viernes, 1 de enero de 2016

El peso perdió 17% de su valor en 2015

MÉXICO, DF (apro).- Amenazado por la inminente alza en las tasas de interés en Estados Unidos, el desplome de los precios del petróleo y el lento avance de la economía mundial, el peso perdió alrededor de 17% de su valor durante 2015.
De hecho, la moneda mexicana se depreció a niveles históricos frente al dólar: El primer día de enero de 2014 cada billete verde se cotizó en 14.81 unidades, pero este jueves, último de 2015, la moneda estadunidense cerró en 17.21 pesos, es decir que en un año el dólar se encareció 2.4 pesos.
Y ni se diga en ventanillas bancarias, donde el dólar se cotizó hasta en 17.53 pesos a la venta, encaminándose a los 18 pesos, e incluso en las casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se elevó hasta 17.82 unidades.
Ni siquiera ayudó la efímera certidumbre provocada por la Reserva Federal (Fed) al aumentar sus tasas a un rango de 0.25% a 0.50%, luego de medio año en que la institución encabezada por Janet Yellen postergó su decisión de mover esa variable ante los claroscuros en el crecimiento de la economía estadunidense.
El peso, pues, no ha logrado recuperar terreno frente al dólar, al igual que otras monedas emergentes como el real brasileño, que perdió 44%; el peso argentino, que se desplomó 52%; la lira turca, con un retroceso de 25%, o el rublo ruso, que descendió 27.5%.
En esa perspectiva el peso no resultó tan afectado, en parte también por las condiciones macroeconómicas estables del país, que no dan para crecer de manera sostenida, así como por la conducción de la política monetaria del Banco de México (Banxico), que se vio obligado a modificar las fechas en que da a conocer su anuncio de política monetaria, ajustándose a las decisiones de la Fed.
Aún más, Banxico subastó un total de 24 mil millones de dólares para dar liquidez al mercado y contener la volatilidad en el tipo de cambio. Dichos recursos fueron tomados de las reservas internacionales, que cayeron 8.7% al pasar de 193 mil millones de dólares a 176 mil 353 millones en un año. Las reservas también se vieron afectadas por la disminución de ingresos provenientes del petróleo.
Desplome de petróleo afectó tipo de cambio
El desplome de los precios del petróleo fue un factor importante en la depreciación del peso y otras monedas de los países emergentes.
En 2015 los precios del crudo se vieron impactados por la sobreoferta del combustible a nivel mundial, ya que las naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no llegaron a acuerdos para reducir la producción. Y, mientras, la Unión Americana continúa registrando alzas en las reservas petroleras.
De esta forma, el precio del West Texas Intermediate (WTI) tuvo un desplome de 30.5% en este año, al pasar de los 52.69 dólares por barril (dpb) a los 36.60 dólares. El Brent, referente de Europa comenzó el año en los 56.42 dpb y terminó cotizando en 36.46 dólares, lo que significa una caída de 35.3%, mientras que la mezcla mexicana de petróleo retrocedió 39.9%, siendo la más afectada: en el primer día de 2015 su precio oscilaba los 45 dólares y terminó por debajo de los 27 dpb.
Lo anterior tuvo repercusiones en las finanzas públicas. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los primeros 11 meses del año los ingresos petroleros se desplomaron 36.7% hasta sumar sólo 724 mil millones de pesos.
La dependencia precisó que este resultado se explica por la reducción de 49.2% en el precio promedio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo, al pasar de 91.5 dólares por barril (dpb) en 2014 a 46.5 dpb en 2015, además de que la producción se vio mermada en 7.2% al sumar dos millones 273 mil barriles diarios, cuando el año pasado se produjeron dos millones 450 millones de barriles.
En este contexto, la SHCP tuvo que contratar coberturas petroleras que dejaron al país seis mil 284 millones de dólares entregados este mes, que se utilizarán para compensar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 y serán complementados con los siete mil 944 millones de pesos que se reservaron en una subcuenta especial del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios.
El peso vivió un año complicado también por la desaceleración económica mundial, en particular de China, que a mediados de año tuvo que devaluar su moneda, además de que se vio vapuleado por la crisis financiera en Grecia.
De acuerdo con el especialista y director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, el peso disminuyó su valor por los decepcionantes resultados de las reformas estructurales, los problemas sociales como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y por el elevado grado de inseguridad y corrupción que limitó la inversión en el país y dejó ver la debilidad institucional del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Aun así, la depreciación no tuvo repercusiones en la inflación, que alcanzó niveles históricos mínimos (el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un 2% anual durante la primera quincena de diciembre), pero el banco central no descarta riesgos.
Según la Minuta 40 de la Reunión de la Junta de Gobierno del Banxico sobre el reciente anuncio de política monetaria, publicada este jueves, prevalecen algunos peligros al alza para la inflación, como el hecho de que la moneda nacional experimente una mayor depreciación como resultado de un nuevo deterioro en las condiciones de los mercados financieros internacionales, lo cual pudiera afectar la dinámica de formación de precios de los bienes no comerciables.
En este mismo sentido, precisó que la actividad económica muestra un dinamismo mayor al anticipado, si bien se descarta que este riesgo se manifieste súbitamente. Como riesgos a la baja se contempla la posibilidad de que los precios de algunos insumos de uso generalizado, como los servicios de telecomunicaciones y los energéticos, tengan reducciones adicionales, así como que se revierta parcialmente la depreciación que el peso acumuló en los meses previos.

