El combate a la inseguridad se focalizará en comunidades y municipios: Peña Nieto

Darán prioridad a los ayuntamientos que observan índices de criminalidad mayores, dijo el Presidente a empresarios.

El gobierno federal focalizará sus esfuerzos en comunidades y municipios que tienen condiciones de mayor inseguridad, anunció el presidente Enrique Peña Nieto.

Durante una reunión del Consejo Mexicano de Negocios realizada este jueves, el mandatario aseguró que hubo una disminución sensible en todos los delitos “en unos más que en otros”, pero apuntó que hay comunidades que cuentan con índices mayores de criminalidad.

En su momento Alejandro Ramírez Magaña presidente del Consejo Mexicano de Negocio apremió al gobierno federal a poner en operación el Sistema Nacional Anticorrupción y resaltó la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera.

Peña Nieto informó que “a partir de tener en México condiciones de mayor seguridad en términos generales y regionales”, la estrategia de combate a la inseguridad se focalizará en comunidades y municipios “que observan lamentablemente índices de criminalidad mayores”.

La Jornada informó que Peña dijo que tres años se han creado un millón 892 mil empleos; se tuvo a noviembre una tasa de desocupación del 4 por ciento que es la más baja para ese mes desde 2007.


Asimismo destacó el dinamismo interno como motor del crecimiento económico y donde por ejemplo la venta de vehículos alcanzó cifras históricas de un millón 351 mil unidades 37 por ciento más que los adquiridos en 2012.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1401/mexico/el-combate-a-la-inseguridad-se-focalizara-en-comunidades-y-municipios-pena-nieto/

Guerreros Unidos se cimbra por pugnas internas

CHILPANCINGO, Gro: La batalla que libran bandas criminales por el control de las zonas de producción, trasiego y distribución de drogas ya involucra a funcionarios de los tres niveles de gobierno y al Ejército, todos presuntamente coludidos con el narco.

Los asesinatos de finales del año pasado y las narcomantas desplegadas en Iguala muestran la lucha intestina en el grupo Guerreros Unidos. Los mensajes van dirigidos contra policías estatales y mandos militares a quienes se acusa de dar protección a Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo, y a Eduardo Joaquín Jaimes, El Choky, de la banda de Los Peques, brazo armado del grupo criminal.

Y se mencionan nombres de varios de los funcionarios presuntamente implicados con ese grupo delincuencial, como el exdirector de la policía de Taxco Eruviel Salado Chávez y una docena de agentes de esa corporación que desde octubre último está bajo el mando de la Policía Federal.

Tanto Salado Chávez como el exalcalde taxqueño Salomón Majul González, quien ahora es diputado federal por el PRI, y el empresario Federico Figueroa han sido señalados públicamente por sus presuntos nexos con Guerreros Unidos.

Por su parte, en el municipio indígena de Zitlala, ubicado en la zona que conecta la región Centro con la Montaña, se registró la primera masacre de este año en la entidad la madrugada del miércoles 6.

Ese día, pistoleros al servicio de la gavilla de Los Ardillos, que lideran los hermanos del perredista Bernardo Ortega Jiménez, expresidente del Congreso local, irrumpieron en la comunidad nahua de Quetzalcoatlán de Las Palmas, ejecutaron a seis campesinos e hirieron a cuatro más, lo que provocó el éxodo de los pobladores.

Desde hace cuatro meses, según testigos, los sicarios afincados en el vecino poblado de Tlaltempanapa exigieron a las autoridades de Tlapehualapa, Quetzalcoatlán de las Palmas y Tlalcozotitlán formar “guardias comunitarias” para cercar a Los Rojos, que dirige Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, y se refugian en el municipio de Mártir de Cuilapan.

Las autoridades civiles y militares se han limitado a observar la confrontación entre Los Ardillos y Los Rojos. En los últimos tres años, ambos grupos han sembrado el terror en los municipios de Chilapa, Zitlala y Tixtla. Mientras tanto, en Acapulco, las pandillas que se disputan ese destino turístico reventaron la tregua navideña y provocaron por lo menos 22 muertos.

Arcadio Castro Santos, dirigente de la industria de la masa y la tortilla en el puerto, protestó el viernes 8 por la ejecución de siete trabajadores debido a que los propietarios de los establecimientos se negaron a pagar las cuotas que les exigían los delincuentes.

Las purgas

El 27 de diciembre aparecieron dos narcomantas en Iguala. En ellas se menciona al líder transportista de la zona Norte, Victorico Martínez López, y a otras personas como presuntos operadores de Guerreros Unidos, a quienes se acusa de “sobornar” a policías federales y ministeriales.

Dos días después, el centro de la ciudad amaneció tapizado de mensajes. En ellos se señala al Ejército de proteger a Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo, líder de Los Peques, uno de los presuntos implicados en la masacre y desaparición de los 43 normalistas; también se difundió una foto con el rostro del Choky, supuesto brazo ejecutor del Tilo, considerado por el gobierno federal como otra de las piezas clave en el caso Ayotzinapa.

Fuentes oficiales consultadas por el corresponsal aseguran que se trata de una lucha intestina entre miembros de la organización criminal que opera en Iguala, Taxco, Tepecoacuilco y Huitzuco, zona colindante con el sur del estado de Morelos.

Según informó la agencia Apro en octubre de 2014, el gobierno federal sabía que Los Peques controlan el narcomenudeo en Iguala y estaban implicados en la agresión a los normalistas de Ayotzinapa, lo mismo que algunos uniformados estatales y federales.

Los reportes oficiales consultados por Proceso en esas fechas indican que después de la desaparición de los 43 normalistas, los sicarios al servicio de Los Peques salieron de Iguala y se refugiaron en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri. Las autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército les brindaron protección.

El año pasado, autoridades del poblado donde se encuentra la minera canadiense Gold Corp denunciaron la existencia de fosas clandestinas; algunos afirmaron que la esposa del exalcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, se refugió en esa zona.

La confrontación entre los operadores de Guerreros Unidos se incrementó en diciembre pasado, cuando fueron divulgados los nombres de políticos y autoridades civiles y castrenses de la zona norte presuntamente vinculados en el caso Ayotzinapa.

En “La Montaña Baja”, la banda de Los Ardillos y Los Rojos mantienen una disputa por el control de las zonas de producción y trasiego de droga en Chilapa, Zitlala y Tixtla, municipios que conectan la región Centro y La Montaña.

Nadie hace nada

A principios de mayo pasado, decenas de campesinos armados se asumieron como “policías comunitarios” y tomaron durante una semana la cabecera municipal de Chilapa con el apoyo del Ejército y las policías estatal y federal. Su objetivo, dijeron, era alejar de ese enclave a Los Rojos.

Por esas fechas hubo por lo menos 30 desapariciones forzadas. Las familias afectadas incluso presentaron denuncias contra el exdiputado perredista Ortega Jiménez, presunto brazo político de Los Ardillos, a quien le atribuyeron las desapariciones.

