PUEBLA, Pue: El Congreso de Puebla aprobó tipificar en el Código Penal del estado la “tentativa de feminicidio”, que se configurará cuando se compruebe que un hombre golpeó al menos en dos ocasiones de manera dolosa a una mujer.
Este delito, de acuerdo con la reforma aprobada, castigará con penas de 24 a 40 años de cárcel la “violencia reiterada” contra la mujer.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador Rafael Moreno Valle el pasado 26 de noviembre durante la ceremonia del día internacional contra la violencia hacia la mujer, y presentada el 2 de diciembre.
La propuesta surge luego de que organizaciones y académicos denunciaron que se ha registrado un alza en el número de feminicidios en esta entidad.
Incluso, organizaciones como el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) han reclamado que se decrete el protocolo Alba o la alerta de género en esta entidad ante el creciente número de homicidios en los que las víctimas son mujeres.
El Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana de Puebla ha reportado que en lo que va de este año se han registrado 67 feminicidios en Puebla aunque la Procuraduría estatal sólo tiene registrados 23 de 2011 a la fecha.
La institución académica asegura que el gobierno estatal tiene un subregistro de este tipo de homicidios para tratar de maquillar la situación de alerta que se vive en Puebla con respecto a este delito.
Al concluir este día el período ordinario de sesiones, los legisladores poblanos aprobaron el dictamen que emitieron las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia con el cual se adiciona el artículo 338 al Código Penal.
Dicho precepto señala que se presumirá tentativa de feminicidio cuando “las lesiones dolosas previstas en los artículos 306 fracción II y 307, ocasionadas a una mujer, tengan algún precedente de violencia familiar y otra lesiones respecto del mismo agresor”.
En julio pasado el Congreso del estado aprobó otra reforma al Código Penal para aumentar de 40 a 60 años las penas contra quien cometa un feminicidio.
El caso que desató las movilizaciones para alertar sobre esta problemática fue el de Paulina Camargo, la joven de 19 años de edad, que desapareció cuando tenía casi cinco meses de embarazo y se presume que fue asesinada por su novio.
Familiares y amigos de Paulina, así como organizaciones y activistas han diferido de la propuesta que hizo el gobernador para enfrentar la problemática de los feminicidios, pues consideran que la cifra no reducirá sólo al incrementarse la penalidad contra los agresores.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
FECHA: 15 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423617
MANZANILLO, Col: La exdiputada federal panista Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata, excluyó al aspirante del PAN a la gubernatura, Jorge Luis Preciado Rodríguez, de la firma de un acuerdo de colaboración contra ese flagelo al que sí fueron invitados los cinco candidatos restantes.
En entrevista posterior declaró que el abanderado del blanquiazul no fue invitado porque “desde el Senado ha tratado de pasar reformas que podrían beneficiar a tratantes y perjudicar a víctimas, y me parece una conducta claramente contraria a lo que es el interés de esta comisión”.
Cuestionada sobre el tipo de reformas a las que se refería, Orozco indicó, sin precisar, que aquel intentó “hacer cambios en tipos penales que hoy están castigando y nos permiten tener el segundo país con más sentencias”, por lo que de realizarse las modificaciones “tendríamos impunidad”.
Además, añadió, “no tenemos por qué invitarlo, somos sociedad civil y decidimos, aquí están nuestros estatutos: seleccionar a los candidatos que nosotros consideremos que cumplen con esto (…) Tengo un cariño especial por Acción Nacional, y en otros estados, en otras elecciones, seguramente apoyaré a todos sus candidatos”.
Insistió: “Nosotros seleccionamos a los candidatos que no tengan ninguna acusación en estos temas, basta con el hecho de que él haya tratado de pasar reformas que tienen una muy grave situación para perjudicar a las víctimas, como quitarles el fondo de atención, haciendo cosas que desde la legislación es equivocado”.
En cambio, Rosi Orozco dijo que el exsenador priista Rogelio Rueda Sánchez, actual presidente estatal del PRI, ayudó a la causa de las víctimas de trata cuando estuvo en la Cámara Alta.
Hace unos días el candidato priista José Ignacio Peralta Sánchez acusó en declaraciones radiofónicas a Jorge Luis Preciado de supuesta vinculación con una red de prostitución y trata de personas. Cuando el locutor le preguntó si tenía pruebas, señaló que se basaba en lo que la gente dice.
Los candidatos que firmaron el acuerdo fueron José Ignacio Peralta Sánchez (PRI-PVEM-PT-NA), Leoncio Morán Sánchez (Movimiento Ciudadano), José Francisco Gallardo Rodríguez (Movimiento Regeneración Nacional) y Gerardo Galván Pinto (Encuentro Social). Martha Zepeda, del PRD, dijo haber recibido tarde la invitación y no alcanzó a llegar al evento.
Entre los puntos incluidos en el acuerdo firmado destacan: Velar porque la prevención de la trata de personas esté basada en el respeto a los derechos humanos, la sensibilidad hacia las cuestiones de género y la infancia, así como aportar elementos al debate legal para prevenir más eficazmente la trata de personas, realizando y/o coadyuvando con estudios y la determinación de datos sobre la naturaleza y alcance en todo México.
Los compromisos también establecen promover sistemas y mecanismos de denuncia, alerta temprana y movilización ciudadana en contra de la trata de personas y sus modalidades; ofrecer apoyo activo y determinante en investigaciones judiciales y establecer sentencias condenatorias a los tratantes de personas; investigaciones judiciales para desarticular dichas redes y asegurar la protección de los derechos humanos de las víctimas de trata, y apoyar sistemas de protección y asistencia que ofrezcan ayuda médica, psicológica y social, jurídica y de reinserción, entre otros.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
FECHA: DICIEMBRE 2015.
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MÉXICO, DF: Con el respaldo del exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, el jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera presentará mañana al Congreso de la Unión una iniciativa para permitir el uso de la mariguana con fines medicinales en todo el país.
En conferencia, el mandatario local informó que la iniciativa consistirá en reformar la Ley General de Salud para “lograr un vínculo” entre la sociedad y el uso medicinal de la yerba, a partir de un enfoque “de salud y derechos humanos”.
La iniciativa que presentará alrededor de la una de la tarde es resultado del trabajo del GDF con los integrantes del Seminario de Estudios de la Globalidad dela Facultad de Medicina de la UNAM, encabezado por el exsecretario de Salud federal.
“Estamos en una coincidencia plena, creemos que es independiente de los otros debates, del debate que se va a dar del uso terapéutico, recreativo, lúdico. Esto tiene que ver con derechos humanos”, dijo.
Mancera Espinosa adelantó que el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados ha manifestado su interés para trabajar en dicha iniciativa; no obstante, dijo confiar en tener el apoyo de los demás partidos políticos.