Fuente: Proceso
Autor: Juan Carlos Cruz Vargas
http://www.proceso.com.mx/?p=425000

Los viajes “gourmet” de Peña Nieto

MÉXICO, DF (Proceso).- De Enrique Peña Nieto y su familia se conocen su Casa Blanca, de más de 7 millones de dólares, construida por un contratista del gobierno federal; la remodelación de la residencia Miguel Alemán de Los Pinos, reconvertida en un palacete tras su llegada a la Presidencia, y su velada declaración patrimonial. Pero hasta ahora poco se sabe del nivel de vida que, con cargo al erario, el presidente de México gusta darse a sí, a su familia y a sus invitados.
Por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Proceso obtuvo de la Presidencia de la República la lista de alimentos, bebidas, objetos de aseo personal, cristalería, vajillas, cubertería y mantelería abastecidos al avión presidencial TP-01 para la visita oficial al Reino Unido, del 1 al 5 de marzo de este año.
El 1 de marzo de 2015 despegó de la Ciudad de México con destino a Londres el TP-01 con una comitiva de 16 personas que acompañaron a Peña Nieto. Ocho eran miembros de su familia: su esposa, Angélica Rivera; sus hijas Paulina y Nicole Peña Pretelini; sus hijastras Sofía, Fernanda y Regina Castro Rivera; su hermana, Ana Cecilia Peña Nieto; y su cuñada, Elisa Guadalupe Rivera de Moretto.
También viajaron el entonces presidente del Senado, el perredista Luis Miguel Barbosa, y su esposa, María del Rosario Orozco; el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; el hoy secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño; el jefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto Miranda; el entonces coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, David López; Francisco Guzmán, actual jefe de la Oficina de la Presidencia, y Jorge Francisco Corona, secretario auxiliar del presidente.
Por las facturas proporcionadas, características y cantidades de los alimentos y bebidas de la lista, se entiende que se destinaron sólo a los pasajeros del séquito y no al resto del grupo que viajó en el avión: 42 personas.
Para atender a Peña Nieto, su familia y su círculo íntimo se adquirieron 56 botellas de vinos y licores, 20 órdenes de pescados y mariscos, 25 de pollo, 20 de carne roja, 40 de ensaladas, ocho de arroz, cuatro charolas de chiles toreados, 20 órdenes de postre, una canasta de frutas, seis órdenes de pasteles, una rosca de chocolate, dos charolas de queso, una de sándwiches surtidos, otra de sándwiches no surtidos y tres charolas de tortas.
Además se compraron 75 botellas de agua mineral, 18 latas de agua quina, ocho paquetes de agua embotellada, cinco de Coca-Cola, uno de Coca-Cola zero, uno de Coca-Cola light, dos de Gatorade, 10 botellas de Gatorade surtido, aceitunas, papas fritas, nueces, arándanos, cacahuates, avena, ate, barritas Nutri-Grain, barritas All-Bran, barritas de Amaranto, chocolates, cinco cajas de té de diferentes sabores y siete de té verde.
También con cargo al erario se compraron, entre otras cosas, chicles y pastillas refrescantes del aliento, nueve tubos de pasta dental, dos piezas de hilo dental, cepillos de dientes, dos botellas de enjuague bucal y siete paquetes de papel higiénico.
De acuerdo con tres facturas entregadas por la Presidencia, el “servicio de catering VIP” contratado con la empresa Royal FBO Service costó 91 mil 854 dólares –es decir 1 millón 440 mil pesos, al tipo de cambio de la fecha de facturación– para alimentar al presidente y su comitiva durante 27 horas de vuelo no consecutivas en los tramos: Gander (Canadá)- Londres, Londres-Aberdeen (Escocia) y Aberdeen-Canadá-México.
La visita de estado de Peña Nieto a Londres y Escocia duró sólo tres días, según información de la Presidencia.
Servicio royal
“Nuestro objetivo es superar sus expectativas proporcionando una experiencia gastronómica maravillosamente satisfactoria en el cielo”, ofrece en su portal de internet la empresa Royal Blue Catering Company INC, con sede en Inglaterra; ésta fue subcontratada por Royal FBO Service, cuyas oficinas centrales están en Paraguay, para prestar uno de los servicios de alimentos y bebidas para el avión presidencial, según la factura 59159123/15 entregada por la Presidencia a este semanario.
“En Royal Blue nos apasiona la comida y destacamos por la excelencia en el sabor de los alimentos, así como la presentación. Dedicamos amplios recursos a la creación de deliciosos menús que se presentan con el estilo de primera clase.
“Los chefs de Royal Blue tienen una pasión sin igual para crear deliciosas comidas. Sus talentos únicos y vasta experiencia, junto con los mejores y más frescos ingredientes, se combinan para producir excepcionales platillos que deleitan los sentidos totalmente”, afirma la empresa que se promueve como la más calificada en el aeropuerto londinense de Heathrow.
El servicio ofrecido por esta empresa al avión presidencial sólo para el tramo Londres-Aberdeen tuvo un costo de 21 mil 473 dólares (337 mil 126 pesos) según factura de la cual se tiene copia. De acuerdo con la información oficial de la compañía, entre sus clientes están los mejores equipos de futbol de la Liga Premier, familias de la realeza, músicos, celebridades del teatro y el cine, jefes de Estado y oficiales de gobierno de todo el mundo.
La comitiva VIP del vuelo Gander-Londres estuvo integrada por los 17 pasajeros que salieron de México, incluyendo a Peña Nieto. La factura obtenida en los trayectos Gander-Londres y Gander-México muestra que la Presidencia erogó para esos 17 pasajeros por “servicio de catering VIP” 51 mil 917 dólares, es decir 799 mil 531 pesos.
En esos trayectos la comida y la bebida de Peña Nieto y sus acompañantes costó en promedio 47 mil 31 pesos por persona.
Los registros de la Presidencia indican que la comitiva VIP de Londres a Aberdeen constó de 22 personas. Llama la atención que, según la relación de pasajeros, en ese vuelo ya no viajó la primera dama, Angélica Rivera, aunque sí sus hijas y su hermana.
En Londres se sumaron al grupo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; Emilio Lozoya, director de Pemex; José Antonio Meade, actual Secretario de Desarrollo Social; el embajador de México ante el Reino Unido, Diego Gómez Pickering; el embajador británico en México, Duncan John Rushworth Taylor, y Alexander de Montfort, de la Cámara de los Lores. Para este trayecto se contrataron los servicios de Royal Blue Catering. El costo de alimentos y bebidas por cada uno de los 22 viajantes fue de 15 mil 323 pesos.
Para el regreso Aberdeen-Canadá-México, el grupo VIP se redujo a 16 personas. No viajó en el avión presidencial la esposa del presidente, Angélica Rivera, a diferencia de sus hijas y su hermana.
En el trayecto Aberdeen-Canadá la Presidencia gastó en alimentos y bebidas 18 mil 364 dólares (289 mil 899 pesos). Es decir un costo promedio por persona de 18 mil 118 pesos.
Lo pagado por los servicios de comida y bebida a Royal FBO Service no incluyó los alimentos ni bebidas del resto de los 42 pasajeros y tripulación que viajaron en la parte de atrás del avión presidencial, separados del grupo VIP, entre quienes iban miembros del Estado Mayor Presidencial, empleados de la Presidencia, reporteros y fotógrafos de los medios; estos últimos pagaron sus propios gastos.
Manteles largos
Acorde con el servicio de very important person (VIP) dado a Peña Nieto y sus invitados, para servir los alimentos el avión presidencial fue equipado con cristalería, vajilla, cubertería y mantelería. La Presidencia no informó del costo de los utensilios y éstos no forman parte de lo pagado por el “servicio de catering VIP”.
Para las bebidas: 10 copas para oporto, 15 de vino tinto, 10 para coñac, 10 de vino blanco, 10 vasos old fashion con logo (presidencial), 20 vasos para jugo y 10 tequileros con logo.
Para los alimentos: 10 cucharas soperas, 30 cuchillos para carne, 30 para pescado, 20 para cangrejo, 100 para ensalada, dos cuchillos de sierra y uno para pastel. Cuarenta tenedores para ensalada, 30 para carne, 30 para pescado, 30 para postre, 10 palas mantequilleras y dos para pastel, así como 80 platos arroceros con logotipo (presidencial), 10 platos y cinco tazas para café expreso, ocho platos soperos, 90 platos trinche con logotipo, 70 para pan, 20 compoteros con logotipo, 40 moteados y 30 para taza de café con 20 tazas.
También 36 manteles de mesa, 80 individuales, 100 servilletas de tela, 100 toallas faciales y 22 para manos. Y para el máximo confort presidencial, tres juegos de cama.
Por medio de la Ley Federal de Transparencia la reportera ha pedido a la Presidencia el monto mensual de recursos públicos que se erogan para alimentar al presidente Enrique Peña Nieto y a su familia en la residencia oficial de Los Pinos.
La Presidencia se niega a dar la información. Argumenta que no es posible calcular el costo específico pues todos los gastos de alimentación en Los Pinos están en una partida presupuestal general y no se puede saber específicamente cuánto cuesta la manutención alimentaria de la familia presidencial.

