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Sigue abierto expediente de Iguala: Osorio Chong

Acapulco. Gro. Después de reunirse un par de horas con padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recalcó: “sigue abierto el expediente. No hay cerrazón ni carpetazo al tema, la investigación continúa”.

El funcionario federal agregó que se analizan las líneas de investigación existentes sobre el caso y se buscan nuevas para conocer qué sucedió el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala.

Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que “la reunión no fue tan ríspida ni de enfrentamiento como en ocasiones anteriores. Se pidió que la unidad especializada sobre el caso Ayotzinapa tenga independencia y la presencia de expertos sea por tiempo indefinido; ya está por seis meses, pero si es necesario ampliar el periodo, se hará".


Consideró que se avanzó aunque no hay respuestas satisfactorias. Recalcó que hablar del Ejército en México sigue siendo delicado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: HECTOR BRISEÑO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/16/sigue-abierto-expediente-de-iguala-osorio-chong-8660.html

6 años y medio después, diputados darán seguimiento a caso de la Guardería ABC, de Sonora

En su último día de sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR), y las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en relación con la tragedia del 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.

El objetivo será dar seguimiento a las investigaciones realizadas por la PRG, respecto a probables hechos constitutivos de delito y de violaciones a derechos humanos, en el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Los diputados verificarán que se esté otorgando atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación a los menores lesionados y, en especial, a los que por la naturaleza de los hechos, presentan cuadros médicos internos no visibles.

El grupo estará integrado por ocho legisladores, uno por cada grupo parlamentario representado en la Cámara, y tomará sus decisiones por consenso que, en caso de no lograrse, las adoptará mediante el voto ponderado.

La duración del grupo de trabajo será el mismo de la presente Legislatura, es decir, dos años más, debiendo presentar, de manera periódica, un informe de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.


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FUENTE: IZQ.MX
AUTOR: JAVIER ISAAC.
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Caso Arturo Escobar, los alcances de la mafia

MÉXICO, DF: Es tan cínico todo en el caso de Arturo Escobar, exdirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), exsubsecretario de Gobernación desconocido por las propias organizaciones sociales, que uno vuelve a la tiránica conclusión: el sistema político mexicano está podrido.

No es una anécdota más el caso de Arturo Escobar. Es el modus operandi de una cleptocracia que se enquistó con Peña Nieto en medio de la ilusa idea de que el retorno del PRI a la Presidencia de la República permitiría un gobierno más eficaz.

Lo más indigno de este episodio es la evidente utilización de un medio impreso, El Universal, para inducir una campaña de desacreditación del fiscal especial para asuntos electorales, Santiago Nieto Castillo, quien ahora resulta ser desconfiable por no haber revelado que trabajó como asesor de la bancada del PRD en el Senado y porque pidió reservar sus declaraciones ante la Secretaría de la Función Pública.

Ahora la SFP es una gran institución heroica que vigila a los funcionarios, pero sólo a los incómodos para los intereses del peñismo. Es la misma SFP que después de seis meses de pésima investigación exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de tener “conflictos de interés” por adquirir mansiones del contratista consentido del Grupo Atlacomulco, el dueño del Grupo HIGA.

El pasado 8 de diciembre, los dirigentes del PVEM presentaron una denuncia contra Nieto Castillo por “revelar información de una averiguación previa y mantener un conflicto de interés en el cargo”.

Con agilidad inusitada, la juez de Procesos Penales Federales, Rosa María Cervantes Mejía, determinó que no procedía la orden de aprehensión contra Escobar y ayer 14 de diciembre la PGR decidió no impugnar la resolución de esta juez y “subsanar” los aspectos señalados por la autoridad jurisdiccional.

La presunta revelación irregular de una averiguación previa es una patraña. Los hechos delictivos de Arturo Escobar por la expedición de 10 mil tarjetas Premia Platino y otras irregularidades de esa mafia verde están en los estrados del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Han sido ventilados públicamente todos los días.

Como bien señala el senador panista Javier Corral, “resulta vergonzoso que la primera vez que un fiscal se toma en serio su papel, le venga una andanada para desanimar el ejemplo”. Es un mensaje mafioso no sólo al fiscal sino a todas las autoridades electorales o responsables de combatir la corrupción.

Escobar y el Partido Verde constituyen la omertá del peñismo. Su corrupción forma parte del pacto de silencio que permitió al Grupo Atlacomulco llegar al poder en el 2012 y mantener esa frágil y maquillada mayoría legislativa en el 2015 a costa de las trapacerías y flagrantes violaciones electorales del Verde.

El Verde, como bien han señalado muchos analistas, es una negación en todos sus términos. No es un partido, es una franquicia al servicio de los mejores postores. No es Verde porque la ecología es sólo una utilización facciosa de una causa. Es el único partido medio ambientalista del mundo que defiende ideas tan retrógradas como la pena de muerte y a ningún juez se le ocurre por eso negarle el registro. Es un club de Mirreyes o de Juniors de la política que tiene una mano puesta en la telecracia y la otra en la cleptocracia.

A través del Partido Verde el peñismo y el priismo que lo acompaña experimentaron todas las jugadas sucias posibles. Se lavaron las manos de sus abiertas violaciones a la ley electoral en 2015 diciendo “es el Verde”. El típico juego: ellos hacen el trabajo sucio para que nosotros mantengamos el poder y, a cambio, les brindamos dinero, impunidad, negocios.

El presunto lavado de dinero que se deduce en cada una de sus descaradas actividades no es exclusivo de ellos. De hecho, carecen de imaginación propia. Es una extensión de las prácticas peñistas en el Estado de México y que se extendieron a otras entidades. Es un reciclaje de la corrupción y los negocios del Grupo Atlacomulco.

Le sirven a quien invierte y paga para mantenerlos constantes: sean las televisoras, el Grupo Atlacomulco, los jefes de facción priistas, los gobernadores que los usan, incluyendo a no pocos panistas, los grupos empresariales que cabildean las ideas más delirantes a través de ellos.

El Partido Verde es el modelo de decadencia opositora que el peñismo quisiera imponer en los otros partidos. Es un maquillaje de oposición y disidencia. Es una simulación total. Todos pueden formar parte de la mafia, de la omertá, siempre y cuando garanticen silencio y docilidad, y no les pasa nada.

Lo más grotesco es que el supuesto periodismo realizado para “desenmascarar” al fiscal Nieto Castillo documente que fue asesor del PRD, pero ignoran que todos los senadores lo sabían, fue pública su participación como asesor de la reforma político-electoral.