Luego de una reunión privada para discutir el tema, el exrector De la Fuente destacó que en la Facultad de Medicina se ha trabajado desde hace casi tres años en la relación “compleja” entre la mariguana y la salud de las personas. Reconoció que tiene efectos “indeseables” en la salud, pero también un potencial terapéutico.
El también presidente del Instituto Aspen México consideró que es necesario dar a las drogas, empezando por la mariguana, “la dimensión que deben de tener como una sustancia que no es inocua, que puede ser peligrosa, que no recomendamos que se use, pero que tiene un potencial terapéutico y que ahí abre una vertiente diferente”.
La iniciativa incluye, agregó, el resultado de análisis jurídico, clínico, social, terapéutico y de las conductas individuales y colectivas sobre el uso de la mariguana.
El pasado 11 de noviembre, Mancera Espinosa anunció que la Ciudad de México impulsará “sin ambigüedades” la aprobación del uso medicinal de la mariguana.
Dijo: “Estamos a favor del uso medicinal, ni siquiera tenemos que crear albergues o grandes lugares. Simplemente es, los productos que ya están probados, esos productos deben llegar aquí a la salud”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 15 DICIEMBRE 2015
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La Ronda 1.3 fue calificada por el Gobierno mexicano como un total éxito, ya que se adjudicó el 100 por ciento de las áreas que se ofertaron. En este proceso, las empresas mexicanas sobresalieron ante las extranjeras; sin embargo, a decir de algunos especialistas, las petroleras nacionales carecen aún de experiencia en este terreno, pues tras la Reforma Energética, ésta es su primera oportunidad para competir con el monopolio de Pemex.
Empresas mexicanas lograron, durante la Tercera Licitación de la Ronda Uno, la adjudicación del 100 por ciento de las áreas contractuales de las 25 que ofertó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Para el Gobierno federal, esta etapa fue la más exitosa de las que van hasta ahora; sin embargo especialistas en el mercado energético aseguran que las empresas son de reciente creación o fueron prestadoras de Petróleos Mexicanos (Pemex) por lo que habrá que esperar a ver su desempeño.
El titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Codwell, declaró en días pasados que para esta licitación se esperaba la adjudicación de al menos cinco áreas, sin embargo se lograron las 25 previstas en las bases de la licitación.
Al respecto, el Presidente Enrique Peña Nieto comentó a través de su cuenta de Twitter que “a pesar de los bajos precios internacionales del petróleo, se confirmó la confianza en México y en el futuro de su industria energética” .
Sin embargo, Miriam Grunstein Dickter, académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), comentó que “de nada sirve adjudicar muchos contratos si no se va a incrementar la eficiencia en la producción, que tiene mucho que ver con la tasa de recuperación. Se trata de que sea eficiente y que nos sitúe razonablemente bien dentro del mercado internacional”.
De acuerdo con Accival Casa de Bolsa de Banamex, la contribución de los campos a plena producción podría alcanzar entre 63 y 126 mil barriles diarios dentro de los próximos dos años al adjudicarse todas las áreas ofertadas.
De entre las empresas mexicanas que participaron en el proceso, Geo Estratos, S.A. de C.V., en consorcio con Geo Estratos Mxoil Exploración y Producción, S.A.P.I. de C.V, fue la compañía nacional que adjudicó más contratos al ganar 4 áreas (las número 19, 24, 10 y 17) del total que se ofertaron en esta licitación.
La empresa Geo Estratos, con sede en Tamaulipas, proporciona servicios de asesoría y ejecución de obra para llevar a cabo estudios y proyectos de investigación relacionados con la industria petrolera y petroquímica específicamente. El director general del Geo Estratos es Vicente González Dávila.
La segunda mexicana ganadora fue la firma Strata Campos Maduros, S.A.P.I. de C.V que obtuvo tres campos: las áreas número 5, 20 y 18.
Asimismo, el tercer lugar lo obtuvieron las empresas Sarreal, S.A. de C.V. y Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V., al adjudicar dos áreas contractuales cada una.
El resto de las compañías nacionales apenas figuraron en esta licitación, pues de acuerdo con especialistas del mercado energético, se trata de empresas nuevas que a partir de hoy comenzarán a competir en la extracción de hidrocarburos en el territorio nacional.
Al respecto, Guadalupe Campuzano, asociada de Energea, comentó que “las empresas son nuevas, casi nadie sabemos quiénes son, pero dentro de los criterios para la calificación, en esta ronda en particular, como es de zonas con menos riesgo y dificultad, se permitió la participación a través del personal que integra estas compañías con el talento necesario, el chiste era encontrar a la gente que pueda tripular y desarrollar esas áreas”.
En ese sentido agregó que algunos de los ex trabajadores de Pemex reunieron sus conocimientos; sin embargo muchos de ellos laboraban como trabajadores de servicios que lograron el capital y la experiencia necesaria para poder calificar por los campos distribuidos en Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco y Veracruz que en su conjunto traerán una producción de 77 mil barriles diarios de petróleo con una inversión mil 100 millones de dólares.
Las estimaciones se hicieron con un precio promedio de 14 dólares por barril, por lo que se espera un monto de inversión por 620 millones en un cálculo de cinco años.
La experta en temas energéticos Grunstein Dickter comentó que “estamos todavía hablando de una escala muy semejante a la de la primera y segunda licitación”, respecto a las características de las áreas contractuales, y explicó que probablemente en las siguientes etapas de la Ronda Uno haya mayor participación ya que las zonas podrían tener mayor producción.
Para Campuzano, “como estrategia, esta es la oportunidad para que empiece a integrase un mercado mexicano de empresas operadoras, el problema es que las áreas que se seleccionaron son pobres […] sin embargo, dado que está también integrado las firmas quieren transitar de ser empresas de servicios a operadoras y puede que estén dispuestas a sacrificar un poco los altos márgenes de la industria como para ser empresas operadoras”.
NUEVAS REGLAS
En esta ocasión la dinámica y los requerimientos para las empresas durante el proceso de licitación fueron distintos ya que se ofertaron 50 por ciento más bloques que durante la primera fase de la Ronda Uno, por lo que, además de las condiciones de los campos, el proceso licitatorio fue diferente.
En una primera etapa se licitaron los campos de tipo 2 que cuentan con un volumen remanente de hidrocarburos mayor o igual a 100 millones de barriles, mientras que en una segunda fase se ofertaron los campos de tipo corresponden a las que cuentan con un volumen remanente de hidrocarburos menor a 100 millones de barriles.
Asimismo, ayer se pudo observar la participación de más de una vez de los interesados concursar por distintas áreas, hecho que no ocurrió durante las licitaciones pasadas y que en esta ocasión quedó limitada respecto a la garantía de seriedad que presentaron las compañías.
