Las quejas y aclaraciones aumentaron 100% en los módulos de infracciones; además ciudadanos no pueden hacer válido el descuento porque las multas llegan vencidas.
El lunes 4 de enero Genaro Manzanares encontró debajo de su puerta un sobre con una infracción de tránsito. La multa era por pasarse la luz roja de un semáforo, al reverso venían dos fotografías no más grandes que la estampa de un álbum, en donde se ve un coche – que por la distancia y lo oscuro de la imagen es difícil describir – cruzando la calle.
Pero lo que más llamó la atención del señor Manzanares era que la infracción se había cometido el 11 de noviembre y la multa vencía el 30 de diciembre, es decir, cinco días antes de que siquiera la recibiera.
El retraso en la entrega le hizo imposible descargar de la página de la Secretaria de Finanzas el formato de pago, dado que la línea de captura estaba vencida, además de que lo dejó sin el derecho al descuento de 50% si la infracción se paga en el primer mes.
Otro caso fue el de José Luis Carapia, quien el 6 de enero recibió una fotomulta vencida desde el 12 de diciembre. El conductor se quejó de que en las fotografías de su sanción, por supuestamente invadir la línea de cruce peatonal, no se distingue esta situación pues la foto no es de frente ni paralela al coche, sino tomada desde varios metros detrás y opaca.
Estos son dos ejemplos de las múltiples quejas que el jueves 7 de enero llegaron al módulo de aclaraciones sobre infracciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), que ha duplicado sus actividades desde que iniciaron las fotomultas. El común denominador fue el envío de infracciones vencidas, junto con fotos en las que en algunos casos ni siquiera se distingue la placa.
Las fotomultas iniciaron operaciones en diciembre pasado, cuando el gobierno del Distrito Federal subrogó esta tarea a la empresa Autotraffic, la cual es responsable tanto de la operación de las cámaras como de la impresión y entrega de las boletas de sanción.
El subsecretario de Control de Tránsito de la SSPDF, Fernando Badillo, dijo que los retrasos que se han presentado obedecen a una saturación en el área de validación de cada imagen que hace la policía, por lo que se incrementará el personal. En cuanto a la pobre nitidez en las fotos consideró que puede deberse a deficiencias de luz o de la impresión.
Ante esta situación, la Secretaría tiene en marcha una estrategia que entre otras cosas contempla renovar el plazo de vigencia de las multas vencidas de 30 a 60 días para que la gente pueda pagar. Además, los casos en donde existe duda con las fotos son admitidos a revisión.
Para los que tengan dudas, Animal Político realizará este martes 12 de enero a las 7 pm una sesión de preguntas y respuestas en Facebook sobre el Reglamento de Tránsito, con la responsable del Nuevo Modelo de Movilidad de la ciudad, Laura Ballesteros.
Se duplican quejas
El subdirector de Infracciones de la SSPDF, Jesús Briones González, reconoció que a partir del funcionamiento pleno del nuevo mecanismo de fotomultas en noviembre del 2015, la carga de trabajo se ha duplicado en el módulo de aclaraciones de multas.
“La gran cantidad de gente que viene ahora es por lo del tema del radar y las fotomultas. Es el auge que tenemos. Andábamos entre 100 a 120 atenciones diarias de lunes a viernes, pero ahorita andamos de 200 a 220. Esto a raíz de que las fotomultas están comenzando a llegar a los domicilios” dijo en entrevista con Animal Político.
Briones explicó que los casos más comunes que están atendiendo son los relacionados con fotomultas que llegaron de forma tardía, situación que impide que pueda descargarse el formato de pago. También hay casos en donde la multa ni siquiera llegó al domicilio, así como dudas de conductores en cuanto a las fotografías, o errores de captura en las mismas.
Animal Político acudió al módulo de infracciones de la dependencia ubicado en el edificio sede de la SSPDF en la colonia Juárez y se verificó que de aproximadamente 50 personas que acudieron entre las 11am y 3pm, más de la mitad eran por quejas de retraso en las fotomultas.
“No me estoy negando a pagar los 175 pesos pero me inconformé porque me llegó antier (4 de enero) debajo de mi puerta con un talonario y resulta que mi infracción estaba vencida el 31 de diciembre y el hecho ocurrió el 19 de noviembre” dijo el señor Juan Carlos Peña, a quien le levantaron la fotomulta por invasión de la línea peatonal.
Otro caso fue el de Gerardo Bata. “No pude imprimir el formato porque la infracción me llegó vencida. Marqué a la Secretaría de Finanzas como 40 veces hasta que me dijeron que no podían hacer nada, que lo tenía que ver con la policía”.
Junto con el retraso en la multa el otro problema más común era lo oscuro o borroso de varias de las fotomultas, situación que contrasta con las fotos de los radares de velocidad en donde las imágenes son más nítidas.
“Todo sistema es perfectible Pero a mí no me queda claro que este que aparece aquí sea mi coche o que esté haciendo yo algo mal. La señorita del módulo dice que me quedé parado en la mitad (del paso peatonal) pero eso no se ve bien” dijo Agustín García.
Cabe señalar que pese al inconveniente con las imágenes la mayoría de los automovilistas que se presentaron al módulo dijeron estar de acuerdo en pagar las multas que iban de 175 a 350 pesos con el descuento del 50 por ciento, por lo que la principal molestia es que las mismas llegaran vencidas.
¿Qué se puede hacer?
La “buena noticia” para los automovilistas es que ante los problemas más comunes que se están presentando con las infracciones, la SSPDF diseñó un esquema que facilita la resolución de los casos, sin necesidad de recurrir a una impugnación en tribunales.
En el caso de las multas que están llegando tarde, basta que la gente lleve la sanción tal cual le llegó para que se haga una revisión que toma dos minutos y se habilite un nuevo periodo de 30 días de pago para la sanción. De acuerdo con el subdirector de infracciones, en un plazo de uno a tres días la gente ya puede volver a bajar su multa con el descuento incluido.
En el caso de que la multa no haya llegado al domicilio pero aparezca en la página de consulta de la policía por ejemplo, en el módulo se hace la consulta y se ordena la emisión de la boleta de sanción con un nuevo plazo de pago actualizado -descuento incluido-. Esto en un periodo de 24 horas.
Por otra parte, en las situaciones donde los conductores no están de acuerdo con lo que se ve en la foto o de plano lo que aparece no corresponde a su vehículo, en el módulo se llena un formato de revisión mediante el cual, en un periodo de cinco días se analiza en el banco de datos la información y se da una respuesta al conductor.
“Nosotros tenemos los archivos digitales y entonces hacemos los acercamientos y nos damos cuenta cual es la placa en la que tiene la infracción. En la boleta es una foto pequeña pero en el sistema es de un tamaño considerable” dijo el funcionario.
Todos los servicios mencionados son gratuitos y los conductores solo tienen que presentar en el módulo con copia de su licencia y de su tarjeta de circulación. Si la persona que va a hacer el trámite no es la propietaria del auto basta con una carta poder simple para que pueda llevarse la atención. En este link se puede conocer la dirección del módulo y otros datos.
