MÉXICO, DF: Al cumplirse hoy cinco años del asesinato de la defensora de Derechos Humanos (DH) Marisela Escobedo, activistas y sus familiares exiliados exigieron justicia al gobierno de Chihuahua y el cumplimiento de la recomendación emitida en 2013 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que pide investigar a funcionarios públicos y ofrecer una disculpa pública a la familia de la activista.
En actos simultáneos en El Paso, Texas, y en Chihuahua, donde participaron familiares de víctimas de feminicidio y personas exiliadas en Estados Unidos debido a la violencia, se pidió también justicia por el asesinato de Rubí Marisol, la hija de Marisela, asesinada en 2008 a los 16 años de edad.
Ante la impunidad que prevalece ambos crímenes y la omisión del gobierno chihuahuense por dar cumplimiento a la recomendación 44/2013 de la CNDH, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) informó que se trabaja para llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Gobierno de Coahuila aseguró en su momento que daría cumplimiento a la recomendación, pero no ha cumplido ni siquiera la parte más sencilla, que es ofrecer una disculpa pública a los familiares.
Tampoco ha investigado a los funcionarios públicos que cometieron omisiones en la investigación de ambos crímenes, dejaron sin protección a la activista en su momento, además de que desde hace dos años busca dar “carpetazo” al caso.
Crimen anunciado
La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua luego de permanecer varios días instalada en un plantón para exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí, perpetrado en 2008.
Dos días antes de ser asesinada Marisela había advertido de las amenazas que pesaban en su contra.
Los videos de vigilancia captaron el momento en que un hombre intentó dispararle y Marisela corrió hacia el Palacio de Gobierno. Los guardias no abrieron las puertas y finalmente la mujer fue asesinada.
Para ese momento, Marisela –reconocida por sus compañeras activistas como un ejemplo de lucha– había recorrido un largo camino en la exigencia de justicia para su hija Rubí quien fue asesinada por su pareja sentimental Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pero éste fue absuelto pese a que confesó el asesinato durante el juicio oral que se celebró en su contra.
Luego se logró rectificar esa decisión absolutoria y Barraza fue condenado a 50 años de prisión, pero el fallo nunca se ejecutó.
Investigación ante la omisión
Al igual que miles de madres que exigen justicia en Ciudad Juárez, Chihuahua, Marisela se convirtió en investigadora y detectó en varias ocasiones el paradero del asesino de Rubí, pero las autoridades ignoraron la información y no lo aprehendieron.
Inicialmente, Escobedo llevó sola el caso de su hija, caminando diariamente desde la Fiscalía hasta la Ciudad judicial, y tras la injusta sentencia solicitó al Cedehm que la representara legalmente y asumiera el juicio de casación correspondiente.
Marisela realizó innumerables acciones para exigir justicia: en una ocasión marchó a la Ciudad de México y pidió una reunión con el entonces presidente Felipe Calderón, pero nunca accedió.
También marchó a otras ciudades, como Zacatecas, donde pudo localizar nuevamente al asesino de su hija sin que la Fiscalía hiciera algo por detenerlo.
Ante la falta de respuesta de las diversas autoridades locales y federales, en diciembre de 2010 decidió realizar el plantón frente a las puertas del Palacio de gobierno de Chihuahua, donde finalmente perdió la vida.
El 7 de octubre de 2012, ante la presión mediática por esclarecer el caso, las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez Zavala “el Wicked” como el asesino material de la activista.
El hermano de Marisela, quien vio el rostro del asesino, negó que Jiménez Zavala hubiera sido el autor del crimen. Más aún, desde el exilio, el hijo de Marisela, Juan Frayre Escobedo, sostuvo que el verdadero asesino de su madre es Antonio Barraza, hermano de Sergio Rafael Barraza.
En noviembre de 2012, Sergio Barraza perdió la vida en medio de un enfrentamiento entre el crimen organizado, del que se presume formaba parte, y elementos del Ejército. Para diciembre de 2014, el “Wicked” fue asesinado en la cárcel, cerrándose así el caso y la posibilidad de conocer la verdad.
La recomendación
A principios de noviembre de 2013, ante la resistencia de la Fiscalía de Chihuahua de dar información del avance y estado de los expedientes, la no investigación de las amenazas que pesaban contra la defensora de Derechos Humanos (DH) previas a su asesinato y ante la indebida procuración de justicia, la CNDH emitió la recomendación 44/2013 contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
De acuerdo con la Comisión, el Gobierno de Chihuahua es responsable de violar los derechos humanos de Marisela y de sus familiares, pues desde el primer momento desdeñó la información proporcionada por la activista con respecto al asesino de su hija; no investigó las amenazas de muerte que le fueron proferidas; no brindó a sus hijos y nietos la seguridad necesaria tras el asesinato y los “orilló” al exilio en Estados Unidos.
El gobierno debió brindar a la brevedad la asistencia médica, psicológica, social y material necesaria a los familiares de Marisela que sobreviven y ofrecer una disculpa institucional a las y los familiares de la luchadora civil.
Una semana después de recibir la recomendación, el consejero jurídico del gobierno local Mario Trevizo Salazar, anunció que se acatarían todos los puntos del llamado. Posteriormente, el gobernador chihuahuense dijo que ya se preparaba lo necesario para ofrecer la disculpa pública, pero a la fecha ninguna de las dos acciones se ha llevado a cabo.
La recomendación de la CNDH resultado de la queja promovida por la propia Marisela por el feminicidio de su hija, siete meses antes de que fuera asesinada, también pedía realizar una investigación y sancionar a los servidores públicos involucrados en los hechos que derivaron en la muerte de la activista y continuar con las investigaciones del crimen de Rubí, desde las pruebas aportadas por la familia de la joven.
A la fecha nadie ha sido sancionado, aunque en enero de 2014 la Fiscalía General del estado aseguró que se habían abierto cuatro carpetas de investigación en contra de agentes de MP, policías y exfuncionarios que cometieron irregularidades.
Por ello, el Cedhem planea solicitar el apoyo de instancias internacionales para obligar al Estado a no dar “carpetazo” al asesinato de Rubí y Marisela.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ.
FECHA: 16 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423749
jueves, 17 de diciembre de 2015
Salva el PT su registro pero no sus curules
MÉXICO, DF: Debido a que no se presentó ninguna impugnación contra el resultado electoral en el distrito 01 de Aguascalientes el pasado 6 de diciembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) restituyó el registro al Partido del Trabajo (PT) como instituto político nacional.
El consejero presidente del INE Lorenzo Córdova se pronunció contra la propuesta del PT de quitar y reacomodar las curules de la Cámara de Diputados, en cuanto a la representación proporcional que le tocaría por alcanzar más de 3% de la votación federal para conservar su registro.
En sesión extraordinaria, comentó que las sentencias emitidas al respecto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rompieron con un modelo establecido desde 1977, cuando se instauraron los diputados de representación proporcional. Consideró que ése es tema de discusión entre constitucionalistas para futuras elecciones.
La asignación de diputados y el mantenimiento del registro del PT se hicieron a partir de los resultados de la votación ordinaria. Hoy en día, indicó, es un caso atípico que no acompaña pues no se debe quitar el nombramiento a diputados cuya designación fue “definitiva e inatacable” y hasta avalada por el TEPJF.
Córdova aseguró que lo que pretende el PT es que se tome en cuenta la votación que obtuvo solo, incluyendo los 299 distritos, más el de Aguascalientes, para que se le asignen diputados. Sin embargo, opinó, no es posible asignarle un número de plurinominales mayor.
“Si fuéramos congruentes tendríamos que hacer la sumatoria de los votos de todos los demás partidos para poder reconfigurar la asignación de diputados plurinominales, con lo cual podríamos llegar al absurdo constitucional de que en el futuro, cuando se anule una elección, no podría la autoridad electoral asignar diputaciones de representación proporcional”, indicó.
El consejero presidente reconoció que hasta cuando se realicen las elecciones extraordinarias de aquellos distritos anulados, se tendría que hacer una reconfiguración de la votación, no sólo del PT, sino de todos los partidos con registro que tienen el derecho constitucional a contar con diputados de representación proporcional.
“Bonita Cámara de Diputados la que habríamos tenido hoy teniendo, en el mejor de los casos, sólo diputados de mayoría relativa y no de representación proporcional que estarían en suspenso, hasta en tanto las elecciones extraordinarias se llevaran a cabo, o en el mejor de los casos, sin los 40 diputados de la circunscripción de que se tratara”, señaló.
Córdova cuestionó “¿qué habría ocurrido durante los seis meses de legislatura sin diputados plurinominales?”. No se tendría un equilibrio legislativo, respondió.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423766
El consejero presidente del INE Lorenzo Córdova se pronunció contra la propuesta del PT de quitar y reacomodar las curules de la Cámara de Diputados, en cuanto a la representación proporcional que le tocaría por alcanzar más de 3% de la votación federal para conservar su registro.
En sesión extraordinaria, comentó que las sentencias emitidas al respecto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rompieron con un modelo establecido desde 1977, cuando se instauraron los diputados de representación proporcional. Consideró que ése es tema de discusión entre constitucionalistas para futuras elecciones.
La asignación de diputados y el mantenimiento del registro del PT se hicieron a partir de los resultados de la votación ordinaria. Hoy en día, indicó, es un caso atípico que no acompaña pues no se debe quitar el nombramiento a diputados cuya designación fue “definitiva e inatacable” y hasta avalada por el TEPJF.
Córdova aseguró que lo que pretende el PT es que se tome en cuenta la votación que obtuvo solo, incluyendo los 299 distritos, más el de Aguascalientes, para que se le asignen diputados. Sin embargo, opinó, no es posible asignarle un número de plurinominales mayor.
“Si fuéramos congruentes tendríamos que hacer la sumatoria de los votos de todos los demás partidos para poder reconfigurar la asignación de diputados plurinominales, con lo cual podríamos llegar al absurdo constitucional de que en el futuro, cuando se anule una elección, no podría la autoridad electoral asignar diputaciones de representación proporcional”, indicó.
El consejero presidente reconoció que hasta cuando se realicen las elecciones extraordinarias de aquellos distritos anulados, se tendría que hacer una reconfiguración de la votación, no sólo del PT, sino de todos los partidos con registro que tienen el derecho constitucional a contar con diputados de representación proporcional.
“Bonita Cámara de Diputados la que habríamos tenido hoy teniendo, en el mejor de los casos, sólo diputados de mayoría relativa y no de representación proporcional que estarían en suspenso, hasta en tanto las elecciones extraordinarias se llevaran a cabo, o en el mejor de los casos, sin los 40 diputados de la circunscripción de que se tratara”, señaló.