Por su parte, la CNH dio a conocer que se realizaron modificaciones en las bases de licitación como en el contrato.
En las bases de licitación se incluyó la obligación de presentar un plan provisional para la continuidad de las actividades de los campos en producción en las áreas adjudicadas, el cual, será requisito indispensable para la suscripción del contrato.
“Además, éste deberá especificar las actividades que permitirán dar continuidad operativa a los campos que se encuentran en producción, así como los procedimientos para la entrega y recepción de hidrocarburos”, detalló la Comisión.
Respecto al contrato destacaron las modificaciones al Programa Mínimo de Trabajo donde se hizo una precisión sobre las siguientes actividades correspondientes al período de evaluación: reparaciones mayores; reparaciones menores e interpretación de sísmica 3D.
En la Etapa de Transición de Arranque se hizo una precisión sobre la responsabilidad del contratista respecto a cualquier daño ambiental resultado de la realización de las actividades petroleras durante esta etapa.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: XANATH LASTIRI.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-12-2015/1578506
Por desinterés, ignorancia, por razones políticas o por una visión poco clara de su función social, algunos responsables de sistemas estatales de radio y televisión socavan los esfuerzos para que México tenga un modelo robusto de medios públicos.
Destaco dos ejemplos recientes. Además del bochornoso espectáculo que vivimos en los últimos días sobre la necesidad de aplazar el apagón analógico de televisoras públicas por la negligencia de algunos gobiernos estatales que las operan al no destinar las inversiones necesarias para esta transición tecnológica, nos enteramos la semana pasada que el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (C7) dio cabida en sus frecuencias a varios noticiarios de Grupo Fórmula, propiedad del empresario Rogerio Azcárraga.
Con base en el convenio firmado entre el órgano del estado y la empresa radiofónica, tres estaciones de radio ubicadas en Guadalajara (96.3 MHz), en Ciudad Guzmán (107.1 MHz) y Puerto Vallarta (91.9 MHz) retransmiten desde el 7 de diciembre los noticiarios de Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y José Cárdenas. Por si fuera poco, también le dan cabida al programa “Contraataque deportivo”, que conducen Antonio Rosique, Luis García, Christian Martinolli y Rodolfo Vargas. El acuerdo no incluye la retransmisión de la pauta comercial (¡sólo eso faltaba!).
No hay justificación alguna para que un sistema que opera con recursos públicos se convierta en una extensión gratuita de la radio comercial y menos aún de conductores que ya de por sí tienen una presencia nacional a través de la televisión, de la misma radio y medios digitales e impresos. Ni siquiera la falta de presupuesto para generar producción propia es razón de peso para que los medios públicos sean utilizados como simples bocinas de espacios informativos con líneas editoriales e intereses comerciales y empresariales, frecuentemente alejados del interés general.
En entrevista con López Dóriga, el director general del C7, Alberto Mora Martín del Campo, dijo que este convenio “abonará a la construcción de opinión pública en el ejercicio de las libertades de expresión en materias opinables”. No queda claro que quiso decir el funcionario con “materias opinables”, pero si lo que se busca es construir opinión pública con base en el periodismo y la agenda informativa de López Dóriga o de Loret de Mola y sus empleadores, no hay entonces ninguna necesidad que los jaliscienses mantengan estaciones de radio que no se diferencian de lo que ya es posible encontrar en muchos otros espacios mediáticos.
Los medios públicos, como bien se señala en el histórico documento de la UNESCO “La radio y la televisión pública ¿por qué? ¿cómo?”, elaborado en 2001, fomentan el acceso a la vida pública y la participación en ella, desarrolla los conocimientos, amplía los horizontes y permite que cada uno se comprenda mejor al comprender el mundo y a los demás”. También son “herramienta de información y educación”. ¿Todas estas características se cumplen con la retransmisión de dichos noticiarios? Evidentemente no.
Por eso, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), capítulo Jalisco, que preside el Dr. José Bernardo Masini Aguilera, emitió un pronunciamiento en el que afirma que los jaliscienses quieren encontrar en su medio público “contenidos plurales, regionales y críticos”. En ese sentido, agregó, “es lamentable que las autoridades estatales renuncien a resolver creativamente el reto de dotar de mejores contenidos a la sociedad jalisciense. El talento de los comunicadores jaliscienses, por no mencionar a quienes ya colaboran en el Sistema, fue ignorado a través una decisión apresurada y comunicada de manera tardía”.
El Defensor de la Audiencia del C7, Alberto Fernando Velasco Vera, emitió a su vez una recomendación en la afirma que el noticiario local quedó relegado a la frecuencia de AM (790 KHz) por privilegiar a los noticiarios de Grupo Fórmula. Con este cambio de programación se concreta un daño más a la audiencia jalisciense: el derecho a informarse de los asuntos locales o regionales, a través de sus propios medios. Vaya contradicción. El centralismo mediático e informativo es ahora fomentado por el propio sistema estatal de radio y televisión.
Zaira Yael Ramírez, articulista de El Diario NTR, de Jalisco, se pregunta: “¿Queremos que la televisora de Jalisco se convierta en una repetidora de contenidos de otras cadenas que se producen en el D.F.? Sin menospreciar en lo más mínimo los contenidos elaborados por los periodistas de la capital del país, sería más rico ofrecer a los jaliscienses productos hechos en Jalisco por personas capaces y profesionales que conozcan la situación de este estado, que además existen”.
El C7 está en crisis y ésta sólo será atribuible al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, mientras el Sistema, como beneficiario de concesiones de uso público, siga sin operar, como lo establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con independencia editorial, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, entre otras obligaciones. El caso que nos ocupa se suma a otras polémicas decisiones en el C7 como el negarse a llevar a cabo una cobertura informativa durante el pasado proceso electoral, el cambio de directivos para favorecer las campañas políticas del PRI y la expulsión del anterior defensor de la audiencia, Gabriel Orozco, ante la cerrazón de la dirección general para atender recomendaciones y las ambigüedades en torno a la función de la defensoría.
La desatención al C7 contrasta con los cuantiosos recursos que el gobierno de Jalisco destina a la publicidad gubernamental en medios de comunicación comerciales. Tan sólo en el 2014 se gastaron más de 230 millones de pesos para fortalecer la imagen del gobernador y su gobierno en periódicos, grupos radiofónicos (como Fórmula) y televisoras. Este gasto, como documenta César Octavio Huerta, supera lo que se invirtió en muchos programas de salud, cultura o prevención. En siete años, según Artículo 19 y Fundar, el gobierno de Jalisco ha gastado más de mil 143 millones en publicidad oficial. Este gasto se ha incrementado un 158 por ciento desde 2007.