Fuente: Proceso
Autora: Anabel Hernández
http://www.proceso.com.mx/?p=424940

El Valle de México inicia el año con mala calidad del aire

MÉXICO, DF (proceso.com.mx).- La calidad del aire en el primer día del año en casi todo el Valle de México es mala.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó un máximo de 133 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), por partículas suspendidas (PM10).

Precisó que la región noreste registró 117 unidades de ese contaminante, mientras que la centro 113, la sureste 109 y la suroeste 94 puntos.

Las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc Iztacalco, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Tláhuac e Iztapalapa, también superaron los 100 puntos de partículas suspendidas, señala.

En tanto, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que el programa Hoy No Circula no se suspende este viernes, por lo que continuarán las restricciones de circulación a vehículos con holograma 1 y 2 en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El organismo dijo que se prevén condiciones desfavorables para la dispersión de la contaminación, por lo que se espera se mantenga una calidad del aire mala durante el día.

“Los altos niveles de ozono que se esperaban registrar desde ayer por la noche serían provocados por la escasa afluencia de humedad y un día caluroso en la región central del país, así como la quema de juegos pirotécnicos y fogatas durante esta madrugada”, señala en su reporte.

El pasado 25 de diciembre, debido a los altos niveles de contaminación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase de Precontingencia Ambiental Regional por PM10 en la zona noreste del Valle de México, tras alcanzar los 155 puntos IMECA por ese contaminante.