El grupo criminal se posesionó del municipio de Tixtla y obligó a sus rivales a replegarse a Zitlala y al municipio de Mártir de Cuilapan, según los reportes oficiales consultados. Los Ardillos pretenden expandirse a la zona del alto Balsas con el apoyo de las policías comunitarias para cercar a Los Rojos.

Las autoridades municipales, estatales y federales han dicho que tienen ubicados a los cabecillas de ambos grupos, pero no los aprehenden, comentan los lugareños al corresponsal.

Dicen que el ataque del miércoles 6 en Quetzalcoatlán fue la respuesta de Los Ardillos ante la negativa de los comisarios a sumarse a ese grupo delictivo. Insisten en que las autoridades de los tres niveles y el Ejército solapan las acciones de ese grupo criminal cuyo bastión se encuentra en el poblado de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.

Los indígenas nahuas desplazados no se explican por qué las autoridades no atacan la comunidad de Tlaltempanapa, refugio de Los Ardillos, desde donde presuntamente salieron las “caravanas de la muerte” contra los habitantes de Quetzalcoatlán de Las Palmas y Tlapehualapa.


El alcalde de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, del PRI, demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores cumplir su compromiso de enviar a tropas del Ejército a esta zona colapsada por la narcoviolencia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426233

Licitarán este año 194 canales de TV digital y 151 frecuencias de radio

MÉXICO, DF: Para el 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) licitará un total de 194 canales de televisión digital, de los cuales 148 serán frecuencias para uso comercial, incluyendo la segunda cadena nacional que quedó pendiente, además de un total de 129 frecuencias de radio en FM y 22 en AM.

El número de canales de televisión para uso comercial “se amplía en este Programa 2016 con sus modificaciones, en función de los resultados de la Transición Digital Terrestre (TDT) y de la coordinación de canales de televisión con los Estados Unidos de América en la frontera común, así como derivado de la valoración de las manifestaciones de interés presentadas, conforme al artículo 61 de la ley”, precisó el IFT en un comunicado.

De los 194 canales de televisión digital, 148 serán frecuencias para uso comercial, 40 canales para uso público y seis para uso social. Aún no se han especificado las zonas.

En el caso de las licitaciones de radio, 42 de FM serán para uso comercial, 18 de uso público y la mayoría, 69, serán para uso social. En el caso de estaciones en AM, 11 frecuencias serán para uso comercial, cuatro de uso público y siete de uso social.

En el caso de la banda 2.5 Ghz para banda ancha móvil, “únicamente deberán licitarse los segmentos que se encuentran disponibles, mismos que deberán especificarse al momento de ejecutar los correspondientes procesos de licitación”, afirmó el IFT.

Los comisionados integrantes del pleno del IFT también determinaron 24 localidades con una “alta concentración” de concesiones comerciales, de las cuales, “en algunas de ellas existe disponibilidad espectral”, por lo tanto, en siete localidades serán licitadas frecuencias a fin de disminuir “el grado de concentración identificado”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JENARO VILLAMIL.

LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426229

“Para evitar pérdidas”, Peña se queda con el nuevo avión presidencial

MÉXICO, DF: El nuevo avión presidencial “José María Morelos y Pavón” llegará al país en los próximos días, luego de que un supuesto peritaje encargado por el gobierno determinó que venderlo representaría una pérdida del 58% del valor de la aeronave.

El Boeing 787-8 que ha causado polémica por su costo de 114.6 millones de dólares, fue sometido a un dictamen que concluyó que debía ser integrado a la flota presidencial.

La información difundida hoy por la Presidencia aclara que la llegada del avión está condicionada a diferentes pruebas que se practican por instancias internacionales y que, una vez haga su arribo a México, la aeronave entrará en operación hasta dos semanas después, tiempo en el que se capacitará a la tripulación.

Se reiteró que el avión fue encargado por la anterior administración en 2012 luego del accidente aéreo en el que murió el entonces secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora, lo que motivó una revisión de la flota aérea del Estado mexicano.

El gobierno de Peña Nieto informó que contrató a la consultora internacional Ascend Flightglobal Consultancy, a través de Banobras, que recomendó conservar la aeronave con base en un análisis técnico, financiero y de seguridad nacional.

Además de la depreciación, la consultora habría identificado que la nave fue adquirida a un precio atractivo de 42% menos que su valor en el mercado.


Entre otras consideraciones y con base en el mencionado estudio, la Presidencia de la Republica determinó quedarse con el Boeing 787, que será entregado en las próximas semanas al Estado Mayor Presidencial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426230

La SEP se ‘ahorrará’ 1,000 mdp en sueldos de maestros comisionados por el sindicato

El secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que ahora será el sindicato el que pague a los docentes; los ahorros en sueldos se invertirán en más maestros y capacitación.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, informó que más de 2,000 profesores con cargo en alguna comisión sindical dejarán de recibir su sueldo, lo que permitirá un ahorro de casi 1,000 millones de pesos en este sector.

Acompañado por el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, expuso que esa medida entrará en vigor a partir de la segunda quincena de enero, y con ello se termina con una práctica de más de 40 años en el sistema educativo del país.

Explicó que se tomó esta decisión luego de concluir la primera etapa de la revisión y depuración de la nómina magisterial, donde se identificaron a casi 2,200 comisionados sindicales con goce de sueldo.

Agregó que tener una comisión gremial es un derecho de los trabajadores y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), “pero a partir de ahora los comisionados sindicales serán pagados por el sindicato, ya no por el gobierno”.

Nuño Mayer subrayó que al dejar de pagar a ese número de comisionados sindicales, el sector educativo tendrá un ahorro de casi 1,000 millones de pesos, que podrán destinarse a tareas docentes y educativas.

Con esos recursos se pagará a todos los comisionados que vuelvan a su trabajo pedagógico y a las aulas, además de más tutores que se requieran, para los maestros de nuevo ingreso y para quienes fueron evaluados y necesiten capacitación continúa, señaló ante alumnos, maestros y padres de familia.

“Ese es un paso más que se da en el avance de la reforma educativa y de la transformación educativa que estamos haciendo”, expuso en su visita a la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en el municipio mexiquense de Tlalnepantla.

Ñuño dijo que este avance permite que los recursos de los mexicanos puedan destinarse a la calidad de la enseñanza, y agregó que continuará realizándose este ejercicio de análisis y depuración.


“Si en lo subsecuente se encontrara a más comisionados con goce de sueldo, por supuesto que también se dejarán de pagar” sus sueldos, puntualizó Nuño Meyer.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/la-sep-se-ahorrara-1000-mdp-en-sueldos-de-maestros-comisionados-por-el-sindicato/

Juicios orales: iniciarán en junio sin personal capacitado, instalaciones ni recursos

Pese a las faltas, el gobierno federal dice que no habrá prórroga y para mayo se culminará la fase de implementación inicial; periodo de transición entre viejo y nuevo sistema se extendería hasta cinco años.

Quedan cinco meses de los 8 años de plazo que México tenía para implementar el nuevo sistema penal y hay pendientes en todos lados.

