Joaquín El Chapo Guzmán cuenta con un equipo de al menos 15 abogados trabajando para impedir que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto lo extradite a Estados Unidos, informó este martes José Luis González Meza, uno de sus defensores, quien reconició que mediante la llamada extradición temporal el gobierno mexicano puede acelerar la entrega del capo a las autoridades del vecino país (lo que no ocurriría antes de un año, aun con la aplicación de ese tipo de trámite).
Sin embargo, el abogado aseguró que la extradición temporal viola derechos humanos reconocidos por diversos tratados internacionales y por la Constitución mexicana. ‘‘Se trata de una figura totalmente inconstitucional’’, dijo.
Contra la versión oficial que han difundido funcionarios federales mexicanos, el abogado González Meza aseguró que a él se le ha impedido ingresar al penal del Altiplano, por lo que dijo desconocer la condición física de Guzmán Loera.
Un preso de guerra sería mejor tratado, señala González Meza
‘‘A estas alturas no se sabe si está vivo y en qué condiciones está, si es que está (…) No se está respetando su presunción de inocencia’’, sostuvo el abogado en diversas entrevistas radiofónicas y durante una conferencia de prensa efectuada en el Distrito Federal.
‘‘Se han violado y pisoteado todos sus derechos humanos’’, dijo el litigante, quien agregó que ‘‘un preso de guerra es mejor tratado que él (Guzmán Loera)’’ y que ‘‘tratan mejor a un perro’’ que a su defendido.
Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un convenio el 13 de noviembre de 1997 en Washington, el cual fue añadido al tratado de extradición vigente entre ambos países. Se trata de un recurso conocido como extradición temporal, la cual permite que quienes enfrenten cargos en los dos países primero sean juzgados y sentenciados en uno, y luego entregados temporalmente para que se les procese en el otro, a reserva de que una vez que termine el juicio en el país requirente sean devueltos a territorio mexicano para que terminen aquí sus procesos y compurgar sus penas y/o medidas de seguridad.
Funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) entrevistados dijeron que los dos procedimientos jurídicos de extradición que tiene pendientes Guzmán Loera, previos a que se determine si procede su envío a Estados Unidos, tardarán como mínimo seis meses (duración común de esos trámites) antes de que los jueces emitan una ‘‘opinion juridica’’, con la salvedad de que si la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) avala la extradición de El Chapo, sus abogados pueden aún ganar tiempo promoviendo amparos, lo que alargaría hasta un año o más su estancia en suelo nacional.
Comentaron que el procedimiento de extradición se inicia con la petición formal del trámite. Una vez que se realiza la detención de una persona extraditable, el país requirente cuenta con un plazo de 60 días naturales para presentar lo que se conoce como petición formal de extradición. Concluido ese plazo es cuando el juez federal debe emitir una ‘‘opinión jurídica’’ y enviar su determinación a la cancillería mexicana. La determinación de la SRE puede ser peleada mediante el juicio de amparo.
Durante la conferencia de prensa, González Meza presentó a los representantes de los medios de comunicación la copia de un documento firmado por Guzmán Loera donde se le acredita como su abogado.
Agregó que si este miércoles no le permiten el ingreso al penal pedirá al Poder Judicial Federal que destituya al director del Altiplano, por violación a una suspensión obtenida de amparo.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/20/el-chapo-con-15-abogados-para-evitar-su-extradicion-1667.html
México, DF. El representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (OACUNDH), Jesús Peña Palacios, aseveró en el Senado que en el país hay más de seis mil niños, niñas y adolescentes desaparecidos lo que representa el 30 por ciento del total de personas desaparecidas de 2006 a 2014.
Asimismo, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) subrayó que con información del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, se tiene que entre 2006 y 2014 el treinta por ciento de personas desaparecidas son menores de 18 años, y el Estado tiene una obligación frente a ello.
En tanto, Alison Sutton, representante adjunta de UNICEF en México consideró que “hemos escuchado que la población debajo de 18 años de desaparecidos llega a ser 1.8 veces mayor de niñas que niños. Cuando se hacen estudios hablamos de que en la población de 14 años son más niñas las que se encuentran desaparecidas”.
En tanto Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), resaltó que en la ley general en la materia que discutirá próximamente el Senado de la República, se debe dar prioridad a la búsqueda de menores, niños, niñas y adolescentes, y se debe redactar un tipo penal que agrave la sanción cuando el desaparecido sea menor de 18 años.
La CNDH, resaltó, plantea que en esta ley debe existir un apartado dedicado a la niñez, víctima directas o indirectas de este grave problema y se debe disponer de la creación de áreas y protocolos especializados en la desaparición de menores, no solo la la investigación de los casos sino para la sistematización de los datos obtenidos que permitan realizar un mapeo de la desaparición de menores y sus consecuencias en cada región del país.
Insistió Eslava que debe haber un apartado de niñez y adolescencia en la ley que elaborará el Senado que obligue a la autoridad a desagregar datos de este delito. De igual forma, apuntó, la ley debe transversalizarse con la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en lo que respecta al Sistema Nacional de Protección, a los sistemas DIF, a las normas que rigen los centros de asistencia social, los sistemas de información y la situación que guardan los derechos de los menores.
Sutton refirió que el Comité de Derechos de la Infancia de la ONU, en sus conclusiones a México en 2015 señaló “su preocupación por la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes: asesinatos, desapariciones y violaciones y recomendó establecer una política pública”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VICTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/20/el-30-de-desaparecidos-en-mexico-son-ninos-y-adolescentes-onu-4518.html
TELOLOAPAN, Gro: Integrantes del grupo ciudadano denominado Familiares de los Otros Desaparecidos de Iguala encontraron esta tarde restos humanos en dos fosas clandestinas ubicadas en la franja minera de este lugar enclavado en la zona norte de la entidad.
El sitio del hallazgo se localiza en la cima de los cerros de La Muñeca y La Laguna, que se caracteriza por ser un bosque de coníferas donde se encuentra un singular petrograbado que da nombre al lugar.
A pie es la única forma de llegar a Los Pericones, sitio de las fosas donde se hallaron fragmentos de cráneo, costillas, vértebras y falanges.
Después de caminar dos horas sobre terreno agreste y escarpado, partiendo de este pueblo donde la pobreza y marginación contrasta con la riqueza de recursos minerales que explota la empresa Peñoles, se llega a la comunidad de Los Pericones.
