Una camioneta de federales vestidos de azul marino, con chalecos negros y armas largas, patrulla sobre la avenida Lázaro Cárdenas, el acceso principal a Ciudad Altamirano.
La imagen es común en estos días y desde antes de que el gobierno de Enrique Peña Nieto tomara el control de la seguridad en el municipio de Pungarabato y el resto de los municipios de la Tierra Caliente, luego de la tragedia del año pasado en Iguala, al norte del estado.
El patrullaje puede ser de federales -que se asientan en hoteles de la zona, los cuales toman por completo-, o en menor medida, también de militares, quienes tienen un cuartel a la salida de Altamirano.
Pero la apariencia de que hay elementos de seguridad en la calurosa cabecera municipal, enclavada entre cerros y ríos, es sólo eso: una apariencia.
Desde la llegada del presidente Enrique Peña Nieto -hace 3 años- no han sido atendidas las extorsiones que, año con año, previo a Navidad, comienzan a cobrar los integrantes de un brazo del crimen organizado, dedicado a los secuestros, extorsiones y narcotráfico, además de generador de diversos hechos violentos, en al menos 4 municipios de la región de Tierra Caliente: Pungarabato, Cutzamala, Coyuca de Catalán y Arcelia.
No se necesita una acción de inteligencia para dar con los responsables.
El gobierno federal tiene toda la información: se trata de una célula de Los Caballeros Templarios, encabezada por “José Pineda”. Quienes lo conocen le dicen simplemente “don José“.
Pero ese -apuntan los datos entregados al gobierno federal para que actúe- no es su nombre real. En realidad se llama Rodolfo Maldonado Bustos, y se le puede encontrar en Cutzamala de Pinzón, ubicada a unos 30 minutos de Altamirano.
La Secretaría de la Defensa Nacional tiene información sobre el líder de la banda, pues según su comunicado del 22 de octubre de 2012 -antes del cambio de gobierno federal-, el narcotraficante se les escapó a los militares, durante un presunto golpe contra dicha célula que azuza la Tierra Caliente.
El boletín de la Sedena dice, no obstante, que se logró la detención de “siete presuntos integrantes de la organización delictiva ‘Los Caballeros Templarios’”.
El comunicado del Ejército indicó que los 7 detenidos en aquel entonces manifestaron pertenecer al grupo de seguridad de GREGORIO ABEJA LINARES (a) “EL GÜERO ABEJA” y de JOSÉ PINEDA GONZÁLEZ y/o RODOLFO MALDONADO BUSTOS (a) “DON JOSÉ”, jefe regional y lugarteniente de “Los Caballeros Templarios”, respectivamente, y que fueron estos dos sujetos los que habían logrado huir.
A los 7 detenidos les decomisaron lo siguiente:
Quien no corrió con la misma suerte que Rodolfo Maldonado fue Gregorio Abeja, quien fue detenido en agosto 2013, en un fraccionamiento residencial de Morelia, Michoacán.
‘Don José’ siguió libre y después de aquellos hechos, año con año manda a cobrar “la cuota”, a través de un simple pedazo de hoja de papel, a cientos de comerciantes de Tierra Caliente -testimonios mencionan que incluso tiene una lista-, sin importar si son grandes, medianos o pequeños y pese a la presencia militar y federal en la zona.
Lo que el narco pide a los comerciantes depende del tamaño del negocio. Uno de los números a los que pide marcar esta banda de Templarios es el siguiente: 767 101 66 35.
Pero no sólo buscan el dinero de los comerciantes.
Además, el grupo delincuencial va tras los Ayuntamientos. Ese es el caso del de Pungarabato, donde en las pasadas elecciones perdió el PRI y ganó el PRD por menos de 100 votos.
El candidato ganador fue Ambrosio Soto Duarte, quien asumió su cargo apenas en octubre pasado. Pasaron unos días y el 18 de ese mes, recibió en su teléfono un mensaje: “se le pidió que se arrime a platicar, no se arrimó, es en buen plan, y usted no quiere… para mañana lunes (19 de octubre) quiere los 3 millones acordados… si pasa un día será el doble”. El presidente los ignoró porque no estaba dispuesto a pagar.