Córdova cuestionó “¿qué habría ocurrido durante los seis meses de legislatura sin diputados plurinominales?”. No se tendría un equilibrio legislativo, respondió.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423766
PGJEM retardó identificación de policías que lesionaron a joven en Metepec: Codhem
TOLUCA, Edomex: Agentes del Ministerio Público retardaron y obstaculizaron la identificación de los policías municipales de Metepec que dispararon contra Ángel Martín Gutiérrez Sebastián y le provocaron inmovilidad permanente, aseguró la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
El organismo emitió la Recomendación 030 para la Procuraduría General de Justicia local (PGJEM) tras estimar “que existe responsabilidad administrativa por parte de diversos agentes del Ministerio Público (MP) que conocieron del trámite de esta carpeta de investigación”.
Los hechos ocurrieron durante la administración municipal de Carolina Monroy, prima del presidente Enrique Peña.
Baruch Delgado, titular de la Codhem, indicó que “de acuerdo con las investigaciones que realizamos, no se realizaron las diligencias debidas de manera inmediata para identificar a los responsables de accionar las armas que ocasionaron esta afectación a la integridad física de Ángel”.
Por eso, prosiguió, la actuación de esos ministerios públicos debe ser revisada por el órgano de control interno de la PGJEM y por la Inspección General de los Cuerpos de Seguridad Pública en el estado (Igecem).
La Recomendación ordena también la revisión de protocolos de actuación cuando se causan daños por armas de fuego accionadas por elementos de seguridad pública del estado o de los municipios.
La PGJEM, aseguró, ya aceptó la recomendación para que se investigue a los ministerios públicos involucrados.
Para el Ayuntamiento de Metepec, la Codhem precisó que los afectados se encuentran en pláticas conciliatorias con personal de la administración municipal para establecer los términos de atención de los puntos recomendatorios.
El afectado Ángel Martín adelantó a Apro que el ayuntamiento le ha ofertado una indemnización equivalente a mil 95 días de salario mínimo vigente en la capital de la entidad, que se traducen en alrededor de 76 mil pesos, para compensar la parálisis corporal permanente que le provocaron los disparos de los policías en abril de 2013.
En lugar de la pensión vitalicia equivalente al menos a un salario mínimo recomendada por la Codhem, el joven indicó que la oferta de la administración municipal es permutarla con un “pequeño trabajo en el ayuntamiento con un pago un poco mayor, para al mismo tiempo acceder a la seguridad social que le permitiría el médico especializado, los medicamentos, la terapia física y psicológica”.
La propuesta del municipio incluye la entrega de una casa de interés social “Infonavit”, aunque no le ha especificado la ubicación. Para culminar sus estudios, el afectado ya contempló la propuesta de dos escuelas de nivel superior ubicadas en el centro de Toluca, donde radica, por lo que a partir de los detalles de las colegiaturas –que el ayuntamiento debe pagar-, se espera una decisión para que pueda concluir su licenciatura en Derecho.
“Si –el muchacho- estima que así gana certidumbre, en estos días nos reuniremos con ellos para escuchar sus posiciones y dar o no por cumplida la Recomendación en algunos de sus puntos”, expuso Delgado Carbajal, titular de la Codhem.
No obstante, aclaró que el cabildo debe aprobar el acuerdo correspondiente para dar certidumbre de empleo vitalicio y garantizar que todo lo ofrecido convenza y atienda las necesidades inmediatas y directas del interesado por la ubicación y sus condiciones. El joven, agregó, debe quedar satisfecho y asentarse los términos además en un convenio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423759
El organismo emitió la Recomendación 030 para la Procuraduría General de Justicia local (PGJEM) tras estimar “que existe responsabilidad administrativa por parte de diversos agentes del Ministerio Público (MP) que conocieron del trámite de esta carpeta de investigación”.
Los hechos ocurrieron durante la administración municipal de Carolina Monroy, prima del presidente Enrique Peña.
Baruch Delgado, titular de la Codhem, indicó que “de acuerdo con las investigaciones que realizamos, no se realizaron las diligencias debidas de manera inmediata para identificar a los responsables de accionar las armas que ocasionaron esta afectación a la integridad física de Ángel”.
Por eso, prosiguió, la actuación de esos ministerios públicos debe ser revisada por el órgano de control interno de la PGJEM y por la Inspección General de los Cuerpos de Seguridad Pública en el estado (Igecem).
La Recomendación ordena también la revisión de protocolos de actuación cuando se causan daños por armas de fuego accionadas por elementos de seguridad pública del estado o de los municipios.
La PGJEM, aseguró, ya aceptó la recomendación para que se investigue a los ministerios públicos involucrados.
Para el Ayuntamiento de Metepec, la Codhem precisó que los afectados se encuentran en pláticas conciliatorias con personal de la administración municipal para establecer los términos de atención de los puntos recomendatorios.
El afectado Ángel Martín adelantó a Apro que el ayuntamiento le ha ofertado una indemnización equivalente a mil 95 días de salario mínimo vigente en la capital de la entidad, que se traducen en alrededor de 76 mil pesos, para compensar la parálisis corporal permanente que le provocaron los disparos de los policías en abril de 2013.
En lugar de la pensión vitalicia equivalente al menos a un salario mínimo recomendada por la Codhem, el joven indicó que la oferta de la administración municipal es permutarla con un “pequeño trabajo en el ayuntamiento con un pago un poco mayor, para al mismo tiempo acceder a la seguridad social que le permitiría el médico especializado, los medicamentos, la terapia física y psicológica”.
La propuesta del municipio incluye la entrega de una casa de interés social “Infonavit”, aunque no le ha especificado la ubicación. Para culminar sus estudios, el afectado ya contempló la propuesta de dos escuelas de nivel superior ubicadas en el centro de Toluca, donde radica, por lo que a partir de los detalles de las colegiaturas –que el ayuntamiento debe pagar-, se espera una decisión para que pueda concluir su licenciatura en Derecho.
“Si –el muchacho- estima que así gana certidumbre, en estos días nos reuniremos con ellos para escuchar sus posiciones y dar o no por cumplida la Recomendación en algunos de sus puntos”, expuso Delgado Carbajal, titular de la Codhem.
No obstante, aclaró que el cabildo debe aprobar el acuerdo correspondiente para dar certidumbre de empleo vitalicio y garantizar que todo lo ofrecido convenza y atienda las necesidades inmediatas y directas del interesado por la ubicación y sus condiciones. El joven, agregó, debe quedar satisfecho y asentarse los términos además en un convenio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423759
PAN interviene en proceso de expulsión del nieto de su fundador
El CEN pide "la máxima prudencia en el tratamiento de este caso" en Naucalpan, Estado de México.
El PAN en el Estado de México busca expulsar de sus filas a Manuel Gómez Morín Martínez del Río, nieto del fundador de Acción Nacional que lleva el mismo nombre.
Gómez Morín fue enterado de que el comité municipal en Naucalpan, Estado de México, abrió el proceso de expulsión por reclamar la nulidad de la elección de su correligionario Edgar Olvera como alcalde en ese municipio.
Morín afirma que Olvera, quien ganó la alcaldía en junio, comprobó de manera fraudulenta su residencia efectiva.
Al respecto, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN anunció este miércoles que intervendrá en el proceso contra el nieto de su fundador.
“El CEN solicitó al Comité del Estado de México los pormenores en torno al presunto procedimiento local en contra del militante Manuel Gómez Morín Martínez del Río, que los medios de comunicación han dado a conocer”, refirió en un comunicado esta mañana.
“El Comité Ejecutivo Nacional del PAN adelantó que intervendrá directamente en el proceso de sanción que, trascendió el día de hoy en medios, inició el Comité Directivo Municipal en contra del militante Manuel Gómez Morín Martínez del Río, buscando se resuelva de forma positiva entre las partes”, indicó.
“Asimismo, informó que ya solicitó al Comité Estatal del PAN en el Estado de México, información pormenorizada sobre el asunto, al tiempo que pidió, tanto al Comité Estatal como al Comité Directivo Municipal de Naucalpan, la máxima prudencia en el tratamiento de este caso”, indicó.
El PAN expuso que “de acuerdo a la información dada a conocer por los medios, el Comité Municipal de Naucalpan inició un procedimiento en contra de Manuel Gómez Morín Martínez del Río, relacionado, entre otros temas, con procesos de demanda de nulidad de la elección a Presidente Municipal en dicho municipio”.
“El CEN manifestó que iniciará un proceso de conciliación para resolver este caso en forma positiva, porque Acción Nacional es un partido en el que pueden dirimirse democráticamente las diferencias derivadas de procesos electorales. Se privilegiará en todo momento que se actúe en estricto apego a los reglamentos, buscando privilegiar la unidad del partido y el respeto a las personas”, adelantó el partido que encabeza Ricardo Anaya.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1612/mexico/pan-interviene-en-proceso-de-expulsion-del-nieto-de-su-fundador/
El PAN en el Estado de México busca expulsar de sus filas a Manuel Gómez Morín Martínez del Río, nieto del fundador de Acción Nacional que lleva el mismo nombre.
Gómez Morín fue enterado de que el comité municipal en Naucalpan, Estado de México, abrió el proceso de expulsión por reclamar la nulidad de la elección de su correligionario Edgar Olvera como alcalde en ese municipio.
Morín afirma que Olvera, quien ganó la alcaldía en junio, comprobó de manera fraudulenta su residencia efectiva.
Al respecto, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN anunció este miércoles que intervendrá en el proceso contra el nieto de su fundador.
“El CEN solicitó al Comité del Estado de México los pormenores en torno al presunto procedimiento local en contra del militante Manuel Gómez Morín Martínez del Río, que los medios de comunicación han dado a conocer”, refirió en un comunicado esta mañana.
“El Comité Ejecutivo Nacional del PAN adelantó que intervendrá directamente en el proceso de sanción que, trascendió el día de hoy en medios, inició el Comité Directivo Municipal en contra del militante Manuel Gómez Morín Martínez del Río, buscando se resuelva de forma positiva entre las partes”, indicó.
“Asimismo, informó que ya solicitó al Comité Estatal del PAN en el Estado de México, información pormenorizada sobre el asunto, al tiempo que pidió, tanto al Comité Estatal como al Comité Directivo Municipal de Naucalpan, la máxima prudencia en el tratamiento de este caso”, indicó.
El PAN expuso que “de acuerdo a la información dada a conocer por los medios, el Comité Municipal de Naucalpan inició un procedimiento en contra de Manuel Gómez Morín Martínez del Río, relacionado, entre otros temas, con procesos de demanda de nulidad de la elección a Presidente Municipal en dicho municipio”.
