Washington: La extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán a Estados Unidos es la “mejor opción” para erradicar su emporio de droga, concluyó el periódico estadunidense The New York Times. En su editorial “Extraditen a El Chapo Guzmán” el diario advierte que, a pesar de haber sido recapturado, existe la posibilidad latente de que el capo vuelva a escaparse, tomando en cuenta su historial. Las autoridades mexicanas “deben hacer todo lo necesario para garantizar que la fuga del año pasado será la última” apunta el periódico en su editorial. “Se entiende que muchos mexicanos quieran que Guzmán pague por sus crímenes en México, pero un proceso judicial en Estados Unidos se considera más seguro para sacarlo del negocio y enviar un fuerte mensaje a todos aquellos que inevitablemente llenarán sus zapatos”, recomienda el diario estadunidense. La editorial resalta el cambio de posición del gobierno de Enrique Peña Nieto respecto a la eventual extradición de “El Chapo” a los Estados Unidos; recuerda que en febrero de 2014, cuando el capo fue arrestado por segunda ocasión, el entonces procurador Jesús Murillo Karam se burló de la posibilidad de la extradición, ironizando que podría ocurrir sólo después de 300 años. “Humillados por su segunda fuga (del Chapo) en julio (de 2015), después de su recaptura funcionarios mexicanos rápidamente pareciera que cambiaron de opinión (…) el gobierno de México indicó que había comenzado el proceso de extradición para enviar a Guzmán a los Estados Unidos. Esa es la decisión correcta”, indica el editorial. Guzmán Loera está acusado de lavado de dinero, narcotráfico, organización delictiva y homicidio en varios estados de la Unión Americana. The New York Times acota que el Cártel de Sinaloa, bajo el comando de “El Chapo”, silenció a periodistas, “algunas veces con plomo”; corrompió a funcionarios y transformó en un campo de batalla la frontera norte de México. El proceso judicial de jefes del narcotráfico internacional por medio de la extradición, de acuerdo con el New York Times, ha sido el mejor mecanismo para desmantelar a las grandes organizaciones del crimen organizado, en Colombia y otros países latinoamericanos. “En América Latina la decisión de extraditar a personajes de alto perfil son políticamente difíciles, en parte, porque regularmente representan la aceptación de la debilidad institucional”, se lee en la editorial. El inicio de los procedimientos de la extradición de Guzmán Loera a Estados Unidos no necesariamente implica que el líder del Cártel de Sinaloa comparecerá de inmediato ante la justicia estadunidense, explica el diario, debido a que el líder criminal tiene derecho a interponer amparos. “Aunque Guzmán tiene derecho al debido proceso, las autoridades mexicanas deben moverse lo antes posible, reconociendo las habilidades de Guzmán para corromper instituciones judiciales y para huir de prisiones que se consideran como las más seguras del país”, establece el editorial de The New York Times. La semana pasada, el mismo periódico criticó duramente al gobierno de Peña Nieto por su falta de rendición de cuentas ante los escándalos de corrupción en su gobierno, así como por la fuga de “El Chapo” y el conflicto de interés de la “Casa Blanca”.
No obstante, en esta ocasión el diario destaca que el presidente mexicano merece el reconocimiento “por haber endosado la extradición” del capo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: J.JESÚS ESQUIVEL. FECHA: 12 ENERO 2016. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425907
Obtuvo suspensiones de plano contra malos tratos y actos de incomunicación. Juez gira oficios a la PGR y a la cancillería para solicitar informes sobre las quejas del narcotraficante.
En los cuatro días recientes, tres jueces federales han concedido suspensiones de plano a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, las cuales impiden, por el momento, cualquier acto del gobierno encaminado a extraditar al líder del cártel de Sinaloa, quien es requerido por el gobierno de Estados Unidos. Funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) informaron que desde el viernes pasado que fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, dos juezas federales ordenaron suspender los posibles malos tratos, actos de incomunicación y la deportación inmediata a Estados Unidos sin un procedimiento legal de por medio, según registros oficiales. Ayer un tercer juez federal concedió una suspension similar, añadieron las fuentes consultadas. Entre el sábado y el lunes pasado, los juzgados segundo de distrito en materia administrativa y noveno en amparo penal, ambos en la ciudad de México, concedieron suspensiones a Guzmán Loera, como parte de demandas de garantías que fueron presentadas horas después de su recaptura.
La Ley de Amparo ordena a los jueces conceder de oficio y de inmediato la suspensión de plano cuando el quejoso alega actos como destierro, deportación o malos tratos. La juez Paula García Villegas, titular de un juzgado administrativo, concedió a El Chapo Guzmán la suspensión de plano contra actos de incomunicación, tormentos, desaparición forzada y tratar de deportarlo o extraditarlo a los Estados Unidos sin un procedimiento jurídico. Después de otorgar la suspensión, la juez se declaró legalmente incompetente y turnó el expediente a la juez María Catalina de la Rosa Ortega, titular de un juzgado penal. En una segunda solicitud de amparo contra los mismos actos, la juez Ortega otorgó una nueva suspensión al capo para los mismos efectos que la primera. De inmediato la juez giró oficios a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para recabar informes sobre los actos de los que se queja el sinaloense. Además, solicitó la colaboración de un juzgado federal de Toluca para exhibirle las demandas de amparo en favor de Guzmán Loera, que ya las ratificó.
El gobernador promueve en medios de comunicación y espectaculares los logros de su tercer año de gestión pero no ha reportado al Congreso el estado que guarda la entidad; el plazo constitucional para hacerlo venció el 3 de enero pasado.
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, presentó este miércoles 13 de enero su Tercer Informe de Gobierno ante el Congreso de Chiapas, pero lo hizo diez días después del plazo legal que estipula la Constitución del estado para hacerlo. La Constitución de Chiapas indica en el artículo 28 que el gobernador debe informar por escrito, dentro de los 95 días siguientes a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso del Estado, la situación que guarda la administración pública estatal. La LXVI Legislatura estatal se instaló el pasado 1 de octubre de 2015. Los 95 días que Velasco tuvo para entregar su Tercer Informe de Gobierno se cumplieron el pasado 3 de enero. Hasta este martes, el equipo de comunicación social dijo a Animal Político no tener una fecha para la entrega del Informe y sólo informaron que se daría a conocer “de manera oportuna”. En el sitio web del gobierno del Estado había promocionales en los que el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía invitan a la población a “estar pendiente de la transmisión del mensaje que ofrecerá el Lic. Manuel Velasco, gobernador del Estado de Chiapas, con motivo de su 3er Informe de Gobierno”, sin que se precisara una fecha.