El marco legal está incompleto, incluyendo dos leyes nacionales atoradas en el Congreso; los recursos no sobran: se necesitan 19 mil millones de pesos para la puesta en marcha; el sistema no funciona completo: solo 22% de los estados terminaron; y decenas de miles de policías faltan por ser capacitados.

Pero no habrá prórroga. La titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), María de los Ángeles Fromow, dijo que el sistema entrará en funcionamiento el 18 de junio como mandata la Constitución.

Cursos exprés para policías de 40 horas en lugar de 120, construcción de salas de justicia más sencillas pero suficientes en vez de grandes complejos, asignación obligatoria de la quinta parte de los subsidios de seguridad de un estado y municipio para el nuevo sistema penal, forman parte de la estrategia de la SETEC y los estados para alcanzar a cumplir con la meta.

Lo que sí adelantó es que el nuevo sistema penal acusatorio – que privilegia la presunción de inocencia, medidas alternativas y oralidad – y el sistema actual que sigue vigente, operarán de forma conjunta varios años debido a los casos que ya se iniciaron con el actual y por ley no se pueden transferir al nuevo.

Se tratará, dijo, de una transición de tres a cinco años. Es decir, el actual sistema todavía podría estar funcionando hasta el 2020.

“El 18 de junio se estará operando en todo el  país (el nuevo sistema penal) con todos los derechos, con instalaciones adecuadas pero con la perspectiva de ir mejorando toda la infraestructura. Ese día no se terminará el trabajo (…) además entraremos a una fase de transición con dos sistemas operando” dijo Fromow.

Faltan leyes

Fromow explicó que para el correcto funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio aún hace falta la promulgación de dos normas de carácter nacional, es decir que se aplicarán en todo el país. Una de ellas La ley Nacional de Ejecución de Sanciones, la cual fijará las condiciones en que una persona podrá cumplir su sentencia, ya sea mediante prisión o con penas alternativas que permitan su rehabilitación.

Recordó que una de las ventajas del sistema penal acusatorio es que plantea un mayor número de alternativas –distintas a la cárcel- para quien sea sentenciado, lo que además ayudará a despresurizar los reclusorios que hoy presentan una sobrepoblación superior al 20 por ciento.

“Nos falta el último de los andamiajes.  El cómo ejecutas la sanción penal que se imponga y a la vez cómo reisertas a esa persona adecuadamente en la comunidad y haces la cohesión social. Si tienes medidas cautelares por ejemplo  y cómo vas a reinsertar a esa persona en la comunidad. Es una ley vital”, explicó Fromow.

La otra ley de carácter nacional que falta es la de Justicia para Adolescentes la cual contemplará medidas específicas de tratamiento para los menores de edad que cometan delitos, de acuerdo con los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe señalar que antes se expidió una Ley Federal de Justicia para Adolescentes pero nunca entró en vigor por múltiples deficiencias que tenía, dijo Fromow.

De acuerdo con al SETEC los proyectos de ambas leyes se encuentra en el Senado y  deberán salir en el actual periodo de sesiones para que se pueda cumplir con la obligación constitucional de que el sistema penal acusatorio funcione integralmente antes de junio.

Fromow destacó por otra parte que hay una miscelánea de leyes que necesitan ser reformadas a partir de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y cuyas minutas se encuentran ya en la Cámara de Diputados.

“Hay 11 leyes federales que necesitamos modificar para la operación; son modificaciones a leyes orgánicas del Poder Judicial, de la defensoría, de la PGR, de distintas áreas que son indispensables para la operación del sistema y que tiene que sirven para volver operativo lo que está en el código nacional” dijo la titular de la SETEC.

Plan B: todos ponen dinero

La estimación al inicio de la administración actual es que se necesitaban 40 mil millones de pesos para lograr la implementación en todo el país de la reforma penal. La SETEC informó que hasta ahora se han invertido cerca de 21 mil millones entre recursos federales y aportaciones de las entidades Es decir, aun se necesitan invertir otros 19 mil millones.

Fromow dijo que ya se presentó esta estimación ante la Secretaria de Hacienda sin embargo, reconoció que difícilmente se tendrá todo ese dinero. De entrada, y como Animal Político publicó en diciembre, confirmó que los recursos para la SETEC tuvieron un recorte de casi el 30% en este año.

En ese contexto dijo que se está haciendo un esfuerzo nacional en distintos frentes. Por ejemplo, se estableció que a partir de este año el 20% de los fondos de seguridad que recibirán las entidades y municipios se destinarán exclusivamente para la implementación de la reforma penal. Además se exhortará a los estados para que puedan incrementar incluso ese porcentaje.

A esto se sumarán los recursos de la Iniciativa Mérida ya traducidos en especie, es decir, en equipos e infraestructura para los tribunales y salas penales de juicio oral, así como para los servicios periciales de las distintas entidades. La funcionaria no precisó a cuánto asciende dicha aportación pero dijo que es un apoyo significativo.

Existe el compromiso de la Embajada de los Estados Unidos de que todas sus aportaciones se recibirán antes del mes de mayo.

“Esto nos permite avanzar mucho más rápido en los requerimientos de los estados y bajo ese contexto tener lo necesario para la operación del sistema… Todos ponemos recursos y todos podemos aportar”, dijo Fromow.

Ranking de estados

De acuerdo con los datos oficiales de la STEEC, hay siete entidades en las cuales ya opera al 100% el sistema penal acusatorio, es decir, con el marco legal ya completo y dando cobertura a todos los delitos. Se trata de Chihuahua, Morelos, Estado de México, Zacatecas, Durango, Yucatán y Nuevo León.

En las 25 entidades restantes el sistema funciona parcialmente ya sea porque no cubre todos los delitos o porque no se aplica en todos los municipios de la entidad.

La información oficial detalla además que el porcentaje de población que vive en una zona donde ya funciona el nuevo sistema es del 68.9 por ciento que equivalen a poco más de 80 millones de personas.

Para tener una mejor medición del avance en la implementación del sistema penal en las entidades,  Fromow dijo que se construyó un ranking a partir de 400 indicadores distintos. A partir de ahí se clasifica a las entidades en una escala del 1 al 10 y a su vez divididas en los niveles óptimo, alto, medio alto, medio, medio bajo, bajo y mínimo.

En ese contexto Nuevo León, Chihuahua y Yucatán figuran como las tres entidades con mayor avance y con una calificación superior a nueve que representan un nivel óptimo. En tanto, las más atrasadas son Baja California Sur con una calificación de 4.5 y Sonora con 3.9, que significa un nivel medio bajo.

La titular de la SETEC destacó el caso de Sonora en donde hubo un esfuerzo nacional y una inversión directa de 200 millones de pesos para que pusiera en marcha la estrategia de implementación de la reforma, toda vez que el estado tenía un avance prácticamente nulo hasta el año pasado.

“En realidad diría que los principales retrasos en los estados lo tenemos por el tema de la falta de personal, de personal capacitad, es el común denominador que vemos en varios de ellos”, dijo Fromow.

Recordó, como este portal también ya publicó, que hay una estrategia especial para agilizar la capacitación de los más de 330 mil policías estatales y municipales para el país, con el compromiso de que todos estén listos a más tardar el 30 de mayo. Dicha estrategia contempla dar talleres recortados de 40 horas a los agentes, en vez de los de 120 horas que implican una formación más integral.

