MÉXICO, DF: Organizaciones defensoras de migrantes denunciaron hoy las agresiones, hostigamientos, amenazas e, incluso, asesinatos que perpetran con impunidad las empresas privadas contratadas para vigilar las vías del tren e impedir que los indocumentados en tránsito por México se suban sobre los vagones rumbo a la frontera norte.

Las organizaciones señalaron en particular a los agentes del Cuerpo de Guardias de Seguridad Valle Toluca –perteneciente a los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem)–, quienes patrullan en las vías del tren que corren entre el Estado de México hasta Celaya, en Guanajuato.

“¿Por qué los Cusaem están en todos lados? Detienen, torturan, criminalizan y castigan a los migrantes”, denunció el sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca.

Según las organizaciones –de esencia religiosa–, a veces los Cusaem disparan contra los migrantes para alejarlos del tren. Los activistas aseveraron que, de acuerdo con los testimonios que recabaron de víctimas de agresiones, agentes de los Cusaem asesinaron a tres migrantes, en Celaya, Guanajuato y en Querétaro.

“Son ejecuciones extrajudiciales”, aseveró la hermana Leticia Gutiérrez, directora de la sección mexicana de la organización Scalabrinianos Misión para Migrantes y Refugiados, al precisar que los Cusaem actúan “como autoridades”.

Dependientes del gobierno del Estado de México y regidos por un régimen jurídico poco claro –pues proporcionan servicios de guardia privada con un carácter público–, los Cusaem obtuvieron más de 2 mil millones de pesos en contratos del gobierno federal desde que inició la administración del priista Enrique Peña Nieto.

Los Cusaem brindan sus servicios de guardia privada a la empresa Ferromex, que opera las vías de ferrocarril desde Veracruz hasta los estados fronterizos, pasando por el Estado de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, entre otros.

Integrantes de la Estancia del Migrante González y Martínez, en Querétaro, denunciaron que en varias ocasiones desde el pasado mes de diciembre personal de los Cusaem les encañonó y amenazó, por lo que se incorporaron al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Los Cusaem no saben de derechos humanos, son ignorantes”, lamentó Martín Martínez Ríos, el director de la estancia, al explicar que, de acuerdo con los testimonios de los migrantes, los guardias privados patrullan por las vías del tren vestidos de negro, con capuchas y armamento pesado.

Solalinde precisó que el grupo de seguridad opera tanto en la ruta de los migrantes como en ciertos centros de detención migratoria, entre ellos el de Las Agujas, ubicado en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, lo que confirmó el joven Elvis Garay, de origen nicaragüense, quien estuvo recluido ahí durante más de un mes, en noviembre de 2013.

Desde la implementación del Programa Frontera Sur, en julio de 2014, subirse a “La Bestia” se convirtió en una tarea prácticamente imposible en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, pues se incrementaron tanto los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) como la presencia de guardias de seguridad privada en las vías.

Además, de los agentes de las Cusaem, las organizaciones aseveraron que guardias de seguridad de la empresa Servicios Especiales de Protección en México (Sepromex) dispararon contra cuatro migrantes en las afueras de Celaya, el pasado 29 de septiembre, lo que fue denunciado ante la Procuraduría de Guanajuato.

“La CNDH nos dijo que no puede emitir recomendación porque no sabe de qué cuerpo de seguridad dependen los Cusaem”, afirmó Gutiérrez, al lamentar que si bien las autoridades lograron invisibilizar la migración, ésta “no ha disminuido, ni la violencia tampoco”. En 2015, su organización atendió a 310 migrantes víctimas de secuestro, violación, trata de personas o casos de migrantes asesinados.

Heyman Vázquez Morales, director de la Casa del Migrante de Huixtla, en Chiapas, subrayó por su parte que el gobierno demostró una “nula preocupación” ante el incremento de la delincuencia común y de los asesinatos que afectan a los migrantes que transitan por el corredor de la costa chiapaneca.

Aseveró que el pasado 3 de octubre pobladores del ejido Piñuelas de Escuintla, en Chiapas, le comentaron acerca de una fosa clandestina en la que estarían enterrados “muchos migrantes”. El sacerdote avisó al Ministerio Público y a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Migrantes de Chiapas, pero deploró que no actuaron al respecto.

También estimó que la forma en la que el INM criminaliza a los migrantes alimenta la xenofobia contra ellos, pues precisó que “al perseguirles como delincuentes, la gente piensa que son delincuentes”.

