Desde junio pasado, tanto la Dgadyr como la Secretaría de Servicios a la Comunidad fueron enteradas de los hallazgos de la fiscalización. También la Rectoría, entonces a cargo de José Narro Robles, conoció el caso; sin embargo durante el resto de su gestión nada ocurrió.
Aún en el entrante rectorado de Enrique Graue la protección continuó: los documentos relacionados, incluida la auditoría, fueron reservados como “confidenciales” por la nueva administración, y a una parte de los implicados se le permitió salir de la Universidad de forma callada, sin aspavientos. Hasta ahora, ninguno recibió sanción alguna.
El motivo de la fiscalización fue “la revisión de las operaciones financieras y procedimientos adoptados para el cumplimiento de las obligaciones derivadas” de los acuerdos celebrados entre la Dgadyr, a cargo de Severino Rubio Domínguez, y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con Jesús Mena al frente, por los cuales la primera recibió un “patrocinio” de 20 millones 700 mil pesos “con motivo de la Olimpiada Nacional 2014”.
Y el resultado asentado en el informe número DGRIRP/DERE/01/2015 es contundente:
-Desvío de 829 mil 232.98 pesos “al pago de conceptos ajenos a los fines específicos acordados” entre la Conade y la UNAM,
-“El 30.8 por ciento de las erogaciones, que importaron 6 millones 381 mil 535 pesos, se realizaron con cargo a fuentes distintas al patrocinio otorgado por la Comisión,
-“Pago de sobreprecios en la adquisición de 2 mil 500 gorras y 2 mil 500 llaveros por un importe de 240 mil 425 pesos,
-“Carencia de contratos por los servicios y adquisiciones pagadas,
-“Erogaciones por servicios y adquisiciones de bienes muebles por importe de 20 millones 700 mil 661.37 pesos sin que se hubiera acreditado el haber obtenido las mejores condiciones de compra, relativas al costo, calidad, oportunidad, garantía, etcétera”, pues no se celebró licitación alguna, y
-“Falta de registros que acreditaran el número total de participantes de la Olimpiada Nacional 2014, a los que se brindó el servicio de hospedaje, alimentación, transporte y entrega de llaveros conmemorativos, ropa deportiva y morrales.”
La conclusión a la que llegó la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial (órgano encargado de la evaluación) fue que la Dgadyr “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera de los recursos”, lo cual se habría traducido en un daño patrimonial a la Universidad.
Olimpiada 2014, enlodada desde el principio
La Olimpiada Nacional 2014 contó con siete subsedes: Boca del Río, Xalapa; Jalisco, Puebla, Morelos, Estado de México, y la UNAM.
A la Universidad le tocaba organizar las competencias de seis deportes: remo, hockey sobre hielo, nado sincronizado, polo acuático, tiro con arco y canotaje.
Cuatro locaciones fueron las elegidas para llevar a cabo los eventos asignados a la casa de estudios, tres de las cuales no pertenecen a la UNAM: la pista de hielo de la Universidad Intercontinental, la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe, la piscina del Comité Olímpico Mexicano y el campo de tiro con arco Lauro Franco, el único en Ciudad Universitaria.
Sólo 15 días antes del inicio del certamen, la Dirección de Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos de la Conade le notificó a la Dgadyr que la UNAM había sido nombrada como una subsede más debido a problemas no resueltos en Veracruz (oficio SGCF/DEDNS/116/2014).
A pesar de ello, la dirección adscrita a la Secretaría de Servicios a la Comunidad Universitaria aceptó.
Asumido el compromiso, el 25 de abril, a cinco días de la inauguración, la Conade y la Dgadyr firmaron el Anexo específico de Apoyo Financiero 37753-943-23-IV-14, en el cual la Comisión de Jesús Mena le prometió a la dirección de Severino Rubio que antes de terminar el mes le entregaría 14 millones 200 mil pesos para la organización de la justa.
Pero hubo un problema: “no fue sino hasta el 12 de junio de ese mismo año que la Institución tuvo el recurso en su cuenta bancaria, es decir, 12 días naturales posteriores a la conclusión del evento y 43 días naturales posteriores a su inicio”.