Esta población se ubica a hora y media de la ciudad de Iguala, entre los poblados de Teloloapan y Apaxtla de Castrejón, en el cinturón de oro y amapola de la entidad que bordea el río Balsas y donde opera un grupo de autodefensa vinculado con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
En las faldas del cerro de La Muñeca se localizan cuatro cuevas interconectadas donde se presume se mantenía a personas retenidas, debido a que había indicios como restos de cinta industrial, colchonetas, ropa de varón, envases de alimento procesado y objetos que hacen suponer que estaba instalado un puesto de vigilancia.
Más arriba, en la cima de los cerros de La Muñeca y La Laguna se encuentran las fosas y, frente al cementerio clandestino, se observa la minera de Rey de Plata, asentada en la comunidad Tehuixtla y que al igual que otras minas como la de Campo Morado, en Arcelia; Media Luna, en Cocula, y Gold Corp, en Carrizalillo, se han convertido en fuente de ingresos económicos para los grupos criminales que reciben cantidades millonarias por concepto de extorsión.
Los miembros de Los Otros Desaparecidos de Iguala recorrieron la zona, sólo acompañados por reporteros, pues aseguran que no hay interés de las autoridades por implementar mecanismos de búsqueda de desaparecidos en la entidad, a pesar de la gravedad del problema que se hizo evidente tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además, afirmaron que los reportes que reciben sobre posibles fosas clandestinas son de ciudadanos que deciden no acudir ante autoridades por sus posibles nexos con la delincuencia.
“Las autoridades nos acusan de alterar la evidencia, pero ellos incurren en un crimen porque no buscan a nuestros desaparecidos y tampoco llevan un registro de víctimas”, expresó Mario Vergara Hernández, miembro del grupo ciudadano que en un año ha localizado 130 cuerpos en fosas ubicadas en Iguala y el poblado minero de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri.
Mario Vergara, originario del municipio de Huitzuco y quien desde noviembre de 2014 busca a su hermano Tomás, advirtió que sigue en el movimiento ciudadano surgido en Iguala porque su madre se está muriendo en vida.
Las autoridades deben asumir su responsabilidad ante el drama que viven los familiares de personas desaparecidas, sentenció el joven de figura espigada durante el recorrido donde fueron guiados a dos puntos en los que estaban al menos cuatro fosas.
No obstante, sólo en dos posibles fosas encontraron restos óseos como fragmentos de cráneo, dos costillas, una vértebra y diversas falanges.
Ambos sitios fueron marcados con piedras del lugar tupido de pinos que son utilizados por los campesinos para extraer ocote.
Los familiares de personas desaparecidas en Iguala anunciaron que van a dar parte a las autoridades federales para que acudan al lugar y realicen las diligencias correspondientes con el fin de determinar si existen más indicios de restos humanos y verifiquen las cuevas donde se presume que mantenían a personas secuestradas.
Enseguida, Mario Vergara aportó datos que reflejan la indolencia gubernamental, pues sostuvo que de los 130 cuerpos que ellos han encontrado en fosas clandestinas de Iguala y Carrizalillo, la PGR sólo ha entregado 15 cadáveres a familiares sin tener certeza científica, debido a que no permiten un peritaje externo a solicitud de las víctimas y como lo ordena la ley.
También advirtió que el problema de desaparecidos en Guerrero es un asunto grave que las autoridades han desestimado.
Ello debido a que, afirmó, aparte de los 130 cuerpos que ellos han localizado, tienen un registro de 191 cuerpos encontrados por las autoridades en diversas fosas de la zona norte desde finales de 2014.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426999
MÉXICO, DF: Organizaciones no gubernamentales (ONG) y expertos en derechos humanos aplaudieron la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y reprobaron la campaña mediática y política que, aseguraron, busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que ha alcanzado su trabajo.
En un pronunciamiento suscrito por el obispo de Saltillo Raúl Vera López y los expertos en derechos humanos Luis González Plascencia, Armando Guevara Ramos, Mara Hernández, Adriana Muro y Jorge Carlos Toledo Sauri, entre otros, destacan que el trabajo del GIEI no sólo requiere del apoyo de la sociedad y de las propias víctimas, sino también del respaldo –expresado públicamente– de las más altas autoridades mexicanas.
En este sentido, apuntan, es necesario recordar que el Estado mexicano aceptó la conformación del GIEI el 18 de noviembre de 2014 en el marco de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con el texto, también firmado por organizaciones como Artículo 19, Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, entre muchas otras, el GIEI fue designado por la CIDH el 16 de enero de 2015, y sus integrantes fueron escogidos de entre las propuestas hechas tanto por el Estado mexicano como por los peticionarios.
“Los representantes del Estado mexicano estuvieron al tanto del alto perfil y el prestigio de cada uno de sus integrantes”, destaca el pronunciamiento.
Señala que desde el inicio de sus labores, el 1 de marzo de 2015, el GIEI señaló las fallas y omisiones de la investigación oficial sobre el paradero de los estudiantes, reivindicó la centralidad de las víctimas dentro del proceso, y mediante un contundente informe presentado en septiembre de 2015, ofreció nuevas líneas de investigación que deben agotarse.
El informe del GIEI, añade, ha sido considerado como uno de los más relevantes documentos sobre la situación de los derechos humanos en México en los últimos años.
Adicionalmente el GIEI se encuentra en una fase decisiva, pues su segundo mandato, para el que se le habilitó a seguir supervisando técnicamente la investigación, se extiende en principio hasta el próximo 30 de abril.
Sin embargo, conforme el GIEI ha avanzado hacia el esclarecimiento de los hechos, “se ha activado una campaña mediática y política que busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que ha alcanzado su trabajo y de esta forma confundir a la opinión pública”.
La existencia de dicha campaña es evidente, si se considera la sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos económicos y la reiteración de los señalamientos infundados, lamentan los defensores de derchos humanos y las organizaciones no gubernamentales.
“Aunque el objetivo de la campaña hasta ahora se ha centrado en descalificar a las fiscales Ángela María Buitrago y a Claudia Paz y Paz, señalándolas falsamente como afines a intereses ilegítimos y presentándolas como responsables de una supuesta manipulación de procesos jurídicos en Colombia y Guatemala –soslayando que su calidad moral y técnica es ampliamente reconocida en sus países de origen y en la región–, es claro que los esfuerzos se dirigen a deslegitimar el trabajo del GIEI en su conjunto y así entorpecer el esclarecimiento del caso”, puntualiza el texto.
Prosigue: “No puede soslayarse que las descalificaciones se han dirigido contra las dos fiscales mujeres, quienes de manera estrecha trabajan con la Procuraduría General de la República en el expediente del caso, incorporando elementos discriminatorios en razón de género.
“Esta campaña coincide con otros obstáculos que han entorpecido el trabajo del GIEI; señaladamente, la reticencia del gobierno federal a permitir que las expertas y expertos entrevisten a elementos del 27 Batallón de Infantería que podrían aportar datos relevantes para el esclarecimiento pleno de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, siendo un hecho probado que al menos uno de ellos fungió como pasivo testigo presencial de la agresión contra los normalistas”.