Con la retransmisión de los noticiarios de Grupo Fórmula, ahora se da cobertura gratuita a un medio comercial (una especie de subsidio indirecto). Esto suena más a una decisión política y de relaciones públicas del gobernador y sus funcionarios de primer nivel, y no a la falta de presupuesto, al fortalecimiento del derecho a la información o a las “materias opinables”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GABRIEL SOSA PLATAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/15-12-2015/42664
México, DF. La Secretaría de la Defensa Nacional contempla para 2016 la fabricación de 120 mil fusiles FX-05 calibre 5.52 milímetros, cuyo alcance efectivo supera los 700 metros, a fin de suplir en este sexenio los fusiles G-3, que utiliza desde hace varios años.
El coronel Otilio Ramírez Serrano, jefe de la industria militar, informó que el fusil FX-05 es utilizado por la mayoría de los ejércitos del mundo, ya que es resistente al agua, al lodo y a la arena.
Durante un recorrido por las instalaciones de la industria militar, el coronel Ramírez refirió que en el sexenio pasado la industria militar fabricó 30 mil de estos fusiles de largo alcance.
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo durante un desayuno con representantes de los medios de comunicación que el 2015 fue un gran año para la defensa nacional, ya que las labores de los soldados en apoyo a las autoridades civiles fueron óptimas para reducir la violencia y el auxilio a la población en caso de desastre.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/16/fabricara-sedena-120-mil-fusiles-fx-05-calibre-5-52-mm-8409.html
Por esa operación irregular el INE puede imponer multa de 88.5 millones al PVEM.
Adrián Escobar y Vega, hermano de Arturo Escobar, era accionista de Grupo Textil Joad, que vendió al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) camisetas que finalmente no fueron entregadas, operación ilegal por la que se pretende multar a dicha fuerza política con el pago de 88.5 millones de pesos.
Adrián Escobar fue accionista hasta el 29 de agosto de 2008, argumentó el PVEM para justificar que el familiar del ex vocero del Verde no participó en esa operación irregular, según el acuerdo que discutirá el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin embargo, el mismo partido explicó que suscribió un contrato con Grupo Textil Joad SA de CV 15 días antes de que Adrián Escobar saliera de esa empresa.
Adrián Escobar era también socio de Rabokse, otra compañía que trianguló con el Verde la contratación de cineminutos.
La compleja historia sobre esta investigación se inició en 2010. Al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) le despertaron dudas una serie de pagos que hizo el PVEM por unas escrituras de las que no había evidencia y halló que eran de un inmueble recibido a cambio de 763 mil 599 camisetas no entregadas, por las que se pagaron los 11.2 millones de pesos.
Como el PVEM fue emplazado en varias ocasiones a aclarar los 11.2 millones de pesos pagados por las camisetas, éste respondió: Efectivamente, participó como accionista desde la constitución del Grupo Textil Joad SA de CV el 6 de diciembre de 2005, hasta por lo menos el 29 de agosto de 2008, fecha en que se celebró la asamblea ordinaria y Adrián Escobar ya no figura como accionista. En virtud de ello no está relacionado ni es parte del asunto que se está investigando.
Para corroborar esa información citan dos instrumentos notariales: el número 18 mil 325, con fecha 16 de diciembre de 2005, que contiene la constitución de la sociedad denominada Grupo Textil Joad, Sociedad Anónima de Capital Variable, ante el licenciado Francisco l. Hugues Vélez, titular de la notaría número 212 del Distrito Federal (que ya obra en el expediente).
El segundo es el instrumento número 1551, con fecha 8 de septiembre de 2008, que contiene la protocolización del acta de la asamblea general ordinaria de accionistas de Grupo Textil Joad, Sociedad Anónima de Capital Variable, con fecha 29 de agosto de 2008, ante el licenciado Antonio López Aguirre, titular de la notaría número 250 del Distrito Federal.
El primer contrato que el PVEM firmó con la empresa cuestionada data del 15 de agosto de 2008 por la cantidad de 793 mil 600 playeras, por un monto de 13.4 millones de pesos, el cual fue reportado en el informe anual de ingresos y egresos de 2008.
El siguiente contrato, por el que el partido podría ser multado hoy, fue firmado el 10 de marzo de 2009 con la empresa mencionada.
En medio de esta historia se encuentra involucrado el ciudadano de origen chileno Jorge Alberto Peralta Casal, quien aparece como accionista mayoritario de Grupo Textil Joad, con un largo historial de detenciones por defraudación en contra de varias personas, entre ellas la cantante Sherlyn y dos personas a quienes les propuso vender playeras para partidos políticos que no fueron entregadas (según la causa penal 118/2009).
El PVEM añade que Marco Antonio de la Mora Torreblanca, ex dirigente del PVEM en Guerrero y suplente de Arturo Escobar en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados, asumió la deuda y, por tanto, se quedó con un terreno en Iztapalapa, derivado del contrato del 15 de agosto de 2008, por el que aún se adeudaba la cantidad de 11.2 millones de pesos.
Respecto de la participación del hermano de Escobar, el representante de Morena, Horacio Duarte, pidió investigar a dicho partido por evasión fiscal, financiamiento ilícito, lavado de dinero y apropiación de recursos públicos por dirigentes y familiares.
El representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez, dijo que en ese partido todo queda en familia y es parte del trinquete.
Puso en duda que dicha empresa textil haya entregado las camisetas del primero y del segundo contratos, y señaló que en todo caso tendría que investigarse en otro ámbito si hubo lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA BÉLTRAN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2015/12/16/politica/013n1pol
Morelia, Mich. Las 22 normalistas recién liberadas del Cefereso de Morelos fueron recluidas esta mañana en el penal David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, para enfrentar los delitos de robo y daño a propiedad.
A las 10 horas arribaron al penal que se ubica a 12 kilómetros de la capital del estado. En el Cefereso de Morelos las estudiantes de la Normal de Arteaga permanecieron una semana.
Ayer un juez consideró que no había elementos para procesarlas por violar la ley de armas de fuego y uso de explosivos. En cambio, a sus 30 compañeros se les dictó auto de formal prisión y continúan en una cárcel de Hermosillo, Sonora.
Los 52 normalistas fueron detenidos el pasado 7 de diciembre en la caseta de peaje de Zirahuén de la autopista Pátzcuaro- Lázaro Cárdenas.
Pasado el medio día, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tenía previsto una marcha de casa de gobierno al centro histórico, para exigir la liberación de los normalistas y pronunciarse en contra de la reforma educativa.
