MÉXICO, DF: Ulrich Richter, abogado de Humberto Moreira, pedirá que su cliente pague una fianza que podría rondar los 200 mil euros.
Richter precisó que el juez “puede resolver en cualquier momento” la situación jurídica del exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI.
En entrevista con Grupo Fórmula, Richter aseveró que las compañías que transfirieron 199 mil euros a Humberto Moreira sí existen: “Estas empresas operan normalmente, se dedican a la publicidad y tienen una marcha normal de los negocios”.
Una de las pruebas que la defensa de Moreira presentará ante el juez Santiago Pedraz será los resultados de una investigación encabezada por la Procuraduría General de la República (PGR) en 2012 por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y que concluyó que el priista era inocente.
El abogado explicó que la justicia española puede tomar varias medidas contra Moreria, entre ellas imponerle una fianza, retirarle el pasaporte, o imponerle un brazalete electrónico.
El periódico Reforma publica este miércoles que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada de España pedirá el viernes que se niegue la libertad bajo fianza a Moreira, quien está acusado de lavado de dinero, malversación de fondos públicos, cohecho y organización criminal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427036
MÉXICO, DF: La Fiscalía Anticorrupción de España anunció que pedirá mantener en prisión a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI.
Según el diario digital El Español, la misma Fiscalía ha mostrado su interés para que el aún priista sea juzgado en España.
Moreira Valdés, preso desde el viernes 15, fue citado a declarar el próximo viernes 22 en calidad de imputado. Se prevé que su defensa solicite ese día su libertad.
Al exmandatario de Coahuila se le investiga en España por malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 19 ENERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426946
Kuwait. La visita de Estado que realiza el presidente Enrique Peña Nieto a Kuwait dio sus primeros resultados al concretarse una inversión de 150 millones de dólares por parte de la empresa mexicana, dedicada a la construcción de tubos de acero, Tenaris Tamsa.
Esta inversión, dijo el mandatario mexicano en un foro de negocios organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Kuwait, significa empleos para México y casi cuadruplica el nivel de comercio, en 40 años de relaciones con la nación del Medio Oriente, y será punta de lanza de la gran relación económica que se puede construir entre ambos países.
Invitó a los empresarios kuwaitíes a conocer las oportunidades de inversión que ofrece México, por sus fortalezas y ventajas competitivas, y se comprometió a generar un grupo de seguimiento que les permita a los inversionistas conocer las fortalezas y condiciones del país.
Este vínculo, dijo a los emprendedores, les permitirá reunirse con sus iguales de México para que ellos también puedan tener presencia en Kuwait.
En este sentido, coincidió con Ali Mohammed Thunayan Al Ghanim, presidente de la Cámara de Comercio de Kuwait, en que ambos países aún no se conocen lo suficiente, pero confió en que se cierre la brecha para que los empresarios de Kuwait encuentren en México un destino confiable para invertir.
Les dijo que gracias a la reforma energética concretada en México, "un sector en el que ustedes participan de manera relevante" se abre a empresas privadas para que haya una mayor competencia, se logre seguridad energética, así como energías más limpias y renovables.
El titular del Ejecutivo federal enumeró las bondades de esta transformación legal que en tres años logró reducir el costo de las tarifas de energía eléctrica para las industrias.
Para México, un sector que podría tener grandes oportunidades en la nación del Medio Oriente es la industria agroalimentaria, que exportaría productos "más ricos, más nutritivos y más sabrosos" que los que tienen otros países, apuntó Peña Nieto.
Destacó que en ninguna otra gira de trabajo, lo habían acompañado tantos dirigentes empresariales, como al Medio Oriente, lo que demuestra que hay interés de México para abrirse más al comercio con la región.
Bajo este contexto, el mandatario enfatizó que México es un país megadiverso y un puente hacia Norteamérica y América Latina, además de que cuenta con un potencial de mil 150 millones de consumidores en 46 países, gracias a sus tratados de libre comercio. Posteriormente, como parte de su visita a este país de 3.8 millones de habitantes, el presidente Peña Nieto se reunió con el jeque Sabah Al Ahmad Al Yaber Al Sabah, emir del Estado de Kuwait, con quien atestiguará la firma de cinco acuerdos de cooperación.