Se ha trabajado también con algunas entidades para verificar como están trabajando. Fromow se refirió al caso concreto de Veracruz en donde se hizo una revisión específica de cómo la entidad está invirtiendo el dinero destinado para la implementación de la reforma,  luego de que se recibieron reportes de que no se estaba gastando adecuadamente.


“Veracruz requirió una asesoría técnica para infraestructura  en el equipamiento (…) fuimos y analizamos con el Secretario de Finanzas para hacer un replanteamiento de su estrategia para que tengan el equipamiento que se requiere en el estado”, dijo Fromow.

Un país: dos sistemas

El 18 de junio funcionará en todo el país el sistema penal acusatorio sin embargo, el actual sistema penal esencialmente escrito, continuará funcionando ya que por ley las averiguaciones previas que ya estén abiertas y los juicios penales en curso deberán continuarse integrando de la misma forma.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, serán de tres a cinco años en que ambos sistemas estarán funcionando de forma paralela, es decir hasta el 2020. Esto, dijo Fromow, implica un reto para las entidades que con recursos y personal similar deberán mantener a flote los dos procedimientos.

Fromow confió en que esto no genera una saturación del sistema toda vez que el nuevo modelo implica que sean menos los casos que lleguen a tribunales.  Un análisis hecho por la dependencia señala que la meta es que solo el 1% de los procesos llegue a un juicio oral.

Durante esta etapa de transición, explicó al titular de SETEC, también se continuará invirtiendo en el tema de la implementación del nuevo sistema pues no se trata de un esfuerzo que concluirá una vez que llegue el plazo constitucional.


“Hay entidades como el estado de México, Chihuahua y Nuevo León que aunque ya cumplieron aún están en una mejora continua de su infraestructura. SETEC tiene un plan estratégico de infraestructura y equipamiento visto por lo menos varios años adelante para ver que más se va a necesitar” dijo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/a-5-meses-del-inicio-del-nuevo-sistema-penal-faltan-leyes-reformas-y-dinero/

“El Chapo” qué, Guerrero está en llamas: 65 homicidios en 13 días, secuestros, extorsión…

Mientras el país se mantiene atento a los acontecimientos en torno a Joaquín “El Chapo” Guzmán, Kate del Castillo y Sean Penn, Guerrero ha iniciado 2016 con 13 días de horror y sangre. La desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, generó la llegada de miles de fuerzas federales a la entidad así como recursos económicos millonarios para apoyar su desarrollo; sin embargo, ni las fuerzas del orden ni el dinero de la Federación lograron detener el aumento de la violencia en 2015; al contrario, en el amanecer de este nuevo año, esa violencia se ha recrudecido con decenas de asesinatos y secuestros, uno de ellos incluso masivo.

Durante los primeros 13 días de 2016 el baño de sangre en Guerrero ha sido la constante, con cinco homicidios diarios en promedio y 22 secuestros en ese periodo, 17 de ellos ocurridos en el municipio de Arcelia.

En total, de acuerdo con las cifras documentadas por diarios locales y nacionales son alrededor de 65 homicidios, 50 de ellos entre el 1 y el 8 de enero, 10 el fin de semana del 9 y 10 de enero, y cuatro más el martes 12 en Acapulco y en Ciudad Renacimiento.

Los muertos del martes pasado se reportaron el mismo día que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó en ese puerto el Acuerdo Guerrero Incluyente y Próspero, que es “la siguiente etapa” del Plan Nuevo Guerrero.

Los asesinatos y secuestros no se han detenido, a pesar que desde 2014 el Gobierno federal ha realizado varios operativos que involucran a miles de elementos de las fuerzas federales, entre ellas, la Gendarmería Nacional.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2015, respecto a 2014, se incrementaron los homicidios, especialmente los dolosos.

El año de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, cerró con 2 mil 197 homicidios, de los cuales mil 514 fueron dolosos.

Esa cantidad fue superada sólo entre enero y noviembre de 2015 donde se registraron 2 mil 461 homicidios, de los cuales mil 824 fueron dolosos.

Lo anterior, además, sin contar los cientos de secuestros y extorsiones que se dieron en la entidad.

Pero la historia continúa con el arranque de 2016. Este año inició con una jornada violenta de homicidios y secuestros.

De acuerdo con el diario Novedades de Acapulco, el sábado 9 fueron asesinadas cuatro personas en Acapulco, en Iguala otras tres con signos de tortura y en Arcelia dos taxistas.

Ese mismo día la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reportó que en los primeros ocho días del año ocurrieron 50 homicidios, y 24 de éstos tuvieron como escenario el puerto de Acapulco.

El lunes 11 de enero, Héctor Astudillo Flores, Gobernador de Guerrero, informó el secuestro de 17 personas en Arcelia, un municipio situado en la región de Tierra Caliente; de acuerdo con la versión del mandatario, las víctimas fueron sacadas de una fiesta –el sábado 9– por unos  60 o 70 hombres vestidos con ropa tipo policiaca y equipo táctico.

En un boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó que hombres armados atacaron el sábado a un grupo de personas cerca de la comunidad de El Salitre, municipio de Arcelia, cuando se trasladaban a una comunidad de La Palma de ese mismo municipio.

En ese documento la dependencia estatal informó que los sicarios se llevaron a varias personas pero hasta el domingo tenían la certeza de siete hombres porque sus familiares presentaron denuncia ante la agencia del Ministerio Público de Arcelia.

El Presidente municipal de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, relató que en el lugar llevaban cuatro años sin problemas y las personas que fueron desaparecidas son “gente humilde”, “campesinos”.

“Las personas desaparecidas son gente tranquila, gente humilde, son campesinos, comerciantes, empleados, y que no tienen nada que ver con la delincuencia organizada… Me duele mi pueblo, y estoy con ellos, confío en esta búsqueda que se está dando y vamos a seguir adelante”, expuso Torales Catalán.

La desaparición de las 17 personas provocó un operativo de unos 600 policías en la zona. De los secuestrados, uno ya apareció muerto el martes en la noche de acuerdo con Xavier Olea Peláez, fiscal de Guerrero.

El funcionario dijo a Milenio Televisión que según las primeras investigaciones apuntan a que un grupo delincuencial secuestró a los hombres para reclutarlos.


SECUESTRAN A PROFESORES

Xavier Olea Peláez dio a conocer también que un grupo criminal “levantó” a cuatro maestros y al director de la Escuela Secundaria Técnica 114 en Ajuchitlán del Progreso.

Ayer, familiares de los cinco profesores que fueron secuestrados el pasado lunes en la Secundaria Técnica 114 , en Ajuchitlán, Guerrero, informaron que los captores piden alrededor de 2.5 millones de pesos para su liberación, de acuerdo con el diario El Sur.

Los secuestradores se comunicaron por separado con los familiares y les pidieron 500 mil pesos por cada uno. La negociación se hace por separado con cada familia desde que fueron raptados.