Fuente: Proceso

jueves, 31 de diciembre de 2015

La crisis que el gobierno pretende ocultar

MÉXICO, DF (Proceso).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció en una entrevista radiofónica el lunes 21 que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, junto con la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, han sido las peores crisis del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, también se empeñó –como hizo desde el inicio el gobierno federal– en atribuir toda la responsabilidad al “gobierno municipal, policías municipales” y aunque no lo hizo explícito, mantuvo el discurso de que el caso es un “hecho aislado”.
Pretenden olvidar que apenas el 25 de noviembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su recomendación en relación con los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero (donde murieron 10 personas, 21 resultaron lesionadas y se realizaron 30 detenciones arbitrarias), señalando a policías federales como responsables de violaciones graves a los derechos humanos y de al menos una ejecución extrajudicial.
Tampoco recuerdan el caso Tlatlaya, ocurrido el 30 de junio de 2014, donde la misma CNDH acreditó la ejecución extrajudicial de al menos 15 de los 22 abatidos; ni el asesinato de siete jornaleros en la comunidad de Calera, Zacatecas –cuatro de ellos con el tiro de gracia– el 7 de julio de este año, ambos por parte de militares.
Y omiten señalar que todavía está pendiente de conocerse el resultado de las investigaciones que realiza la CNDH respecto de las 42 personas fallecidas el 22 de mayo pasado en Ecuandureo, Michoacán, en un presunto enfrentamiento entre policías federales y presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Este breve y somero recuento de hechos perpetrados a lo largo de los últimos dos años evidencia que lo sucedido en Iguala, donde desaparecieron los 43 normalistas, no es algo aislado y exclusivo de Guerrero, sino un fenómeno extendido a otras entidades del país, entre las que se encuentran Zacatecas, Michoacán y el Estado de México.
Tampoco se puede obviar que este año visitaron el país Juan Méndez, relator especial sobre la Tortura, y Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los tres emitieron informes que dejan al descubierto la grave crisis de derechos humanos en México.
Los hechos y las cifras que revelan en sus documentos son contundentes. Al Hussein destaca entre los datos el asesinato de 151 mil 233 personas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015 y la desaparición de al menos 26 mil más, “muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas”, es decir perpetrados por agentes al servicio del Estado en cualquiera de sus tres instancias (federal, estatal o municipal).
El informe de la CIDH reveló que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una tasa igual o superior a 10 homicidios por cada 100 mil habitantes corresponde a niveles epidémicos de violencia.
En México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 fueron 19.43 y en 2014, 16.43, con estados como Guerrero con una tasa de 42.68; Sinaloa, de 33.33 y Chihuahua, de 29.36. De acuerdo con una publicación del periódico Reforma del martes 22, el número de homicidios dolosos registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de este año, es 8% mayor al del mismo periodo de 2014.
Para dar una idea de la gravedad del abuso de la fuerza por parte del Ejército Mexicano, el mismo informe hace referencia a un “índice de letalidad, que es el número de civiles muertos por cada civil herido en situaciones calificadas por las autoridades como ‘enfrentamientos’”, desarrollado por especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En éste indican: “Cualquier cociente superior a 1 estará apuntando a un abuso de la fuerza y a la existencia de ejecuciones sumarias”. En México dicho índice fue de 7.7 civiles muertos por cada civil herido en 2013 y de 11.6, en el primer trimestre de 2014; después de esa fecha la Secretaría de la Defensa Nacional ya no reveló su estadística.
Estos datos deben vincularse con el informe elaborado y presentado, en julio de este año, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde revela que el 11 de junio de 2014, 19 días antes de la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, la base de operaciones San Antonio del Rosario –a la cual se encontraban adscritos los militares implicados en los hechos– recibieron la Orden de Relevo, la cual señala explícitamente: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
Como manifiesta el mismo documento: “El uso de este lenguaje resulta sumamente grave pues al instruir ‘abatir delincuentes’ se incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles en el momento en que éstos se consideran delincuentes, sin presunción de inocencia ni juicio previo”.
El informe de la CIDH también hace referencia al grave problema de los desplazados de su lugar de residencia por la crítica situación de inseguridad; al denunciar la ausencia de cifras oficiales, señala: “El Internal Displacement Monitoring Center ha estimado que a finales de 2014 había por lo menos 281 mil 400 desplazados internos en México. Organizaciones de la sociedad civil indicaron que esta cifra podría ser mucho mayor”.
Respecto a la tortura, el documento destaca que en 15 entidades federativas, la misma no está tipificada como delito en los códigos penales y hace referencia a la afirmación de Juan Méndez, relator especial sobre la tortura, quien señaló que “con frecuencia”, las personas son halladas culpables “solamente o predominantemente con base en confesiones obtenidas con tortura o malos tratos, lo que alienta su uso por parte de las autoridades”.
Ciertamente la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa detonó una de las peores crisis del gobierno de Peña Nieto, tal como señala Osorio Chong, pero no porque sea un hecho aislado o un evento exclusivo de una entidad con características particulares, sino porque evidenció la existencia de una grave situación de derechos humanos como “resultado de una situación estructural que padece desde hace décadas”, como señaló Rose-Marie Belle Antoine, encargada de presentar el informe de la CIDH.