“El CEN manifestó que iniciará un proceso de conciliación para resolver este caso en forma positiva, porque Acción Nacional es un partido en el que pueden dirimirse democráticamente las diferencias derivadas de procesos electorales. Se privilegiará en todo momento que se actúe en estricto apego a los reglamentos, buscando privilegiar la unidad del partido y el respeto a las personas”, adelantó el partido que encabeza Ricardo Anaya.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1612/mexico/pan-interviene-en-proceso-de-expulsion-del-nieto-de-su-fundador/
Albañiles, los más vulnerables en el sector obrero a nivel nacional: especialista
Carecen de acceso a vivienda digna y atención médica efectiva, pese a los múltiples riesgos que conlleva su trabajo.
Los trabajadores de la construcción en México tienen una de las tasas más altas de lesiones entre los obreros debido a las condiciones laborales, la falta de capacitación y el uso indebido de equipo de seguridad, señaló la especialista Érika Yael Carbajal Jiménez.
Al dictar la conferencia “Historias de vida, trabajo y salud de los obreros de la construcción”, la egresada en Psicología refirió que el uso de andamios, escaleras, material pesado y químicos aumentan el riesgo de accidentes en ese sector.
A pesar de que esa situación, ese grupo laboral es el que menos derechos recibe, pues carece de acceso a vivienda digna y atención médica efectiva, destacó en un comunicado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que en 2013 había 714 mil trabajadores del ramo, 89.4 por ciento hombres y 10.6 por ciento mujeres, de los cuales un porcentaje mínimo disfruta de prestaciones.
“Los albañiles que se desempeñan en grandes obras, cuando firman un contrato no leen con detalle y en ocasiones los obligan a signar renuncias anticipadas, cuando recién inician un trabajo”, puntualizó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1612/mexico/albaniles-los-mas-vulnerables-en-el-sector-obrero-a-nivel-nacional-especialista/
Los trabajadores de la construcción en México tienen una de las tasas más altas de lesiones entre los obreros debido a las condiciones laborales, la falta de capacitación y el uso indebido de equipo de seguridad, señaló la especialista Érika Yael Carbajal Jiménez.
Al dictar la conferencia “Historias de vida, trabajo y salud de los obreros de la construcción”, la egresada en Psicología refirió que el uso de andamios, escaleras, material pesado y químicos aumentan el riesgo de accidentes en ese sector.
A pesar de que esa situación, ese grupo laboral es el que menos derechos recibe, pues carece de acceso a vivienda digna y atención médica efectiva, destacó en un comunicado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que en 2013 había 714 mil trabajadores del ramo, 89.4 por ciento hombres y 10.6 por ciento mujeres, de los cuales un porcentaje mínimo disfruta de prestaciones.
“Los albañiles que se desempeñan en grandes obras, cuando firman un contrato no leen con detalle y en ocasiones los obligan a signar renuncias anticipadas, cuando recién inician un trabajo”, puntualizó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1612/mexico/albaniles-los-mas-vulnerables-en-el-sector-obrero-a-nivel-nacional-especialista/
Gobernador de Guerrero incluye en Consejo de Seguridad a edil ligado al narco
CHILPANCINGO. Gro: El gobernador Héctor Astudillo Flores instaló esta tarde el Consejo Estatal de Seguridad Pública, conformado por autoridades estatales y alcaldes, entre los que destaca el edil priista de Tecpan, Leopoldo Soberanis Hernández, señalado por sus presuntos nexos con el narco.
El Consejo es la instancia superior del sistema estatal para definir “la planeación, supervisión y evaluación” de la estrategia que pretende revertir los efectos de la inseguridad y violencia que persiste en la entidad.
Los recursos públicos del Consejo son administrados por Daniel Pano Cruz, colaborador del senador priista René Juárez Cisneros quien gobernó la entidad de 1999 a 2005, periodo considerado como la “época de esplendor” del cartel de los Beltrán Leyva que se afincó en Acapulco.
Durante un acto público realizado en la residencia oficial Casa Guerrero, Astudillo tomó protesta a los integrantes del Consejo conformado por el gabinete de Seguridad en la entidad, representantes de la sociedad civil y una decena de acaldes de diferentes regiones, entre ellos Soberanis, quien ha sido acusado públicamente por mandos del Ejército como “lavador” de activos del grupo delictivo Los Granados.
Reportes federales refieren que esta banda delincuencial dirigida por los hermanos Rubén El Nene y Salvador Chava Granados, tiene su bastión en el legendario poblado de San Luis la Loma y fueron considerados como el brazo armado de los Beltrán Leyva en la región de la Costa Grande pero ahora se les liga con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
En su mensaje, Astudillo hizo un llamado para cumplir con la obligación de profesionalizar las corporaciones policíacas y exhortó a la sociedad a cerrar filas y denunciar los delitos que se cometen en la entidad para que la situación que se vive en la entidad, “regrese a la normalidad”.
Al cumplirse 50 días de su gobierno, afirmó que las instituciones “trabajan con normalidad” y que bastó ese tiempo para que el gobierno volviera a existir. Luego dijo que en este periodo los 81 ayuntamientos funcionan y los alcaldes trabajan “en la normalidad”.
Ello a pesar de que varios alcaldes han denunciado públicamente que están acotados por el narco y la violencia en diferentes regiones de la entidad a pesar de los operativos de seguridad anunciados por el gobierno federal.
Estado en ruina
Previo a la instalación del Consejo, Astudillo informó que el déficit que heredó asciende a más de 18 mil 600 millones de pesos y no a cinco mil millones como reportó a finales de julio el exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez.
El mandatario presentó un breve documento denominado “Conclusiones preliminares” que se desprende del proceso de entrega-recepción estatal donde advirtió que su administración se encuentra ante un margen de maniobra estrecho, financiero y administrativo.
Por ello, dijo que estos datos serán la base para conocer la realidad y de esta manera, “deslindar y exigir las responsabilidades que de ello deriven”.
En el desglose del informe destacan la grave situación financiera en el sector salud y educativo.
En la Secretaría de Salud, se detectó un déficit de cuatro mil 315 millones de pesos y afirmó que esta dependencia erogó un monto de más de dos mil millones de pesos para obras que fueron asignadas por “adjudicación directa”.
Mientras que en la Secretaría de Educación encontraron 19 mil plazas sin techo presupuestal que representa un déficit de dos mil 400 millones de pesos y el adeudo acumulado asciende a nueve mil 241 millones.
En el tema de Seguridad Pública, Astudillo señaló que la Policía estatal es insuficiente en más del 60% y solo la mitad de sus efectivos se encuentran asignados en áreas operativas, sin especificar las funciones del resto.
También, dijo que solo el 16% de la plantilla policial son aptos para desempeñar sus labores debido a que la mayoría de agentes no aprobaron el examen de control de confianza y consideró que la estrategia de Seguridad implementada por el gobierno federal ha sido “eminentemente de contención”.
Luego, señaló que estuvieron a punto de perder 207 millones de pesos del Programa de Prevención del Delito por falta de gestión pertinente y solo rescataron 144 millones, los 63 millones restantes los regresaron a la federación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423788
El Consejo es la instancia superior del sistema estatal para definir “la planeación, supervisión y evaluación” de la estrategia que pretende revertir los efectos de la inseguridad y violencia que persiste en la entidad.
Los recursos públicos del Consejo son administrados por Daniel Pano Cruz, colaborador del senador priista René Juárez Cisneros quien gobernó la entidad de 1999 a 2005, periodo considerado como la “época de esplendor” del cartel de los Beltrán Leyva que se afincó en Acapulco.
Durante un acto público realizado en la residencia oficial Casa Guerrero, Astudillo tomó protesta a los integrantes del Consejo conformado por el gabinete de Seguridad en la entidad, representantes de la sociedad civil y una decena de acaldes de diferentes regiones, entre ellos Soberanis, quien ha sido acusado públicamente por mandos del Ejército como “lavador” de activos del grupo delictivo Los Granados.
Reportes federales refieren que esta banda delincuencial dirigida por los hermanos Rubén El Nene y Salvador Chava Granados, tiene su bastión en el legendario poblado de San Luis la Loma y fueron considerados como el brazo armado de los Beltrán Leyva en la región de la Costa Grande pero ahora se les liga con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
En su mensaje, Astudillo hizo un llamado para cumplir con la obligación de profesionalizar las corporaciones policíacas y exhortó a la sociedad a cerrar filas y denunciar los delitos que se cometen en la entidad para que la situación que se vive en la entidad, “regrese a la normalidad”.
Al cumplirse 50 días de su gobierno, afirmó que las instituciones “trabajan con normalidad” y que bastó ese tiempo para que el gobierno volviera a existir. Luego dijo que en este periodo los 81 ayuntamientos funcionan y los alcaldes trabajan “en la normalidad”.
Ello a pesar de que varios alcaldes han denunciado públicamente que están acotados por el narco y la violencia en diferentes regiones de la entidad a pesar de los operativos de seguridad anunciados por el gobierno federal.
Estado en ruina
Previo a la instalación del Consejo, Astudillo informó que el déficit que heredó asciende a más de 18 mil 600 millones de pesos y no a cinco mil millones como reportó a finales de julio el exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez.
El mandatario presentó un breve documento denominado “Conclusiones preliminares” que se desprende del proceso de entrega-recepción estatal donde advirtió que su administración se encuentra ante un margen de maniobra estrecho, financiero y administrativo.
Por ello, dijo que estos datos serán la base para conocer la realidad y de esta manera, “deslindar y exigir las responsabilidades que de ello deriven”.
En el desglose del informe destacan la grave situación financiera en el sector salud y educativo.
En la Secretaría de Salud, se detectó un déficit de cuatro mil 315 millones de pesos y afirmó que esta dependencia erogó un monto de más de dos mil millones de pesos para obras que fueron asignadas por “adjudicación directa”.
Mientras que en la Secretaría de Educación encontraron 19 mil plazas sin techo presupuestal que representa un déficit de dos mil 400 millones de pesos y el adeudo acumulado asciende a nueve mil 241 millones.
En el tema de Seguridad Pública, Astudillo señaló que la Policía estatal es insuficiente en más del 60% y solo la mitad de sus efectivos se encuentran asignados en áreas operativas, sin especificar las funciones del resto.
También, dijo que solo el 16% de la plantilla policial son aptos para desempeñar sus labores debido a que la mayoría de agentes no aprobaron el examen de control de confianza y consideró que la estrategia de Seguridad implementada por el gobierno federal ha sido “eminentemente de contención”.
