CANCÚN: En un operativo en un domicilio en el que se ofrecían servicios sexuales la Policía Federal (PF) arrestó a nueve personas y liberó a 16 mujeres, incluidas siete menores de edad.
De acuerdo con un comunicado conjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el operativo en el que participaron elementos de las divisiones Científica, Seguridad Regional y Gendarmería de la PF, se llevó a cabo el domingo pasado en un domicilio del fraccionamiento San Gerónimo III ubicado sobre la avenida Cancún, en la Región 523, en el sur de la ciudad.
Según el reporte oficial, la vivienda funcionaba como casa de citas para clientes de alto poder adquisitivo.
En el sitio fueron liberadas 16 mujeres incluidas siete menores de edad y dos jóvenes de origen colombiano.
De igual forma fueron detenidos Jesús Manuel Alvarado Cruz de 29 años, Carlos Eduardo Herrera Rejón de 44, Arturo Herrera Rejón de 49, Enrique Domínguez López de 22, César García Romero de 22 y Nancy Yaretssi Villegas Díaz de 27 así como los menores Antonio Nava Martínez Oscar Aníbal Domínguez Medina, Miguel Bustamante Salas de 17 años.
Las nueve personas detenidas fueron trasladadas y puestas a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de trata de personas y lo que les resulte.
En el operativo la PF contó con apoyo de peritos de la PGR para asegurar todos los indicios que hubiera en la vivienda.
Los efectivos policiacos también aseguraron dinero en efectivo pero no se dio a conocer el monto.
Los federales lograron liberar a 16 mujeres que proporcionaban servicios sexuales, toda ellas eran explotadas.
En tanto, las menores quedaron bajo resguardo del DIF municipal y las dos extranjeras a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).
El pasado 11 de noviembre llegaron a Cancún unos 250 elementos de la Gendarmería que de acuerdo a las a los entonces mandos de la PF en la entidad, no solo realizarían labores de patrullaje, sino también de inteligencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425150
lunes, 4 de enero de 2016
La cuesta de enero y la prosperidad de @EPN
“Que el 2016 sea de prosperidad”, es el deseo de Enrique Peña Nieto para los mexicanos. Un deseo poco realizable, un deseo de ficción, un deseo de a mentiritas, un deseo para él mismo, sus amigos y su grupo privilegiado de empresarios, ricos, millonarios, funcionarios y políticos.
En México no puede haber “prosperidad” porque precisamente el gobierno de Peña Nieto se ha encargado de hundir la economía de los ciudadanos y de enviar a este país a un lugar especial del Tercer Mundo.
Somos un país de pobres. 55 millones de pobres, más de la mitad de la población. El gobierno peñista se ha encargado de crear una fábrica de pobres. Cada día, a marchas aceleradas, miles de ciudadanos caen a ese hoyo negro de la pobreza, sin remedio, sin esperanza.
Este gobierno ha sido incapaz de disminuir la pobreza, al contrario, la ha incrementado. Y no es para menos, el Índice de Precios no se corresponde con el salario que pagan miles de empresarios hambreadores que se dedican a acumular riqueza, gracias al pacto de estado y sindicatos con los empresarios, para no aumentar los salarios. El rezago del poder adquisitivo de los trabajadores es del 100 por ciento.
Es increíble que a pesar de la aplastante realidad, Peña Nieto nos quiera vender un mensaje de “prosperidad”. Dijo en su discurso de fin de año: “Nuestro país está destinado a ser una de las naciones más prósperas, de mayor bienestar para su gente, y un gran referente para el mundo. Hoy más que nunca, debemos de creer en México.”
¿Creer en México? Por supuesto que creemos en el potencial de la sociedad civil para cambiar este país, pero no debemos confundir a “México” con el gobierno. En quien no creemos, muchos de nosotros, es en este gobierno corrupto y hambreador. Punto.
El mensaje de Peña Nieto es verdaderamente surrealista, carente de toda realidad: “México es una de las naciones más prósperas, de mayor bienestar para su gente, y un gran referente para el mundo”.
Mentira. Peña Nieto miente. ¿En qué país vive? México es un país terriblemente injusto, sin distribución equitativa de la riqueza, sin salarios dignos, sin posibilidad para el ahorro; con alto endeudamiento en tarjetas de crédito, tarjetas cuyos despropocionados intereses, incrementan a pasos acelerados el nivel de pobreza.
Y no soy yo quien desmiente a Peña Nieto, son los números. Veamos. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en sólo dos años del presente gobierno, el número de personas en pobreza aumentó dos millones; de 53.3 a 55.5 millones.
¿Alguien duda que el aumento de pobreza es generado por el bajo nivel de ingreso, es decir, por los miserables salarios sostenidos en base a la corrupción y los privilegios de la clase empresarial? Según el Coneval, las personas con ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, las personas que no alcanzan ni para una canasta básica subió de 60.6 a 63.8 millones de personas, equivalente a 53.2 por ciento de la población.
El informe del Coneval corresponde al 2014 y advierte que hay dos carencias que van a la alza: acceso a la alimentación y acceso a los servicios básicos de vivienda.
¿Qué pasó entonces con la Cruzada Contra el Hambre? Pues que no se ven sus resultados. Seguramente su presupuesto es utilizado para fines diferentes, porque la pobreza alimenticia también se incrementa con Peña Nieto. Así lo demuestra este estudio que señala que la población con carencia alimentaria pasó de 27.4 millones a 28 millones. Es decir, 28 millones de personas pasan hambre en México, país rico en recursos, pero terriblemente saqueado por la clase política que nos gobierna.
Pero si de carencias hablamos, la peor de todas, es la de seguridad social. Más de 70.1 millones de mexicanos no tienen seguridad social y 21.8 millones carecen de acceso a los servicios de salud.
Los números siguen desmintiendo la “prosperidad de ficción” que según Peña Nieto existe en México. Existe, según el mismo informe un rezago educativo de 22.4 millones de habitantes y lo que es peor, un total 14.8 millones de mexicanos carecen de vivienda.
Y para hacer énfasis en los bajos ingresos, el estudio demuestra que la población inferior a la línea de bienestar pasó de 60.6 millones a 63.8 millones de habitantes y los mexicanos con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo aumentó de 23.5 millones que había con Felipe Calderón, a 24.6 millones con Peña Nieto.
Con estos números tan aplastante como nuestra ominosa realidad económica, pregunto: ¿Dónde está la prosperidad de la que según Peña Nieto gozamos los mexicanos?
A toda esta imagen de los efectos desastrosos de la política económica de Peña Nieto habrá que añadirle los aumentos salvajes de la cuesta de enero en alimentos, transporte, gasolina, vivienda, salud y un largo etcétera. En pocos días iremos viendo cómo todo aumenta, menos nuestros salarios.
Mientras el gobierno de Peña Nieto siga distanciando la política económica de la política social, México seguirá siendo un país de pobres. El abismo que separa sus cálculos políticos de las necesidades de la población continuará generando millones de pobres.
La Cepal tampoco se equivoca al señalar a México como el segundo país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo. La pregunta dirigida a Enrique Peña Nieto y su séquito de privilegiados es: ¿Qué tan aislados y amurallados tendrán que vivir para no ver a los millones de pobres y hambrientos y no sufrir las consecuencias?
Que los ricos, millonarios y clase política enriquecida de México, cuyas fortunas han sido construidas en base a la explotación de los mexicanos y al expolio de la nación, se cuiden porque tarde o temprano la realidad de miseria los alcanzará de una manera u otra. No tengan duda.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
Municipios de Morelos solapan contaminación industrial, concluye CNDH
Empresas establecidas en los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata, en Morelos, no realizan un buen manejo de sus residuos de construcción, afectando la salud de los habitantes.
Calera Chica es una comunidad en Morelos sobre la que, desde hace al menos tres años, se cierne una nube de partículas contaminantes microscópicas, provenientes de cuatro empresas que trituran material de construcción.
Su proceso de producción genera polvos que se depositan en los pulmones de la población, así como en “los bienes muebles e inmuebles, fachadas, puertas, banquetas, arroyo vehicular, árboles y arbustos” de la zona.
Esta situación, denunciada desde 2013 por un reducido grupo de vecinos de Calera Chica, dio pie a la última recomendación del año 2015 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), según la cual, las autoridades municipales de la región han incurrido en una violación al derecho a un ambiente sano, al solapar la generación no controlada de contaminantes, y al fomentar su posterior esparcimiento en la colonia Calera Chica.
Con la mitad de su territorio dentro del municipio de Emiliano Zapata, y la otra mitad en el municipio de Jiutepec, Calera Chica es una especie de tierra de nadie, en la que ninguna autoridad hace valer las normas ambientales que regulan la operación de empresas contaminantes, o las normas de tránsito que obligan a que transporten sus productos en contenedores cubiertos, que eviten su dispersión.
De hecho, parte de estos contaminantes son esparcidos por “camiones oficiales de carga del municipio de Jiutepec”, que junto a camiones particulares transportan (y derraman) “arena, arenilla, grava y asfalto” por las calles de Calera Chica, de forma ininterrumpida.
Tras realizar recorridos de verificación en Calera Chica, la CNDH “verificó en ambos municipios la presencia de una capa inusual de polvo sobre las avenidas de mérito, al igual que la circulación continua de camiones cargados de grava y arena utilizadas para la construcción, mismos que en su tránsito derramaban parte de la carga sobre el arroyo vehicular formando nubes de polvo”.
Particularmente, en Jiutepec se detectó “la presencia de una capa de polvo con aproximadamente dos centímetros de espesor, aunado al constante ingreso y salida de vehículos de carga que, con su transitar, esparcían en el suelo y dispersaban en el aire el material particulado”.
Tal como constató la CNDH, a partir de reportes del sistema de salud morelense, esta nube de partículas contaminantes (PM10 y PM2.5) ha causado un aumento en “los padecimientos de infecciones respiratorias agudas” entre la población de Calera Chica, y genera importantes amenazas a la salud pública en el corto, mediano y largo plazo.
Según la CNDH, entre las principales consecuencias a la salud generadas por la exposición a contaminantes atmosféricos están la mortalidad y la hospitalización de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardiovasculares o diabetes; así como mayores padecimientos en asmáticos; aumento de riesgo de infarto al miocardio; bronquitis crónica; inflamación sistémica; endurecimiento de las arterias; aumento en la incidencia de infecciones y cáncer de pulmón.
Por ello, concluyó el ombudsman nacional en su recomendación 48/2015, “de las evidencias analizadas, este organismo nacional acreditó la responsabilidad de las autoridades de los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata, puesto que por acción y omisión no se garantiza el derecho a un medio ambiente sano a los pobladores de dichas demarcaciones territoriales”.
Además, destacó, “la dispersión de material particulado en vialidades y espacios de uso común, a lo largo de diversas áreas de los municipios indicados, constituye un hecho notorio”, que a su vez evidencia que este problema “representa un desequilibrio (ambiental) de carácter continuo”.
Autoridades simuladoras
La contaminación provocada por las cuatro trituradoras de material pétreo asentadas en Calera Chica fue denunciada en enero de 2013 ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, y para agosto de ese año, el ombudsman estatal dio la razón a los vecinos afectados, ordenando a los ayuntamientos de Jiutepec y Emiliano Zapata que emprendieran acciones no sólo para detener la emisión y dispersión de contaminantes, sino también para retirar aquellos que ya estaban depositados en toda la colonia.
Sin embargo, no se hizo nada en concreto: Jiutepec sólo emitió algunos oficios, para dar por enteradas a sus autoridades de la determinación de la Comisión de Derechos Humanos del estado; mientras que el ayuntamiento de Emiliano Zapata rechazó acatar dichas disposiciones, aludiendo que las personas afectadas no residían en su territorio.
Por esta razón, los denunciantes llevaron el caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el pasado 18 de diciembre de 2015 determinó que no sólo debía cesar la emisión de contaminantes y limpiar aquellos ya depositados sobre el territorio de Calera Chica, sino también que deberán iniciarse investigaciones administrativas, para determinar cuáles funcionarios deben ser sancionados por el incumplimiento de las normas ambientales nacionales y estatales.
