Según datos de la dependencia, el municipio de Iguala concentra 34 de esos ilícitos. En fechas posteriores a la desaparición de normalistas, la mayor parte de los hallazgos.
De enero de 2010 a junio de 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) ha participado en la ubicación de 184 fosas en el país y ha extraído restos que corresponderían a 573 víctimas. En este contexto, 273 personas (47.6 por ciento) inhumadas de manera ilícita se han encontrado en Guerrero, y del total nacional en el municipio de Iguala se han descubierto 34 por ciento de las fosas clandestinas. Guerrero, de acuerdo con información de la PGR, es la entidad donde mayor número de víctimas se han reportado, ya que ahí se han recuperado cuerpos en descomposición o restos óseos de 47.6 por ciento de personas que habrían sido victimadas por integrantes de grupos del crimen organizado, como Guerreros Unidos, Los Rojos, La Resistencia y el cártel Independiente de Acapulco, todos surgidos de la organización de los hermanos Beltrán Leyva, la cuales se disputan en la zona el cultivo de amapola y el tráfico de heroína, así como el cultivo de mariguana. La mayor parte de las fosas y restos localizados en peritajes en los que ha participado la PGR se ubican en el municipio de Iguala, en fechas posteriores a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. Casos anuales En ese contexto, las primeras 11 fosas reportadas por la PGR se hallaron en octubre de 2014 en dicho municipio, en las cuales localizaron los restos de 39 víctimas, de las cuales 12 fueron identificadas por peritos federales. La indagación arrojó que se trataba de 33 varones y seis mujeres. A lo anterior se sumaron ocho fosas en noviembre de 2014 con 16 cadáveres, de los cuales han sido identificados cuatro. La identificación determinó que 12 eran varones y cuatro mujeres.
Las siguientes seis fosas con 12 cuerpos fueron encontradas en diciembre de 2014. Asimismo, en 2015 se registraron los siguientes hallazgos: en enero se reportaron 10 inhumaciones clandestinas de 16 personas; en febrero se contabilizaron seis fosas con los restos de ocho víctimas; en marzo ocho excavaciones más con los restos de 19 cuerpos; en abril una con los de tres individuos; en mayo 10 cavidades en las que 16 personas fueron enterradas, y en junio tres fosas con igual número de cuerpos. De todas estas personas ninguna ha sido identificada. De acuerdo con los reportes del Ministerio Público Federal, en Iguala se han encontrado 132 cadáveres que corresponden a 23 por ciento de las víctimas localizadas en fosas en el periodo mencionado a escala nacional. Asimismo, en Guerrero también se reportó la localización, en 2010, de dos fosas en los municipios de Acapulco, y en las minas de Taxco, en las cuales se encontraron los cuerpos de 44 personas, de quienes ninguna ha sido identificada. En esa misma entidad, en septiembre de 2012, y entre enero y diciembre de 2013 se descubrieron 32 inhumaciones clandestinas, en las cuales se encontraron los restos de 50 víctimas, sin que se haya logrado su identificación. En 2014 se reportó el hallazgo de seis fosas clandestinas en el municipio de Acapulco, en las cuales fueron sepultadas siete personas.
En otras entidades, entre enero de 2010 y junio de este año la PGR reportó el hallazgo de 11 fosas clandestinas en Morelos con 14 víctimas; en Nuevo León una con dos cuerpos; en Tamaulipas 14 con 120 migrantes; en el estado de México dos con 14 víctimas; en Veracruz dos con 28 personas asesinadas; en Hidalgo una con una persona; en el Distrito Federal tres en las que se halló igual número de personas inhumadas; en Sonora dos con dos víctimas; en Jalisco 37 con los restos de 75 personas, y en Michoacán tres, con 23 víctimas. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: GUSTAVO CASTILLO GARCÍA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/2015/12/13/politica/012n1pol
MÉXICO, DF: La secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica, criticó el aumento al salario, al considerar que es una burla para el pueblo mexicano. Ayer, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) anunció que el salario aumentará 4.2% para 2016, es decir, un incremento de 2.94 pesos, por lo que pasó de 70.10 a 73.04 pesos por jornada diaria. Pese a la desindexación del salario aprobada en 18 entidades y aun con la propuesta del jefe de gobierno local, Miguel Ángel Mancera, para llevar el “minisalario” a 86.33 pesos diarios, la Conasami sepultó esta propuesta al alegar condiciones económicas adversas para el año venidero. En un comunicado, la perredista insistió en que el salario mínimo debe ser de 86.33 pesos: “eso ayudaría a más de un millón de personas que en este país reciben un salario mínimo(…) con ello alcanzaría para cubrir las necesidades básicas de bienestar básico”. La secretaria general del sol azteca adelantó que en próximos días el PRD iniciará una
MÉXICO, DF: Por deber casi medio millón por impuestos, las cuentas bancarias del exdelegado de la Miguel Hidalgo y actual diputado local por el PRD, Víctor Hugo Romo, fueron congeladas por el gobierno federal. Registros judiciales indican que la inmovilización fue solicitada por la Administración Local de la Auditoría Fiscal del Centro del DF, en el oficio F5426.SAT.1200014.1B, publica hoy el diario Reforma. Sin embargo, Romo promovió el 26 de noviembre pasado una demanda de amparo contra el aseguramiento, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores rindió un informe a la jueza federal Paula García Villegas, en el que detalla que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) solicitó el embargo para garantizar una deuda de 468 mil 850 pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta no pagado. El martes, la jueza concedió a Romo una suspensión provisional para que el SAT no extraiga los fondos de sus cuentas y para que él pueda disponer del dinero, pero quedó sujeto a una condición: “La medida cautelar que se concede surtirá sus efectos desde luego, pero su eficacia queda condicionada a que la parte quejosa garantice el interés fiscal mediante depósito en efectivo ante la Tesorería de la Federación por la cantidad que constituye el monto total de los adeudos fiscales, esto es, por 468 mil 850 pesos, tal y como lo informó la autoridad responsable”. Romo fue Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo de octubre de 2012 a enero de 2015, cuando pidió licencia para contender por la diputación local. Anteriormente, la Función Pública detectó anomalías por 46.2 millones de pesos en obras ejecutadas en la Miguel Hidalgo durante la gestión de Romo, financiadas con recursos federales, pero él las negó. Una de las principales irregularidades detectadas es la construcción del nuevo edificio delegacional, cuyo costo fue registrado en 24.3 millones de pesos, inflado en más del mil por ciento en el concepto de superficie de excavación.
La obra, financiada con recursos del Ramo 23 Programas Regionales, fue adjudicada a la empresa Phomsa Construcciones, perteneciente al perredista Carlos Herrera Tello, quien apoyó la campaña de Romo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423382
Con la reciente designación de Javier Laynez como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Enrique Peña Nieto logró colocar a su segunda pieza en esa instancia del Poder Judicial. La primera fue Eduardo Medina Mora, quien llegó al cargo el pasado 10 de marzo. Al igual que entonces, y pese a las voces que advertían sobre esa maniobra del titular del Ejecutivo, el Senado votó por Laynez, que releva a Juan Silva Meza desde el jueves 10.
