y el centro de adiestramiento de la Policía estatal. En el lugar, se encontró un mensaje escrito en una cartulina donde se advierte sobre el recrudecimiento de la barbarie, indican reportes oficiales. Sobre el hecho, las autoridades refieren que los dos jóvenes presentaban huellas de tortura. A su lado ubicaron dos bolsas negras que contenían restos humanos.
Vecinos reportaron el crimen y las autoridades demoraron en atender el llamado ciudadano debido a que policías federales y estatales fueron desplazados al puerto de Acapulco para brindar seguridad en la sede del examen de evaluación docente y evitar protestas del magisterio disidente. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422406
Considera infundados los argumentos de los vecinos que se oponen a ese proyecto. Admite que hubo algunas anomalías. Colonos dicen que impugnarán el fallo.
Con cuatro votos en favor y uno en contra, el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) validó el proceso de la consulta sobre el corredor cultural Chapultepec, luego de considerar infundados los argumentos de los vecinos de las colonias Condesa, Roma Norte I, II y III, quienes solicitaban echar atrás ese ejercicio ciudadano. Los magistrados Armando Hernández, Gustavo Anzaldo, María del Carmen Carreón y Gabriela del Valle avalaron el documento presentado ayer en la sesión del pleno, en el que se establecía que si bien hubo algunas anomalías en ese proceso, como la falta de quórum en la sesión del consejo ciudadano delegacional de la Cuauhtémoc, éstas no incidían en el fallo final. El magistrado Eduardo Arana fue el único que votó en contra de dicho acuerdo. Al concluir dicha sesión, los vecinos que presentaron la impugnación en contra de la resolución del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) –que daba por bueno ese proceso de consulta– ofrecieron una conferencia de prensa en la que advirtieron que impugnarán dicho fallo ante la sala regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Mayela Delgadillo, Lucero Rincón Gallardo, María Luisa Illanes, Mario Rodríguez y Édgar Avilés, habitantes de las colonias Condesa, Roma Norte I, II y III, así como la abogada María Sabín, dijeron que con esa resolución los magistrados del TEDF perdieron autoridad moral, pues recibieron línea para torcer la ley y beneficiar los intereses del gobierno capitalino y su proyecto ilegal. Antes, estos mismos vecinos se reunieron con diputados locales del partido Morena en la Asamblea Legislativa, y llamaron al IEDF a ampliar el plazo para capacitar a los ciudadanos que se registraron para participar como observadores en la consulta. Ahí, el diputado Alfonso Suárez del Real dijo que trabajadores de base de la delegación Cuauhtémoc están siendo presionados por el sindicato para que salgan a hacer campaña en favor del sí al corredor. El coordinador de Morena, César Cravioto, informó que con o sin acreditación estarán observando y videograbando en las mesas receptoras de opinión, y si vemos anomalías las vamos a documentar.
En tanto, un grupo de vecinos de las colonias Roma, Condesa y Juárez se manifestaron con mantas y pancartas en la avenida Chapultepec, en su cruce con la calle Praga, en contra del citado corredor, sin afectar la circulación vial. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: Raúl Llanos Samaniego, Rocío González Alvarado y Ángel Bolaños Sánchez. LINK: http://www.jornada.unam.mx/2015/12/03/capital/043n1cap
Un grupo de maestros apagó sus computadoras y luego se retiró de la sede donde se aplica la evaluación de desempeño; cerca de 300 profesores abandonaron el examen porque no alcanzaron una computadora.
Un grupo de maestros que haría la evaluación de desempeño se manifestó dentro del Fórum Mundo Imperial, donde este jueves 3 de diciembre de aplica la prueba a los profesores de Guerrero. Minutos después de que inició la evaluación, los maestros comenzaron a apagar sus computadoras en señal de protesta y luego se retiraron del lugar. Las personas que se encargan de aplicar el examen trataron de platicar con los manifestantes; sin embargo, no lograron convencerlos de permanecer en el interior de la sede, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.
Además, otro grupo de maestros se mostró inconforme porque alrededor de 300 profesores no alcanzaron una computadora para presentar la evaluación y también se retiró del lugar, indica un reporte de la agencia Quadratin.
Al salir, los profesores explicaron que no les indicaron a qué hora podrían presentar su examen y agregaron que al interior del Fórum hay menos de mil docentes, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Esta información fluye mediante mensajes de texto, enviados por los maestros que están dentro del Forum hacia quienes protestan frente a las vallas.
Cerca de una hora después de las primeras protestas en la sede del examen, autoridades de Guerrero calificaron los hechos como un intento de boicot , ya que, indicaron, algunos profesores desconectaron los equipos de cómputo y cortaron el suministro de luz; sin embargo, dijeron el problema fue solucionado, por lo que la aplicación de la prueba continúa.
Desmentimos que proceso evaluatorio se haya suspendido, en este momento los profesores continúan en la Evaluación al Desempeño Docente.