Este miércoles, a través de las redes sociales del gobernador se informó sobre la presentación del informe.
Cumpliendo el mandato Constitucional, en unos momentos entregaré al @CongresoChis mi Tercer Informe de Gobierno. Síguelo en @RadioyTvChiapas
El gobierno de Chiapas tampoco respondió a Animal Político qué motivó a Velasco a retrasar su Tercer Informe. En los años anteriores lo entregó y dio un mensaje en los primeros 20 días de diciembre. Sin embargo, el gobierno inició la promoción de los logros de su gestión en medios de comunicación y en espectaculares. También existe un sitio web dedicado al Tercer Informe (http://informe.chiapas.gob.mx/) en el que sólo hay imágenes con el gobernador sonriente, siempre al centro de la fotografía, presumiendo su tercer año de gestión, pero que hasta el mediodía de este miércoles no contiene el informe presentado al Congreso. Las imágenes que sustituyeron al Informe escrito que por ley Velasco debió entregar el pasado 3 de enero son sobre cuatro ejes de gobierno: desarrollo, crecimiento, medio ambiente y bienestar. La Constitución chiapaneca cita que el Congreso debe recibir el informe por escrito y analizarlo en sesiones posteriores. También indica que como parte del Informe de Gobierno “el Ejecutivo deberá informar en cada Región lo referente a los asuntos de competencia de la misma, a fin de que su análisis sea específico”. Los informes de Gobierno de Chiapas deben incluir apartados específicos sobre cada una de las 15 regiones de la entidad que son: Metropolitana, Valles Zoque, Mezcalapa, De Los Llanos, Altos Tsotsil-Tseltal, Frailesca, De los Bosques, Norte, Istmo-Costa, Soconusco, Sierra Mariscal, Sierra Lacandona, Maya, Tulijá Tseltal-Chol y Meseta Comiteca Tojolabal. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: TANIA L. MONTALVO. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/manuel-velasco-viola-constitucion-de-chiapas-se-promociona-en-medios-pero-ignora-al-congreso/
Habitantes de Santiago Tlacotepec, en el Estado de México, luchan nuevamente por cerca de 6 mil hectáreas de tierra amenazadas, a su juicio, por el decreto del presidente Enrique Peña Nieto que, en 2013, legalizó la tala y otras actividades productivas en el Nevado de Toluca.
Tlacotepec es un pueblo enclavado en las faldas del Nevado de Toluca, junto al cerro de Tepeyolulco, con una larga historia de rebeldía: entre 1475 y 1480, sus primeros habitantes, matlazincas, lucharon contra los aztecas, cuando éstos comenzaron la expansión de su imperio hacia el valle en donde hoy se asienta la capital del Estado de México; y 40 años después, en 1521, lucharon contra los españoles, que luego de barrer a los aztecas, continuaron con los pueblos cercanos al valle de México. Después, durante la Revolución, Tlacotepec luchó con Zapata por recuperar las tierras de la comunidad que, en el porfiriato, les fueron arrebatadas por grandes hacendados; y cuando Porfirio Díaz fue derrocado, Tlacotepec siguió luchando, por varias décadas más, hasta que la ley reconoció a sus pobladores como únicos dueños de las tierras que reclamaban de forma ancestral. Hoy, habitantes de Santiago Tlacotepec luchan nuevamente por esas tierras, que comprenden cerca de 6 mil hectáreas, la mitad de las cuales son bosques, amenazados, a su juicio, por el decreto del presidente Enrique Peña Nieto que, en 2013, legalizó la tala y otras actividades productivas en el Nevado de Toluca. “Siempre hemos sido un pueblo que se defiende –dice Daniel, un joven que, junto a otros universitarios, ejidatarios, comuneros y vecinos, integraron un comité civil contra el decreto presidencial de 2013–. Los antiguos contaban de sus luchas para defender las tierras del pueblo, el agua del pueblo; e igual hicieron nuestros abuelos, luego nuestros padres, y hoy nos toca a nosotros. Y nuestra forma de luchar, ahorita, es informar: porque esto del decreto lo hicieron las autoridades en lo oscurito, sin avisarle a nadie, y aunque han pasado más de dos años, la gran mayoría de los habitantes de Tlacotepec no saben que el monte está amenazado.” Y las formas de informar, destaca, son muchas: en octubre organizaron un foro local, al que acudieron más de 700 moradores de Tlacotepec, en diciembre emprendieron una colecta de firmas, en papel y por change.org (checa aquí la petición), para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revoque el decreto de Peña Nieto, y para este año, adelanta, “estamos organizando nuevos foros, el próximo tal vez para febrero, con la participación de científicos que van a explicar a los pobladores los riesgos de que se abra el Nevado de Toluca a la explotación forestal; y, aún sin fecha, tenemos planeada también una protesta pacífica, en la Ciudad de México, ya sea en Los Pinos o en la Corte, para hacernos ver.” El recurso sagrado Cuentan las leyendas locales que el primer morador de lo que hoy se conoce como Santiago Tlacotepec fue un antiguo matlazinca que subió al cerro de Tepeyolulco, para pedir a los dioses que lo moraban que le permitieran construir su casa en ese lugar, en donde crecen bien el maíz y los magueyes. Se trata de un cerro escalonado, con terrazas artificiales que datan de la época prehispánica, en las que aún se siembra maíz. “Existe la leyenda –narra Erik Hernández, cronista de Tlacotepec–, de que abajo de ese cerro hay una pirámide escondida.”
Daniel completa el mito: “Se dice que los más viejos abuelos cubrieron la pirámide con sus ayates, y luego le echaron tierra encima.”
Hace una década, de hecho, un morador que realizaba obras en su vivienda encontró una pieza de cerámica prehispánica, cuya decoración da muestra de la antigüedad de este mito. Tal como explica el cronsita de la comunidad, el cerro de Tepeyolulco, hoy más conocido como cerro de Tlacotepec, es un espacio ritual, en el que durante la época prehispánica se realizaban ceremonias relacionadas con el agua, como elemento sagrado, generador de vida. Incluso, subraya, otras leyendas locales aseguran que desde la cueva que existe en su lado poniente se puede acceder a un río subterráneo.
“Al entrar –señalan los testimonios recuperados por el cronista del pueblo– se escucha cómo baja (el agua) con mucha fuerza, además, dentro de él hay un jardín lleno de árboles frutales de las mejores rutas, pero también en él se encuentran fuerzas del mal y, por eso, si entras, seguro no sales.”