También ayer, Novedades y El Sur publicaron que el Alcalde de Olinalá, Saúl Apreza Patrón, fue secuestrado casi un día y liberado el miércoles en la mañana tras el pago de un rescate.

El también hermano del Secretario Estatal de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, viajaba el pasado martes con su chofer cerca de Cuautla, Morelos, cuando una llanta de su vehículo se ponchó.

El momento de la reparación de la llanta habría sido aprovechado por un grupo de unos 15 hombres que, al parecer, ya seguían al Alcalde priista. Saúl Apreza fue liberado ayer en la mañana tras el pago de un rescate, de acuerdo con información confirmada al diario El Sur.

La fuente de ese medio guerrerense no precisó si también fue secuestrado el chofer, ni la cantidad del pago de rescate, ni dónde fue liberado el Presidente Municipal.

Además, el Alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, acudió ayer a las instalaciones de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar una denuncia por las amenazas del crimen organizado que han recibido él y su familia.

En declaraciones, dijo que los números telefónicos de donde se han hecho las llamadas son de la ciudad de México y que los delincuentes le piden un monto económico mensual y libertad para “trabajar” en Chilpancingo.

Leyva Mena también indicó que estas amenazas son siete llamadas telefónicas, la primera de ellas unos 15 días después de asumir como Alcalde (el 30 de septiembre del año pasado) y la última a finales de diciembre, hace unos 15 días.

El 22 de diciembre pasado, el Edil dio a conocer que ha sido amenazado por grupos de la delincuencia organizada, y detalló que las amenazas han sido a través de mensajes de texto y también mediante llamadas telefónicas a él y sus familiares.

Pero el martes, en el Fórum Mundo Imperial, Peña Nieto dijo al Gobernador Héctor Astudillo Flores: “Al asumir su encargo, recibe una entidad ante un gran reto, y éste es de forma señalada, uno de ellos: el realmente revertir el escenario de inseguridad que se vive en distintas regiones del estado de Guerrero”.

El Jefe del Ejecutivo federal agregó que Guerrero “es de las entidades del país que en esta asignatura de la seguridad representa, quizá, uno de los mayores retos”.

Por ello, dijo, dio instrucciones a todo el gabinete de seguridad pública para que mantenga una relación constante con las autoridades locales.

“El gabinete de seguridad ha comprometido, y así lo habrá de hacer, reunirse con las autoridades locales al menos una vez cada mes, que nos permita ir a hacer un balance y evaluación de cómo se vienen instrumentando diferentes estrategias, focalizadas a las distintas regiones del Estado de Guerrero, que nos permitan, repito, lograr las condiciones de seguridad que la sociedad guerrerense está demandando”, afirmó Peña Nieto.

OPERATIVOS EN GUERRERO

En octubre de 2014, días después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, llegaron a Iguala elementos de la Policía Federal (PF) y la Gendarmería Nacional para tomar el control de la seguridad. En Chilpancingo arribaron cerca de 2 mil policías antimotines para reforzar la seguridad ante la posibilidad de que continuaran las movilizaciones de los estudiantes y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación  de Guerrero (CETEG).

Un mes después, en noviembre de 2014, la Gendarmería Nacional reforzó la vigilancia en Acapulco con mil 300 elementos, para brindar seguridad a los turistas que vacacionaron ese fin de año en el puerto.

El 4 de diciembre el Gobierno federal puso en marcha el Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente en 22 municipios de Guerrero, ocho del Estado de México, cuatro de Morelos y dos de Michoacán con más de 2 mil elementos de la Policía Federal (PF).

Las fuerzas federales asumieron por completo las tareas de seguridad de esos municipios. El objetivo principal era combatir al crimen organizado que golpea a la región.

En octubre de 2015 llegaron a Guerrero más de mil 500 elementos de la Policía Federal como parte del operativo de reforzamiento de seguridad que anunció Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El 1 de diciembre de 2015 de acuerdo con medios locales, llegaron entre 5 mil y 5 mil federales antimotín a Acapulco y Chilpancingo, sólo para vigilar la jornada de evaluación docente.

Pero a pesar de los operativos que se han realizado en la entidad, el estado está fuera de control, de acuerdo con la Unión de Pueblos Originarios de Guerrero (UPOEG) y activistas entrevistados de Guerrero entrevistados por SinEmbargo.


UN ESTADO FUERA DE CONTROL

Para el sacerdote Mario Campos,  párroco de Tlapa de Comonfort, Guerrero y fundador de la policía comunitaria en la entidad, lo que sucede en la entidad es complejo y la principal razón de los homicidios, secuestros y extorsiones sin freno, es que la delincuencia organizada está fuera de control.

“El factor principal es la delincuencia. Es muy grave porque es más bien el rostro de la delincuencia lo que estamos viendo, que está presente ahí y que está haciendo mucho daño”, dijo.

Para Mario Campos los crímenes han aumentado a pesar de que hay fuerzas federales en Guerrero, debido a que falta coordinación con la sociedad.

La policía comunitaria, explicó, es rechazada y mal vista por las autoridades, pero es una forma que varios pueblos de Costa Chica y La Montaña, han encontrado para protegerse de los grupos criminales que se pelean las plazas.

“Falta la aplicación de la Ley. Que se activen las instituciones para que se haga realidad la seguridad en Guerrero que todos aspiramos. Aquí nadie está contento con lo que está pasando”, expuso.

En Guerrero dijo, en las poblaciones en donde la sociedad se ha organizado, hay “cierto control” de la delincuencia.

“Donde hay cuerpos de seguridad hechos por el pueblo, hay más control. No debe haber un afán de competir con el gobierno sino en plan de coadyuvancia, así debe verlos el gobierno, pero parece que hay poca voluntad y esfuerzo”, destacó Campos.

Los delincuentes que tienen más presencia en Guerrero son secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes, grupos que se “pelean las plazas, que tienen rivalidad, venganzas que están provocando todos los asesinatos y levantones”, explicó.

Manuel Vázquez, vocero estatal de la UPOEG, coincidió con Campos. El también abogado dijo que la organización tiene presencia en los municipios de Costa Chica y La Montaña y que la única solución para los municipios de Tierra Caliente y Costra Grande, es organizarse.

“En nuestra zona el tema de la seguridad se puso en orden. Nos toca trabajar sobre el tema de desarrollo y que el gobierno invierta porque los hombres y las familias no comen armas, necesitamos enfocarnos a la producción del campo. El Gobierno federal necesita voltear al campo de Guerrero”, dijo.

A pesar de que la lucha de la UPOEG en Guerrero, las balas también los han alcanzando. El 8 de agosto de 2015 fue asesinado el dirigente de la organización Miguel Ángel Jiménez en las inmediaciones del poblado de Xalatianguis, del municipio de Acapulco.

Miguel Ángel era uno de los líderes más activos de la región. No ha sido el único miembro de la UPOEG asesinado, así como activistas.

El lunes 21 de diciembre, Bernardo  Carreto González viajaba en su camioneta en la carretera Chilpa-Lodo Grande cuando cuatro hombres armados le detuvieron el paso, lo bajaron del vehículo y lo ejecutaron a quemarropa frente a su esposa y nueras, cerca de la comunidad Tepozcuautla, a 15 minutos de la cabecera municipal, detallaron fuentes policiacas.