Luego, señaló que estuvieron a punto de perder 207 millones de pesos del Programa de Prevención del Delito por falta de gestión pertinente y solo rescataron 144 millones, los 63 millones restantes los regresaron a la federación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423788
Queman alcaldía de Tila en reclamo de tierras
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Bases de apoyo y adherentes al EZLN prendieron fuego al edificio de la alcaldía de Tila, aparte de destrozar el mobiliario, por estar construido sin permiso en territorio indígena.
Tal como lo habían advertido, y por acuerdo de la asamblea, indígenas choles del ejido Tila recuperaron este día las tierras donde se encuentra la presidencia municipal.
Los inconformes señalaron que han sido más de cinco décadas en las que han acudido a diferentes instancias de gobierno y no han sido atendidos.
“Si no hay solución, habrá demolición”, advirtieron los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona durante una marcha realizada esta mañana. Al término del mitin frente a la alcaldía, los inconformes prendieron fuego al inmueble y destrozaron el mobiliario.
“En uso legítimo a su libre autodeterminación y autonomía y por acuerdo de asamblea, el ejido Tila expulsa la presidencia municipal de sus tierras”, justificaron los indígenas chiapanecos.
Además, hicieron un llamado a la solidaridad nacional e internacional y a estar atentos ante posibles respuestas represivas de los tres niveles de gobierno, que en días pasados realizaron operativos militares y policiacos en su comunidad.
Los inconformes señalaron que en 2008 las autoridades ejidales de Tila ganaron un amparo promovido “en contra de uno de los muchos intentos de despojo que han sufrido desde 1964, debido a diversas acciones del ayuntamiento municipal, el gobierno del estado y el Congreso local”.
El amparo ordenaba la restitución de 130 hectáreas de tierras ancestrales. Sin embargo, con el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento incumplió la decisión judicial, motivo por el que los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la SCJN.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423723
Tal como lo habían advertido, y por acuerdo de la asamblea, indígenas choles del ejido Tila recuperaron este día las tierras donde se encuentra la presidencia municipal.
Los inconformes señalaron que han sido más de cinco décadas en las que han acudido a diferentes instancias de gobierno y no han sido atendidos.
“Si no hay solución, habrá demolición”, advirtieron los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona durante una marcha realizada esta mañana. Al término del mitin frente a la alcaldía, los inconformes prendieron fuego al inmueble y destrozaron el mobiliario.
“En uso legítimo a su libre autodeterminación y autonomía y por acuerdo de asamblea, el ejido Tila expulsa la presidencia municipal de sus tierras”, justificaron los indígenas chiapanecos.
Además, hicieron un llamado a la solidaridad nacional e internacional y a estar atentos ante posibles respuestas represivas de los tres niveles de gobierno, que en días pasados realizaron operativos militares y policiacos en su comunidad.
Los inconformes señalaron que en 2008 las autoridades ejidales de Tila ganaron un amparo promovido “en contra de uno de los muchos intentos de despojo que han sufrido desde 1964, debido a diversas acciones del ayuntamiento municipal, el gobierno del estado y el Congreso local”.
El amparo ordenaba la restitución de 130 hectáreas de tierras ancestrales. Sin embargo, con el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento incumplió la decisión judicial, motivo por el que los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la SCJN.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423723
Denuncian agresiones de guardias privados contra migrantes
MÉXICO, DF: Organizaciones defensoras de migrantes denunciaron hoy las agresiones, hostigamientos, amenazas e, incluso, asesinatos que perpetran con impunidad las empresas privadas contratadas para vigilar las vías del tren e impedir que los indocumentados en tránsito por México se suban sobre los vagones rumbo a la frontera norte.
Las organizaciones señalaron en particular a los agentes del Cuerpo de Guardias de Seguridad Valle Toluca –perteneciente a los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem)–, quienes patrullan en las vías del tren que corren entre el Estado de México hasta Celaya, en Guanajuato.
“¿Por qué los Cusaem están en todos lados? Detienen, torturan, criminalizan y castigan a los migrantes”, denunció el sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca.
Según las organizaciones –de esencia religiosa–, a veces los Cusaem disparan contra los migrantes para alejarlos del tren. Los activistas aseveraron que, de acuerdo con los testimonios que recabaron de víctimas de agresiones, agentes de los Cusaem asesinaron a tres migrantes, en Celaya, Guanajuato y en Querétaro.
“Son ejecuciones extrajudiciales”, aseveró la hermana Leticia Gutiérrez, directora de la sección mexicana de la organización Scalabrinianos Misión para Migrantes y Refugiados, al precisar que los Cusaem actúan “como autoridades”.
Dependientes del gobierno del Estado de México y regidos por un régimen jurídico poco claro –pues proporcionan servicios de guardia privada con un carácter público–, los Cusaem obtuvieron más de 2 mil millones de pesos en contratos del gobierno federal desde que inició la administración del priista Enrique Peña Nieto.
Los Cusaem brindan sus servicios de guardia privada a la empresa Ferromex, que opera las vías de ferrocarril desde Veracruz hasta los estados fronterizos, pasando por el Estado de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, entre otros.
Integrantes de la Estancia del Migrante González y Martínez, en Querétaro, denunciaron que en varias ocasiones desde el pasado mes de diciembre personal de los Cusaem les encañonó y amenazó, por lo que se incorporaron al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Los Cusaem no saben de derechos humanos, son ignorantes”, lamentó Martín Martínez Ríos, el director de la estancia, al explicar que, de acuerdo con los testimonios de los migrantes, los guardias privados patrullan por las vías del tren vestidos de negro, con capuchas y armamento pesado.
Solalinde precisó que el grupo de seguridad opera tanto en la ruta de los migrantes como en ciertos centros de detención migratoria, entre ellos el de Las Agujas, ubicado en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, lo que confirmó el joven Elvis Garay, de origen nicaragüense, quien estuvo recluido ahí durante más de un mes, en noviembre de 2013.
Desde la implementación del Programa Frontera Sur, en julio de 2014, subirse a “La Bestia” se convirtió en una tarea prácticamente imposible en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, pues se incrementaron tanto los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) como la presencia de guardias de seguridad privada en las vías.
Además, de los agentes de las Cusaem, las organizaciones aseveraron que guardias de seguridad de la empresa Servicios Especiales de Protección en México (Sepromex) dispararon contra cuatro migrantes en las afueras de Celaya, el pasado 29 de septiembre, lo que fue denunciado ante la Procuraduría de Guanajuato.
“La CNDH nos dijo que no puede emitir recomendación porque no sabe de qué cuerpo de seguridad dependen los Cusaem”, afirmó Gutiérrez, al lamentar que si bien las autoridades lograron invisibilizar la migración, ésta “no ha disminuido, ni la violencia tampoco”. En 2015, su organización atendió a 310 migrantes víctimas de secuestro, violación, trata de personas o casos de migrantes asesinados.
Heyman Vázquez Morales, director de la Casa del Migrante de Huixtla, en Chiapas, subrayó por su parte que el gobierno demostró una “nula preocupación” ante el incremento de la delincuencia común y de los asesinatos que afectan a los migrantes que transitan por el corredor de la costa chiapaneca.
Aseveró que el pasado 3 de octubre pobladores del ejido Piñuelas de Escuintla, en Chiapas, le comentaron acerca de una fosa clandestina en la que estarían enterrados “muchos migrantes”. El sacerdote avisó al Ministerio Público y a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Migrantes de Chiapas, pero deploró que no actuaron al respecto.
También estimó que la forma en la que el INM criminaliza a los migrantes alimenta la xenofobia contra ellos, pues precisó que “al perseguirles como delincuentes, la gente piensa que son delincuentes”.
Y Solalinde se preguntó, en voz alta, sobre el discurso que sostendrán las autoridades mexicanas ante el Papa Francisco durante su próxima visita a México. “Se le tiene que decir la verdad, hacerle llegar todos estos testimonios horribles”.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
miércoles, 16 de diciembre de 2015
Desaparecen 30 mdp del fondo de ahorro de burócratas en Monterrey
MONTERREY, NL (apro).- El alcalde priista de esta capital, Adrián de la Garza Santos, reveló que se “esfumaron” 30 millones de pesos del fondo de ahorro de los burócratas municipales, que debería ser entregado antes del próximo viernes.
El edil señaló que el dinero, propiedad del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey (Sutsmm), no ha sido detectado, por lo que podrían estar enfrentando un desfalco.
Sin señalar responsables directos, el edil dijo que el municipio enfrenta una situación extremadamente difícil, pues la anterior alcaldesa panista, Margarita Arellanes, dejó el erario desfondado, y la quiebra puede reflejarse en carencias en prácticamente todos los rubros de la estructura municipal.
“En todas las áreas del municipio de Monterrey va a haber afectaciones. Estamos haciendo la programación para que afecte en las áreas menos sensibles, a que no le afecte a la gente que menos tiene también. Que tampoco salgan perjudicados los pensionados y jubilados”.
Por ejemplo, abundó, “el fondo de ahorro de los trabajadores, ese dinero no existe, no está. Y los trabajadores están pidiendo su fondo de ahorro para este fin año, son 30 millones de pesos aproximadamente. Lo grave es que la gente no va a recibir su dinero, y podría ser un desvío”, señaló quien fuera procurador de la entidad en el pasado sexenio.
También explicó que dialogará con el dirigente de los burócratas, Horacio Reyes Santos, para remediar esta situación que afecta a todos los trabajadores, quienes podrían presionar otra vez al ayuntamiento con una amenaza de paro de labores.
Desde el mes de octubre, en los últimos días de la administración de Arellanes, los trabajadores municipales se inconformaron y efectuaron un paro de labores, debido a que el municipio les había supuestamente retenido una cantidad que oscilaba entre los 10 y 19 millones de pesos que debían recibir por pago de primas y ahorros.
Los empleados volvieron a sus puestos luego de que les fuera liberado una parte de ese adeudo.
En el Congreso local, el coordinador de la bancada priista, Marco González, lamentó que no se autorizara a De la Garza una solicitud para gestionar un crédito por 200 millones de pesos, con los que buscaba estabilizar las finanzas regiomontanas.
Esta negativa, dijo, provocará que el municipio enfrente una grave crisis que lo colocará al borde de la parálisis operativa.
“El municipio de Monterrey necesitaba que lo ayudáramos y no lo hicimos. Tuvimos que ser solidarios y ver más allá de un partido. Estamos hablando de que está al borde del colapso. Ahora miles de burócratas están en la incertidumbre sobre cómo dirán a sus familias que no habrá Navidad este año”.