Independientemente de la veracidad de estas leyendas, señala Érik, lo que éstas dejan ver es que el agua es un elemento cuya importancia vital reconocen los moradores de Tlacotepec, desde su fundación y, aún en el presente, manantiales como los que cita el mito, que brotan de pequeñas cuevas en las faldas del Nevado de Toluca, siguen abasteciendo de agua pura no sólo a Tlacotepec, sino a todas las comunidades de la zona, y más allá. De hecho, destaca, aún después de la Conquista, en este y en otros poblados se mantuvo la tradición de, cada año, acudir a celebrar actos de consagración –ahora bajo el rito católico– en estos manantiales, una costumbre que se mantiene hasta el día de hoy. La cadenita… Todo es como una “cadenita”, explica Alejandro Alberto Ortega, presidente del Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec. “El agua nace del subsuelo, pero, ¿cómo llegó ahí? Pues llega por infiltración: es el agua que escurre por las laderas del monte (el Nevado de Toluca), y que va filtrándose por la tierra. Y, ¿cómo llegó el agua al Nevado? Llegó atraída por los bosques, en forma de nubes, que hacen la nieve de la punta o que cae en forma de gotas.” Todo, pues, es como una cadenita. Desde los años 80, explica Alejandro, la gente de Tlacotepec comenzó a tomar conciencia del valor de los recursos naturales de la zona. “Siempre hemos sabido que el monte es nuestra subsistencia, pero antes, por la pobreza, no había otra forma de subsistir: la madera era el recurso para todo, para construir, para calentarse, para cocinar, y también la gente cazaba para comer… y sabíamos que le hacíamos daño al monte, pero no teníamos otra opción, no era para hacernos ricos, era para vivir.” Por eso, explica, cuando Tlacotepec quedó integrado a la zona metropolitana de Toluca –de la cual se haya a 9 kilómetros de distancia–, la gente pudo encontrar otras formas de subsistir, y los “monteros”, prácticamente desaparecieron en esta zona. En los bosques que están dentro de las tierras comunales de Tlacotepec, explica, desde hace más de 30 años dejó de haber tala, se delimitaron zonas de pastoreo fuera del bosque, para quienes ejercen la ganadería, y no se abrieron más campos de cultivo. Por el contrario, explica Alejandro, año con año, por iniciativa propia, los moradores han realizado labores de reforestación y de vigilancia, ya que sus tierras, hasta hace algunos años, aún eran invadidas por ganaderos, que llevaban a sus vacas a pastar a zonas que ya habían sido restauradas ambientalmente. Parado junto a un oyamel centenario, con una circunferencia de 5 metros en su base, Alejandro habla con humildad y embelezo. “Desde que se hizo la recategorización (es decir, cuando el Nevado de Toluca perdió la categoría de parque nacional) ellos (las autoridades) nos dicen que hay que hacer el aprovechamiento maderable, pero si ahorita tiramos este árbol, ¿cuándo volveríamos a tener un árbol como éste? Yo creo que esto no nada más lo debe defender la comunidad de Tlacotepec, sino todas las comunidades aledañas al Nevado, y a la mejor hasta (las comunidades) nacionales e internacionales”. Su observación, sencilla y clara, resume una realidad compleja: efectivamente, con el agua que se infiltra a través de la capa boscosa del Nevado de Toluca no sólo se abastece a las comunidades asentadas en sus faldas, sino a todo el Valle de Toluca. Sus afluentes, además, las cuencas del río Balsas y el río Lerma que, a su vez, llevan agua al Valle de México y al norte de Guerrero.
El valor estratégico del Nevado de Toluca fue lo que, en 1936, llevó al entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas, a declararlo como Parque Nacional, con lo que quedaron prohibidas todo tipo de actividades extractivas y productivas, reserva que fue anulada en 2013.
Epílogo: qué sigue… “Hacernos visibles” es la meta del comité civil de Tlacotepec, explica Daniel Carrillo. Y esto implica, detalla, no sólo informar y hacer del conocimiento público la importancia del Nevado de Toluca para la subsistencia, sino también hacer valer su voz, como hijos de Tlacotepec. “Además de las acciones de difusión, entre las que está también la realización de un documental, tenemos la meta de que se revise el padrón de comuneros, y poder registrarnos como tales aquéllos que tenemos derecho a serlo”, ya que, remató, esto podría abrir la puerta para iniciar nuevos amparos contra el decreto del presidente Peña Nieto.
La mujer recibió la llamada que le informó que los restos de su hijo, desaparecido en junio de 2014, estaban en un paraje de Tenencia de Ajuno.
Una llamada anónima terminó con la búsqueda de una mujer en Michoacán. Una voz le informó dónde estaban enterrados los restos de su hijo, desaparecido el 18 de junio de 2014. La mujer informó a elementos de la Gendarmería y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, según un reporte del diario Reforma. Los elementos de seguridad acompañaron a la mujer hasta un paraje de la Tenencia de Ajuno, cerca de la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan. Con la ayuda de perros, las autoridades encontraron un sito con tierra removida. En la fosa hallaron los restos de Hilario A., de 32 años, quien fue identificado por su madre por la ropa que vestía. Peritos de la Procuraduría estatal recolectaron evidencias para que sean analizadas por forenses; los primeros reportes señalaron que se encontraron los restos de otra persona, aunque aún no era confirmado. Entre 2011 y 2014 más de la mitad del territorio de Michoacán fue escenario de hechos violentos y corrupción, debido, primero, a la operación del cártel de los Caballeros Templarios y luego a la creación de las autodefensas que buscaban combatir a los delincuentes.
Según el informe, Los Grupos de Autodefensa en el estado de Michoacán y las Violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con el Conflicto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los costos de la violencia en el estado fueron el desplazamiento forzoso de más de medio millar de personas y familias, hasta por lo menos 475 homicidios, 524 secuestros, y un número no determinado de desaparecidos, entre otros. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/una-mujer-encuentra-a-su-hijo-en-una-fosa-de-michoacan-gracias-a-una-llamada/
La tarde de este martes 12 de enero, familiares de las víctimas marcharon y bloquearon la carretera que va de Iguala a Ciudad Altamirano para exigir la presentación con vida de los secuestrados y para criticar la actuación de la Policía Federal.
