CIUDAD JUÁREZ /EL PASO (Proceso).- Sergio Adrián Hernández, habitante de Ciudad Juárez, Chihuahua, era un muchacho de 15 años a quien le gustaba el futbol y aspiraba a ser policía. El 6 de junio de 2010 una bala disparada por Jesús Mesa Jr., agente de la Patrulla Fronteriza (PF), le atravesó el ojo izquierdo. El proyectil penetró el cerebro de Sergio provocándole la muerte.
Guillermo Arévalo Pedroza era un albañil. El 3 de septiembre de 2012 asistió a una parrillada para festejar un cumpleaños en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Arévalo se desangró en los brazos de su hija de 10 años a causa de las heridas de bala que sufrió. Tenía 37 años y fue asesinado por un agente de la PF cuyo nombre todavía debe ser revelado por la agencia a la cual pertenece: la de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El 10 de octubre de 2012 José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, iba a comprar unos hot dogs. Caminaba por la avenida Internacional de su natal Nogales cuando recibió 10 impactos de bala. El agente de la PF Lonnie Ray Swartz le había disparado con su pistola calibre .40 desde el otro lado de la frontera.
El 7 de julio de 2012, en Matamoros, Tamaulipas, Juan Pablo Santillán juntaba leña para la chimenea cuando fue herido por una bala. Su hermano, que en ese momento se encontraba con él, observó al otro lado del río Bravo un rifle largo cuya mirilla le apuntaba. Mientras Pablo, de 30 años, sangraba profusamente por la herida, su hermano se dio cuenta de que no había nadie a quien acudir para que los ayudara y le gritó directamente al agente de la PF que sostenía el rifle. Pero la única respuesta que obtuvo de éste fue: “Deja morir a ese perro”.
Hay un vínculo entre todas estas muertes: ocurrieron en suelo de México, las víctimas eran de nacionalidad mexicana, todas estaban desarmadas y sólo una tenía antecedentes penales. Quienes dispararon fueron todos miembros de la PF y accionaron sus armas desde el lado estadunidense de la frontera, ya sea desde patrullas acuáticas, a través de vallas fronterizas o, inclusive, desde bicicletas de patrullaje.
Al menos media docena de estos asesinatos transfronterizos vinculados con la CBP ocurrieron en los últimos cinco años y han provocado que los familiares de las víctimas reclamen justicia en las cortes de Estados Unidos.
Desde 2004 los agentes de la CBP han matado a por lo menos 46 personas en ambos lados de la frontera, incluyendo a unos 15 ciudadanos estadunidenses. De estas muertes, 28 ocurrieron el último lustro.
Entre estos incidentes se incluyen los casos fatales de mexicanos baleados, ya mencionados con anterioridad; varios hombres desarmados que fueron golpeados hasta la muerte; un ciudadano de México que fue obligado a beber metanfetamina líquida, altamente concentrada, que lo mató; y otros civiles que recibieron disparos, fueron rociados con gas pimienta o aturdidos con armas paralizantes.
De este modo, la violencia de la CBP ha sido sistemática. La mayoría de los expertos señalan una de las causas: el reclutamiento de agentes inexpertos y mal entrenados. La presión sobre el reclutamiento se derivó de la propensión de los políticos estadunidenses a alardear sobre una mayor “seguridad fronteriza” a través de la obtención de significativos gastos de apoyo.
“El filtro a través del cual el personal (potencialmente contratado por la PF) ha sido seleccionado, ha conducido a un porcentaje significativo de agentes que no son aptos para portar una placa y un arma”, dice a Proceso Chris Rickerd, abogado del equipo de la American Civil Liberties Union (ACLU).
Lucha legal
A la luz de la violencia sistemática y la creciente posibilidad de ser asesinado en territorio de su propio país por agentes extranjeros desde un país vecino, las familias de las víctimas se han unido para promover una controversia legal cuya eventual resolución tendría ahora implicaciones constitucionales que afectarán en adelante las políticas fronterizas.
¿Tienen las familias de los mexicanos asesinados por agentes de la CBP en tiroteos trasfronterizos el derecho de exigir legalmente que éstos rindan cuentas por la muerte de sus parientes inocentes? ¿O el sólo hecho de que los familiares de las víctimas sean de nacionalidad mexicana les impide acceder al derecho constitucional de entablar un juicio en las cortes estadunidenses?