Norma Salgado Reyes, una maestra que salió de la sede, dijo que abandonó la prueba porque no había suficientes computadoras para “300 o 400” personas de la letra “P” en adelante. “Nos tuvimos que salir, los compañeros apagaron todas las computadoras y se suspendió el sistema”, dijo la maestra, de acuerdo con un reporte de Radio Fórmula. En las inmediaciones del Fórum, alrededor de dos mil integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) se manifiestan en contra de la evaluación docente. Los integrantes de la Ceteg marcharon desde la mañana de este jueves hacia la sede del examen. “En la Ceteg estamos en protesta y estamos en contra de estas disposiciones, en este momento vamos a partir en la marcha rumbo al lugar donde se va a realizar ya el examen y estaremos presentes protestando en contra de estas disposiciones”, dijo Ramos Reyes Guerrero, secretario general de la Coordinadora en entrevista con Radio Fórmula. Tras explicar que maestros de siete regiones participarán en las movilizaciones contra la evaluación, el líder de la Ceteg señaló que tratarán de romper el cerco impuesto por elementos de la Policía Federal para resguardar la sede de la evaluación, aunque, dijo, su intención no es que haya enfrentamientos. “Nosotros queremos hacer nuestra protesta de forma ordenada, ahora si la Policía Federal nos agrede, también tenemos compañeros decididos. Vamos a hacer el intento (de romper el cerco de la Policía Federal) lo veo muy difícil porque ante tantos miles que hay de seguridad, pues es difícil para enfrentar y nuestros compañeros saben que no los puedo enfrentar y no quiero verlos derramando sangre”, agregó. La marcha partió del entronque con el viaducto Diamante y fue encabezada por el vocero de la Ceteg, Walter Añorve, y el dirigente de la sección 14 de jubilados del SUSPEG, Robespierre Moreno Benicio. La aplicación de la evaluación comenzó a las 8:00 horas de la mañana de este jueves en el Forum Mundo Imperial, en Acapulco, Guerrero, donde las autoridades estatales esperan una participación de más de tres mil maestros. Los maestros que si presentarán la prueba fueron hospedados desde ayer en hoteles de la zona Diamante de Acapulco y desde las 5:00 horas de la mañana de este jueves comenzaron a ser llevados a la sede del examen bajo resguardo de la Policía Federal.
CHILPANCINGO, Gro: Más de seis mil policías federales y estatales blindaron la exclusiva zona Diamante del puerto de Acapulco para confrontar las protestas del magisterio disidente que se opone a la evaluación docente. Al menos tres mil profesores de educación básica y media superior decidieron presentar el examen que se realizará este día en el centro de espectáculos denominado Forum Mundo Imperial, propiedad del empresario mexicano Juan Antonio Hernández de Grupo Autofín. El gobierno federal pagó a Hernández, al menos 4.6 millones de pesos por alojar en sus hoteles de lujo, el Princess y el Fairmont Pierre Marqués, a los docentes afines a la evaluación, así como a funcionarios estatales y personal del sector educativo que va a implementar el examen, indican reportes periodísticos. Por su parte, integrantes del magisterio disidente alistan protestas por separado en el puerto, ante la división generada por el reparto de prebendas que confrontó a los líderes de las dos principales facciones durante la administración del exgobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez. Desde las 07:00 horas de este jueves, el grupo que dirige Ramos Reyes, se concentra en la glorieta del balneario de Puerto Marqués; mientras que el bloque de Antonia Morales, está en el entronque que conecta el bulevar de las Naciones con el circuito Metlapil. Ambos bloques de la CETEG, se encuentran a un par de kilómetros de la barrera que montaron los policías federales a la altura del centro comercial La Isla y el Forum Mundo Imperial. Al respecto, el gobernador priista Héctor Astudillo Flores justificó el impresionante despliegue policíaco para resguardar la sede de la evaluación docente, argumentando que el objetivo es generar las condiciones de seguridad necesarias para los profesores que serán evaluados.