Y Nieto Castillo fue aprobado como titular de la FEPADE con 79 votos a favor, de todas las bancadas, incluyendo la del PRI, ninguno en contra y una abstención.


Ahora, los priistas en el Senado se rasgan las vestiduras por órdenes de un poder muy superior al que siempre han servido. No quieren asumir que en esta decisión ellos se vuelven responsables de la falta de legitimidad de todo el sistema electoral y de partidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423651

Atentan en la colonia Doctores contra jefe de inteligencia de la SSP

MÉXICO, DF: Mario Romo Alvarado, asignado al área de Inteligencia y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fue baleado en la colonia Doctores.

El domingo, una persona abrió fuego en su contra, provocándole lesiones en la espalda y la cabeza. Romo debió ser inducido en estado de coma. Es atendido en el área de urgencias de un hospital privado del Distrito Federal.

El periódico Reforma consigna que Mario Romo Alvarado había sufrido amenazas por parte de narcotraficantes de Iztapalapa, Tepito y Tlalpan, donde ha encabezado operativos.

“Hace más de 18 años ingresó a la SSP, en donde recibió capacitación de policías de Francia, España y Estados Unidos, en diversas unidades de inteligencia, como el FBI, y también en técnicas contra terrorismo.

“Con la llegada de Marcelo Ebrard a la SSP, a Romo Alvarado le asignaron la tarea de combatir el creciente problema del narcomenudeo en la Ciudad, por lo que conformó diversos grupos especiales, como Sagitario, Tigre y Gope.

“Las detenciones de supuestos vendedores de droga eran continuas, pero también se iniciaron quejas en la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) por los supuestos abusos de dichos grupos, que ingresaban a los domicilios sin órdenes de cateo y abusaban de la fuerza, por lo que fueron desaparecidos”, cita el diario.

En 2010 Romo encabezó un operativo en Tepito en el que se incautaron 200 kilogramos de mariguana, así como armas.


El gobierno del Distrito Federal no ha emitido información sobre el atentado, aunque el periódico Reforma consigna que las autoridades sí reconocen la agresión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 15 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423674

Desmiente gobierno de Guerrero hallazgo de 19 cadáveres en fosa clandestina

CHILPANCINGO. Gro: La administración del gobernador, Héctor Astudillo Flores calificó como “falsa” la versión sobre la supuesta exhumación de 19 cadáveres en el municipio de Leonardo Bravo, ubicado en la región serrana de la entidad.

A través de un comunicado oficial emitido esta noche por la dirección de Comunicación Social estatal, se informó que personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, realizó un sobrevuelo sobre los puntos conocidos como Barranca de Chichihualco y El Naranjo con resultados negativos.

Desde la mañana, diversos medios locales reportaron presuntas labores realizadas por un grupo de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), que supuestamente culminó con la recuperación de al menos 19 cuerpos humanos.

Al respecto, el alcalde de Leonardo Bravo, Alfredo Alarcón informó que desde el martes 8 al jueves 10, personal de Marina y PGR realizaron trabajos en la zona sin haber informado al respecto a las autoridades locales.

Por su parte, el delegado de la PGR, José Juan Monroy García, “confirmó que no se ha realizado ningún operativo de exhumación” y también descartó que un grupo especial de peritos se encuentre trabajando en la entidad, refiere el comunicado oficial.


En tanto que un grupo de trabajadores de la PGR arribaron a la ciudad de Iguala, cerca de las 13;00 horas y se reunieron en la iglesia de San Gerardo con integrantes del Comité denominado Familiares de los otros desaparecidos, donde manifestaron que no tienen conocimiento del supuesto hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Leonardo Bravo, concluye el parte oficial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
FECHA: 15 DICIEMBRE DEL 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423670

Denuncia el SAT por vía penal a ex funcionarios de Sonora

México, D.F. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya presentó nueve denuncias penales en contra de otros tantos ex funcionarios y contribuyentes del estado de Sonora que participaron o se beneficiaron de irregularidades fiscales que causaron un daño al erario público por mil 705 millones de pesos durante la administración de Guillermo Padrés Elías.

Así lo dio a conocer el jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, quien mencionó que el proceso continúa abierto por parte de la Contraloría del gobierno local para deslindar la responsabilidad de cada uno de los funcionarios públicos que pudieran haber estado implicados.

Las denuncias son penales, dijo sin revelar los cargos o nombres de los acusados. “Son cinco auditores que fueron los que participaron, dos de carácter de dirección de auditoría fiscal y tres jefes de departamento”.

Sin embargo, explicó, las investigaciones deberán determinar si hubo implicado algún otro servidor público, ya sea de mayor o de menor rango.

El pasado 19 de noviembre el SAT informó de las sanciones aplicadas en contra del gobierno de Sonora por incumplimiento de las facultades asignadas sobre comprobación fiscal y lo que derivó en una suspensión de los incentivos correspondientes.


Este miércoles, Núñez Sánchez comentó que además de Sonora se descubrieron otros casos en dos estados de la costa del Pacífico, “pero son sólo dos casos de contribuyentes y nada que ver con los 574 de Sonora”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/16/denuncia-el-sat-por-via-penal-a-ex-funcionarios-de-sonora-2085.html

Defensor de la vivienda en el Estado de México, preso y acosado

José Humbertus Pérez Espinoza, representante legal del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, denunció desde el penal de Chiconautla, en el Estado de México, el acoso al que es sometido por el gobierno estatal con el objetivo de proteger a empresas constructoras e hipotecarias defraudadoras, así como la indiferencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante su encarcelamiento.
El Frente Mexiquense representa legalmente a cientos de familias defraudadas por fraccionadoras como Urbi Desarrollos Urbanos, Sadasi, Homex, Geo, Ara, Sare y Promotora Integrales de Viviendas, y defiende las viviendas de invasores y revendedores. Pérez Espinoza fue detenido el 4 de noviembre de este año al finalizar una conferencia de prensa en la que anunció que emprendería acciones legales contra altos funcionarios mexiquenses y denunció la complicidad de políticos priistas con las empresas defraudadoras. Fue acusado de robo a casa-habitación.
De acuerdo con el activista, el acoso contra él, su familia y los integrantes de su organización se debe a sus triunfos jurídicos, “en donde la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reconocido y emitido dos resoluciones de conciliación en donde concluye que se violaron los derechos humanos de los integrantes del Frente Mexiquense, porque Sociedad Hipotecaria Federal y la Procuraduría General de la República no respetaron el derecho ha la vivienda digna y decorosa”, acusó en una misiva pública.
Los litigios ganados por la organización se han dado no sólo en el Estado de México, sino también en el Distrito Federal, en Nuevo León, Quintana Roo, Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua, y han emprendido acciones penales contra Urbi Desarrollos Urbanos en las que ha logrado que se aseguren más de 6 mil viviendas, detalló el dirigente preso. Acusó que la Procuraduría de Justicia del Estado de México protege a las empresas constructoras.
En la misiva, dirigida a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña, el activista solicitó que se investigue su “detención ilegal y la privación ilegal de la libertad que estoy viviendo” con base en un expediente “fabricado” por autoridades estatales. Agregó que la CNDH se ha negado a investigar las violaciones a sus derechos humanos y la persecusión contra su familia.
El dirigente insistió en que su encarcelamiento -ejecutado presuntamente por elementos de la Marina Armada de México vestidos de civil- tiene el objetivo de facilitar la toma de la presidencia municipal de Tecámac a Aarón Urbina Bedolla “por cuarta ocasión, y así construir aproximadamente 50 mil viviendas más y beneficiar a la constructora que había defraudado a miles de familias”.
Pérez Espinoza informó también que mujeres intergantes de su organización han sido objeto de secuestros y ataques de naturaleza sexual que no han sido investigados, y solicitó que la senadora De la Peña gestione una audiencia ante la CNDH para tratar el caso.