En un juego de simulaciones, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró por lo menos un voto más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le ayudará a evitar descalabros en el tribunal constitucional en la segunda mitad de su gobierno. El jueves 10, el Senado designó al exprocurador fiscal Javier Laynez Potisek y a la magistrada Norma Lucía Piña Hernández como ministros para los próximos 15 años, en un proceso en el que la idoneidad para el cargo fue lo de menos. Como en el caso de Eduardo Medina Mora cuando el Senado lo designó ministro a propuesta de Peña Nieto en marzo pasado, la elección de Laynez Potisek fue impugnada por organizaciones no gubernamentales por el conflicto de interés en que se colocará como juez constitucional en juicios que tengan que ver con el gobierno de Peña Nieto y aún en el de su antecesor, Felipe Calderón. Especializado en derecho fiscal y administrativo, Laynez Potisek ha sido un hombre cercano a la Presidencia de la República, tanto con el PRI como con el PAN. Desde diciembre de 1994, al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, hasta abril de 2005, al final del gobierno de Vicente Fox, fue consejero jurídico adjunto del Ejecutivo Federal. Calderón lo tuvo también como consejero jurídico adjunto entre enero de 2007 y febrero de 2008. Muchas de las reformas constitucionales impulsadas por esos gobiernos pasaron por sus manos. Laynez llega a la Corte de la mano de Peña Nieto, quien apenas en abril pasado lo hizo magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, luego de ratificarlo al inicio de su gobierno como procurador fiscal de la Federación. El cargo lo ocupaba desde 2008, cuando fue nombrado por Calderón. Ya en este sexenio, después de la ratificación, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) contribuyó a que el gobierno de Peña Nieto armara los cargos que tienen en prisión a la exdirigente sindical del magisterio, Elba Esther Gordillo.
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2041, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423420
6 millones de personas usan la mariguana en México, una droga ilícita. 64 por ciento del total de homicidios en México han sido causados por armas de fuego. A pesar de que los controles legales son muy estrictos, la realidad demuestra que hacer uso de las drogas y la posesión de un arma de fuego prohibida por la legislación es muy fácil para cualquier ciudadano, debido al narcotráfico y al contrabando de armamento.
Comprar armas o drogas en México es casi tan fácil como ir a comprar una goma de mascar a la tienda de conveniencia de la esquina. Esto sucede a pesar de que en México el control sobre las armas es muy estricto y que la mayoría de las drogas están etiquetadas como ilegales para su producción, distribución o consumo. A diferencia de varios estados de Estados Unidos, la mayoría de las armas no son legales en México, y sin embargo, son fáciles de conseguir de contrabando, sobre todo por los cárteles del narcotráfico mexicanos, dijo en entrevista con la radio pública estadounidense Public Radio International (PRI), la periodista Angela Kocherga, que ha cubierto la frontera de EU con México durante su trayectoria de 20 años. Ese armamento de contrabando ha sido usado en los asesinatos causados por armas de fuego en México, que representa un 64 por ciento del total de homicidios en el país. Entre 2011 y 2013, 49 mil personas fueron asesinados con armas de fuego, lo que equivaldría a cinco veces la capacidad del Auditorio Nacional. La violencia armada es aquella cometida con armas de fuego, que a diferencia de otras, pueden herir o matar a distancia, y con una mayor velocidad.
“En algunos casos, se pueden conseguir las armas que llegan a través de los EU, a menudo comprando en los estados fronterizos y de contrabando, las cuales pasan a través de la frontera poco a poco”, aseguró Kocherga.
El contrabando de armas no es exclusivo de la frontera norte mexicana, también en la sur, en la que colinda con Centroamérica se da esta situación. “Así que en realidad, a través de todas las fronteras de México, los cárteles son capaces de traer las armas”, dijo la periodista estadounidense. La paradoja es que México tiene una de las más estrictas leyes de control de armas en el mundo, con tan sólo una tienda de armamento legal en todo el país. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos indica en su Artículo 7 que “La posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas”.
La misma Ley, en su Artículo 8, establece que “No se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la Ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en esta Ley”.
Casi todas las armas son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas mexicanas, excepto pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380 (9mm.), o revólveres en calibres no superiores al .38 Especial. En la frontera de Estados Unidos con México se encuentran aproximadamente 6 mil 700 tiendas con licencia para vender armas de fuego. En cambio en México, sólo hay una tienda en la cual se pueden comprar armas de manera legal, y se encuentra ubicada la Avenida Industria Militar No. 1111, Col. Lomas de Tecamachalco, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Pero eso no disuade a los delincuentes involucrados en el comercio de las drogas en México, indica el medio. Los rifles de asalto y pistolas están fácilmente disponibles en el mercado negro, señala la radio pública estadounidense. Un dato a considerar: casi 70 por ciento de las armas que fueron confiscadas a los grupos criminales de 2007 a 2011 en México, fueron vendidas en la nación estadounidense. A pesar del poco armamento legal, los muertes por arma de fuego siguen aumentando. Por ejemplo, en la Ciudad de México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del 1 de enero al 31 de octubre de 2015 se reportaron 378 homicidios con esta clase de armamento en la capital del país.
“He cubierto una gran parte de la violencia del narcotráfico en la frontera de México y claramente no hay escasez de armas”, señaló Kocherga, quien vio una gran cantidad de estas en Ciudad Juárez, Chihuahua durante los años de apogeo de la violencia del narcotráfico.
“Sicarios iban por ahí matando a la gente en masa, en los lugares públicos, fiestas de cumpleaños, centros comerciales. Eso es algo que era una parte muy dolorosa de la realidad de México durante ese tiempo”, dijo la periodista.
El gobierno de Estados Unidos está tratando de acabar con el flujo de armas hacia México. Pero la frontera sigue siendo porosa, insiste la nota del PRI.
“Los métodos utilizados para mover las armas fuera del país [EU] y en México son los mismos que se usan para llevar drogas a través de la frontera con los Estados Unidos”, confirmó Kocherga.
Sin embargo, hay un dato alentador… que sucede en Estados Unidos. Los hispanos poseen armas de fuego en menor proporción que los anglosajones y apoyan los esfuerzos del presidente Barack Obama de lograr un mayor control en la venta de armas tras las dos matanzas de la última semana. En efecto, sólo el 11 por ciento de los hispanos en el país poseen armas de fuego comparado con el 16 por ciento de los afroamericanos y el 27 por ciento de los blancos según un informe presentado por el Centro de Política sobre Violencia (VPC).
“Culturalmente, los hispanos son menos dados a tener armas de fuego en su hogar pero desafortunadamente son el grupo que más sufre la violencia armada”, declaró a la agencia EFE, Marty Langley, analista principal de VPC.
De acuerdo con el análisis “Víctimas hispanas de violencia letal con armas de fuego en los Estados Unidos”, elaborado por VPC y presentado en junio, “la tasa de victimización por homicidios para hispanos en los Estados Unidos es casi el doble de la tasa correspondiente a la población raza blanca”.