Ello a pesar de las críticas contra autoridades de los tres niveles de gobierno que mantienen una actitud omisa e indolente frente al tema de violencia, inseguridad y barbarie que prevalece en la entidad donde la delincuencia controla territorios completos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422407
MÉXICO, DF: La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) deberá buscar y entregar a un particular el documento que especifique la finalidad y justificación normativa para recabar datos biométricos cuando se registra a una persona en algún padrón de beneficiarios, incluido el del Programa de la Televisión Digital Terrestre. La dependencia a cargo de José Antonio Meade también deberá dar a conocer el documento que dé cuenta de los datos biométricos recabados, por padrón, y aquel en el que conste el consentimiento expreso de los beneficiarios. Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular a quien la Sedesol le respondió que no cuenta con la documentación solicitada. Además lo orientó a dirigir su petición a las direcciones responsables de ejecutar cada programa y en el caso del programa de trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, le sugirió presentar su petición ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El caso fue turnado al comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov quien al hacer su análisis advirtió que el Padrón Único de Beneficiarios administrado por la Sedesol contiene, entre otros datos, datos biométricos de la huella digital y del iris del beneficiario y por tanto las Unidades Administrativas Responsables de los programas pueden conocer la información solicitada. En el caso del Programa de la Televisión Digital Terrestre verificó que el convenio de colaboración celebrado entre SCT y la Sedesol contiene una cláusula mediante la que la SCT se compromete a proporcionar a Sedesol el padrón con los datos actualizados de recepción de los equipos por parte de los beneficiarios, así como todos los datos biométricos y documentos electrónicos asociados con la entrega. Monterrey Chepov concluyó así que la búsqueda de la Sedesol fue “limitativa” porque no buscó los documentos en todas sus unidades administrativas competentes como la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social y la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional. Además destacó que es comprensible que un particular quiera saber la finalidad y justificación para recabar datos biométricos ya que para ser beneficiario se exige la captura de las diez huellas digitales y la fotografía del iris. “Lo anterior abonaría, sin duda, a transparentar si las dependencias involucradas se encuentran realizando un tratamiento adecuado, pertinente, no excesivo e informado sobre las diez huellas digitales y la fotografía que detentan -con motivo de la recepción de un televisor- de al menos nueve millones de personas que se encontraron en este supuesto”, subrayó.
Por ello propuso al pleno del Inai revocar la respuesta de la Sedesol e instruirla a hacer una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades competentes y entregar al particular los documentos de su interés. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422417
CELAYA, Gto: Los padres de una adolescente de 14 años denunciaron públicamente al médico César Ruiz Torija, quien presuntamente acosó y abusó sexualmente de la joven en su consultorio. Además acusaron que tras un proceso penal “plagado de irregularidades”, Ruiz salió libre bajo fianza y les ofreció 4 mil 800 pesos como “reparación del daño”. También señalaron a un médico legista de la Procuraduría de Justicia del estado, amigo del denunciado, quien aceptó que su colega “la había regado” con su comportamiento y les ofreció resolver el asunto entregándoles una laptop y pagándole la terapia psicológica a su hija. Según se denunció hace poco más de un año, Yesenia salía de la escuela y se dirigía todos los días hacia el consultorio ubicado en la calle Benito Juárez del centro de la ciudad, donde trabajaba su tía, y esperaba a que ésta la llevara a la casa de sus padres. De acuerdo con el papá de la menor quien denunció el hecho inicialmente difundido por el portal Ágora de Celaya, fue en ese lapso que el médico la abordó. Primero se le acercó con halagos y piropos, luego empezó a darle regalos hasta que llegó a los tocamientos sexuales. Los padres de Yesenia advirtieron que su hija estaba afectada porque se negó a seguir acudiendo al consultorio y finalmente se enteraron de lo ocurrido, por lo que denunciaron penalmente al médico en el Ministerio Público en septiembre del año pasado cuando se abrió el expediente 16748/2014 por el presunto delito de abuso erótico sexual. Yesenia fue atendida en la Unidad Integral de la Mujer de la PGJE en esta ciudad donde se le efectuó una evaluación psicológica, de la cual resultó que no presentaba un daño grave. Días después de que se interpuso la denuncia, una familiar sugirió a los padres de Yesenia entrevistarse con el perito Federico Pitalúa Patatuchi. El papá acudió a verlo a una oficina en Apaseo. “Ya hablando con él me dice: ‘Yo pienso que lo que hizo el doctor sí fue una fregadera, por mucho que sea doctor uno no puede tocar a una niña. Sí la regó feo pero, mira, yo de mi parte te voy a ofrecer algo, no sé ustedes quieran o no, te voy a regalar una laptop para la niña y la terapia psicológica que necesite’”, narró el padre de la víctima quien rechazó la oferta. Y aunque esta intervención fue informada por la madre de Yesenia al Ministerio Público, no fue consignada en el expediente. “Nos dijeron que el médico sí se había presentado en la agencia, pero no hay nada de eso en el expediente”, se quejó el denunciante. Pasaron seis meses sin que los padres de Yesenia tuvieran noticias del avance de las