Estas dudas legales se plantean en primer término dentro de un caso que ha escalado recientemente hasta la Suprema Corte de Estados Unidos.
Los riesgos e implicaciones de este caso tienen un gran peso: si la Suprema Corte lo desestima, o bien, sostiene la sentencía de la última Corte de apelaciones en favor del gobierno, las familias mexicana no tendrán el derecho de demandar ni de buscar reparación legal para sus parientes muertos, que fueron víctimas de asesinatos transfronterizos a manos de agentes de la CBP.
No sólo el gobierno de Barack Obama intenta frenar la lucha de los familiares de las víctimas, sino que toda una batería de agencias y departamentos federales se ha alineado contra sus esfuerzos.
Por ejemplo, los abogados de Mesa Jr., el agente que baleó y mató a Elena Rodríguez, de 16 años, son apoyados por poderosas agencias gubernamentales federales, que incluyen a la propia PF, el Departamento de Seguridad Interna, bajo cuya jurisdicción se encuentra la CBP; el Departamento de Justicia y la Oficina de Inmigración y Aduanas.
Igual de desalentador es el hecho de que la más reciente sentencia en este tipo de casos fue dictada contra las familias mexicanas por una de las cortes más conservadoras y poderosas de Estados Unidos: la muy conocida Quinta Corte de Apelaciones de Circuito, cuya jurisdicción abarca todo Texas y muchas áreas fronterizas adyacentes.
Aunque aparentemente las cartas ya han sido echadas contra las familias mexicanas, algunos abogados mantienen el optimismo. Bob Hilliard, representante legal de tres de esas familias, confía en que la Suprema Corte llegará a la conlusión de que “no se puede tener un lugar o una zona libre para matar, en la que a los agentes encargados de aplicar la ley les está permitido disparar y asesinar a nacionales mexicanos inocentes sin un recurso civil”.
Sin embargo, de acuerdo con los argumentos del gobierno, se trata de un caso en el que la “inmunidad calificada” es aplicable al agente Mesa Jr. En otras palabras, para enjuiciar con éxito a un funcionario gubernamental hay que demostrar la violación de una ley claramente establecida. La Quinta Corte de Apelaciones de Circuito estuvo de acuerdo en este planteamiento, al razonar que no era una ley claramente esblecida el que la Constitución de Estados Unidos fuera aplicable a un nacional mexicano asesinado en México.
Los abogados que representan a las familias respondieron a los argumentos gubernamentales con su propia lógica y apelaron la sentencia. Tal como Steve Shadowen, otro abogado que representa a las familias y colega de Hilliard, explica a Proceso, “no se necesita una decisión de una Corte para decir que está mal matar a un muchacho desarmado de 15 años”. Más aún, agrega Shadowen, “cuando el oficial le disparó a Sergio, no sabía si se trataba de un nacional de Estados Unidos o de México”.
El abogado piensa que si la Suprema Corte da curso al caso, “vamos a ganar, porque es de sentido común y de decencia que haya una revisión judicial cuando se trata de asesinatos de muchachos desarmados por parte de la policía”.
Esperanza
Las familias por su parte mantienen un reservado optimismo sobre su oportunidad en las cortes. Dada la naturaleza sistemática de los asesinatos fronterizos y trasfronterizos por parte de “la Migra”, muchos familiares sienten que el problema es aparentemente imparable.
Cuando se le pregunta sobre las posibilidades de ganar el caso, Araceli Rodríguez Salazar –madre de José Antonio Elena Rodríguez– suspira, reflexiona un momento y especula: “Tal vez, pero sólo tal vez, a causa de la muerte de mi hijo todo este embrollo pueda cambiar. No quiero que otros padres sufran de la misma manera en que he sufrido yo”.
Guillermo Arévalo Pedroza era “una persona alegre, un padre juguetón y un hombre de familia. Le gustaba jugar y ver futbol”, dice a Proceso su viuda, Nora Isabel Lam. Y agrega: “No estoy segura de que el caso vaya a ser considerado, pero simplemente rezo para que cuando todo esto esté dicho y hecho haya buenas noticias”.
Arévalo es una de los tres clientes de Hilliard, quien nunca ha defendido un caso ante la Suprema Corte. Este será su debut.