El tráfico de drogas ilícitas ha sido el principal negocio de las organizaciones criminales mexicanas. 90 por ciento de la cocaína que entra a Estados Unidos proviene de territorio mexicano. México también es el principal proveedor de marihuana y metanfetaminas en EU. Los cárteles del narcotráfico mexicanos venden aproximadamente de 19 mil a 29 mil millones de dólares de estupefacientes. La proliferación de laboratorios de metanfetamina en México ha tenido efecto en la frontera con San Diego, California, en donde esta droga se encuentra “más accesible y barata que nunca”, le dijo la Procuradora federal estadounidense, Laura Duffy, a la cadena Univisión. La funcionaria federal de EU estimó también que el 90 por ciento de esta droga que llega a los Estados Unidos es producida en laboratorios clandestinos en México, indicó Duffy.
“Estos establecimientos están produciendo miles de libras de esta droga cada mes con un nivel de pureza del 96 por ciento, mientras que la alta disponibilidad de la metanfetamina está haciendo que disminuya su costo”, indicó la Procuradora.
Como punto comparativo, en 2010, un kilogramo de esta droga se vendía por 1,800 dólares mientras que hoy en día su costo es de 400 dólares, indicaron autoridades. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en los últimos cinco años se ha detectado un incremento del 300 por ciento en el número de decomisos de metanfetaminas en las garitas de California. “Estos laboratorios establecidos en México son los que están impulsando estas estadísticas y su prevalecimiento es sin duda alguna uno de los retos más grandes que enfrentamos hoy en día”, mencionó. El reforzamiento de seguridad en la frontera ha llevado a los traficantes a buscar nuevos métodos para transportar esta droga en particular, tales como túneles, vías marítimas o recientemente, a través de drones. Ante la amenaza de seguridad y de salud pública que representa el consumo de la metanfetamina en San Diego, autoridades federales dijeron estar convencidos de que la mejor estrategia para erradicar esta “epidemia” es trabajar en conjunto con sus homólogos en México para desmantelar estos laboratorios y evitar que la droga llegue a Estados Unidos. De 2010 a la fecha, el número de pacientes que han llegado a salas de emergencia en San Diego debido al consumo de esa droga ha aumentado en un 141 por ciento, a la par que el 45 por ciento de los adultos arrestados el año pasado dieron positivo del consumo de metanfetamina. Pero en México el consumo de la droga también ha aumentado de forma exponencial. De acuerdo con datos de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD) el grado de adicción en México es alto, en especial de la cannabis, de la que casi 6 millones de personas son consumidores, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones. El 85.1 por ciento de los mexicanos que usan alguna droga en el país consume mariguana y el grupo que más la utiliza tienen entre 15 y los 19 años de edad, es decir, 43.8 por ciento de los consumidores son jóvenes, mientras que los que probaron alguna vez en su vida la mariguana están también en ese sector de la población con el 46.9 por ciento. De acuerdo con el “Informe individual sobre consumo de drogas”, elaborado por el Instituto Nacional de Psiquiatría (INP), Ramón de la Fuente Muñiz, la mariguana es la droga o sustancia con un mayor nivel de consumo en el país y su prevalencia pasó de 80.6 por ciento en junio de 2013, a un 85.1 en junio de 2014. Además, es la droga con la que se inician en el uso de sustancias ilícitas, en el 52 por ciento de los mexicanos, y por rango de edad el 56.2 por ciento de los consumidores iniciaron su uso entre los 12 y los 19 años, mientras que el 32.5 lo hizo entre los 12 y los 14 años y el 1.6 por ciento, desde los 11 años.
En junio de 2014, del total de consumidores de mariguana en el país 84.3 por ciento son hombres y 15.7 por ciento mujeres. 43.8 por ciento tienen entre 15 y 19 años de edad, 18.3, entre 20 y 24 años, 10 por ciento, de 12 a 14 y 0.1 por ciento hasta los 11 años. FUENTE:SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/12-12-2015/1569565
Egidio Torre Cantú, cuyo hermano fue asesinado por uno de los cárteles en la entidad en su campaña rumbo a la gubernatura de Tamaulipas, tuvo en su Quinto Informe un invitado especial: a Eugenio Hernández, ex Gobernador de esa entidad y buscado por autoridades de EU. Días antes, el mandatario que, se dice, tiene el síndrome de avestruz porque ante cualquier problema esconde la cabeza, inauguró una calle con el nombre de un legendario capo. Todo, mientras Tamaulipas vive una violencia constante.
Tamaulipas, entidad gobernada por el priista Egidio Torre Cantú desde el 1 de enero de 2011, se ha convertido en un campo de guerra: incendios, bloqueos, balaceras, heridos y muertos se reportan a diario en distintos puntos. Es también el único estado de la República donde dos de sus ex gobernadores son investigados en Estados Unidos por lavado de dinero producto del narcotráfico. Pero al parecer, convivir con figuras ligadas al narco no es gran cosa para el Gobernador, incluso, él mismo fue señalado de ser financiado con “dinero sucio” cuando estaba en campaña. El pasado 18 de noviembre, el ex Gobernador Eugenio Hernández Flores, buscado por las autoridades de Estados Unidos, fue uno de sus invitados especiales en su Quinto Informe de Gobierno. Eugenio Hernández ocupó el cargo de Gobernador de 2005 a 2010, en mayo de 2015 fue acusado de conspirar para lavar instrumentos monetarios y de ayudar e instigar el funcionamiento de operaciones de dinero sin licencia. Ni la orden de captura que pesa sobre Hernández Flores, ni el anuncio difundido el pasado 19 de junio por el Buró Federal de Investigación norteamericano (FBI, por sus siglas en inglés), que busca asegurarle 30 millones de dólares y cuatro propiedades, fueron obstáculo para que Torre Cantú le extendiera la invitación a su Informe, lo sentara en primera fila y le agradeciera en público por su presencia. Al contrario. “Aprecio mucho que me acompañen los ex Gobernadores de nuestro estado”, dijo Torre Cantú desde el podio en alusión a Manuel Cavazos Lerma y Hernández Flores. “’Geño’, como siempre”, lo saludó el Gobernador. Sonriente, ubicado entre el Gobernador poblano Rafael Moreno Valle Rosas y Cavazos Lerma, Hernández se levantó de su asiento y, con el brazo en señal de agradecimiento, correspondió el saludo del titular del Ejecutivo local. Otro hecho donde el Gobernador de Tamaulipas ha expresado abiertamente que no tiene problemas con que lo relacionen a personajes acusados de nexos con el narcotráfico ocurrió a principios de junio. Egidio Torre honró al Cártel del Golfo a bombo y platillo al inaugurar una calle en Reynosa que lleva el nombre de su fundador, Juan Nepomuceno Guerra. Todo esto mientras su estado se desangra y es acosado por el secuestro y la extorsión. ¿QUIÉN GOBIERNA EN TAMAULIPAS? Apenas en noviembre pasado, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) dio a conocer que los estados con más víctimas de secuestro, tanto en el fuero federal como en el común, son el Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Distrito Federal al sumar el 62.04 por ciento a nivel nacional. En este sentido, destacó el caso de Tamaulipas, que sigue presentando altas tasa de secuestro. Por tasas, dijo, los de mayores niveles fueron Tamaulipas y Veracruz al rebasar a la incidencia nacional en 469.17 y 108.86 por ciento. También empresarios de Tamaulipas han manifestado su preocupación ante el incremento de la violencia en el estado y alertaron ante la posibilidad de que esta situación “de terror y de pánico entre la ciudadanía” afecte al otro lado de la frontera. Sin embargo, al Gobernador de Tamaulipas parece no importarle estas declaraciones, incluso las desestima. De acuerdo con el sitio BreitBart, durante la última reunión del Grupo de Coordinación Tamaulipas, donde Torre Cantú anunció un nuevo grupo formado por agentes del orden público estatales y federales destinados a la lucha antisecuestros, el mandatario local dijo que el grupo se había creado en respuesta a los problemas en Matamoros, en un esfuerzo para silenciar los “rumores” de la ola de violencia. Secuestros masivos, homicidios, desapariciones, extorsiones, decapitaciones, balaceras, fosas clandestinas y la violencia contra quienes reportan estos hechos, son algunas de las consecuencias de la presencia del crimen organizado en Tamaulipas. La relación narco-gobierno es común en la entidad fronteriza. Los últimos ex Gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, son acusados de trabajar para los cárteles de la droga. Esa complicidad entre la élite política y el crimen organizado, aseguró el Senador panista por Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en entrevista para SinEmbargo, es la primera explicación del grado de control alcanzado por la delincuencia sobre la población en el estado. Al gabinete de Torre Cantú lo alcanzaron las acusaciones el 24 de diciembre de 2014, cuando el FBI informó haber asegurado una cuenta bancaria al entonces Secretario de Desarrollo Social del estado, Homero de la Garza Tamez, quien también fungió como director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) en el sexenio de Hernández Flores. El esquema de lavado de dinero, hizo notar el FBI, implicó los procedimientos institucionales para la asignación de obras públicas en el estado. El estado de Tamaulipas, donde la violencia impera desde hace años y la población no conoce la tregua, ha sido gobernada casi exclusivamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde hace casi 80 años. El actual mandatario Egidio Torre fue postulado a la gubernatura por la alianza Todos Tamaulipas que impulsaban los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), en sustitución de su hermano Rodolfo, quien fue asesinado el 28 de junio de 2010 a manos del Cártel del Golfo.