La recomendación de la CNDH, además, hace énfasis en que el municipio de Jiutepec no sólo ha omitido cumplir con sus responsabilidades, sino que llegó al extremo de incurrir en “una simulación al cumplimiento de lo requerido”, ya que su presidente municipal “pretende acreditar atención a la recomendación (estatal) por la simple y llana emisión de documentaciones oficiales, acciones que en definitiva resultan ineficaces”.
Cabe destacar que en la Zona Metropolitana de Cuernavaca –a la que pertenecen los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata– la calidad del aire ha mostrado un progresivo deterioro, desde el año 2009.
Según los estudios más actuales –que abarcan de 2009 a 2012–, en la capital de Morelos y sus municipios vecinos todos los contaminantes atmosféricos se han incrementado de forma importante:
Las partículas menores a 10 micrómetros (PM10) aumentaron 91%.
Las partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) incrementaron 125%.
El dióxido de Azufre se elevó 32.8%; el monóxido de carbono, 89.3%; los óxidos de nitrógeno, 70%; y los compuestos orgánicos volátiles se elevaron 88.5%.
Sin embargo, con el inicio del gobierno de Graco Ramírez, las acciones de modernización y consolidación de los programas de verificación vehicular y de mejoramiento de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Cuernavaca fueron eliminadas del Plan Estatal de Desarrollo.
En materia de protección a la calidad del aire, destacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las actuales autoridades estatales de Morelos sólo contemplan “la actualización del inventario de fuentes fijas (de contaminación) y su regularización, y el abatir la corrupción en los centros de verificación (vehicular)”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/municipios-de-morelos-solapan-contaminacion-industrial-concluye-cndh/
Calera Chica es una comunidad en Morelos sobre la que, desde hace al menos tres años, se cierne una nube de partículas contaminantes microscópicas, provenientes de cuatro empresas que trituran material de construcción.
Su proceso de producción genera polvos que se depositan en los pulmones de la población, así como en “los bienes muebles e inmuebles, fachadas, puertas, banquetas, arroyo vehicular, árboles y arbustos” de la zona.
Esta situación, denunciada desde 2013 por un reducido grupo de vecinos de Calera Chica, dio pie a la última recomendación del año 2015 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), según la cual, las autoridades municipales de la región han incurrido en una violación al derecho a un ambiente sano, al solapar la generación no controlada de contaminantes, y al fomentar su posterior esparcimiento en la colonia Calera Chica.
Con la mitad de su territorio dentro del municipio de Emiliano Zapata, y la otra mitad en el municipio de Jiutepec, Calera Chica es una especie de tierra de nadie, en la que ninguna autoridad hace valer las normas ambientales que regulan la operación de empresas contaminantes, o las normas de tránsito que obligan a que transporten sus productos en contenedores cubiertos, que eviten su dispersión.
De hecho, parte de estos contaminantes son esparcidos por “camiones oficiales de carga del municipio de Jiutepec”, que junto a camiones particulares transportan (y derraman) “arena, arenilla, grava y asfalto” por las calles de Calera Chica, de forma ininterrumpida.
Tras realizar recorridos de verificación en Calera Chica, la CNDH “verificó en ambos municipios la presencia de una capa inusual de polvo sobre las avenidas de mérito, al igual que la circulación continua de camiones cargados de grava y arena utilizadas para la construcción, mismos que en su tránsito derramaban parte de la carga sobre el arroyo vehicular formando nubes de polvo”.
Particularmente, en Jiutepec se detectó “la presencia de una capa de polvo con aproximadamente dos centímetros de espesor, aunado al constante ingreso y salida de vehículos de carga que, con su transitar, esparcían en el suelo y dispersaban en el aire el material particulado”.
Tal como constató la CNDH, a partir de reportes del sistema de salud morelense, esta nube de partículas contaminantes (PM10 y PM2.5) ha causado un aumento en “los padecimientos de infecciones respiratorias agudas” entre la población de Calera Chica, y genera importantes amenazas a la salud pública en el corto, mediano y largo plazo.
Según la CNDH, entre las principales consecuencias a la salud generadas por la exposición a contaminantes atmosféricos están la mortalidad y la hospitalización de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardiovasculares o diabetes; así como mayores padecimientos en asmáticos; aumento de riesgo de infarto al miocardio; bronquitis crónica; inflamación sistémica; endurecimiento de las arterias; aumento en la incidencia de infecciones y cáncer de pulmón.
Por ello, concluyó el ombudsman nacional en su recomendación 48/2015, “de las evidencias analizadas, este organismo nacional acreditó la responsabilidad de las autoridades de los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata, puesto que por acción y omisión no se garantiza el derecho a un medio ambiente sano a los pobladores de dichas demarcaciones territoriales”.
Además, destacó, “la dispersión de material particulado en vialidades y espacios de uso común, a lo largo de diversas áreas de los municipios indicados, constituye un hecho notorio”, que a su vez evidencia que este problema “representa un desequilibrio (ambiental) de carácter continuo”.
Autoridades simuladoras
La contaminación provocada por las cuatro trituradoras de material pétreo asentadas en Calera Chica fue denunciada en enero de 2013 ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, y para agosto de ese año, el ombudsman estatal dio la razón a los vecinos afectados, ordenando a los ayuntamientos de Jiutepec y Emiliano Zapata que emprendieran acciones no sólo para detener la emisión y dispersión de contaminantes, sino también para retirar aquellos que ya estaban depositados en toda la colonia.
Sin embargo, no se hizo nada en concreto: Jiutepec sólo emitió algunos oficios, para dar por enteradas a sus autoridades de la determinación de la Comisión de Derechos Humanos del estado; mientras que el ayuntamiento de Emiliano Zapata rechazó acatar dichas disposiciones, aludiendo que las personas afectadas no residían en su territorio.
Por esta razón, los denunciantes llevaron el caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el pasado 18 de diciembre de 2015 determinó que no sólo debía cesar la emisión de contaminantes y limpiar aquellos ya depositados sobre el territorio de Calera Chica, sino también que deberán iniciarse investigaciones administrativas, para determinar cuáles funcionarios deben ser sancionados por el incumplimiento de las normas ambientales nacionales y estatales.
La recomendación de la CNDH, además, hace énfasis en que el municipio de Jiutepec no sólo ha omitido cumplir con sus responsabilidades, sino que llegó al extremo de incurrir en “una simulación al cumplimiento de lo requerido”, ya que su presidente municipal “pretende acreditar atención a la recomendación (estatal) por la simple y llana emisión de documentaciones oficiales, acciones que en definitiva resultan ineficaces”.
Cabe destacar que en la Zona Metropolitana de Cuernavaca –a la que pertenecen los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata– la calidad del aire ha mostrado un progresivo deterioro, desde el año 2009.
Según los estudios más actuales –que abarcan de 2009 a 2012–, en la capital de Morelos y sus municipios vecinos todos los contaminantes atmosféricos se han incrementado de forma importante:
Las partículas menores a 10 micrómetros (PM10) aumentaron 91%.
Las partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) incrementaron 125%.
El dióxido de Azufre se elevó 32.8%; el monóxido de carbono, 89.3%; los óxidos de nitrógeno, 70%; y los compuestos orgánicos volátiles se elevaron 88.5%.
Sin embargo, con el inicio del gobierno de Graco Ramírez, las acciones de modernización y consolidación de los programas de verificación vehicular y de mejoramiento de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Cuernavaca fueron eliminadas del Plan Estatal de Desarrollo.
En materia de protección a la calidad del aire, destacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las actuales autoridades estatales de Morelos sólo contemplan “la actualización del inventario de fuentes fijas (de contaminación) y su regularización, y el abatir la corrupción en los centros de verificación (vehicular)”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/municipios-de-morelos-solapan-contaminacion-industrial-concluye-cndh/
Órdenes pendientes contra Nestora alargarían prisión
Abiertos, tres procesos por secuestro contra la activista.
En caso de que la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero resuelva esta semana en favor de Nestora Salgado García, su libertad no sería inmediata, ya que existen otras órdenes de aprehensión pendientes de ser cumplimentadas, lo que alargaría varios meses la estancia en prisión de la activista, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.
Si la apelación resulta favorable, serviría de precedente para que sus abogados puedan aportar la sentencia como prueba ante los otros jueces que han librado medidas cautelares contra Salgado, ya que todos los juicios están basados en los mismos hechos, añadieron los funcionarios entrevistados.
Nestora Salgado García, defensora comunitaria y dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del municipio de Olinalá, en la región de la Montaña, en Guerrero, tiene pendiente que se cumplimenten en su contra tres órdenes de aprehensión.
Esta dilación de la policía ministerial de Guerrero puede dar lugar a un escenario donde, de ser absuelta de las acusaciones que actualmente la tienen en la cárcel, agentes policiacos podrían cumplimentar de inmediato las aprehensiones pendientes para que Salgado no abandone el penal de Tepepan, en Xochimilco.
A la fecha, contra la ex líder de la policía comunitaria de Olinalá están abiertos tres procesos por secuestro agravado, pero la fiscalía sigue sin ejecutar igual número de órdenes de aprehensión, de acuerdo con documentos judiciales que fueron consultados.
Según oficios de juzgados del fuero común, hay tres mandatos de captura girados entre octubre de 2013 y octubre de 2015, en los que la fiscalía no ha buscado que se inicie un proceso a Salgado, para impedir que por ahora ella conozca las acusaciones y pueda defenderse.
En agosto pasado Salgado García cumplió dos años en prisión, sin que se prevea el final de los juicios y con ello su posible liberación.
Exculpada desde marzo del año pasado, la defensora comunitaria todavía enfrenta tres causas penales del fuero común por el delito de secuestro agravado.
En dos años de proceso, ninguno de sus 53 acusadores se ha presentado ante los juzgados a ratificar sus denuncias.
Para múltiples organizaciones de la sociedad, el de Nestora es un caso de criminalización contra defensores de los derechos humanos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/01/04/politica/011n1pol
En caso de que la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero resuelva esta semana en favor de Nestora Salgado García, su libertad no sería inmediata, ya que existen otras órdenes de aprehensión pendientes de ser cumplimentadas, lo que alargaría varios meses la estancia en prisión de la activista, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.
Si la apelación resulta favorable, serviría de precedente para que sus abogados puedan aportar la sentencia como prueba ante los otros jueces que han librado medidas cautelares contra Salgado, ya que todos los juicios están basados en los mismos hechos, añadieron los funcionarios entrevistados.
Nestora Salgado García, defensora comunitaria y dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del municipio de Olinalá, en la región de la Montaña, en Guerrero, tiene pendiente que se cumplimenten en su contra tres órdenes de aprehensión.
Esta dilación de la policía ministerial de Guerrero puede dar lugar a un escenario donde, de ser absuelta de las acusaciones que actualmente la tienen en la cárcel, agentes policiacos podrían cumplimentar de inmediato las aprehensiones pendientes para que Salgado no abandone el penal de Tepepan, en Xochimilco.
A la fecha, contra la ex líder de la policía comunitaria de Olinalá están abiertos tres procesos por secuestro agravado, pero la fiscalía sigue sin ejecutar igual número de órdenes de aprehensión, de acuerdo con documentos judiciales que fueron consultados.
Según oficios de juzgados del fuero común, hay tres mandatos de captura girados entre octubre de 2013 y octubre de 2015, en los que la fiscalía no ha buscado que se inicie un proceso a Salgado, para impedir que por ahora ella conozca las acusaciones y pueda defenderse.
En agosto pasado Salgado García cumplió dos años en prisión, sin que se prevea el final de los juicios y con ello su posible liberación.
Exculpada desde marzo del año pasado, la defensora comunitaria todavía enfrenta tres causas penales del fuero común por el delito de secuestro agravado.
En dos años de proceso, ninguno de sus 53 acusadores se ha presentado ante los juzgados a ratificar sus denuncias.