La Conade incumplió y la Tesorería de la UNAM tuvo que entrar al quite con 2 millones 301 mil 318 pesos. La Dgadyr pidió el auxilio “con la promesa de reintegrar el dinero cuando recibiera el subsidio” (sic). Ya era el 20 de mayo, ya habían transcurrido tres semanas de competencia.
La Olimpiada terminó sin que la Conade cumpliera lo firmado. En compensación, mientras se celebraban las ceremonias de clausura, el 3 de junio se suscribió un Adéndum para ampliar la cifra del “apoyo” en 6 millones 500 mil pesos extra.
En total, el patrocinio quedó en 20 millones 700 mil pesos. De esta cantidad, la Dgadyr le depositó a la Tesorería sólo 11 millones 506 mil 593.5 pesos.
Sombra de corrupción en la Dgadyr
La jornada del 10 de junio de 2015 no cerró como una más para Severino Rubio Domínguez, la noche comenzaba a caer cuando en su oficina recibió una radiografía de la pudrición del área que dirigió por designación del entonces rector José Narro. A las 7:37 llegó al sur de Ciudad Universitaria el documento que al final de cuentas terminaría dejándolo fuera de la Universidad.
Tres meses había tardado en hacerse la revisión, y sólo dos días antes el director General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, el licenciado Humberto Moheno Diez, había firmado la auditoría.
El informe DGRIRP/DERE/01/2015, realizado a instancias de la Contraloría de la Universidad, cuenta qué fue de los millones de pesos en manos de los funcionarios adscritos a la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, dependencia supervisada por la Secretaría de Servicios a la Comunidad, entonces a cargo de Enrique Balp Díaz.
La Olimpiada Nacional ya había terminado cuando por fin la Dgadyr recibió los montos prometidos por la Conade. La presión por sacase de la manga la organización del evento había pasado. Y el dinero llovió, por millones.
Todo empezó mal desde la cuenta que se utilizó para recibir los “apoyos”:
“Los recursos federales proporcionados por la Conade deberán manejarse en una cuenta bancaria específica […] Por ningún motivo los recursos federales se mezclarán con otros que tengan una fuente diferente”, asienta sin dejar lugar a interpretaciones el cuarto numeral, fracción I, de los Lineamientos que Establecen el Procedimiento que Deberán Observar los Organismos e Instituciones Públicas y Privadas para Efectos de Comprobar los Recursos Federales Sujetos a las Reglas de Operación Vigentes que Reciben por parte de la Conade. También el instrumento consensual celebrado reafirmó lo que se debía hacer para recibir los dineros.
Pero la Dgadyr dejó a un lado tal obligación y registró ante la Conade “la cuenta bancaria 012180004466344942 a nombre de la UNAM, en la cual se depositan los ingresos extraordinarios que captan las entidades y dependencias universitarias, en lugar de registrar una cuenta específica para estos apoyos”.
¿Cuál fue la consecuencia de esto? La Contraloría resumió en tres puntos:
-“Falta de transparencia en el ejercicio de los recursos autorizados,
-“riesgo de sanciones a los funcionarios y empleados universitarios involucrados en el incumplimiento, y
-“una posible solicitud por parte de la Secretaría de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación a la Conade para la suspensión de recursos [apoyos] en ejercicios subsecuentes.”
La Conade depositó en la cuenta que le señalaron, y se lavó las manos. No siguió el camino de los recursos públicos que soltó. Por su parte, la Dgadyr solicitó a la Dirección General de Finanzas realizar el registro contable a la cuenta 204-562-010 denominada “Ingresos extraordinarios por apoyo a la docencia en investigación captados mediante CFD (comprobantes fiscales digitales)”.
Los malabares corrieron a cuenta de la Secretaría Administrativa de la Dgadyr, comandada el contador por José Luis Marín Correa. Por ejemplo, indican los auditores, su oficina no utilizó “exclusivamente para el pago a proveedores de bienes y servicios del evento la cuenta contable de ingresos extraordinarios 204-562-010 […] ya que autorizaron se erogaran recursos con distintas fuentes por 4 millones 868 mil 603 pesos, equivalentes al 23.5 por ciento del patrocinio”.