Al término de la firma, el mandatario kuwaití ofreció al presidente mexicano, una comida de Estado.
FUENTE: LA JORNADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/20/pena-anuncia-inversion-que-cuadruplica-comercio-con-kuwait-7568.html
México, D.F. Una comisión de sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación fue recibida, antes del mediodía, en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubicadas en Periférico Sur, casi esquina con Luis Cabrera. Posteriormente se dirigirán al Palacio de Justicia Federal, donde tramitan un amparo.
Otro gurpo de jubilados permaneció en el plantón que mantienen en los mostradores de la aerolínea en la terminal uno del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México (AICM).
Como en otras ocasiones, los trabajadores en retiro se concentraron desde temprano a un costado del Ángel de la Independencia.
Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana, dijo que asisten a la CNDH para que les garanticen que las autoridades aeroportuarias no vulnerarán sus derechos ya que “sigue la amenaza de que nos desalojen del AICM”.
“Ayer se presentó un notario para decirnos que tomamos las instalaciones de manera violenta, eso es mentira ya que sin una orden judicial la policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal nos desalojaron mientras trabajadores del aeropuerto desmontaron los emblemas a pesar de que la aerolínea sigue en concurso mercantil. Aun cuando ya se presentaron al campamento visitadores de la CNDH queremos hablar con su presidente para que nos brinde las garantías mientras no se resuelva el tema del concurso mercantil”.
Explicó que luego acudirán a la SCT para pedir audiencia con Ruiz Esparza. “Hay instruccion directa de esta secretaría de que nos desalojen del aeropuerto capitalino queremos dialogar con él para llegar a un acuerdo”.
Por otra parte agregó que las negociaciones con el director del AICM, Alexandro Argudín Le Roy, para buscar alternativas a cambio de levantar el plantón, están paradas.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CÉSAR ARELLANO GARCÍA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/20/dia-de-movilizaciones-de-jubilados-de-mexicana-5661.html
MÉXICO, DF: En el Distrito Federal aumentó 42.1% el robo a cuentahabiente, 33.4% violación y 14% el homicidio doloso, según el Reporte de Índice Delictivo 2015 elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Luis Wertman Zaslav, presidente del Consejo, explicó que en el robo a cuentahabiente al salir de un cajero automático o de una sucursal bancaria hubo un efecto contrario a la tendencia de cinco años de disminución constante.
El aumento en este delito, explicó según un comunicado, se debió entre otros factores a que “se han relajado las medidas de seguridad al interior de las sucursales. Hemos comprobado que las disposiciones sobre el uso de teléfonos celulares, lentes obscuros y gorras no se están respetando”.
También se ha detectado que personas que no son clientes del banco pasan tiempo dentro de las sucursales sin ningún propósito y cuando identifican a la probable víctima, alertan a sus cómplices, quienes la persiguen e interceptan.
Incluso, Wertman dijo que no se puede descartar la colaboración de empleados bancarios en estos grupos criminales. “Las víctimas refieren que, en múltiples casos, los delincuentes cuentan con información sobre el monto del retiro en ventanilla y otros datos que sólo pueden ser del conocimiento del personal de la sucursal”, detalló.
Comentó que pese a los operativos policiacos, el incremento en este delito también responde a la falta de prevención de los usuarios de servicios bancarios y las deficiencias en los protocolos de seguridad de las instituciones bancarias.
Respecto al delito de violación, el presidente del Consejo Ciudadano afirmó que este delito había registrado un descenso constante en los últimos años, pero en 2015 aumentó 33.4%. Destacó que lo más graves es que la mayoría de los casos son de violación intramuros, es decir, que se cometen por personas cercanas a la víctima, por ejemplo, amigos y familiares.
Por lo que se refiere al homicidio doloso, el año pasado registró un alza de 14%, según el reporte del organismo. Además, por tercer año consecutivo, 80% de los casos en el DF son provocados por riñas, venganzas personales y motivos pasionales.
“Tenemos muchas armas de fuego en manos de ciudadanos y éstas son utilizadas en contra de otros ciudadanos”, dijo.