Y Solalinde se preguntó, en voz alta, sobre el discurso que sostendrán las autoridades mexicanas ante el Papa Francisco durante su próxima visita a México. “Se le tiene que decir la verdad, hacerle llegar todos estos testimonios horribles”.

AGUASCALIENTES, Ags: Para la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado tiene la misma importancia la vigilancia de los derechos humanos que el Teletón.

Según el presupuesto de egresos, a votarse antes de que termine el año en el Congreso local, el gobierno pretende otorgar 15 millones de pesos al Teletón, mientras que el presupuesto para Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) será sólo 84 mil pesos superior.

Ello, a pesar de que el más reciente informe de la CEDH señala que el número de quejas por tortura aumentó un 300%, al pasar de 34 el año pasado a 103 hasta noviembre de este año.

La donación programada para 2016 es igual a la otorgada este año por el gobernador Carlos Lozano de la Torre, quien el fin de semana pasado presumió el donativo de 15 millones de pesos que salen de las arcas públicas.

Además, el presupuesto es superior a los donativos otorgados a la Cruz Roja, para la que se tiene presupuestado un apoyo de dos millones de pesos; el Fondo de Ayuda a Víctimas del Delito, para el que hay etiquetados un millón 400 mil pesos, y apoyo para enfermos renales que será de un millón 800 mil pesos, por citar algunos ejemplos.

En Aguascalientes opera un CRIT del Teletón desde el año 2002, cuando era gobernador de Aguascalientes el panista Felipe González González.

El año pasado, el Comité de los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó la entrega de recursos públicos al Teletón.

Señaló que el 40% de los recursos otorgados a la fundación provienen de dinero público y que las campañas publicitarias promueven prejuicios contra personas con alguna discapacidad.

MÉXICO, DF: Como su esposa, Alejandra Sota Mirafuentes, Benjamín Hill Mayoral ya forma parte de la nómina del gobierno de Enrique Peña Nieto: Es, desde noviembre, titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El titular de la SFP, Virgilio Andrade, reclutó al esposo de Sota tras exonerar de conflicto de interés a Peña Nieto por la compra de la Casa Blanca en las Lomas de Chapultepec (Ciudad de México). El vendedor de dicho inmueble fue Armando Hinojosa Cantú, el contratista favorito de Peña desde que era gobernador del Estado de México.

Ahora el expanista Hill Mayoral será custodio de la ética y de prevenir los conflictos de interés en el gobierno federal y en la secretaría que investigó a su esposa por presuntamente favorecer a sus amigos cuando era funcionaria del gobierno de Felipe Calderón, como ella misma admitió ante una corte de Estados Unidos.

Igual que Sota, Hill Mayoral estudió Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). También como ella renunció a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), y juntos se fueron a estudiar a Harvard –aunque él sí es titulado– y ahora ambos están en las filas del peñanietismo.

Mientras los dos estudiaban en Harvard, Hill Mayoral cobraba en el Senado 70 mil pesos mensuales como asesor de Ernesto Cordero, cuando éste era el coordinador del PAN.

Ahora su sueldo asciende a 161 mil 259 pesos con 72 centavos, más 7 mil 500 pesos de apoyo económico mensual, mil 300 para teléfono celular y un vehículo.

El esposo de Sota, quien cobra cada mes 833 mil pesos por un contrato bianual por 20 millones de pesos que le dio el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ya había trabajado en la SFP en el gobierno de Vicente Fox y luego bajo la protección de Calderón, su amigo.

Fue secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción y jefe de la Unidad de Políticas para la Transparencia, amén de cargos semejantes.

Lo curioso es que, desde 2009, Hill y su esposa decidieron echar cerrojo a su declaración patrimonial para, por ejemplo, ocultar que compraron una mansión en Bosques de las Lomas, una de las áreas residenciales más lujosas de la Ciudad de México.

Junto con Hill, Virgilio Andrade –encargado de vigilar que no haya corrupción en el gobierno de Peña– incorporó a otro cuadro del PAN a la secretaría que encabeza, también del entorno de Calderón.

Se trata de Teresa Gómez del Campo Gurza, jefa de la Unidad de Transparencia y Cooperación Internacional, sobrina de la aspirante presidencial Margarita Zavala, hermana de la senadora Mariana y de otros funcionarios del clan…