Fuente: Sistema Integral de Información en Derechos Humanos (SIDIDH)
http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=43259

Tipifican en Puebla la “tentativa de feminicidio”

PUEBLA, Pue: El Congreso de Puebla aprobó tipificar en el Código Penal del estado la “tentativa de feminicidio”, que se configurará cuando se compruebe que un hombre golpeó al menos en dos ocasiones de manera dolosa a una mujer.

Este delito, de acuerdo con la reforma aprobada, castigará con penas de 24 a 40 años de cárcel la “violencia reiterada” contra la mujer.

La iniciativa fue anunciada por el gobernador Rafael Moreno Valle el pasado 26 de noviembre durante la ceremonia del día internacional contra la violencia hacia la mujer, y presentada el 2 de diciembre.

La propuesta surge luego de que organizaciones y académicos denunciaron que se ha registrado un alza en el número de feminicidios en esta entidad.

Incluso, organizaciones como el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) han reclamado que se decrete el protocolo Alba o la alerta de género en esta entidad ante el creciente número de homicidios en los que las víctimas son mujeres.

El Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana de Puebla ha reportado que en lo que va de este año se han registrado 67 feminicidios en Puebla aunque la Procuraduría estatal sólo tiene registrados 23 de 2011 a la fecha.

La institución académica asegura que el gobierno estatal tiene un subregistro de este tipo de homicidios para tratar de maquillar la situación de alerta que se vive en Puebla con respecto a este delito.

Al concluir este día el período ordinario de sesiones, los legisladores poblanos aprobaron el dictamen que emitieron las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia con el cual se adiciona el artículo 338 al Código Penal.

Dicho precepto señala que se presumirá tentativa de feminicidio cuando “las lesiones dolosas previstas en los artículos 306 fracción II y 307, ocasionadas a una mujer, tengan algún precedente de violencia familiar y otra lesiones respecto del mismo agresor”.

En julio pasado el Congreso del estado aprobó otra reforma al Código Penal para aumentar de 40 a 60 años las penas contra quien cometa un feminicidio.

El caso que desató las movilizaciones para alertar sobre esta problemática fue el de Paulina Camargo, la joven de 19 años de edad, que desapareció cuando tenía casi cinco meses de embarazo y se presume que fue asesinada por su novio.


Familiares y amigos de Paulina, así como organizaciones y activistas han diferido de la propuesta que hizo el gobernador para enfrentar la problemática de los feminicidios, pues consideran que la cifra no reducirá sólo al incrementarse la penalidad contra los agresores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
FECHA: 15 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423617

Comisión contra la Trata excluye al candidato del PAN en Colima

MANZANILLO, Col: La exdiputada federal panista Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata, excluyó al aspirante del PAN a la gubernatura, Jorge Luis Preciado Rodríguez, de la firma de un acuerdo de colaboración contra ese flagelo al que sí fueron invitados los cinco candidatos restantes.

En entrevista posterior declaró que el abanderado del blanquiazul no fue invitado porque “desde el Senado ha tratado de pasar reformas que podrían beneficiar a tratantes y perjudicar a víctimas, y me parece una conducta claramente contraria a lo que es el interés de esta comisión”.

Cuestionada sobre el tipo de reformas a las que se refería, Orozco indicó, sin precisar, que aquel intentó “hacer cambios en tipos penales que hoy están castigando y nos permiten tener el segundo país con más sentencias”, por lo que de realizarse las modificaciones “tendríamos impunidad”.

Además, añadió, “no tenemos por qué invitarlo, somos sociedad civil y decidimos, aquí están nuestros estatutos: seleccionar a los candidatos que nosotros consideremos que cumplen con esto (…) Tengo un cariño especial por Acción Nacional, y en otros estados, en otras elecciones, seguramente apoyaré a todos sus candidatos”.

Insistió: “Nosotros seleccionamos a los candidatos que no tengan ninguna acusación en estos temas, basta con el hecho de que él haya tratado de pasar reformas que tienen una muy grave situación para perjudicar a las víctimas, como quitarles el fondo de atención, haciendo cosas que desde la legislación es equivocado”.

En cambio, Rosi Orozco dijo que el exsenador priista Rogelio Rueda Sánchez, actual presidente estatal del PRI, ayudó a la causa de las víctimas de trata cuando estuvo en la Cámara Alta.

Hace unos días el candidato priista José Ignacio Peralta Sánchez acusó en declaraciones radiofónicas a Jorge Luis Preciado de supuesta vinculación con una red de prostitución y trata de personas. Cuando el locutor le preguntó si tenía pruebas, señaló que se basaba en lo que la gente dice.

Los candidatos que firmaron el acuerdo fueron José Ignacio Peralta Sánchez (PRI-PVEM-PT-NA), Leoncio Morán Sánchez (Movimiento Ciudadano), José Francisco Gallardo Rodríguez (Movimiento Regeneración Nacional) y Gerardo Galván Pinto (Encuentro Social). Martha Zepeda, del PRD, dijo haber recibido tarde la invitación y no alcanzó a llegar al evento.

Entre los puntos incluidos en el acuerdo firmado destacan: Velar porque la prevención de la trata de personas esté basada en el respeto a los derechos humanos, la sensibilidad hacia las cuestiones de género y la infancia, así como aportar elementos al debate legal para prevenir más eficazmente la trata de personas, realizando y/o coadyuvando con estudios y la determinación de datos sobre la naturaleza y alcance en todo México.