Pese a la inseguridad y la indiferencia de las autoridades estatales, los tamaulipecos siguen votando por el PRI. En las elecciones de junio pasado, el tricolor básicamente arrasó: obtuvo 10 millones 660 mil 251 votos, contra los 7 millones 651 mil 270 del PAN, los 3 millones 967 mil 636 del PRD y los 3 millones 068 mil de Morena. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/13-12-2015/1574841
El Teletón, ese maratón de captación de fondos –incluso públicos– que impulsa Televisa con el fin público de construir hospitales para rehabilitar a niños con discapacidades, es un organismo manejado desde las sombras por los Legionarios de Cristo, instancia religiosa fundada por Marcial Maciel, cura pederasta cuyas trapacerías han sido divulgadas en numerosas ocasiones por este semanario.
MÉXICO, DF: Devoto católico desde su temprana infancia, Fernando Landeros se sinceró ante el cardenal Velasio de Paolis: el Teletón de México nació como un apostolado del Regnum Christi, la organización laica de los Legionarios de Cristo. Landeros Verdugo hizo su confesión al filo de las once de la mañana del viernes 16 de mayo de 2013 durante el congreso “La primavera de la Iglesia y la acción del espíritu”, realizado en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, en Roma. (…) En su intervención, Landeros atribuyó la creación y desarrollo del Teletón a su apostolado con los sacerdotes legionarios, con quienes ha colaborado desde que era adolescente con el grupo Gente Nueva, un grupo de evangelización juvenil que tuvo eco internacional, con filiales en al menos seis países, y que al paso de los años derivaría en el Banco Compartamos. *** ¿Cómo es que los legionarios reclutaron como su apóstol a Fernando Landeros, hijo menor de un exgobernador priista de Aguascalientes? Con la bendición de la madre Teresa de Calcuta. El 22 de agosto de 1982 la religiosa había visitado Acapulco para participar en el Congreso Internacional de las Familias, invitada por la Legión de Cristo, y al concluir su intervención se acercó a los muchachos que participaban en la organización y les pidió que siguieran el ejemplo de otros países, en donde hay grupos dedicados a promover los valores católicos entre la juventud y a luchar contra el aborto. Fue entonces que Landeros, en colaboración con un grupo de amigos, dio origen a la organización Gente Nueva, un apostolado que desde el primer día tuvo el respaldo del fundador y jerarca de la Legión de Cristo. (…) Del apostolado de Gente Nueva apadrinado por Maciel surgieron otros, siempre con la bendición de la Legión de Cristo: primero Un Kilo de Ayuda, luego Compartamos, Lazos y México Unido. De ésta última organización legionaria surgió en 1997 la Fundación Teletón, en alianza con Televisa. (Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2041, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: RAÚL OLMOS. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423416
Una exvocera de Felipe Calderón, Alejandra Sota, es ahora arropada también durante el gobierno de Peña Nieto, del que recibe millonarios contratos; uno de ellos, por 20 millones de pesos, le fue otorgado de manera turbia por el Sistema de Administración Tributaria, que depende de Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y consiste en preguntar a los mexicanos cómo perciben la recaudación de impuestos federales. No le va igual en Estados Unidos, pues hace unos días perdió el juicio que interpuso allá en contra de la periodista Dolia Estévez, corresponsal de MVS en Washington, que publicó en Forbes un reportaje que la incluía entre “los 10 mexicanos más corruptos de México”…
MÉXICO, DF: Alejandra Sota Mirafuentes, exvocera y protegida de Felipe Calderón, cobra en el gobierno de Enrique Peña Nieto más de 800 mil pesos mensuales por preguntar a los mexicanos cómo perciben la recaudación de impuestos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Luis Videgaray. Sota obtuvo un contrato bianual por 20 millones de pesos en una turbia licitación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que depende del propio Videgaray y es actualmente dirigido por Aristóteles Núñez Sánchez: Su empresa les ganó a tres que son propiedad de exempleados suyos que, a su vez, favorecieron desde el gobierno a amigos mutuos con multimillonarias asignaciones. Documentos obtenidos por Proceso acreditan que Sota Mirafuentes es accionista de la firma Integra, Metas Estratégicas, S.A. de C.V., con 70% de las acciones, mientras que Maira Yazmín Colín García, su subordinada en la Presidencia de la República, posee el otro 30%. Colín García, quien se acreditó ante el SAT como representante legal de la compañía creada en abril de 2013, es además accionista de Dinamia Consultores, S.C., dirigida por José Omar Gutiérrez Bayardi, quien también fue subordinado de Sota en la Coordinación de Opinión Pública e Imagen de la Presidencia de la República. Otras dos empleadas de Sota en la Presidencia, Beriana Mendoza Andreu y Selene González Terrones, son integrantes de Duo Comunicación, Opinión y Políticas Públicas, S.A. de C.V., dedicada igualmente a realizar estudios de opinión. Ellas son amigas de Sota desde que estudiaron la carrera de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), a las que luego, en 2006, incorporó sucesivamente a la campaña, al equipo de transición y al gobierno de Calderón. Integra, Metas Estratégicas, de Sota; Dinamia Consultores, de su socia Colín García, y Duo Comunicación, Opinión y Políticas Públicas, de sus amigas Mendoza y González, se inscribieron como licitantes en el procedimiento de “invitación a cuando menos tres personas”, convocado por el SAT en octubre del año pasado.