Sin embargo, las amenazas continuaron a través de mensajeros que llegaron hasta sus refaccionarias, las mismas que decidió cerrar más de una semana por temor a represalias.
El alcalde -como otros comerciantes que temen ser extorsionados o se niegan a pagar lo que les piden- decidió bajar las cortinas:
La presión para el edil de Pungarabato lo llevó a poner su renuncia sobre la mesa de su partido. Sin embargo, para que ésta procediera tendría que presentarse una solicitud de licencia (no una renuncia) ante el Congreso del estado.
El PRD presentó una denuncia de hechos, por lo que ocurre en la Tierra Caliente de Guerrero, ante la Procuraduría General de la República, de la cual no ha tenido respuesta. No obstante, desde esta semana el alcalde pungarabatense ya cuenta con escoltas.
Los datos que tiene en su poder el gobierno federal sobre la organización delictiva que se ha convertido en el flagelo de la región son por demás contundentes.
La autoridad municipal -se pudo corroborar- ya entregó toda la información al gobierno federal y sólo obtuvo como respuesta una promesa: “se va a actuar”.
Mientras que este mes las denuncias ciudadanas se multiplican.
Decenas de comercios analizan qué hacer cuando les llega el papel; no saben si pagar o no. O no tienen dinero para cumplir con lo que los delincuentes les piden.
Muchos comerciantes optan por negociar un pago de cierta cantidad de dinero, acercándose a lo que les piden, pero poco menos de lo que les dijeron en principio.
En Ciudad Altamirano, la cabecera del municipio de Pungarabato, es hostigado desde el pequeño comerciante, hasta los grandes negocios, a los que el grupo delincuencial busca exprimir a como dé lugar.
Algunos de la banda de extorsionadores -cuyos mensajeros suelen ser jóvenes- se toman la molestia de indicar: “Le manda esto don José”, para dejar claro que no es un simple aviso de cualquiera. Se trata del grupo criminal más grande en esta región del estado colindante con Michoacán.
“Cualquier salida es complicada”
La amenaza más grande pesa ahora sobre el presidente municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, quien aunque lleva dos meses en el cargo, reconoce en una charla: “La verdad pensé que iba a ser más fácil arreglarlo”.
Sobre su cabeza da vueltas la advertencia: o paga (con el dinero del municipio) o se atiene a las consecuencias. Y sólo el grupo delincuencial sabe sus propios planes.
El grupo de Templarios le pidieron, además de los 3 millones de pesos, una parte de las ganancias de una de las ferias más grandes de la región, conocida popularmente como “La Expo”, de la que se obtienen miles y miles de pesos en diez días de espectáculos, juegos y deportes.
Los delincuentes le dijeron a Soto que el año pasado, el entonces presidente municipal (de extracción priista), Reynel Rodríguez, y los organizadores de la feria, les dieron 600 mil pesos, además de ganado. Todo para el narco. Eso, sumado a la cuota que, según reportes locales, pagaba sigilosamente el anterior Ayuntamiento de Pungarabato al mismo grupo criminal.
El alcalde conocido localmente como “Bocho” dice que no está dispuesto a seguir pagando: “Tenemos que poner a un alto”, asegura. “No se hace nada (contra las extorsiones), ni la autoridad federal ni la estatal”.
Soto Duarte alertó al PRD de lo que ocurre en la región:
“Yo decidí poner en manos del Comité Ejecutivo Nacional (del PRD) mi puesto y decirle que yo no puedo seguir así en estas condiciones, porque mañana voy a estar en la cárcel por faltantes, porque me faltan recursos porque no compruebo, o seguramente voy a estar en la cárcel como el presidente de Cocula (quien se reunió con un líder del grupo criminal “Guerreros Unidos)”, revela el mandatario local en una conversación telefónica.
“Es una decisión complicada, difícil, no tienes más alternativas: la cárcel o la amenaza de muerte que existe (en su contra), cualquier salida para nosotros es complicado”, agrega. E indica que su futuro lo definirá su partido -que no está dispuesto a perder un municipio arrebatado al PRI-, por lo que seguirá trabajando al frente del Ayuntamiento.