Pese a que por momentos la cantidad de gente fue considerable, este medio verificó que la atención por persona no superó más de diez minutos y la gente se expresó satisfecha por la atención recibida. ”Yo creo que somos tantos que ya saben cómo solucionar todo” dijo el señor Juan Carlos Peña
En caso de que el conductor no quede aun conforme con una resolución de su multa, en el módulo se puede tramitar una copia certificada de la infracción y que es el requisito que se pide en el tribunal administrativo.
Un conductor de motocicleta narró que llevó al tribunal un caso hace unos meses por una multa de invasión de carril confinado. Tras dos meses el tribunal falló a su favor y se ordenó a la tesorería capitalina que se le devolviera el dinero que pagó de la infracción.
Incrementarán personal; sistema divide opiniones
Fernando Badillo, subsecretario de Tránsito, dijo que el retraso que se ha presentado en la entrega de las fotomultas obedece a un proceso de sanción que se está perfeccionando y cuya responsabilidad no recae necesariamente en Autotraffic o en Correos de México.
Es un sistema, detalló el funcionario, que por primera vez se pone en marcha en conjunción con una empresa privada y que incluye varias etapas que con específicos como por ejemplo, la validación que tiene que hacer la policía de cada una de las fotos para determinar en donde existe una infracción y en donde no.
“Esto viene del proceso y de la cantidad de captaciones (fotos). Si yo no tengo el personal suficiente para procesar se me va a retrasar la validación y por ende se me retrasa la impresión y se me retrasa la dispersión. Es un proceso muy puntual que además se nos juntó con los radares, por lo que estamos enriqueciendo con más gente el área de validación” dijo el jefe de los policías de tránsito.
En cuanto al tema de las fotografías de mala calidad en las fotomultas, Badillo dijo que puede deberse a un tema de iluminación en el área o de enfoque, o incluso a una deficiencia en a impresión, pero reiteró que todos esos casos pueden ser revisados para que los infractores no tengan dudas.
Sobre el sistema de fotomultas, los conductores que acudieron al módulo expresaron opiniones divididas. Enrique García dijo por ejemplo, que es un sistema que se aplica en varias ciudades y que además contribuye a reducir el riesgo de corrupción por lo que está de acuerdo. Otros por el contrario, expresaron una opinión negativa.
“Hay que pagar porque no queda de otra pero creo que el sistema podría ser mejor. Para la luz roja por ejemplo deberían mandar un video breve por correo o un sitio donde pudiéramos verlo. Dos fotos que apenas se ven no me dicen nada. No se me hace justo” subrayó Gerardo Bata.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/fotomultas-vencidas-y-poco-nitidas-las-quejas-de-los-conductores-se-duplican/
La sentencia del Juez ordena corregir los errores de la investigación que se sigue contra 22 de los policías acusados de cuatro de las seis muertes que tuvieron lugar a finales de septiembre de 2014, cuando los 43 normalistas desaparecieron.
La decisión de un Juez de amparo podría poner en riesgo el curso de una de las más importantes investigaciones de la historia reciente de México: la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida hace más de un año en Iguala, Guerrero.
Primero, expertos internacionales tumbaron la versión oficial del entonces Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, que aseguraba que los jóvenes fueron asesinados por sicarios del narcotráfico y quemados en un basurero de Cocula, Guerrero. También denunciaron casos de obstrucción a la justicia por parte de diversas autoridades.
Ahora es la propia justicia mexicana la que advierte de errores e inconsistencias cometidas por los primeros investigadores que se acercaron al lugar de los hechos y cuyo trabajo es la base de la mayoría de los procesos penales que se encuentran en marcha.
La sentencia del Juez, fechada a finales de 2015 pero que no había salido a la luz pública hasta ahora, ordena corregir los errores de la investigación que se sigue contra 22 de los policías acusados de cuatro de las seis muertes que tuvieron lugar a finales de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron víctimas de un ataque armado.
El fallo, al que tuvo acceso The Associated Press, dice que la Fiscalía de Guerrero “no efectuó un análisis amplio y acucioso” de los hechos y considera que los vínculos de los policías con los homicidios no están ni probados, ni fundamentados, ni motivados, por lo que exige al juez que corrija los “vicios” del caso y dé los “razonamientos lógico-jurídicos” y las pruebas que puedan sostener los cargos.
En caso contrario, los agentes podrían ser exonerados.
El documento se refiere sólo a cuatro homicidios pero abogados y analistas sostienen que su repercusión podría ir más allá porque los 22 policías amparados también están procesados, en otro expediente, por la desaparición de los 43 estudiantes y los autos de detención de la mayoría del resto de los detenidos, que son más de un centenar, los realizaron las mismas autoridades cuyo trabajo es cuestionado ahora.
La Procuraduría de Guerrero fue la encargada de consignar los hechos y evidencias de los sucesos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 y llevó toda la investigación durante 21 días.
Después, ante la conmoción internacional que tuvo el ataque y la aparición de fosas clandestinas en la zona, la PGR asumió la indagatoria de las desapariciones pero no de los homicidios, aunque desde un primer momento se apuntó a que los responsables de todos los crímenes eran los mismos policías y autoridades locales vinculadas con el crimen organizado.
Los seis asesinatos quedaron en manos de tribunales locales y fueron considerados homicidios ordinarios, incluido el de Julio César Mondragón, el estudiante de 22 años cuyo cadáver fue encontrado torturado y con el rostro desollado.
Para Sayuri Herrera, abogada de la familia de Mondragón, la sentencia es “muy preocupante” porque demuestra que todo el caso se construyó sobre “cimientos de barro” con “graves errores en la investigación” porque la consignación de hechos y evidencias “se hizo mal”.
“Casi todos los procesos en marcha podrían caerse porque casi todos fueron tramitados, al menos al principio, por las mismas personas”, dijo Herrera.
El homicidio de Mondragón es uno de los afectados por el amparo que también incluye el asesinato de Blanca Montiel, de 40 años, alcanzada por balas perdidas cuando iba en un taxi; el de David José García Evangelista, de 15 años, un futbolista que murió cuando dispararon contra el autobús de su equipo y el de Víctor Manuel Lugo Ortiz, el conductor de dicho autobús.
El documento critica, por ejemplo, que lo único que se aporte para procesar a los agentes por los homicidios sean los testimonios de supervivientes y cuestiona su validez como prueba de cargo porque los testigos hablan de ataques distintos en lugares diferentes, de los que se culpa a las mismas personas sin explicar qué hizo cada una de ellas y sin indicios que los vinculen directamente.
La Fiscalía estatal no respondió a múltiples llamadas de AP para recabar su opinión sobre la sentencia, que ahora está bajo revisión de un Juez federal.
Un investigador del caso, que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones, coincidió con Herrera al asegurar que todo está en riesgo porque la investigación federal tiene “los mismos problemas” que los señalados en esta sentencia.
El experto dudó de si los tribunales de Iguala podrán aportar las pruebas solicitadas teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron hace casi 16 meses y se cometieron errores que podrían ser irreparables.
Además, recordó que, al margen de esos problemas, en la investigación por los 43 desaparecidos hay detenidos que dicen haber sido torturados lo que, si se confirma, podría invalidar esos otros procesos.