Bernardo Carreto pertenecía a la Comisión de los Desaparecidos en Chilapa, junto con un grupo de familiares de 30 personas desaparecidas en mayo de 2015 durante la ocupación de pobladores armados del sur del municipio, y reclamaba públicamente la presentación con vida de sus tres hijos.

Desde la desaparición de sus hijos, cada miércoles Bernardo realizaba una reunión con familiares de víctimas para buscar a sus seres queridos y exigir a las autoridades dar con el paradero.


Ese mismo lunes se registraron 30 muertes en diferentes partes del estado, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-01-2016/1597382

Peña quiere a Kate en la cárcel

Todavía no se terminaban los festejos en Los Pinos por la recaptura de “El Chapo” Guzmán, cuando la noticia de que Sean Penn y Kate del Castillo habían entrevistado al jefe del narcotráfico eclipsó la celebración gubernamental, provocó la furia presidencial y abrió un nuevo episodio: la cacería en contra de la actriz mexicana. Van por ella.

Rencorosos con sus críticos –allí están los casos Aristegui, Ferriz de Con y varios más-, Enrique Peña Nieto y su primer círculo quieren sangre de nuevo. Pretenden cobrarle facturas a Kate por sus cuestionamientos al gobierno peñista, y la oportunidad les llega de la mano de “El Chapo”. Proclives a castigar a sus detractores, buscan venganza, una vez más.

¿Cómo? Cuadrándole a Kate del Castillo el delito de lavado de dinero por, supuestamente, haber recibido recursos del Chapo como financiamiento para la supuesta película. Por ahí quieren pegarle. No tienen otra vía, porque de acuerdo con especialistas, no pueden adjudicarle otros delitos a “La Reina del Sur”. Por eso ya activaron a medios y plumas oficialistas, clamando por una investigación “a fondo” en contra de Kate a quien queman en leña verde. Ya solamente les falta declararla “traidora a la Patria”.

“No hay delito que perseguir, ni en el Código Penal Federal ni en los de Estados Unidos. No existe la conducta de contactar a un fugitivo, ponerse de acuerdo con él para planear un libro, una película, una obra de teatro. Ni siquiera podrían acusarlos de complicidad o de ocultar al capo, pues no favorecieron su ocultamiento ni sobornaron a ninguna autoridad para evitar el rastreo de Guzmán Loera”, asegura el abogado penalista Gabriel Regino.

Y eso lo saben en Los Pinos.

Por eso ya buscan configurarle el delito de lavado de dinero… aunque primero tendrán que probarle que recibió dinero de “El Chapo” Guzmán.

Los tolucos no le perdonan a Kate sus abiertas críticas a Peña y al PRI, como ocurrió en la UCLA en julio de 2012, cuando soltó:

“Ya nos fregamos [con el regreso del PRI]. Me da una tristeza inmensa y ganas de llorar. Sesenta por ciento de los mexicanos no votamos por él [EPN]. Dan ganas de decir que qué mal, pero ahí estamos, con el PRI otra vez… es una locura”.

O bien, aquellos tuits donde, entre otras cosas, se mofa:

“No creo en el castigo ni en el pecado, no creo en cómo crecí creyendo que todo era pecado, hasta mi cuerpo, de hecho no creo en cómo la Biblia nos manipula en algunos de sus pasajes (los cuales seguro leyó Peña Nieto) para tener remordimientos, culpa y sobre todo miedo…

“Hoy creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades aunque sean dolorosas…”.

Contra Sean Penn nada podrán hacer en Los Pinos. Penn tiene un prestigio internacional sólido. Es de los grandes actores de EU. Meterse con él es meterse con el Tío Sam. “Lo estamos investigando”, aseguró desde el domingo pasado la PGR. ¡Muerto de miedo estará el furibundo Sean! No ha de poder ni dormir.

No. A Sean Penn no lo molestarán.

Por eso se enfocan contra Kate.

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¿Por qué le enfureció al Gobierno la entrevista de Kate del Castillo y Sean Penn al Chapo Guzmán? Por tres razones de fondo y de peso:

1)    Porque exhibió, una vez más, al gobierno peñista, a Gobernación y al CISEN. Es decir: a la Inteligencia Nacional (por llamarla de alguna manera). Mientras el gobierno buscaba a “El Chapo” con toda la fuerza y recursos del Estado, dos actores llegaban ante “El Chapo” sin mayor problema, justo debajo de la nariz del atolondrado Gobierno mexicano que solamente daba palos de ciego. Dos actores los rebasaron y exhibieron. Esa es la historia. Baste recordar que a “El Chapo” lo cercaron en Los Mochis gracias a una alerta proveniente de un ciudadano en la madrugada del viernes pasado, y no a una acción atribuible a la inteligencia policiaca.

2)    Porque la fotografía que, de manera astuta, le pidió Sean Penn a “El Chapo” Guzmán, y que hoy le está dando la vuelta al mundo, queda como emblema de la ineficacia del Estado mexicano. ¿Qué hubiera dado Peña Nieto por estar en lugar de Penn, mostrando como trofeo de caza la cabeza de “El Chapo” Guzmán? Pero no fue así. El actor ganador del Oscar se llevó la primicia, foto incluida,  y que de paso se erige como una burla mayor hacia el gobierno mexicano: yo sí encontré a “El Chapo”, tú no.

3)    Porque la conexión Chapo-Kate-Penn y su consecuente entrevista, terminó con el carnaval de festividades que ya preparaban en Los Pinos, incluidas entrevistas, discursos y hasta mensaje presidencial para celebrar la recaptura del capo. Les aguaron la fiestecita oficialista que había iniciado con ese vergonzante y patético cántico del Himno Nacional por parte de embajadores y cónsules cuando Osorio Chong les dio a conocer la noticia. Como en los viejos tiempos. ¡Ridículos!

*****

Sabemos cómo actúa Peña Nieto y su equipo contra quienes osan criticarlos: con golpes bajos. Simplemente no toleran críticas, y cuando los exhiben, contraatacan con toda la fuerza del Estado. Así los diseñaron. Así actúan.

Pero si quieren acorralar a Kate del Castillo, no será tarea sencilla. La actriz mexicana también tiene la ciudadanía estadounidense y allá sí respetan, practican y fomentan la libertad de expresión. No se crea que la Fiscal Lynch es igual a Arely Gómez. Para nada. El gobierno peñista deberá también andarse con mucho cuidado a la hora de ventilar sus frustraciones y rencores. Kate es una actriz que goza de respeto internacional. Está bien respaldada.

Por lo pronto, no nos extrañe que comiencen a vetar series y películas de Kate del Castillo y de Sean Penn. Que los censuren. Que los encapsulen. El sello de la casa.