Se corre el riesgo, insistió, “de que Monterrey se paralice. Ya los empleados del municipio están anunciando un paro de labores. Los diputados del PRI veremos qué podemos hacer para ayudar a la administración a superar este grave problema, pero la verdad está muy difícil”, admitió el legislador.
Fuente: Proceso
Autor: Luciano Campos Garza
http://www.proceso.com.mx/?p=423773
Tras más de 30 horas, aprueba la ALDF presupuesto 2016
México, DF. El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el Presupuesto de Egresos para la ciudad de 2016 a más de 30 horas de iniciada la sesión y en la que resaltaron los incrementos a las 16 jefaturas delegacionales, para lo cual se creó un fondo de inversión por 300 millones de pesos y asignaciones adicionales por 2 mil 540 millones de pesos.
Con esto, el monto asignado a los órganos político administrativos pasó de 29 mil 164 millones 6 mil 465 pesos a 32 mil 4 millones 6 mil 465 pesos.
El legislativo creo otros fondos más, como uno de mercados por 70 millones y otro de protección civil que ejercerán también los órganos político-administrativos.
Tras aprobar los ingresos por 181 mil 334 millones 439 mil 127 pesos, los diputados locales aprobaron también algunas modificaciones a partir de las presiones de Morena, como un incremento a la asignación a personas adultas mayores por 50 millones de pesos, aún cuando se tenía ya un acuerdo previo que posteriormente fue desconocido en el que se reasignaban a Desarrollo Social 100 millones más a dicho programa.
“Nos parece francamente un apoyo muy menor al que se requiere” señaló el coordinador de los diputados morenos, César Cravioto, al fijar la posición de su partido ante el pleno sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos y reiteró que para que el gobierno del Distrito Federal cumpliera a cabalidad con la Ley de Adultos Mayores, eran necesarios 800 millones de pesos para atender a 60 mil personas, “que al día de hoy tienen uno, dos y hasta tres años que han solicitado su tarjeta y que el gobierno hasta el día de hoy no se las dado; nos parece fundamental que atendamos esta problemática”.
En relación a las delegaciones, dijo que también plantearon que haya claridad en cómo se va a tratar presupuestalmente a las cinco delegaciones que gobierna Morena, “y no es el trato que se le va a dar a nuestros delegados y delgada, sino el trato que le va dar esta ALDF a los habitantes de Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilxco”.
El otro tema que había planteado Morena, dijo, es que debería darse un plan de austeridad para reducirse el presupuesto de la ALDF de casi 2 mil millones a alrededor de mil millones de pesos para financiar el aumento al programa de adultos mayores, pero al final solamente se bajó su gasto en 8 millones de pesos.
Tras la aprobación del dictamen la presidencia de la Comisión de Gobierno, dijo que durante las discusiones se generaron consensos en busca de un presupuesto equilibrado y se tomaron en cuenta las distintas solicitudes de los grupos parlamentarios y los gobiernos delegacionales.
Así de manera consensada se generó una ampliación al presupuesto de la UACM, se crearon los fondos de vivienda, de desarrollo rural, de protección civil, movilidad e infraestructura ciclista y cultura, “se generaron ampliaciones para los gobiernos delegacionales, un listado importante de rescate de mercados, se mantuvieron los programas sociales, se asignó un presupuesto importante para el Programas Médico en tu Casa y hay recursos destinados a programas de jóvenes”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGEL BOLAÑOS, BERTHA TERESA RAMÍREZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/16/tras-mas-de-30-horas-aprueba-la-aldf-presupuesto-2016-941.html
Con esto, el monto asignado a los órganos político administrativos pasó de 29 mil 164 millones 6 mil 465 pesos a 32 mil 4 millones 6 mil 465 pesos.
El legislativo creo otros fondos más, como uno de mercados por 70 millones y otro de protección civil que ejercerán también los órganos político-administrativos.
Tras aprobar los ingresos por 181 mil 334 millones 439 mil 127 pesos, los diputados locales aprobaron también algunas modificaciones a partir de las presiones de Morena, como un incremento a la asignación a personas adultas mayores por 50 millones de pesos, aún cuando se tenía ya un acuerdo previo que posteriormente fue desconocido en el que se reasignaban a Desarrollo Social 100 millones más a dicho programa.
“Nos parece francamente un apoyo muy menor al que se requiere” señaló el coordinador de los diputados morenos, César Cravioto, al fijar la posición de su partido ante el pleno sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos y reiteró que para que el gobierno del Distrito Federal cumpliera a cabalidad con la Ley de Adultos Mayores, eran necesarios 800 millones de pesos para atender a 60 mil personas, “que al día de hoy tienen uno, dos y hasta tres años que han solicitado su tarjeta y que el gobierno hasta el día de hoy no se las dado; nos parece fundamental que atendamos esta problemática”.
En relación a las delegaciones, dijo que también plantearon que haya claridad en cómo se va a tratar presupuestalmente a las cinco delegaciones que gobierna Morena, “y no es el trato que se le va a dar a nuestros delegados y delgada, sino el trato que le va dar esta ALDF a los habitantes de Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilxco”.
El otro tema que había planteado Morena, dijo, es que debería darse un plan de austeridad para reducirse el presupuesto de la ALDF de casi 2 mil millones a alrededor de mil millones de pesos para financiar el aumento al programa de adultos mayores, pero al final solamente se bajó su gasto en 8 millones de pesos.
Tras la aprobación del dictamen la presidencia de la Comisión de Gobierno, dijo que durante las discusiones se generaron consensos en busca de un presupuesto equilibrado y se tomaron en cuenta las distintas solicitudes de los grupos parlamentarios y los gobiernos delegacionales.
Así de manera consensada se generó una ampliación al presupuesto de la UACM, se crearon los fondos de vivienda, de desarrollo rural, de protección civil, movilidad e infraestructura ciclista y cultura, “se generaron ampliaciones para los gobiernos delegacionales, un listado importante de rescate de mercados, se mantuvieron los programas sociales, se asignó un presupuesto importante para el Programas Médico en tu Casa y hay recursos destinados a programas de jóvenes”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGEL BOLAÑOS, BERTHA TERESA RAMÍREZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/16/tras-mas-de-30-horas-aprueba-la-aldf-presupuesto-2016-941.html
“Show mediático”, acuerdo contra la trata en Manzanillo: Preciado
COLIMA, Col: El candidato del PAN a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, calificó como un “show mediático” la firma del acuerdo contra la trata de personas –realizada el pasado martes en Manzanillo–, a la que fueron invitados todos los candidatos al gobierno estatal, excepto él.
Según la presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata, la exdiputada federal Rosi Orozco, la exclusión del panista obedeció a que “desde el Senado ha tratado de pasar reformas que podrían beneficiar a tratantes y perjudicar a víctimas”.
El abanderado del PAN aseguró hoy que ese acto forma parte de una estrategia para perjudicarlo electoralmente, pues el candidato del PRI, José Ignacio Peralta Sánchez, ha tratado de implicarlo en el delito de trata de personas.
Preciado Rodríguez adujo que la exlegisladora Orozco se refiere a la aprobación unánime de un decreto en materia de trata por parte del Senado, en el que se estableció que los recursos para apoyar a las víctimas de este delito fueran canalizados mediante la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y no a través de las organizaciones civiles, como la comisión que encabeza ella misma.
El documento, dijo, fue firmado por cinco senadoras de todas las fuerzas políticas representadas en la cámara alta y aprobado por todos los legisladores. Fue una decisión muy aplaudida por diversos sectores, excepto por la Comisión Unidos Contra la Trata, de Rosi Orozco, quien cabildeó con el entonces coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y el tricolor bloqueó la iniciativa.
“Si las senadoras hubieran visto un indicio mínimo en esta ley de intentar favorecer a un delincuente y atacar a las víctimas, ¿ustedes creen que no se hubiera opuesto por lo menos una senadora o un senador de la República? El pleito (de Rosi Orozco) conmigo es porque yo era entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado”.
De acuerdo con José Luis Preciado, la exdiputada le dio un cariz político al asunto cuando vino a Colima y declaró que no lo invitó a él por haber impulsado esa reforma.
“Aquí nos damos cuenta de que es un show mediático porque el discurso que está armando el PRI en la estrategia de Ignacio Peralta es tratarme de ligar con el tema de trata, por ahí va su estrategia, por eso invitaron a Rosi”, aseveró.
El aspirante a gobernar Colima anticipó que lo mismo van a ir a hacer a Tlaxcala, para atacar a la aspirante del PAN Adriana Dávila, y a Durango para atacar a José Rosas Aispuro y “donde quiera que haya candidatos del PAN. Va a ser su estrategia del PRI, pagar el boleto a la señora para que vaya a atacarnos”.
Refirió que en realidad la oposición de Rosi Orozco a la nueva ley tiene su explicación en el hecho de que ahí se establece que los recursos para las víctimas se entregarían sin intermediación de organizaciones sociales.
Dicha situación terminaría con beneficios, dijo, pues “durante el sexenio de Felipe Calderón se favoreció económicamente a la persona que ayer declaró (Orozco) y se le facilitaron incluso algunos bienes asegurados por la PGR para que instalara sus oficinas y sus centros de atención”.
Las nueva legislación “pretendía atender directamente a la víctima, con la finalidad de dar mayor transparencia (al manejo de los recursos), entonces obviamente estás tocando donde duele, ese es el problema, por eso se opusieron, no es por otra cosa”, concluyó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423734
Según la presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata, la exdiputada federal Rosi Orozco, la exclusión del panista obedeció a que “desde el Senado ha tratado de pasar reformas que podrían beneficiar a tratantes y perjudicar a víctimas”.
El abanderado del PAN aseguró hoy que ese acto forma parte de una estrategia para perjudicarlo electoralmente, pues el candidato del PRI, José Ignacio Peralta Sánchez, ha tratado de implicarlo en el delito de trata de personas.
Preciado Rodríguez adujo que la exlegisladora Orozco se refiere a la aprobación unánime de un decreto en materia de trata por parte del Senado, en el que se estableció que los recursos para apoyar a las víctimas de este delito fueran canalizados mediante la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y no a través de las organizaciones civiles, como la comisión que encabeza ella misma.
El documento, dijo, fue firmado por cinco senadoras de todas las fuerzas políticas representadas en la cámara alta y aprobado por todos los legisladores. Fue una decisión muy aplaudida por diversos sectores, excepto por la Comisión Unidos Contra la Trata, de Rosi Orozco, quien cabildeó con el entonces coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y el tricolor bloqueó la iniciativa.