En este contexto, los firmantes del pronunciamiento manifiestan su respaldo al trabajo que el GIEI realiza en México, y recuerdan que el Estado mexicano “está obligado a demostrar que se encuentra comprometido con la búsqueda de la justicia y la verdad para los normalistas de Ayotzinapa y sus familias, sobre todo en estos meses definitivos, considerando la extensión del mandato del GIEI”.
El respaldo público al GIEI y la eliminación de los obstáculos que impiden la realización de su mandato son un paso obligado para demostrar que el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta con seriedad la grave crisis de violaciones a derechos humanos de México, concluye.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426980
OAXACA, Oax: Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron una protesta por la visita del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) Miguel Ángel Osorio Chong, a quien declararon persona non grata y le advirtieron que en Oaxaca no pasará el Mando Único.
La rechifla fue encabezada por el dirigente magisterial Rubén Núñez Ginez, quien cuestionó la “amañada” presencia de Osorio Chong y externó su repudio ante la cerrazón de los gobiernos federal y estatal.
El titular de la Segob acudió a esta capital para presidir la reunión de seguridad con gobernadores de la zona sureste, y estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y Marina, Francisco Vidal Soberón Sanz, así como por la procuradora general de la República, Arely Gómez González.
Los gobernadores asistentes al encuentro –que se realizó a puerta cerrada– son: Gabino Cué Monteagudo; Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche; Manuel Velasco Coello, de Chiapas; Arturo Núñez Jiménez, de Tabasco; Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, y Rolando Zapata Bello, de Yucatán.
De acuerdo con Núñez Ginez, los funcionarios de Enrique Peña Nieto tienen que sesionar casi clandestinamente o a través de artimañas, porque su desprestigio no les permite anunciar públicamente su presencia y dar la cara al pueblo.
Señaló que la escasa presencia de los maestros en la protesta fue “representativa” porque citaron de manera urgente para repudiar la presencia no grata del secretario de Gobernación, además de que –dijo– se ocultó hasta la última hora que los funcionarios sesionarían en esta capital.
Sin embargo, “desde la ciudad de la resistencia les decimos que seguiremos luchando a nivel nacional”, subrayó.
Los inconformes exigieron al gobernador Gabino Cué una mesa de trabajo, porque “hoy en Oaxaca realizamos un foro de evaluación para decir que la propuesta pedagógica es vigente y se sigue construyendo el PTEO (Plan Estatal para la Transformación Educativa)”.
En un comunicado, el gobierno del estado dio a conocer que durante la reunión de este martes, Osorio Chong destacó el trabajo coordinado de los gobiernos federal y estatales para fortalecer la seguridad en el sureste mexicano.
Y agregó que la consolidación de instituciones más fuertes ha sido un factor fundamental para generar confianza en la población, lo que se ve reflejado en mayor bienestar y tranquilidad de los ciudadanos de la región.
Por su parte, Osorio Chong exhortó a los mandatarios estatales a redoblar esfuerzos para combatir los índices delictivos, y les reiteró el respaldo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en las estrategias implementadas para disminuir la inseguridad de la zona, según el comunicado.
Afuera del Jardín Etnobotánico del exconvento de Santo Domingo, donde se realizó el encuentro, alrededor de cien policías estatales colocaron vallas metálicas e impidieron el paso de un reducido grupo de maestros que intentaba ingresar al recinto.
Los mentores realizaron un mitin a una cuadra del lugar del evento, y denunciaron que “policías vestidos de civil y disfrazados de reporteros ingresaron a la conferencia a la que convocó la dirigencia magisterial en el edificio histórico de la Sección 22, pero no les tenemos miedo y aquí estamos dando la cara, y aunque mandaron a encarcelar a algunos compas, les decimos que no estamos derrotados”.
Uno de los oradores destacó que por más órdenes de aprehensión que libren las autoridades, “no vamos a claudicar en rechazar su reforma educativa, y eso del Mando Único aquí en Oaxaca no va a pasar”.
Los inconformes hicieron saber al gabinete de seguridad que en Oaxaca hay 417 municipios que se rigen por el sistema normativo interno o de usos y costumbres donde no se necesita la Policía Estatal o Federal, porque existen los topiles (policías comunitarios que dan su servicio sin recibir ninguna remuneración).
Y cuestionaron el Mando Único “porque de entrada está infiltrado por el crimen organizado y protegido desde las esferas gubernamentales”.
Luego de dos horas de haber iniciado la protesta, los maestros se retiraron en marcha hasta su sede en el centro de esta ciudad, sin que se registraran enfrentamientos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426981
Policías capitalinos arrestaron y fincaron cargos penales por el delito de "ultrajes a la autoridad", en contra de un defensor de derechos humanos por cuestionarlos sobre la detención de un motociclista.
La tarde de ayer, martes 19 de enero, autoridades capitalinas arrestaron y fincaron cargos penales por el delito de “ultrajes a la autoridad”, en contra de un defensor de derechos humanos que intentó videograbar a policías preventivos que realizaban labores de tránsito.
César Alejandro Castañeda López es integrante de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, y fue detenido alrededor de las 14:30 horas, cuando se acercó a un policía preventivo que realizaba revisiones de Tránsito, para preguntar la razón de su proceder.
“¿Disculpa oficial, por qué lo paras?”, es lo que pregunta César Alejandro al policía preventivo que acababa de detener a un motociclista, tal como deja ver el video captado por el activista, y que fue difundido ayer por el colectivo periodístico El Pueblo. Medio Independiente.
Cabe subrayar que la intervención de agentes preventivos en actividades relacionadas con el control del tránsito vial no son ilegales (la ley prevé que si un preventivo detecta una presunta anomalía vial, puede intervenir, y solicitar el apoyo de agentes de Tránsito que consumen la intervención policial).
Esta situación, sin embargo, no le fue explicada al activista cuando cuestionó al agente sobre las razones de su actuación, sino que, por el contrario, fue acorralado por cuatro policías más, quienes lo acusan de estarlos “intimidando”, por lo cual es amenazado con ser presentado ante el Ministerio Público.
Siempre con el teléfono en su mano, grabando los hechos, y de forma calmada, el activista César Alejandro les explica que nunca intentó impedir la acción del agente, tampoco lo insultó ni se refirió a él de manera irrespetuosa.
Sin embargo, un policía de lentes le advierte que es ilegal tomarles video y nuevamente lo acusa de actos de intimidación contra uniformados de seguridad pública.