La PGR , al ser consultada por AP, se limitó a señalar que la sentencia “no impactará” en el resto del caso porque afecta a delitos del fuero común, homicidios, y no a los delitos federales por los que están acusados los policías como el crimen organizado y el secuestro. La investigación no los sindica de desaparición forzada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleva meses insistiendo en que tanto las desapariciones como los homicidios se agrupen bajo mando federal porque eso facilitaría hacer justicia ante un ataque que ellos calificaron de “indiscriminado” y “coordinado” contra los estudiantes de Ayotzinapa.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no quiso hacer comentarios a AP sobre la sentencia, pero en septiembre, cuando publicó su informe, ya adelantaba lo que el amparo parece confirmar, que todo el caso tiene errores de base que podrían invalidarlo y mencionaba, en concreto, la confusión sobre lugares y horas de los hechos o la mezcla de pruebas balísticas.
Después de la publicación del documento, que cuestionó muy duramente al Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Ejecutivo se comprometió a atender las recomendaciones de los expertos y puso en marcha un nuevo equipo de investigación, pero casi 16 meses después del crimen todavía no se sabe totalmente qué pasó aquella noche en Iguala, por qué ocurrió, ni el destino de 43 jóvenes.
Para José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Right Watch (HRW), la sentencia de amparo es un “excelente ejemplo de la incompetencia crónica de operadores de justicia que no respetan estándares mínimos de una investigación judicial profesional”.
“Lo ocurrido demuestra una vez más que México debe cambiar radicalmente su forma de investigar delitos, haciendo énfasis en la evidencia científica u objetiva”, afirmó al ser consultado por AP.
Vivanco enfatizó que este tipo de prácticas no serán erradicadas a menos que haya consecuencias para los responsables. “Si la conducta negligente de estos funcionarios queda impune y no hay sanciones, difícilmente México podrá mostrar mejorías en derechos humanos.”
Antes de que pueda comprobarse si este amparo supone un punto de inflexión en todo el caso, se abren tres opciones, según la abogada de los Mondragón: que se ofrezcan nuevas pruebas y el juez de Iguala pueda argumentar adecuadamente cada acusación; que el magistrado exonere a los inculpados —aunque no saldrían de momento de la cárcel porque están también acusados por los 43— o que decline su competencia a favor de jueces federales.
Sayuri Herrera confió en que el juez federal que está revisando la sentencia la “acote” para minimizar las posibilidades de que los policías puedan ser exonerados y para garantizar que los abogados de las víctimas tengan tiempo suficiente para aportar nuevas pruebas.
Pero en el mejor de los casos, agregó Herrera, la situación actual “es casi como empezar de cero”. Y eso implica “más tiempo, más dinero y más desgaste para nosotros”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MARIA VERZA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-01-2016/1596526
El TPP fue impulsado por 12 países miembros, que programaron la firma del texto del acuerdo en Wellington, Nueva Zelanda, el próximo 4 de febrero.
México sería el menos beneficiado en el crecimiento de las exportaciones como efecto del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) entre los 12 países integrantes, concluyó el Banco Mundial, en su estudio sobre “Potenciales implicaciones macroeconómicas del TPP”.
De acuerdo con dicho análisis, las exportaciones de México crecerían sólo 4.7% entre el 2014 y el 2030 como resultado de la eliminación de las barreras al comercio por el TPP, muy por debajo del alza que tendría el país más favorecido, Vietnam, con 30.1 por ciento.
Otras naciones que obtendrían mayores ganancias, igualmente medidas como aumentos en sus exportaciones, son Japón (23.2%), Malasia (20.1%), Nueva Zelanda (12.8%) y Perú (10.3 por ciento).
En tanto, el resto de los países crecería un dígito en sus exportaciones: Estados Unidos (9.2%), Brunei (9%), Singapur (7.5%), Canadá (7%), Chile (5.3%) y Australia (5 por ciento).
“El impacto (positivo) podría ser considerablemente mayor en los países que enfrentan barreras elevadas al comercio, como Vietnam (10%) y Malasia (8 por ciento). Los países que exportan productos intensivos en mano de obra, con ingresos bajos y hogares de baja preparación podrían expandirse”, señaló la investigación publicada por el BM.
El análisis íntegro:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 11 ENERO 2016.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1101/mexico/mexico-menos-beneficiado-en-exportaciones-con-el-tpp-bm/
El titular de la SSP-DF, manifestó que el micrositio tiene como objetivo brindar información y transparentar algunas de las controversias que se habían presentado.
Para transparentar lo concerniente a las fotomultas, Hiram Almeida Estrada, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), dio a conocer a los medios de comunicación, el micrositio que la SSP-DF creó en su página web, para que los automovilistas y la ciudadanía en general puedan consultar por internet sus inquietudes sobre el tema.
El jefe de la policía capitalina, agradeció el trabajo realizado por el Instituto de Información del Distrito Federal (InfoDF) y la preocupación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que los ha llevado a trabajar de manera coordinada y conjunta, para la presentación del micrositio de consulta para la ciudadanía.
Hiram Almeida Estrada hizo hincapié que toda esta información ya se encuentra en línea para consulta pública sobre la transparencia y el legal actuar del gobierno de la ciudad y de la SSP-DF, para adicionalmente brindar información útil para la ciudadanía, para el cumplimiento y observancia de la norma y el entendimiento de que el cumplimiento del reglamento de tránsito abona a la disminución de riesgos y accidentes de las personas.
El reglamento de tránsito es un nuevo modelo de movilidad que armoniza a una ciudad moderna, progresista y en ese sentido lo que debemos entender todos es una cultura de la legalidad y nueva cultura vial para todos, funcional de manera más adecuada, donde circula a diario más de 5 millones y medio de vehículos.
Por su parte el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada, señaló que durante la primera reunión de trabajo en coordinación con la SSP-DF se conoció a detalle el objetivo fundamental del nuevo Reglamento de Tránsito del DF que es “reducir los índices de accidentes en esta ciudad, así como generar una cultura vial, educación vial que es muy necesaria”.
Destacó que otro de los principales fines del nuevo Reglamento de Tránsito del DF es reducir el número de accidentes, tal como ocurrió a partir de su aplicación, ya que la cifra de incidentes descendió en un 2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, de ahí la importancia de la aplicación correcta de estas normas, así como de esclarecer las dudas que tenga la ciudadanía con respecto a las fotomultas u otras medidas.
“Que la gente conozca del contenido, que la gente conozca de las multas y algo muy importante de los límites de velocidad, porque hay una constante en el sentido en el que solamente se puede circular a 40 KPH, cosa que no es cierto” afirmó el también coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea.
Por ello, celebró la creación de este micrositio informativo que “dará certeza a los ciudadanos”.
Añadió que el Distrito Federal no puede quedar ajeno a la tecnología y por eso se han implementado los modernos sistemas de radares y fotomultas para un mejor funcionamiento de la vialidad y prevención en la capital.
Por su parte el Presidente Comisionado del InfoDF Israel Hernández Guerrero, dijo que el micrositio del Reglamento de Tránsito, es un dispositivo para acercar información contundente a la ciudadanía. Asimismo resaltó que el uso de distractores como es el teléfono celular durante la conducción del vehículo ponen en peligro la vida del conductor y de los demás ciudadanos, por lo que instó a los automovilistas a respetar la nueva normatividad de tránsito.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 11 ENERO 2016.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1101/mexico/casi-un-mes-despues-gdf-explica-reglamento-de-transito-y-fotomultas-en-sitio-web/
¿Qué hacía un ejemplar de Hippopotamus amphibius lejos de África, su lugar de origen, y cerca de un pequeño poblado con aproximadamente 50 mil habitantes? El animal dejó de aparecer entre aplausos y luces en los espectáculos del circo Rudy Brothers, luego de que el pasado 8 de julio en nuestro país se prohibiera dicha práctica.