Los compromisos también establecen promover sistemas y mecanismos de denuncia, alerta temprana y movilización ciudadana en contra de la trata de personas y sus modalidades; ofrecer apoyo activo y determinante en investigaciones judiciales y establecer sentencias condenatorias a los tratantes de personas; investigaciones judiciales para desarticular dichas redes y asegurar la protección de los derechos humanos de las víctimas de trata, y apoyar sistemas de protección y asistencia que ofrezcan ayuda médica, psicológica y social, jurídica y de reinserción, entre otros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
FECHA: DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423623

Mancera y De la Fuente adelantan iniciativa para uso medicinal de la mariguana

MÉXICO, DF: Con el respaldo del exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, el jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera presentará mañana al Congreso de la Unión una iniciativa para permitir el uso de la mariguana con fines medicinales en todo el país.

En conferencia, el mandatario local informó que la iniciativa consistirá en reformar la Ley General de Salud para “lograr un vínculo” entre la sociedad y el uso medicinal de la yerba, a partir de un enfoque “de salud y derechos humanos”.

La iniciativa que presentará alrededor de la una de la tarde es resultado del trabajo del GDF con los integrantes del Seminario de Estudios de la Globalidad dela Facultad de Medicina de la UNAM, encabezado por el exsecretario de Salud federal.

“Estamos en una coincidencia plena, creemos que es independiente de los otros debates, del debate que se va a dar del uso terapéutico, recreativo, lúdico. Esto tiene que ver con derechos humanos”, dijo.

Mancera Espinosa adelantó que el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados ha manifestado su interés para trabajar en dicha iniciativa; no obstante, dijo confiar en tener el apoyo de los demás partidos políticos.

Luego de una reunión privada para discutir el tema, el exrector De la Fuente destacó que en la Facultad de Medicina se ha trabajado desde hace casi tres años en la relación “compleja” entre la mariguana y la salud de las personas. Reconoció que tiene efectos “indeseables” en la salud, pero también un potencial terapéutico.

El también presidente del Instituto Aspen México consideró que es necesario dar a las drogas, empezando por la mariguana, “la dimensión que deben de tener como una sustancia que no es inocua, que puede ser peligrosa, que no recomendamos que se use, pero que tiene un potencial terapéutico y que ahí abre una vertiente diferente”.

La iniciativa incluye, agregó, el resultado de análisis jurídico, clínico, social, terapéutico y de las conductas individuales y colectivas sobre el uso de la mariguana.

El pasado 11 de noviembre, Mancera Espinosa anunció que la Ciudad de México impulsará “sin ambigüedades” la aprobación del uso medicinal de la mariguana.


Dijo: “Estamos a favor del uso medicinal, ni siquiera tenemos que crear albergues o grandes lugares. Simplemente es, los productos que ya están probados, esos productos deben llegar aquí a la salud”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 15 DICIEMBRE 2015
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423602

Analistas dudan del “éxito” de la Ronda 1.3: se trata de zonas pobres y de empresas nuevas

La Ronda 1.3 fue calificada por el Gobierno mexicano como un total éxito, ya que se adjudicó el 100 por ciento de las áreas que se ofertaron. En este proceso, las empresas mexicanas sobresalieron ante las extranjeras; sin embargo, a decir de algunos especialistas, las petroleras nacionales carecen aún de experiencia en este terreno, pues tras la Reforma Energética, ésta es su primera oportunidad para competir con el monopolio de Pemex.

Empresas mexicanas lograron, durante la Tercera Licitación de la Ronda Uno,  la adjudicación del 100 por ciento de las áreas contractuales de las 25 que ofertó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Para el Gobierno federal, esta etapa fue la más exitosa de las que van hasta ahora; sin embargo especialistas en el mercado energético aseguran que las empresas son de reciente creación o fueron prestadoras de Petróleos Mexicanos (Pemex) por lo que habrá que esperar a ver su desempeño.

El titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Codwell, declaró en días pasados que para esta licitación se esperaba la adjudicación de al menos cinco áreas, sin embargo se lograron  las 25 previstas en las bases de la licitación.

Al respecto, el Presidente Enrique Peña Nieto comentó a través de su cuenta de Twitter que  “a pesar de los bajos precios internacionales del petróleo, se confirmó la confianza en México y en el futuro de su industria energética” .

Sin embargo, Miriam Grunstein  Dickter, académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), comentó que “de nada sirve adjudicar muchos contratos si no se va a incrementar la eficiencia en la producción, que tiene mucho que ver con la tasa de recuperación. Se trata de que sea eficiente y que nos sitúe razonablemente bien dentro del mercado internacional”.

De acuerdo con Accival Casa de Bolsa de Banamex, la contribución de los campos a plena producción podría alcanzar entre 63 y 126 mil barriles diarios dentro de los próximos dos años al adjudicarse todas las áreas ofertadas.

De entre las empresas mexicanas que participaron en el proceso, Geo Estratos, S.A. de C.V., en consorcio con Geo Estratos Mxoil Exploración y Producción, S.A.P.I. de C.V, fue la compañía nacional que adjudicó más contratos al ganar 4 áreas (las número 19, 24, 10 y 17) del total que se ofertaron en esta licitación.

La empresa Geo Estratos, con sede en Tamaulipas, proporciona servicios de asesoría y ejecución de obra para llevar a cabo estudios y proyectos de investigación relacionados con la industria petrolera y petroquímica específicamente. El director general del Geo Estratos es Vicente González Dávila.

La segunda mexicana ganadora fue la firma Strata Campos Maduros, S.A.P.I. de C.V que obtuvo tres campos: las áreas número 5, 20 y 18.

Asimismo, el tercer lugar lo obtuvieron las empresas Sarreal, S.A. de C.V. y Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V., al adjudicar dos áreas contractuales cada una.

El resto de las compañías nacionales apenas figuraron en esta licitación, pues de acuerdo con especialistas del mercado energético, se trata de empresas nuevas que a partir de hoy comenzarán a competir en la extracción de hidrocarburos en el territorio nacional.

Al respecto, Guadalupe Campuzano, asociada de Energea, comentó que  “las empresas son nuevas, casi nadie sabemos quiénes son, pero dentro de los criterios para la calificación, en esta ronda en particular, como es de zonas con menos riesgo y dificultad, se permitió la participación a través del personal que integra estas compañías con el talento necesario, el chiste era encontrar a la gente que pueda tripular y desarrollar esas áreas”.