De acuerdo con el reporte, los días de mayor incidencia de homicidios en el DF son los viernes por la tarde, los sábados y los domingos y en la mayoría de ellos existe el factor de abuso en el consumo del alcohol.
Disminuyen otros delitos
El Reporte de Índice Delictivo 2015 del Consejo Ciudadano –que mide el comportamiento de 14 delitos de alto impacto– detectó que el robo de vehículo automotor bajó 19% al pasar de 15 mil 568 automóviles en 2014 a 12 mil615 el año pasado.
El robo a transportista registró un descenso de casi 19%, a pasajero en transporte público cayó 6%, a repartidor fue sólo de 0.3% y a transeúnte en vía pública bajó 12.5%. Las cifras indican que el secuestro tuvo un descenso de 11.3%, el robo a casa habitación de 8%, el asalto a negocio 3.5% y las lesiones dolosas por arma de fuego cayeron 0.6%.
Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano informó que a partir de este reporte se suman análisis nacionales de los delitos de trata de personas –el delito más lucrativo del mundo— y extorsiones telefónicas, el segundo más cometido en México.
Sobre la trata de personas, dijo que se han recibido 655 reportes ciudadanos a la Línea Nacional 01800 5533 000. En tanto, en Estados Unidos, la organización Polaris ha recibido 450 reportes relacionados con migrantes mexicanos. Y es que entre ambas organizaciones se opera la Línea Binacional Contra la Trata.
Respecto a las extorsiones telefónicas, el Consejo detectó un aumento de 41% en los reportes de 2015 comparados con los de 2014, de ellos, 25% son de llamadas originadas en provincia.
El funcionario destacó que para combatir estos delitos hace falta denunciar e identificar números telefónicos, cuentas bancarias y formas de operación de los delincuentes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 19 ENERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426982
XALAPA, Ver: Elementos de la Fuerza Civil, Policía Ministerial, fuerzas federales y empleados del Semefo trabajan a marchas forzadas en una congregación del municipio de Emiliano Zapata y en Maltrata, tras el hallazgo de dos fosas distintas, donde al menos han sido exhumados los restos de siete personas.
Una fuente de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que hasta el momento en un barranco de Emiliano Zapata, muy cerca de la Academia de Policía de El Lencero y del aeropuerto, fueron hallados cuatro cuerpos.
“Seguimos trabajando a marchas forzadas. Las diligencias continúan”.
Mientras tanto, en Maltrata, un municipio enclavado en la zona montañosa central de Veracruz, fueron hallados otros tres cuerpos la tarde de este martes.
Desde el pasado miércoles se mantiene en la entidad un despliegue policiaco y ministerial con más de cien personas, en la búsqueda-localización de cinco jóvenes desaparecidos en el municipio de Tierra Blanca a manos de la policía estatal.
En un breve comunicado, la Fiscalía en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha recibido, a través del C4, 11 llamadas de reporte de aparición de cuerpos humanos, de las que 10 resultaron falsas.
“En una barranca de difícil acceso, en la colonia Antorchista del municipio de Emiliano Zapata, derivado de una de las llamadas de alerta, se encontraron tres cuerpos humanos. A pesar de las condiciones de dificultad de acceso por la orografía del terreno, las autoridades ministeriales continúan desarrollando sus indagatorias y los estudios periciales correspondientes”.
La Fiscalía aseguró que se practicarán todas las pruebas necesarias para identificar los cuerpos encontrados y determinar si este hecho tiene relación con la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
FECHA: 19 ENERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426986.
CHILPANCINGO, Gro: Al menos seis personas, entre ellos cuatro miembros de una familia y dos estudiantes, fueron privados de su libertad en las últimas 24 horas en la región de la Tierra Caliente.
Esta mañana, cerca de las 9:00 horas, se reportó el plagio de una familia en la colonia Progreso de la cabecera municipal de Arcelia.
Las víctimas fueron identificadas como Jonás Miranda Valladares, de 43 años; su esposa Alejandra Villarreal Salinas, de 34, y sus hijos menores de edad: Diego de Jesús Miranda Villareal, de 8, y Marco Antonio Miranda Villarreal, de 10.