El pasado domingo 3 de enero eran poco más de las ocho de la noche cuando pobladores vieron un enorme animal que deambulaba por un camino de terracería y asfalto cerca del Rancho Dolores, ubicado en Ciudad Serdán, Puebla…
La imponente especie de color morado con tonos grisaceos, que poco después se sabría era una hipopótamo, intentó cruzar la carretera que comunica a los municipios de Santa Cruz Coyotepec y San José Guerrero, sin embargo, fue atropellada por una camioneta RAM modelo 90, lo cual le provocó la muerte.
Pero, ¿qué hacía un ejemplar de Hippopotamus amphibius lejos de África, su lugar de origen, y cerca de un pequeño poblado con aproximadamente 50 mil habitantes? El animal dejó de aparecer entre aplausos y luces en los espectáculos del circo Rudy Brothers luego de que el 8 de julio del año pasado se prohibiera dicha práctica en México y fuera comprado por la familia Navarro.
El 26 de diciembre del recién despedido 2015, la especie, “una de las más agresivas contra los seres humanos”, de acuerdo con Claudia Sánchez, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados en Animales de Zoológico, Exóticos y Silvestres A.C. (AMMVEZOO), llegó al Rancho Dolores donde habita Juan Navarro Rodríguez, Presidente Municipal de Chalchicomula de Sesma, uno de los 217 municipios que integran Puebla.
“Si es un animal de procedencia legítima, de procedencia legal, al menos debió traer un microchip o un método permanente de identificación con el que fue registrado ante la Semarnat”, dice la experta a SinEmbargo.
FUERA DE LA LEY
Apenas una semana después de llegar a su nuevo hogar, el animal de nueve años de edad salió del estanque artificial que el Edil mandó a construirle con pipas de agua que debieron llegar a la población que ha carecido del vital líquido, de acuerdo con el activista local José Bernardo Arellano.
El mamífero –que no estaba registrado legalmente– recorrió algunos metros desde allí hasta la puerta, que en un descuido del personal, quedó abierta. El hipopótamo salió y encontró la muerte.
De la persona que lo atropelló se dijo que se encuentra en buen estado de salud, pero su nombre no ha sido revelado. En ese sentido, la especialista comentó: “le han de haber dado una fortuna al conductor, si atropellas a un cerdo en la carretera y el coche queda hecho pomada, ahora si atropellas a un hipopótamo de más de una tonelada, imagínate lo que puede pasar”.
En menos de media hora el animal fue arrastrado al lugar de donde salió, su piel y su cabeza fueron llevados con un taxidermista, según constató la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en su visita al Rancho Dolores el 6 de enero, tres días después de la muerte del mamífero. Así que lo único que pudo asegurar fue la carne.
En entrevista con SinEmbargo, Ignacio Millán Tovar, subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa, señaló que el propietario del rancho sí cuenta con registro otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que lo avala como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA).
No obstante, el propietario podría hacerse acreedor a una sanción que va de los 50 a los 50 mil días de salarios mínimos, de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, ya que no cuenta con la acreditación del ejemplar, ni con un plan de manejo. Además, el área donde se encontraba confinado no presentó las medidas de seguridad y finalmente por haber dado disposición final al cadáver (piel y cabeza).
“Aparte de la sanción económica deberían obligar al Edil a comprometerse a arreglar el problema en 24 horas porque si se llega a escapar un león, ¿qué van a decir? El pago de una multa no repararía lo que el animal pudiera llegar a provocar. Todo lo quieren arreglar así y no se puede, tiene que haber leyes y sanciones”, subraya por su parte la directora de AMMVEZOO.
Cabe destacar que la UMA no está a nombre de Juan Navarro Rodríguez sino de Norma Navarro Rodríguez, hermana del Alcalde, aunque vecinos del poblado aseguran que la mujer es ama de casa y no cuenta con los recursos económicos para comprar una propiedad de este tipo y mucho menos para mantenerla.
A partir del día de la visita de la dependencia, la titular tiene cinco días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga.
Al transcurrir ese plazo, la Profepa debe emitir un emplazamiento, o sea entre el jueves y viernes próximos. Después de ello, Navarro Rodríguez contará con otros 15 días hábiles para presentar pruebas que demuestren que se ha actuado conforme a la ley. Finalmente, la dependencia revisará dichas pruebas y procederá a emitir la resolución.
Sin embargo, “alguien no está haciendo su trabajo. La intención de la Profepa no es decomisar animales porque no tiene dónde ponerlos, no hay centros de acopio, no existen como tal”, dice la especialista en vida salvaje.
ACTIVISTAS DENUNCIAN AMENAZAS Y AGRAVIOS
Por su parte, Erika Brenes Juárez, abogada y activista relacionada con el caso, acusa en entrevista que ella, su esposo Massiel Arellano y su suegro Bernardo Arellano Zeferino, han sido blanco de amenazas de muerte e intimidaciones por parte de policías municipales de Ciudad Serdán e incluso de un supuesto familiar del Edil Juan Navarro, quien responde al nombre de Francisco Rodríguez Bautista.
En su casa comenzaron a recibir mensajes anónimos, entre ellos: “Por querer ayudar al pueblo se los va a cargar la chingada”, denuncia Brenes.
El 4 de enero, un día después del accidente en el que murió la hipopótamo, Massiel Arellano fue detenido de forma arbitraria en un retén en presencia de Erika y sus dos hijos. Fue golpeado y trasladado a la comandancia de la policía municipal donde le provocaron una luxación en el hombro y le negaron atención médica para obligarlo a firmar un documento donde se comprometió a no levantar cargos.
La familia ha cuestionado en recurrentes ocasiones al gobierno de Juan Navarro, lo acusan de utilizar dinero público para pagar la nómina de empleados del rancho Dolores, de utilizar las patrullas para trasladar alimentos y bebidas para las fiestas que organiza en la propiedad, de mantener a los animales de su “improvisado” zoológico en malas condiciones, lo que ha provocado que más de una vez estos escapen, o sea que la salida del hipopótamo no fue ni la primera ni la única vez que salía alguna de las especies, de acuerdo con la activista.
Además, los inconformes hacen hincapié en que Navarro ha ordenado cortar decenas de árboles para supuestamente construir obras que deja inconclusas.
Tanto Erika Brenes como el profesor Bernardo Arellano responsabilizan al Alcalde Juan Navarro Rodríguez de cualquier atentado contra ellos o su familia.
¿CÓMO SE PUEDE SER DUEÑO DE UN HIPOPÓTAMO?
De acuerdo con el subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa, lo primero que se debe hacer es entregar el registro de la legal procedencia del animal, después se solicitará a la Semarnat o la Dirección General de Vida Silvestre de nivel central el registro como UMA del predio o instalación que maneja o manejará vida silvestre de forma confinada fuera de su hábitat natural.