En ese sentido agregó que algunos de los ex trabajadores de Pemex reunieron sus conocimientos; sin embargo muchos de ellos laboraban como trabajadores de servicios que  lograron el capital  y la experiencia necesaria para poder calificar  por los campos distribuidos en Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco y Veracruz que en su conjunto traerán una producción de 77 mil barriles diarios de petróleo con una inversión mil 100 millones de dólares.

Las estimaciones se hicieron con un precio promedio de 14 dólares por barril, por lo que se espera un monto de inversión por 620 millones en un cálculo de cinco años.

La experta en temas energéticos Grunstein Dickter comentó que “estamos todavía hablando de una escala muy semejante a la de la primera y segunda licitación”, respecto a las características de las áreas  contractuales, y explicó que probablemente en las siguientes etapas de la Ronda Uno haya mayor participación ya que las zonas podrían tener mayor producción.


Para Campuzano, “como estrategia, esta es la oportunidad para que empiece a integrase un mercado mexicano de empresas operadoras, el problema es que las áreas que se seleccionaron son pobres […] sin embargo, dado que está también integrado las firmas quieren transitar de ser empresas de servicios a operadoras y puede que estén dispuestas a sacrificar un poco los altos márgenes de la industria como para  ser empresas operadoras”.



NUEVAS REGLAS

En esta ocasión la dinámica y los requerimientos para las empresas durante el proceso de licitación fueron distintos ya que se ofertaron 50 por ciento más bloques que durante la primera fase de la Ronda Uno, por lo que, además de las condiciones de los campos,  el proceso licitatorio fue diferente.

En una primera etapa se licitaron los campos de tipo 2  que cuentan con un volumen remanente de hidrocarburos mayor o igual a 100 millones de barriles, mientras que en una segunda fase se ofertaron los campos de tipo corresponden a las que cuentan con un volumen remanente de hidrocarburos menor a 100 millones de barriles.

Asimismo, ayer se pudo observar la participación de más de una vez de los interesados concursar por  distintas áreas, hecho que no ocurrió durante las licitaciones pasadas y que en esta ocasión quedó limitada  respecto a la garantía de seriedad que presentaron las compañías.

Por su parte, la CNH dio a conocer que se realizaron modificaciones en las bases de licitación como en el contrato.

En las bases de licitación se incluyó  la obligación de presentar un plan provisional para la continuidad de las actividades de los campos en producción en las áreas adjudicadas, el cual, será requisito indispensable para la suscripción del contrato.

“Además, éste deberá especificar las actividades que permitirán dar continuidad operativa a los campos que se encuentran en producción, así como los procedimientos para la entrega y recepción de hidrocarburos”, detalló la Comisión.

Respecto al contrato destacaron las modificaciones al Programa Mínimo de Trabajo donde  se hizo una precisión sobre las siguientes actividades correspondientes al período de evaluación: reparaciones mayores; reparaciones menores e interpretación de sísmica 3D.


En la Etapa de Transición de Arranque se hizo una precisión sobre la responsabilidad del contratista respecto a cualquier daño ambiental resultado de la realización de las actividades petroleras durante esta etapa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: XANATH LASTIRI.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-12-2015/1578506

López Dóriga ¡en la radio pública!

Por desinterés, ignorancia, por razones políticas o por una visión poco clara de su función social, algunos responsables de sistemas estatales de radio y televisión socavan los esfuerzos para que México tenga un modelo robusto de medios públicos.

Destaco dos ejemplos recientes. Además del bochornoso espectáculo que vivimos en los últimos días sobre la necesidad de aplazar el apagón analógico de televisoras públicas por la negligencia de algunos gobiernos estatales que las operan al no destinar las inversiones necesarias para esta transición tecnológica, nos enteramos la semana pasada que el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (C7) dio cabida en sus frecuencias a varios noticiarios de Grupo Fórmula, propiedad del empresario Rogerio Azcárraga.

Con base en el convenio firmado entre el órgano del estado y la empresa radiofónica, tres estaciones de radio ubicadas en Guadalajara (96.3 MHz), en Ciudad Guzmán (107.1 MHz) y Puerto Vallarta (91.9 MHz) retransmiten desde el 7 de diciembre los noticiarios de Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y José Cárdenas. Por si fuera poco, también le dan cabida al programa “Contraataque deportivo”, que conducen Antonio Rosique, Luis García, Christian Martinolli y Rodolfo Vargas. El acuerdo no incluye la retransmisión de la pauta comercial (¡sólo eso faltaba!).

No hay justificación alguna para que un sistema que opera con recursos públicos se convierta en una extensión gratuita de la radio comercial y menos aún de conductores que ya de por sí tienen una presencia nacional a través de la televisión, de la misma radio y medios digitales e impresos. Ni siquiera la falta de presupuesto para generar producción propia es razón de peso para que los medios públicos sean utilizados como simples bocinas de espacios informativos con líneas editoriales e intereses comerciales y empresariales, frecuentemente alejados del interés general.

En entrevista con López Dóriga, el director general del C7, Alberto Mora Martín del Campo, dijo que este convenio “abonará a la construcción de opinión pública en el ejercicio de las libertades de expresión en materias opinables”. No queda claro que quiso decir el funcionario con “materias opinables”, pero si lo que se busca es construir opinión pública con base en el periodismo y la agenda informativa de López Dóriga o de Loret de Mola y sus empleadores, no hay entonces ninguna necesidad que los jaliscienses mantengan estaciones de radio que no se diferencian de lo que ya es posible encontrar en muchos otros espacios mediáticos.

Los medios públicos, como bien se señala en el histórico documento de la UNESCO “La radio y la televisión pública ¿por qué? ¿cómo?”, elaborado en 2001, fomentan el acceso a la vida pública y la participación en ella, desarrolla los conocimientos, amplía los horizontes y permite que cada uno se comprenda mejor al comprender el mundo y a los demás”. También son “herramienta de información y educación”. ¿Todas estas características se cumplen con la retransmisión de dichos noticiarios? Evidentemente no.

Por eso, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), capítulo Jalisco, que preside el Dr. José Bernardo Masini Aguilera, emitió un pronunciamiento en el que afirma que los jaliscienses quieren encontrar en su medio público “contenidos plurales, regionales y críticos”. En ese sentido, agregó, “es lamentable que las autoridades estatales renuncien a resolver creativamente el reto de dotar de mejores contenidos a la sociedad jalisciense. El talento de los comunicadores jaliscienses, por no mencionar a quienes ya colaboran en el Sistema, fue ignorado a través una decisión apresurada y comunicada de manera tardía”.