Cerca de las 18:00 horas, los integrantes de la familia fueron liberados por sus captores tras el despliegue de tropas del Ejército y policías en la zona, indica un comunicado oficial.
No obstante, se desconoce si familiares de las víctimas pagaron rescate.
También se informó que ayer por la mañana fueron privados de su libertad dos jóvenes cuando se dirigían al plantel del CBTA 289, en la comunidad de Corral Falso, municipio de Ajuchitlán del Progreso.
El hecho ocurrió en el mismo municipio de la región de Tierra Caliente donde la semana pasada un comando secuestró a cinco profesores de una escuela secundaria y liberó sólo a cuatro tras el pago de casi un millón de pesos por el rescate.
Reportes oficiales refieren que el lunes pasado cerca de las 7:30 horas un grupo de sujetos armados interceptó y se llevó por la fuerza a dos adolescentes que se trasladaban de la comunidad de Changata al plantel escolar ubicado en el poblado de Corral Falso en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.
Las víctimas fueron identificadas como Arturo Rentería y Jesús Pantaleón, ambos de 16 años y originarios del poblado de Changata.
Los familiares de los adolescentes salieron esta mañana a pedir cooperación entre la ciudadanía para reunir el dinero que estarían exigiendo los plagiarios como rescate, indicaron las mismas fuentes.
El lunes pasado el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció nuevamente el reforzamiento de la seguridad en la región de Tierra Caliente.
Incluso ese mismo día se hicieron enroques en la estructura militar que dirige desde diciembre de 2014 el gobierno federal a través de su estrategia de combate a la delincuencia en esta franja de la entidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
FECHA: 19 ENERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427029
Joaquín El Chapo Guzmán cuenta con un equipo de al menos 15 abogados trabajando para impedir que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto lo extradite a Estados Unidos, informó este martes José Luis González Meza, uno de sus defensores, quien reconició que mediante la llamada extradición temporal el gobierno mexicano puede acelerar la entrega del capo a las autoridades del vecino país (lo que no ocurriría antes de un año, aun con la aplicación de ese tipo de trámite).
Sin embargo, el abogado aseguró que la extradición temporal viola derechos humanos reconocidos por diversos tratados internacionales y por la Constitución mexicana. ‘‘Se trata de una figura totalmente inconstitucional’’, dijo.
Contra la versión oficial que han difundido funcionarios federales mexicanos, el abogado González Meza aseguró que a él se le ha impedido ingresar al penal del Altiplano, por lo que dijo desconocer la condición física de Guzmán Loera.
Un preso de guerra sería mejor tratado, señala González Meza
‘‘A estas alturas no se sabe si está vivo y en qué condiciones está, si es que está (…) No se está respetando su presunción de inocencia’’, sostuvo el abogado en diversas entrevistas radiofónicas y durante una conferencia de prensa efectuada en el Distrito Federal.
‘‘Se han violado y pisoteado todos sus derechos humanos’’, dijo el litigante, quien agregó que ‘‘un preso de guerra es mejor tratado que él (Guzmán Loera)’’ y que ‘‘tratan mejor a un perro’’ que a su defendido.
Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un convenio el 13 de noviembre de 1997 en Washington, el cual fue añadido al tratado de extradición vigente entre ambos países. Se trata de un recurso conocido como extradición temporal, la cual permite que quienes enfrenten cargos en los dos países primero sean juzgados y sentenciados en uno, y luego entregados temporalmente para que se les procese en el otro, a reserva de que una vez que termine el juicio en el país requirente sean devueltos a territorio mexicano para que terminen aquí sus procesos y compurgar sus penas y/o medidas de seguridad.
Funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) entrevistados dijeron que los dos procedimientos jurídicos de extradición que tiene pendientes Guzmán Loera, previos a que se determine si procede su envío a Estados Unidos, tardarán como mínimo seis meses (duración común de esos trámites) antes de que los jueces emitan una ‘‘opinion juridica’’, con la salvedad de que si la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) avala la extradición de El Chapo, sus abogados pueden aún ganar tiempo promoviendo amparos, lo que alargaría hasta un año o más su estancia en suelo nacional.