Las 17 personas desaparecidas por un grupo armado en la comunidad El Salitre, en el municipio de Arcelia, Guerrero, no pertenecen a ninguna organización delictiva, aseguró el alcalde, Adolfo Torales, quien agregó que se trata de “comerciantes, herreros, campesinos”. “Lo que sabemos hasta el momento es que este grupo de personas levantó a los puros hombres, dejando en libertad a las mujeres y a los niños que asistían a esta boda y varias de las personas que fueron trasladadas eran padrinos (de la boda). “El grupo armado estaba en El Salitre y atravesaron un tractor e iban deteniendo a cada vehículo que pasaba por ahí (…) solamente les comentaron que esto estaba pasando porque ellos (los secuestradores) eran un grupo nuevo que iba a entrar aquí al municipio de Arcelia”, dijo el alcalde en entrevista con Denise Maerker en Radio Fórmula. De acuerdo con el alcalde, los autores del ataque acusaban a las víctimas de ser integrantes de la Familia Michoacana. “Yo conozco a todos (los secuestrados) son amigos, de hecho un muchacho de ellos es hermano de una compañera que estudió conmigo, los conozco porque todos son de la colonia Progreso en Arcelia y son gente trabajadora”, dijo. Explicó que varios soldados, elementos de la Gendarmería, de la policía estatal y ministerial del estado llegaron a Arcelia desde el pasado domingo. La tarde de este martes 12 de enero, familiares de las víctimas marcharon y bloquearon la carretera que va de Iguala a Ciudad Altamirano para exigir la presentación con vida de los secuestrados y para criticar la actuación de la Policía Federal La desaparición de estas 17 personas se suma a la de cinco maestros ocurrida en el municipio de Ajuchitán, también en Guerrero.
De acuerdo con medios locales, un grupo de unos 30 hombres llegaron a la secundaria técnica 114 en varias camionetas vestidos de policías, amagaron a los estudiantes, incluida una niña de 10 años, hija de un trabajador, y se llevaron al director Joaquín Real Toledo, y a cuatro maestros: Guadalupe Olea Juárez; Martín Blancas Luciano; a Javier Calderón Olea y a José María Torres Suástegui. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/los-17-desaparecidos-de-arcelia-guerrero-no-pertenecen-al-crimen-organizado-alcalde/
México, DF. El Partido del Trabajo (PT) no tiene derecho a que se le asignen diputaciones plurinominales aunque recuperó su registro como partido político nacional, resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los magistrados de la Sala Superior argumentaron que la Constitución marca el 1 de septiembre como fecha para la instalación del Congreso de la Unión y por tanto no se podía esperar el resultado de la elección extraordinaria celebrada en el distrito 01 de Aguascalientes el 6 de diciembre pasado para asignar diputaciones por la vía plurinominal. En la sesión que se realiza esta noche y cuyo inicio se aplazó durante hora y media, los acordaron por unanimidad negarle al PT la designación de las seis diputaciones a las que dijo tener derecho. El magistrado Pedro Esteban Penagos señaló que dicha fuerza política no tiene razón, porque la asignación de diputados que ahora reclaman ya fue objeto de pronunciamiento antes de que se determinara que tenía derecho a conservar el registro. Recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) asignó las diputaciones federales considerando el resultado sólo por aquellos partidos políticos que en la elección ordinaria lograron 3 por ciento de la votación valida emitida. En dicha elección ordinaria, el PT no alcanzó el umbral mínimo del 3 por ciento para conserva elr registro como partido político nacional y fue con posteridad que el Tribunal Electoral determinó que dicho partido tenía otra oportunidad en las elecciones extraordinarias de Aguascalientes para elegir al diputado que falta en la Cámara de Diputados. Así fue que en dichos comicios, este partido rebasó el 3 por ciento al lograr 14 mil 046 sufragios, una votación atípica obtenida en dicho distrito por ese partido. “No obstante de haber conservado el PT su registro y haber obtenido mas del 3 por ciento de votación con posterioridad a la instalación del Congreso no ha lugar asignarle ninguna diputación de representación proporcional, porque esto es a posteriori a la fecha que constitucionalmente quedó completamente instalado el Congreso de la Unión”, concluyó Penagos. El magistrado presidente Constancio Carrasco argumentó además que los petistas tuvieron dos oportunidades para inconformarse con los plazos y términos para la asignación de diputados por representación proporcional, pero no lo hicieron. Los magistrados le dieron la razón al PT en que podrá conservar su registro y participar en elecciones de Sinaloa, donde se le había negado dicha posibilidad al no haber alcanzado el 3 por ciento localmente. Señalaron que lo puede hacer, porque alcanzó su registro como fuerza política nacional. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: CLAUDIA HERRERA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/12/pt-sin-derecho-a-diputaciones-plurinominales-tepjf-9268.html
México, DF. El Comisionado de Seguridad Pública del estado de Morelos, Jesús Alberto Capella, afirmó que él no confía en el 25 por ciento de los policías de su entidad, y que en administraciones pasadas se llegó a vivir un nivel corruptor “total” y con un “poder político copado” en esa entidad. Sin embargo señaló que el trabajo conjunto entre autoridades municipales y estatales logró que disminuyera el 80 por ciento de los casos de secuestro en esa entidad. Señaló, durante un foro organizado por el Colegio de México que el mando único es una vía para disminuir la incidencia delictiva, y consideró que ninguno de los alcaldes está capacitado para dirigir las tareas de seguridad pública. Resaltó que existen casos en los que existen señalamientos o rumores de que familiares o los alcaldes tienen relación con integrantes de grupos delictivos, como en el caso de Amacuzac, donde el ex alcalde es familiar de Santiago mazar, el delincuente más buscado en esa entidad, y líder del Cártel de Los Rojos.
El INAI promoverá una controversia constitucional ante al Corte contra la ley de Transparencia de Tabasco, pues dice representan un retroceso en el acceso a la información. Sólo se armonizó la legislación estatal con la Ley General de Transparencia, indica el gobierno de Tabasco.