Será necesario presentar un plan de manejo dependiendo de la especie, informar sobre las características en las que estarán viviendo el o los animales y las medidas de seguridad que se implementarán. Al cumplir con estas características, la Semarnat autorizará y proporcionará un número de registro con el cual será necesario informar -si es más de una especie- nacimientos, mortandades, etcétera.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-01-2016/1592964
A mediados del año pasado, habitantes de al menos 11 estados del país hicieron largas filas en las gasolineras para hacer compras de pánico debido al desabasto de combustible. La principal causa de esa crisis, aseguró Pemex, es el robo de combustibles, lo que ha provocado un incremento de importaciones del recurso energético, pérdidas millonarias e incluso accidentes mortales.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos publicada hoy por la Secretaría de Gobernación (Segob) castiga con pena de cárcel de hasta 25 años y con multas a aquellos que sin consentimiento sustraigan hidrocarburos, a aquellos que negocien con este recurso energético obtenido ilícitamente o a aquellos que ayuden en el robo. Además, los funcionarios que tengan conocimientos de estos hechos y no los informen también recibirán sanciones.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), el robo de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) representa pérdidas equivalentes a unos 40 mil millones de pesos al año. Entre 2013 y 2015, detectó 6 mil tomas clandestinas. La empresa de inteligencia estadounidense Stratfor destacó en un estudio que el robo de combustible en México es una práctica que lleva años, la diferencia es que lo que en un principio fue un crimen cometido en gran parte por individuos y grupos pequeños, en la última década se ha transformado en un negocio altamente rentable para los cárteles de la droga en busca de nuevas fuentes de ingresos.
A mediados del año pasado, habitantes de al menos 11 estados del país hicieron largas filas en las gasolineras para hacer compras de pánico debido al desabasto de combustible. La principal causa de esa crisis, aseguró Pemex, es el robo de combustibles, lo que ha provocado un incremento de importaciones del recurso energético.
Desde el 2010 a 2013, el robo de combustibles se incrementó un 398 por ciento, de acuerdo con cifras de la legisladora perredista Dolores Padierna Luna. Hace 5 años, según estudios citados por la Senadora, las tomas clandestinas eran 428 y para 2013 se registraron mil 133.
La doctora Leticia Armenta Fraire, directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, opina que el desabasto “tiene su origen en problemas de administración en la logística en todas las áreas que tienen que ver con la operación desde la refinación hasta la distribución”.
PENAS DE HASTA 25 AÑOS
Quien sin consentimiento sustraiga o aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos recibirá penas de 15 a 25 años de prisión y multa de 15 mil a 25 mil días de salario mínimo, de acuerdo con la ley dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación.
Además, todo aquel que compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice, negocie, resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre, oculte, altere o adultere hidrocarburos sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley será sancionado con dos a cuatro años de prisión y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo, cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros; y prisión de cuatro a ocho años y el pago de cuatro mil a ocho mil días, cuando la cantidad sea mayor de 300 a mil litros.
Cuando la cantidad de hidrocarburo sea mayor a mil, pero menor de dos mil litros, se impondrán de ocho a 12 años de prisión y multa de ocho mil a 12 mil días; y cuando sea igual o mayor a dos mil, la pena será de 10 a 15 años de cárcel y el pago de 10 mil a 15 mil días de salario mínimo.
Asimismo, a quien auxilie, facilite o preste ayuda, por cualquier medio para la realización de las conductas antes descritas se impondrá hasta tres cuartas partes de las penas correspondientes.
También se sancionará de cinco a 10 años de prisión y multa de cinco mil a 10 mil días de salario mínimo al que invada las áreas de exclusión a bordo de una embarcación y que utilice bandera o matrícula apócrifa simulando su propiedad a favor de algún asignatario, contratista, permisionario, distribuidor o naviero.
Así como a quien sustraiga sin derecho y sin consentimiento bienes muebles afectos y característicos para la operación de la industria petrolera, se sancionará hasta con tres años de prisión y multa de hasta 150 días de salario mínimo cuando el valor de lo robado no exceda de 100 veces el salario.
Si es mayor de 100 veces el salario pero no de 500, se le darán de tres a seis años de prisión y multa de 150 hasta 270 días de salario mínimo; y si excede de 500 veces, deberá pasar de seis a 15 años de cárcel y pagar de 270 hasta 750 días.
Los funcionarios que tengan conocimientos de estos hechos y no los informen recibirán de uno a cinco años de prisión y multa de cuatro mil a siete mil días; y los dueños de terrenos donde haya derivaciones clandestinas, pasarán de cuatro a seis años en la cárcel y deberán pagar de cuatro mil a seis mil días.
Por ahora la ley que castiga el robo de hidrocarburos establece las multas en días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, pero ante su desindexación reciente, deberán adecuarse a la unidad de medida y actualización equivalente que se prevea en el sistema penal.
GASOLINAS
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos expone que se impondrá de tres a seis años de prisión y multa de tres mil a seis mil días a quien enajene o suministre gasolinas, diésel, gas licuado de petróleo o gas natural con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior.
Mientras que se impondrán penas de 10 a 18 años de prisión y multa de 10 mil a 18 mil días a quien altere los sistemas de medición, permita o realice el intercambio o sustitución de otras sustancias por hidrocarburos, realice cualquier sustracción o alteración de ductos, equipos, instalaciones o activos de la industria petrolera.
Además, se impondrá cárcel de 15 a 25 años y multa de 15 mil a 25 mil días a quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada en esta ley.
Así como de ocho a 12 años de prisión y multa de ocho mil a 12 mil días de salario mínimo a quien obligue o intimide mediante cualquier tipo de violencia a quien preste sus servicios o realice cualquier actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, a fin de realizar cualquier ilícito antes mencionado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-01-2016/1596364
El Fondo de Aportaciones para a Infraestructura Social (FAIS), una herramienta manejada por la Secretaría de Desarrollo Social, y que tiene como mandato principal el combate a la pobreza extrema tiene lentos avances en los estados que concentran al mayor número de mexicanos en esa condición.
A cada estado del país se le destina cada año cierta cantidad de dinero –como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)– para financiar obras que beneficien directamente a la población que vive en pobreza extrema, pero para el último periodo de 2015, los 10 estados con los mayores índices de pobreza guardan aún, el 25.2 por ciento de esos recursos, que son alrededor de 3 mil 802 millones 184 mil 276 pesos.
Aunque el FAIS es manejado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), recibe su presupuesto directamente del paquete presupuestal, con recursos federales equivalentes al 2.5294 por ciento de la recaudación federal participable, del cual el 0.3066 por ciento corresponde al Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el 2.2228 por ciento al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
El primero debe ser utilizado para obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten los mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. Mientras que el FISMDF es destinado obras de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura. Todo esto, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones que quedó establecido en los Lineamientos del Fondo, que son emitidos por la Sedesol.
Los informes trimestrales de los estados que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) concentran el mayor número de personas en condiciones de pobreza, muestran una tendencia en el tipo de obras realizadas, la mayoría relacionadas con el mejoramiento del sistema de agua potable. Sin embargo, las entidades también han optado por huertos comunitarios o la construcción de cuartos de 4 por 4 metros cuadrados. Ese dinero también se ha utilizado para la compra de software para dependencias, para remodelar algunas cabeceras municipales o para pagar “salarios”.