El Defensor de la Audiencia del C7, Alberto Fernando Velasco Vera, emitió a su vez una recomendación en la afirma que el noticiario local quedó relegado a la frecuencia de AM (790 KHz) por privilegiar a los noticiarios de Grupo Fórmula. Con este cambio de programación se concreta un daño más a la audiencia jalisciense: el derecho a informarse de los asuntos locales o regionales, a través de sus propios medios. Vaya contradicción. El centralismo mediático e informativo es ahora fomentado por el propio sistema estatal de radio y televisión.

Zaira Yael Ramírez, articulista de El Diario NTR, de Jalisco, se pregunta: “¿Queremos que la televisora de Jalisco se convierta en una repetidora de contenidos de otras cadenas que se producen en el D.F.? Sin menospreciar en lo más mínimo los contenidos elaborados por los periodistas de la capital del país, sería más rico ofrecer a los jaliscienses productos hechos en Jalisco por personas capaces y profesionales que conozcan la situación de este estado, que además existen”.

El C7 está en crisis y ésta sólo será atribuible al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, mientras el Sistema, como beneficiario de concesiones de uso público, siga sin operar, como lo establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con independencia editorial, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, entre otras obligaciones. El caso que nos ocupa se suma a otras polémicas decisiones en el C7 como el negarse a llevar a cabo una cobertura informativa durante el pasado proceso electoral, el cambio de directivos para favorecer las campañas políticas del PRI y la expulsión del anterior defensor de la audiencia, Gabriel Orozco, ante la cerrazón de la dirección general para atender recomendaciones y las ambigüedades en torno a la función de la defensoría.

La desatención al C7 contrasta con los cuantiosos recursos que el gobierno de Jalisco destina a la publicidad gubernamental en medios de comunicación comerciales. Tan sólo en el 2014 se gastaron más de 230 millones de pesos para fortalecer la imagen del gobernador y su gobierno en periódicos, grupos radiofónicos (como Fórmula) y televisoras. Este gasto, como documenta César Octavio Huerta, supera lo que se invirtió en muchos programas de salud, cultura o prevención. En siete años, según Artículo 19 y Fundar, el gobierno de Jalisco ha gastado más de mil 143 millones en publicidad oficial. Este gasto se ha incrementado un 158 por ciento desde 2007.


Con la retransmisión de los noticiarios de Grupo Fórmula, ahora se da cobertura gratuita a un medio comercial (una especie de subsidio indirecto). Esto suena más a una decisión política y de relaciones públicas del gobernador y sus funcionarios de primer nivel, y no a la falta de presupuesto, al fortalecimiento del derecho a la información o a las “materias opinables”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GABRIEL SOSA PLATAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/15-12-2015/42664

Fabricará Sedena 120 mil fusiles FX-05 calibre 5.52 mm

México, DF. La Secretaría de la Defensa Nacional contempla para 2016 la fabricación de 120 mil fusiles FX-05 calibre 5.52 milímetros, cuyo alcance efectivo supera los 700 metros, a fin de suplir en este sexenio los fusiles G-3, que utiliza desde hace varios años.

El coronel Otilio Ramírez Serrano, jefe de la industria militar, informó que el fusil FX-05 es utilizado por la mayoría de los ejércitos del mundo, ya que es resistente al agua, al lodo y a la arena.

Durante un recorrido por las instalaciones de la industria militar, el coronel Ramírez refirió que en el sexenio pasado la industria militar fabricó 30 mil de estos fusiles de largo alcance.


El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo durante un desayuno con representantes de los medios de comunicación que el 2015 fue un gran año para la defensa nacional, ya que las labores de los soldados en apoyo a las autoridades civiles fueron óptimas para reducir la violencia y el auxilio a la población en caso de desastre.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/16/fabricara-sedena-120-mil-fusiles-fx-05-calibre-5-52-mm-8409.html

Hermano de Escobar, accionista de una firma que defraudó al Partido Verde

Por esa operación irregular el INE puede imponer multa de 88.5 millones al PVEM.

Adrián Escobar y Vega, hermano de Arturo Escobar, era accionista de Grupo Textil Joad, que vendió al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) camisetas que finalmente no fueron entregadas, operación ilegal por la que se pretende multar a dicha fuerza política con el pago de 88.5 millones de pesos.

Adrián Escobar fue accionista hasta el 29 de agosto de 2008, argumentó el PVEM para justificar que el familiar del ex vocero del Verde no participó en esa operación irregular, según el acuerdo que discutirá el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, el mismo partido explicó que suscribió un contrato con Grupo Textil Joad SA de CV 15 días antes de que Adrián Escobar saliera de esa empresa.

Adrián Escobar era también socio de Rabokse, otra compañía que trianguló con el Verde la contratación de cineminutos.

La compleja historia sobre esta investigación se inició en 2010. Al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) le despertaron dudas una serie de pagos que hizo el PVEM por unas escrituras de las que no había evidencia y halló que eran de un inmueble recibido a cambio de 763 mil 599 camisetas no entregadas, por las que se pagaron los 11.2 millones de pesos.

Como el PVEM fue emplazado en varias ocasiones a aclarar los 11.2 millones de pesos pagados por las camisetas, éste respondió: Efectivamente, participó como accionista desde la constitución del Grupo Textil Joad SA de CV el 6 de diciembre de 2005, hasta por lo menos el 29 de agosto de 2008, fecha en que se celebró la asamblea ordinaria y Adrián Escobar ya no figura como accionista. En virtud de ello no está relacionado ni es parte del asunto que se está investigando.

Para corroborar esa información citan dos instrumentos notariales: el número 18 mil 325, con fecha 16 de diciembre de 2005, que contiene la constitución de la sociedad denominada Grupo Textil Joad, Sociedad Anónima de Capital Variable, ante el licenciado Francisco l. Hugues Vélez, titular de la notaría número 212 del Distrito Federal (que ya obra en el expediente).


El segundo es el instrumento número 1551, con fecha 8 de septiembre de 2008, que contiene la protocolización del acta de la asamblea general ordinaria de accionistas de Grupo Textil Joad, Sociedad Anónima de Capital Variable, con fecha 29 de agosto de 2008, ante el licenciado Antonio López Aguirre, titular de la notaría número 250 del Distrito Federal.

El primer contrato que el PVEM firmó con la empresa cuestionada data del 15 de agosto de 2008 por la cantidad de 793 mil 600 playeras, por un monto de 13.4 millones de pesos, el cual fue reportado en el informe anual de ingresos y egresos de 2008.