Fuente: Proceso
Autor: Jesús Cantú
http://www.proceso.com.mx/?p=424949

Mancera, entre el repudio y la sobrevivencia

MÉXICO, DF (apro).- El 2015 fue para el jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera un año de marcados contrastes: sufrió la más profunda crisis política de las administraciones capitalinas y la seguridad que tanto presume se vio vulnerada por varios frentes; además, la ciudadanía se impuso ante proyectos de su administración, pero hacia el final logró dar pasos de sobrevivencia con miras a sus intenciones presidenciales en el 2018.
El resultado de las elecciones del pasado 7 de junio fue el golpe político más duro que ningún jefe de gobierno capitalino había sufrido desde 1997. El PRD, en alianza con el PT y Movimiento Ciudadano –acuerdo partidista que llevó a Mancera Espinosa a ganar las elecciones con 63.56% de las preferencias electorales– se desplomó en el DF.
De las 14 delegaciones que gobernaba desde 2012, perdió ocho: cinco se las arrebató Morena, dos el PRI-PVEM y una el PAN. No fue lo único, pues esa alianza también perdió la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) ante la ola del partido creado por el exmandatario capitalino Andrés Manuel López Obrador.
Analistas políticos interpretaron ese resultado como un “ya basta” de la ciudadanía hacia el gobierno de Mancera y el PRD en la ciudad que ha ido de tumbo en tumbo, entre acusaciones de corrupción y falta de acciones claras en beneficio de la sociedad.
Como reacción, el jefe de gobierno realizó nueve cambios en su gabinete legal y ampliado, aunque algunos fueron sólo movimientos para quitar de la palestra a funcionarios polémicos, como Héctor Serrano, señalado como el principal operador político de la elección, pero sólo pasó de la Secretaría de Gobierno a la de Movilidad.
Aun así, líderes perredistas comenzaron a mencionar a Mancera Espinosa como precandidato a la Presidencia de la República en el 2018. Ante la insistencia de los medios, el exprocurador aceptó públicamente su intención, aunque no se ha afiliado a ningún partido. De hecho, declaró que se ve como contendiente frente a Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien ganó la gubernatura de Nuevo León como candidato independiente.
Sin embargo, el mandatario capitalino no ha ocultado su simpatía con el presidente Enrique Peña Nieto ni otros priistas de su gabinete como Miguel Ángel Osorio Chong. A diferencia de sus antecesores, Mancera no ha perdido oportunidad para posar para las primeras planas de los periódicos al lado de ambos personajes.
Seguridad, el traspié
Cuando en el DF comenzaba a perder fuerza el desastre político de las elecciones, un nuevo hecho doblegó la imagen del gobierno de Miguel Ángel Mancera: el multihomicidio de la colonia Narvarte el 31 de julio.
La tortura y ejecución del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la joven de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín, la trabajadora doméstica Alejandra Negrete y la maquillista Yesenia Quiroz, en el departamento 401 de la calle Luz Saviñón 1909, le quitó al DF el “privilegio” de ser la entidad más segura para periodistas amenazados en otros estados del país.
El tema ocupó primeras planas de diarios capitalinos y llegó no sólo a la prensa internacional, sino a organismos defensores de la libertad de expresión, quienes exigieron una investigación seria y la captura de los responsables. También tocó las fibras de la comunidad colombiana en México que protestó contra el trato discriminatorio y estereotipado que ciertos medios de comunicación dieron al caso.
A seis meses del crimen, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), encabezada por Rodolfo Ríos, sólo ha detenido a tres presuntos responsables, quienes no han sido sentenciados. Además, no ha aclarado el móvil del crimen y según los abogados coadyuvantes de los familiares de las víctimas, quedan muchos pendientes en la investigación, por ejemplo, la indagatoria sobre las amenazas que Rubén y Nadia recibieron en Veracruz.
Peor aún, ni la Procuraduría ni el mismo jefe de gobierno se han pronunciado sobre el llamado de los integrantes de la Plataforma de Acompañamiento al caso Narvarte, creada el pasado 9 de junio, para ayudar a resolver el caso, pese a que Mancera prometió que “no habrá impunidad” y que se agotarían “todas las líneas de investigación”.
En octubre el gobierno de Mancera Espinosa enfrentó un nuevo obstáculo de violencia: un hombre envuelto en vendas y con un tiro en la cabeza fue colgado del puente La Concordia en los límites de la delegación Iztapalapa y el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.
A este hecho le siguió el hallazgo de varios ejecutados y cadáveres calcinados y desmembrados con carteles cuyos mensajes iban dirigidos al propio mandatario y lo alertaban del supuesto control de droga en el reclusorio Oriente de la ciudad.
Sin embargo, el jefe de gobierno insistió en su reiterada negativa de la presencia del crimen organizado en la capital del país. Luego ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública reforzar la seguridad en la zona con decenas de policías y patrullas.
Las tragedias
Para Miguel Ángel Mancera, el 2015 también estuvo marcado por las tragedias. La primera ocurrió la mañana del 29 de enero, cuando una pipa de la empresa Gas Express Nieto provocó una explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.
El hecho dejó un saldo de cinco muertos, entre ellos tres recién nacidos, más de 70 lesionados y la demolición completa del inmueble.
La explosión evidenció la falta de coordinación en materia de Protección Civil entre las delegaciones y el gobierno central, así como las irregularidades con las que operan las gaseras en la ciudad. De hecho, el gobierno federal sancionó a la mencionada empresa y el GDF la vetó hasta el 2018 para tener contratos con el GDF.