Para múltiples organizaciones de la sociedad, el de Nestora es un caso de criminalización contra defensores de los derechos humanos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/01/04/politica/011n1pol
Los jefes políticos del “Cuau” están vinculados con crimen organizado, dice Graco Ramírez
El Gobernador de Morelos dijo esta mañana que sostuvo una reunión con el Alcalde de Cuernavaca en la que el ex futbolista se comportó de manera ofensiva y grosera. “Es una persona irascible, sin ninguna experiencia política, ofensiva…”, expresó Ramírez, apenas dos días después del asesinato de la Alcaldesa de Temixco.
El Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, aseguró que detrás del Presidente Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, “hay personas que quieren aprovechar su inexperiencia para que grupos delincuenciales se instalen” en la capital del estado.
“Detrás Cuauhtémoc Blanco hay personas que quieren aprovechar su inexperiencia para que grupos delincuenciales se instalen en Cuernavaca”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, después de decirlo en distintas entrevistas a los medios de comunicación, en las que habló sobre el asesinato de la Alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocompa, y de su decisión de implementar el Mando Único en toda la entidad.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, en Primero Noticias, el Gobernador aseguró que los “jefes políticos” de Cuauhtémoc Blanco están relacionados con el crimen organizado.
Ramírez Garrido Abreu dijo antes al periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que en una reunión que sostuvo con Blanco, el ex futbolista se comportó de manera ofensiva y grosera. Según él, dijo que “le romperá la madre” a quienes estén en contra de él y de sus decisiones.
“Por primera vez le vi la cara al señor [Cuauhtémoc Blanco]. Su comportamiento fue muy grosero [...]. En mi oficina lo cité, no lo conocía, nunca había hablado con él. Lo cité porque me preocupó que supiera con claridad que a pesar de sus posturas, sus desplantes y de lo que estaban aconsejándole, usando esta situación de no querer entrar al modelo policiaco que hemos construido con mucho esfuerzos y mucha inversión en Morelos. Que nosotros estábamos cuidando de su vida, a pesar de todo esto, y que entendiera que si no había coordinación cómo podía gobernar el municipio con una policía cuando estos grupos se mueven en corredores delincuenciales”, dijo esta mañana el mandatario morelense en entrevista para Radio Fórmula.
Cuestionado sobre qué le dijo Blanco, el Gobernador de Morelos comentó:
“Es una persona irascible, sin ninguna experiencia política, ofensiva: ‘Yo les voy a romper la madre [a todos quienes estemos en contra de él y de sus decisiones], yo tengo el apoyo del pueblo. Voy a ir con el Presidente a denunciarlo de que no me dejan gobernar”.
El día de ayer, tras la muerte de la Alcaldesa de Temixco, el Gobernador anunció que el gobierno estatal asumirá la seguridad, a través del Mando Único, en 15 municipios. Estos son: Cuernavaca, Temixco, Jojutla, Zacatepec, Emiliano Zapata, Ayala, Ocuituco, Xochitepec, Huitzilac, Jiutepec, Tlayacapan, Temoac, Jantetelco, Tepalcingo y Tlaquiltenango.
“Este hecho ocurrido en Temixco es un mensaje y una clara amenaza para que las Presidentas y Presidentes Municipales que recientemente han entrado en funciones no acepten el esquema de coordinación con el modelo policiaco que hemos impulsado y que hoy se construye a nivel nacional”, expresó el Gobernador en conferencia de prensa.
Aseguró que no se dará un paso atrás y no cederá ante las amenazas de grupos criminales.
“Hemos construido los consensos necesarios con las autoridades municipales y hemos observado que el modelo de Mando Único es perfectible y que no llevarlo a cabo terminaría colocándonos en las circunstancias que se vivieron en Morelos durante administraciones pasadas”, señaló Graco Ramírez este domingo.
El anuncio fue hecho luego de una reunión del Grupo de Coordinación Morelos, en la que participaron el Subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), Gilberto Higuera Bernal, y los representantes de la 24 Zona Militar y de las delegaciones de la PGR, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Desde el mes de octubre, el Gobierno de Graco Ramírez y el actual Edil de Cuernavaca comenzaron una disputa luego de las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco donde había adelantado que cancelaría el convenio del Mando Único policial. El ex futbolista incluso llegó a declarar que había recibido amenazas por sus comentarios.
“Como en campaña, sigo recibiendo amenazas que vienen de la clase política. No nos sorprende que la clase política, los personajes de siempre, intenten bajo amenazas que el proyecto de los ciudadanos fracase. No voy a ceder a sus amenazas ni pretensiones, yo estoy del lado del pueblo porque son los ciudadanos quienes depositaron en mí la esperanza de consolidar un Cuernavaca diferente, una ciudad con desarrollo en todos los sectores, una capital donde el objetivo sea la participación de todos para construir un territorio de ganadores”, dijo en octubre, Blanco.
El pasado jueves, el Gobierno de Cuernavaca se quedó sin las armas del Mando Único debido a que el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, ahora Alcalde de la capital de Morelos, se negó a mantener al municipio dentro de la estrategia conjunta de seguridad. Les fueron quitadas 248 armas, 186 radios de comunicación, 40 patrullas, 15 motocicletas y 121 policías “que son responsabilidad y propiedad del Gobierno del Estado”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-01-2016/1590240
El Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, aseguró que detrás del Presidente Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, “hay personas que quieren aprovechar su inexperiencia para que grupos delincuenciales se instalen” en la capital del estado.
“Detrás Cuauhtémoc Blanco hay personas que quieren aprovechar su inexperiencia para que grupos delincuenciales se instalen en Cuernavaca”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, después de decirlo en distintas entrevistas a los medios de comunicación, en las que habló sobre el asesinato de la Alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocompa, y de su decisión de implementar el Mando Único en toda la entidad.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, en Primero Noticias, el Gobernador aseguró que los “jefes políticos” de Cuauhtémoc Blanco están relacionados con el crimen organizado.
Ramírez Garrido Abreu dijo antes al periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que en una reunión que sostuvo con Blanco, el ex futbolista se comportó de manera ofensiva y grosera. Según él, dijo que “le romperá la madre” a quienes estén en contra de él y de sus decisiones.
“Por primera vez le vi la cara al señor [Cuauhtémoc Blanco]. Su comportamiento fue muy grosero [...]. En mi oficina lo cité, no lo conocía, nunca había hablado con él. Lo cité porque me preocupó que supiera con claridad que a pesar de sus posturas, sus desplantes y de lo que estaban aconsejándole, usando esta situación de no querer entrar al modelo policiaco que hemos construido con mucho esfuerzos y mucha inversión en Morelos. Que nosotros estábamos cuidando de su vida, a pesar de todo esto, y que entendiera que si no había coordinación cómo podía gobernar el municipio con una policía cuando estos grupos se mueven en corredores delincuenciales”, dijo esta mañana el mandatario morelense en entrevista para Radio Fórmula.
Cuestionado sobre qué le dijo Blanco, el Gobernador de Morelos comentó:
“Es una persona irascible, sin ninguna experiencia política, ofensiva: ‘Yo les voy a romper la madre [a todos quienes estemos en contra de él y de sus decisiones], yo tengo el apoyo del pueblo. Voy a ir con el Presidente a denunciarlo de que no me dejan gobernar”.
El día de ayer, tras la muerte de la Alcaldesa de Temixco, el Gobernador anunció que el gobierno estatal asumirá la seguridad, a través del Mando Único, en 15 municipios. Estos son: Cuernavaca, Temixco, Jojutla, Zacatepec, Emiliano Zapata, Ayala, Ocuituco, Xochitepec, Huitzilac, Jiutepec, Tlayacapan, Temoac, Jantetelco, Tepalcingo y Tlaquiltenango.
“Este hecho ocurrido en Temixco es un mensaje y una clara amenaza para que las Presidentas y Presidentes Municipales que recientemente han entrado en funciones no acepten el esquema de coordinación con el modelo policiaco que hemos impulsado y que hoy se construye a nivel nacional”, expresó el Gobernador en conferencia de prensa.
Aseguró que no se dará un paso atrás y no cederá ante las amenazas de grupos criminales.
“Hemos construido los consensos necesarios con las autoridades municipales y hemos observado que el modelo de Mando Único es perfectible y que no llevarlo a cabo terminaría colocándonos en las circunstancias que se vivieron en Morelos durante administraciones pasadas”, señaló Graco Ramírez este domingo.
El anuncio fue hecho luego de una reunión del Grupo de Coordinación Morelos, en la que participaron el Subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), Gilberto Higuera Bernal, y los representantes de la 24 Zona Militar y de las delegaciones de la PGR, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Desde el mes de octubre, el Gobierno de Graco Ramírez y el actual Edil de Cuernavaca comenzaron una disputa luego de las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco donde había adelantado que cancelaría el convenio del Mando Único policial. El ex futbolista incluso llegó a declarar que había recibido amenazas por sus comentarios.
“Como en campaña, sigo recibiendo amenazas que vienen de la clase política. No nos sorprende que la clase política, los personajes de siempre, intenten bajo amenazas que el proyecto de los ciudadanos fracase. No voy a ceder a sus amenazas ni pretensiones, yo estoy del lado del pueblo porque son los ciudadanos quienes depositaron en mí la esperanza de consolidar un Cuernavaca diferente, una ciudad con desarrollo en todos los sectores, una capital donde el objetivo sea la participación de todos para construir un territorio de ganadores”, dijo en octubre, Blanco.
El pasado jueves, el Gobierno de Cuernavaca se quedó sin las armas del Mando Único debido a que el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, ahora Alcalde de la capital de Morelos, se negó a mantener al municipio dentro de la estrategia conjunta de seguridad. Les fueron quitadas 248 armas, 186 radios de comunicación, 40 patrullas, 15 motocicletas y 121 policías “que son responsabilidad y propiedad del Gobierno del Estado”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-01-2016/1590240
“Los Rojos”, detrás de homicidio de alcaldesa: gobierno de Morelos
MÉXICO, DF: El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, responsabilizó al grupo delictivo “Los Rojos” del homicidio de la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota.
El mandatario señaló a Santiago Mazari “El Carrete” como el responsable del homicidio de la alcaldesa.
En entrevista con Grupo Fórmula, el perredista aseguró que “El Carrete” opera desde Guerrero y mantiene una disputa en Temixco con el grupo delincuencial “Guerreros Unidos” por el control de la plaza.
Ramírez aseguró que los detenidos por el homicidio de la alcaldesa aseguraron pertenecer al grupo delincuencial “Los Rojos”.
Ayer, el gobierno estatal anunció que tomaría el control de la seguridad de 15 municipios, entre ellos Cuernavaca, Tlaquiltenango, Temixco, Emiliano Zapata, Zacatepec, Cuautla, Jojutla, Amacuzac, Coatlán del Río y Puente de Ixtla.
Esta medida generó descontento entre algunos alcaldes y autoridades; hoy, el regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca y presidente del Partido Social Demócrata, Eduardo Bordonave, advirtió que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la decisión de Ramírez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425142
El mandatario señaló a Santiago Mazari “El Carrete” como el responsable del homicidio de la alcaldesa.
En entrevista con Grupo Fórmula, el perredista aseguró que “El Carrete” opera desde Guerrero y mantiene una disputa en Temixco con el grupo delincuencial “Guerreros Unidos” por el control de la plaza.
Ramírez aseguró que los detenidos por el homicidio de la alcaldesa aseguraron pertenecer al grupo delincuencial “Los Rojos”.
Ayer, el gobierno estatal anunció que tomaría el control de la seguridad de 15 municipios, entre ellos Cuernavaca, Tlaquiltenango, Temixco, Emiliano Zapata, Zacatepec, Cuautla, Jojutla, Amacuzac, Coatlán del Río y Puente de Ixtla.
Esta medida generó descontento entre algunos alcaldes y autoridades; hoy, el regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca y presidente del Partido Social Demócrata, Eduardo Bordonave, advirtió que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la decisión de Ramírez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Activan Alerta Amber por desaparición de niña de 9 años en el Metro Balderas
MÉXICO, DF: La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) activó la Alerta Amber para encontrar a Luisa Fernanda Mondragón López, de 9 años, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 31 de diciembre en el interior de la estación Balderas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Línea 3.
El Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) emitió el boletín de búsqueda en el cual informa que la menor se le perdió de vista a su padre cuando se encontraban en el interior de dicho lugar a las 21:30 horas, aproximadamente.
Como señas particulares, Luisa Fernanda Mondragón presenta dificultad para caminar con la pierna izquierda. Vestía chamarra rosa, camiseta a rayas azules, mallón azul y tenis blancos con rosa.
Para mayores informes comunicarse a los teléfonos 53-45-50-67, 53-45-50-84 y 53-45-50-82, o acudir al CAPEA, ubicado en la calle Doctor Andrade 103, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc o consultar la página www.pgjdf.gob.mx.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425132
El Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) emitió el boletín de búsqueda en el cual informa que la menor se le perdió de vista a su padre cuando se encontraban en el interior de dicho lugar a las 21:30 horas, aproximadamente.
Como señas particulares, Luisa Fernanda Mondragón presenta dificultad para caminar con la pierna izquierda. Vestía chamarra rosa, camiseta a rayas azules, mallón azul y tenis blancos con rosa.
Para mayores informes comunicarse a los teléfonos 53-45-50-67, 53-45-50-84 y 53-45-50-82, o acudir al CAPEA, ubicado en la calle Doctor Andrade 103, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc o consultar la página www.pgjdf.gob.mx.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425132
Activan Alerta Amber por menor sustraída en Durango
Gómez Palacio. La Fiscalía General de Durango activó hoy la Alerta Amber tras el arrebato de la niña Sofía Enriqueta Jiménez Domínguez, de un año, a su madre este domingo por dos hombres, quienes descendieron de un vehículo de modelo reciente tipo Jetta, marca Volkswagen, sin placas, color gris, en este municipio.
Las autoridades piden a la ciudadanía reportar cualquier información sobre su paradero al número: 01-800-00-854-00 (lada sin costo).
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/03/activan-alerta-amber-por-menor-sustraida-en-durango-8598.html
Las autoridades piden a la ciudadanía reportar cualquier información sobre su paradero al número: 01-800-00-854-00 (lada sin costo).
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
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México, con el nivel más bajo de inversión en infraestructura en AL: BID
México, DF. México registra el nivel más bajo de inversión en infraestructura entre 16 países de América Latina y el Caribe, advierte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en una investigación reciente.
Los capitales públicos y privados que en los últimos años se han aplicado en México para la construcción de carreteras, infraestructura eléctrica, de agua y saneamiento, entre otras obras, rozan apenas el 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), casi la mitad del 2.8 por ciento del promedio regional.
El país se ubica por debajo de Argentina, Brasil, Chile y Perú, cuyos promedios anuales de inversión en infraestructura oscilan entre 1.8 y 4 por ciento del PIB, pero también de países centroamericanos.
Honduras y Panamá destinan más del 4 por ciento del PIB al sector y Nicaragua es el único país de la región que superó el umbral del 5 por ciento entre 2008 y 2013, último año del que se cuentan con cifras comparables de todas las naciones analizadas, destaca la investigación "Financiamiento de la infraestructura en América Latina y el Caribe (ALC) ¿cómo, cuándo y quién?", publicada por el BID y a cargo de Tomás Serebrisky, Ancor Suárez-Alemán, Diego Margot y Cecilia Ramírez.
Si bien el organismo recomienda atraer inversión privada mediante diversos mecanismos como las asociaciones público-privadas para abatir la brecha en infraestructura que padece la región, advierte que deben buscarse financiamientos en moneda local porque en moneda extranjera "no siempre es posible ni deseable" ya que tienden a ser volátiles y crean un desajuste entre el ingreso obtenido y el pago de obligaciones de deuda.
También se pronuncia por utilizar más los fondos de pensiones a proyectos de infraestructura, ya que actualmente la región aplica sólo 1.1 por ciento de los mismos al sector. México sólo utiliza uno por ciento de dichos fondos, pero el estudio del BID calcula que si destinara hasta un 7 por ciento duplicará su inversión total en infraestructura.
No obstante, sentencia que los fondos de pensiones no son "la panacea" y se ha demostrado que son insuficientes para solucionar el rezago. Además, de usarse implicará "un aumento (en la inversión a la infraestructura) de una sola vez que no puede repetirse a lo largo del tiempo" porque no quedarán fondos adicionales.
INVERSIÓN EXTRANJERA "NO ES JUGADOR CLAVE PARA LA INFRAESTRUCTURA".
Al sostener que la infraestructura resulta vital para el crecimiento y desarrollo económico de las naciones, el estudio recuerda que en América Latina la mayor parte ha sido financiada con recursos públicos y aún cuando se desplomaron desde finales de la década de los ochenta, se mantienen por arriba de la inversión privada.
Frente a países industrializados como Canadá, miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Japón e incluso de naciones asiáticas como India y China que destinan entre el 4 y 8 por ciento del PIB a la infraestructura, América Latina requiere invertir anualmente por lo menos 5 por ciento del PIB durante un tiempo prolongado, es decir entre 2 y 2.5 puntos porcentuales adicionales al registro actual, lo que implica de 120 mil a 150 mil millones de dólares más al año.
Si bien destaca el BID que la inversión extranjera directa (IED) ha crecido en los últimos años hasta representar 3 por ciento del PIB regional, asegura que "no suele estar destinada a la infraestructura" porque el sector sólo ha recibido 10 por ciento de dichos capitales foráneos, concentrados además en Chile y Brasil.
"El ahorro extranjero no es un jugador clave en la financiación de infraestructura en ALC, con excepción de lo ocurrido en la década de los ochenta cuando se dio una ola de privatizaciones financiada con capitales foráneos pero que adquirieron activos ya existentes y no para el desarrollo de nuevos", puntualiza.
Los responsables de formular políticas,señala, creían que abrir los servicios de infraestructura a la propiedad privada compensaría la reducción en la inversión de la infraestructura, algo que no ocurrió, como muestran los datos, sentencia.
"Si bien el nivel de inversión privada aumentó en América Latina y el Caribe desde principios de la década de los noventa, sólo alcanzó el 1.5 por ciento del PIB en algunos años y no fue suficiente para remplazar la inversión pública que cayó fuertemente a partir de la crisis de finales de los ochenta. En consecuencia, los niveles totales de inversión como porcentaje del PIB durante los años noventa fueron menores que en la década de los ochenta".
Aún así, considera que la región ha sido líder en cuanto a la inversión privada ya que entre 1990 y 2013 ésta invirtió 690 mil millones de pesos, lo que representa 30 por ciento más que las economías asiáticas de alto crecimiento y cinco veces más que en África Sub-Sahariana. Dos tercios del financiamiento privado, proviene de deuda.
Sostiene que resulta importante mantener la inversión pública pero advierte que ésta se reduce en proporciones mayores con crisis o recortes presupuestales. En el primer semestre de 2015, ejemplificó, Brasil redujo en un 46 por ciento su inversión en infraestructura como consecuencia de la desaceleración económico que redujo su PIB unos puntos.
Agrega que el bajo nivel de inversión no sería tan grave siempre y cuando mejorara la calidad de la infraestructura y se brindaran los mismos servicios a un menor costo, pero el BID advierte que "América Latina pronto se convertirá en la región que genera peores percepciones en cuanto a la calidad de su infraestructura", sólo superada por África Sub-Sahariana, de acuerdo con el Foro Económico Mundial.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GONZÁLEZ G.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/03/mexico-con-el-nivel-mas-bajo-de-inversion-en-infraestructura-en-al-bid-9524.html
Los capitales públicos y privados que en los últimos años se han aplicado en México para la construcción de carreteras, infraestructura eléctrica, de agua y saneamiento, entre otras obras, rozan apenas el 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), casi la mitad del 2.8 por ciento del promedio regional.
El país se ubica por debajo de Argentina, Brasil, Chile y Perú, cuyos promedios anuales de inversión en infraestructura oscilan entre 1.8 y 4 por ciento del PIB, pero también de países centroamericanos.
Honduras y Panamá destinan más del 4 por ciento del PIB al sector y Nicaragua es el único país de la región que superó el umbral del 5 por ciento entre 2008 y 2013, último año del que se cuentan con cifras comparables de todas las naciones analizadas, destaca la investigación "Financiamiento de la infraestructura en América Latina y el Caribe (ALC) ¿cómo, cuándo y quién?", publicada por el BID y a cargo de Tomás Serebrisky, Ancor Suárez-Alemán, Diego Margot y Cecilia Ramírez.
Si bien el organismo recomienda atraer inversión privada mediante diversos mecanismos como las asociaciones público-privadas para abatir la brecha en infraestructura que padece la región, advierte que deben buscarse financiamientos en moneda local porque en moneda extranjera "no siempre es posible ni deseable" ya que tienden a ser volátiles y crean un desajuste entre el ingreso obtenido y el pago de obligaciones de deuda.
También se pronuncia por utilizar más los fondos de pensiones a proyectos de infraestructura, ya que actualmente la región aplica sólo 1.1 por ciento de los mismos al sector. México sólo utiliza uno por ciento de dichos fondos, pero el estudio del BID calcula que si destinara hasta un 7 por ciento duplicará su inversión total en infraestructura.
No obstante, sentencia que los fondos de pensiones no son "la panacea" y se ha demostrado que son insuficientes para solucionar el rezago. Además, de usarse implicará "un aumento (en la inversión a la infraestructura) de una sola vez que no puede repetirse a lo largo del tiempo" porque no quedarán fondos adicionales.
INVERSIÓN EXTRANJERA "NO ES JUGADOR CLAVE PARA LA INFRAESTRUCTURA".
Al sostener que la infraestructura resulta vital para el crecimiento y desarrollo económico de las naciones, el estudio recuerda que en América Latina la mayor parte ha sido financiada con recursos públicos y aún cuando se desplomaron desde finales de la década de los ochenta, se mantienen por arriba de la inversión privada.
Frente a países industrializados como Canadá, miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Japón e incluso de naciones asiáticas como India y China que destinan entre el 4 y 8 por ciento del PIB a la infraestructura, América Latina requiere invertir anualmente por lo menos 5 por ciento del PIB durante un tiempo prolongado, es decir entre 2 y 2.5 puntos porcentuales adicionales al registro actual, lo que implica de 120 mil a 150 mil millones de dólares más al año.
Si bien destaca el BID que la inversión extranjera directa (IED) ha crecido en los últimos años hasta representar 3 por ciento del PIB regional, asegura que "no suele estar destinada a la infraestructura" porque el sector sólo ha recibido 10 por ciento de dichos capitales foráneos, concentrados además en Chile y Brasil.
"El ahorro extranjero no es un jugador clave en la financiación de infraestructura en ALC, con excepción de lo ocurrido en la década de los ochenta cuando se dio una ola de privatizaciones financiada con capitales foráneos pero que adquirieron activos ya existentes y no para el desarrollo de nuevos", puntualiza.
Los responsables de formular políticas,señala, creían que abrir los servicios de infraestructura a la propiedad privada compensaría la reducción en la inversión de la infraestructura, algo que no ocurrió, como muestran los datos, sentencia.
"Si bien el nivel de inversión privada aumentó en América Latina y el Caribe desde principios de la década de los noventa, sólo alcanzó el 1.5 por ciento del PIB en algunos años y no fue suficiente para remplazar la inversión pública que cayó fuertemente a partir de la crisis de finales de los ochenta. En consecuencia, los niveles totales de inversión como porcentaje del PIB durante los años noventa fueron menores que en la década de los ochenta".
Aún así, considera que la región ha sido líder en cuanto a la inversión privada ya que entre 1990 y 2013 ésta invirtió 690 mil millones de pesos, lo que representa 30 por ciento más que las economías asiáticas de alto crecimiento y cinco veces más que en África Sub-Sahariana. Dos tercios del financiamiento privado, proviene de deuda.