“Si las senadoras hubieran visto un indicio mínimo en esta ley de intentar favorecer a un delincuente y atacar a las víctimas, ¿ustedes creen que no se hubiera opuesto por lo menos una senadora o un senador de la República? El pleito (de Rosi Orozco) conmigo es porque yo era entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado”.
De acuerdo con José Luis Preciado, la exdiputada le dio un cariz político al asunto cuando vino a Colima y declaró que no lo invitó a él por haber impulsado esa reforma.
“Aquí nos damos cuenta de que es un show mediático porque el discurso que está armando el PRI en la estrategia de Ignacio Peralta es tratarme de ligar con el tema de trata, por ahí va su estrategia, por eso invitaron a Rosi”, aseveró.
El aspirante a gobernar Colima anticipó que lo mismo van a ir a hacer a Tlaxcala, para atacar a la aspirante del PAN Adriana Dávila, y a Durango para atacar a José Rosas Aispuro y “donde quiera que haya candidatos del PAN. Va a ser su estrategia del PRI, pagar el boleto a la señora para que vaya a atacarnos”.
Refirió que en realidad la oposición de Rosi Orozco a la nueva ley tiene su explicación en el hecho de que ahí se establece que los recursos para las víctimas se entregarían sin intermediación de organizaciones sociales.
Dicha situación terminaría con beneficios, dijo, pues “durante el sexenio de Felipe Calderón se favoreció económicamente a la persona que ayer declaró (Orozco) y se le facilitaron incluso algunos bienes asegurados por la PGR para que instalara sus oficinas y sus centros de atención”.
Las nueva legislación “pretendía atender directamente a la víctima, con la finalidad de dar mayor transparencia (al manejo de los recursos), entonces obviamente estás tocando donde duele, ese es el problema, por eso se opusieron, no es por otra cosa”, concluyó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423734
Dos sicarios muertos y dos policías heridos deja enfrentamiento en Los Altos de Jalisco
GUADALAJARA, Jal: Un grupo de sujetos armados atacó esta madrugada a agentes policiacos en los límites de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, a menos de 200 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, en la región de Los Altos. El saldo fue de dos presuntos sicarios muertos y dos policías heridos.
La balacera se registró a la 1:00 horas de este miércoles, en la población de El Chipinque, cuando los municipales realizaban un recorrido de vigilancia en la salida a esta capital, confirmó el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer Ramírez, y dijo de manera previa las autoridades estatales fueron advertidas por militares del desplazamiento de un convoy de hombres armados en el referido municipio.
Durante el enfrentamiento, dos agentes resultaron gravemente lesionados, por lo que de inmediato fueron trasladados a un hospital en Lagos de Moreno, y minutos más tarde a esta capital para recibir atención en el Centro Médico Nacional de Occidente.
En rueda de prensa, Eduardo Almaguer señaló que el estado de salud de uno de los oficiales fue reportado como grave, por las heridas que le provocaron esquirlas de una granada.
Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) localizó los cuerpos de los presuntos agresores al interior de una camioneta roja de la marca Toyota, tipo Tacoma, que ayer fue robada en esta ciudad.
En el lugar de los hechos, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aseguraron cientos de casquillos percutidos, además de varias granadas de fragmentación y otras armas de diferente calibre.
Luego del enfrentamiento, las autoridades reforzaron la seguridad en diferentes regiones de la entidad, ante la posibilidad de nuevos ataques.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO OSORIO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423712
La balacera se registró a la 1:00 horas de este miércoles, en la población de El Chipinque, cuando los municipales realizaban un recorrido de vigilancia en la salida a esta capital, confirmó el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer Ramírez, y dijo de manera previa las autoridades estatales fueron advertidas por militares del desplazamiento de un convoy de hombres armados en el referido municipio.
Durante el enfrentamiento, dos agentes resultaron gravemente lesionados, por lo que de inmediato fueron trasladados a un hospital en Lagos de Moreno, y minutos más tarde a esta capital para recibir atención en el Centro Médico Nacional de Occidente.
En rueda de prensa, Eduardo Almaguer señaló que el estado de salud de uno de los oficiales fue reportado como grave, por las heridas que le provocaron esquirlas de una granada.
Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) localizó los cuerpos de los presuntos agresores al interior de una camioneta roja de la marca Toyota, tipo Tacoma, que ayer fue robada en esta ciudad.
En el lugar de los hechos, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aseguraron cientos de casquillos percutidos, además de varias granadas de fragmentación y otras armas de diferente calibre.
Luego del enfrentamiento, las autoridades reforzaron la seguridad en diferentes regiones de la entidad, ante la posibilidad de nuevos ataques.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO OSORIO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423712
Nuevo revés a la esperanza democrática
MÉXICO, DF: La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), creada el 19 de julio de 1994, en vísperas de los comicios presidenciales de dicho año, todavía no logra justificar su existencia.
Los delitos (particularmente la compra y coacción del voto) que motivaron su creación, en lugar de disminuir se convirtieron en el principal instrumento para violentar la voluntad popular. También en este ámbito de la justicia penal reina la impunidad.
Los fiscales culpaban de su ineficacia a la deficiente legislación, que limitaba sus posibilidades reales de encuadrar las actuaciones de autoridades, funcionarios partidistas o los mismos candidatos en alguno de los tipos penales señalados en el Código Penal. Por ello, la consignación de averiguaciones penales ante los juzgados federales, por parte del titular de la Fepade, Santiago Nieto, alentó las esperanzas de que tras la reforma legislativa del 2014 finalmente se pudiera sancionar a los delincuentes electorales.
La acusación en contra del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar, fue la que acaparó la atención de los medios de comunicación, entre otras razones porque de inmediato el mismo involucrado y los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México se quejaron de un linchamiento político y lanzaron toda la artillería en contra de Nieto; pero en la misma fecha también se solicitó orden de aprehensión en contra del exsecretario de Desarrollo Social del Estado de Colima, Rigoberto Salazar Velasco, por presionar a sus subalternos para hacer campaña en contra del candidato priista; y contra el dirigente estatal del PAN en Colima, Jesús Fuentes Martínez, y el abogado Javier Jiménez Corzo, por alterar el listado nominal para presentarlo como prueba en la impugnación de los comicios del pasado 7 de junio para elegir gobernador de dicha entidad.
La consignación de varias averiguaciones previas permitía suponer que en todos los casos en los que la fiscalía consideró que los expedientes tenían suficientes elementos probatorios se ejerció la acción penal; esto incluía a funcionarios públicos y dirigentes partidistas de diferentes instancias de gobierno (un subsecretario federal y un secretario estatal) y de diversos institutos políticos (un exdirigente nacional del PVEM y un dirigente estatal del PAN); incluso, de empresarios y profesionales del derecho.
La reforma al Código Penal Federal de 2014 parecía abrir finalmente la puerta para sancionar a los presuntos delincuentes electorales; pero el miércoles pasado la juez negó la orden de aprehensión en contra de Escobar y de los empresarios presuntamente involucrados en el caso. La decisión de la juez envalentonó a Escobar y a los dirigentes del Verde, que de inmediato arreciaron los ataques en contra del titular de la fiscalía y amenazaron con iniciar nuevas acciones legales.
Las informaciones divulgadas por los medios de comunicación, y las denuncias presentadas por todos los actores políticos (pues la totalidad de los partidos se han quejado de ello en distintas elecciones, y en ocasiones en la misma) dejan poco lugar a dudas de la existencia de prácticas de compra y coacción del voto en la gran mayoría de los comicios. Realmente lo único que está en duda es su impacto en los resultados electorales.
Precisamente por ello la consignación de los expedientes detonó las esperanzas de avances democráticos, en virtud de que se pensó que finalmente existía la posibilidad real de combatir dichas irregularidades por las vías legales, sin importar la jerarquía de los presuntos involucrados en ellas. No obstante, la resolución de la juez hace renacer el escepticismo.
Tanto el desbordado optimismo que despertó la solicitud de órdenes de aprehensión por parte de la Fepade, como el irritado pesimismo que ahora produjo la resolución de la juez carecen de fundamentos sólidos. En el primer momento, porque realmente lo único que se sabía a ciencia cierta es que se había consignado el expediente ante un juzgado, pero se carecía de la información necesaria para conocer su consistencia y solidez; en el segundo, porque tampoco se saben las razones y argumentos que aduce la juzgadora y porque, si realmente existen elementos probatorios que incriminen a los presuntos delincuentes, todavía hay varias vías transitables para lograr que finalmente se haga justicia.
Lamentablemente, en un país en el que campean la impunidad, la ausencia de Estado de derecho y la desconfianza en las instituciones públicas, estos acontecimientos siempre provocan que se exalten los ánimos y que se recurra a las descalificaciones personales de los actores involucrados, los linchamientos mediáticos y las manifestaciones públicas, antes que a las acciones legales.
El impacto que estos acontecimientos tengan sobre la confianza ciudadana en las instituciones dependerá claramente del curso de los acontecimientos y de la transparencia con la que se maneje la información de los mismos.
Si la decisión es apelar la resolución de la juez o corregir la averiguación previa para volver a consignarla, habrá que esperar las siguientes resoluciones y, una vez que se agoten todas las instancias y las sentencias causen estado, hacer públicos los expedientes. En cambio, si la opción es desistirse de la acción penal, remover al titular de la Fepade, o ambas, será fundamental divulgar la averiguación previa y la resolución del juzgado, para que los expertos tengan la oportunidad de revisarlas exhaustivamente y, entonces sí, emitir un juicio razonado y equilibrado.
Pero cualquiera que sea la vía, si el resultado es la exoneración de los inculpados (todavía más si incluye la remoción o renuncia del fiscal), la clave para alentar o sepultar las expectativas democráticas de la ciudadanía será la publicidad de todo el expediente, pues de lo contrario se dará la puntilla a la incipiente democracia electoral.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423681
Los delitos (particularmente la compra y coacción del voto) que motivaron su creación, en lugar de disminuir se convirtieron en el principal instrumento para violentar la voluntad popular. También en este ámbito de la justicia penal reina la impunidad.
Los fiscales culpaban de su ineficacia a la deficiente legislación, que limitaba sus posibilidades reales de encuadrar las actuaciones de autoridades, funcionarios partidistas o los mismos candidatos en alguno de los tipos penales señalados en el Código Penal. Por ello, la consignación de averiguaciones penales ante los juzgados federales, por parte del titular de la Fepade, Santiago Nieto, alentó las esperanzas de que tras la reforma legislativa del 2014 finalmente se pudiera sancionar a los delincuentes electorales.