–¿Por qué estás intimidando al oficial? –lo interroga el policía– ¿Por qué le estás haciendo preguntas? ¿Yo quiero saber tú quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás tomando video? ¿Que artículo de derechos humanos te da derecho a grabar?
–Porque soy un ciudadano –es la respuesta.
–Estás obstruyendo nuestra labor –le advierten.
Durante el video, también se escucha al activista reclamar a uno de los agentes que lo está empujando y, de hecho, César Alejandro Castañeda denunció posteriormente que los agentes le propinaron un golpe en la espalda y le lesionaron un brazo.
Finalmente, alegando que no podía acreditarse como “observador de derechos humanos” (lo cual, en realidad, no representa ninguna falta), los agentes pusieron al activista a bordo de una patrulla, sin que le fueran explicardos los presuntos delitos que había cometido, aún cuando él pidió que le aclararan su error.
César Alejandro fue presentado ante la Coordinación Territorial GAM II, acusado de “ultrajes a la autoridad”, aunque cinco horas después la Procuraduría General de Justicia del DF determinó que no había cometido ningún delito y lo puso en libertad… la PGJDF, sin embargo, no inició ninguna acción en contra de los policías que realizaron la detención.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/policias-del-df-arrestan-a-activista-por-preguntarles-por-que-detenian-a-un-motociclista-le-imputan-ultrajes-video/
Los proyectos de resolución de la Corte proponen respaldar la "constitucionalidad" de ambos delitos, ante impugnaciones de manifestantes sentenciados.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo públicos los proyectos de resolución en torno a un tema polémico en la Ciudad de México: la constitucionalidad de dos artículos del Código Penal del DF, en los que se establecen los delitos de “ultrajes a la autoridad” y de “ataques a la paz pública”.
Según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ambos delitos han sido empleados por las autoridades de la capital para la “criminalización” de manifestantes, además de que vulneran “el principio de legalidad” y representan una “restricción indebida a los derechos a la manifestación, libertad de expresión y de reunión”.
Por esa razón, en diciembre pasado la CDHDF solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal derogar ambos delitos (eliminándolos del Código Penal capitalino).
Sin embargo, el debate que se prepara en la Suprema Corte de Justicia de la Nación parte de la tesis opuesta: según los proyectos de resolución de los amparos directos 4384/2013 y 4436/2015, los delitos de ataques a la paz pública y de ultrajes a la autoridad son totalmente constitucionales.
A continuación, te presentamos un resumen de los argumentos que serán analizados por el máximo tribunal de justicia del país, en torno a estos dos preceptos penales, que rigen actualmente en la capital del país.
Los ataques a la paz…
El promovente del amparo directo 4384/2013 es Bryan Reyes, una de las personas detenidas durante las protestas del 1 de diciembre de 2012, convocadas por la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto.
Cinco meses después de su arresto, en abril de 2013, Bryan Reyes fue hallado culpable de los delitos de “daño a la propiedad” y “ataques a la paz pública”, éste último contemplado en el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, por lo que se le impuso una sentencia de dos años, seis meses y 15 días de prisión, así como al pago de una multa por reparación del daño.
Sin embargo, Bryan Reyes –quien enfrentó el juicio en libertad– apeló esta sentencia, argumentando que la expresión “perturbación a la paz pública” es ambigua, imprecisa y otorga al juzgador un “amplio margen de interpretación y arbitrariedad (…) lo que viola los derechos a la seguridad jurídica y a la exacta aplicación de la ley penal”.
Asimismo, Bryan alegó que este artículo del Código Penal capitalino “contiene una restricción a la garantía de libre expresión de las ideas y de reunión”, y por esta vía, una restricción al derecho a la manifestación.
Cabe destacar que, por separado, la Comisión de Derechos Humanos del DF defiende este mismo argumento en contra del artículo 362 del Código Penal capitalino, ya que, asegura, dicha norma “vulnera el principio de legalidad” y representa una “restricción indebida a los derechos a la manifestación, libertad de expresión y reunión”.
Por ello, en diciembre pasado la CDHDF solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se derogue el tipo penal de “ataques a la paz pública”.
En contraste con esta postura, el magistrado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –encargado de elaborar el proyecto de resolución de la Suprema Corte sobre el tema de los ataques a la paz pública– concluyó que el artículo 362 es suficientemente claro y, por lo tanto, no puede calificarse de inconstitucional.
El magistrado subraya en su proyecto que cuando los legisladores redactan leyes, no puede esperarse de ellos absoluta claridad o que elaboren un catálogo exhaustivo de conductas, “porque es imposible agotar todas las variantes del actuar humano”.
Es por esta razón, explica el proyecto de sentencia, que los tipos penales como el de “ataques a la paz pública” se redactan usado “expresiones lingüísticas abstractas”, que permitan, aún a través de distintos métodos de interpretación, definir con claridad una conducta sancionable.
Así, determinó el magistrado Alfredo Gutiérrez, aunque la expresión “actos que perturben la paz pública” puede abarcar un abanico amplio de posibles conductas punibles, esto no implica que carezca de la claridad jurídica que demanda el artículo 14 de la Constitución, sino que, por el contrario, “desde un estándar mínimo, (esta expresión) es suficientemente clara”.
Según el magistrado, la “paz pública” se puede definir como “la legítima expectativa de orden, tranquilidad y seguridad de cada miembro de una comunidad, que representa un fin inherente al Estado y premisa para el goce efectivo de otros derechos”.
Eso no quiere decir que no exista el conflicto en la sociedad, sino que éste no puede “tramitarse” por la vía de la violencia.
Por ello, continúa la definición, los actos que “perturban” la paz pública son aquellos que “no sólo se manifiestan en cuanto a los daños materiales o directos que llegaren a ocasionar, sino que, por su magnitud, trascienden a terceros, generando en éstos un estado de zozobra que indefectiblemente altera la tranquilidad y expectativa de seguridad de todo individuo”.
Así, el proyecto de resolución del magistrado Gutiérrez Ortiz Mena plantea que la Suprema Corte debe refrendar la constitucionalidad del artículo 362 del Código Penal del DF.
Los ultrajes…
Por otra parte, el magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo fue el encargado de analizar y elaborar un proyecto de resolución para el amparo 4436/2015, promovido por la joven Gabriela Hernández Arreola en contra del artículo 287 del Código Penal del DF, en el que se establece el delito de “ultrajes a la autoridad”.
Gabriela Hernández fue detenida el 10 de junio de 2013, en el marco del operativo policiaco por la conmemoración de la matanza de 1971, y sentenciada por el delito de “ultrajes”, consideró que el artículo 287 del Código Penal capitalino es “inconstitucional”, ya que “limita y restringe los derechos humanos de libertad de expresión, reunión, asociación, disenso y, sobre todo, la protesta social”.