investigaciones, hasta que el 23 de marzo pasado recibieron una notificación en su domicilio en la cual el Ministerio Público les informaba que el caso fue desestimado. No sólo eso, los papás de la menor se enteraron de que la resolución fue tomada por el Ministerio Público desde el 30 de octubre de 2014, es decir, un mes después de que se presentó la denuncia penal. “Detuvieron cinco meses la resolución y nada más nos entregaron el papel sin decirnos nada. Nos dimos cuenta de que teníamos cinco días para presentar una apelación y tuvimos que contratar a un abogado para que la hiciera”, explicó el padre de Yesenia. El recurso de inconformidad fue presentado ante una juez en Cortázar. En él se expuso el rechazo al no ejercicio de la acción penal porque se negó el acceso a los informes periciales médicos y psicológicos y por considerar inaceptables los argumentos del Ministerio Público que alegó que el abuso fue consensuado y que la conducta de la menor había influido en los actos del médico. El agente del Ministerio Público a cargo de la investigación tampoco efectuó una inspección física del consultorio del médico Ruiz Torija ni se le practicó un perfil psicológico. “La representación social desestima en forma incorrecta la declaración de la ofendida, así como de los testigos, los cuales son congruentes en su contenido, ya que no toma en cuenta que la ofendida es una menor de edad y que por ello puede ser fácilmente inducida y sometida psicológicamente por el sujeto activo, quien es una persona con estudios profesionales y de la tercera edad”, señala el recurso de apelación. Y agrega que los actos cometidos por el médico los hizo “de forma consciente y en un lugar que él conocía y manejaba a su antojo”. El recurso fue admitido por la juez de Cortázar y prosperó, pues libró una orden de aprehensión en contra del médico. Sin embargo, debido a que el delito no estaba tipificado como grave, el indiciado pudo salir libre tras pagar una fianza de cinco mil pesos. Además los padres de la Yesenia fueron requeridos para llegar a una conciliación con el médico: “Detuvieron al doctor el viernes (20 de noviembre) y a nosotros nos avisaron hasta el 24 (…) me llamaron al juzgado para ver si se hacía una conciliación con el señor éste y él nos ofrece darnos cuatro mil 800 pesos que eso es lo que toca por ley. “Yo no sé de leyes pero ese dinero ¿de qué sirve? ¿Le voy a decir a mi hija: ten este dinero? Por eso quisimos hacer la denuncia pública, para que se sepa que ese señor no es una persona honesta ni confiable como él dice”, acusó el padre de Yesenia.
Decepcionado por la atención que recibieron de las autoridades, el hombre concluyó: “Más bien parece que protegen al inculpado y no a la víctima”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422352
Pese a que los jueces confirman que los despidos son injustificados, la ley impide a los exagentes recuperar su trabajo y sólo tienen derecho a una indemnización. Los expolicías terminan laborando como albañiles, ambulantes y hay quienes se han suicidado, revela abogada que lleva sus casos.
Por escribir con fea letra en las infracciones; por contar con “sobrepeso” sin importar que sea masa muscular y no grasa; por supuestamente recibir dinero en las autopistas aunque en realidad no trabajen en una; por no saber de un procedimiento del que nunca fueron notificados… Son ejemplos de los “motivos” de la Policía Federal (PF) para dejar sin trabajo en los últimos dos años a casi 700 agentes, a los que luego tuvo que indemnizar pagándoles cerca de 250 millones de pesos por orden de jueces y magistrados que concluyeron que eran despidos injustificados. En tres de estas sentencias judiciales, de las que Animal Político tiene copia, los jueces confirmaron que la Policía Federal separó a los agentes bajo el argumento de no ser confiables por múltiples motivos, pero sin mostrar siquiera las pruebas aplicadas y el mínimo sustento de los resultados del control de confianza. Incluso los exámenes en algunos casos ya eran caducos. De acuerdo un informe oficial, revelado vía transparencia, la Policía Federal desembolsó en 2014 poco más de 150 millones para indemnizar a 381elementos, mientras que de enero a octubre de este año ya sumaban otros cien millones para 318 policías. El problema, explicó la abogada Reyna Velasco, que desde 2013 ha llevado más de cien casos de agentes afectados, es que aun con las indemnizaciones los policías no pueden recuperar su trabajo, pues la Constitución les da un trato diferenciado que les impide que puedan regresar al puesto como cualquier otro servidor público. Como consecuencia, varios de los agentes han terminado trabajando en la informalidad, algunos como vendedores y otros como “guardias de seguridad” en empresas “patito”. Hay quienes desarrollaron cuadros de depresión, enfrentaron divorcios e incluso se suicidaron. El propio Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, reconoció en el foro de seguridad Ciudadanos más Policías realizado el 10 de noviembre, que es urgente una reforma al artículo 123 de la Constitución, el cual pone a los policías en una grave situación de vulnerabilidad laboral, pues tienen menos derechos incluso que cualquier otro servidor público que si puede recuperar su trabajo si es despedido sin justificación. “Se trata de que tengan los mismos derechos de otros empleados de la federación, de las entidades federativas, de los municipios (…) Cómo exigirle a la policía que respete derechos, que sea el escudo entre el delincuente y la víctima, si nosotros no respetamos sus derechos y si la propia constitución los discrimina” dijo Sales. Una evaluación mal hecha La Ley del sistema Nacional de Seguridad establece que el proceso de control de confianza es indispensable para que los agentes continúen en el puesto. Consiste en cinco pruebas: