Los asesinatos de finales del año pasado y las narcomantas desplegadas en Iguala muestran la lucha intestina en el grupo Guerreros Unidos. Los mensajes van dirigidos contra policías estatales y mandos militares a quienes se acusa de dar protección a Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo, y a Eduardo Joaquín Jaimes, El Choky, de la banda de Los Peques, brazo armado del grupo criminal.
Y se mencionan nombres de varios de los funcionarios presuntamente implicados con ese grupo delincuencial, como el exdirector de la policía de Taxco Eruviel Salado Chávez y una docena de agentes de esa corporación que desde octubre último está bajo el mando de la Policía Federal.
Tanto Salado Chávez como el exalcalde taxqueño Salomón Majul González, quien ahora es diputado federal por el PRI, y el empresario Federico Figueroa han sido señalados públicamente por sus presuntos nexos con Guerreros Unidos.
Por su parte, en el municipio indígena de Zitlala, ubicado en la zona que conecta la región Centro con la Montaña, se registró la primera masacre de este año en la entidad la madrugada del miércoles 6.
Ese día, pistoleros al servicio de la gavilla de Los Ardillos, que lideran los hermanos del perredista Bernardo Ortega Jiménez, expresidente del Congreso local, irrumpieron en la comunidad nahua de Quetzalcoatlán de Las Palmas, ejecutaron a seis campesinos e hirieron a cuatro más, lo que provocó el éxodo de los pobladores.
Desde hace cuatro meses, según testigos, los sicarios afincados en el vecino poblado de Tlaltempanapa exigieron a las autoridades de Tlapehualapa, Quetzalcoatlán de las Palmas y Tlalcozotitlán formar “guardias comunitarias” para cercar a Los Rojos, que dirige Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, y se refugian en el municipio de Mártir de Cuilapan.
Las autoridades civiles y militares se han limitado a observar la confrontación entre Los Ardillos y Los Rojos. En los últimos tres años, ambos grupos han sembrado el terror en los municipios de Chilapa, Zitlala y Tixtla. Mientras tanto, en Acapulco, las pandillas que se disputan ese destino turístico reventaron la tregua navideña y provocaron por lo menos 22 muertos.
Arcadio Castro Santos, dirigente de la industria de la masa y la tortilla en el puerto, protestó el viernes 8 por la ejecución de siete trabajadores debido a que los propietarios de los establecimientos se negaron a pagar las cuotas que les exigían los delincuentes.
Las purgas
El 27 de diciembre aparecieron dos narcomantas en Iguala. En ellas se menciona al líder transportista de la zona Norte, Victorico Martínez López, y a otras personas como presuntos operadores de Guerreros Unidos, a quienes se acusa de “sobornar” a policías federales y ministeriales.
Dos días después, el centro de la ciudad amaneció tapizado de mensajes. En ellos se señala al Ejército de proteger a Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo, líder de Los Peques, uno de los presuntos implicados en la masacre y desaparición de los 43 normalistas; también se difundió una foto con el rostro del Choky, supuesto brazo ejecutor del Tilo, considerado por el gobierno federal como otra de las piezas clave en el caso Ayotzinapa.
Fuentes oficiales consultadas por el corresponsal aseguran que se trata de una lucha intestina entre miembros de la organización criminal que opera en Iguala, Taxco, Tepecoacuilco y Huitzuco, zona colindante con el sur del estado de Morelos.
Según informó la agencia Apro en octubre de 2014, el gobierno federal sabía que Los Peques controlan el narcomenudeo en Iguala y estaban implicados en la agresión a los normalistas de Ayotzinapa, lo mismo que algunos uniformados estatales y federales.
Los reportes oficiales consultados por Proceso en esas fechas indican que después de la desaparición de los 43 normalistas, los sicarios al servicio de Los Peques salieron de Iguala y se refugiaron en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri. Las autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército les brindaron protección.
El año pasado, autoridades del poblado donde se encuentra la minera canadiense Gold Corp denunciaron la existencia de fosas clandestinas; algunos afirmaron que la esposa del exalcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, se refugió en esa zona.
La confrontación entre los operadores de Guerreros Unidos se incrementó en diciembre pasado, cuando fueron divulgados los nombres de políticos y autoridades civiles y castrenses de la zona norte presuntamente vinculados en el caso Ayotzinapa.
En “La Montaña Baja”, la banda de Los Ardillos y Los Rojos mantienen una disputa por el control de las zonas de producción y trasiego de droga en Chilapa, Zitlala y Tixtla, municipios que conectan la región Centro y La Montaña.
Nadie hace nada
A principios de mayo pasado, decenas de campesinos armados se asumieron como “policías comunitarios” y tomaron durante una semana la cabecera municipal de Chilapa con el apoyo del Ejército y las policías estatal y federal. Su objetivo, dijeron, era alejar de ese enclave a Los Rojos.
Por esas fechas hubo por lo menos 30 desapariciones forzadas. Las familias afectadas incluso presentaron denuncias contra el exdiputado perredista Ortega Jiménez, presunto brazo político de Los Ardillos, a quien le atribuyeron las desapariciones.
El grupo criminal se posesionó del municipio de Tixtla y obligó a sus rivales a replegarse a Zitlala y al municipio de Mártir de Cuilapan, según los reportes oficiales consultados. Los Ardillos pretenden expandirse a la zona del alto Balsas con el apoyo de las policías comunitarias para cercar a Los Rojos.
Las autoridades municipales, estatales y federales han dicho que tienen ubicados a los cabecillas de ambos grupos, pero no los aprehenden, comentan los lugareños al corresponsal.
Dicen que el ataque del miércoles 6 en Quetzalcoatlán fue la respuesta de Los Ardillos ante la negativa de los comisarios a sumarse a ese grupo delictivo. Insisten en que las autoridades de los tres niveles y el Ejército solapan las acciones de ese grupo criminal cuyo bastión se encuentra en el poblado de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Los indígenas nahuas desplazados no se explican por qué las autoridades no atacan la comunidad de Tlaltempanapa, refugio de Los Ardillos, desde donde presuntamente salieron las “caravanas de la muerte” contra los habitantes de Quetzalcoatlán de Las Palmas y Tlapehualapa.
El alcalde de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, del PRI, demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores cumplir su compromiso de enviar a tropas del Ejército a esta zona colapsada por la narcoviolencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426233