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2041, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO (REPORTAJE ESPECIAL) LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423419
Tras el análisis de los 85 tomos del voluminoso expediente de la PGR sobre el caso Ayotzinapa, especialistas de la UNAM y del Inacipe detectaron innumerables irregularidades que no sólo sepultan la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, sino que incluso son prueba suficiente para fincarle responsabilidades penales y administrativas a él, a su sucesora y a otros funcionarios de la procuraduría… e incluso al presidente Enrique Peña Nieto. Con ayuda de diversos peritos, este semanario detectó que los dictámenes sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, fueron “arreglados” por la Procuraduría General de la República (PGR) para sostener la “verdad histórica” que anunció el entonces titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam. Además de dictámenes alterados, observaron una serie de irregularidades en el llenado de las cadenas de custodia, lo que contraviene el Acuerdo A/00/2010 de la PGR (sobre protocolos periciales), pues se violó el principio de mismidad; es decir, los indicios recolectados no reúnen requisitos de integridad, conservación, inalterabilidad, naturalidad y originalidad. El 7 de noviembre de 2014 Murillo Karam expuso ante los reporteros que los cuerpos de los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos fueron arrojados al río San Juan. Los presuntos asesinos, dijo ese día, utilizaron “acelerantes de fuego” como diésel o gasolina. Semanas después, el 27 de enero de 2015, presentó su “verdad histórica”. El 11 de octubre último, ante la presión de organismos no gubernamentales que piden acceso al expediente, la procuradora Arely Gómez González puso a disposición de la ciudadanía aproximadamente 50 mil fojas del expediente del caso Ayotzinapa. Hoy se sabe que la polémica hipótesis de Murillo Karam –sustentada también por su sucesora– no se sostiene. A petición de este semanario, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) analizaron los 85 tomos del voluminoso expediente y encontraron que no existe un dictamen pericial que respalde la existencia de diésel y gasolina (Proceso 2033).
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2041, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA (REPORTAJE ESPECIAL). LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423414
Escobar confirmó a Sofimex el pago de $11.2 millones por camisetas no entregadas. El fabricante retribuyó las prendas con un terreno que se escrituró a un funcionario de ese partido.
En la trama de la reciente multa propuesta para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega tuvo un papel central: fue quien confirmó a la afianzadora Sofimex que se hizo un pago en efectivo de 11.2 millones de pesos a la empresa Grupo Textil Joad, por la confección de unas camisetas que no les fueron entregadas. Sin embargo, esos y otros datos fueron ocultados en su momento al Instituto Nacional Electoral (INE), según el expediente del caso. Derivado de lo anterior y del análisis a la contabilidad elaborada por el partido político y reportada a la autoridad electoral en ejercicios anteriores, se observó que el pago en efectivo al que hace alusión el C. Arturo Escobar y Vega por 11 millones 218 mil 641 pesos, correspondiente al contrato de prestación de servicios firmado con la empresa Grupo Textil Joad SA de CV el 10 de marzo de 2009, no fue reportado a esta autoridad. Asimismo, se desconoce el origen de dichos recursos, indica el documento, cuya copia tiene La Jornada. La Comisión de Fiscalización del INE propuso el viernes sancionar al partido por 88.5 millones de pesos por recibir ingresos de origen desconocido que no fueron informados, realizar gastos no reportados a la autoridad, tener cuentas por cobrar no devengadas y cometer dolo. La multa se votará el miércoles en el Consejo General del instituto. En medio de esta historia se encuentra involucrado Jorge Alberto Peralta Casal, dueño de Grupo Textil Joad, con largo historial de detenciones por defraudación en contra de varios clientes, entre ellos la cantante Sherlyn y dos personas a quienes les propuso vender playeras para partidos políticos, que no fueron entregadas (según la causa penal 118/2009). Unas escrituras, el origen La compleja historia sobre esta investigación se inició en 2010. Al entonces Instituto Federal Electoral le surgieron dudas sobre varios pagos del PVEM por unas escrituras de las que no existía evidencia, y halló que eran de un inmueble recibido a cambio de 763 mil 599 camisetas no entregadas, por las que se pagaron 11.2 millones de pesos. Al revisar las cuentas del Verde correspondientes a 2009, un auditor del entonces IFE encontró recibos de honorarios por 75 mil 716 pesos al notario Daniel Luna Ramos. Eran pagos por la emisión de las escrituras 25506, 25503 y 25502, otorgadas a Marco Antonio de la Mora Torreblanca, ex dirigente del PVEM en Guerrero, otrora suplente de Escobar en la Cámara de Diputados y actual gerente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Guerrero.
Requerido al respecto, el PVEM respondió que los gastos no fueron originados por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y los reclasificó como anticipo al proveedor. Sin embargo, el INE consideró que ese saldo no podría ser considerado como tal y le pidió la entrega de diversas evidencias. En respuesta, el Verde cambió su versión sobre el tema y dijo que dichas escrituras “no son gastos ocasionados por el partido. Lo anterior en virtud de que por un error involuntario lo pagó (sic) el partido; sin embargo, ya se reclasificó el gasto, mismo que se acredita plenamente con el escrito del notario, considerándolo como anticipo”. El INE no quedó conforme y concluyó que en la documentación presentada no se identifican servicios prestados a De la Mora Torreblanca y del análisis a las actas notariales 25506 y 25502 se observa que el gasto benefició al partido político. Lo anterior, dado que en una de las escrituras Misael Sánchez Sánchez, apoderado del Verde, otorga a De la Mora Torreblanca un mandato sin representación para que lleve a cabo todos los trámites y gestiones para obtener el pago o se garantice en debida forma el adeudo que tiene Grupo Textil Joad (por 10 millones de pesos), derivado de la póliza de fianza número 1100178, expedida por afianzadora Sofimex, y acepte las garantías o formas de pago que sean más convenientes. Para cubrir la deuda de Grupo Textil Joad, el deudor solidario Ascención Vázquez Vázquez dio en pago y transmitió la fracción de una propiedad, ubicada en la colonia Tepalcates de la delegación Iztapalapa, a De la Mora Torreblanca. Además, se señala que si no se vieran satisfechas todas las prestaciones, se impondría una pena equivalente a 6 millones de pesos, indica el expediente. Vencido el plazo para la recuperación del adeudo –31 de diciembre de 2010–, el instituto no identificó en la contabilidad del partido el origen de la deuda de 10 millones de pesos y tampoco el depósito de los 6 millones, por lo que solicitó más información al Verde y éste respondió que una de las escrituras quedó sin efecto e insistió en la versión del error involuntario. Por solicitud de la Unidad de Fiscalización del instituto, la afianzadora Sofimex le informó sobre la existencia de un contrato, firmado el 10 de marzo de 2009, por el que el Verde pagó el suministro de más de 700 mil playeras peso completo, estampadas con el logo del PVEM, por un monto de 12.9 millones. Además, el instituto conoció un escrito, en el que Escobar manifestó a Sofimex: Grupo Textil Joad, con fecha 24 de marzo, recibió en efectivo la cantidad de 11 millones 218 mil pesos para continuar con el desarrollo normal del contrato signado con el PVEM, debiendo entregar una segunda ministración de mercancía el día 25, sin que a la fecha se haya cumplido, mismo que fue informado en su oportunidad a Sofimex SA de CV.