Sostiene que resulta importante mantener la inversión pública pero advierte que ésta se reduce en proporciones mayores con crisis o recortes presupuestales. En el primer semestre de 2015, ejemplificó, Brasil redujo en un 46 por ciento su inversión en infraestructura como consecuencia de la desaceleración económico que redujo su PIB unos puntos.
Agrega que el bajo nivel de inversión no sería tan grave siempre y cuando mejorara la calidad de la infraestructura y se brindaran los mismos servicios a un menor costo, pero el BID advierte que "América Latina pronto se convertirá en la región que genera peores percepciones en cuanto a la calidad de su infraestructura", sólo superada por África Sub-Sahariana, de acuerdo con el Foro Económico Mundial.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GONZÁLEZ G.
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Cae otro implicado en doble homicidio en Iztapalapa
MÉXICO, DF: A una semana de haber consignado al hijo de una de las víctimas encontradas sin vida en el interior de la cajuela de un automóvil abandonado en calles de la delegación Iztapalapa, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ejerció acción penal contra el cómplice, cuyo móvil fue el robo del dinero producto de una caja de ahorro.
Elementos de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, detuvieron a Sergio Félix Segundo en la esquina de la avenida Ignacio Zaragoza y Circuito Interior, informó la PGJDF en un comunicado.
Este individuo y Édgar Alejandro Cedillo Peralta son probables responsables de los homicidios de un hombre y una mujer ocurridos el 15 de diciembre pasado, por oponerse a entregar el dinero recaudado por la mamá de Édgar.
Con elementos de prueba, el Ministerio Público puso a disposición del juez penal del Reclusorio Preventivo Oriente a Sergio Félix Segundo por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y robo.
La PGJDF precisó que el presentado tiene el carácter de probable responsable, lo que no implica una sanción penal hasta que lo determine la autoridad jurisdiccional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425109
Elementos de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, detuvieron a Sergio Félix Segundo en la esquina de la avenida Ignacio Zaragoza y Circuito Interior, informó la PGJDF en un comunicado.
Este individuo y Édgar Alejandro Cedillo Peralta son probables responsables de los homicidios de un hombre y una mujer ocurridos el 15 de diciembre pasado, por oponerse a entregar el dinero recaudado por la mamá de Édgar.
Con elementos de prueba, el Ministerio Público puso a disposición del juez penal del Reclusorio Preventivo Oriente a Sergio Félix Segundo por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y robo.
La PGJDF precisó que el presentado tiene el carácter de probable responsable, lo que no implica una sanción penal hasta que lo determine la autoridad jurisdiccional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425109
Degüellan a joven empresaria afuera de su casa en Michoacán
TEPALCATEPEC, Mich: Yolanda Chávez Contreras, una joven empresaria de esta población, fue ejecutada y degollada esta mañana en las afueras de su casa, en la carretera a Coalcomán, por un comando, según informe de la Fuerza Rural.
La acaudalada mujer fue atacada alrededor de las 11:00 horas con armas de alto poder por desconocidos, cuando salía de su residencia en la carretera que conduce de esta ciudad a Coalcomán, a la altura de un Motel, informaron las autoridades.
Los presuntos homicidas tuvieron tiempo de degollar a la dueña de varios negocios de la región y darse a la fuga con rumbo desconocido en un vehículo.
Yolanda Chávez Contreras tenía alrededor de 33 años, era viuda y poseía diversos comercios en la zona, entre ellos la empresa purificadora Agua de Alonso.
El mes pasado, una joven fue secuestrada y ejecutada, después de que desde hace casi dos años no se registraba un hecho como así en este lugar, desde que el 24 de febrero del 2013 aparecieron los grupos civiles de autodefensas que expulsaron a los presuntos miembros del crimen organizado, pues se encargaban de vigilar el municipio con puestos de revisión y rondines, hasta que fueron desintegrados por el entonces comisionado para la paz en Michoacán, Alfredo Castillo, y en mayo del 2014 los convirtió en Fuerza Rural.
Por estos hechos, la gente ya se inundó de pánico ante el regreso de los crímenes, secuestros y otra vez a la vida anterior, encapsulados en el miedo la zozobra, el terror y la incertidumbre, dijo un excomandante de los autodefensas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 2 DE ENERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425065
La acaudalada mujer fue atacada alrededor de las 11:00 horas con armas de alto poder por desconocidos, cuando salía de su residencia en la carretera que conduce de esta ciudad a Coalcomán, a la altura de un Motel, informaron las autoridades.
Los presuntos homicidas tuvieron tiempo de degollar a la dueña de varios negocios de la región y darse a la fuga con rumbo desconocido en un vehículo.
Yolanda Chávez Contreras tenía alrededor de 33 años, era viuda y poseía diversos comercios en la zona, entre ellos la empresa purificadora Agua de Alonso.
El mes pasado, una joven fue secuestrada y ejecutada, después de que desde hace casi dos años no se registraba un hecho como así en este lugar, desde que el 24 de febrero del 2013 aparecieron los grupos civiles de autodefensas que expulsaron a los presuntos miembros del crimen organizado, pues se encargaban de vigilar el municipio con puestos de revisión y rondines, hasta que fueron desintegrados por el entonces comisionado para la paz en Michoacán, Alfredo Castillo, y en mayo del 2014 los convirtió en Fuerza Rural.
Por estos hechos, la gente ya se inundó de pánico ante el regreso de los crímenes, secuestros y otra vez a la vida anterior, encapsulados en el miedo la zozobra, el terror y la incertidumbre, dijo un excomandante de los autodefensas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 2 DE ENERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425065
El Veracruz de Duarte, tumba para periodistas
Tanto la PGR como la CNDH ubican a Veracruz como la entidad más peligrosa para los periodistas por los numerosos homicidios –como el de Regina Martínez, quien fuera corresponsal de Proceso en el estado–, las desapariciones forzadas y el acoso gubernamental. Y aunque también es la segunda en el número de comunicadores apoyados por el mecanismo de protección federal, eso no ha disminuido los índices de violencia contra el gremio.
XALAPA, VER.- Tras 16 asesinatos de periodistas perpetrados en Veracruz, 14 de ellos durante la administración de Javier Duarte, la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mantiene “medidas cautelares de protección” para 37 de ellos y 10 defensores de derechos humanos.
En sus oficios UDDH/911/3089 y UDDH/911/3113/2015, Gobernación indica que sólo el Distrito Federal, con 47 comunicadores y activistas, tiene más beneficiarios del mecanismo de protección que Veracruz. Sin embargo, en la capital del país fueron abatidos cuatro periodistas de octubre de 2000 al mismo mes de 2015, mientras que en Veracruz se han documentado 16 de esos homicidios en el mismo periodo.
Ante las solicitudes de acceso a la información 0000400387315 y 0000400364715, Gobernación entregó a Proceso una estadística a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.
El documento detalla que, con base en cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se han cometido asesinatos de periodistas en 22 estados, mientras que el dato de la Procuraduría General de la República (PGR) es que sólo han ocurrido en 20.
Pero en ambos recuentos Veracruz ocupa el primer lugar en homicidios de reporteros, con el 15.5% (PGR) y el 15.9% (CNDH).
“Si se comparan las cifras de homicidios en el estado de Veracruz en dos periodos iguales, es decir 2004-2009 (en alusión al sexenio de Fidel Herrera) y 2010-2015 (el de Duarte), las dos instituciones –PGR y CNDH– registran que en el último periodo se duplicaron los homicidios”, se indica en la página 14.
En un apartado titulado “Datos de las instituciones de la Junta de Gobierno del Mecanismo sobre la Situación del Ejercicio del Periodismo en Veracruz”, Gobernación desglosa otras cifras.
Veracruz mantiene, con Chihuahua, el primer lugar en homicidios contra periodistas, y también, con Tamaulipas y Michoacán, encabeza la tabla de estados con el mayor número de periodistas desaparecidos.
Con los 107 homicidios de comunicadores que registra la CNDH en el país (103 según la PGR), y ante la impunidad de los crímenes contra Rubén Espinosa, Moisés Sánchez, Regina Martínez y Gregorio Jiménez, así como el exilio de varios reporteros de la entidad en otros países o estados, muchos periodistas pretenden que se les incluya en el mecanismo de protección oficial.
En Veracruz, periodistas de Acayucan, Álamo Temapache, Boca del Río, Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Medellín de Bravo, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan y Xalapa han solicitado medidas cautelares.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene inscritos también a activistas sociales y defensores de derechos humanos de Amatlán de los Reyes, Coatepec, Ilamatlán, Misantla y Xalapa.
Asimismo, 33 reporteros jarochos cuentan con el botón de pánico –una especie de teléfono celular para enlazar con corporaciones policiacas federales y, si el usuario lo desea, con alguna autoridad estatal en caso de emergencia–; 11 están inscritos en el sistema de Alerta Temprana para establecer un “plan de contingencia” en caso de agresión policiaca, gubernamental o delincuencial, y 16 cuentan con “vigilancia y patrullajes”.
Además, seis tienen servicios de escolta; a 49 se les asignó infraestructura que puede consistir en cámaras de vigilancia, vehículos o el botón de pánico, y cuatro periodistas tienen gestiones de vivienda, educación y salud que Gobernación no desglosa en su informe.
La Subsecretaría de Derechos Humanos registra en total a 183 periodistas en el país “protegidos por el mecanismo”, de los cuales 121 son hombres y 62 mujeres. El Distrito Federal aglutina a 45 de ellos, es decir, el 24.6%.
Le siguen Veracruz (37 casos), con el 18.6%; Guerrero (13), con 7.1%; Oaxaca (11), con 6%; Zacatecas (10), con 5.5%; y Coahuila y Tamaulipas (6) con 3.3% cada entidad.
En las “medidas urgentes” para preservar “la vida”, “la integridad” y la “libertad” del periodista beneficiario del mecanismo de protección, la Subsecretaría de Derechos Humanos reporta 11 “conjuntos de acciones urgentes” para periodistas del Distrito Federal, ocho para Veracruz y siete para Guerrero; el resto de las entidades registran uno o dos casos.
El capítulo “Diagnóstico sobre la situación de las y los periodistas en el estado de Veracruz. Sistema de alerta y plan de contingencia” enfatiza que el 37.5% de los agresores de comunicadores en esta entidad son policías estatales, el 25% autoridades municipales, en 18.37% de los casos no se han logrado identificar, en 6.2% son policías municipales, en igual proporción efectivos del Ejército y también de la Marina.
“De enero del 2011 a septiembre del 2015, la Oficina del Alto Comisionado en México para los Derechos Humanos ha documentado 13 casos de amenazas, hostigamientos o ataques y cuatro casos de detenciones de periodistas que ejercen su labor en Veracruz”, destaca el documento oficial.
Medidas ineficaces
Aunque el pasado 3 de noviembre el gobierno de Duarte y varias instituciones de derechos humanos, así como la PGR, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y Gobernación firmaron un “convenio de protección de periodistas” y establecieron un sistema de “alerta temprana” para “un plan de contingencia”, las agresiones a comunicadores continúan en el estado.
El domingo 20 por la noche, en Coatzacoalcos, el jefe de información de un periódico en el sur de Veracruz interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que sin encender la torreta ni advertir nada por el altoparlante le cerraron el paso.
“Sin decir agua va, te cierran el paso… Claro que pensé en meter reversa y huir de ahí. Llegaron muy locos. Piensas en un instante que se trata de una patrulla clonada”, dice el comunicador.
Después de revisar su auto, al ver la cámara fotográfica y las credenciales de prensa, los policías lo dejaron ir pero no le dieron una explicación sobre su peculiar forma de marcarle el alto.
El periodista interpuso una queja ante la asociación Artículo 19 y pidió asesoría a la organización no gubernamental Periodistas de a Pie. Cuando la denuncia se hizo pública, la jefa de prensa de la SSP, Leticia Silva, le telefoneó para intentar justificar a los policías: según ellos, “procedieron a detenerse” porque pensaban que se encontraba varado en la carretera y “necesitaba apoyo vial”.