Según la argumentación de la sentenciada, este delito encasilla de forma indiscriminada “diversas conductas”, pero “sin precisar de manera clara” qué son los “ultrajes”, lo que genera una aplicación arbitraria de la ley.
El delito de “ultrajes”, abundó Gabriela en su amparo, “atenta contra la naturaleza humana, al sancionar el simple hecho de proferir palabras normalmente vistas”, esto, a pesar de que los “maltratos verbales” no están tipificados como delitos, sino como faltas administrativas.
Luego de realizar un “estudio de fondo”, el magistrado Jorge Mario Prado concluyó que el alegato de Gabriela sobre la “inconsitucionalidad” del artículo 287 del Código Penal del DF resulta infundada, “debido a que el precepto sí establece con claridad la conducta por la cual se le sancionará”.
Para el magistrado, “la simple interpretación gramatical” del concepto “ultraje” permite endender “la conducta que se debe observar”, que es, basándose en la definición de la Real Academia de la Lengua Española, incurrir en “injurias o desprecio”.
Las “injurias”, explica el magistrado, son la imputación “de un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o estimación”, mientras que el “desprecio” es un “desaire”.
Así, concluye, “se entiende que ultraje serán las ofensas y agresiones físicas o verbales que se infieran a una autoridad que se encuentra en ejercicio de sus funciones”.
Pardo Rebolledo, además, reconoce que el artículo 287 del Código Penal capitalino representa una limitación legítima a la libre expresión, pues busca impedir que este derecho sea empleado para alterar el orden público.
Epílogo: definiciones pendientes
Cabe destacar que aunque ambos proyectos de resolución de la Suprema Corte ya están redactados, aún falta que sean votados por los magistrados de la Primera Sala, por lo que no se trata de criterios ya oficializados.
Según la lista de temas por resolverse publicada por la Corte, ambos proyectos serán analizados en la sesión de este 20 de enero, aunque eso dependerá de que los asuntos que los preceden en la lista sean desahogados. Así, la fecha concreta en que ambos temas sean votados aún puede modificarse.
A continuación se pueden consultar los amparos presentados por los acusados:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/ataques-a-la-paz-y-ultrajes-a-la-autoridad-delitos-reales-o-excusa-para-reprimir-la-corte-lo-resolvera/
CUERNAVACA, Mor: El gobierno del estado acusó al alcalde Enrique Alonso Plascencia de violar el decreto emitido por el mandatario Graco Ramírez de imponer el Mando Único en 15 municipios, entre ellos Tlaquiltenango, por lo que advirtió, a través del secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, que el edil “tendrá que enfrentar las consecuencias legales” que amerite la “rebelión” en esa población.
En entrevista, adelantó que se analizan las acciones legales que se iniciarán en contra del alcalde por haber “encabezado una rebelión” para retomar el control de la policía municipal y haber expulsado de esa localidad al Mando Único, mismo que desde el lunes 4 asumió –por decreto del gobernador– el control de la seguridad, junto con las fuerzas federales.
En rueda de prensa, Matías Quiroz indicó: “Lamentamos que el alcalde Enrique Alonso haya violentado un decreto y, sobre todo, una resolución de la SCJN, por lo que el gobierno del estado está haciendo un análisis jurídico para proceder en contra del edil por este acto y la violación a diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Morelos y otras del ámbito penal”.
También calificó como un “acto de rebelión” del acalde el haber violado el decreto del Ejecutivo y la resolución de la SCJN, al encabezar una movilización para retomar el control de la seguridad pública y expulsar de Tlaquiltenango a la policía de Mando Único. Y le recordó a Enrique Plascencia que hoy en Morelos no existe fuero para los presidentes municipales.
El secretario de Gobierno indicó que por el momento no cuenta con información que permita establecer que existe una relación entre lo que sucede en Tlaquiltengo y Temixco; sin embargo, recordó que en el primer municipio se ubica la frontera más grande de Morelos con el vecino estado de Guerrero, y datos de inteligencia revelan la problemática de violencia que se enfrenta, mientras que en el segundo opera el grupo criminal de Los Rojos.
Sigue la toma de la comandancia
Mientras tanto, en Tlaquiltenango se cumplieron 24 horas de la toma de la comandancia y desde ayer por la mañana un plantón de vecinos permanece en ese lugar “para impedir que regrese el Mando Único”, dice uno de los participantes.
Esta mañana, al menos dos camionetas con cuatro elementos de la Policía Federal (PF) arribaron al municipio “para el resguardo de la seguridad del municipio.
Mientras, el alcalde Enrique Alonso Plascencia afirmó que se están haciendo las gestiones para que sean elementos del Ejército Mexicano quienes se hagan cargo de la seguridad en el lugar, en apoyo a los 43 policías municipales que permanecen en dos turnos, aunque no cuentan ni con armas ni equipo, menos aún con patrullas, en el municipio más grande del estado de Morelos.
Además, rechazó que haya encabezado “una rebelión”, como dijo el gobierno del estado. “El Mando Único puede seguir haciendo acciones y labores en el municipio, (nosotros) solamente solicitamos las instalaciones del municipio, donde nosotros podamos llevar a cabo la prevención del delito”, desafío.
También informó que ha solicitado una auditoría porque, advirtió, “se necesita saber en qué se gastaron los 27 millones de pesos del presupuesto municipal de seguridad pública” que durante los últimos tres años, en la anterior administración, fueron destinados al Mando Único.
“Ese dinero es de los habitantes de Tlaquiltenango, sólo recibieron abusos de parte del Mando Único, queremos saber en qué se gastó el gobierno del estado ese dinero”, exigió.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
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MÉXICO, DF: A pesar de los esfuerzos de acompañamiento ciudadano y los recursos públicos invertidos no hay Policía Estatal en todo el país que cumpla plenamente con los procesos de desarrollo a los que están obligadas por ley desde el 2009.
En promedio, las policías estatales consiguieron una calificación de 6.1, de acuerdo con la más reciente evaluación del Semáforo del Desarrollo Policial que realiza la organización civil Causa Común.
María Elena Morera, presidenta del organismo, afirmó que las policías de los estados están “muy lejos” de cumplir con su principal función de dar seguridad plena a los ciudadanos, por lo que sugirió a las autoridades tomar en cuenta el semáforo, “el cual ofrece un diagnóstico único en su tipo”, máxime si se pretenden la unificación policial en el país.
Causa Común realiza un seguimiento puntual en los siguientes rubros: sistema profesional de carrera policial, profesionalización de los cuerpos policiacos, certificación integral y el régimen disciplinario.