A casi un año de la tragedia y aun cuando el gobierno federal ofreció recursos de ayuda, el gobierno local no ha iniciado la construcción del nuevo hospital que prometió.
El atropellamiento y muerte de ciclistas también ha sido una piedra en el zapato del jefe de gobierno. Aunque el tema no es nuevo, adquirió relevancia con el caso de Monserrat Paredes, una joven de 21 años arrollada por un autobús de transporte público en el Paseo de la Reforma mientras circulaba en una Ecobici.
La muerte de Paredes generó una protesta multitudinaria de ciclistas que exigieron infraestructura vial segura para circular. En los días posteriores la prensa destacó la muerte de ciclistas atropellados o lesionados por transporte de carga o particular en distintos puntos de la ciudad.
Un hecho que estuvo a punto de convertirse en tragedia fue la serie de derrumbes de un talud en el exclusivo fraccionamiento Vistas del Campo en Santa Fe a mediados de noviembre. El fenómeno obligó al desalojo de los habitantes de al menos tres de las cinco torres de lujosos departamentos como medida de precaución.
También dejó al descubierto una serie de irregularidades entre los gobiernos central y de la delegación Cuajimalpa con los permisos para la instalación de dos torres de telecomunicaciones de la empresa American Tower en el patio de una casa que, al final, fue demolida como parte de las obras de mitigación del talud.
El rechazo ciudadano
El 2015 fue también el año del empoderamiento de la ciudadanía ante los proyectos de construcción del gobierno de Miguel Ángel Mancera.
El 6 de diciembre, en una consulta ciudadana sin precedentes, los habitantes de la delegación Cuauhtémoc dieron un “no” rotundo al proyecto del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa, impulsado por la Agencia ProCDMX, encabezada por Simón Levy.
Aunque Mancera estaba de gira en París, su gobierno tuvo que aceptar los resultados y pronto anunció la cancelación del proyecto que implicaría una inversión superior a los mil millones de pesos.
No obstante, antes de esa cancelación hubo otra obra en la que el GDF tuvo que ceder ante el descontento capitalino: el tercer tramo de la ruta del Tren Interurbano México-Toluca.
El trazo aprobado marcaba la avenida Vasco de Quiroga como el paso hacia la terminal de Observatorio. Sin embargo, el rechazo popular con manifestaciones y bloqueos viales –aunque dividido y contaminado por intereses de políticos del PRD— logró que el gobierno federal y el capitalino modificaran la ruta para que pase por una zona de barrancas no habitada.
La construcción de un deprimido vial en la zona de Mixcoac también desencadenó el rechazo vecinal, influenciado por integrantes de Morena. No obstante, en este caso las protestas no fueron suficientes para parar la tala indiscriminada de árboles y la obra en sí.
Otra iniciativa del GDF que estuvo en la polémica fue la operación de las empresas Uber y Cabify. Cientos de taxistas regulares se lanzaron en su contra acusándolas de dar un servicio ilegal con la anuencia de Mancera Espinosa.
Los bloqueos viales que realizaron y afectaron a miles de capitalinos derivaron en un debate entre líderes y directivos de ambas partes y se logró un supuesto acuerdo de regularización. No obstante, los taxistas concesionados mantienen su acusación de que el GDF no ha cumplido su parte del convenio.
Pasos de recuperación
Luego de la pésima racha para su gobierno, justo a mitad de su sexenio, Miguel Ángel Mancera comenzó a tener aciertos en su administración, aunque no precisamente por sus propios méritos, sino apoyado en distintos actores políticos del país.
El “logro” más reciente en beneficio de los habitantes de la Ciudad fue la aprobación –a mediados de diciembre– de la Reforma Política del DF en las cámaras de Diputados y Senadores. Se trata de un paso que ni Marcelo Ebrard, López Obrador o Cuauhtémoc Cárdenas pudieron concretar.
Según el procedimiento legislativo, el siguiente paso es que dicha reforma sea aprobada por los congresos estatales y que ello dé paso a la conformación del Constituyente, mismo que deberá redactar la Constitución Política de la Ciudad de México.
La iniciativa del gobierno mancerista de elevar el salario mínimo a nivel nacional iba por buen camino, aunque se quedó estancada luego de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) la ignoró y decretó un aumento de 4.2%, menos de tres pesos.
Respaldado por el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, el 16 de diciembre Mancera Espinosa entregó a diputados federales del PRD una iniciativa para reformar la Ley General de Salud para permitir el uso medicinal de la mariguana en el país.
Dentro de la misma línea de salud, la ALDF aprobó que el programa Médico en tu Casa se convirtiera en ley y que para el 2016 ya recibiera un presupuesto. Dicho programa fue adoptado por los gobiernos de Chihuahua y Sinaloa, además de que se analiza en Kuwait y Dubai, hasta donde viajó el mandatario capitalino para promocionarlo.
Por último, y aunque un año y ocho meses después, Miguel Ángel Mancera encabezó la apertura total del tramo de la Línea 12 del Metro el 30 de noviembre, al filo del límite que él mismo puso luego del escándalo y, sobre todo la afectación a más de 500 mil pasajeros que tuvo el cierre de la obra por irregularidades en su construcción y mantenimiento.
No obstante, aún quedan pendientes aprehensiones de los presuntos responsables y la recuperación de los más de mil millones de pesos que el GDF invirtió en su rehabilitación, con el recurso de sus propios gobernados.