Dicha Secretaría incluso postergó pagos de facturas emitidas desde junio por 1 millón 461.7 mil pesos, “situación que expuso a la Universidad al riesgo de tener que destinar costos adicionales por posibles reclamos y demandas por parte de los proveedores”.
Hasta abril de 2015 Severino Rubio comunicó a la Contraloría que ya: que ya se había pagado; sin embargo tales erogaciones fueron cubiertas “con recursos del presupuesto del ejercicio 2015”. En total, incide la Contraloría, 4 millones 602 mil 70.45 pesos del presupuesto sufrieron mordidas por parte de la Dgadyr. Todo a pesar del patrocinio recibido.
“El hecho de disponer de recursos presupuestales y no del patrocinio para sufragar gastos del evento deportivo, generó la distracción de recursos que pudieron impactar en el desarrollo de otros programas y proyectos aprobados, dado que la Secretaría Administrativa no proporcionó evidencia del reintegro de los recursos al presupuesto de la Dgadyr”, anotaron los auditores sin saber que la UNAM quedaría en el antepenúltimo lugar en la tabla de eficiencias de la Olimpiada 2015: lugar 33 de 35, sólo menos peor que el Instituto Politécnico Nacional y el estado de Guerrero.
Eso fue sólo la punta.
Pudrición detallada
Los gastos, oficialmente, se concentraron en siete conceptos: hospedaje, alimentación, reuniones de trabajo, transportación, equipamiento y logística, jueces y “gastos varios”.
13 millones 48 mil 173.10 pesos se fueron en el “hospedaje, alimentación y reuniones de trabajo”, de los cuales se encargaron nueve hoteles, el Comité Olímpico Mexicano y tres empresas. Todos fueron contratados por adjudicación directa, lo cual violó normativas federales.
¿Qué razón dio la Dgadyr?
“Un evento de esa naturaleza (Olimpiada Nacional 2014), obliga a que se consideren para cotizar únicamente los hoteles más cercanos a cada una de las sedes deportivas”, respondió Severino Rubio.
Empero la falta de licitación no fue lo grave: “En ningún caso el responsable del Departamento de Compras [Érika Minerva Alamilla Carrasco] ni el secretario Administrativo [el ya citado José Luis Marín Correa] elaboraron los contratos respectivos, por lo que no se regularon las condiciones de los servicios prestados y su costo”.
Es que no les dio tiempo, justificó Rubio Domínguez, el jefe de ambos. Por supuesto la Contraloría consideró la explicación como “insuficiente”, pues “las fechas de la llegada y el número de atletas ya se conocía[n], razón por la cual se podía[n] estimar los costos de hospedaje y alimentación”.
Por su parte la Dirección de Deporte Representativo, feudo de Maximiliano Aguilar Salazar, aseguró que hubo menos participantes (atletas, entrenadores, federativos, delegados, auxiliares, jueces) que los registrados por la propia Secretaría de Educación Pública: mientras que la primera asentó que fueron 3 mil 485, la SEP publicó que el total ascendió a 3 mil 582, es decir 97 personas más.
De igual forma, la Dgadyr registró cifras dispares sobre el número de hospedados. “Por lo que no se tiene la certeza de cuál fue el número exacto de las personas a las que se les dio el servicio, por ende si efectivamente se pagó el precio correcto por el mismo”.
Además, la dependencia presentó 23 facturas por 9 millones 751 mil 251.30 pesos, pero sólo se constataron 20 por 9 millones 424 mil 878.32 pesos. O sea que 326 mil 372.98 pesos se esfumaron plasmados en tales facturas hechizas.
De acuerdo con la propia información entregada por la Dgadyr a los auditores, sólo alimentó a los atletas de hockey sobre hielo y canotaje, y pagó 905 mil 32 pesos por ello. De los demás deportistas, no se preocupó.
2 millones 391 mil 889.80 pesos más volaron, según la dependencia deportiva, en renta de salones en los hoteles Radisson y Royal Pedregal. Sin embargo no hay “evidencia que demostrara la utilización de los espacios”.