La acusación en contra del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar, fue la que acaparó la atención de los medios de comunicación, entre otras razones porque de inmediato el mismo involucrado y los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México se quejaron de un linchamiento político y lanzaron toda la artillería en contra de Nieto; pero en la misma fecha también se solicitó orden de aprehensión en contra del exsecretario de Desarrollo Social del Estado de Colima, Rigoberto Salazar Velasco, por presionar a sus subalternos para hacer campaña en contra del candidato priista; y contra el dirigente estatal del PAN en Colima, Jesús Fuentes Martínez, y el abogado Javier Jiménez Corzo, por alterar el listado nominal para presentarlo como prueba en la impugnación de los comicios del pasado 7 de junio para elegir gobernador de dicha entidad.
La consignación de varias averiguaciones previas permitía suponer que en todos los casos en los que la fiscalía consideró que los expedientes tenían suficientes elementos probatorios se ejerció la acción penal; esto incluía a funcionarios públicos y dirigentes partidistas de diferentes instancias de gobierno (un subsecretario federal y un secretario estatal) y de diversos institutos políticos (un exdirigente nacional del PVEM y un dirigente estatal del PAN); incluso, de empresarios y profesionales del derecho.
La reforma al Código Penal Federal de 2014 parecía abrir finalmente la puerta para sancionar a los presuntos delincuentes electorales; pero el miércoles pasado la juez negó la orden de aprehensión en contra de Escobar y de los empresarios presuntamente involucrados en el caso. La decisión de la juez envalentonó a Escobar y a los dirigentes del Verde, que de inmediato arreciaron los ataques en contra del titular de la fiscalía y amenazaron con iniciar nuevas acciones legales.
Las informaciones divulgadas por los medios de comunicación, y las denuncias presentadas por todos los actores políticos (pues la totalidad de los partidos se han quejado de ello en distintas elecciones, y en ocasiones en la misma) dejan poco lugar a dudas de la existencia de prácticas de compra y coacción del voto en la gran mayoría de los comicios. Realmente lo único que está en duda es su impacto en los resultados electorales.
Precisamente por ello la consignación de los expedientes detonó las esperanzas de avances democráticos, en virtud de que se pensó que finalmente existía la posibilidad real de combatir dichas irregularidades por las vías legales, sin importar la jerarquía de los presuntos involucrados en ellas. No obstante, la resolución de la juez hace renacer el escepticismo.
Tanto el desbordado optimismo que despertó la solicitud de órdenes de aprehensión por parte de la Fepade, como el irritado pesimismo que ahora produjo la resolución de la juez carecen de fundamentos sólidos. En el primer momento, porque realmente lo único que se sabía a ciencia cierta es que se había consignado el expediente ante un juzgado, pero se carecía de la información necesaria para conocer su consistencia y solidez; en el segundo, porque tampoco se saben las razones y argumentos que aduce la juzgadora y porque, si realmente existen elementos probatorios que incriminen a los presuntos delincuentes, todavía hay varias vías transitables para lograr que finalmente se haga justicia.
Lamentablemente, en un país en el que campean la impunidad, la ausencia de Estado de derecho y la desconfianza en las instituciones públicas, estos acontecimientos siempre provocan que se exalten los ánimos y que se recurra a las descalificaciones personales de los actores involucrados, los linchamientos mediáticos y las manifestaciones públicas, antes que a las acciones legales.
El impacto que estos acontecimientos tengan sobre la confianza ciudadana en las instituciones dependerá claramente del curso de los acontecimientos y de la transparencia con la que se maneje la información de los mismos.
Si la decisión es apelar la resolución de la juez o corregir la averiguación previa para volver a consignarla, habrá que esperar las siguientes resoluciones y, una vez que se agoten todas las instancias y las sentencias causen estado, hacer públicos los expedientes. En cambio, si la opción es desistirse de la acción penal, remover al titular de la Fepade, o ambas, será fundamental divulgar la averiguación previa y la resolución del juzgado, para que los expertos tengan la oportunidad de revisarlas exhaustivamente y, entonces sí, emitir un juicio razonado y equilibrado.
Pero cualquiera que sea la vía, si el resultado es la exoneración de los inculpados (todavía más si incluye la remoción o renuncia del fiscal), la clave para alentar o sepultar las expectativas democráticas de la ciudadanía será la publicidad de todo el expediente, pues de lo contrario se dará la puntilla a la incipiente democracia electoral.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423681
Mancera presenta a diputados iniciativa para uso medicinal de mariguana
El jefe de gobierno capitalino recibió el proyecto de Mario Melgar Adalid, integrante del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la Facultad de Medicina de la UNAM.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 237 y 245 de la Ley General de Salud, para permitir el uso medicinal de la mariguana.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, explicó que ese proyecto, que se construyó con académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), responde a un tema de salud pública y de lograrse arrojará beneficios para todo el país.
“La ciudad de México lo va a impulsar con toda la decisión. Hay que hacerlo por la gente que hoy está padeciendo, por los niños, por las niñas, por los adultos mayores, por todos los que hoy pudieran estar enfermos y que no tienen la culpa de que una disposición legal los aleje del alivio que se puede sentir”, sostuvo.
Mancera Espinosa también informó que tras recibir el proyecto de Mario Melgar Adalid, integrante del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la Facultad de Medicina de la UNAM, se dirigió a la Cámara de Diputados, donde entregó la iniciativa a la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Dijo que “estamos presentando una iniciativa que colocaríamos en las manos de los diputados federales porque es una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud en dos artículos muy concretos”.
De acuerdo con el Ejecutivo del DF, la modificación a esos dos artículos será un gran avance para la salud pública nacional y “que se deje de prohibir como actualmente se prohíbe el uso de mariguana para efectos medicinales y los productos de fármacos terminados”.
En su oportunidad, el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que la modificación a la Ley General de Salud implicaría cambiar a la cannabis y sus derivados al grupo tres, en el que se reconoce que esas sustancias tienen valor terapéutico, que su mal uso constituye un problema de salud y en consecuencia debe tener un manejo más cuidadoso.
“Hay estupefacientes que obviamente si se abusa o se hace mal uso de ellos pueden ser graves para la salud, pero que en manos expertas y bien usados son fundamentales para el trabajo médico”, agregó.
A la fecha, detalló, ya está autorizado en Argentina, España, Israel, Chile, Canadá, Gran Bretaña, Portugal y en 23 entidades de Estados Unidos, además de la capital, Washington D.C.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1612/mexico/mancera-presenta-a-diputados-iniciativa-para-uso-medicinal-de-mariguana/
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 237 y 245 de la Ley General de Salud, para permitir el uso medicinal de la mariguana.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, explicó que ese proyecto, que se construyó con académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), responde a un tema de salud pública y de lograrse arrojará beneficios para todo el país.
“La ciudad de México lo va a impulsar con toda la decisión. Hay que hacerlo por la gente que hoy está padeciendo, por los niños, por las niñas, por los adultos mayores, por todos los que hoy pudieran estar enfermos y que no tienen la culpa de que una disposición legal los aleje del alivio que se puede sentir”, sostuvo.
Mancera Espinosa también informó que tras recibir el proyecto de Mario Melgar Adalid, integrante del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la Facultad de Medicina de la UNAM, se dirigió a la Cámara de Diputados, donde entregó la iniciativa a la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Dijo que “estamos presentando una iniciativa que colocaríamos en las manos de los diputados federales porque es una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud en dos artículos muy concretos”.
De acuerdo con el Ejecutivo del DF, la modificación a esos dos artículos será un gran avance para la salud pública nacional y “que se deje de prohibir como actualmente se prohíbe el uso de mariguana para efectos medicinales y los productos de fármacos terminados”.
En su oportunidad, el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que la modificación a la Ley General de Salud implicaría cambiar a la cannabis y sus derivados al grupo tres, en el que se reconoce que esas sustancias tienen valor terapéutico, que su mal uso constituye un problema de salud y en consecuencia debe tener un manejo más cuidadoso.
“Hay estupefacientes que obviamente si se abusa o se hace mal uso de ellos pueden ser graves para la salud, pero que en manos expertas y bien usados son fundamentales para el trabajo médico”, agregó.
A la fecha, detalló, ya está autorizado en Argentina, España, Israel, Chile, Canadá, Gran Bretaña, Portugal y en 23 entidades de Estados Unidos, además de la capital, Washington D.C.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1612/mexico/mancera-presenta-a-diputados-iniciativa-para-uso-medicinal-de-mariguana/
Crean otra fiscalía para búsqueda de desaparecidos, ahora en Guerrero
Una de sus tareas será coadyuvar en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Diputados del Congreso de Guerrero modificaron la Constitución Política local para crear una Fiscalía Especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas.
El diputado Raúl Mauricio Legarreta Martínez dijo que, de acuerdo al dictamen de reformas a la Fracción III del Artículo 140 de la Constitución Política local, es necesario crear una instancia especializada que atienda uno de los problemas sociales de mayor complejidad en la entidad.
Durante la sesión del Congreso local, señaló que es urgente que exista una instancia que se encargue de la investigación, esclarecimiento de los hechos y del tratamiento a las víctimas de dichos sucesos.
“En la entidad no existe institución u organismo que se encargue de esto (desaparición de personas), lo que hace difícil el esclarecimiento de hechos como el ocurrido con los 43 normalistas”, se indicó en un comunicado.
Esta fiscalía local se crea luego de que, en octubre pasado, la PGR hiciera lo propio a nivel federal, creando la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1612/mexico/crean-otra-fiscalia-para-busqueda-de-desaparecidos-ahora-en-guerrero/
Diputados del Congreso de Guerrero modificaron la Constitución Política local para crear una Fiscalía Especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas.
El diputado Raúl Mauricio Legarreta Martínez dijo que, de acuerdo al dictamen de reformas a la Fracción III del Artículo 140 de la Constitución Política local, es necesario crear una instancia especializada que atienda uno de los problemas sociales de mayor complejidad en la entidad.
Durante la sesión del Congreso local, señaló que es urgente que exista una instancia que se encargue de la investigación, esclarecimiento de los hechos y del tratamiento a las víctimas de dichos sucesos.
“En la entidad no existe institución u organismo que se encargue de esto (desaparición de personas), lo que hace difícil el esclarecimiento de hechos como el ocurrido con los 43 normalistas”, se indicó en un comunicado.
Esta fiscalía local se crea luego de que, en octubre pasado, la PGR hiciera lo propio a nivel federal, creando la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1612/mexico/crean-otra-fiscalia-para-busqueda-de-desaparecidos-ahora-en-guerrero/
Dirige la CNDH recomendación a Pavlovich por arresto de activistas yaquis
México, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, por la detención de dos integrantes y activistas de la comunidad Yaqui, y la privación ilegal de la libertad de un tercero.