La empresa estadounidense Lexmark, fabricante internacional de cartuchos para impresoras, despidió a un centenar de empleados que pedían un ajuste de sueldo de diario de 114 a 120 pesos. También buscaban formar un sindicato independiente.
Ciudad de México, 12 de diciembre: La fabricante estadounidense de cartuchos para impresora Lexmark despidió de una de sus maquiladoras de Ciudad Juárez, Chihuahua, a casi un centenar de trabajadores que buscaban un ajuste salarial de seis pesos diarios.
“Fui despedida el miércoles. En recursos humanos me dijeron que mi contrato estaba rescindido porque violé los códigos de conducta de la maquila, y que por favor abandonara la planta porque ya no pertenecía a Lexmark. En eso llegó un guardia y me aventó”, dijo a este medio Miriam Delgado, obrera de 37 años y que tenía cinco años y siete meses de trabajar para la trasnacional.
Con ella fueron despedidos más de noventa empleados, informó la abogada Susana Prieto Terrazas, entre ellos los 78 firmantes de una solicitud de registro de un sindicato independiente que, el pasado 3 de noviembre, fue entregada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado. En entrevista con SinEmbargo, la representante legal aseguró que los despidos fueron una represalia de la firma norteamericana ante el movimiento obrero iniciado en octubre, cuando más de mil 300 empleados se inconformaron por el incumplimiento de un aumento salarial. El ajuste, agregó Prieto, era de 114 a 120 pesos diarios, cantidad esta última considerada como tope salarial para trabajadores con cinco o más años de experiencia en las líneas de producción de la firma. Pero al cumplirse el plazo para la mayor parte de los trabajadores, dijo la abogada, la empresa respondió que tenían que “recertificarse” de nuevo. Ante la situación, informó, los trabajadores se organizaron y buscaron asesoría legal, pero encontraron que no podían proceder contra la negativa de Lexmark a cumplir con sus políticas internas de aumento, sino sólo a que les pagara el mínimo, que son 70.10 pesos diarios. Así, el 3 de noviembre pasado, 78 de los empleados inconformes decidieron solicitar formalmente el registro de un sindicato ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para, en bloque, buscar mejoras salariales. Fue entonces que empezó el hostigamiento, cuentan las entrevistadas. Entre otras formas, con un aumento a empleados nuevos y a quienes, para ejemplo de los disidentes, sí les pagaron los 120 pesos desde un inicio. De acuerdo con Prieto, la medida de la empresa fue el detonante de un paro laboral realizado por unos 700 empleados los pasados días siete y ocho de diciembre; movimiento que también trató de dispersar la compañía.
“Hicieron paro técnico, todo el segundo turno; a las 3:30 de la tarde llegaron unos 700 empleados pero no arrancaron, y a las 5:40 los empezaron a evacuar, la empresa mandó llamar al transporte de personal, y sacaron a los trabajadores y les dijeron que les iban a pagar el día, pero que se fueran; esto, para que no se generalizara el movimiento. Al día siguiente, vuelven a parar y los vuelven a sacar a todos, pagándoles el día”, dije Prieto.
El jueves, finalmente, despidieron a quienes firmaron la solicitud para la creación del sindicato. “Fue una represalia”, dice Miriam Delgado. “Fuimos 700 los que paramos las líneas porque nos están pagando un salario miserable; fue la injusticia por la que paramos las líneas”, agregó vía telefónica desde el plantón que sostenían el jueves afuera de la fábrica, ubicada al suroriente de Ciudad Juárez. De acuerdo con Prieto Terrazas, los despidos evidencian también la colusión entre la empresa y el Gobierno del estado, debido a que sólo la Junta de Conciliación y Arbitraje tenía el listado de quienes firmaron la petición. “¿Por qué el Gobierno permite esto, si somos los trabajadores los que sacamos adelante a Ciudad Juárez, con nuestra mano de obra, para ganar una miseria?”, cuestionó Delgado. “Nos dicen que tenemos que ensamblar 150 cartuchos por hora –o más de dos por minuto–, y si no, no sacamos el bono de producción, que es de 80 pesos a la semana. Pero si faltaba un compañero o ponían a alguien nuevo que tenía la otra pieza, o si a alguien le dolía una mano se atrasaba todo y ya no teníamos el bono”, agregó la hoy desempleada. El Gobierno del Estado ha defendido a la empresa y acusado de “prácticas extorsivas” a los obreros organizados. De acuerdo con medios locales, en una comparecencia ante la comisión del Trabajo del Congreso, el Secretario del Trabajo, Fidel Pérez Romero, señaló que si bien había condiciones qué mejorar en la industria, los plantones no eran la vía. “Las causas de los plantones en Ciudad Juárez son las prácticas extorsivas que han tomado algunos de los líderes sindicales para obtener beneficios, con las que no sólo han dañado a las empresas, sino a los propios trabajadores”, citó El Heraldo de Juárez al funcionario.
LA MAQUILA YA NO BASTA Ciudad Juárez es el municipio del país con mayor cantidad de población empleada en la industria maquiladora, con alrededor de 300 mil personas, pero sin sindicatos independientes. Este año, sin embargo, en la ciudad se han registrado otros movimientos entre los obreros de las multinacionales en demanda de mejoras salariales, como en Eaton, Scientific Atlanta, ADC y la trasnacional taiwanesa Foxconn, que tiene varias plantas en la ciudad. Prieto informó que ante la Junta de Conciliación se han presentado al menos otras dos solicitudes de registro por parte de los trabajadores de otras empresas, sin que alguna haya sido aceptada. Ubicada en el extremo suroriente de Juárez, la planta maquiladora Lexmark fue inaugurada en junio de 2005 por el entonces Gobierno de José Reyes Baeza, el cual anunció que el inicio de operaciones de ésta y otras multinacionales, como la sueca Electrolux, recuperaría cinco mil de los casi cien mil empleos perdidos desde la recesión económica de 2001. Pero los 700 pesos semanales que pagan a los obreros, comentó Delgado, apenas si permiten la subsistencia. “Compro 300 pesos de mandado a la semana (14 pesos diarios entre ella y sus dos hijos adolescentes). Si tengo que pagar luz y gas, ya no compro comida esa semana. Otros 300 pesos son para la escuela, porque aunque dice el Gobierno que es gratuita, no es así. Pago transporte, internet, 90 pesos para una tarjeta de teléfono”, dijo. “Ahora estoy desesperada, no sé que hacer, ando enferma de mi pecho por todas estas injusticias, porque yo trabajé mucho tiempo para mi planta. Y uno como mamá soltera es más desesperante, porque ¿qué va a hacer uno? El estudio no es gratuito, nada es gratuito, hasta para caminar los zapatos se acaban”, agregó la madre de familia. En un posicionamiento enviado a través de correo electrónico, Lexmark dijo tomar “muy seriamente los valores de respeto mutuo” y la satisfacción de los empleados. “Abrazamos las diferencias individuales y escuchamos todas las voces. Estamos comprometidos a participar en conversaciones abiertas y honestas con nuestros empleados para asegurar Lexmark continúe siendo un lugar gratificante para trabajar”, dijo Leea Haarz, gerente general de Lexmark en Juárez.