el polígrafo, entorno socioeconómico, psicológica, física y toxicológica. En caso de no pasarlo se establece que el policía no tiene el perfil y puede ser removido. Pero las sentencias emitidas por los tribunales a favor de los agentes despedidos en los juicios de nulidad, evidencian fallas graves en la aplicación de este proceso de parte de Policía Federal. Por ejemplo, en el caso del expolicía Germán Rosas Manilla, los magistrados de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal federal de Justicia Administrativa determinaron que el agente fue sancionado un año y tres meses después de que se le aplicaron unas pruebas cuya vigencia era de solo un año. En otro caso, el del policía Arturo Solís Gordillo, los jueces confirmaron que la Policía Federal separó al policía en base a un reporte en donde se determinó que no cumplía el perfil, pero sin sustento de ninguna de las pruebas aplicadas. “No se le permite al agente una real y auténtica defensa, pues aunque efectivamente se le da a conocer un resumen del resultado de las evaluaciones a las que fue sometido, en el expediente administrativo no consta ninguna de ellas (…) esto es, no se le dieron a conocer los motivos por los cuales se consideró que no había aprobado el proceso” señala la sentencia. Las explicaciones que da la Policía Federal para despedir a los agentes en muchos caso van de lo “ilógico a lo absurdo”, señala la abogada Reyna Velasco, que tiene conocimiento de fondo de más de cien de estos casos. Se trata, como confirman los jueces, de motivos sin fundamento. “Hay muchos elementos que no están obesos pero les ponen que tienen sobrepeso y por eso los dan de baja. Hay un agente que tenía un peso determinado pero era por masa muscular y no grasa. Hay otro que le dijeron que su letra no era muy entendible entonces eso hacía que hubiera confusión en el llenado de informes e infracciones. O sea por tener fea letra” dijo la abogada. Las irregularidades sobran. Reyna dice que hay casos de policías que les notificaron que no pasaron evaluaciones que les aplicaron hace cinco o hasta diez años e incluso se han dado situaciones donde no les dicen nunca que les iniciaron proceso de separación y luego, cuando les vuelven a hacer una nueva prueba y les preguntan por ello, los tachan de mentirosos por no conocer lo que nunca se les informó y por ellos los califican de no confiables. “Pobre consuelo” Los 250 millones que en indemnizaciones han recibido los casi 700 policías despedidos, son en promedio 350 mil pesos para cada policía a cambio de un trabajo que perdieron de forma definitiva, y por una razón injustificada según los jueces. La abogada Reyna Velasco explicó que el marco jurídico actual impide que los policías puedan ser recontratados, pues el artículo 123 de la constitución, apartado B Fracción XIII, contempla a los agentes bajo el régimen de otra ley (la de Seguridad) que establece que no se puede recontratar a quien sea dado de baja por control de confianza. “Los funcionarios de seguridad están sujetos bajo un régimen especial según la Constitución. La misma Constitución es la que está coartando el derecho para poder ser reinstalados” dijo la abogada. Sobre este punto ya se pronunció también el comisionado nacional de Seguridad Remato Sales durante su participación en el Foro Ciudadano más Policías. El funcionario dijo que el problema es grave, pues la debilidad laboral que sufren los agentes ante la Constitución se agrava por las fallas en el control de confianza. “Creemos que es necesario replantear este procedimiento. Se le da mucho peso a pruebas como el del polígrafo cuando lo más importante por ejemplo, debería ser el análisis del entorno socioeconómico que es mucho más objetivo” dijo sales. Reyna Velasco consideró que el proceso de control de confianza bien aplicado es una buena herramienta de medición que debe conjugarse con otras. La deficiencia está en que se usa de forma inadecuada y se incurre en excesos. “Los juicios se ganan porque los agentes quedan en un estado de indefensión jurídica, imposibilitados de defenderse en contra de un proceso de separación en donde les dicen que no son confiables pero no les dan pruebas en contra de las cuales puedan argumentar. Al no haber pruebas los jueces consideran que la separación no tiene sustento y anulan el procedimiento” dijo De la quiebra a la muerte El pasado 15 de noviembre el experimentado ex capitán de la Policía Federal Germán Federico Castillo llegó junto con su esposa a su casa tras haber comprado la despensa. Le entregó su cartera a su hija y le dijo que la quería mucho. Salió al patio trasero de su casa en Pachuca, colocó su pistola automática en la sien, y se mató. Aun conmocionada, la esposa del oficial narró a los agentes investigadores que su marido estaba deprimido pues tenía problemas económicos, luego de que lo dieron de baja por un proceso de control de confianza del que llevan meses defendiéndose, sin poder conseguir otro trabajo. “El caso del capitán Castillo no es el primero. En Michoacán también hubo otro agente que entró en un cuadro de depresión y se suicidó. También están los divorcios, hay casos donde pasa un tiempo y la familia se desintegra porque la esposa es quien se hace cargo económicamente de la familia y surge in distanciamiento” dijo la abogada. Aun con una indemnización y con una sentencia que diga que el agente fue separado injustificadamente este queda “marcado”, explica Velasco. La mayoría de las corporaciones serias de seguridad tienen como premisa no contratar ex policías y menos si estuvieron vinculados con un procedimiento de control de confianza. Los ex policías despedidos, primero tienen que lidiar con el costo de llevar su juicio por lo menos un año y si logran solventar eso y tener una indemnización, aun así quedan a la deriva en su futuro.