Si un ciudadano solicita información a través del Instituto Tabasqueño de Transparencia, el gobierno podría negarla bajo el argumento de “seguridad estatal”, un término que los legisladores crearon e incluyeron en la nueva Ley de acceso a la información del estado. En la legislación, también blindaron las agendas de los magistrados para que nunca sean públicas y facultaron al Ejecutivo local para impugnar las decisiones del Instituto de Transparencia estatal. Esto contradice la reforma constitucional de 2014 en la materia, por lo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta es la segunda vez que el órgano nacional acudirá ante el máximo tribunal del país, pues en Querétaro, los legisladores también aprobaron una ley con aspectos que intentaban limitar el acceso a la información. La legislación de Tabasco se publicó en el diario oficial el pasado 15 de diciembre y con ello, se suma a Chihuahua, Coahuila, Querétaro y Jalisco en conseguir su propia legislación en materia de transparencia. Pero eso no es del todo una buena noticia, pues los comisonados del INAI discutieron el tema en su sesión extraordinaria de este lunes 11 de enero y consideraron que la ley de Tabasco tal cual está redactada, atenta contra el derecho a la información establecido en el artículo sexto Constitucional. Estos preceptos ya habían sido señalados por el Colectivo por la Transparencia, Artículo 19 y México Infórmate, desde el pasado 8 de diciembre. A través de un comunicado pidieron al INAI ejercer su facultad para interponer una constroversia constitucional, toda vez que la ley de Tabasco establecía “un grave precedente en contra del derecho a la información” y un “retroceso” en materia de transparencia. ¿Qué propone la ley de Tabasco? En la sesión del pasado 4 de diciembre, con 31 de votos a favor y dos abstenciones, los legisladores de Tabasco aprobaron la Ley de Transparencia, tomando en cuenta las propuestas de otras 21 iniciativas presentadas en el Congreso desde 2007, según se informa en un comunicado oficial. En la ley se incluye el término “seguridad estatal”, lo que “resulta contrario a lo previsto en el texto constitucional”, según sustentó la comisionada del INAI, Areli Cano, durante la sesión de este lunes. Para las organizaciones sociales, ésta no es una causal de reserva de información prevista en la Constitución ni en la Ley General de Transparencia. Se trata más bien de “un término vago que permite que el poder ejecutivo estatal pueda combatir las resoluciones del órgano garante bajo una excepción amplia y ambigua”. Para la comisionada Patricia Kurczyn es preocupante que los legisladores incluyeran el término sin siquiera definirlo. Esto implica que requeriría de interpretación y, por tanto, los sujetos obligados (funcionarios e instituciones de gobierno) pretendan “reservar una amplia cantidad de documentos, argumentando que con su publicidad podría verse afectada la seguridad estatal”. Esto terminaría “afectando la certeza y seguridad general, jurídica para los gobernados, así como la efectividad de la propia legislación”, dice. Otra controversia es que en Tabasco se facultó “únicamente” al Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado para interponer recurso de revisión sobre las resoluciones del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que “puedan poner en peligro la seguridad estatal”. Esto contradice la Ley General de Transparencia, aprobada en 2014 por el Congreso de la Unión, que establece que las resoluciones de los institutos estatales son definitivas e inatacables. Si la reforma en Tabasco se aplica, significaría que el acceso a la información para el ciudadano “perderá su calidad de expedito, además de que se judicializa un derecho humano y se contradice el reconocimiento expreso de la especialización y autonomía del órgano garante”, advierte el Colectivo por la Transparencia. El INAI también impugnará la fracción VIII, del artículo 80, porque “no existe un criterio de razonabilidad para excluir la agenda de los Magistrados Penales”. Esto porque la Ley General de Transparencia genera acceso a las agendas de los servidores públicos como son los Magistrados, por lo que es “innecesario, inadecuado y desproporcional proscribir totalmente que se haga pública la agenda de los Magistrados Penales ya que limita de manera total el acceso a la información”, advierte la ponencia del Instituto. Para las organizaciones sociales, “es importante eliminar estas medidas regresivas antes de que se propaguen”. Esto porque las entidades tienen la obligación de armonizar la Ley General de Transparencia a sus legislaciones locales. Gobierno de Tabasco alista su respuesta El gobierno de Tabasco presentará los argumentos jurídicos que correspondan luego de que le sea turnada la notificación de la acción de inconstitucionalidad que el INAI determinó interponer ante la Suprema Corte. “La Coordinación General de Asuntos Jurídicos (CGAJ) del Gobierno del Estado informa que el recurso de revisión está relacionado con la certeza jurídica de las atribuciones que en materia de seguridad tendrá el coordinador general de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo, de acuerdo a la reforma aprobada a la Ley de Transparencia de Tabasco, y que se homologó de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Transparencia sobre la facultad del Consejero Jurídico del Gobierno de la República”, indica un comunicado del gobierno estatal. La Coordinación explica que el concepto de seguridad pública estatal “tiene su base constitucional en el Artículo 51, fracción III, reformado el 7 de julio del 2012, es decir, previo a la expedición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, publicada el pasado 15 de diciembre de 2015”.
“En Tabasco sólo se realizó la armonización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado con la Ley General de Transparencia -como se estableció en sus artículos transitorios-, y no se trató de una reforma simultánea constitucional y legal, por lo que la CGAJ reiteró que en su oportunidad se presentarán los argumentos legales ante la SCJN”, indicó. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: NAYELI ROLDÁN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/tabasco-inventa-el-termino-seguridad-estatal-para-negar-informacion-publica/
Las quejas y aclaraciones aumentaron 100% en los módulos de infracciones; además ciudadanos no pueden hacer válido el descuento porque las multas llegan vencidas.