Sería otro berrinche más del Gobierno mexicano.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MARTÍN MORENO (OPINIÓN)
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/13-01-2016/44118

Exoneran de secuestro a normalistas de Michoacán; siguen detenidos por violación a ley de armas

MÉXICO, DF: Los 30 normalistas de Michoacán encarcelados desde el pasado 7 de diciembre, consiguieron un auto de libertad, en lo que se refiere al delito de privación de la libertad.

Autoridades del Poder Judicial informaron que “el juez resolvió la no vinculación a proceso porque no se acreditó la probable intervención de los imputados en el hecho”.

Sin embargo, sobre los jóvenes aún pesan las acusaciones del fuero federal, en específico por violar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que permanecerán en el Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”, ubicado en la capital de la entidad.

El 7 de diciembre, más de 80 estudiantes normalistas y comuneros de la zona purépecha se enfrentaron con elementos de la policía estatal en la caseta de Zirahuén, Michoacán. Los normalistas y comuneros utilizaron explosivos (petardos y bombas molotov), por lo que fueron detenidos, algunos eran menores de edad y fueron liberados.

Los 52 restantes fueron trasladados a penales federales acusados de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego. Después, a los varones se les dictó auto de formal prisión en el Cefereso de Hermosillo, Sonora, mientras que las 22 mujeres fueron absueltas.


Luego de conocer la noticia del auto de libertad, la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación envió un comunicado donde se congratula por el fallo. “Felicidades al equipo jurídico de la Sección 18 y al apoyo del magisterio democrático, las organizaciones sociales y padres de familia quien sienten y sufren los embates de este sistema que impone leyes para cuidar los intereses de los ricos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426212

Corte falla a favor de 469 alumnos de Michoacán e impide que la universidad les cobre cuotas

Los ministros consideraron que la gratuidad de la educación, incluida en la Constitución de Michoacán, está por encima de la autonomía universitaria; el abogado de los estudiantes espera que el caso siente jurisprudencia.

Los 469 alumnos que se ampararon para no pagar la cuota de inscripción en la Universidad Nicolaíta desde 2014 podrán continuar con sus estudios sin la obligación de hacer los pagos, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un proyecto de sentencia que apoyaba la facultad de las universidades para aplicar cuotas.

Los ministros José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez y Norma Piña consideraron que la gratuidad de la educación —incluida en la Constitución de Michoacán— está por encima de la autonomía universitaria, luego de analizar el caso de María Ángeles Cárdenas, el primero sobre este tema que llegó al máximo tribunal del país.

En la sesión pública de este miércoles 13 de enero, con cuatro votos a favor, la Primera Sala de la Corte desechó el proyecto de sentencia del ministro Mario Pardo Rebolledo, por lo tanto, el caso será turnado a otro ministro para que elabore una nueva propuesta de resolución.

Jorge Álvarez, abogado que lleva el caso, aseguró a Animal Político que esta es una buena noticia para miles de universitarios michoacanos porque los ministros están reconociendo que las cuotas vulneran el derecho a la educación gratuita.

Los cuatro ministros se pronunciaron en el mismo sentido: la autonomía universitaria no la exime de hacer cumplir la Constitución. José Ramón Cossío advirtió que “la autonomía universitaria no genera independencia respecto de los gobiernos estatales y el derecho de gratuidad, en el caso concreto de Michoacán, debe permanecer y no hacerse regresivo”.

Por lo tanto, la judicialización del caso continuará este año, hasta que otro ministro elabore un proyecto y que la votación respectiva siente jurisprudencia sobre el pago de cuotas.

El proyecto desechado

Después de que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo decidió restablecer la obligatoriedad de las cuotas de inscripción por 420 pesos en 2014, 792 alumnos interpusieron amparos; de ellos jueces de distrito admitieron el caso de 469.

Argumentaron que la Constitución de Michoacán protegía el derecho a la educación gratuita, luego de la reforma aprobada en 2012, en la cual se establece que “toda educación que el Estado imparta será gratuita”, desde preescolar hasta nivel universitario.

Después de la reforma Constitucional, el exgobernador Leonel Godoy firmó un convenio con la universidad, en el que se comprometía a que el gobierno estatal destinaría los recursos suficientes para que absorber el pago de cuotas para que los estudiantes ya no desembolsaran dicho pago.

Sin embargo, el exrector Salvador Jara argumentó que la universidad ya no tenía recursos para seguir subsidiando el pago de cuotas, pues el gobierno estala no había renovado el convenio durante 2012 y 2013.

Finalmente, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán concedió los amparos a los estudiantes, lo que les permitió continuar con sus estudios sin necesidad de pagar cuotas de inscripción.

La Universidad se inconformó con la decisión y pidió a la Suprema Corte de Justicia atraer el caso. El de la alumna María Ángeles Cárdenas fue el primero en llegar a la Primera Sala y el ministro Pardo Rebolledo sustentó en su proyecto de resolución que las universidades estaban en su derecho de imponer las cuotas necesarias, debido a la autonomía.

El ministro sostenía que “la reforma constitucional de gratuidad de la educación media y superior en Michoacán no obliga a un organismo descentralizado como lo es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, porque en ejercicio precisamente de su autonomía puede establecer cuotas de inscripción y colegiaturas para que se pueda ingresar a ella y exigir los recursos correspondientes”.

Después de exponer diversas consideraciones, el ministro Pardo afirmaba que el derecho a la educación “sí puede limitarse”, pues en este caso, “la propia autonomía encierra precisamente una excepción o limitación al propio derecho a la gratuidad respecto de la educación que imparta el Estado”.

Pero ante la negativa de cuatro ministros por esta interpretación de la ley, el caso de María Ángeles y los 468 alumnos restantes continúa como hasta ahora; es decir, sigue vigente el amparo que ganaron en tribunales de Michoacán y seguirán estudiando sin necesidad de pagar cuotas de inscripción.

El abogado Jorge Álvarez espera que el próximo proyecto de sentencia tome en cuenta la gratuidad de la educación como derecho Constitucional y, por lo tanto, ninguna institución de educación, en todos los niveles, podría imponer cuotas de inscripción obligatorias y el gobierno estatal debería etiquetar los recursos suficientes.

El proyecto desechado consideraba que la Universidad Nicolaíta no era parte del Estado al ponderar la autonomía, pero este argumento no se sostiene debido a la Constitución local, asegura el abogado.


Además, el argumento de que la universidad no tiene recursos debido a que el gobierno local no renovó convenios, “para hacer efectivos los derechos establecidos en la Constitución, no es necesario el establecimiento de convenios”, dice Álvarez.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/corte-falla-a-favor-de-469-alumnos-de-michoacan-e-impide-que-la-universidad-les-cobre-cuotas/

“Agresión” a marinos, ardid para que 'El Chapo' saliera de escondite

Su error, pensar que no lo podían interceptar por Internet.

El comunicado que envió la Secretaría de Marina (Semar) el viernes pasado, antes de que se hiciera pública la detención de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, fue un mensaje para él, un distractor para que se confiara, porque el operativo continuó hasta que fue capturado, señalaron ayer fuentes oficiales.

Uno de los errores que cometió Guzmán Loera, agregaron, que permitió al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) localizarlo, fue que pensó que las comunicaciones que hacía vía Internet no eran interceptadas. Eso lo llevó a usar telefonía celular y con ello facilitó su ubicación.