Tras un acuerdo con autoridades estatales, los maestros de la CNTE trasladaron el plantón indefinido de la avenida Madero a la Plaza Melchor Ocampo. El dirigente de la sección 18 de la coordinadora, Juan José Ortega, dijo que fue “un acto de buena voluntad para no afectar a terceros”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/16/detienen-de-nuevo-a-las-22-normalistas-de-michoacan-3246.html
MÉXICO, DF: La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) colocó hoy la totalidad de los contratos incluidos en la tercera licitación de la Ronda Uno, con lo que asignó numerosos campos maduros para extracción de gas seco, aceite y gas condensado que serán desarrollados por la iniciativa privada.
Como lo habían previsto analistas del sector, la participación y adjudicación a mexicanos, o bien a consorcios en los que figura al menos una empresa mexicana, fue destacada a lo largo de la jornada, en la que participaron con registro 45 empresas interesadas, entre nacionales y extranjeras.
La CNH colocó así entre particulares el desarrollo de 25 campos maduros que hasta ahora eran operados por Pemex, como paraestatal primero y luego como Empresa Productiva del Estado, su nueva denominación.
Entre los beneficiarios de la licitación, la Compañía Petrolera Perseus consiguió la adjudicación del campo denominado Tajón, ubicado en Tabasco, con una superficie de 28 kilómetros cuadrados y reservas probadas, probables y posibles (3P) de 652 millones de barriles de crudo.
Servicios de Extracción Petrolera Lifthing de México obtuvo otro campo maduro, denominado Cuichapa Poniente y localizado en el estado de Veracruz, con una superficie de 63 kilómetros cuadrados.
Canamex Dutch, originaria de Países Bajos, consiguió el campo llamado Moloacán, también en Veracruz, con una extensión de 46 kilómetros cuadrados.
Otra mexicana, Diavaz Offshore, logró un campo maduro de nombre Bacardon, localizado en Tamaulipas, con una extensión de 11 kilómetros. Más tarde la CNH le adjudicaría otro campo, llamado Catedral, localizado en Chiapas y con extensión de 58 kilómetros.
Durante la segunda etapa de la fase tres de la Ronda Uno, Renassience Oil Corp obtuvo la adjudicación del campo Mundo Nuevo, ubicado en Chiapas, con una superficie de 28 kilómetros; en esa misma entidad federativa la empresa consiguió otro contrato para la explotación del campo llamado Topén, con 25 kilómetros cuadrados.
Asimismo, Renassience se adjudicó su tercer campo, “Malva”, de 21 kilómetros, también en Chiapas.
El sexto campo fue para el consorcio integrado por Roma Energy Holdings y GX Geosciencia Corp, ambas de capital estadunidense, en asociación con la Tubular Techonology, de capital mexicano.
Las otras empresas mexicanas que ganaron la licitación fueron: Grupo Diarqco; Strata Campos Maduros; Benavides Primavera, Consorcio Manufacturero Mexicano; Mexicana Sarreal; Construcciones y Servicios Industriales Globales; Constructora y Arrendadora México.
Destacan los casos de Grupo Diarqco, que obtuvo la ventaja en dos licitaciones, así como el de Geo Stratos y Gestoratos Mxoil Exploración y Producción, que obtuvo cuatro.
El estimado del gobierno mexicano es que con la colocación de la totalidad de las ofertas contempladas para esta fase tres de la Ronda Uno, se consigan inversiones en el país por el orden de 620 millones de dólares en los próximos cinco años.
El presidente Enrique Peña Nieto calificó como todo un éxito la tercera licitación de la Ronda Uno, debido a que se superaron las expectativas de expertos al adjudicarse el 100% de los campos sometidos a concurso.
A través de su cuenta de Twitter @EPN, el Ejecutivo federal afirmó que a pesar de los bajos precios internacionales del petróleo, se confirmó la confianza en México y en el futuro de su industria energética.
El mandatario federal agregó que la transparencia y certeza jurídica que ofrece la reforma energética está atrayendo importantes inversiones generadoras de empleo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
FECHA: 15 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423644
MÉXICO, DF: Familiares de las víctimas del operativo policiaco realizado contra normalistas en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011, solicitaron este martes la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para iniciar un proceso contra el Estado mexicano por los agravios cometidos y la impunidad que persiste hasta ahora.
A cuatro años de los hechos, que derivaron en la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, la detención arbitraria de 24 estudiantes, y actos de tortura y malos tratos contra varios más, entre ellos Gerardo Torres Pérez, sus familiares exigieron sanciones para los responsables de las agresiones y garantías de no repetición.
En conferencia de prensa, Jorge Herrera, Elizabeth Pino, Gabriel Echeverría, María de Jesús y Martha Echeverría, padres, madres y hermana de Jorge Alexis y Gabriel, además de Gerardo Torres, coincidieron en su frustración porque ni siquiera la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso ha sido acatada, ya que ningún funcionario ha sido procesado por el caso.
Los familiares de las víctimas consideraron que de haberse cumplido la recomendación 1VG72012 –que concluyó que en los actos de represión de ese día contra estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, se registraron “graves violaciones a los derechos humanos”– no habrían ocurrido tragedias mayores como la desaparición de los 43 normalistas de esa misma normal en septiembre de 2014.
Acompañados por sus representantes Abel Barrera Hernández y Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, y Luis Carlos Buob, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), los familiares de las víctimas fatales y Gerardo Torres reprocharon que se utilizara la violencia extrema para desalojar a los estudiantes que exigían “una cita con el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero”, y que por deficiencias de la investigación, los policías que fueron procesados ganaron un amparo contra el auto de formal prisión.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, explicó que por el caso de las agresiones a los normalistas se abrieron cuatro expedientes judiciales, uno por homicidio en el caso de Alexis y Gabriel, uno por tortura en agravio de Gerardo Torres, y dos por tortura en el fuero común y el federal contra seis estudiantes.
Entre las inconsistencias jurídicas que presenta el expediente abierto por homicidio (que por cierto se encuentra archivado) destaca que sólo dos policías ministeriales de Guerrero fueron sometidos a proceso, pero fueron liberados ante la falta de pruebas por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado, además de que no se resguardó la escena del crimen, ni se hicieron los exámenes de balística necesarios para determinar el origen y trayectoria de las balas.
En cuanto a las deficiencias en la averiguación por la tortura en agravio de Torres, el abogado agregó que aunque se han tomado declaraciones de policías, comandantes y agentes del Ministerio Público que habrían participado en los hechos, hasta ahora “no se ha recabado la prueba técnica para comprobar la tortura, que es el dictamen médico y psicológico basado en el Protocolo de Estambul, a pesar de que Gerardo lo solicitó en su denuncia”, y hasta marzo de 2013 la CNDH envió el estudio que le practicó al normalista y que demuestra su calidad de víctima de ese delito.