El día que se presentó el sistema de Alerta Temprana, un fotógrafo fue agredido en el acto protocolario por dos elementos de Ayundantía del gobernador Javier Duarte. Uno de ellos, Luis Sardiñas –exdirector de Protección Civil del Puerto de Veracruz– le dio empellones y rodillazos al comunicador porque intentó desplegar una cartulina para protestar contra los asesinatos de periodistas.
El 22 de noviembre, durante la primera etapa de la evaluación de maestros conforme a la Reforma Educativa, elementos de la Fuerza Civil y policías estatales habilitados como “grupos de choque” golpearon a seis periodistas en Xalapa y Boca del Río. Cinco de los afectados presentaron denuncias ante el Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, y a cuatro de ellos la SSP les tuvo que otorgar una reparación del daño, que incluyó la compra de cámaras, reposición de lentes y renovación de teléfonos móviles.
Esto era impensable hasta hace poco. En las reuniones informativas del mecanismo de protección con periodistas de Veracruz, los funcionarios de Gobernación escucharon historias que lo demuestran:
El periodista que fue “tableado” por un grupo delictivo por publicar una nota incómoda; el que recibió amenazas por teléfono para que no entregara una nota roja en la redacción, y el que recibió protección del Ejército y la Marina pero días después fue abandonado a su suerte en el Distrito Federal.
Un reportero del norte de Veracruz contó su experiencia. Después de recibir varias amenazas en mensajes que manos anónimas dejaban en la redacción de su periódico, pidió “apoyo urgente” a instancias federales.
La FEADLE atendió su caso y le envió escoltas de la Policía Federal y de la Marina, quienes le dijeron que se iban a encargar de “su cuidado”. Horas después, ellos le preguntaron quién se iba a encargar de su alimentación y hospedaje, pues la fiscalía no cubría esos gastos, como tampoco la instalación y el mantenimiento de cámaras y alarmas en su centro de trabajo y domicilio”. El reportero no tuvo opción: dejó de trabajar temporalmente en el periodismo.
Según datos oficiales, actualmente se tiene registro de 25 desapariciones forzadas de periodistas en el país, de las cuales cuatro se denunciaron en Veracruz.
Ante ello, así como los 13 homicidios de comunicadores en Guerrero, 11 en Tamaulipas y siete en Sinaloa, la CNDH y el Alto Comisionado de la ONU en la materia han emitido recomendaciones de nivel nacional e internacional, pero ninguna ha sido acatada.
En Veracruz la mayoría de los casos continúan sin resolverse, pese a que existe un órgano autónomo llamado Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), con un presupuesto de 21 millones de pesos anuales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=424934
XALAPA, VER.- Tras 16 asesinatos de periodistas perpetrados en Veracruz, 14 de ellos durante la administración de Javier Duarte, la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mantiene “medidas cautelares de protección” para 37 de ellos y 10 defensores de derechos humanos.
En sus oficios UDDH/911/3089 y UDDH/911/3113/2015, Gobernación indica que sólo el Distrito Federal, con 47 comunicadores y activistas, tiene más beneficiarios del mecanismo de protección que Veracruz. Sin embargo, en la capital del país fueron abatidos cuatro periodistas de octubre de 2000 al mismo mes de 2015, mientras que en Veracruz se han documentado 16 de esos homicidios en el mismo periodo.
Ante las solicitudes de acceso a la información 0000400387315 y 0000400364715, Gobernación entregó a Proceso una estadística a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.
El documento detalla que, con base en cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se han cometido asesinatos de periodistas en 22 estados, mientras que el dato de la Procuraduría General de la República (PGR) es que sólo han ocurrido en 20.
Pero en ambos recuentos Veracruz ocupa el primer lugar en homicidios de reporteros, con el 15.5% (PGR) y el 15.9% (CNDH).
“Si se comparan las cifras de homicidios en el estado de Veracruz en dos periodos iguales, es decir 2004-2009 (en alusión al sexenio de Fidel Herrera) y 2010-2015 (el de Duarte), las dos instituciones –PGR y CNDH– registran que en el último periodo se duplicaron los homicidios”, se indica en la página 14.
En un apartado titulado “Datos de las instituciones de la Junta de Gobierno del Mecanismo sobre la Situación del Ejercicio del Periodismo en Veracruz”, Gobernación desglosa otras cifras.
Veracruz mantiene, con Chihuahua, el primer lugar en homicidios contra periodistas, y también, con Tamaulipas y Michoacán, encabeza la tabla de estados con el mayor número de periodistas desaparecidos.
Con los 107 homicidios de comunicadores que registra la CNDH en el país (103 según la PGR), y ante la impunidad de los crímenes contra Rubén Espinosa, Moisés Sánchez, Regina Martínez y Gregorio Jiménez, así como el exilio de varios reporteros de la entidad en otros países o estados, muchos periodistas pretenden que se les incluya en el mecanismo de protección oficial.
En Veracruz, periodistas de Acayucan, Álamo Temapache, Boca del Río, Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Medellín de Bravo, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan y Xalapa han solicitado medidas cautelares.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene inscritos también a activistas sociales y defensores de derechos humanos de Amatlán de los Reyes, Coatepec, Ilamatlán, Misantla y Xalapa.
Asimismo, 33 reporteros jarochos cuentan con el botón de pánico –una especie de teléfono celular para enlazar con corporaciones policiacas federales y, si el usuario lo desea, con alguna autoridad estatal en caso de emergencia–; 11 están inscritos en el sistema de Alerta Temprana para establecer un “plan de contingencia” en caso de agresión policiaca, gubernamental o delincuencial, y 16 cuentan con “vigilancia y patrullajes”.
Además, seis tienen servicios de escolta; a 49 se les asignó infraestructura que puede consistir en cámaras de vigilancia, vehículos o el botón de pánico, y cuatro periodistas tienen gestiones de vivienda, educación y salud que Gobernación no desglosa en su informe.
La Subsecretaría de Derechos Humanos registra en total a 183 periodistas en el país “protegidos por el mecanismo”, de los cuales 121 son hombres y 62 mujeres. El Distrito Federal aglutina a 45 de ellos, es decir, el 24.6%.
Le siguen Veracruz (37 casos), con el 18.6%; Guerrero (13), con 7.1%; Oaxaca (11), con 6%; Zacatecas (10), con 5.5%; y Coahuila y Tamaulipas (6) con 3.3% cada entidad.
En las “medidas urgentes” para preservar “la vida”, “la integridad” y la “libertad” del periodista beneficiario del mecanismo de protección, la Subsecretaría de Derechos Humanos reporta 11 “conjuntos de acciones urgentes” para periodistas del Distrito Federal, ocho para Veracruz y siete para Guerrero; el resto de las entidades registran uno o dos casos.
El capítulo “Diagnóstico sobre la situación de las y los periodistas en el estado de Veracruz. Sistema de alerta y plan de contingencia” enfatiza que el 37.5% de los agresores de comunicadores en esta entidad son policías estatales, el 25% autoridades municipales, en 18.37% de los casos no se han logrado identificar, en 6.2% son policías municipales, en igual proporción efectivos del Ejército y también de la Marina.
“De enero del 2011 a septiembre del 2015, la Oficina del Alto Comisionado en México para los Derechos Humanos ha documentado 13 casos de amenazas, hostigamientos o ataques y cuatro casos de detenciones de periodistas que ejercen su labor en Veracruz”, destaca el documento oficial.
Medidas ineficaces
Aunque el pasado 3 de noviembre el gobierno de Duarte y varias instituciones de derechos humanos, así como la PGR, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y Gobernación firmaron un “convenio de protección de periodistas” y establecieron un sistema de “alerta temprana” para “un plan de contingencia”, las agresiones a comunicadores continúan en el estado.
El domingo 20 por la noche, en Coatzacoalcos, el jefe de información de un periódico en el sur de Veracruz interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que sin encender la torreta ni advertir nada por el altoparlante le cerraron el paso.
“Sin decir agua va, te cierran el paso… Claro que pensé en meter reversa y huir de ahí. Llegaron muy locos. Piensas en un instante que se trata de una patrulla clonada”, dice el comunicador.
Después de revisar su auto, al ver la cámara fotográfica y las credenciales de prensa, los policías lo dejaron ir pero no le dieron una explicación sobre su peculiar forma de marcarle el alto.
El periodista interpuso una queja ante la asociación Artículo 19 y pidió asesoría a la organización no gubernamental Periodistas de a Pie. Cuando la denuncia se hizo pública, la jefa de prensa de la SSP, Leticia Silva, le telefoneó para intentar justificar a los policías: según ellos, “procedieron a detenerse” porque pensaban que se encontraba varado en la carretera y “necesitaba apoyo vial”.
El día que se presentó el sistema de Alerta Temprana, un fotógrafo fue agredido en el acto protocolario por dos elementos de Ayundantía del gobernador Javier Duarte. Uno de ellos, Luis Sardiñas –exdirector de Protección Civil del Puerto de Veracruz– le dio empellones y rodillazos al comunicador porque intentó desplegar una cartulina para protestar contra los asesinatos de periodistas.
El 22 de noviembre, durante la primera etapa de la evaluación de maestros conforme a la Reforma Educativa, elementos de la Fuerza Civil y policías estatales habilitados como “grupos de choque” golpearon a seis periodistas en Xalapa y Boca del Río. Cinco de los afectados presentaron denuncias ante el Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, y a cuatro de ellos la SSP les tuvo que otorgar una reparación del daño, que incluyó la compra de cámaras, reposición de lentes y renovación de teléfonos móviles.
Esto era impensable hasta hace poco. En las reuniones informativas del mecanismo de protección con periodistas de Veracruz, los funcionarios de Gobernación escucharon historias que lo demuestran:
El periodista que fue “tableado” por un grupo delictivo por publicar una nota incómoda; el que recibió amenazas por teléfono para que no entregara una nota roja en la redacción, y el que recibió protección del Ejército y la Marina pero días después fue abandonado a su suerte en el Distrito Federal.
Un reportero del norte de Veracruz contó su experiencia. Después de recibir varias amenazas en mensajes que manos anónimas dejaban en la redacción de su periódico, pidió “apoyo urgente” a instancias federales.
La FEADLE atendió su caso y le envió escoltas de la Policía Federal y de la Marina, quienes le dijeron que se iban a encargar de “su cuidado”. Horas después, ellos le preguntaron quién se iba a encargar de su alimentación y hospedaje, pues la fiscalía no cubría esos gastos, como tampoco la instalación y el mantenimiento de cámaras y alarmas en su centro de trabajo y domicilio”. El reportero no tuvo opción: dejó de trabajar temporalmente en el periodismo.
Según datos oficiales, actualmente se tiene registro de 25 desapariciones forzadas de periodistas en el país, de las cuales cuatro se denunciaron en Veracruz.
Ante ello, así como los 13 homicidios de comunicadores en Guerrero, 11 en Tamaulipas y siete en Sinaloa, la CNDH y el Alto Comisionado de la ONU en la materia han emitido recomendaciones de nivel nacional e internacional, pero ninguna ha sido acatada.
En Veracruz la mayoría de los casos continúan sin resolverse, pese a que existe un órgano autónomo llamado Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), con un presupuesto de 21 millones de pesos anuales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=424934
Fondo de Desastres atiende a 84 mil personas en Sonora por bajas temperaturas
La Conagua pronosticó que en esta entidad habrá temperaturas máximas cercanas a 30 grados en las regiones centro y sur, mientras que por la noche y por la mañana continuará el clima frío a muy frío.
Mediante recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y estatales se enfrenta la emergencia por intenso frío en Sonora, donde se calcula que más de 84 mil 600 personas son atendidas, de acuerdo con el gobierno estatal.
En un comunicado, citó que esos residentes reciben asistencia y se encuentran en los 63 municipios declarados en emergencia por el estado debido a las bajas temperaturas, heladas y nevadas severas ocurridas desde el 16 de diciembre.
En ellos se incluyen los 22 municipios declarados como zona de emergencia por la Secretaría de Gobernación (Segob), donde, además del apoyo estatal, se reciben materiales y alimentos destinados por el Fonden.