El bloqueo es a la altura del Parador Marqués, cerca de Chilpancingo, Guerrero.
Esta mañana, normalistas de Ayotzinapa bloquearon la autopista del Sol a la la altura del Parador Marqués; el bloqueo se realizó en cuatro carriles.
Al lugar arribaron elementos de Policía Federal que implementaron un operativo para remover a los normalistas que se encontraban cerca de Chilpancingo.
#Chilpancingo, ya se encuentra libre la circulación en la autopista del Sol, a la altura del parador del Marqués
Los estudiantes se manifestaron de forma paralela a lo que sucede en las movilizaciones en lugares como Acapulco, donde maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) protestan en contra de la evaluación nacional.
#Chilpancingo, personas bloquean la autopista del Sol, a la altura del parador del Marqués, tome sus precauciones
CUERNAVACA, Mor: El alcalde electo de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo se reunió con el fiscal general Javier Pérez Durón para conocer el estado de las cuatro carpetas de investigación relacionadas con “el desfalco” al municipio durante las últimas dos administraciones. Al salir del encuentro que duró más de una hora, resumió así la situación: “Está cabrón lo que se robaron”. “Vengo a trabajar por los ciudadanos y eso incluye continuar con las estas denuncias que ya fueron promovidas en su momento. Nosotros vamos a participar con las autoridades para que se dé con los responsables, vamos a trabajar y vamos a hacerlo bien”, abundó. Blanco dijo que acudió ante la Fiscalía para exigir que se investigue y castigue a los alcaldes que han gobernado Cuernavaca desde 2009: los priistas Manuel Martínez Garrigós, Rogelio Sánchez Gatica y Jorge Morales Barud. El año pasado la Procuraduría inició una investigación contra el exalcalde sustituto de Cuernavaca Rogelio Sánchez Gática por el delito de peculado por una suma superior a los 150 millones de pesos, derivado de las denuncias que interpuso la actual administración, que encabeza su correligionario Jorge Morales Barud. La denuncia de Blanco también fue vista como una ruptura del exfutbolista con Martínez Garrigós, su principal aliado durante la elección que llevó a Blanco al triunfo. En el presunto desfalco también estaría involucrado el hijastro del gobernador Graco Ramírez, actual líder del PRD en Morelos, quien fuera secretario municipal de la administración de Martínez Garrigós. El expriista que gobernó en Cuernavaca de 2009 a 2011 evidenció su enojo con Blanco a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Facebook en el que califica al alcalde electo de “malagradecido” y lo retó a un debate y que se sometan al polígrafo. En su mensaje afirmó que él fue el principal aliado de Blanco en la elección del pasado 7 de junio. “Juntos construimos la victoria que obtuviste y nunca imaginaste”, señala Garrigós en su publicación y agrega: “Te dije entonces y te reitero: cómo olvidar que ni tú ni tus flamantes aliados (los hermanos Yáñez Moreno del PSD), sabían leer una simple encuesta de salida, así de limitados”. Luego reta al exfutbolista a un debate abierto frente a la ciudadanía. “Pon fecha, hora y lugar”, le dice y le pide someterse a la prueba del polígrafo para que le diga qué le conoce, que diga si tenía la residencia en Cuernavaca y si es cierto que le pagaron ocho millones de pesos “vía contrato” para que lo hiciéramos ganar” en la elección de junio. Martínez Garrigós asegura también que su gestión en la capital ha sido auditada en varias ocasiones mediante cuatro procedimientos administrativos ante la hoy Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos “todas ellas combatidas en juicio de amparo indirecto por violaciones claras a mis derechos fundamentales”. Además de “un ilegal desafuero que enfrenté con juicio de garantías y con juicio de protección de los derechos políticos que por cierto gané contundentemente”. Luego se burla del exfutbolista: “Tengo presente que no lees mucho entonces en síntesis para no aburrirte tengo veintiún procedimientos ante distintas instancias y en ninguna han podido demostrar mi supuesta culpabilidad por una razón muy sencilla: todo es político nada jurídico, que lástima que por tus limitaciones políticas y personales no lo alcances a ver”. Reitera rechazo al Mando Único Previo a la reunión en la fiscalía, Blanco sostuvo un encuentro con representantes empresariales del Consejo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Cuernavaca) a quienes les expuso su plan de seguridad para la capital morelense y reiteró su negativa de mantener a la capital morelense dentro del esquema del Mando Único. Según el exfutbolista durante sus reuniones con vecinos en las diferentes colonias la mayoría se pronunció por la eliminación del Mando Único. Y dijo a los empresarios presentes: “Ahora ustedes integrantes de tres cámaras empresariales expresan su preocupación por que sus negocios están siendo afectados por diferentes delitos, efectivamente no hay respuestas cuando se pide auxilio. “Tengo muy claro que recibiré críticas y eso no me preocupa, estoy acostumbrado a trabajar bajo presión y nada me va a impedir trabajar por Cuernavaca”, expresó el alcalde electo quien encabezó junto con Carlos de la Rosa Segura, el análisis y estrategia en materia de Seguridad Pública presentado a los integrantes de las diferentes cámaras empresariales. En el encuentro también estuvo Carlos de la Rosa encargado de la nueva administración en el área de seguridad quien explicó a los empresarios el plan de seguridad de Blanco que incluye la creación, en una primera fase, de las llamadas Bases de Operaciones Mixtas que permitirán “blindar” la ciudad con la construcción de 12 módulos de seguridad en las 12 entradas del municipio que contarán con cámaras de vigilancia y cinco elementos de la nueva policía municipal, además de una patrulla y un radio de comunicación. En una segunda fase se planteó de construir 30 módulos de seguridad, así como la operación de 500 cámaras en el municipio que se sumarán a los ayudantes municipales de los 12 pueblos de Cuernavaca y los consejos de colaboración de las más de 200 colonias.