Este medio trató también de contactar a Joaquín Barrios Cervantes, titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ubicada en Juárez, pero no hubo respuesta en el número telefónico que aparece en la página electrónica oficial del Gobierno del Estado. VÍDEO:
MÉXICO, D.F: Durante una gira de trabajo por la ciudad de Mérida, Yucatán, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa, celebró la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, la iniciativa de decreto para crear la Secretaría de Cultura, votada el pasado jueves 11 de diciembre. El funcionario dijo a los medios: “Me parece que el paso que dieron los diputados para la creación de la Secretaría de Cultura del gobierno federal es significativo de la importancia que tiene la cultura en el desarrollo del país. La iniciativa presentada ante el Congreso por el presidente Peña Nieto ha sido recibida con entusiasmo, tanto por los diputados, así como por los creadores y artistas, y por la comunidad cultural. Falta, por supuesto, que se apruebe en el Senado, pero podría resumir, afirmando que ésta es una de las grandes acciones que ha emprendido el presidente de la República.” Según información oficial del área de Comunicación Social del Conaculta, la secretaría forma parte de la reorganización “de un proceso histórico iniciado en 1905, con un concepto de Justo Sierra, y que fue retomada exitosamente por José Vasconcelos en 1921, con la formación de la Secretaría de Educación, pero con sus enormes limitaciones de esa época”. Y reitera el argumento esgrimido la semana pasada por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, en el sentido de que “ya no se da abasto… su prioridad es la tarea educativa”. Tovar añadió que “requiere que la cultura vaya al ritmo que otras instituciones del Estado”. Se informa que Conaculta está constituido actualmente por 17 unidades administrativas y 12 instituciones desconcentradas, entre ellas los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA). Y se destaca además como parte de lo que llaman la infraestructura cultural “más grande de América Latina” con 120 mil monumentos históricos, 200 mil vestigios arqueológicos, mil 200 museos, 700 teatros”. El proyecto para la creación de la Secretaría de Cultura tuvo varias críticas desde que fue presentado por Peña Nieto en septiembre pasado. Los trabajadores de los institutos INAH, INBA, así como Radio Educación, Centro Nacional de las Artes, entre otros, han mantenido su rechazo a la iniciativa, pues no están de acuerdo con la separación del vínculo entre educación y cultura, y porque la iniciativa habla de un uso “intensivo” del patrimonio cultural, lo que podría significar una mayor comercialización de la ya existente. Los trabajadores también han luchado por sus derechos laborales. Al respecto, Tovar y de Teresa aseguró que “está clarísimo que los derechos laborales se respetarán, porque así se establece en la Constitución”. Los medios le preguntaron qué pasará con sus contratos colectivos, dado que se firmaron con la SEP desde hace décadas, dijo escuetamente que habrá que ver de manera individual cada cosa, y cómo se crearán nuevas formas de organización:
“Son los propios trabajadores quienes deciden su forma de organización, y como instituciones no tenemos otro papel que respetarlo.” FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUDITH AMADOR TELLO. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423376
MÉXICO, DF: Eric Ulises Ramírez Crespo, el acalde con licencia del municipio de Cocula, Guerrero, detenido en octubre de este año junto a Adán Zenén Casarrubias Salgado, “El Barbas”, considerado el líder del grupo Guerreros Unidos, tras la detención de su hermano Sidronio, quien se encuentra preso acusado del asesinato de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre, de 2014, narra la historia que rodeo su detención: “El día 28 de octubre estuve aquí en la Cámara de Diputados, en el Distrito Federal, metimos 66 obras en hacienda, estuve desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día 29 en que fueron aceptados mis proyectos. A esa hora salí y me trasladé a Cocula, pero como ya era muy de madrugada me quedé a dormir en un hotel en Iguala. Me levanté a las 9 de la mañana y me fui a festejar el cumpleaños de mi hijo que cumplía cuatro años. Una hora después, me trasladé a Cocula”. Llegó a las 11 de la mañana al ayuntamiento y empezó a recibir a personas, después bajó para visitar las ofrendas del día de muertos que hicieron personas de la tercera edad de diferentes comunidades y fue nuevamente a la oficina a checar algunas cosas, luego acudió al mercado a formar el comité de mercados municipales. De allí se trasladaron a la ciudad de Cuernavaca a una reunión, eran como a las 2 de la tarde: “Salimos mi chofer, Mariano Zamora Paredes, mi secretario particular, Benjamín Martínez Acosta, y yo, con la intención de ver a un empresario para gestionar un Oxxo o una bodega Aurrera para el municipio de Cocula”, recuerda el alcalde. “La reunión me la programó mi secretario particular con una persona que después supe era Elías Flores, un abogado a quien yo no conocía. Él, era el enlace para ver al empresario, el encuentro supuestamente sería en Galerías de Cuernavaca, allí lo esperamos. Después, nos dijeron que sería en el restaurante La Cabaña de Max, cerca de la central de abastos de Emiliano Zapata”, recuerda Ramírez Crespo. Llegaron al sitio, el empresario nunca se presentó de nombre conmigo, solo me dio la mano en saludo: “Empezamos a platicar, yo sobre el Oxxo y la bodega Aurrera, él me dijo que tenía muy buena relación con Chedraui, que era factible llevarla a Cocula, que yo solo consiguiera el terreno para que se estableciera la tienda en el municipio”. Luego empezó a hacerle preguntas sobre la mina de Oro situada en la comunidad de Nuevo Balsas, quería saber si la mina aportaba apoyo al ayuntamiento municipal y si había un sindicato: “le dije que aportaba un poco, porque estará en explotación hasta marzo de 2016, por lo que ahora solo ayuda a las comunidades, con cemento, pago de agua, pago de luz… y que no hay sindicato”. Luego, el supuesto inversionista le empezó a preguntar sobre la seguridad de Cocula: “quería saber si había una situación de amenazas en mi contra, le dije que no, yo no tenía ningún problema. Me preguntó si ya tenía director de seguridad, respondí que estaba esperando al gobernador, Héctor Astudillo Flores, porque yo no sabía si iba a ser nombrado por él, por un mando único, o por el municipio”. En eso estaban, cuando llegaron los elementos de la Policía Federal y del Ejército, un vehículo con policías municipales de Cuernavaca, después una Suburban y varias camionetas con soldados. Entraron armados ordenando que nadie se moviera y que todos se arrojaran al suelo. Pidieron identificaciones. “Eran como entre 50 y 60 hombres armados del batallón militar de Cuernavaca. Primero nos trasladan rumbo a Iguala, después se regresan a la ciudad de México y nos llevan a la SEIDO. Mis tres compañeros y yo éramos trasladados en una camioneta. Al supuesto empresario y las dos personas que le acompañaban iban en otra camioneta. -¿A usted por qué lo detiene?,- se le pregunta al alcalde con licencia. -Me detiene de una manera injusta porque no había