El caso de Ambrosio Soto es sólo la punta del iceberg: las extorsiones a los comercios de Ciudad Altamirano escalaron al grado que las grandes cadenas nacionales no están exentas.
Hace unos meses llegó a Altamirano la tienda Coppel, cuyo gerente fue levantado la semana pasada, por no dar el pago que le solicitaron.
Trasnacionales como Coca Cola han sufrido también la inseguridad: en junio pasado, cerró en definitiva su planta en Arcelia, luego de que en 2014 cuatro camiones de la empresa refresquera fueron retenidos e incendiados. A mediados de este año, sus más de 120 trabajadores en Arcelia fueron liquidados.
A finales de este mes, las amenazas se multiplican: a las purificadoras de agua de la zona les pidieron 25 mil pesos; a un sitio de taxis, 50 mil; a una refaccionaria le exigen 100 mil pesos; a una empresa llantera, 200 mil; a las tiendas de una misma familia, la extorsión se eleva hasta el millón de pesos.
Reportes recientes apuntan que otro de los grandes empresarios de la región, Humberto Flores, también fue amenazado y cerró dos gasolineras que administra: una en el centro de Arcelia y otra en la carretera Arcelia- Iguala.
De acuerdo con los comerciantes consultados en Pungarabato -quienes pidieron omitir sus nombres- la cuota de este año es prácticamente el doble de la que les pidieron el año pasado. Lo que ellos creen es que se elevó debido a que el Ayuntamiento de Pungarabato no les ha pagado a los delincuentes, como presuntamente lo hacía la administración anterior.
Actualmente, la fuerza municipal es mínima: sólo hay 38 policías municipales, de más de cien que le corresponden a Pungarabato. El motivo: el mes pasado fueron dados de baja más de 50 elementos que no aprobaron el examen de confianza y otros por motivos de salud.
En tanto, las fuerzas federales presentes en la región repiten una actitud que han venido sosteniendo desde hace meses. En diciembre 2014, El Sur documentó cómo reaccionó un policía federal en su base de Coyuca: “Un grupo de comerciantes acudió a la base de la Policía Federal en Coyuca de Catalán para reclamarles su pasividad ante el cobro de la cuota anual, pues la mayoría de los locatarios de la avenida principal ya pagó la extorsión, aun cuando está la base a pocos metros de ellos. El reclamo se debió a que, nuevamente a otros más les entregaron un papel con un número telefónico para que negocien el pago, sin que se haya dado ninguna acción por parte de la Policía Federal.
“¿A poco los están extorsionando?”, preguntó uno de los policías de guardia a los comerciantes que se presentaron en su base, y no hubo ninguna acción de parte de los federales, que incluso llamaron a su jefe quien se metió al hotel donde se hospedan para no escucharlos más”.
El dos veces alcalde de Pungarabato, Víctor Mojica Wences -quien el año pasado se enfrentó directamente con uno de los extorsionadores- preguntó en su Facebook en noviembre pasado: ”¿Servirá de algo sumarse a la indignación que corre en todo el estado por la ola de violencia y terror que se vive actualmente? ¿Y decir algo sobre ello hará que las autoridades federales, estatales y municipales actúen ya?”
Y lamentó: “En Cd. Altamirano en las narices de las policías y militares los extorsionadores van y vienen por la calle principal”.
-¿Y la seguridad, dónde está el operativo federal de la Tierra Caliente, dónde están?-, se le pregunta al actual presidente municipal Ambrosio Soto.
-No los veo yo.
-Patrullan en su municipio…
-No veo nada yo. La situación es muy complicada, lo debe de saber la Federación, lo debe saber el estado, y mientras quienes estamos sufriendo es la gente de a pie, la gente que estamos acá, es del dominio público todas las extorsiones que hacen, mucha gente lo ha externado, están cerrando negocios porque no hay dinero pues, la situación económica es difícil, yo creo que es muy complicado seguir en este ambiente.
Los comerciantes viven en una línea de fuego: pagar o no. O huir.
En Pungarabato ya analizan otra opción que algunos ven lejana: organizarse, armarse y enfrentar directamente a los delincuentes.