El hecho de que la Suprema Corte haya enviado el caso para su consideración al asesor y experto legal del gobierno pinta bien para las familias mexicanas, dice Shadowen. “Hay un alto índice de aprobación entre los pocos casos que la Suprema Corte envía al asesor general”, explica.
Por su parte, Hilliard dice sentirse “cómodo y confiado” si el caso es plenamente abordado por la Suprema Corte. Sus colegas encomian sus habilidades como litigante. Afirman que se ha vuelto conocido por “hacer brotar las lágrimas en las salas de juicio”. Sin embargo, admiten que la Suprema Corte es “una bestia diferente” y que el poder de las fuerzas a las que se enfrentará Hilliard están lejos de ser insignificantes.
Luis Parra, un abogado que litiga en Nogales y Tucson, Arizona, representa a la familia de Elena Rodríguez. Entrevistado vía telefónica por Proceso, Parra sostiene que, dadas las implicaciones que están en juego, no es relevante que los familiares del muchacho no sean estadunidenses. “Hay un muchacho que recibió 10 balazos en su propio país y que no estaba cometiendo ningún crimen. ¿Qué les da derecho a rociar con 10 balas a un muchacho en su propio país?”, cuestiona.
El caso que lleva Parra ha tomado un curso diferente de los que lleva Hilliard. Este último apeló el caso de Sergio Adrián Fernández ante la Suprema Corte después de que la Quinta Corte de Apelaciones de Circuito, abiertamente conservadora, falló en favor del agente de la PF. Parra en cambio obtuvo una decisión favorable en la Novena Corte de Apelaciones de Circuito, con sede en San Francisco.
Este precedente legal, resultante de la victoria de Parra, es citado ahora por Hilliard y sus colegas en su propia apelación ante la Suprema Corte, al igual que por otras organizaciones que se han sumado al caso, como Amnistía Internacional y el Proyecto de Derechos Civiles de Paso del Norte.
El gobierno y varias agencias federales argumentan que los agentes de la PF han disparado sólo para defenderse de pedradas que les lanzan desde el lado mexicano. Los “lanzapiedras”, como los agentes los llaman, son los que los provocan a disparar y matar, según la lógica de la defensa.
Irónicamente, importantes funcionarios públicos, incluyendo a Hillary Clinton, quien es una de las principales candidatas a la próxima elección presidencial, ha rechazado este tipo de argumentos, cuando gobiernos de otras naciones los han esgrimido para justificar violaciones de derechos humanos.
En áreas con persistentes conflictos internacionales y ocupaciones militares –como Israel y Palestina– los funcionarios estadunidenses han condenado el uso de la fuerza letal contra los “lanzapiedras”. Por ejemplo, cuado Clinton era secretaria de Estado criticó la fuerza letal contra los manifestantes que arrojaban piedras para protestar contra el régimen de Hosni Mubarak –un viejo aliado de Estados Unidos– poco antes de su derrocamiento.
En el plano internacional, las condenas contra el uso de la fuerza letal hacia quienes arrojan piedras han sido emitidas por los Comisionados de Derechos Humanos de Naciones Unidas, grupos de derechos civiles como ACLU y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Hasta el propio Departamento de Estado estadunidense ha condenado la fuerza letal hacia quienes arrojan piedras; esto es, cuando no concierne a la frontera entre Estados Unidos y México.
La cuestionable defensa de justificar el uso de la fuerza letal con el lanzamiento de piedras, es una de las razonaes por las cuales Parra, Hilliard y sus colegas están más optimistas que las familias que representan.
Pero las escasas esperanzas previas de las familias de las víctimas mexicanas, así como sus reservas actuales ante la valoración del caso que realiza la Suprema Corte, no carecen de razón. Después de todo, sus esfuerzos legales han ido contra una agencia encargada de aplicar la ley que ha sido repetidamente criticada por grupos de derechos civiles y humanos debido a la impunidad que la caracteriza. Esta impunidad, de acuerdo con los abogados, se ha incubado gracias a la falta de supervisión judicial.
“Se trata de la agencia encargada de la aplicación de la ley más grande del país, pero (la CBP) no tiene proporcionalmente la supervisión y el nivel de rendición de cuentas que requiere”, comenta Chris Rockerd, abogado de la ACLU. (Traducción Lucía Luna)
Fuente: Proceso
Autor: Andrew Kennis
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