Apuntó que los únicos funcionarios que fueron sancionados, entre ellos el entonces procurador Alberto López Rosas y el exsubprocurador de procedimientos penales Alejandro Paz, “no fueron procesados por las agresiones a los normalistas, sino por el delito de evasión de presos, porque pusieron en libertad a los estudiantes que fueron detenidos sin enviar un desglose a la Procuraduría General de la República (PGR) para que determinara si se cometieron otros delitos, como ataques a las vías de comunicación”.
Vidulfo Rosales resaltó que entre los objetivos de presentar el caso ante la CIDH sobresale el de “generar un análisis” sobre el trato que el Estado mexicano da a los estudiantes de las escuelas rurales y que tiene su máxima expresión en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
También representante legal de los familiares de los desaparecidos, Rosales aclaró que en ese caso la “expectativa fuerte” es que el asunto se esclarezca en el plano interno, con el apoyo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo objetivo sería precisamente “agilizar las investigaciones para no llevar el caso a la CIDH”.
Luis Carlos Buob expresó que si bien la represión policiaca del 12 de diciembre de 2011 y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, “son casos distintos, forman parte de un mismo contexto y de agresiones contra un mismo grupo de estudiantes de la rural de Ayotzinapa”.
Buob enfatizó que lo que los motivó a enviar el caso a la CIDH fue “la falta de diligencias y de un retardo injustificado del Estado para dar respuesta, con las debidas garantías del debido proceso, a los familiares de Jorge, Gabriel y Gerardo, una respuesta efectiva de lo que pasó, determinar lo que llamamos una verdad histórica y eventualmente una sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos”.
El abogado de Cejil explicó que los familiares de las víctimas mortales y Gerardo, como agraviado, además de sus representantes, están solicitando que la CIDH “declare la admisibilidad de esta petición y responsabilice al Estado mexicano por la violación del derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, al derecho a no ser sometido a torturas ni a malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes, y al derecho a las garantías y protección judiciales”.
Asimismo, los solicitantes pretenden que se tomen medidas sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos y el control de manifestaciones, así como reformas legislativas en materia de tortura.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
FECHA: 15 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423588
MÉXICO, DF: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite tres acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de la ley reglamentaria de derecho de réplica.
El ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la comisión de receso de la SCJN, dio entrada a los escritos presentados en contra de la ley que reglamenta el artículo sexto de la Constitución y que está vigente desde el viernes 4.
La ley también fue impugnada por la revista Proceso a través de un amparo con el que busca que no se le aplique en tanto no se revisen la constitucionalidad de la ley o de algunos de sus artículos. Sin oponerse a la reglamentación del derecho de réplica, el semanario considera que la ley viola el derecho a la libertad de expresión y a la libre circulación de las ideas (Proceso 2041).
La ley tiene, entre otras disposiciones, la protección específica para partidos, candidatos y precandidatos; además de que excluye del derecho de réplica a la información oficial.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Para darles trámite, la SCJN las acumuló en una sola demanda.
Las impugnaciones consideran que se viola tanto la Constitución como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CNDH considera que la ley es contraria a la libertad de expresión, pero tampoco garantiza el propio derecho de réplica.
La primera acción la presentó el PRD el jueves, firmada por el presidente de ese partido, Agustín Basave, y pide que la Corte declare la invalidez del decreto de ley, publicado por el presidente Enrique Peña Nieto en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre.
La segunda, presentada el 4 de diciembre, fue firmada por el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien impugnó sólo algunos artículos del decreto. Ese mismo día, la CNDH presentó su solicitud de acción de inconstitucionalidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
FECHA: 15 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423582
El Senado Mexicano ratificó a Juan José Gómez Camacho, Manuel Gómez Robledo y Juan José Guerra Abud, como embajadores. Los dos primeros fueron cuestionados por su negación de la crisis de derechos humanos en México, y el tercero por su falta de experiencia diplomática.
Defensores de derechos humanos y legisladores se mostraron preocupados ante los nombramiento que ayer aprobó el Senado de la República del nuevo representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan José Gómez Camacho, y de quien será el nuevo Embajador en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo.
El primero avaló, en su carácter de representante de México ante la Unión Europea, la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el segundo cuestionó a la ONU al señalar que en México no existía la tortura sistemática, como concluyó un informe de Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El pleno del Senado aprobó ayer seis embajadores y dos cónsules, pese a las críticas de expertos y organizaciones civiles que vieron en algunos de los diplomáticos la continuidad de políticas de puerta giratoria y de colocar en puestos clave a funcionarios que se han destacado por ocultar violaciones en materia de derechos humanos, y ser “alérgicos” a su reconocimiento.
Uno de ellos fue Gómez Camacho, quien fue aprobado con 105 votos para ser representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York.
“Esto es un vil intercambio de favores. Esto desprecia la profesionalización de sus cuadros, una enorme tradición que tenía México. No me extrañaría que después pongan a Javier Duarte, o a César Duarte, como premio por los votos conseguidos. Y esto es lo que hacen los países fallidos”, expuso a SinEmbargo el activista Daniel Gershenson Shapiro.
El diplomático carga con los señalamientos que dejó durante su gestión, que inició en diciembre de 2013, como Embajador ante la Unión Europea (UE), en la que se encargó de evitar que el Gobierno mexicano fuera condenado por el Parlamento Europeo por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Justo cuando los partidos de izquierda del dicho Parlamento amenazaban con romper el Acuerdo Económico Global, que tiene México con la Unión Europea, por la ausencia de garantías a los derechos humanos. Fue entonces que Gómez Camacho fue enviado a Estrasburgo, Francia, para cabildear con los eurodiputados de la Delegación de México.
Diversos medios locales refirieron cómo el entonces Embajador se dedicó a promover la “verdad histórica” del priista Jesús Murillo Karam, entonces al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), y a minimizar la desaparición de los estudiantes, al decir que no reflejaría un retroceso en materia de derechos humanos.
Al respecto, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, consideró que el Gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto está premiando con nombramientos diplomáticos a un grupo oligárquico que representa la “vieja guardia del autoritarismo priísta” y que tiene como objetivo hablar bien de México en el extranjero.
”Quieren mandar un mensaje del México folklórico, que aquí todo está bien y que las cosas van avanzando. Esos embajadores van a hacer un trabajo político en esta dirección, no son funcionarios que representen al país de manera objetiva. No vamos a ver embajadores que hablen de los problemas de México y que busquen la cooperación de otras naciones para enfrentar los retos que tenemos”, aseveró Rosales.
“Yo creo que la designación de Camacho no interferirá con el caso de Ayotzinapa. Puesto que la Caja de Pandora ya está abierta. Me parece que, con esta administración, ahora más que antes, los embajadores llegan a servir los intereses del PRI [Partido Revolucionario Institucional] y su política de tapar violaciones a derechos humanos”, dijo Gershenson Shapiro.