El siguiente contrato, por el que el partido podría ser multado hoy, fue firmado el 10 de marzo de 2009 con la empresa mencionada.

En medio de esta historia se encuentra involucrado el ciudadano de origen chileno Jorge Alberto Peralta Casal, quien aparece como accionista mayoritario de Grupo Textil Joad, con un largo historial de detenciones por defraudación en contra de varias personas, entre ellas la cantante Sherlyn y dos personas a quienes les propuso vender playeras para partidos políticos que no fueron entregadas (según la causa penal 118/2009).

El PVEM añade que Marco Antonio de la Mora Torreblanca, ex dirigente del PVEM en Guerrero y suplente de Arturo Escobar en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados, asumió la deuda y, por tanto, se quedó con un terreno en Iztapalapa, derivado del contrato del 15 de agosto de 2008, por el que aún se adeudaba la cantidad de 11.2 millones de pesos.

Respecto de la participación del hermano de Escobar, el representante de Morena, Horacio Duarte, pidió investigar a dicho partido por evasión fiscal, financiamiento ilícito, lavado de dinero y apropiación de recursos públicos por dirigentes y familiares.

El representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez, dijo que en ese partido todo queda en familia y es parte del trinquete.

Puso en duda que dicha empresa textil haya entregado las camisetas del primero y del segundo contratos, y señaló que en todo caso tendría que investigarse en otro ámbito si hubo lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA BÉLTRAN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2015/12/16/politica/013n1pol

Detienen de nuevo a las 22 normalistas de Michoacán

Morelia, Mich. Las 22 normalistas recién liberadas del Cefereso de Morelos fueron recluidas esta mañana en el penal David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, para enfrentar los delitos de robo y daño a propiedad.

A las 10 horas arribaron al penal que se ubica a 12 kilómetros de la capital del estado. En el Cefereso de Morelos las estudiantes de la Normal de Arteaga permanecieron una semana.

Ayer un juez consideró que no había elementos para procesarlas por violar la ley de armas de fuego y uso de explosivos. En cambio, a sus 30 compañeros se les dictó auto de formal prisión y continúan en una cárcel de Hermosillo, Sonora.

Los 52 normalistas fueron detenidos el pasado 7 de diciembre en la caseta de peaje de Zirahuén de la autopista Pátzcuaro- Lázaro Cárdenas.

Pasado el medio día, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tenía previsto una marcha de casa de gobierno al centro histórico, para exigir la liberación de los normalistas y pronunciarse en contra de la reforma educativa.


Tras un acuerdo con autoridades estatales, los maestros de la CNTE trasladaron el plantón indefinido de la avenida Madero a la Plaza Melchor Ocampo. El dirigente de la sección 18 de la coordinadora, Juan José Ortega, dijo que fue “un acto de buena voluntad para no afectar a terceros”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/16/detienen-de-nuevo-a-las-22-normalistas-de-michoacan-3246.html

Entrega CNH a particulares 25 campos maduros en la tercera fase de la Ronda Uno

MÉXICO, DF: La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) colocó hoy la totalidad de los contratos incluidos en la tercera licitación de la Ronda Uno, con lo que asignó numerosos campos maduros para extracción de gas seco, aceite y gas condensado que serán desarrollados por la iniciativa privada.

Como lo habían previsto analistas del sector, la participación y adjudicación a mexicanos, o bien a consorcios en los que figura al menos una empresa mexicana, fue destacada a lo largo de la jornada, en la que participaron con registro 45 empresas interesadas, entre nacionales y extranjeras.

La CNH colocó así entre particulares el desarrollo de 25 campos maduros que hasta ahora eran operados por Pemex, como paraestatal primero y luego como Empresa Productiva del Estado, su nueva denominación.

Entre los beneficiarios de la licitación, la Compañía Petrolera Perseus consiguió la adjudicación del campo denominado Tajón, ubicado en Tabasco, con una superficie de 28 kilómetros cuadrados y reservas probadas, probables y posibles (3P) de 652 millones de barriles de crudo.

Servicios de Extracción Petrolera Lifthing de México obtuvo otro campo maduro, denominado Cuichapa Poniente y localizado en el estado de Veracruz, con una superficie de 63 kilómetros cuadrados.

Canamex Dutch, originaria de Países Bajos, consiguió el campo llamado Moloacán, también en Veracruz, con una extensión de 46 kilómetros cuadrados.

Otra mexicana, Diavaz Offshore, logró un campo maduro de nombre Bacardon, localizado en Tamaulipas, con una extensión de 11 kilómetros. Más tarde la CNH le adjudicaría otro campo, llamado Catedral, localizado en Chiapas y con extensión de 58 kilómetros.

Durante la segunda etapa de la fase tres de la Ronda Uno, Renassience Oil Corp obtuvo la adjudicación del campo Mundo Nuevo, ubicado en Chiapas, con una superficie de 28 kilómetros; en esa misma entidad federativa la empresa consiguió otro contrato para la explotación del campo llamado Topén, con 25 kilómetros cuadrados.

Asimismo, Renassience se adjudicó su tercer campo, “Malva”, de 21 kilómetros, también en Chiapas.

El sexto campo fue para el consorcio integrado por Roma Energy Holdings y GX Geosciencia Corp, ambas de capital estadunidense, en asociación con la Tubular Techonology, de capital mexicano.

Las otras empresas mexicanas que ganaron la licitación fueron: Grupo Diarqco; Strata Campos Maduros; Benavides Primavera, Consorcio Manufacturero Mexicano; Mexicana Sarreal; Construcciones y Servicios Industriales Globales; Constructora y Arrendadora México.

Destacan los casos de Grupo Diarqco, que obtuvo la ventaja en dos licitaciones, así como el de Geo Stratos y Gestoratos Mxoil Exploración y Producción, que obtuvo cuatro.

El estimado del gobierno mexicano es que con la colocación de la totalidad de las ofertas contempladas para esta fase tres de la Ronda Uno, se consigan inversiones en el país por el orden de 620 millones de dólares en los próximos cinco años.

El presidente Enrique Peña Nieto calificó como todo un éxito la tercera licitación de la Ronda Uno, debido a que se superaron las expectativas de expertos al adjudicarse el 100% de los campos sometidos a concurso.

A través de su cuenta de Twitter @EPN, el Ejecutivo federal afirmó que a pesar de los bajos precios internacionales del petróleo, se confirmó la confianza en México y en el futuro de su industria energética.