En cuanto a los transportes, también fletados de forma directa y sin contratos de por medio, se careció de un registro del número de personas trasladadas, “ni bitácoras que dieran certeza del servicio proporcionado”. Tampoco hay “evidencia de que los servicios se prestaron en la cantidad y recurrencia en que se pagaron”.
Severino Rubio se amparó bajo el mismo dicho: la falta de tiempo, además de que eso de hacer contratos “resulta inoperante y complejo para la dinámica de un evento de esta naturaleza…” (oficio DGAD/274/2015).
Por la renta de sanitarios, una bocina acuática un tablero electrónico, carpas, mesas y sillas, estrado y templete; así como la compra de playeras y números para los competidores, señalamientos de carriles como letreros y banderitas de colores, y por la pista de hielo, en cuya superficie se desarrollaron partidos solamente durante cuatro días, se pagó 1 millón 261 mil 750.71 pesos. Fueron 20 operaciones, todas por adjudicación directa.
El campo de tiro con arco Lauro Franco, en Ciudad Universitaria, fue el único sitio dentro de los dominios de la UNAM en el que se llevaron a cabo competencias, lo cual representó un ahorro por no tener que pagarse una renta. Una buena noticia que se deshilachó en las 150 pacas (blancos o targets, normalmente rellenos de estopa, borra o retazos de tela) por las que se erogaron 1 millón 81 mil 225.62 pesos.
Por gracia del dedo de la Dgadyr, los proveedores Comercio de Artículos Deportivos CAD, SA de CV; Solo Arquería, SA de CV, y el señor Sebastián Avitia Martínez fueron los beneficiados.
De las 150 pacas, no se utilizaron 100. Es decir que todas las categorías de tiro con arco se las tuvieron que arreglar con 50 blancos.
¿Qué pasó con el resto?: “Se identificó que 84 de ellas, por un importe [de] 509 mil 207.34 pesos, se encuentran en el domicilio del ingeniero Gabino González, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Tiro con Arco en la UNAM”, quien a su vez “ejerce una actividad comercial por medio de la empresa Artículos Deportivos x 10 [la cual vende pacas], lo que genera un riesgo de que la mercancía que tiene en custodia sea utilizada para fines ajenos a la Universidad, sea vendida o arrendada para obtener beneficios económicos particulares”, alertaron los auditores.
Otro gran beneficiario fue el señor Isaac Luna Cabañas, quien cobró más de medio millón de pesos por organizar tres ceremonias de premiación. En total se embolsó 519 mil 613.88 pesos por orden de José Luis Marín, en una operación hecha sin contrato.
Sobre el tema Severino Rubio, jefe de Marín, aseguró que se contrató sin licitación a dicha persona porque la Conade se los “recomendó ampliamente […] en cuestión por su experiencia y capacidad en eventos de esta naturaleza”. Eso declaró el titular de la Dgadyr. Empero “no presentó evidencia documental que acredite la narrativa efectuada”, además de que en los registros del portal de obligaciones de transparencia y de Compranet, tanto de la Comisión como de todo el gobierno federal, el nombre de Isaac Luna simplemente no aparece ni mucho menos hay información de que alguna vez haya sido contratado.
El mismo secretario Administrativo rentó una cámara fotográfica, a 1 mil 508 pesos el día, a la empresa Dibujo, Ingeniería, Cómputo, Consumibles y Papelería, SA de CV. Al contador Marín Correa le pareció buena idea alquilar el equipo por 51 mil 272 pesos en vez de comprarlo por 45 mil. A parte del ahorro que ello hubiera supuesto, “se tendría para su uso posterior dicho bien […] y con ello acrecentar el patrimonio de la Universidad”.
Con respecto a los jueces. La Dgadyr no llevó control alguno sobre el tema. Dijo que pagó 891 mil 769.99 pesos por tal concepto. Pero en este caso tampoco hay “evidencia que permita comprobar que los pagos corresponden al número de personas que efectivamente participaron como jueces”; eso sólo la Dirección del deporte universitario lo supo, y sólo presentó su honorable palabra como prueba.