Por su parte, Manuel Gómez Robledo, quien negó los resultados de un informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, en marzo de este año, fue avalado por el pleno para ser el siguiente Embajador en Francia.
Previo a su aprobación, el martes pasado durante su comparecencia en comisiones, Gómez Robledo ofreció una disculpa por las declaraciones hechas a finales de marzo en relación al Relator.
“Fue una situación de la que aprendí muchísimo, del comentario que hice en el Senado, en una reunión de carácter informal, dio origen a un debate que demostró cuán arraigada está la importancia de seguir luchando por una mejor protección a los derechos humanos. Y reconozco que ofendí a sectores importantes, y una vez más pido disculpas”, agregó Gómez Robledo.
“Imagínate, antes los embajadores que no eran de carrera, sí eran intelectuales. Octavio Paz en la India o Carlos Fuentes en Francia. Perdón, pero entre ellos y Gómez Robledo hay un abismo de diferencia”, opinó por su parte Gershenson Shapiro.
Luis Carlos Buob, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, opinó que los funcionarios que ostentan altos cargos deben tener un perfil correspondiente al respeto y garantía de los Derechos Humanos.
“[Debe tratarse de funcionarios] que apoyen las recomendaciones de organismos independientes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o de otros en el marco de Naciones Unidas, que son quienes vienen a documentar y darle herramientas al Estado y a determinar la situación que se está viviendo, que se vivió en el pasado, sobre todo, para evitar que sucedan en el futuro”, refirió.
EL PVEM: TAMBIÉN EN LAS EMBAJADAS
Mientras tanto, organizaciones civiles sostienen que estas designaciones siguen siendo parte de la política de puertas giratorias, como lo fue el caso de Juan José Guerra Abud, quien fuera hasta hace tres meses el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Tenemos ya varios años en las que se usan las embajadas para mandar a los amigos, que ya no se pueden recontratar o tener en las instancias públicas de Gobierno. Qué está pasando con la Secretaría de Relaciones Exteriores, van varios ya que no vienen del cuerpo diplomático, relaciones exteriores tiene un servicio civil de carrera”, dijo Clara Jusidman, presidente honoraria de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide).
A diferencia de otras aprobaciones, Guerra Abud llega al puesto por la afinidad que tiene con Enrique Peña Nieto, acusó la Senadora Layda Sansores San Román, del Partido del Trabajo (PT), durante una breve intervención desde su curul. “Peña Nieto no olvida: Abud fue su primer jefe, y ahora Peña Nieto le corresponde con generosidad”, dijo.
Organizaciones civiles, como Cause Ciudadano, han dicho que a pesar de los escándalos que han rodeado a dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como la salida del ex vocero de partido del Tucán Arturo Escobar y Vega de la Secretaría de Gobernación por arrastrar una investigación por delitos electorales, la alianza de dicho partido con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue vigente.
“Italia es importante, tiene varios organismos internacionales, la FAO está radicada allá, tiene el Vaticano, aunque hay un Embajador ahí. Las organizaciones italianas ya están preguntando quién es este señor, qué sabemos de él, pero todo lo que sabemos fue su gestión en la Semarnat”, dijo Jusidman.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/Juan Luis García y Sergio Rincón .
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-12-2015/1578408
El Gobierno de EU detalló que en 2007 Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, confirió el poder notarial de su empresa de inversiones con sede en Guadalajara, Valgo Grupo de Inversión, a Naim Libien Tella, vicepresidente de Unomásuno. Valgo Grupo de Inversión también fue designada hoy, ya que es propiedad o está controlado por González Valencia y/o Libien Tella.
El Gobierno de Estados Unidos sancionó al periódico Unomásuno y a su vicepresidente, Naim Libien Tella, por supuestos vínculos con el cártel de Los Cuinis, informó este miércoles el Departamento del Tesoro.
La medida también recayó sobre el periódico Diario Amanecer y Aerolíneas Amanecer -ambas con sede en Toluca- y Valgo Grupo de Inversión, basada en Guadalajara.
El reporte menciona que Naim Libien Tella ha tenido una larga relación con Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, quien ha estado involucrado en el tráfico de drogas desde la década de 1990.
Abigael González Valencia, conocido como “El Cuini”, se encuentra recluido en la penitenciaría de El Altiplano tras su arresto el 28 de febrero de 2015 en un operativo de la Marina Armada en Puerto Vallarta, Jalisco.
Junto a su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nuevo Generación (CJNG), “El Cuini” es acusado por la Fiscalía Federal de Columbia, en Estados Unidos, de los delitos de narcotráfico.
El Gobierno de EU detalló este miércoles que en 2007 González Valencia confirió el poder notarial de su empresa Valgo Grupo de Inversión, a Libien Tella. Valgo Grupo de Inversión también fue designada hoy ya que es propiedad o está controlado por González Valencia y/o Libien Tella.
“Recientemente, Libien Tella y Unomasuno han prestado apoyo a las actividades de narcotráfico de González Valencia y a la de Los Cuinis”, dijo el Departamento del Tesoro mediante un comunicado de prensa. La Embajada de México en Estados Unidos arrobó en Twitter al diario mexicano al difundir el reporte.
El pasado 8 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que había incluido en su “lista negra” de narcotráfico internacional a las organizaciones mexicanas CJNG y Los Cuinis, y a sus respectivos líderes, Nemesio Oseguera Cervantes y Abigael González Valencia.
“En años recientes, hemos visto una tendencia al alza en la erosión de los cárteles históricamente poderosos así como a la emergencia de nuevas organizaciones como la CJNG y Los Cuinis”, explicó John E. Smith, director interino de la Oficina de Control de Activos Financieros del Tesoro, en una nota de prensa difundida en ese entonces.
Smith explicó este miércoles que a través de su relación con Naim Libien Tella, “el cártel narcotraficante Los Cuinis ha usado el periódico mexicano Unomasuno para ampliar sus actividades de narcotráfico”.
Un informe de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) señala que el poco conocido cártel mexicano de Los Cuinis es el más rico del mundo. Su secreto, dice, es dejar que grupos delictivos como el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y Juárez se peleen entre ellos por controlar las rutas hacia los Estados Unidos mientras ellos se dedican a conquistar los mercados de la droga en Europa y Asia.
Abigael González Valencia, “El Cuini” realizaba frecuentes visitas a España y sería propietario de varios negocios en Barcelona, de acuerdo con una investigación revelada por el diario español El Confidencial.
Tras la detención de “El Cuini”, el 28 de febrero, las autoridades pensaron que se trataba de un operador financiero del Cártel de Sinaloa, pero nunca imaginaron que era el narco más rico.