Cada trimestre, algunos estados han optado por mostrar hasta casi 900 proyectos que ya cuentan con una asignación de presupuesto, pero de los que no se ha ejercido ninguno y son menos aquellos que están concluidos al 100 por ciento.
Al tercer trimestre, el Estado de México, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Guerrero y Sonora han utilizado el 74.8 por ciento del FAIS; algunos han hecho uso de hasta el 60 por ciento, pero otros, apenas del 7.7.
En números, los estados con más pobres concentran un sobrante de 3 mil 802 millones 184 mil 276 pesos para gastar en tres meses. En tanto, el presupuesto federal para 2016, ya contempla la repartición de otros 61 mil 501 millones 495 mil 945 pesos.
Seis de estas entidades concentran el 45 por ciento del número de pobres en el país, –Estado de México, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guanajuato– y en dos años incrementaron sus cifras de población en esas condiciones entre 2012 y 2014, para generar, en conjunto, 24 millones 919 mil 739 nuevos pobres de 55.3 millones que hay actualmente en México.
EL DINERO, LOS ESTADOS Y EL USO
El Estado de México, la entidad con el mayor número de pobres del país, recibió 459 millones 389 mil 567 pesos, de los cuales sólo han utilizado 35 millones 481 mil 894 pesos, el 7.7 por ciento.
Al tercer trimestre ejerció sólo 9 millones 923 mil pesos en siete obras, de las cuales no todas están concluidas al concluir el tercer trimestre del año, por ejemplo, para la construcción de drenaje en la calle que limita a los municipios de Tepetlixpa y Ozumba, para la que se ocupó 1 millón 80 mil pesos, se menciona también la construcción de una línea de agua potable con 23 mil 586 pesos y la obra ya está marcada con un avance del 100 por ciento.
Las cifras también son dispares, para la construcción de un drenaje sanitario se destino 1 millón 6 mil pesos, mientras que para la construcción de cuartos dormitorios se destinaron 4 millones 737 mil 474 pesos.
En lo que respecta al segundo trimestre, se destinó dinero a tres proyectos, de los cuales ninguno tiene un avance del 100 por ciento. Está la rehabilitación de la carretera Donato Guerra a la de San Juan Xoconusco, a la que se destinaron 23 millones 74 mil 165 pesos, el 5 por ciento del presupuesto anual, pero que sólo tiene un avance de 1 por ciento.
Se planearon dos obras para una cabecera municipal, del que se desconoce la localidad, por 592 mil 266 pesos y 321 mil 946 pesos, esto para pavimentar un acceso y construir una línea de agua potable. Las obras tienen 1 y 50 por ciento de avance.
Para el Primer Trimestre, de cuatro obras para las que se programó un gasto, sólo en dos se ejerció y son una construcción de piso firme por 702 mil 814 pesos y la construcción de 30 cuartos dormitorios-hogares con 867 mil 194 pesos.
En el caso de Veracruz, se ha ejercido el 14 por ciento de 728 millones 834 mil 316 pesos que recibió a inicios de 2015.
El informe de los recursos del segundo trimestre –ya que se carece de información de la primera parte del año–, se presenta un monto ejercido de 14 millones 786 mil 400 pesos, el 2 por ciento del presupuesto anual, en sólo dos obra, una de Huertos comunitarios en zonas serranas y población indígena, que ocupó 7 millones 296 mil pesos y que tiene un avance de 0.13 por ciento.
La segunda es otro programa de huertos comunitarios en territorios productivos y para lo que se destinó 7 millones 490 mil 400 pesos, pero no tiene ningún grado de avance.
Para el tercer trimestre se informó del ejercicio de 89 millones 641 mil 973 pesos, esta vez para seis obras de 10 planeadas, aunque sólo dos muestran avance. Una del 100 por ciento y la otra de 30, para la Construcción y mejoramiento de techos en zonas de atención prioritaria y la Construcción de una carpeta de concreto hidráulico, respectivamente.
De los que no se ha avanzado, pero de los que ya se tiene presupuesto ejercido, son para la construcción de sanitarios secos en zonas de atención prioritaria (23 millones 389 mil 334 pesos); Construcción de pisos firmes (14 millones 549 mil 539 pesos); Huertos comunitarios en zonas serranas y población indígena (7 millones 330 mil 624 pesos) y Huertos comunitarios en territorios productivos (7 millones 490 mil 400 pesos.
En Michoacán se han utilizado 44 millones de casi 287 que recibió, alrededor del 15 por ciento. Para el primer trimestre, concluyó tres obras con sólo el 0.7 por ciento del presupuesto: la construcción de una plaza en su primera etapa (133 mil 309 pesos), una red de drenaje y concreto (100 mil pesos) y la pavimentación de la carretera El Rincón de San Francisco (1 millón 236 mil 750 pesos).
Para el segundo trimestre se planearon 115 obras, de las cuales 53 están en proceso o concluidas.
Las obras van desde drenajes, construcción de 33 y 22 cuartos de 4 por 4 metros cuadrados, drenajes sanitarios, construcción y mejoramiento en cabeceras municipales, construcción de comedores escolares, construcción de techos de lámina, construcción de letrinas, rehabilitación de caminos, de escuelas, construcción de bardas y supervisión de caminos. Sólo 20 obras ya están concluidas.
En lo que respecta al tercer trimestre, sólo cuatro obras se han concluido de 15 que tienen presupuesto de 20 millones 307 mil 191 pesos. Las obras siguen la misma tendencia: pavimentaciones, alumbrado, construcción de caminos, de muros, de red de agua potable y drenajes.
En Oaxaca se ha hecho uso del 9.4 por ciento del presupuesto; 65 millones 290 mil 805 pesos de 690 millones 191 mil 481 pesos disponibles.
Para el primer trimestre se ejercieron 4 millones 709 mil 331 pesos, para 10 obras que se concluyeron: rehabilitación de caminos y para la construcción de drenaje pluvial.
Para el segundo trimestre sólo se hizo uso del 1.5 por ciento, adicional al 0.7 por ciento del primero para 25 obras de comedores comunitarios, rehabilitación de sistema de drenaje, construcción de aulas didácticas, ampliación de la red eléctrica, techado de escuela, ampliación del sistema de alcantarillado y alumbrado en una calle principal.
Para el tercer trimestre, de 858 proyectos sólo como la construcción de un tanque de agua potable, de techumbre para una escuela y el resto, alrededor de 400, para el equipamiento de estufas ecológicas y la construcción de cuartos dormitorios.
De esos proyectos sólo se iniciaron 61, de los cuales no todos se concluyeron y representan el 7.2 por ciento del dinero disponible.
Oaxaca es uno de los estados que más dinero recibió para este fondo, mil 230 millones 662 mil 691 pesos.
Chiapas es el estado que más dinero recibió, mil 230 millones 622 mil 691 pesos, de los cuales sólo ha utilizado el 34.7 por ciento. En el primero trimestre ejerció el 15.1 por ciento, en el segundo el 5.8 por ciento y para el tercero, 13.9 por ciento.
Para la primera parte del año se propusieron 276 proyectos, de los cuales prosperaron 150 con diferentes estados de avance.