El exdiputado recalcó que el Mando Único que el gobierno estatal pretende imponer en la ciudad no ha dado resultados pues a dos años de su funcionamiento Morelos es primer lugar en incidencia delictiva de extorsión, cuarto en secuestro, tercero en homicidio doloso y cuarto en robo de vehículos de manera violenta. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO) LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422391
MÉXICO, DF: Con los votos de PRI, PAN, Verde y Panal, la Comisión de Hacienda aprobó cambios al Pensionissste, donde se deja la potestad al Ejecutivo federal de que lo desaparezca cuando así lo considere necesario. Después de varias modificaciones que se hicieron a la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo el pasado 8 de febrero, los diputados sometieron a votación un dictamen que no habían leído y fue distribuido apenas una hora antes de la sesión de este miércoles 2. Entre los cambios destaca que el Pensionissste será una empresa paraestatal 100% del gobierno y no una empresa de participación estatal mayoritaria, como lo planteó el Ejecutivo federal. Otro cambio es que los nueve representantes de trabajadores en el Consejo de Administración serán nombrados por el presidente de la República, aunque en el limbo quedó qué se hará con los remanentes de las pensiones de los trabajadores el servicio del Estado. En el Consejo de Administración del nuevo Pensionissste, que se conformará con 18 miembros –nueve representantes del gobierno y nueve de los trabajadores–, tendrá el voto de calidad el secretario de Hacienda, quien a final de cuentas decidirá cómo será el manejo de poco más de 102 mil millones de pesos de los burócratas, y es que las reservas de las pensiones y su destino quedaron en manos del nuevo Consejo. Legisladores de Morena, MC y PRD reclamaron que se votara un dictamen sin conocerse previamente y que se distribuyó una hora antes del inicio de la sesión. Además, los diputados de Morena impugnaron que quedara en la ambigüedad la reforma, pues en algunos artículos se refieren al nuevo Pensionissste como como un ente de participación estatal mayoritaria y en otros como empresa paraestatal. De tratarse del primer caso, el 51% de las pensiones se manejarían por el Estado y 49% por la banca privada; en la segunda fórmula quedarían en manos del Estado el 100% de los recursos pero, al ser paraestatal, el Ejecutivo federal puede determinar en cualquier momento su liquidación, tal como sucedió con Luz y Fuerza del Centro (LFC).
El dictamen de la Comisión de Hacienda se votará este jueves 3 en el pleno de la Cámara de Diputados. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422396
MÉXICO, DF: La mezcla mexicana de petróleo alcanzó hoy una cotización de 32.30 dólares por barril, el índice más bajo desde el 30 de diciembre de 2008, según datos de Petróleos Mexicanos. Fue la tercera caída consecutiva en esta semana y la de este miércoles fue de 4.3% equivalente a 1.45 dólares menos. Por su parte el petróleo estadunidense cerró en 39.94 dólares por tonel que significó un desplome de 4.6% y fue la primera vez desde el 26 de agosto que se vendió en menos de 40 unidades. El declive de los petroprecios obedeció al nivel de inventarios de crudo que dio a conocer esta mañana la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Según la dependencia las existencias en ese país subieron en 1.2 millones de barriles la semana pasada lo que representó su décima semana consecutiva al alza y además contrastó con la reducción de 471 mil toneles que esperaba el consenso del mercado.