Tal era el sigilo con que se movía Abigael que su nombre ni siquiera aparecía en la lista de los 122 objetivos prioritarios del gobierno mexicano.
“El Cuini” llegó a ofrecer 50 millones de pesos a sus captores por impedir que su rostro apareciera en televisión, sin embargo, no lo logró, pues su detención fue filtrada antes de poder alcanzar un acuerdo.
“La acción de hoy demuestra que el Tesoro, junto con sus socios de la DEA y el gobierno mexicano, continuarán exponiendo a los que apoyan a los narcotraficantes”, indicó Smith.
La Oficina para el Control de los Activos Extranjeros, adscrita al Departamento del Tesoro, prohibió a los sancionados realizar transacciones comerciales o financieras con entes estadounidenses y ordenó la incautación de cualquier activo que posean en territorio norteamericano.
La organización criminal cuenta con al menos 15 empresas en Jalisco y Quintana Roo, la cuales prestan sus servicios a la organización liderada por Abigael González Valencia, así lo informó el 19 de agosto el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
El Gobierno de EU incluyó, desde entonces, a las compañías y a seis colaboradores del cártel en la lista de narcotraficantes especialmente designados para bloquear sus transacciones en la Unión Americana.
El cártel, con operaciones centrales en Jalisco, ya había sido señalado por el gobierno estadounidense como una entidad financiera bloqueada.
Entre las empresas de “Los Cuinis”, aparecen Hotelito Desconocido, un hotel y spa de lujo ubicado en Tomatlán, así como las inmobiliarias Ahome Real Estate en Guadalajara, Jalisco y Bric Inmobiliaria en Zapopan, Jalisco. También hay centros comerciales como la Plaza Tules en Zapopan, Jalisco y Zaman Ha Center en Playa del Carmen, Quintana Roo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-12-2015/1578809
CANCUN, Q. Roo: Roberto Borge festejó en grande a los dueños, directivos y trabajadores de los medios de comunicación en sus últimas fiestas decembrinas como gobernador de la entidad, convivios en los que obsequió cinco automóviles último modelo, además de motocicletas, televisiones y tabletas.
Este martes, en el Centro de Convenciones de Cancún (CCC), el priista Roberto Borge concluyó las cuatro posadas a las que convocó a los comunicadores. Los tres primeros festejos se realizaron en Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel, e iniciaron el miércoles 9.
Pero además en los festejos hubo artistas invitados.
En Cancún esta tarde actuaron los cómicos regionales “Mactá”, quien hace tres semanas se presentó en el programa “Guerra de chistes” de Telehit, y “La Chacala”.
En Cancún, el gobernador rifó dos automóviles, mientras que en Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel sólo uno, respectivamente.
En total, obsequió cuatro automóviles marca Mirage y Mitsubishi, con un valor de 150 mil pesos cada uno, y un Spark, con valor de 123 mil 500 pesos.
También en las cuatro posadas el gobernador rifó motocicletas, tanto automáticas como estándar, con un valor cada una de 13 mil a 15 mil pesos. Sólo en Cancún fueron repartidas 17.
También fueron rifados televisiones, estéreos, tabletas y laptops, entre otros artículos electrónicos.
A lo largo de su sexenio, Borge no realizó posadas con los reporteros, hasta esta ocasión, cuando dentro de unos meses dejará la administración estatal.
Peor aún, ha mantenido una actitud hostil e intolerante con la prensa crítica, e incluso encarceló al periodista maya Pedro Canché, quien dio cobertura a las protestas ciudadanas por el aumento de las tarifas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
En su cuenta de Facebook, Canché deploró la actitud de Borge, al que acusó de querer acallar con regalitos a los periodistas.
“El agresor de la libertad de expresión, Beto Borge, realiza posada tras posada para consentir a sus plumas aduladoras… El respeto a la libertad de expresión no se da regalando autos y plasmas”, sentenció el también activista maya.
El sábado pasado, Borge entregó a la Fundación Teletón donativos por 500 mil pesos a nombre del gobierno del estado, y otros 50 mil a nombre de su familia en un acto que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) Cancún.
Además, ayer en Chetumal el mandatario anunció un bono extraordinario por un total de 12 millones 289 mil 600 pesos para los 7 mil 681 burócratas estatales.
También inició la entrega de 12 mil pavos, tanto para los trabajadores como para los funcionarios de confianza del gobierno estatal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
FECHA: 15 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423661
CUERNAVACA, Mor: La PGR no pudo acreditar el delito de posesión de explosivos contra las 22 normalistas de Michoacán internadas desde la semana pasada en el penal femenil federal ubicado en Michapa, municipio de Coatlán del Río, al poniente de la entidad, por lo que la justicia federal les decretó la libertad este martes.
El juzgado tercero de distrito con sede en la ciudad de Cuernavaca, decretó la libertad inmediata de las 22 estudiantes de la normal de Michoacán acusadas de supuestas violaciones a la ley general de explosivos y armas de fuego.
Al mediodía de este martes la defensa de las normalistas a cargo de Luis Alberto Bravo Navarrete, fue notificada de la resolución que pudiera sentar precedente e incidir sobre la liberación inmediata de otros 30 varones que fueron detenidos con las normalistas michoacanas y que están recluidos en un penal de Sonora.
En entrevista Luis Alberto Bravo Navarrete, asesor de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Michoacán, se mostró complacido con la determinación del juez, sin embargo subrayó que aún hay que esperar 72 horas para que la sentencia judicial se confirme debido a que es el periodo legal que el Ministerio Público federal tiene para apelar la resolución.
El juzgado Tercero de Distrito de Cuernavaca, Morelos, decretó hoy a las 11:30 horas la libertad bajo reserva de ley a las 22 normalistas de Michoacán que permanecieron presas en el penal federal de Coatlán del Río, al no acreditarse el delito de uso de armas de fuego y explosivos.
“Al notificarnos la resolución del termino constitucional, tenemos a bien informales que se logró que se decrete su auto de libertad”, expresó el abogado de las alumnas de la Escuela Normal de Arteaga al salir de los juzgados federales ubicados en Cuernavaca.
Bravo Navarrete dijo que será en tres días cuando el auto de libertad quede una vez que transcurra el tiempo legal para que el Ministerio Público apele la resolución del juez.
Si se concreta el auto de libertad las normalistas tendrán que ser trasladadas a Michoacán dijo su abogado tras recordar que fueron detenidas en forma “ilegal” el pasado 7 de diciembre cuando, después de una manifestación, se trasladaban a su localidad.
Los 52 jóvenes –30 hombres y 22 mujeres— fueron detenidos cuando participaban en un bloqueo sobre la Autopista Siglo 21 en demanda de plazas automáticas para egresados de las ocho escuelas normales del estado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
FECHA: 15 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423614