Morera destacó que sólo a Querétaro puede otorgársele “luz verde” para consolidar una institución policial en ruta de cumplir con su responsabilidad de brindar seguridad a los ciudadanos. La entidad obtuvo 9.1 de calificación, sin embargo, dijo, deberá mejorar las deficiencias en su régimen disciplinario que aún subsisten.
Otras 17 entidades pasaron de “panzazo” y están en alerta amarilla pues siguen presentando inconsistencias en todos o algunos de sus procesos.
Entre esas entidades se encuentran Chihuahua, Distrito Federal, Baja California, Guanajuato y Nuevo León, que “avanzaron en los resultados del año pasado, pero todavía salen debiendo”.
El resto de las entidades están “reprobadas” y son Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas y Puebla, las que obtuvieron las calificaciones más bajas, lo que las coloca en “grave situación” para dignificar a sus oficiales y conformar una fuerza policial estatal única, señala el informe de Causa Común.
Ante los resultados, que se obtienen de la revisión normativa, entrevistas directas a los responsables de la seguridad en los estados, encuestas y solicitudes de información, Causa Común indicó que los escasos avances son “muestra de la falta de voluntad política de las autoridades”.
Y cuestionó:
“¿Cómo harán para asumir la dirección, coordinación y desarrollo de un estado de fuerza superior al que tienen actualmente, cuando desde el 2009 que cambio la ley no han podido con ésta implementación?”
Al respecto, perfiló siete propuestas para las autoridades:
Activar la Comisión Especial de Desarrollo Policial del Consejo Nacional de Seguridad y dotarla de una contraparte técnica; que las autoridades den a conocer una ruta crítica para el efectivo cumplimiento del Sistema de Desarrollo Policial; certificación integral de los policías; avanzar hacia la certificación institucional.
Mejorar los salarios, seguridad social y adecuadas jornadas laborales para los policías; fortalecer el control interno e institucionalización de la supervisión ciudadana y sancionar a quien incumpla objetivos.
Causa Común indicó que las inconsistencias por entidad federativa y el diagnóstico de su semáforo ya ha sido entregado a los gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal “con la finalidad de que subsanen las deficiencias y garanticen al ciudadano mejores oficiales de policía”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Canasta básica, calidad de vida, acceso a la educación y a la salud, movilidad social… En México estos derechos quedan condicionados por los niveles salariales que no permiten el acceso a ellos, ya que en la última década los trabajadores han sumado a su salario sólo 25.47 pesos.
Tanto la Constitución Mexicana, el Banco Mundial (BM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tienen decretos sobre el salario mínimo y las características que debe tener. Al mismo tiempo, funcionarios y políticos hacen lo suyo, es decir, incluyen el tema en sus discursos, abogando siempre por un aumento. Independientemente de lo que se escriba o se proclame, diferentes estudios y la realidad, sostienen que en México los salarios no alcanzan para brindar una vida digna a las familias del país.
En los últimos 10 años, los aumentos salariales de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) no han sobrepasado los 3 pesos, y ese aumento fue en 2007, después de esa fecha a los trabajadores se les dan 2.21, 2.53 o –el más reciente– 2.94 pesos. En conjunto, el salario mínimo ha sumado 25.47 pesos más para, después de una década, ubicarse en 73.04 pesos.
Hablar de calidad salarial en México es hablar de la causa principal de la pobreza. Actualmente, 63.8 millones de mexicanos viven en pobreza por ingreso; es la población con ingreso inferior a la línea de bienestar y conforma 53.3 por ciento o más mitad de la población. De éstos, el 46.2 por ciento pertenece a los 55.3 millones que dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) incluye en pobreza multidimensional, más el 7.1 por ciento (8.5 millones de personas) denominadas “vulnerables por ingreso”.
El Banco Mundial establece un nivel de bienestar que se basa en el consumo. Por un lado, mide el gasto necesario para acceder a un estándar mínimo de nutrición y otras necesidades básicas y por otro, una cantidad que refleje de la participación en la vida diaria de las sociedades.
Eso es lo que está establecido en aquel organismo internacional, pero la Constitución Mexicana es clara en el Artículo 123: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley […] los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
¿Se cumple el Artículo 123? De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicado en noviembre pasado, resulta “humanamente imposible” que un trabajador pueda acceder a la Canasta Obrera Indispensable (COI) o canasta real, que es aquella que contempla los gastos de alimentos y servicios, es decir, la más completa. Para poder cubrir esos gastos, un trabajador tendría que laborar jornadas de 51 horas con 44 minutos.
La investigación realizada por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) plantea que con el salario actual sólo se puede adquirir el 15.45 por ciento de la COI; sin embargo, no es un problema novedoso pero ha ido empeorando, ya que en el año 2000 se podía comprar el 21.87 por ciento y para el 2012, el 18.21 por ciento.
Uno de los realizadores del estudio, el doctor David Lozano Tovar, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, comentó en entrevista con SinEmbargo que los aumentos salariales que la Conasami y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), han elegido una estrategia que no traerá buenos resultados, porque de continuar con aumentos salariales de no más de 3 pesos, la clase trabajadora tendrá que esperar 111 años, para que el poder adquisitivo de su salario logre pagar la COI, suponiendo incrementos salariales de 4 por ciento.
Sí, 111 años y con la condición de que los precios de los alimentos y los servicios se mantengan como están ahora.
En los últimos tres años, el salario ha perdido el 9.65 por ciento de su poder adquisitivo, mientras que sólo para 2016 la Secretaría de Economía (SE) anunció una inflación del 3 por ciento.
En lo que respecta a la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) o ideal, tendrán que pasar 10 generaciones de trabajadores para poder acceder a ella, también en el entendido de que los precios de los componentes de esta no aumentarán.
En 10 años, el costo de la CAR se ubicará en los 602 pesos y con el salario mínimo se podrá acceder apenas a una sexta parte de ella. En el caso de la Obrera Indispensable, se aspirará a una dieciseisava parte, este índice representa el uso y consumo diario para una familia obrera de cuatro personas; está integrada por 35 bienes y servicios (27 alimentos, tres productos de aseo personal y del hogar, transporte como Metro, Metrobús o Microbús, energía eléctrica, gas y agua) para dos adultos, un joven y un infante; sin embargo, no incluye gastos como renta de vivienda, vestido y calzado, educación, salud y diversiones.
En la última década, los incrementos salariales no han rebasado el 4.20 por ciento y una de las consecuencias más graves de ello, es que 102 millones 425 mil mexicanos no pueden comprar la canasta básica constitucional, que tiene un costo equivalente a 16 salarios mínimos, así según el CAM sólo 2 millones 56 mil personas pueden acceder a ella: el 1.7 por ciento de la población.