Comentaron que el procedimiento de extradición se inicia con la petición formal del trámite. Una vez que se realiza la detención de una persona extraditable, el país requirente cuenta con un plazo de 60 días naturales para presentar lo que se conoce como petición formal de extradición. Concluido ese plazo es cuando el juez federal debe emitir una ‘‘opinión jurídica’’ y enviar su determinación a la cancillería mexicana. La determinación de la SRE puede ser peleada mediante el juicio de amparo.
Durante la conferencia de prensa, González Meza presentó a los representantes de los medios de comunicación la copia de un documento firmado por Guzmán Loera donde se le acredita como su abogado.
Agregó que si este miércoles no le permiten el ingreso al penal pedirá al Poder Judicial Federal que destituya al director del Altiplano, por violación a una suspensión obtenida de amparo.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/20/el-chapo-con-15-abogados-para-evitar-su-extradicion-1667.html
México, DF. El representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (OACUNDH), Jesús Peña Palacios, aseveró en el Senado que en el país hay más de seis mil niños, niñas y adolescentes desaparecidos lo que representa el 30 por ciento del total de personas desaparecidas de 2006 a 2014.
Asimismo, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) subrayó que con información del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, se tiene que entre 2006 y 2014 el treinta por ciento de personas desaparecidas son menores de 18 años, y el Estado tiene una obligación frente a ello.
En tanto, Alison Sutton, representante adjunta de UNICEF en México consideró que “hemos escuchado que la población debajo de 18 años de desaparecidos llega a ser 1.8 veces mayor de niñas que niños. Cuando se hacen estudios hablamos de que en la población de 14 años son más niñas las que se encuentran desaparecidas”.
En tanto Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), resaltó que en la ley general en la materia que discutirá próximamente el Senado de la República, se debe dar prioridad a la búsqueda de menores, niños, niñas y adolescentes, y se debe redactar un tipo penal que agrave la sanción cuando el desaparecido sea menor de 18 años.
La CNDH, resaltó, plantea que en esta ley debe existir un apartado dedicado a la niñez, víctima directas o indirectas de este grave problema y se debe disponer de la creación de áreas y protocolos especializados en la desaparición de menores, no solo la la investigación de los casos sino para la sistematización de los datos obtenidos que permitan realizar un mapeo de la desaparición de menores y sus consecuencias en cada región del país.
Insistió Eslava que debe haber un apartado de niñez y adolescencia en la ley que elaborará el Senado que obligue a la autoridad a desagregar datos de este delito. De igual forma, apuntó, la ley debe transversalizarse con la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en lo que respecta al Sistema Nacional de Protección, a los sistemas DIF, a las normas que rigen los centros de asistencia social, los sistemas de información y la situación que guardan los derechos de los menores.
Sutton refirió que el Comité de Derechos de la Infancia de la ONU, en sus conclusiones a México en 2015 señaló “su preocupación por la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes: asesinatos, desapariciones y violaciones y recomendó establecer una política pública”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VICTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/20/el-30-de-desaparecidos-en-mexico-son-ninos-y-adolescentes-onu-4518.html
TELOLOAPAN, Gro: Integrantes del grupo ciudadano denominado Familiares de los Otros Desaparecidos de Iguala encontraron esta tarde restos humanos en dos fosas clandestinas ubicadas en la franja minera de este lugar enclavado en la zona norte de la entidad.
El sitio del hallazgo se localiza en la cima de los cerros de La Muñeca y La Laguna, que se caracteriza por ser un bosque de coníferas donde se encuentra un singular petrograbado que da nombre al lugar.
A pie es la única forma de llegar a Los Pericones, sitio de las fosas donde se hallaron fragmentos de cráneo, costillas, vértebras y falanges.
Después de caminar dos horas sobre terreno agreste y escarpado, partiendo de este pueblo donde la pobreza y marginación contrasta con la riqueza de recursos minerales que explota la empresa Peñoles, se llega a la comunidad de Los Pericones.