El mandatario federal agregó que la transparencia y certeza jurídica que ofrece la reforma energética está atrayendo importantes inversiones generadoras de empleo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
FECHA: 15 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423644

Piden a CIDH iniciar proceso contra Estado mexicano por la represión a normalistas en 2011

MÉXICO, DF: Familiares de las víctimas del operativo policiaco realizado contra normalistas en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011, solicitaron este martes la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para iniciar un proceso contra el Estado mexicano por los agravios cometidos y la impunidad que persiste hasta ahora.

A cuatro años de los hechos, que derivaron en la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, la detención arbitraria de 24 estudiantes, y actos de tortura y malos tratos contra varios más, entre ellos Gerardo Torres Pérez, sus familiares exigieron sanciones para los responsables de las agresiones y garantías de no repetición.

En conferencia de prensa, Jorge Herrera, Elizabeth Pino, Gabriel Echeverría, María de Jesús y Martha Echeverría, padres, madres y hermana de Jorge Alexis y Gabriel, además de Gerardo Torres, coincidieron en su frustración porque ni siquiera la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso ha sido acatada, ya que ningún funcionario ha sido procesado por el caso.

Los familiares de las víctimas consideraron que de haberse cumplido la recomendación 1VG72012 –que concluyó que en los actos de represión de ese día contra estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, se registraron “graves violaciones a los derechos humanos”– no habrían ocurrido tragedias mayores como la desaparición de los 43 normalistas de esa misma normal en septiembre de 2014.

Acompañados por sus representantes Abel Barrera Hernández y Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, y Luis Carlos Buob, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), los familiares de las víctimas fatales y Gerardo Torres reprocharon que se utilizara la violencia extrema para desalojar a los estudiantes que exigían “una cita con el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero”, y que por deficiencias de la investigación, los policías que fueron procesados ganaron un amparo contra el auto de formal prisión.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, explicó que por el caso de las agresiones a los normalistas se abrieron cuatro expedientes judiciales, uno por homicidio en el caso de Alexis y Gabriel, uno por tortura en agravio de Gerardo Torres, y dos por tortura en el fuero común y el federal contra seis estudiantes.

Entre las inconsistencias jurídicas que presenta el expediente abierto por homicidio (que por cierto se encuentra archivado) destaca que sólo dos policías ministeriales de Guerrero fueron sometidos a proceso, pero fueron liberados ante la falta de pruebas por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado, además de que no se resguardó la escena del crimen, ni se hicieron los exámenes de balística necesarios para determinar el origen y trayectoria de las balas.

En cuanto a las deficiencias en la averiguación por la tortura en agravio de Torres, el abogado agregó que aunque se han tomado declaraciones de policías, comandantes y agentes del Ministerio Público que habrían participado en los hechos, hasta ahora “no se ha recabado la prueba técnica para comprobar la tortura, que es el dictamen médico y psicológico basado en el Protocolo de Estambul, a pesar de que Gerardo lo solicitó en su denuncia”, y hasta marzo de 2013 la CNDH envió el estudio que le practicó al normalista y que demuestra su calidad de víctima de ese delito.

Apuntó que los únicos funcionarios que fueron sancionados, entre ellos el entonces procurador Alberto López Rosas y el exsubprocurador de procedimientos penales Alejandro Paz, “no fueron procesados por las agresiones a los normalistas, sino por el delito de evasión de presos, porque pusieron en libertad a los estudiantes que fueron detenidos sin enviar un desglose a la Procuraduría General de la República (PGR) para que determinara si se cometieron otros delitos, como ataques a las vías de comunicación”.

Vidulfo Rosales resaltó que entre los objetivos de presentar el caso ante la CIDH sobresale el de “generar un análisis” sobre el trato que el Estado mexicano da a los estudiantes de las escuelas rurales y que tiene su máxima expresión en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

También representante legal de los familiares de los desaparecidos, Rosales aclaró que en ese caso la “expectativa fuerte” es que el asunto se esclarezca en el plano interno, con el apoyo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo objetivo sería precisamente “agilizar las investigaciones para no llevar el caso a la CIDH”.

Luis Carlos Buob expresó que si bien la represión policiaca del 12 de diciembre de 2011 y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, “son casos distintos, forman parte de un mismo contexto y de agresiones contra un mismo grupo de estudiantes de la rural de Ayotzinapa”.

Buob enfatizó que lo que los motivó a enviar el caso a la CIDH fue “la falta de diligencias y de un retardo injustificado del Estado para dar respuesta, con las debidas garantías del debido proceso, a los familiares de Jorge, Gabriel y Gerardo, una respuesta efectiva de lo que pasó, determinar lo que llamamos una verdad histórica y eventualmente una sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos”.

El abogado de Cejil explicó que los familiares de las víctimas mortales y Gerardo, como agraviado, además de sus representantes, están solicitando que la CIDH “declare la admisibilidad de esta petición y responsabilice al Estado mexicano por la violación del derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, al derecho a no ser sometido a torturas ni a malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes, y al derecho a las garantías y protección judiciales”.


Asimismo, los solicitantes pretenden que se tomen medidas sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos y el control de manifestaciones, así como reformas legislativas en materia de tortura.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
FECHA: 15 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423588

Corte da entrada a recursos contra la ley de derecho de réplica

MÉXICO, DF: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite tres acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de la ley reglamentaria de derecho de réplica.

El ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la comisión de receso de la SCJN, dio entrada a los escritos presentados en contra de la ley que reglamenta el artículo sexto de la Constitución y que está vigente desde el viernes 4.

La ley también fue impugnada por la revista Proceso a través de un amparo con el que busca que no se le aplique en tanto no se revisen la constitucionalidad de la ley o de algunos de sus artículos. Sin oponerse a la reglamentación del derecho de réplica, el semanario considera que la ley viola el derecho a la libertad de expresión y a la libre circulación de las ideas (Proceso 2041).

La ley tiene, entre otras disposiciones, la protección específica para partidos, candidatos y precandidatos; además de que excluye del derecho de réplica a la información oficial.

Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Para darles trámite, la SCJN las acumuló en una sola demanda.

Las impugnaciones consideran que se viola tanto la Constitución como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CNDH considera que la ley es contraria a la libertad de expresión, pero tampoco garantiza el propio derecho de réplica.

La primera acción la presentó el PRD el jueves, firmada por el presidente de ese partido, Agustín Basave, y pide que la Corte declare la invalidez del decreto de ley, publicado por el presidente Enrique Peña Nieto en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre.


La segunda, presentada el 4 de diciembre, fue firmada por el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien impugnó sólo algunos artículos del decreto. Ese mismo día, la CNDH presentó su solicitud de acción de inconstitucionalidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
FECHA: 15 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423582