El lunes 4 de enero Genaro Manzanares encontró debajo de su puerta un sobre con una infracción de tránsito. La multa era por pasarse la luz roja de un semáforo, al reverso venían dos fotografías no más grandes que la estampa de un álbum, en donde se ve un coche – que por la distancia y lo oscuro de la imagen es difícil describir – cruzando la calle. Pero lo que más llamó la atención del señor Manzanares era que la infracción se había cometido el 11 de noviembre y la multa vencía el 30 de diciembre, es decir, cinco días antes de que siquiera la recibiera. El retraso en la entrega le hizo imposible descargar de la página de la Secretaria de Finanzas el formato de pago, dado que la línea de captura estaba vencida, además de que lo dejó sin el derecho al descuento de 50% si la infracción se paga en el primer mes. Otro caso fue el de José Luis Carapia, quien el 6 de enero recibió una fotomulta vencida desde el 12 de diciembre. El conductor se quejó de que en las fotografías de su sanción, por supuestamente invadir la línea de cruce peatonal, no se distingue esta situación pues la foto no es de frente ni paralela al coche, sino tomada desde varios metros detrás y opaca. Estos son dos ejemplos de las múltiples quejas que el jueves 7 de enero llegaron al módulo de aclaraciones sobre infracciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), que ha duplicado sus actividades desde que iniciaron las fotomultas. El común denominador fue el envío de infracciones vencidas, junto con fotos en las que en algunos casos ni siquiera se distingue la placa. Las fotomultas iniciaron operaciones en diciembre pasado, cuando el gobierno del Distrito Federal subrogó esta tarea a la empresa Autotraffic, la cual es responsable tanto de la operación de las cámaras como de la impresión y entrega de las boletas de sanción. El subsecretario de Control de Tránsito de la SSPDF, Fernando Badillo, dijo que los retrasos que se han presentado obedecen a una saturación en el área de validación de cada imagen que hace la policía, por lo que se incrementará el personal. En cuanto a la pobre nitidez en las fotos consideró que puede deberse a deficiencias de luz o de la impresión. Ante esta situación, la Secretaría tiene en marcha una estrategia que entre otras cosas contempla renovar el plazo de vigencia de las multas vencidas de 30 a 60 días para que la gente pueda pagar. Además, los casos en donde existe duda con las fotos son admitidos a revisión. Para los que tengan dudas, Animal Político realizará este martes 12 de enero a las 7 pm una sesión de preguntas y respuestas en Facebook sobre el Reglamento de Tránsito, con la responsable del Nuevo Modelo de Movilidad de la ciudad, Laura Ballesteros. Se duplican quejas El subdirector de Infracciones de la SSPDF, Jesús Briones González, reconoció que a partir del funcionamiento pleno del nuevo mecanismo de fotomultas en noviembre del 2015, la carga de trabajo se ha duplicado en el módulo de aclaraciones de multas. “La gran cantidad de gente que viene ahora es por lo del tema del radar y las fotomultas. Es el auge que tenemos. Andábamos entre 100 a 120 atenciones diarias de lunes a viernes, pero ahorita andamos de 200 a 220. Esto a raíz de que las fotomultas están comenzando a llegar a los domicilios” dijo en entrevista con Animal Político. Briones explicó que los casos más comunes que están atendiendo son los relacionados con fotomultas que llegaron de forma tardía, situación que impide que pueda descargarse el formato de pago. También hay casos en donde la multa ni siquiera llegó al domicilio, así como dudas de conductores en cuanto a las fotografías, o errores de captura en las mismas. Animal Político acudió al módulo de infracciones de la dependencia ubicado en el edificio sede de la SSPDF en la colonia Juárez y se verificó que de aproximadamente 50 personas que acudieron entre las 11am y 3pm, más de la mitad eran por quejas de retraso en las fotomultas. “No me estoy negando a pagar los 175 pesos pero me inconformé porque me llegó antier (4 de enero) debajo de mi puerta con un talonario y resulta que mi infracción estaba vencida el 31 de diciembre y el hecho ocurrió el 19 de noviembre” dijo el señor Juan Carlos Peña, a quien le levantaron la fotomulta por invasión de la línea peatonal. Otro caso fue el de Gerardo Bata. “No pude imprimir el formato porque la infracción me llegó vencida. Marqué a la Secretaría de Finanzas como 40 veces hasta que me dijeron que no podían hacer nada, que lo tenía que ver con la policía”. Junto con el retraso en la multa el otro problema más común era lo oscuro o borroso de varias de las fotomultas, situación que contrasta con las fotos de los radares de velocidad en donde las imágenes son más nítidas. “Todo sistema es perfectible Pero a mí no me queda claro que este que aparece aquí sea mi coche o que esté haciendo yo algo mal. La señorita del módulo dice que me quedé parado en la mitad (del paso peatonal) pero eso no se ve bien” dijo Agustín García. Cabe señalar que pese al inconveniente con las imágenes la mayoría de los automovilistas que se presentaron al módulo dijeron estar de acuerdo en pagar las multas que iban de 175 a 350 pesos con el descuento del 50 por ciento, por lo que la principal molestia es que las mismas llegaran vencidas. ¿Qué se puede hacer? La “buena noticia” para los automovilistas es que ante los problemas más comunes que se están presentando con las infracciones, la SSPDF diseñó un esquema que facilita la resolución de los casos, sin necesidad de recurrir a una impugnación en tribunales. En el caso de las multas que están llegando tarde, basta que la gente lleve la sanción tal cual le llegó para que se haga una revisión que toma dos minutos y se habilite un nuevo periodo de 30 días de pago para la sanción. De acuerdo con el subdirector de infracciones, en un plazo de uno a tres días la gente ya puede volver a bajar su multa con el descuento incluido. En el caso de que la multa no haya llegado al domicilio pero aparezca en la página de consulta de la policía por ejemplo, en el módulo se hace la consulta y se ordena la emisión de la boleta de sanción con un nuevo plazo de pago actualizado -descuento incluido-. Esto en un periodo de 24 horas. Por otra parte, en las situaciones donde los conductores no están de acuerdo con lo que se ve en la foto o de plano lo que aparece no corresponde a su vehículo, en el módulo se llena un formato de revisión mediante el cual, en un periodo de cinco días se analiza en el banco de datos la información y se da una respuesta al conductor. “Nosotros tenemos los archivos digitales y entonces hacemos los acercamientos y nos damos cuenta cual es la placa en la que tiene la infracción. En la boleta es una foto pequeña pero en el sistema es de un tamaño considerable” dijo el funcionario. Todos los servicios mencionados son gratuitos y los conductores solo tienen que presentar en el módulo con copia de su licencia y de su tarjeta de circulación. Si la persona que va a hacer el trámite no es la propietaria del auto basta con una carta poder simple para que pueda llevarse la atención. En este link se puede conocer la dirección del módulo y otros datos. Pese a que por momentos la cantidad de gente fue considerable, este medio verificó que la atención por persona no superó más de diez minutos y la gente se expresó satisfecha por la atención recibida. ”Yo creo que somos tantos que ya saben cómo solucionar todo” dijo el señor Juan Carlos Peña En caso de que el conductor no quede aun conforme con una resolución de su multa, en el módulo se puede tramitar una copia certificada de la infracción y que es el requisito que se pide en el tribunal administrativo. Un conductor de motocicleta narró que llevó al tribunal un caso hace unos meses por una multa de invasión de carril confinado. Tras dos meses el tribunal falló a su favor y se ordenó a la tesorería capitalina que se le devolviera el dinero que pagó de la infracción. Incrementarán personal; sistema divide opiniones Fernando Badillo, subsecretario de Tránsito, dijo que el retraso que se ha presentado en la entrega de las fotomultas obedece a un proceso de sanción que se está perfeccionando y cuya responsabilidad no recae necesariamente en Autotraffic o en Correos de México. Es un sistema, detalló el funcionario, que por primera vez se pone en marcha en conjunción con una empresa privada y que incluye varias etapas que con específicos como por ejemplo, la validación que tiene que hacer la policía de cada una de las fotos para determinar en donde existe una infracción y en donde no. “Esto viene del proceso y de la cantidad de captaciones (fotos). Si yo no tengo el personal suficiente para procesar se me va a retrasar la validación y por ende se me retrasa la impresión y se me retrasa la dispersión. Es un proceso muy puntual que además se nos juntó con los radares, por lo que estamos enriqueciendo con más gente el área de validación” dijo el jefe de los policías de tránsito. En cuanto al tema de las fotografías de mala calidad en las fotomultas, Badillo dijo que puede deberse a un tema de iluminación en el área o de enfoque, o incluso a una deficiencia en a impresión, pero reiteró que todos esos casos pueden ser revisados para que los infractores no tengan dudas. Sobre el sistema de fotomultas, los conductores que acudieron al módulo expresaron opiniones divididas. Enrique García dijo por ejemplo, que es un sistema que se aplica en varias ciudades y que además contribuye a reducir el riesgo de corrupción por lo que está de acuerdo. Otros por el contrario, expresaron una opinión negativa.