El apoyo incluye la distribución de 120 mil cobertores, despensas, agua embotellada y lámina galvanizada entre la población que más lo requiere, afirmó.
Esta mañana la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) registró una temperatura mínima de 2 grados bajo cero en Huachinera, al noreste de Sonora, donde se espera el ingreso de un nuevo frente frío.
En su reporte, el organismo informó que en las últimas horas el registro máximo fue de 29 grados en la estación meteorológica El Orégano II, localizada al noreste de esta capital.
Asimismo, dio a conocer que el frente frío se aproximará al noroeste del país y se asociará con una canal de baja presión en niveles medios de la atmósfera, lo que favorecerá nublados y potencial de lluvias ligeras en el noroeste y norte de Sonora en el transcurso de la noche.
También se espera viento ligero predominante del sur y suroeste con rachas de hasta 35 kilómetros por hora, mientras que mañana 4 de enerro, en territorio sonorense, el frente frío y el canal de baja presión generarán lluvias y descenso de temperatura.
La Conagua pronosticó que en esta entidad habrá temperaturas máximas cercanas a 30 grados en las regiones centro y sur, mientras que por la noche y por la mañana continuará el clima frío a muy frío.
También habrá temperaturas mínimas por debajo de cero grados centígrados en las sierras más elevadas de Sonora y Chihuahua.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/sonora-alcanza-temperatura-de-2-grados-bajo-cero/
Mediante recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y estatales se enfrenta la emergencia por intenso frío en Sonora, donde se calcula que más de 84 mil 600 personas son atendidas, de acuerdo con el gobierno estatal.
En un comunicado, citó que esos residentes reciben asistencia y se encuentran en los 63 municipios declarados en emergencia por el estado debido a las bajas temperaturas, heladas y nevadas severas ocurridas desde el 16 de diciembre.
En ellos se incluyen los 22 municipios declarados como zona de emergencia por la Secretaría de Gobernación (Segob), donde, además del apoyo estatal, se reciben materiales y alimentos destinados por el Fonden.
El apoyo incluye la distribución de 120 mil cobertores, despensas, agua embotellada y lámina galvanizada entre la población que más lo requiere, afirmó.
Esta mañana la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) registró una temperatura mínima de 2 grados bajo cero en Huachinera, al noreste de Sonora, donde se espera el ingreso de un nuevo frente frío.
En su reporte, el organismo informó que en las últimas horas el registro máximo fue de 29 grados en la estación meteorológica El Orégano II, localizada al noreste de esta capital.
Asimismo, dio a conocer que el frente frío se aproximará al noroeste del país y se asociará con una canal de baja presión en niveles medios de la atmósfera, lo que favorecerá nublados y potencial de lluvias ligeras en el noroeste y norte de Sonora en el transcurso de la noche.
También se espera viento ligero predominante del sur y suroeste con rachas de hasta 35 kilómetros por hora, mientras que mañana 4 de enerro, en territorio sonorense, el frente frío y el canal de baja presión generarán lluvias y descenso de temperatura.
La Conagua pronosticó que en esta entidad habrá temperaturas máximas cercanas a 30 grados en las regiones centro y sur, mientras que por la noche y por la mañana continuará el clima frío a muy frío.
También habrá temperaturas mínimas por debajo de cero grados centígrados en las sierras más elevadas de Sonora y Chihuahua.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/sonora-alcanza-temperatura-de-2-grados-bajo-cero/
Tras asesinato de alcaldesa de Temixco, gobierno de Morelos establece Mando Único en 15 municipios
Graco Ramírez ordenó una coordinación policial en Cuernavaca, Temixco, Jojutla, Zacatepec, Emiliano Zapata, Ayala, Ocuituco, Xochitepec, Huitzilac, Jiutepec, Tlayacapan, Temoac, Jantetelco, Tepalcingo y Tlaquiltenango.
Tras el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez decretó el establecimiento del Mando Único para mantener el orden en 15 municipios del estado, pues, señaló, este homicidio fue “una clara amenaza”, para que los nuevos alcaldes no acepten el esquema de policial.
El gobernador dijo que tras reunirse con el subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR),Gilberto Higuera, y representantes de 24 Zona Militar, decidió lanzar esta operación coordinada en: Cuernavaca, Temixco, Jojutla, Zacatepec, Emiliano Zapata, Ayala, Ocuituco, Xochitepec, Huitzilac, Jiutepec, Tlayacapan, Temoac, Jantetelco, Tepalcingo y Tlaquiltenango.
Esto tras decretar tres días de luto en la entidad y activar un protocolo de seguridad para los alcaldes por el asesinato de Mota Ocampo un día después de que tomara posesión del cargo.
“En el Gobierno de Morelos no daremos ni un paso atrás y no cederemos a amenazas de grupos de la delincuencia organizada”, dijo el gobernador tras el breve mensaje a medios.
“… Hemos observado que el Modelo de Mando Único es perfectible, pero de no llevarlo a cabo, terminaría colocándonos en las circunstancias que se vivieron en Morelos durante administraciones pasadas”, dijo Graco Ramírez al defender el modelo policial.
Un menor de edad entre los detenidos
En un conferencia de prensa de la Fiscalía General de Morelos, se dio a conocer que existen dos carpetas de investigación tras detener de tres presuntos responsables del asesinato, una por un hombre y una mujer de 18 y 32 años de edad, y una segunda por la detención de un menor de edad.
También se confirmó que tras reportar el ataque a la recién presidenta municipal, en la calle Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, en la colonia Pueblo Viejo del municipio de Temixco, hubo un enfrentamiento para perseguir a los autores, donde dos fueron abatidos.
“Personal de rescate se trasladó al lugar donde confirmaron que la mujer ya se encontraba sin signos vitales, por lo que se solicitó la presencia del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo de quien en vida respondió al nombre de Gisela Raquel Mota Ocampo”, detalló la fiscalía.
La dependencia confiscó en ese momento una camioneta Jeep Cherokee con placas de circulación del estado de México, chamarras, pasamontañas, un arma de fuego calibre 9mm abastecida con 30 cartuchos útiles y un arma de fuego tipo UZI semiautomática abastecida con 30 cartuchos útiles, los cuales se pusieron a disposición del Ministerio Público del fuero común.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/declaran-tres-dias-de-luto-en-morelos-tras-asesinato-de-alcaldesa-de-temixco/
Tras el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez decretó el establecimiento del Mando Único para mantener el orden en 15 municipios del estado, pues, señaló, este homicidio fue “una clara amenaza”, para que los nuevos alcaldes no acepten el esquema de policial.
El gobernador dijo que tras reunirse con el subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR),Gilberto Higuera, y representantes de 24 Zona Militar, decidió lanzar esta operación coordinada en: Cuernavaca, Temixco, Jojutla, Zacatepec, Emiliano Zapata, Ayala, Ocuituco, Xochitepec, Huitzilac, Jiutepec, Tlayacapan, Temoac, Jantetelco, Tepalcingo y Tlaquiltenango.
Esto tras decretar tres días de luto en la entidad y activar un protocolo de seguridad para los alcaldes por el asesinato de Mota Ocampo un día después de que tomara posesión del cargo.
“En el Gobierno de Morelos no daremos ni un paso atrás y no cederemos a amenazas de grupos de la delincuencia organizada”, dijo el gobernador tras el breve mensaje a medios.
El atentado de Gisela Mota ocurre en el marco de transición de alcaldías,un día despues de su toma de posesión donde ratificó el Mando Único
— Graco Ramírez (@gracoramirez) enero 3, 2016
“… Hemos observado que el Modelo de Mando Único es perfectible, pero de no llevarlo a cabo, terminaría colocándonos en las circunstancias que se vivieron en Morelos durante administraciones pasadas”, dijo Graco Ramírez al defender el modelo policial.
Un menor de edad entre los detenidos
En un conferencia de prensa de la Fiscalía General de Morelos, se dio a conocer que existen dos carpetas de investigación tras detener de tres presuntos responsables del asesinato, una por un hombre y una mujer de 18 y 32 años de edad, y una segunda por la detención de un menor de edad.
También se confirmó que tras reportar el ataque a la recién presidenta municipal, en la calle Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, en la colonia Pueblo Viejo del municipio de Temixco, hubo un enfrentamiento para perseguir a los autores, donde dos fueron abatidos.
“Personal de rescate se trasladó al lugar donde confirmaron que la mujer ya se encontraba sin signos vitales, por lo que se solicitó la presencia del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo de quien en vida respondió al nombre de Gisela Raquel Mota Ocampo”, detalló la fiscalía.
La dependencia confiscó en ese momento una camioneta Jeep Cherokee con placas de circulación del estado de México, chamarras, pasamontañas, un arma de fuego calibre 9mm abastecida con 30 cartuchos útiles y un arma de fuego tipo UZI semiautomática abastecida con 30 cartuchos útiles, los cuales se pusieron a disposición del Ministerio Público del fuero común.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Emite la CNDH recomendación a dos municipios de Morelos por contaminación
MÉXICO, DF: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 48/2015 dirigida a los presidentes municipales de Jiutepec y Emiliano Zapata, Morelos por violar el derecho a un medio ambiente sano.
En un comunicado, el organismo explicó que las alcaldías incumplieron con la recomendación 048/2013-3 que les dirigió la Comisión de Derechos Humanos de Morelos.
Ambas autoridades omitieron actuar para evitar el continuo derramamiento y/o esparcimiento de materiales de construcción en la vía pública, tanto por las plantas industriales donde se producen como por camiones de carga, oficiales y particulares, sobrecargados, que circulan con las tapas de las cajas en malas condiciones, sin los aditamentos necesarios para evitar esa contaminación ambiental por arena, arenilla, grava y asfalto.
Con ello, destaca la CNDH, se violó el derecho humano a un medio ambiente sano en agravio de quienes habitan y transitan en dichos municipios.
El 30 de enero de 2013, varias personas presentaron una queja ante la Comisión Estatal por estos hechos. Dicha instancia investigó y dirigió la citada recomendación a los munícipes.
Mientras que en Jiutepec fue aceptada sin que se dieran pruebas de cumplimiento, la presidencia de Emiliano Zapata no emitió respuesta alguna, por lo que se tuvo por rechazada de manera tácita.
Por ese motivo, uno de los promotores de la queja presentó recurso de impugnación, radicándose en la CNDH el 3 de enero de 2014.
Tras su investigación, el organismo nacional determinó que, con su omisión, ambas autoridades agraviaron a quienes habitan y transitan en dichos municipios, por la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, por lo que solicita a dichas alcaldías se instruya a los funcionarios competentes para dar cumplimiento completo y efectivo a la recomendación 048/2013-3, emitida por el organismo estatal.
En ella, el ombudsman de Morelos recomienda se ordene verificar el funcionamiento de las plantas productoras de materiales de construcción, así como los requisitos necesarios para su operación; implementar acciones idóneas para conminar a los responsables de la operación de dichas plantas y a los conductores de vehículos de carga, a prevenir el derrame de esos materiales de construcción y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan.
Asimismo, implementar y/o dar continuidad a los programas de protección civil de esos municipios, con objeto de preservar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, e imponer sanciones a los infractores a los ordenamientos legales aplicables.
Por su parte, la CNDH solicita adoptar diversas medidas de restitución y reparación, previstas en la recomendación, a fin de asegurar el goce efectivo del derecho humano a un medio ambiente sano de quienes habitan y transitan en la colonia Calera Chica y sus alrededores, así como instruir que los servidores públicos de ambos municipios cumplan en tiempo y forma las recomendaciones que se les dirigen, evitando dilaciones innecesarias que redunden en perjuicio de las personas y sus derechos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425119
En un comunicado, el organismo explicó que las alcaldías incumplieron con la recomendación 048/2013-3 que les dirigió la Comisión de Derechos Humanos de Morelos.