Los programas van desde la ampliación de la red de distribución eléctrica, del sistema de agua potable, del sistema de alcantarillado, construcción de caminos, rehabilitación del sistema de agua potable, construcción y equipamiento de un hospital, de un centro de salud y la elaboración de estudios para proyectos ejecutivos.
Después vinieron 88 proyectos más, de los que sólo se concluyeron dos, el de la rehabilitación de un camino rural en el tramos Alan Sacjun-Hicbatil y también la rehabilitación del tramo Jol Hicbatil, Jol Sacun.
Para el tercer trimestre, sólo se muestran concluidos ocho, que son, en su mayoría, para la construcción de un sistema de agua potable.
Para la ampliación de la Red de energía eléctrica se destinaron 14 millones 906 mil 782 pesos, pero de la obra no se reportó ningún avance.
Lo mismo pasó con la inversión de 504 millones 78 mil pesos para el Programa de Infraestructura para abatir el rezago social y la pobreza extrema, sin embargo no muestra ningún grado de avance en su implementación.
Guanajuato, a inicios de 2015 usó el 0.02 por ciento del fondo para realizar dos proyectos; uno para la construcción de la red de agua potable en la colonia Mineral de La Joya de la que se reportó un gasto de cero pesos y para un cuarto dormitorio de 62 mil 730 pesos para beneficiar a una población de 10 personas.
Para el segundo trimestre hizo uso del 5.8 por ciento para concluir dos y tener uno más en 80 por ciento y otro en 60 por ciento. Estos son para la rehabilitación de la red de agua potable, del camino de San José de Guanajuato, del de Purísima-Guanajual, y el de San José El Nuevo.
Para el tercer trimestre se plantearon 230 proyectos, de los cuales se iniciaron 119 y se concluyeron cinco, pero que conforman el 26.1 por ciento de 263 millones 418 mil 664 pesos.
Puebla ejerció cero pesos durante el primer trimestre con ocho proyectos con los que se planeaba beneficiar a 38 mil 549 personas. Para el segundo el aumento fue mínimo, ejerció el 0.7 por ciento, que le alcanzó para concluir 14 obras como ampliación de redes de electrificación y del sistema de alcantarillado.
En cambio con el tercer periodo el dinero ejercido alcanzó el 17.1 por ciento del presupuesto –de 517 millones 475 mil 950 pesos–, con lo que se avanzó en 20 proyectos, todos de ampliación de la red de electrificación y de ampliación del sistema de agua potable.
Jalisco, al igual que Puebla, fue creciendo en sus gastos. Inició con un 1 por ciento para el primer trimestre, con obras de apoyo a infraestructura, construcción de bardas, de una fosa séptica, empedrado ecológico en calle privada, perforación de pozo, electrificación y un techo para una escuela.
Para el segundo trimestre se realizaron 52 proyectos con sólo el 3.8 por ciento del presupuesto y para el tercero alcanzó el 7.4 por ciento para 49 proyectos iniciados.
A estas alturas del año sólo ha hecho uso del 12 por ciento de un presupuesto total de 173 millones 829 mil 580 pesos.
Guerrero es el estado que más ha utilizado el dinero del FAIS, de 614 millones 369 mil 172 pesos ha gastado 384 millones 53 mil 427 pesos, es decir, el 62 por ciento.
Empezó con un avance del 0.1 por ciento, ya que de 109 proyectos sólo concluyó un construcción para el sistema de agua potable para la localidad de Xochitla, en el municipio de Arcelia, por 556 mil 371 pesos.
Después, se hizo uso de 95 millones 255 mil 527 pesos, el 15.5 por ciento del presupuesto total, para 30 proyectos como la rehabilitación de la planta potabilizadora también de Arcelia, para la construcción de drenaje pluvial, de un sistema de agua potable y comedores comunitarios.
Finalmente, para el tercer trimestre dio un salto a los 288 millones 241 mil 529 pesos ejercidos para 123 obras, de las que concluyó 41.
Sonora, el estado número 10 en el índice de pobreza, no entregó información sobre sus actividades del primer trimestre y para el segundo mostró sólo dos proyectos en los que informó de un avance de 38 y 50 por ciento, uno de techo firme para la colonia Pesquería por 26 mil 847 pesos y otro de Conservación de vialidades de terracería, por 467 mil 600 pesos.
Para el tercer trimestre se anunció un ejercicio de 16 millones 462 mil 119 pesos que cubrirían 25 proyectos, sin embargo el informe marca ceros en el gasto ejercido.
Todas las obras eran para la construcción de baños con descarga y biodigestor.
Tuvo para los últimos tres meses de 2015, 51 millones 718 mil 221 pesos, ya que los proyectos ejercidos sólo le han costado el 12 por ciento del dinero recibido.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-01-2016/1591778
México, DF. Después de enfrentarse a empujones con elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, trabajadores jubilados de Mexicana de Aviación e integrantes del Barzón Popular recuperaron el espacio donde por más de dos años y medio instalaron un plantón.
Minutos antes, los trabajadores en retiro sostuvieron un diálogo con el director de la terminal aérea Alexandro Argudín Le Roy, quien les dijo que la madrugada de este martes su compañera Cecilia Beltrán le había entregado de manera oficial, a través de un acta, los mostradores de Mexicana donde había casas de campaña y la cafetería que colocaron desde marzo del año pasado.
Esto ocasionó molestia entre los jubilados quienes le reviraron que una sola trabajadora no representa a más de 700 en retiro. “Este espacio es de todos los trabajadores y jubilados de Mexicana de Aviación. No es de Cecilia Beltrán. Ella traicionó al movimiento, usted ordenó que nos desalojaran”,dijeron Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Trabajadores Jubilados y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam) y Crescencio Morales, líder del Barzón popular.
El director del aeropuerto respondió que ellos no los desalojaron. Insistió que su compañera Cecilia Beltrán, quien desde julio de 2013 se instaló en el plantón, fue quien acudió a sus oficinas y ahí firmaron el documento de entrega.
Entonces los manifestantes agregaron que como las autoridades no los habían desalojado de inmediato corrieron hacia los mostradores de Mexicana, los cuales ya no tienen los logotipos ni las letras de la aerolínea, ya que durante la madrugada trabajadores de la terminal aérea los retiraron.
Al llegar al lugar rompieron la fila conformada por policías de la SSP-DF. De inmediato comenzó la trifulca; detrás de ellos llegó Argudín Le Roy, quien pidió dialogar con los presidentes de la Ajteam y el Barzón popular, pero ante los empujones y los gritos fue imposible. Acto seguido Le Roy les pidió a los elementos de seguridad que se retiraran.
Sin embargo, los jubilados no descartan que sean retirados por las policías capitalina y federal.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CÉSAR ARELLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/12/jubilados-de-mexicana-reinstalan-planton-en-el-aicm-9469.html
"Una vez desahogada la parte probatoria del procedimiento de extradición, los jueces emitirán una opinión jurídica y posteriormente se turnarán los expedientes" a la SRE, para que emita los acuerdos correspondientes, indicó la Procuraduría.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, se ejecutaron el domingo dos órdenes de detención formal con fines de extradición emitidas contra Joaquín Guzmán Loera.
Con en este proceso, en el que participaron integrantes de Interpol México adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, se notificó a la autoridad jurisdiccional correspondiente y comenzó de manera formal al procedimiento de ejecución de esas órdenes.