El apartado “gastos variados”, aun con el ambiguo título desnuda todavía más la forma de proceder de los funcionarios implicados:
Demostradas las falencias, la ausencia de controles y registros, la improvisación administrativa en la organización de la Olimpiada, la Empresa Mundial de Servicios Eures, SA de CV, recibió 341 mil 736 pesos por concepto de “servicios de logística” (sic). Quien solicitó la contratación específicamente de esa firma fue Maximiliano Aguilar Salazar, director de Deporte Representativo.
Supuestamente, dicha compañía coordinó a los operadores de transporte; el ingreso y el orden en los hoteles, comedores y zonas de competencia. Sin embargo, “cabe mencionar que no se presentó evidencia del trabajo realizado por la empresa”. Tampoco se firmó un contrato.
A pesar de ello, Severino Rubio defendió la decisión sin explicar los motivos de la falta de controles. Eso sí, aclaró que el contrato no se hizo por la misma falta de tiempo.
Sobreprecios, otro hallazgo de los auditores
Los casos de las empresas Dalitex, SA de CV, y Peluchísima, S de RL de CV, son notables: la primera, con residencia en Michoacán, le revendió a la Dgadyr 2 mil 500 gorras por 218 mil pesos. Es decir, a 87.20 pesos cada una. Las gorras las había comprado Dalitex en la Ciudad de México, específicamente en la calle Isabel la Católica, a 52.20 pesos cada una. Los fiscalizadores se enteraron porque ésta no se molestó en quitar las etiquetas de origen. 87 mil 500 pesos fue el sobreprecio.
Por su parte, Peluchísima logró vender 2 mil 500 llaveros por los que cobró 82.40 pesos por unidad (206 mil en total), mismos que bien pudieron ser adquiridos a 22.23 pesos cada uno. “Por lo que se considera haber pagado un sobreprecio de 152 mil 925 pesos”.
En total la Dirección gastó 1 millón 351 mil 420 pesos en accesorios y ropa de ese tipo.
Quien también encontró una mina en el evento fue la Agencia de Noticias Xin Hua México, SC, contratada para hacer trabajos de “servicio de cobertura y elaboración de [la] memoria técnica de la Olimpiada Nacional, subsede UNAM, levantamiento de imágenes fotográficas, elaboración de notas de cada día de las competencias de las diversas disciplinas deportivas, además de la realización de videos, producción e impresión de[l] libro (4 mil copias) que recopila la información generada durante las competencias Olímpicas”.
La Secretaría Administrativa no tuvo empacho en pagarle 580 mil pesos a pesar de que sólo hizo los archivos fotográficos digitales. Xin Hua debió entregar los libros a más tardar el 30 de noviembre de 2014, no obstante éstos fueron dados hasta diciembre, por lo cual debió sufrir una pena por el retraso, así como por los demás incumplimientos.
Aprovechando la repentina bonaza, de plano se gastó en cosas completamente ajenas al objeto del patrocinio.
Ya con la Olimpiada en el pasado, en octubre y noviembre Maximiliano Aguilar pidió la adquisición de pants, rompevientos y mochilas “con cargo a los recursos de la Olimpiada Nacional 2014”. 502 mil 860 pesos se repartieron por ello Zeyan y Compañía, SA de CV, y Mario Pérez Santos: 261 mil 290 y 241 mil 570, respectivamente.
La Secretaría Administrativa tuvo el descaro de incluir en la comprobación de gastos entregada a la Conade los pagos hechos a los hoteles Radisson y Hoteles y Villas Posadas por una “comida para la convivencia entre exjugadores de futbol americano de la ENEO y los jugadores de Pumas CU Liga Mayor” (43 mil 500 pesos) y por la “alimentación y hospedaje del equipo de baloncesto” (282 mil 872.98). Total: 326 mil 372.98 pesos.
Por tales hechos, la Contraloría indica que la obligación de la Conade sería solicitar el “reintegro de los recursos del patrocinio”.