Esta población se ubica a hora y media de la ciudad de Iguala, entre los poblados de Teloloapan y Apaxtla de Castrejón, en el cinturón de oro y amapola de la entidad que bordea el río Balsas y donde opera un grupo de autodefensa vinculado con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
En las faldas del cerro de La Muñeca se localizan cuatro cuevas interconectadas donde se presume se mantenía a personas retenidas, debido a que había indicios como restos de cinta industrial, colchonetas, ropa de varón, envases de alimento procesado y objetos que hacen suponer que estaba instalado un puesto de vigilancia.
Más arriba, en la cima de los cerros de La Muñeca y La Laguna se encuentran las fosas y, frente al cementerio clandestino, se observa la minera de Rey de Plata, asentada en la comunidad Tehuixtla y que al igual que otras minas como la de Campo Morado, en Arcelia; Media Luna, en Cocula, y Gold Corp, en Carrizalillo, se han convertido en fuente de ingresos económicos para los grupos criminales que reciben cantidades millonarias por concepto de extorsión.
Los miembros de Los Otros Desaparecidos de Iguala recorrieron la zona, sólo acompañados por reporteros, pues aseguran que no hay interés de las autoridades por implementar mecanismos de búsqueda de desaparecidos en la entidad, a pesar de la gravedad del problema que se hizo evidente tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además, afirmaron que los reportes que reciben sobre posibles fosas clandestinas son de ciudadanos que deciden no acudir ante autoridades por sus posibles nexos con la delincuencia.
“Las autoridades nos acusan de alterar la evidencia, pero ellos incurren en un crimen porque no buscan a nuestros desaparecidos y tampoco llevan un registro de víctimas”, expresó Mario Vergara Hernández, miembro del grupo ciudadano que en un año ha localizado 130 cuerpos en fosas ubicadas en Iguala y el poblado minero de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri.
Mario Vergara, originario del municipio de Huitzuco y quien desde noviembre de 2014 busca a su hermano Tomás, advirtió que sigue en el movimiento ciudadano surgido en Iguala porque su madre se está muriendo en vida.
Las autoridades deben asumir su responsabilidad ante el drama que viven los familiares de personas desaparecidas, sentenció el joven de figura espigada durante el recorrido donde fueron guiados a dos puntos en los que estaban al menos cuatro fosas.
No obstante, sólo en dos posibles fosas encontraron restos óseos como fragmentos de cráneo, dos costillas, una vértebra y diversas falanges.
Ambos sitios fueron marcados con piedras del lugar tupido de pinos que son utilizados por los campesinos para extraer ocote.
Los familiares de personas desaparecidas en Iguala anunciaron que van a dar parte a las autoridades federales para que acudan al lugar y realicen las diligencias correspondientes con el fin de determinar si existen más indicios de restos humanos y verifiquen las cuevas donde se presume que mantenían a personas secuestradas.
Enseguida, Mario Vergara aportó datos que reflejan la indolencia gubernamental, pues sostuvo que de los 130 cuerpos que ellos han encontrado en fosas clandestinas de Iguala y Carrizalillo, la PGR sólo ha entregado 15 cadáveres a familiares sin tener certeza científica, debido a que no permiten un peritaje externo a solicitud de las víctimas y como lo ordena la ley.
También advirtió que el problema de desaparecidos en Guerrero es un asunto grave que las autoridades han desestimado.
Ello debido a que, afirmó, aparte de los 130 cuerpos que ellos han localizado, tienen un registro de 191 cuerpos encontrados por las autoridades en diversas fosas de la zona norte desde finales de 2014.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426999
MÉXICO, DF: Organizaciones no gubernamentales (ONG) y expertos en derechos humanos aplaudieron la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y reprobaron la campaña mediática y política que, aseguraron, busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que ha alcanzado su trabajo.
En un pronunciamiento suscrito por el obispo de Saltillo Raúl Vera López y los expertos en derechos humanos Luis González Plascencia, Armando Guevara Ramos, Mara Hernández, Adriana Muro y Jorge Carlos Toledo Sauri, entre otros, destacan que el trabajo del GIEI no sólo requiere del apoyo de la sociedad y de las propias víctimas, sino también del respaldo –expresado públicamente– de las más altas autoridades mexicanas.