La sentencia del Juez ordena corregir los errores de la investigación que se sigue contra 22 de los policías acusados de cuatro de las seis muertes que tuvieron lugar a finales de septiembre de 2014, cuando los 43 normalistas desaparecieron.
La decisión de un Juez de amparo podría poner en riesgo el curso de una de las más importantes investigaciones de la historia reciente de México: la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida hace más de un año en Iguala, Guerrero. Primero, expertos internacionales tumbaron la versión oficial del entonces Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, que aseguraba que los jóvenes fueron asesinados por sicarios del narcotráfico y quemados en un basurero de Cocula, Guerrero. También denunciaron casos de obstrucción a la justicia por parte de diversas autoridades. Ahora es la propia justicia mexicana la que advierte de errores e inconsistencias cometidas por los primeros investigadores que se acercaron al lugar de los hechos y cuyo trabajo es la base de la mayoría de los procesos penales que se encuentran en marcha. La sentencia del Juez, fechada a finales de 2015 pero que no había salido a la luz pública hasta ahora, ordena corregir los errores de la investigación que se sigue contra 22 de los policías acusados de cuatro de las seis muertes que tuvieron lugar a finales de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron víctimas de un ataque armado. El fallo, al que tuvo acceso The Associated Press, dice que la Fiscalía de Guerrero “no efectuó un análisis amplio y acucioso” de los hechos y considera que los vínculos de los policías con los homicidios no están ni probados, ni fundamentados, ni motivados, por lo que exige al juez que corrija los “vicios” del caso y dé los “razonamientos lógico-jurídicos” y las pruebas que puedan sostener los cargos. En caso contrario, los agentes podrían ser exonerados.
El documento se refiere sólo a cuatro homicidios pero abogados y analistas sostienen que su repercusión podría ir más allá porque los 22 policías amparados también están procesados, en otro expediente, por la desaparición de los 43 estudiantes y los autos de detención de la mayoría del resto de los detenidos, que son más de un centenar, los realizaron las mismas autoridades cuyo trabajo es cuestionado ahora. La Procuraduría de Guerrero fue la encargada de consignar los hechos y evidencias de los sucesos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 y llevó toda la investigación durante 21 días. Después, ante la conmoción internacional que tuvo el ataque y la aparición de fosas clandestinas en la zona, la PGR asumió la indagatoria de las desapariciones pero no de los homicidios, aunque desde un primer momento se apuntó a que los responsables de todos los crímenes eran los mismos policías y autoridades locales vinculadas con el crimen organizado. Los seis asesinatos quedaron en manos de tribunales locales y fueron considerados homicidios ordinarios, incluido el de Julio César Mondragón, el estudiante de 22 años cuyo cadáver fue encontrado torturado y con el rostro desollado. Para Sayuri Herrera, abogada de la familia de Mondragón, la sentencia es “muy preocupante” porque demuestra que todo el caso se construyó sobre “cimientos de barro” con “graves errores en la investigación” porque la consignación de hechos y evidencias “se hizo mal”.
“Casi todos los procesos en marcha podrían caerse porque casi todos fueron tramitados, al menos al principio, por las mismas personas”, dijo Herrera.
El homicidio de Mondragón es uno de los afectados por el amparo que también incluye el asesinato de Blanca Montiel, de 40 años, alcanzada por balas perdidas cuando iba en un taxi; el de David José García Evangelista, de 15 años, un futbolista que murió cuando dispararon contra el autobús de su equipo y el de Víctor Manuel Lugo Ortiz, el conductor de dicho autobús. El documento critica, por ejemplo, que lo único que se aporte para procesar a los agentes por los homicidios sean los testimonios de supervivientes y cuestiona su validez como prueba de cargo porque los testigos hablan de ataques distintos en lugares diferentes, de los que se culpa a las mismas personas sin explicar qué hizo cada una de ellas y sin indicios que los vinculen directamente.
La Fiscalía estatal no respondió a múltiples llamadas de AP para recabar su opinión sobre la sentencia, que ahora está bajo revisión de un Juez federal. Un investigador del caso, que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones, coincidió con Herrera al asegurar que todo está en riesgo porque la investigación federal tiene “los mismos problemas” que los señalados en esta sentencia. El experto dudó de si los tribunales de Iguala podrán aportar las pruebas solicitadas teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron hace casi 16 meses y se cometieron errores que podrían ser irreparables. Además, recordó que, al margen de esos problemas, en la investigación por los 43 desaparecidos hay detenidos que dicen haber sido torturados lo que, si se confirma, podría invalidar esos otros procesos. La PGR , al ser consultada por AP, se limitó a señalar que la sentencia “no impactará” en el resto del caso porque afecta a delitos del fuero común, homicidios, y no a los delitos federales por los que están acusados los policías como el crimen organizado y el secuestro. La investigación no los sindica de desaparición forzada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleva meses insistiendo en que tanto las desapariciones como los homicidios se agrupen bajo mando federal porque eso facilitaría hacer justicia ante un ataque que ellos calificaron de “indiscriminado” y “coordinado” contra los estudiantes de Ayotzinapa. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no quiso hacer comentarios a AP sobre la sentencia, pero en septiembre, cuando publicó su informe, ya adelantaba lo que el amparo parece confirmar, que todo el caso tiene errores de base que podrían invalidarlo y mencionaba, en concreto, la confusión sobre lugares y horas de los hechos o la mezcla de pruebas balísticas. Después de la publicación del documento, que cuestionó muy duramente al Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Ejecutivo se comprometió a atender las recomendaciones de los expertos y puso en marcha un nuevo equipo de investigación, pero casi 16 meses después del crimen todavía no se sabe totalmente qué pasó aquella noche en Iguala, por qué ocurrió, ni el destino de 43 jóvenes. Para José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Right Watch (HRW), la sentencia de amparo es un “excelente ejemplo de la incompetencia crónica de operadores de justicia que no respetan estándares mínimos de una investigación judicial profesional”.