Revelaron que Guzmán sabía que los órganos de inteligencia carecían del equipo para interceptar sus mensajes por Internet, y por eso procuraba contar con esa herramienta en los lugares en que vivió –como Bastantitas de Abajo y La Piedrosa–, en plena sierra duranguense que forma parte del Triángulo dorado de la droga.

Cuando no tenía ese servicio, el líder del cártel de Sinaloa bajaba a los pueblos para usar Internet. Esto hizo que se confiara y en un momento utilizó su teléfono celular para enviar mensajes, lo que fue captado por el Cisen y permitió dar seguimiento a los informes que ya tenían sobre el contacto que había establecido con la actriz Kate del Castillo.


Las fuentes consultadas recordaron que la labor de inteligencia fue exitosa y cuatro días después del encuentro entre Guzmán, Kate del Castillo y el actor estadunidense Sean Penn se realizó el operativo en La Piedrosa, de donde Guzmán escapó gracias a que utilizó como escudo humano a la hija menor de una de sus cocineras, a la que llevaba entre los brazos cuando llegó a la brecha que le permitió bajar más de 2 kilómetros hasta un arroyo y de ahí dirigirse a la sierra. El capo estaba ubicado, su captura era cosa de tiempo, indicaron.

Acerca del comunicado que se emitió el viernes 8 de enero, antes de que el presidente Enrique Peña Nieto hiciera oficial la captura del capo, las fuentes entrevistadas aseguraron que se trató de una estrategia de la Semar para hacer creer a El Chapo y a su gente que el operativo para detenerlo había fallado, para que se confiara y saliera de su escondite, porque la labor de más de cien elementos para ubicarlo continuaba.

Los marinos continuaron la persecución sin estar seguros de poder atraparlo; por eso sólo se informó del inicio del operativo en el que presuntamente habían sido atacados cuando personal naval recibió una denuncia ciudadana, que señalaba que en un domicilio se encontraban personas armadas, y que en ese lugar fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que los marinos procedieron a repeler la agresión en legítima defensa.

Sí fue cierto que el comunicado daba cuenta de que un marino resultó herido, cinco agresores perdieron la vida y que “en el citado lugar se encontraba Orso Iván Gastélum Cruz, El Cholo”, quien después fue capturado con Guzmán.


El comunicado de la Semar llegó a las redacciones a las 10:58 horas y Peña Nieto confirmó a las 12:19, en su cuenta de Twitter, la detención del hombre más buscado de México.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/01/14/politica/003n2pol

Detienen a 9 presuntos integrantes de Los Rojos en Tamaulipas

MÉXICO, DF: La Procuraduría General de la República (PGR), anunció la detención de nueve integrantes de Los Rojos, célula delictiva que se desempeñaba como brazo armado del cartel del Golfo que opera en el estado de Tamaulipas.

Con ello, afirma la Procuraduría, se logró afectar sustancialmente la estructura criminal, entre ellos, el segundo nivel de mando y el jefe de plaza en Tampico.

Entre ellos se encuentran Héctor Crescencio de León Fonseca, “El R3”, “El Teto” o “El Chencho”, quien ocupaba el segundo nivel de mando dentro de Los Rojos, principalmente en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas. También fue detenido Jesús Israel Briones Bandala al “El Morro”, quien era el jefe de plaza y comandaba al grupo de sicarios en Tampico, Tamaulipas.

De acuerdo con el comunicado de la PGR, en coordinación con la División de Investigaciones de la Policía Federal, se identificó que dicho grupo criminal se dedicaba a la comisión de diversos delitos, principalmente, tráfico de droga, armas, robo de hidrocarburos, secuestro y cobro de piso, en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, en el estado de Tamaulipas, así como el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

Con las acciones ministeriales se logró afectar sustancialmente la estructura criminal.


En el operativo, se aseguraron dos camionetas doble cabina con blindaje artesanal, dos armas de fuego tipo Barret calibre 50, seis fusiles AR-15, un fusil calibre 308, cuatro fusiles AK-47, 1 arma corta calibre .38 súper, 1,500 cartuchos útiles de diferentes calibres, diversos cargadores, un arma larga, equipo de comunicación satelital.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426201

CNDH emite recomendación al fiscal guerrerense Xavier Olea Peláez

MÉXICO, DF: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al fiscal general de Guerrero, Xavier Olea Peláez, como consecuencia del recurso de impugnación contra otra recomendación que expidió la entonces Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

En un comunicado, la CNDH precisó que los padres de la víctima de los hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2010 consideraron que la recomendación de la Comisión Estatal no estableció la responsabilidad de todos los servidores públicos que intervinieron en la integración de la averiguación previa para investigar la muerte de su hijo, por lo que se les vulneró su derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño.

El organismo nacional requirió diversa información y documentación a dicha Comisión y a la Contraloría Interna de la ahora Fiscalía General del Estado de Guerrero, que fue sometida a valoración lógico-jurídica.

Por ello, la CNDH recomendó al fiscal general de Guerrero reparar de manera integral el daño ocasionado a los padres de la víctima, como consecuencia de la actividad irregular de los servidores públicos de dicha instancia, con base en la recomendación 59/2015, así como en la Ley número 694 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero y, en su caso, la Ley General de Víctimas.

De igual manera, exigió aportar elementos necesarios en el procedimiento administrativo de investigación que se iniciará contra los servidores públicos responsables involucrados en los hechos.

La CNDH también solicitó diseñar e impartir a los agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales un curso integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, que incluya el acatamiento de las disposiciones jurídicas vinculadas con la procuración de justicia a la atención de las víctimas del delito durante la integración de las averiguaciones previas, y emitir una circular en la que se exhorte a los servidores públicos de dicha Fiscalía a cumplir con los lineamientos establecidos, para garantizar la no repetición de actos similares.

De acuerdo con el organismo nacional, no corresponde al ámbito de su competencia resolver sobre la culpabilidad o inocencia de las personas contra las cuales el representante social del fuero común ejerció acción penal, facultad exclusiva del órgano jurisdiccional, sin embargo, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el recurso de impugnación, advierte que los agravios expresados por los padres de la víctima en su escrito de inconformidad son fundados y procedentes.

El 16 de septiembre de 2010, la víctima estaba hospedada con su novia y otros amigos en un hotel del puerto de Acapulco, donde abordaron dos kayaks en el lago artificial del propio hotel. Uno de los kayaks volcó y la pareja cayó al agua. La novia fue ayudada a subir a otro kayak, en tanto que personal del hotel sacó del agua a la víctima, que resultó electrificada, y de inmediato lo trasladaron al área médica y después a la Cruz Roja, donde lo declararon formalmente muerto.


En razón de que los padres del fallecido no recibieron asistencia jurídica en su calidad de víctimas y tampoco información sobre el estado del acta ministerial por parte de los servidores públicos involucrados, pertenecientes a la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, presentaron queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que por razón de competencia la derivó a la Comisión Estatal, la cual emitió la recomendación 115/2012.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426196