Una vez desahogada la parte probatoria del procedimiento de extradición, los jueces emitirán una opinión jurídica y posteriormente se turnarán los expedientes a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que esa dependencia emita los acuerdos correspondientes.
En un comunicado la PGR hizo notar que el reclamado tiene la posibilidad de recurrir al juicio de amparo, contra los acuerdos que emita la cancillería.
La Procuraduría General de la República mantendrá una estricta vigilancia de los procedimientos y será respetuosa de las determinaciones de las autoridades correspondientes, señaló en su texto.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 11 ENERO 2016.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1101/mexico/inicio-formalmente-procedimiento-de-extradicion-de-el-chapo-pgr/
En la reunión que sostendrán el próximo jueves con la Procuradora de la República Arely Gómez González, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 16 meses, le exigirán una sola cosa: encontrar a sus hijos ya, así como encontraron al narcotraficante más buscado Joaquín Guzmán Loera.
Después de que las autoridades mexicanas dieron con el paradero del narcotraficante más buscado del mundo Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, le exigen al Gobierno federal que encuentre a sus hijos lo más pronto posible.
En entrevista con SinEmbargo, el sentir de algunos papás es el mismo: si pueden encontrar a un delincuente que escapó de una prisión de máxima seguridad por culpa del Gobierno federal, deben dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos desde hace 16 meses en Iguala, Guerrero.
Esa será la principal exigencia que le harán el próximo jueves a Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), quien les dará los avances prometidos sobre la investigación.
“Para nosotros no es importante ‘El Chapo’, para nosotros son importantes los 43 hijos. Eso es lo más importante. Si tuvieron tanto dinero y tanto empeño para encontrar a una persona que ellos mismos dejaron escapar, para nosotros es importantísimo que ese presupuesto se tenga para los 43 alumnos y para los miles de desaparecidos en el país que también esperan justicia”, dijo Mario César González, padre del normalista César Manuel González.
Los familiares ya no se conforman con avances. Después de la captura del capo, el gobierno mexicano debe resolver el caso de los 43 expresó Mario César.
Para el padre de César Manuel, la reaprehensión del capo más buscado es una cortina de humo. Eso lo aprendió desde que busca a su hijo sin descanso, indicó.
“Me he dado cuenta en la búsqueda de mi hijo, que esto no es otra cosa que una cortina de humo para tapar el precio del dólar y todo lo que está ocurriendo. ‘El Chapo’ es un personaje que yo ni conozco, ni sé si en verdad es el narco más grande del mundo. No tenemos la menor idea de quién sea este personaje. El Gobierno brinca de gusto porque lo agarraron pero, ¿y los 43 dónde están?”, cuestionó.
Mario César agregó que para la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán se gastaron recursos del erario, para corregir un “error que ellos cometieron”.
El padre del normalista desparecido dijo que a los 43 jóvenes no los encuentran por una cuestión política y se refirió al poder que ostenta el General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“No los encuentran por el costo político que pueda tener. No sabemos hasta dónde esté embarrado el Gobierno Federal. No sabemos qué tanto poder tiene el Ejército y ese General Cienfuegos. ¿Cómo es posible que no los encuentren? ¿Hasta dónde llega el poder de este tipo?”, preguntó.
Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los padres, dijo que en la reunión participarán el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que participan en un segundo mandato en la investigación del caso como coadyuvantes.
Los expertos dijeron el 7 de diciembre del año pasado que su meta principal durante el segundo periodo de seis meses de su mandato en el caso Ayotzinapa, dar con el paradero de los jóvenes.
A la fecha hay nuevos hallazgos y evidencia que se encuentra en análisis. Hay nuevos lugares en donde, a solicitud del GIEI, acudirán las autoridades a realizar búsquedas.
El GIEI también enfatizó en la necesidad de estar presentes en la ampliación de declaración de los militares del 27 Batallón, en Iguala y destacó la necesidad de que se amplíen las declaraciones, pues lo que hay en el expediente no es suficiente para aclarar la participación e información que los militares poseen sobre lo sucedido esa noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre.
Los militares estuvieron en al menos cuatro de los escenarios estudiados por los expertos la noche de la desaparición.
Felipe de la Cruz, el vocero de los padres, dijo a SinEmbargo que le pedirán a la Procuradora Arely Gómez que acelere la búsqueda de los 43 para que den con su paradero antes de que se concluya el mandato de los expertos.
“El Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong] nos dijo que les habían dado sólo seis meses más a los expertos, porque estaban seguros que los iban a encontrar antes. Esperamos que sea así, porque ya son 16 meses de búsqueda”, dijo.
De la Cruz detalló que los familiares de los estudiantes aún conservan la esperanza de encontrarlos vivos, debido a que la “verdad histórica” que construyó el ex Procurador de la República Jesús Murillo Karam se vino abajo.
EL PAPA COMO MEDIADOR
Los padres de los 43 normalistas esperan poder reunirse con el Papa Francisco durante su visita a México que inicia el 12 de febrero.
De acuerdo con ellos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), es el que se encargará de buscar la posibilidad del encuentro con el Pontífice.
Aún no hay respuesta para la solicitud de conversar con el pontífice sobre los 43 desaparecidos.
En caso de encontrarse con él, dijo Bernardo Campos Santos, padre del normalista desparecido José Ángel Campos Cantó, originario de Tixtla, le pedirán dos cosas:
“Que interceda primero ante Dios” y después ante el gobierno que encabeza el priista Enrique Peña Nieto para que acelere la búsqueda de sus hijos.
“Sería como una confesión para pedirle, que nos apoye, primero con Dios, luego con las autoridades. Que interceda con el gobierno para que busquen lo más que se pueda”, dijo.
El domingo en conferencia de prensa, representantes de la Iglesia Católica dijeron que la visita del Papa Francisco no es política, sino pastoral.
Chirstophe Pierre, nuncio Apostólico en México, dijo que “viene a encontrar a los católicos, el Papa no viene hacer una visita política, es pastoral”, dijo.
También adelantaron que el Papa realizará dos eventos multitudinarios, uno en Ecatepec y otro en Ciudad Juárez. En este último tocará el tema migratorio y hablará con víctimas de diversos tipo de violencia.
Bernardo coincidió con Mario César: “Nosotros sinceramente pensamos que ‘El Chapo’, él nomás se sale y ya está otra vez detenido, ¿por qué no hay nada de nuestros hijos? Yo no sé qué es lo que saben ellos. Eso pienso yo como padre de familia”.
A la Procuradora Arely Gómez, el padre de José Ángel le exigirá resultados.
“Le queremos preguntar, ¿por qué a él [El Chapo] lo hallan rápido y a los 43 no pueden dar con ellos? Nosotros ya tenemos mucho tiempo preocupados, sufriendo, con mucho dolor”.
La reunión con la Procuradora Arely Gómez será a las 14:00 horas el jueves 14 de enero. Los padres de los jóvenes saldrán de Guerrero a las seis de la mañana. Después de escuchar los avances en la investigación, saldrán en dos caravanas para solicitar el apoyo de la población para la búsqueda de los estudiantes: una saldrá al Norte y otra al Sur del país. Aún están por confirmarse las rutas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-01-2016/1595824