El maestro Antonio Nápoles Vázquez elaboró la auditoría, el contador Carlo U Navarrete Arellano la supervisó, y el licenciado Humberto Moheno Diez, como director General de Responsabilidades la rubricó en primer lugar. Oficialmente se le envió una copia del documento de 34 páginas al contralor Pablo S Reyes Pruneda y a al secretario de Servicios a la Comunidad de la UNAM Enrique Balp Díaz, de quien dependía la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas con todo y funcionarios.
El tiempo transcurrió. El silencio sobre el tema se mantuvo, como si nada hubiera pasado, como si nada se hubiera encontrado.
Diseccionado el número del informe: DGRIRP/DERE/01/2015, revela que se trata del primer –y único al cabo– reporte hecho en 2015 por la Dirección de Evaluación y Revisiones Especiales, adscrito a la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial. Fiscalizaciones selladas con tales siglas son excepcionales, y ésta se dio por la gravedad de los actos hallados.
El documento es de tal importancia que el entonces rector José Narro debió conocer su contenido aún antes de ser terminado.
Sin embargo, la cátedra de desvíos e irregularidades en el manejo de millones de pesos dada por los funcionarios de la Dgadyr quedó completamente impune en el resto del rectorado de Narro Robles. Todos los implicados continuaron operando en sus puestos, mucho menos hubo sanciones.
El trabajo de los auditores tenía como destino un archivo todavía más oscuro que el contenido sus hallazgos.
José Narro protegió hasta el final a Severino Rubio, a Maximiliano Aguilar, a José Marín Correa, responsables directos; a Enrique Balp, jefe de éstos.
Llegó la elección y el cambio de rector. Lo primero que hizo la administración de Enrique Graue fue reservar tanto la auditoría como todos los documentos relacionados con ésta, los cuales Contralínea había solicitado formalmente (folios F11832 y F11906).
La ropa sucia se lava en casa, fue el principio seguido como si no se hubiera tratado de un asunto en el cual estuvieron en juego recursos públicos.
El documento fue entregado a Contralínea por una fuente interna de la Universidad antes de que le fuera puesto el candado por las autoridades académicas.
Pasados los primeros días del nuevo rectorado, se preparó la salida callada de los primeros implicados o máximos responsables: Enrique Balp y Severino Rubio.
“Estamos en una etapa de cambios”, responde Renato Dávalos, director General de Comunicación Social, cuando se le pregunta si Severino Rubio es o no aún el titular de la Dgadyr.
Fue Dávalos quien se comunicó con Contralínea tras las solicitudes de información; tras las peticiones de entrevista con los autores de la auditoría, con el nuevo secretario de Servicios a la Comunidad, César Astudillo, quien fuera el abogado General de la UNAM durante la fiscalización.
Enrique Balp ya había sido relevado de su puesto. Las condiciones en las que se fue no se hicieron públicas. El hecho se trató como parte de los cambios. Su nombre fue protegido.
- ¿Y Severino Rubio? –se le pregunta a Renato Dávalos.
- Está por ocurrir su salida.
- ¿Por qué motivos?
- Llegó un nuevo secretario y con una nueva administración… bueno, pues, es previsible que haya cambios.
- ¿Pero ya no está en funciones, ya no está en su oficina?
– No. Ya no.
Al momento de la conversación, ni varios días después de ella, no se había dado ningún anuncio oficial. Todavía el viernes 4 de diciembre, Rubio Domínguez aparecía en el directorio en la página de internet de la Dirección como director general de la Dgadyr, no así en el portal de transparencia. Por su parte tanto Maximiliano Aguilar Salazar como José Luis Marín Correa seguían firmes.
Rubio alcanzó a homenajear al atleta paralímpico Gustavo Sánchez el 19 de noviembre. Fue la última aparición. El relevo también se dio en silencio.
El resultado fue un castigo terso, con el pesar de tener que abandonar la Universidad, pero con la tranquilidad de irse sin imputaciones oficiales relacionadas con actos de corrupción. La exoneración a cambio de la renuncia. Al resto, ni eso.
FUENTE: CONTRA LÍNEA.
AUTOR: MAURICIO ROMERO.
FECHA: 5 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/12/05/corrupcion-en-la-unam-solapada-por-narro-y-graue/