Fuente: Proceso
Autora: Sara Pantoja
http://www.proceso.com.mx/?p=424963

El nombre del “Chapo”, arma para venganzas castrenses

Viejas rencillas de la cúpula castrense parecen estar detrás del caso contra el general Juan Manuel Barragán Espinosa, acusado anónimamente de actuar como intermediario del narcotráfico para intentar sobornar a Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa en el sexenio calderonista, y detener la cacería contra El Chapo Guzmán. Pero en sucesivos careos e indagatorias, las acusaciones contra el militar se han ido desmoronando. Lo que queda a la vista es el rencor que se le tenía guardado desde hacía décadas al militar, sobrino y yerno de sendos extitulares de la Sedena.
Una de las últimas comparecencias de Joaquín El Chapo Guzmán, meses antes de su escape del penal del Altiplano, se efectuó ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Toluca, en el juicio contra un general brigadier acusado de ser intermediario del capo para intentar sobornar, a finales de 2011, a Guillermo Galván Galván, entonces secretario de la Defensa Nacional.
El pasado 31 de marzo el jefe del Cártel del Pacífico apareció en el monitor de videoconferencias del juzgado.
–¿Conoce al general Juan Manuel Barragán Espinosa? –le preguntó el abogado del militar.
–No. Hasta este momento estoy conociendo al señor en la rejilla de prácticas; nunca había escuchado su nombre ni nunca lo había visto personalmente –contestó El Chapo.
Enseguida le pregunta si había enviado emisarios para reunirse a “negociar” con Barragán Espinosa a finales de 2011, así como para buscar un acercamiento con Galván Galván y otros altos mandos del Ejército y funcionarios federales a fin de solicitar protección y colaboración con su organización en el noroeste del país.
De acuerdo con documentos judiciales –copias de los cuales tiene Proceso–, en ese momento el juez intervino para desechar la pregunta, pues Guzmán ya había dicho que no conocía al acusado y jamás había escuchado su nombre.
Esa respuesta del Chapo era lo que esperaban los abogados del general para probar que la acusación en su contra era un “montaje” de las procuradurías General de Justicia Militar (PGJM) y General de la República (PGR).
Los cargos contra Barragán eran por delincuencia organizada y delitos contra la salud y se fincaron con base en presuntas pruebas –presentadas por un “testigo colaborador”– de un par de reuniones en diciembre de 2011 del militar con representantes del Chapo Guzmán, a quienes supuestamente pidió 10 millones de dólares a fin de conseguirles reuniones con Galván Galván; la procuradora general de la República, Marisela Morales, y el general Genaro Robles Casillas, entonces subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa.
Las supuestas reuniones buscarían el cese de los operativos militares contra el Cártel de Sinaloa y de la cacería en la región noroeste del país contra El Chapo Guzmán.
Según las declaraciones de Humberto Guerrero Murguía, el “testigo colaborador”, Barragán les dijo días después que todavía no arreglaba nada pues le habían cancelado las citas, pero tenía pensado comprar un reloj Rolex para regalárselo al secretario de parte del capo “como muestra de agradecimiento”.
De acuerdo con las mismas declaraciones, el 24 de diciembre de 2011 las reuniones seguían sin concretarse, por lo que se pactó un nuevo encuentro entre Guerrero Murguía y el brigadier en su oficina. El testigo llegó acompañado de otra persona, supuesto enviado del Chapo, quien grabó subrepticiamente 28 minutos de esa conversación, lo cual serviría para probarle al capo sinaloense que las negociaciones seguían en curso.
En los primeros días de enero de 2012 Barragán pasó a retiro por haber cumplido la edad límite que marca el reglamento para su grado. Pero en los últimos días de ese mes fue detenido y quedó arraigado. En abril fue consignado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, y en septiembre la versión oficial de su caso se publicó en un periódico capitalino, donde lo llamaron “el yerno incómodo”, en alusión a su parentesco con el exsecretario de la Defensa Félix Galván López.
Privilegiado
Un correctivo disciplinario contra Juan Manuel Barragán Espinosa durante su etapa como cadete del Colegio Militar a finales de los sesenta –cuando su tío, Marcelino García Barragán, era titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)–, era algo que nadie se hubiera atrevido a hacer.
Pero lo hizo el capitán Jesús Gutiérrez Rebollo, y a los pocos días ya lo sabía García Barragán. Lo mandó llamar y lo felicitó por “apretarle las tuercas” a su sobrino; había que ser severo con el muchacho, pues tenía “aires de soberbio”.
En septiembre de 1970 Barragán Espinosa egresó del Colegio Militar con el grado de subteniente de infantería y se incorporó al Cuarto Batallón de Infantería, donde estuvo poco más de cinco años. En 1976 fue enviado al Cuerpo de Guardias Presidenciales, donde su carrera crecería al amparo de su pariente Javier García Paniagua, hijo de García Barragán, senador por Jalisco e incorporado al gabinete al comenzar el gobierno de José López Portillo.
General Manuel García Barragán
El lopezportillista fue el sexenio del grupo militar formado tiempo atrás en la ayudantía y la secretaría particular de García Barragán. Los llamaron los “barraganistas” y los encabezaba Galván López, exsecretario particular de García Barragán y nuevo titular de la Secretaría de la Defensa.
Como su secretario particular Galván López nombró al entonces coronel Enrique Cervantes Aguirre, quien también había estado en la ayudantía junto a su compadre Francisco Quirós Hermosillo, designado comandante de la Policía Militar. Cervantes sería titular de la Sedena en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000).
En diciembre de 1976 Barragán Espinosa quedó comisionado en la ayudantía de Galván López. Y su estrella cambió. Se casó con la hija del secretario de la Defensa.
Ascendió a capitán en 1978 mientras estudiaba el primer año del Curso de Mando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra (ESG). Era parte de la generación 49 del plantel; tiempo después sus compañeros de aula ocuparían altos cargos en el Estado Mayor Presidencial, como Domiro García Reyes, Roberto Miranda Sánchez y Pedro Bautista Pérez.
Quienes coincidieron en el plantel con Barragán recuerdan que tenía “privilegios”. Le pusieron casa, traía escoltas, y de las cuatro a las cinco de la tarde “se lo llevaban” a comer. Una de las reglas de la ESG era que quien reprobara dos materias era dado de baja automáticamente, lo que no se cumplió en su caso. Se decía que el yerno del secretario tuvo problemas desde el primer mes: no estaba en la lista de los sobresalientes, pero tenía trato “privilegiado”.
El sexenio de Galván López es recordado porque los grados en el Ejército se otorgaron discrecionalmente, en beneficio de los miembros del grupo en el poder. En 1981, poco después de que Barragán se graduara de la ESG, el entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Rodolfo Reta Trigos, recibió la orden de ascenderlo.A Barragán Espinosa la fortuna no lo abandonó. En agosto de 1981 su suegro lo nombró agregado militar adjunto a la embajada de México en Washington, donde también ocupó el cargo de asesor en la delegación mexicana ante la Junta Interamericana de Defensa.
Miguel de la Madrid, presidente de México
(1982-1988)
De su hoja de servicios –copia de la cual tiene Proceso– se desprende que volvió al país a mediados de 1984, segundo año del sexenio de Miguel de la Madrid, con el general Juan Arévalo Gardoqui al frente de la Sedena.