EL GOLPE A LA CALIDAD DE VIDA
De acuerdo con el doctor Marcelo Delajara, Director del área de Crecimeinto Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la problemática salarial que tiene México, tendrá efectos importantes en el aspecto de la movilidad social, cuestión que desde la perspectiva del Centro, tiene igual importancia que el acceso a la alimentación.
El hecho de que las familias destinen una mayor cantidad a los alimentos es una señal que indica un empobrecimiento de la población en general, explica Delajara.
“Cuando se analizan las cifras de pobreza, se cree que los problemas están concentrados ahí, en los pobres, pero los datos muestran que dado los cambios en el patrón del consumo, se encuentra que en general las familias dedican más de su gasto a la alimentación y eso es empobrecimiento porque dedican menos dinero para otras cosas como educación o salud, elementos que pueden verse resentidos”, comentó.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario debe cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países, es el costo para los empleadores y la principal fuente de ingresos de los trabajadores.
Pero según sus estimaciones, de 2012 a 2013, el salario real en México no tuvo crecimiento e incluso los números fueron negativos: menos 0.5 y menos 0.6 por ciento, reducciones incluyo mayores que las de Sudáfrica y Egipto.
Al respecto, Delajara sostuvo que además del debate de los salarios mínimos también debe abordarse el tema de los salarios medios, los que son realmente complicados de modificar porque dependen directamente de cuan productiva es la economía.
“En la medida que se tiene un crecimiento económico vigoroso, cosa que no tenemos, ya que la economía crece a un ritmo relativamente modesto, los salarios no van a crecer. Para eso se necesita un PIB que crezca al 5 por ciento para que eso jale un poco al salario medio […] y en los últimos 20 años, el crecimiento promedio de México ronda entre 2 y 2.5 por ciento”, dijo.
Un crecimiento constante y alto, es un factor que promueve la demanda de trabajo, que el salario aumente y la obtención de ganancia por productividad.
“El salario medio va de la mano del crecimiento económico. El salario mínimo está más de la mano de las políticas públicas, de los acuerdos entre empresarios, gobierno, sindicatos”, agregó Delajara.
Para Lozano Tovar, una cosa es lo que se habla de manera pública y otra lo que se hace en términos prácticos de política económica y sostiene que la prueba contundente de que el salario de los trabajadores puede aumentar de manera real es la desigualdad económica de sus habitantes.
“El salario lo que expresa es el precio del trabajo y 2.73 pesos por día es lo que vale para ellos la jornada […] El valor del trabajo se ha ido perdiendo, ya no hay forma de vivir con el salario que se gana, cada día que pasa se puede comprar menos, porque el salario vale menos. La población trabajadora asalariada ya no puede tener acceso a un nivel de vida digno”, comentó el investigador.
LA DESINDEXACIÓN Y LA HOMOLOGACIÓN
A finales de 2015, tanto la Conasami como la STPS, de la mano de legisladores y representantes de las principales cámaras empresariales, abogaron y festejaron la homologación y la desindexación del salario mínimo en el país –dejándolo en 70.10 pesos–.
Ese aumento de 1.83 pesos lo catalogaron como un “hecho histórico” que correspondía con las exigencias de toda una década de la clase trabajadora, esos 54.6 pesos extras al mes.
Según el académico de la UNAM, esas dos acciones se realizaron no por cuestiones económicas, sino con miras en el cobro de los impuestos y de nuevas sanciones. Explicó que el problema es que si los salarios no aumentan, no pueden hacerlo las multas, como hoy lo están y algunas, de manera desproporcionada.
“Mientras no suceda un cambio en la política económica, mientras sea puro discurso y digan y se lamenten que no pueden subir los salarios, todo es una burla para los trabajadores […] La situación económica se está poniendo cada vez más difícil, y esa situación, para los trabajadores, significa perder más cosas”, enfatizó Lozano Tovar, y agregó un dato más: “habrá que preguntarse, en 10 años cuánto ganará un diputado con base en el promedio de sus incrementos de los últimos 10 años. En una comparación, mientras el salario mínimo en el 2025, será de 96 pesos, el salario mínimo promedio que tendrá un funcionario o un diputado federal, será de 6 mil pesos diarios, por 30 días 180 mil pesos aproximadamente, libres de todo”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-01-2016/1598965
XALAPA, Ver: El gobernador Javier Duarte minimizó este martes la desaparición de cinco jóvenes de Playa Vicente que hace más de una semana fueron “levantados” por elementos de la Policía Estatal adscritos a la delegación de Tierra Blanca.
Para el priista se trata de “una cosa que sale mal” por 99 cosas bien hechas en la entidad, además de que los índices delincuenciales, dijo, van a la baja.
“Van de manera clara y puntual a la baja (los índices delincuenciales) en el estado de Veracruz. Tenemos un caso en Tierra Blanca, y lamentablemente en temas de seguridad pueden hacerse 99 cosas bien, pero con que una salga mal (una) ese es el tema, como es el caso que hoy nos obliga a estar atentos y pendientes”.
Por separado, el responsable de la Fiscalía General del Estado (FGE) Luis Ángel Bravo Contreras señaló que de los siete policías estatales detenidos hasta el momento, la mitad no habían pasado los exámenes de control, evaluación y confianza, sin embargo, no supo explicar por qué los oficiales siguieron trabajando en la corporación.
Bravo Contreras reiteró que en los últimos nueves días la FGE se ha concentrado en buscar por diversos municipios de la Cuenca del Papaloapan, demarcaciones costeras y hasta en zonas montañosas a los cinco jóvenes que fueron a pasar un fin de semana turístico a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y el pasado lunes 11 fueron interceptados por policías estatales.
En el sur de la entidad, Duarte de Ochoa explicó a reporteros de Minatitlán que los uniformados de Tierra Blanca “defraudaron” la confianza depositada en ellos y serán castigados con todo el peso de la ley.
“No por ser policías vamos a tener alguna consideración, al contrario, vamos a actuar con toda la fuerza, porque es un tema que nos agravia y que nos lastima a todos como sociedad veracruzana”, subrayó.
Ayer por la noche circuló el rumor de que los cuerpos de José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arróniz, de 25, y Susana Tapia Garibo, de 16 años, habían sido encontrados en el interior de una camioneta en una zona rural de Tierra Blanca, pero el hecho fue desmentido por la FGE esta madrugada, luego de que la nota se difundió en diversos medios nacionales.
Mientras tanto, la protesta de los padres de los jóvenes desaparecidos sube de tono, y en las redes sociales empezaron a circular una imagen donde aseguran al presidente Enrique Peña Nieto que en Veracruz no hay “misión cumplida”, pues han pasado nueve días desde la desaparición de sus hijos y nadie conoce su paradero.