En este sentido, apuntan, es necesario recordar que el Estado mexicano aceptó la conformación del GIEI el 18 de noviembre de 2014 en el marco de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con el texto, también firmado por organizaciones como Artículo 19, Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, entre muchas otras, el GIEI fue designado por la CIDH el 16 de enero de 2015, y sus integrantes fueron escogidos de entre las propuestas hechas tanto por el Estado mexicano como por los peticionarios.
“Los representantes del Estado mexicano estuvieron al tanto del alto perfil y el prestigio de cada uno de sus integrantes”, destaca el pronunciamiento.
Señala que desde el inicio de sus labores, el 1 de marzo de 2015, el GIEI señaló las fallas y omisiones de la investigación oficial sobre el paradero de los estudiantes, reivindicó la centralidad de las víctimas dentro del proceso, y mediante un contundente informe presentado en septiembre de 2015, ofreció nuevas líneas de investigación que deben agotarse.
El informe del GIEI, añade, ha sido considerado como uno de los más relevantes documentos sobre la situación de los derechos humanos en México en los últimos años.
Adicionalmente el GIEI se encuentra en una fase decisiva, pues su segundo mandato, para el que se le habilitó a seguir supervisando técnicamente la investigación, se extiende en principio hasta el próximo 30 de abril.
Sin embargo, conforme el GIEI ha avanzado hacia el esclarecimiento de los hechos, “se ha activado una campaña mediática y política que busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que ha alcanzado su trabajo y de esta forma confundir a la opinión pública”.
La existencia de dicha campaña es evidente, si se considera la sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos económicos y la reiteración de los señalamientos infundados, lamentan los defensores de derchos humanos y las organizaciones no gubernamentales.
“Aunque el objetivo de la campaña hasta ahora se ha centrado en descalificar a las fiscales Ángela María Buitrago y a Claudia Paz y Paz, señalándolas falsamente como afines a intereses ilegítimos y presentándolas como responsables de una supuesta manipulación de procesos jurídicos en Colombia y Guatemala –soslayando que su calidad moral y técnica es ampliamente reconocida en sus países de origen y en la región–, es claro que los esfuerzos se dirigen a deslegitimar el trabajo del GIEI en su conjunto y así entorpecer el esclarecimiento del caso”, puntualiza el texto.
Prosigue: “No puede soslayarse que las descalificaciones se han dirigido contra las dos fiscales mujeres, quienes de manera estrecha trabajan con la Procuraduría General de la República en el expediente del caso, incorporando elementos discriminatorios en razón de género.
“Esta campaña coincide con otros obstáculos que han entorpecido el trabajo del GIEI; señaladamente, la reticencia del gobierno federal a permitir que las expertas y expertos entrevisten a elementos del 27 Batallón de Infantería que podrían aportar datos relevantes para el esclarecimiento pleno de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, siendo un hecho probado que al menos uno de ellos fungió como pasivo testigo presencial de la agresión contra los normalistas”.
En este contexto, los firmantes del pronunciamiento manifiestan su respaldo al trabajo que el GIEI realiza en México, y recuerdan que el Estado mexicano “está obligado a demostrar que se encuentra comprometido con la búsqueda de la justicia y la verdad para los normalistas de Ayotzinapa y sus familias, sobre todo en estos meses definitivos, considerando la extensión del mandato del GIEI”.
El respaldo público al GIEI y la eliminación de los obstáculos que impiden la realización de su mandato son un paso obligado para demostrar que el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta con seriedad la grave crisis de violaciones a derechos humanos de México, concluye.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426980
OAXACA, Oax: Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron una protesta por la visita del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) Miguel Ángel Osorio Chong, a quien declararon persona non grata y le advirtieron que en Oaxaca no pasará el Mando Único.
La rechifla fue encabezada por el dirigente magisterial Rubén Núñez Ginez, quien cuestionó la “amañada” presencia de Osorio Chong y externó su repudio ante la cerrazón de los gobiernos federal y estatal.
El titular de la Segob acudió a esta capital para presidir la reunión de seguridad con gobernadores de la zona sureste, y estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y Marina, Francisco Vidal Soberón Sanz, así como por la procuradora general de la República, Arely Gómez González.