Quedó comisionado en la Escuela Militar de Aplicaciones, donde se desempeñó como profesor de las materias táctica general y grupos de comando. En 1989 tenía el grado de teniente coronel. Entonces fue enviado a Guerrero como subjefe de Estado Mayor de la 27 Zona Militar, en Acapulco. Tiempo después, cuando estaba comisionado en Guardias Presidenciales, ascendió a coronel.
En agosto de 1996 era jefe de Instrucción del Colegio de Defensa Nacional, cuando Enrique Cervantes Aguirre, entonces titular de la Sedena, ordenó investigarlo. El secretario quería cobrarle una “afrenta” y dio instrucciones al área de inteligencia militar para averiguar el origen de sus propiedades y finanzas personales. Querían corroborar su probable “relación con hechos de involucramiento directo en actividades sospechosas”. Documentos militares señalaban que lo investigaban por supuestos vínculos con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes (Proceso 1082).
En marzo de 1998 se inició una averiguación previa en su contra por haber dado una tarjeta de presentación a un civil, a quien recomendaba con el general José Luis Chávez García, entonces delegado de la PGR en Baja California.
Barragán intercedió para que Chávez ayudara a esta persona a obtener permisos, acelerar trámites y establecer un negocio farmacéutico “lícito” en la frontera. La PGJM determinó que no había delito que perseguir y archivó la indagatoria, según documentos consultados por este semanario.
Por entregar esa tarjeta, el militar fue arrestado 15 días y quedó “segregado”. Era la ruptura con Cervantes Aguirre, con quien tenía diferencias desde hacía tiempo, pese a que ambos fueron muy cercanos a Galván López. En 1998 la muerte de García Paniagua, amigo del entonces titular de la Defensa, aceleraría el distanciamiento entre los antiguos “barraganistas”.
Montaje
Destituido del Colegio de Defensa, lo mandaron “castigado” a un Cuerpo de Defensas Rurales en Rincón de Romos, Aguascalientes, donde estuvo siete años. Volvió a la “circulación” al comenzar el gobierno de Felipe Calderón: jefe de Estado Mayor de la 12 Zona Militar, en San Luis Potosí. Comandante del Segundo Batallón de Policía Militar y después jefe de Estado Mayor de la Brigada de Infantería Ligera en Irapuato serían sus últimos cargos operativos. Del Bajío volvió a la Ciudad de México, a la Dirección de Personal de la Sedena, donde ascendió a general.
Ahí estaba a cargo de la Oficina de Reclutamiento cuando un texto anónimo llegó a la Sedena. Fechado el 3 de noviembre de 2011, el texto decía que el general se reunía con personas “que tenían la facha de gente del norte del país”, a quienes trataba con “mucha amabilidad, como si tuvieran toda la confianza”, pese a que mostraban “toda la pinta de narcotraficantes”.
General Guerrero Murguía con Felipe Calderón
Barragán declaró que con quien se reunió en su oficina fue con el abogado Jaime Lemus Barajas para consultas legales a fin de invertir en bonos de “deuda consolidada histórica”. Buscaba un tipo de bono llamado “águila negra”. Tiempo después unos conocidos le recomendaron para este fin a Humberto Guerrero Murguía, quien alguna vez lo visitó –acompañado por su hermano– para hablar del tema.
Al salir de esas visitas Guerrero Murguía empezó a ser vigilado por la Policía Judicial Militar.
Cierta ocasión, en avenida Legaria y Periférico, lo interceptaron, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron. No supo a dónde. Sólo recordó tiempo después que lo tuvieron vendado en un cuarto, lo golpearon e interrogaron y le advirtieron que le harían daño a su familia si no colaboraba en las acusaciones contra Barragán. Con la presión cedió y lo llevaron a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde aceptó ser “testigo colaborador” con el alias de Samuel.
Pero en julio y agosto de 2013, ante el juez militar y después en el Juzgado Decimoquinto de Distrito, Guerrero se retractó de sus dichos y renunció a seguir siendo “testigo colaborador”. Relató su secuestro por los policías militares, quienes lo mantuvieron privado de su libertad a fin de armar el tinglado de las reuniones con Barragán para orillarlo a “cometer una conducta delictiva” e iniciarle un proceso penal. Aseguró que quienes se hicieron pasar por “enviados” del Chapo eran en realidad agentes de la Policía Militar.
El 29 de septiembre de 2014, durante un careo con el teniente Aarón López Rubio, citado como testigo de los encuentros, Guerrero aseguró que este oficial de la Policía Militar actuaba “encubierto”. Trazó parte de la trama en la que un par de militares lo acompañaron en diferentes momentos y se hicieron pasar por “negociadores”.
“Se suponía que tu función era hacerte pasar como gente del Chapo, tú sabes que cuando yo tenía entrevista con el general Barragán siempre iba custodiado por policías militares”, le dijo a López Rubio.
En la acusación se mencionó que el general y el abogado Lemus presuntamente recibieron un par de bolsas con un costoso regalo y dinero en efectivo. Las bolsas las llevó uno de los policías militares “infiltrados”, dijo Guerrero.
En cuanto a la conversación grabada por uno de los policías militares, un peritaje determinó que se trata de un audio de 28 minutos donde se escucha que los participantes hablan de bonos de deuda exterior y sobre personas detenidas en Durango trasladadas a la SIEDO; en torno a éstas se nota el interés por que se atienda su situación jurídica, aunque no se escuchan propuestas de colaborar para algún grupo criminal. Según el análisis, nada de lo que se escucha es ilegal.
La retractación de Guerrero cerró la instrucción del caso. De abril de 2012 a la fecha, el juzgado militar le ha dictado siete veces formal prisión por delitos contra la salud; igual número de veces la resolución ha quedado sin efecto al ganar el mismo número de amparos. En diciembre de 2014 el juzgado militar volvió a dictarle prisión por el mismo cargo y quedó procesado. El rechazo del testigo para corroborar sus declaraciones dejó sin pruebas la acusación, pero el proceso sigue.
Barragán llegó a comentar entre sus allegados que a partir de febrero de 2012, cuando estuviera retirado del Ejército, pensaba incursionar en la política. Tal vez como candidato plurinominal al Senado con las siglas del PRI, en su natal Jalisco, durante las elecciones de aquel año.
En 2011 no ocultó su respaldo al general Salvador Cienfuegos Zepeda, viejo conocido y con quien tenía buena relación, para ocupar el cargo de secretario en la sucesión que se avecinaba en la Defensa. El detalle reavivó aquella vieja animadversión contra uno de los últimos “barraganistas”. Militares cercanos al brigadier señalaron que hubo generales que aspiraban al puesto, como Luis Arturo Oliver Cen, entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa, y Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subsecretario del ramo, quienes no lo toleraban.
En la sucesión en la Sedena los generales Gaytán y Oliver fueron señalados de estar confrontados con el grupo de Cervantes Aguirre, representado por su exsecretario particular Tomás Ángeles Dauahare –detenido por esos días, acusado de vínculos con el narco–, y por su excoordinador antinarcóticos, general Augusto Moisés García Ochoa, señalado de estar detrás de compras de equipo de espionaje a precio “inflado”. En esta coyuntura de escándalos y filtraciones, una antigua factura le fue cobrada a Barragán.

Fuente: Proceso
Autor: Juan Veledíaz
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