Los policías detenidos hasta el momento son: Edgar Ramón Reyes Hermida, René Pelayo Vidal, Luis Rey Landeche o Lendechy Colorado, Omar Cruz Santos, Edgar Omar Ruiz Tecalco, Otoniel Cruz Linares y el delegado de la SSP en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, quienes se encuentran internados en penales de Veracruz por la desaparición forzada de los jóvenes.
Sin embargo, hasta ahora no han ofrecido una declaración puntual de dónde se encuentran los jóvenes “levantados” y si continúan con vida.
En el Congreso local, el diputado panista Carlos Fuentes Urrutia criticó el desaseo en la investigación por la desaparición forzada de los cinco jóvenes y aseguró que la FGE “solo está dando palos de ciego”.
“Así vienen actuando en este caso y en otros más, donde hay policías estatales involucrados”, subrayó.
Dijo que al no saber a qué grupo delincuencial fueron entregados los jóvenes, al pasar nueve días y no tener pista de dónde pueden estar y los antecedentes que tiene la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) con otras desapariciones forzadas, da pie para pensar que la Fiscalía únicamente está preparando una criminalización de los jóvenes para poder justificar un acto más de corrupción policiaca.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426989
OAXACA, Oax: Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron una protesta por la visita del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) Miguel Ángel Osorio Chong, a quien declararon persona non grata y le advirtieron que en Oaxaca no pasará el Mando Único.
La rechifla fue encabezada por el dirigente magisterial Rubén Núñez Ginez, quien cuestionó la “amañada” presencia de Osorio Chong y externó su repudio ante la cerrazón de los gobiernos federal y estatal.
El titular de la Segob acudió a esta capital para presidir la reunión de seguridad con gobernadores de la zona sureste, y estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y Marina, Francisco Vidal Soberón Sanz, así como por la procuradora general de la República, Arely Gómez González.
Los gobernadores asistentes al encuentro –que se realizó a puerta cerrada– son: Gabino Cué Monteagudo; Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche; Manuel Velasco Coello, de Chiapas; Arturo Núñez Jiménez, de Tabasco; Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, y Rolando Zapata Bello, de Yucatán.
De acuerdo con Núñez Ginez, los funcionarios de Enrique Peña Nieto tienen que sesionar casi clandestinamente o a través de artimañas, porque su desprestigio no les permite anunciar públicamente su presencia y dar la cara al pueblo.
Señaló que la escasa presencia de los maestros en la protesta fue “representativa” porque citaron de manera urgente para repudiar la presencia no grata del secretario de Gobernación, además de que –dijo– se ocultó hasta la última hora que los funcionarios sesionarían en esta capital.
Sin embargo, “desde la ciudad de la resistencia les decimos que seguiremos luchando a nivel nacional”, subrayó.
Los inconformes exigieron al gobernador Gabino Cué una mesa de trabajo, porque “hoy en Oaxaca realizamos un foro de evaluación para decir que la propuesta pedagógica es vigente y se sigue construyendo el PTEO (Plan Estatal para la Transformación Educativa)”.
En un comunicado, el gobierno del estado dio a conocer que durante la reunión de este martes, Osorio Chong destacó el trabajo coordinado de los gobiernos federal y estatales para fortalecer la seguridad en el sureste mexicano.
Y agregó que la consolidación de instituciones más fuertes ha sido un factor fundamental para generar confianza en la población, lo que se ve reflejado en mayor bienestar y tranquilidad de los ciudadanos de la región.
Por su parte, Osorio Chong exhortó a los mandatarios estatales a redoblar esfuerzos para combatir los índices delictivos, y les reiteró el respaldo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en las estrategias implementadas para disminuir la inseguridad de la zona, según el comunicado.
Afuera del Jardín Etnobotánico del exconvento de Santo Domingo, donde se realizó el encuentro, alrededor de cien policías estatales colocaron vallas metálicas e impidieron el paso de un reducido grupo de maestros que intentaba ingresar al recinto.
Los mentores realizaron un mitin a una cuadra del lugar del evento, y denunciaron que “policías vestidos de civil y disfrazados de reporteros ingresaron a la conferencia a la que convocó la dirigencia magisterial en el edificio histórico de la Sección 22, pero no les tenemos miedo y aquí estamos dando la cara, y aunque mandaron a encarcelar a algunos compas, les decimos que no estamos derrotados”.
Uno de los oradores destacó que por más órdenes de aprehensión que libren las autoridades, “no vamos a claudicar en rechazar su reforma educativa, y eso del Mando Único aquí en Oaxaca no va a pasar”.
Los inconformes hicieron saber al gabinete de seguridad que en Oaxaca hay 417 municipios que se rigen por el sistema normativo interno o de usos y costumbres donde no se necesita la Policía Estatal o Federal, porque existen los topiles (policías comunitarios que dan su servicio sin recibir ninguna remuneración).
Y cuestionaron el Mando Único “porque de entrada está infiltrado por el crimen organizado y protegido desde las esferas gubernamentales”.
Luego de dos horas de haber iniciado la protesta, los maestros se retiraron en marcha hasta su sede en el centro de esta ciudad, sin que se registraran enfrentamientos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426981
Dubai, Emiratos Árabes Unidos. El presidente Enrique Peña Nieto y el vicepresidente, primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubai, jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, atestiguaron la firma de 13 convenios entre ambos países.
Durante una reunión en el Palacio Zabeel, el mandatario mexicano y su anfitrión dieron fe sobre la adopción de estos instrumentos que impulsarán la relación bilateral.
Entre los documentos signados están los acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, así como de cooperación en materias turística, en el sector energético, en energías limpias y en asuntos energéticos relacionados con el cambio climático.
De igual manera para el Establecimiento de un Programa Conjunto de Becas entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Masdar para Ciencia y Tecnología.
También se firmaron varios memoranda de entendimiento: sobre Cooperación Cultural y Artística; para Promover la Cooperación en las Áreas de Educación Superior e Investigación Científica.
Así como entre la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Emiratos Árabes Unidos y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).
Mientras que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) firmó un acuerdo de cooperación con Emirates Development Bank y dos memoranda de entendimiento: con Emirates National Bank of Dubai y con Dubai Economic Council.
Petróleos Mexicanos (Pemex), a su vez, firmó memoranda de entendimiento no vinculante y acuerdos de cooperación con las empresas Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) y Mubadala Petroleum LLC.
FUENTE: LA JORNADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/19/mexico-y-emiratos-arabes-acuerdan-proteger-inversiones-1020.html