“Lo ocurrido demuestra una vez más que México debe cambiar radicalmente su forma de investigar delitos, haciendo énfasis en la evidencia científica u objetiva”, afirmó al ser consultado por AP.
Vivanco enfatizó que este tipo de prácticas no serán erradicadas a menos que haya consecuencias para los responsables. “Si la conducta negligente de estos funcionarios queda impune y no hay sanciones, difícilmente México podrá mostrar mejorías en derechos humanos.” Antes de que pueda comprobarse si este amparo supone un punto de inflexión en todo el caso, se abren tres opciones, según la abogada de los Mondragón: que se ofrezcan nuevas pruebas y el juez de Iguala pueda argumentar adecuadamente cada acusación; que el magistrado exonere a los inculpados —aunque no saldrían de momento de la cárcel porque están también acusados por los 43— o que decline su competencia a favor de jueces federales. Sayuri Herrera confió en que el juez federal que está revisando la sentencia la “acote” para minimizar las posibilidades de que los policías puedan ser exonerados y para garantizar que los abogados de las víctimas tengan tiempo suficiente para aportar nuevas pruebas.
Pero en el mejor de los casos, agregó Herrera, la situación actual “es casi como empezar de cero”. Y eso implica “más tiempo, más dinero y más desgaste para nosotros”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: MARIA VERZA. LINK: http://www.sinembargo.mx/12-01-2016/1596526
El TPP fue impulsado por 12 países miembros, que programaron la firma del texto del acuerdo en Wellington, Nueva Zelanda, el próximo 4 de febrero.
México sería el menos beneficiado en el crecimiento de las exportaciones como efecto del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) entre los 12 países integrantes, concluyó el Banco Mundial, en su estudio sobre “Potenciales implicaciones macroeconómicas del TPP”. De acuerdo con dicho análisis, las exportaciones de México crecerían sólo 4.7% entre el 2014 y el 2030 como resultado de la eliminación de las barreras al comercio por el TPP, muy por debajo del alza que tendría el país más favorecido, Vietnam, con 30.1 por ciento. Otras naciones que obtendrían mayores ganancias, igualmente medidas como aumentos en sus exportaciones, son Japón (23.2%), Malasia (20.1%), Nueva Zelanda (12.8%) y Perú (10.3 por ciento). En tanto, el resto de los países crecería un dígito en sus exportaciones: Estados Unidos (9.2%), Brunei (9%), Singapur (7.5%), Canadá (7%), Chile (5.3%) y Australia (5 por ciento). “El impacto (positivo) podría ser considerablemente mayor en los países que enfrentan barreras elevadas al comercio, como Vietnam (10%) y Malasia (8 por ciento). Los países que exportan productos intensivos en mano de obra, con ingresos bajos y hogares de baja preparación podrían expandirse”, señaló la investigación publicada por el BM.
Por otra parte, en otro estudio del Banco, titulado Perspectivas económicas mundiales 2016, se establece que: “Si bien algo debilitado por los bajos precios del petróleo y las presiones fiscales conexas, se prevé que en México el crecimiento repuntará gracias a los beneficios de las reformas estructurales y el fortalecimiento de la demanda del mercado estadounidense”.
El titular de la SSP-DF, manifestó que el micrositio tiene como objetivo brindar información y transparentar algunas de las controversias que se habían presentado.
Para transparentar lo concerniente a las fotomultas, Hiram Almeida Estrada, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), dio a conocer a los medios de comunicación, el micrositio que la SSP-DF creó en su página web, para que los automovilistas y la ciudadanía en general puedan consultar por internet sus inquietudes sobre el tema. El jefe de la policía capitalina, agradeció el trabajo realizado por el Instituto de Información del Distrito Federal (InfoDF) y la preocupación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que los ha llevado a trabajar de manera coordinada y conjunta, para la presentación del micrositio de consulta para la ciudadanía. Hiram Almeida Estrada hizo hincapié que toda esta información ya se encuentra en línea para consulta pública sobre la transparencia y el legal actuar del gobierno de la ciudad y de la SSP-DF, para adicionalmente brindar información útil para la ciudadanía, para el cumplimiento y observancia de la norma y el entendimiento de que el cumplimiento del reglamento de tránsito abona a la disminución de riesgos y accidentes de las personas. El reglamento de tránsito es un nuevo modelo de movilidad que armoniza a una ciudad moderna, progresista y en ese sentido lo que debemos entender todos es una cultura de la legalidad y nueva cultura vial para todos, funcional de manera más adecuada, donde circula a diario más de 5 millones y medio de vehículos. Por su parte el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada, señaló que durante la primera reunión de trabajo en coordinación con la SSP-DF se conoció a detalle el objetivo fundamental del nuevo Reglamento de Tránsito del DF que es “reducir los índices de accidentes en esta ciudad, así como generar una cultura vial, educación vial que es muy necesaria”. Destacó que otro de los principales fines del nuevo Reglamento de Tránsito del DF es reducir el número de accidentes, tal como ocurrió a partir de su aplicación, ya que la cifra de incidentes descendió en un 2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, de ahí la importancia de la aplicación correcta de estas normas, así como de esclarecer las dudas que tenga la ciudadanía con respecto a las fotomultas u otras medidas. “Que la gente conozca del contenido, que la gente conozca de las multas y algo muy importante de los límites de velocidad, porque hay una constante en el sentido en el que solamente se puede circular a 40 KPH, cosa que no es cierto” afirmó el también coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea. Por ello, celebró la creación de este micrositio informativo que “dará certeza a los ciudadanos”. Añadió que el Distrito Federal no puede quedar ajeno a la tecnología y por eso se han implementado los modernos sistemas de radares y fotomultas para un mejor funcionamiento de la vialidad y prevención en la capital.
Por su parte el Presidente Comisionado del InfoDF Israel Hernández Guerrero, dijo que el micrositio del Reglamento de Tránsito, es un dispositivo para acercar información contundente a la ciudadanía. Asimismo resaltó que el uso de distractores como es el teléfono celular durante la conducción del vehículo ponen en peligro la vida del conductor y de los demás ciudadanos, por lo que instó a los automovilistas a respetar la nueva normatividad de tránsito. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. FECHA: 11 ENERO 2016. LINK: http://aristeguinoticias.com/1101/mexico/casi-un-mes-despues-gdf-explica-reglamento-de-transito-y-fotomultas-en-sitio-web/