Los inventarios de petróleo en Estados Unidos ascienden a 489.4 millones de barriles y está a sólo 1.5 millones de igualar el máximo histórico de 490.9 millones alcanzado en abril pasado. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422390
México, DF. El Partido del Trabajo fue revivido por segunda vez por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Cinco de seis magistrados votaron a favor de permitirle buscar los votos que requiere para alcanzar el 3 por ciento de la votación requerida en las elecciones extraordinarias, que se celebrarán en el distrito 01 de Aguascalientes el próximo domingo. La única voz disonante fue la del magistrado Flavio Galván, quien rechazó que un par de artículos de dos leyes electorales sean inconstitucionales, como señalaron sus colegas. La magistrada ponente María del Carmen Alanís propuso inaplicar porciones de los artículos 94, párrafo primero, inciso b de la Ley de Partidos Políticos y artículo 24 párrafo tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe). O sea, los consideró inconstitucionales. “Como consecuencia de la revocación de la resolución que emitió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la cual declaró la pérdida del registro del partido político, esta declaratoria dejaría de surtir efectos jurídicos, debiendo regresar la situación del Partido del Trabajo al momento previo a la emisión de dicho acuerdo que declara la pérdida del registro”, explicó la magistrada. Pero aclaró que dicha fuerza política se mantiene en la etapa de prevención que ya previamente había sido ratificada por esta Sala Superior, hasta en tanto se celebren las elecciones extraordinarias en el Distrito 01 de Aguascalientes para, concluidas éstas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y posteriormente la Junta General Ejecutiva, tendrá que emitir la resolución correspondiente por lo que hace al registro del Partido del Trabajo. El magistrado Pedro Esteban Penagos respaldó la postura de Alanís al plantear que el PT tiene la razón al considerar que ambos artículos mencionados son inconstitucionales. “El asunto es claro y esto independientemente de que la elección concluye cuando, desde luego, se celebran elecciones válidas en los 300 distritos electorales, tratándose de elecciones intermedias. Por lo cual claramente se excluye el que se pueda considerar que no deben de tomarse en consideración las votaciones tomadas en las elecciones extraordinarias”, indicó. El magistrado Salvador Nava Gomar coincidió en calificar de inconstitucionales dichas normas, “por la sencilla razón de que para obtener el derecho a permanecer con el registro o tener el registro en cada elección, hay que obtener el 3 por ciento de la votación en la elección”. “¿Cuál es la interpretación más favorable? Hombre, pues que puedan participar, una vez que se tenga el resultado de los 300 distritos. Ese es mi punto de vista, y por eso es que acompaño el proyecto”, expuso. El magistrado presidente Constancio Carrasco también coincidió con sus colegas lo mismo que González Oropeza. Este último señaló que es equívoco y contradictoria el artículo 24 constitucional de la Legipe. “No es posible decir eres la nada jurídica y puedes participar en la elección extraordinaria. No lo dijo el magistrado Galván, ese fue el sentido, el significado. No soy su interprete. Se vale que sea uno interprete de lo que dicen los colegas después de nueve años de estar entendiendo cuáles son sus votos particulares”.
Una larga historia Desde las elecciones del 7 de junio, el futuro del PT ha sido incierto, dado que quedó a unos tres mil votos de obtener el 3 por ciento necesario para mantener el registro como partido político nacional. A principios de septiembre, la Junta General Ejecutiva del INE determinó la cancelación de su registro y el del Humanista, sin embargo el Tribunal Electoral lo revivió un par de semanas al considerar que era necesario que el Consejo General del instituto se pronunciara al respecto. Al final, el INE le volvió a quitar sus registros a los petistas y al Partido Humanista pese al respaldo recibido por otros ocho partidos políticos, incluido el PRI que hizo una airada defensa, sobre todo del PT, partido que luego se aliaría al tricolor en las futuras elecciones extraordinarias de gobernador en Colima.
A cuatro días de que se celebren las elecciones en Aguascalientes, el Tribunal Electoral le dio vida a este partido político, ya que podrá aspirar a conseguir los votos que le faltan (aproximadamente, unos siete mil) para seguir en el mapa político nacional. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CLAUDIA HERRERA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/02/pt-revive-por-segunda-vez-gracias-al-tepjf-5507.html
México, DF. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en contra de la Industria Petrolera. El contenido de dicho ordenamiento criminaliza a las personas que obstruyan o impidan de forma total o parcial el acceso o el funcionamiento a las instalaciones de la citada industria. Los diputados del PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Nueva Alianza aprobaron el dictamen, que impone penas de prisión de tres a seis años y multas de 3 mil a 6 mil días de salario mínimo a quien participe en los bloqueos a las instalaciones petroleras. En contra, los partidos Morena y Movimiento Ciudadano consideraron ominoso el contenido del dictamen, porque protege de forma definitiva al capital privado por encima del derecho a la libre manifestación. Los artículos 20, 21 y 22 del dictamen castigan de forma severa a las personas que procuren impedir la ejecución de una obra o trabajos lícitos de la industria petrolera o los destinados a la prestación de un servicio público.