En un comunicado, el organismo precisó que radicó el expediente CNDH/4/2014/6148/Q, por tratarse de un asunto que trascendió el interés del Estado e incidió en la opinión pública nacional, al ser difundido por diversos medios de comunicación.
Destacó que después de examinar las evidencias se encontraron elementos suficientes para acreditar que servidores públicos de Sonora vulneraron el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y al debido proceso de “V1” y “V2”.
Por ello, recomendó a Pavlovich que se otorgue una indemnización a los agraviados –acusados de robo de vehículo–, cuyo monto se establecerá en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas para que en lo conducente accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.
La CNDH también solicitó girar instrucciones al procurador general de Justicia de la entidad, a fin de impartir cursos a los servidores públicos de la dependencia, sobre usos y costumbres de las comunidades indígenas en general, precisando la relevancia del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y el derecho para aplicar sus propios sistemas normativos en la solución de sus conflictos internos.
Recordó que el 11 de septiembre de 2014, elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes se presentaron vestidos de civil en vehículos no oficiales y sin mostrar orden de aprehensión, detuvieron a “V1”, dirigente y vocero de la Tribu Yaqui, cuando circulaba por calles de Ciudad Obregón, Sonora.
En su denuncia, “Q1” refiere que desde el momento de la detención acudió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad y a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora para solicitar información sobre su compañero aprehendido, pero le indicaron que ahí no se encontraba.
Ocho días después, “Q2” presentó por escrito la queja donde señalaba que el procurador general de Justicia de la entidad, Rodolfo Montes de Oca, declaró a los medios de comunicación que “V1” se encontraba detenido, acusado de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad en agravio de “OAP1”, indígena Yaqui quien presentó la denuncia el 8 de junio de 2013.
Dicha denuncia fue presentada por la esposa de “OAP1” y se originó luego de que este último fuera detenido por integrantes de la Tribu Yaqui, quienes lo llevaron a su Guardia Tradicional, conforme a sus usos y costumbres. “AR1” ejerció acción penal y solicitó al Juzgado en turno se liberara una orden de aprehensión contra “V1” y “V2”.
El quejoso asentó que meses atrás diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que las acusaciones contra “V1” eran parte de una estrategia de criminalización del entonces gobernador, Guillermo Padrés, contra la lucha de la Tribu Yaqui por la defensa del agua, ante la construcción del Acueducto Independencia que pretendía implementar.
El 23 de septiembre de 2015, “V1” abandonó el Centro de Readaptación Social 2 de Hermosillo por desvanecimiento de datos.
El 26 de septiembre de 2014, “Q2” envió otro escrito de queja donde refiere que tres días antes, a las 6:50, elementos de la Policía Estatal Investigadora detuvieron a “V2”, integrante de la Tribu Yaqui en Vícam, Guaymas, Sonora, utilizando el mismo modus operandi que en la detención de “V1” y acusado por los mismos cargos. Éste obtuvo su libertad el 27 de agosto de 2015.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423690
En un comunicado, el organismo precisó que radicó el expediente CNDH/4/2014/6148/Q, por tratarse de un asunto que trascendió el interés del Estado e incidió en la opinión pública nacional, al ser difundido por diversos medios de comunicación.
Destacó que después de examinar las evidencias se encontraron elementos suficientes para acreditar que servidores públicos de Sonora vulneraron el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y al debido proceso de “V1” y “V2”.
Por ello, recomendó a Pavlovich que se otorgue una indemnización a los agraviados –acusados de robo de vehículo–, cuyo monto se establecerá en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas para que en lo conducente accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.
La CNDH también solicitó girar instrucciones al procurador general de Justicia de la entidad, a fin de impartir cursos a los servidores públicos de la dependencia, sobre usos y costumbres de las comunidades indígenas en general, precisando la relevancia del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y el derecho para aplicar sus propios sistemas normativos en la solución de sus conflictos internos.
Recordó que el 11 de septiembre de 2014, elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes se presentaron vestidos de civil en vehículos no oficiales y sin mostrar orden de aprehensión, detuvieron a “V1”, dirigente y vocero de la Tribu Yaqui, cuando circulaba por calles de Ciudad Obregón, Sonora.
En su denuncia, “Q1” refiere que desde el momento de la detención acudió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad y a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora para solicitar información sobre su compañero aprehendido, pero le indicaron que ahí no se encontraba.
Ocho días después, “Q2” presentó por escrito la queja donde señalaba que el procurador general de Justicia de la entidad, Rodolfo Montes de Oca, declaró a los medios de comunicación que “V1” se encontraba detenido, acusado de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad en agravio de “OAP1”, indígena Yaqui quien presentó la denuncia el 8 de junio de 2013.
Dicha denuncia fue presentada por la esposa de “OAP1” y se originó luego de que este último fuera detenido por integrantes de la Tribu Yaqui, quienes lo llevaron a su Guardia Tradicional, conforme a sus usos y costumbres. “AR1” ejerció acción penal y solicitó al Juzgado en turno se liberara una orden de aprehensión contra “V1” y “V2”.
El quejoso asentó que meses atrás diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que las acusaciones contra “V1” eran parte de una estrategia de criminalización del entonces gobernador, Guillermo Padrés, contra la lucha de la Tribu Yaqui por la defensa del agua, ante la construcción del Acueducto Independencia que pretendía implementar.
El 23 de septiembre de 2015, “V1” abandonó el Centro de Readaptación Social 2 de Hermosillo por desvanecimiento de datos.
El 26 de septiembre de 2014, “Q2” envió otro escrito de queja donde refiere que tres días antes, a las 6:50, elementos de la Policía Estatal Investigadora detuvieron a “V2”, integrante de la Tribu Yaqui en Vícam, Guaymas, Sonora, utilizando el mismo modus operandi que en la detención de “V1” y acusado por los mismos cargos. Éste obtuvo su libertad el 27 de agosto de 2015.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423690
Partida de Aguascalientes para Derechos Humanos, igual a su donación al Teleton
AGUASCALIENTES, Ags: Para la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado tiene la misma importancia la vigilancia de los derechos humanos que el Teletón.
Según el presupuesto de egresos, a votarse antes de que termine el año en el Congreso local, el gobierno pretende otorgar 15 millones de pesos al Teletón, mientras que el presupuesto para Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) será sólo 84 mil pesos superior.
Ello, a pesar de que el más reciente informe de la CEDH señala que el número de quejas por tortura aumentó un 300%, al pasar de 34 el año pasado a 103 hasta noviembre de este año.
La donación programada para 2016 es igual a la otorgada este año por el gobernador Carlos Lozano de la Torre, quien el fin de semana pasado presumió el donativo de 15 millones de pesos que salen de las arcas públicas.
Además, el presupuesto es superior a los donativos otorgados a la Cruz Roja, para la que se tiene presupuestado un apoyo de dos millones de pesos; el Fondo de Ayuda a Víctimas del Delito, para el que hay etiquetados un millón 400 mil pesos, y apoyo para enfermos renales que será de un millón 800 mil pesos, por citar algunos ejemplos.
En Aguascalientes opera un CRIT del Teletón desde el año 2002, cuando era gobernador de Aguascalientes el panista Felipe González González.
El año pasado, el Comité de los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó la entrega de recursos públicos al Teletón.
Señaló que el 40% de los recursos otorgados a la fundación provienen de dinero público y que las campañas publicitarias promueven prejuicios contra personas con alguna discapacidad.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
Sener inicia proceso de la cuarta convocatoria de la Ronda Uno
MÉXICO, D.F: La Secretaría de Energía (Sener) envió a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) los modelos de contrato y lineamientos para las bases de licitación de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno, que incluye 10 áreas contractuales en aguas profundas bajo el modelo de licencia.
Dichas áreas, explicó la dependencia en un comunicado, se conforman por seis bloques exploratorios ubicados en la Cuenca Salina del Golfo de México y cuatro más en el Cinturón Plegado Perdido.
La Sener indicó que se eligió el modelo de contratación de licencia “por su idoneidad para este tipo de proyectos” y para la maximización de los ingresos del país.
Añadió que tomando en cuenta las circunstancias de alta volatilidad del mercado petrolero internacional y a fin de asegurar “las mejores condiciones” para el Estado, decidió incluir únicamente áreas en aguas profundas del Golfo de México para esta convocatoria.
La Sener señaló que de acuerdo con la experiencia internacional, la evaluación de este tipo de proyectos lleva nueve meses como mínimo y las empresas petroleras suelen tomar sus decisiones basadas en el largo plazo.
Por ello, argumentó, la presentación de propuestas y adjudicación se anunciará a más tardar durante el tercer trimestre de 2016 y el acto se calendarizará al menos 90 días después de su anuncio.
En esta fase la Sener definió los términos y condiciones de los contratos, así como los lineamientos técnicos que se observarán en el proceso de licitación; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó las condiciones económicas relativas a los términos fiscales; y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) brindó la asistencia técnica que requirió la Sener.
Una vez que la CNH agote los procedimientos internos correspondientes y se apruebe el contenido de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno se hará la publicación en el Diario Oficial de la Federación, concluyó la Sener.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423695
Dichas áreas, explicó la dependencia en un comunicado, se conforman por seis bloques exploratorios ubicados en la Cuenca Salina del Golfo de México y cuatro más en el Cinturón Plegado Perdido.
La Sener indicó que se eligió el modelo de contratación de licencia “por su idoneidad para este tipo de proyectos” y para la maximización de los ingresos del país.
Añadió que tomando en cuenta las circunstancias de alta volatilidad del mercado petrolero internacional y a fin de asegurar “las mejores condiciones” para el Estado, decidió incluir únicamente áreas en aguas profundas del Golfo de México para esta convocatoria.
La Sener señaló que de acuerdo con la experiencia internacional, la evaluación de este tipo de proyectos lleva nueve meses como mínimo y las empresas petroleras suelen tomar sus decisiones basadas en el largo plazo.
Por ello, argumentó, la presentación de propuestas y adjudicación se anunciará a más tardar durante el tercer trimestre de 2016 y el acto se calendarizará al menos 90 días después de su anuncio.
En esta fase la Sener definió los términos y condiciones de los contratos, así como los lineamientos técnicos que se observarán en el proceso de licitación; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó las condiciones económicas relativas a los términos fiscales; y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) brindó la asistencia técnica que requirió la Sener.
Una vez que la CNH agote los procedimientos internos correspondientes y se apruebe el contenido de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno se hará la publicación en el Diario Oficial de la Federación, concluyó la Sener.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423695
Suscribirse a:
Entradas (Atom)