Ambas autoridades omitieron actuar para evitar el continuo derramamiento y/o esparcimiento de materiales de construcción en la vía pública, tanto por las plantas industriales donde se producen como por camiones de carga, oficiales y particulares, sobrecargados, que circulan con las tapas de las cajas en malas condiciones, sin los aditamentos necesarios para evitar esa contaminación ambiental por arena, arenilla, grava y asfalto.
Con ello, destaca la CNDH, se violó el derecho humano a un medio ambiente sano en agravio de quienes habitan y transitan en dichos municipios.
El 30 de enero de 2013, varias personas presentaron una queja ante la Comisión Estatal por estos hechos. Dicha instancia investigó y dirigió la citada recomendación a los munícipes.
Mientras que en Jiutepec fue aceptada sin que se dieran pruebas de cumplimiento, la presidencia de Emiliano Zapata no emitió respuesta alguna, por lo que se tuvo por rechazada de manera tácita.
Por ese motivo, uno de los promotores de la queja presentó recurso de impugnación, radicándose en la CNDH el 3 de enero de 2014.
Tras su investigación, el organismo nacional determinó que, con su omisión, ambas autoridades agraviaron a quienes habitan y transitan en dichos municipios, por la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, por lo que solicita a dichas alcaldías se instruya a los funcionarios competentes para dar cumplimiento completo y efectivo a la recomendación 048/2013-3, emitida por el organismo estatal.
En ella, el ombudsman de Morelos recomienda se ordene verificar el funcionamiento de las plantas productoras de materiales de construcción, así como los requisitos necesarios para su operación; implementar acciones idóneas para conminar a los responsables de la operación de dichas plantas y a los conductores de vehículos de carga, a prevenir el derrame de esos materiales de construcción y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan.
Asimismo, implementar y/o dar continuidad a los programas de protección civil de esos municipios, con objeto de preservar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, e imponer sanciones a los infractores a los ordenamientos legales aplicables.
Por su parte, la CNDH solicita adoptar diversas medidas de restitución y reparación, previstas en la recomendación, a fin de asegurar el goce efectivo del derecho humano a un medio ambiente sano de quienes habitan y transitan en la colonia Calera Chica y sus alrededores, así como instruir que los servidores públicos de ambos municipios cumplan en tiempo y forma las recomendaciones que se les dirigen, evitando dilaciones innecesarias que redunden en perjuicio de las personas y sus derechos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425119
En Q. Roo hay “fiebre bronca”: expriista se destapa como independiente para gobernador
CANCÚN, Q. Roo: El exsenador priista y exdirigente estatal del partido Convergencia por la Democracia, Jorge Polanco Zapata, anunció esta mañana que se postulará como candidato independiente a la gubernatura de Quintana Roo.
Polanco Zapata es el primero en oficializar una candidatura independiente a gobernador de cara a las elecciones del próximo 5 de junio, en las que se renovarán también los 11 ayuntamientos y la legislatura local.
El también exdirector local del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y exsecretario del ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), indicó que además encabezará a un grupo de ciudadanos que serán postulados como candidatos independientes a presidentes municipales y diputados locales.
“Me da mucha tristeza ver cómo están despedazando al estado, ver la deuda tan elevada e injustificada, y que estamos sujetos a una clase política sumida en la soberbia y en la banalidad”, dijo Polanco Zapata.
Sin militar en algún organismo político desde 2006, cuando se separó de Convergencia por la Democracia, partido que fundó en el estado, el expriista afirmó que pretende encabezar una alternativa para el próximo proceso electoral local.
El también exsecretario del ayuntamiento de Othón P. Blanco (Chetumal) y exdiputado local explicó que una de sus tareas prioritarias es esclarecer el destino de la deuda bancaria contraída por las dos últimas administraciones, la cual suma unos 21 mil millones de pesos y que “no se ve por ningún lado”.
Las dos únicas obras de infraestructura productiva que se han construido en el estado en los últimos años, consideró, son la ampliación del aeropuerto de Cancún y la autopista Playa del Carmen-El Tintal, aunque son privadas, precisó Polanco Zapata.
Anticipó que los candidatos a diputados independientes del movimiento que encabeza buscarán revertir las concesiones a la empresa Aguakán de los sistemas de agua potable de Cancún, Isla Mujeres y Playa del Carmen.
Uno de los principales problemas del estado, destacó, es la falta de transparencia y de rendición de cuentas.
“Vamos, con un grupo de ciudadanos que amamos a Quintana Roo, a recuperar el rumbo del estado”, dijo el exsecretario estatal de Desarrollo Social.
Aunque manifestó que será un candidato de propuesta, indicó que hay alternativas en los partidos de oposición en la entidad y que la contienda electoral hasta ahora se dirime en grupos al interior del PRI.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425106
Polanco Zapata es el primero en oficializar una candidatura independiente a gobernador de cara a las elecciones del próximo 5 de junio, en las que se renovarán también los 11 ayuntamientos y la legislatura local.
El también exdirector local del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y exsecretario del ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), indicó que además encabezará a un grupo de ciudadanos que serán postulados como candidatos independientes a presidentes municipales y diputados locales.
“Me da mucha tristeza ver cómo están despedazando al estado, ver la deuda tan elevada e injustificada, y que estamos sujetos a una clase política sumida en la soberbia y en la banalidad”, dijo Polanco Zapata.
Sin militar en algún organismo político desde 2006, cuando se separó de Convergencia por la Democracia, partido que fundó en el estado, el expriista afirmó que pretende encabezar una alternativa para el próximo proceso electoral local.
El también exsecretario del ayuntamiento de Othón P. Blanco (Chetumal) y exdiputado local explicó que una de sus tareas prioritarias es esclarecer el destino de la deuda bancaria contraída por las dos últimas administraciones, la cual suma unos 21 mil millones de pesos y que “no se ve por ningún lado”.
Las dos únicas obras de infraestructura productiva que se han construido en el estado en los últimos años, consideró, son la ampliación del aeropuerto de Cancún y la autopista Playa del Carmen-El Tintal, aunque son privadas, precisó Polanco Zapata.
Anticipó que los candidatos a diputados independientes del movimiento que encabeza buscarán revertir las concesiones a la empresa Aguakán de los sistemas de agua potable de Cancún, Isla Mujeres y Playa del Carmen.
Uno de los principales problemas del estado, destacó, es la falta de transparencia y de rendición de cuentas.
“Vamos, con un grupo de ciudadanos que amamos a Quintana Roo, a recuperar el rumbo del estado”, dijo el exsecretario estatal de Desarrollo Social.
Aunque manifestó que será un candidato de propuesta, indicó que hay alternativas en los partidos de oposición en la entidad y que la contienda electoral hasta ahora se dirime en grupos al interior del PRI.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
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domingo, 3 de enero de 2016
Presentará CDHDF propuesta sobre derecho humano al agua y al saneamiento
MÉXICO, DF: La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, informó que la institución que preside concluyó la Propuesta General 01/2015 sobre el derecho humano al agua y el saneamiento y que en los próximos días presentará el documento a los poderes legislativos local y federal, y a la sociedad en general.
En un comunicado, el organismo recordó que en febrero de 2012, el derecho humano al agua alcanzó reconocimiento constitucional al ser incorporado en el artículo 4 de la Carta Magna, en el que se establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, señalando al Estado como el responsable de garantizar este derecho.
A partir de esa fecha, desde diversas instancias se ha venido trabajando en la elaboración de propuestas legislativas en la materia. En marzo del presente año, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una iniciativa de ley que fue cuestionada por no incorporar los estándares más altos en relación al derecho humano al agua y al saneamiento, generando un amplio debate en el que especialistas, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, demandaron participar y señalaron las limitaciones de la iniciativa en cuestión.
Frente a este debate, la CDHDF, en ejercicio de su facultad para formular Propuestas Generales que contribuyan a una mejor protección de los derechos humanos, se dio a la tarea de identificar los estándares internacionales sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, emanados de los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos, para establecer un marco que guíe la adopción de medidas dirigidas al cumplimiento de las obligaciones del Estado.
En particular, se busca hacer llegar a los poderes legislativos federal y local, criterios orientadores que les permitan cumplir con su obligación de armonizar el derecho interno con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, así como evaluar las repercusiones que las iniciativas de ley y otras propuestas normativas, tienen en el disfrute de éstos, antes de su implementación.
En próximos días, la CDHDF dará a conocer la fecha de presentación de la Propuesta General 01/2015 y difundirá ampliamente el documento, para que tanto instancias de gobierno como la sociedad en general, analicen y valoren su contenido, contribuyendo de esta manera a la promoción y defensa del derecho humano al agua y al saneamiento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425116
En un comunicado, el organismo recordó que en febrero de 2012, el derecho humano al agua alcanzó reconocimiento constitucional al ser incorporado en el artículo 4 de la Carta Magna, en el que se establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, señalando al Estado como el responsable de garantizar este derecho.
A partir de esa fecha, desde diversas instancias se ha venido trabajando en la elaboración de propuestas legislativas en la materia. En marzo del presente año, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una iniciativa de ley que fue cuestionada por no incorporar los estándares más altos en relación al derecho humano al agua y al saneamiento, generando un amplio debate en el que especialistas, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, demandaron participar y señalaron las limitaciones de la iniciativa en cuestión.
Frente a este debate, la CDHDF, en ejercicio de su facultad para formular Propuestas Generales que contribuyan a una mejor protección de los derechos humanos, se dio a la tarea de identificar los estándares internacionales sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, emanados de los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos, para establecer un marco que guíe la adopción de medidas dirigidas al cumplimiento de las obligaciones del Estado.
En particular, se busca hacer llegar a los poderes legislativos federal y local, criterios orientadores que les permitan cumplir con su obligación de armonizar el derecho interno con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, así como evaluar las repercusiones que las iniciativas de ley y otras propuestas normativas, tienen en el disfrute de éstos, antes de su implementación.
En próximos días, la CDHDF dará a conocer la fecha de presentación de la Propuesta General 01/2015 y difundirá ampliamente el documento, para que tanto instancias de gobierno como la sociedad en general, analicen y valoren su contenido, contribuyendo de esta manera a la promoción y defensa del derecho humano al agua y al saneamiento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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El celular se puede bloquear en caso de robo gracias al IMEI: IFT
El código internacional de identidad que cada teléfono móvil posee, permite desactivar el dispositivo en caso de sustracción, para evitar que sea utilizado en un delito.
En caso de robo o extravío, el teléfono celular se puede desactivar para su uso posterior mediante el Sistema Internacional para la Identidad de Equipos Móviles (IMEI), destacó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
Refiere que se puede solicitar el bloqueo de la línea, del chip y del IMEI vía telefónica o en un centro de atención de la compañía contratada para el servicio, con lo que se evitará que el equipo sea reactivado o usado en actos delictivos.
El organismo regulador explica que el IMEI es el código internacional de identidad que tiene cada teléfono celular y que lo distingue de manera única.
Detalla que para obtenerlo se debe marcar *#06#, en la configuración del dispositivo y también se encuentra impreso en la parte posterior del celular.
Así, el Ifetel recomienda guardar el IMEI en un lugar seguro junto con toda la documentación del dispositivo y de la compañía telefónica.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0201/kiosko/el-celular-se-puede-bloquear-en-caso-de-robo-gracias-al-imei-ift/
En caso de robo o extravío, el teléfono celular se puede desactivar para su uso posterior mediante el Sistema Internacional para la Identidad de Equipos Móviles (IMEI), destacó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
Refiere que se puede solicitar el bloqueo de la línea, del chip y del IMEI vía telefónica o en un centro de atención de la compañía contratada para el servicio, con lo que se evitará que el equipo sea reactivado o usado en actos delictivos.
El organismo regulador explica que el IMEI es el código internacional de identidad que tiene cada teléfono celular y que lo distingue de manera única.
Detalla que para obtenerlo se debe marcar *#06#, en la configuración del dispositivo y también se encuentra impreso en la parte posterior del celular.
Así, el Ifetel recomienda guardar el IMEI en un lugar seguro junto con toda la documentación del dispositivo y de la compañía telefónica.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0201/kiosko/el-celular-se-puede-bloquear-en-caso-de-robo-gracias-al-imei-ift/
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