orden de detención, creo que por ser alcalde y más de Cocula. Me llevaban como testigo, de hecho el día 30 de octubre nos iban a dejar en libertad pero por el problema mediático-político, nos dejaron como indiciados por delitos de delincuencia organizada, fue el único delito que nos imputaban. -¿Fue torturado, presionado de alguna manera? -No. Solo un policía en la SEIDO nos trató de manera muy humillante, por eso fue la queja ante la CNDH. Además, por el encierro, uno se siente afectado. Describe su celda: es un cuarto con luces prendidas todo el día, cámaras, micrófonos y en la puerta una reja que solo abre apretando un botón al que solo tiene acceso el monitorista que maneja la cámara de video. Recibía visitas todos los días, de 10 de la mañana a 12:30 horas. También llamaba por teléfono diariamente a las 3 de la tarde: “hablaba con mis hijos, porque ellos nunca quise que vinieran a verme”, confiesa. Ramírez Crespo pasó más tiempo recluido en la casa de arraigo, de donde fue liberado tras 39 días, sin contar los cuatro que pasó en la SEIDO. -Con mucho trabajo, creo que me la pase 10 o 12 días en el ayuntamiento porque el resto estuve gestionando muchos proyectos. Prácticamente vivíamos en el Congreso, gestioné 66 obras, al final creo que llegaron 22 millones de pesos para la mayoría de los proyectos. No sé cómo quedó un hospital y la unidad deportiva que estaba gestionando. Cocula, tiene 14mil 300 habitantes. Ulises Ramírez ganó con una diferencia de más de 900 sobre el priista, su contrincante más cercano. -¿Listo para tomar nuevamente posesión de la alcaldía? – Si es solo mi decisión, regreso, pero ahorita tengo que esperar al consenso familiar pues hay opiniones encontradas. -¿Los primeros 30 días de su gobierno la seguridad cómo estaba? – No hay delincuencia, no hay asesinatos. Los primeros 30 días no hubo ninguna muerte, ningún herido, nada… El alcalde perredista, fue liberado por la Procuraduría General de la República (PGR), bajo reservas de la ley: “dicen que van a seguir investigando, pero digo, si durante 43 días me investigaron de pies a cabeza, porque hicieron dos investigaciones en el municipio de Cocula y en el ayuntamiento municipal y no encontraron nada”. Recuerda que cuando lo arraigaron le dieron un boletín informativo de la Policía Federal sobre una investigación que le hicieron durante un mes y no le encontraron nada: “hasta el día en que estuve en el lugar menos indicado. Uno de los alegatos que presentó nuestra defensa, fue que en campaña, el PRD solicitó a PGR que investigara a todos sus candidatos por delincuencia organizada, a raíz de lo sucedido el 26 de septiembre –cuando desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa- yo pasé el filtro de la investigación de la PGR y por eso fui candidato”. Don Alcibíades Ramírez Chávez, su papá interviene: “Mi hijo fue liberado ayer a las 11:30 de la noche. No se le amplió el arraigo porque en la investigación que hizo la PGR lo encontró limpio, en cuanto a la acusación que se le hizo por sus vínculos con la delincuencia organizada”. -Cuál fue el argumento de PGR para dejarlo en libertad. -No tuvo elementos para consignarlo. No encontró elementos para mantenerlo arraigado. Se le investigó cuánto gastó en campaña, para ver si había alguna vinculación a través de detectar el exceso de inversión, sin embargo, quiero decirle que se gastaron 63 mil pesos que le aprobó el INE, eso se sostiene en un informe del INE que presentamos a la SEIDO. Después se le investigó sobre recursos económicos que hubiera recibido en su tarjeta como médico, porque trabaja en salubridad, pero no tiene ningún depósito extra, solo el salario que ganaba como médico. Se le investiga también de propiedades, él no tiene ninguna, tiene hijos, pero no tiene casa: “vive conmigo. El único que tiene casa y registrada ante el Registro Público de la Propiedad soy yo y me costó 33 años de maestro comprarla. Él no tiene coche, ni terrenos”, afirma. Incluso, de su teléfono sacaron la sábana de llamadas para detectar alguna llamada o mensajes relacionados con las personas –de Guerreros Unidos- pero no encontraron nada: “lamentamos que su detención haya ocasionado un daño moral y familiar. El destino nos jugó una mala jugada. No queremos demandar a nadie. Lo que pasó lo dejamos atrás”. “En el momento de la detención de Ulises, tramitamos una licencia indefinida ante la legislatura local, ahora, a pesar de que le tomaron protesta al alcalde suplente, ante la inocencia de mi hijo tiene el derecho de regresar. En lo personal, creo que tiene que reintegrarse por dos razones. La primera, es que él y la familia hayan decidido continuar al frente de la Presidencia; la segunda razón es que tiene que regresar y decirle al pueblo aquí estoy, me investigaron y no encontraron nada, pero renuncio porque quiero seguir con mi vida”, explica. Don Alcibiades, quien también fue alcalde de Cocula en el trienio 2002-2005, recuerda los tragos amargos: “vi mal una opinión de la presidenta de la Cámara de Diputados de Guerrero, la doctora Flor Añorve Ocampo, quien ella decía que le iba a hacer juicio político a Ulises, cuando no se le había demostrado que efectivamente era un delincuente. -¿El partido le dio la espalda? -Al principio sí, estuve con el presidente nacional del PRD, estuve un día antes de que él saliera del CEN del PRD, estuve en su oficina, le dije que quería todo su apoyo, que no era posible que el PRD siempre se deslindara. Le pedí, juéguesela con mi hijo, él es inocente. Me dijo que lo iba a pensar porque a tras de él había millones y millones de militantes y que no se la podía rifar por una persona. Así le dejé. Con la nueva dirigencia, me acerque a la Secretaría General del Comité Ejecutivo, la profesora, Betty Mojica, ella fue candidata a la gubernatura por Guerrero. Ella fue con Ulises a campaña en Cocula, varias veces. Ella intervino no sé si directamente con la Procuradora Arely Gómez, no para pedir que liberaran a Ulises, sino para que le hicieran un juicio apegado a la ley. Lo mismo hizo Carlos Sotelo, líder de la corriente Democracia Social, a la que pertenece Ulises. “Busque una entrevista con el señor gobernador Héctor Astudillo, quien es mi amigo, en el 2002-2005, cuando fui alcalde de Cocula, mi hijo y yo lo apoyamos cuando perdió su campaña. Incluso en campaña lo acompañé a Chicago, Estados Unidos, sin embargo, lo busqué y no encontré ninguna respuesta o luz que me llevara a él, Sé que tiene muchas ocupaciones. No hubo manera de verlo”.
“Afortunadamente mi hijo ya está en libertad, la PGR no tubo elementos para consignarlo”, celebra el padre del alcalde. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423375
México, DF. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que personal militar adscrito en el estado de Sonora aseguró 480 paquetes de cocaína con un peso aproximado de 592 kilogramos y 46 paquetes de heroína con un peso de 56 kilogramos. La droga fue detectada tras la revisión de un camión de carga procedente de la ciudad de Puebla, y que tenía como destino la ciudad de Tijuana, Baja California, y que supuestamente transportaba cebollines y nopales en cajas de plástico. Durante la revisión del vehículo los efectivos castrenses localizaron los paquetes de droga ocultos entre la carga.