Los gobernadores asistentes al encuentro –que se realizó a puerta cerrada– son: Gabino Cué Monteagudo; Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche; Manuel Velasco Coello, de Chiapas; Arturo Núñez Jiménez, de Tabasco; Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, y Rolando Zapata Bello, de Yucatán.
De acuerdo con Núñez Ginez, los funcionarios de Enrique Peña Nieto tienen que sesionar casi clandestinamente o a través de artimañas, porque su desprestigio no les permite anunciar públicamente su presencia y dar la cara al pueblo.
Señaló que la escasa presencia de los maestros en la protesta fue “representativa” porque citaron de manera urgente para repudiar la presencia no grata del secretario de Gobernación, además de que –dijo– se ocultó hasta la última hora que los funcionarios sesionarían en esta capital.
Sin embargo, “desde la ciudad de la resistencia les decimos que seguiremos luchando a nivel nacional”, subrayó.
Los inconformes exigieron al gobernador Gabino Cué una mesa de trabajo, porque “hoy en Oaxaca realizamos un foro de evaluación para decir que la propuesta pedagógica es vigente y se sigue construyendo el PTEO (Plan Estatal para la Transformación Educativa)”.
En un comunicado, el gobierno del estado dio a conocer que durante la reunión de este martes, Osorio Chong destacó el trabajo coordinado de los gobiernos federal y estatales para fortalecer la seguridad en el sureste mexicano.
Y agregó que la consolidación de instituciones más fuertes ha sido un factor fundamental para generar confianza en la población, lo que se ve reflejado en mayor bienestar y tranquilidad de los ciudadanos de la región.
Por su parte, Osorio Chong exhortó a los mandatarios estatales a redoblar esfuerzos para combatir los índices delictivos, y les reiteró el respaldo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en las estrategias implementadas para disminuir la inseguridad de la zona, según el comunicado.
Afuera del Jardín Etnobotánico del exconvento de Santo Domingo, donde se realizó el encuentro, alrededor de cien policías estatales colocaron vallas metálicas e impidieron el paso de un reducido grupo de maestros que intentaba ingresar al recinto.
Los mentores realizaron un mitin a una cuadra del lugar del evento, y denunciaron que “policías vestidos de civil y disfrazados de reporteros ingresaron a la conferencia a la que convocó la dirigencia magisterial en el edificio histórico de la Sección 22, pero no les tenemos miedo y aquí estamos dando la cara, y aunque mandaron a encarcelar a algunos compas, les decimos que no estamos derrotados”.
Uno de los oradores destacó que por más órdenes de aprehensión que libren las autoridades, “no vamos a claudicar en rechazar su reforma educativa, y eso del Mando Único aquí en Oaxaca no va a pasar”.
Los inconformes hicieron saber al gabinete de seguridad que en Oaxaca hay 417 municipios que se rigen por el sistema normativo interno o de usos y costumbres donde no se necesita la Policía Estatal o Federal, porque existen los topiles (policías comunitarios que dan su servicio sin recibir ninguna remuneración).
Y cuestionaron el Mando Único “porque de entrada está infiltrado por el crimen organizado y protegido desde las esferas gubernamentales”.
Luego de dos horas de haber iniciado la protesta, los maestros se retiraron en marcha hasta su sede en el centro de esta ciudad, sin que se registraran enfrentamientos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426981
Policías capitalinos arrestaron y fincaron cargos penales por el delito de "ultrajes a la autoridad", en contra de un defensor de derechos humanos por cuestionarlos sobre la detención de un motociclista.
La tarde de ayer, martes 19 de enero, autoridades capitalinas arrestaron y fincaron cargos penales por el delito de “ultrajes a la autoridad”, en contra de un defensor de derechos humanos que intentó videograbar a policías preventivos que realizaban labores de tránsito.
César Alejandro Castañeda López es integrante de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, y fue detenido alrededor de las 14:30 horas, cuando se acercó a un policía preventivo que realizaba revisiones de Tránsito, para preguntar la razón de su proceder.
“¿Disculpa oficial, por qué lo paras?”, es lo que pregunta César Alejandro al policía preventivo que acababa de detener a un motociclista, tal como deja ver el video captado por el activista, y que fue difundido ayer por el colectivo periodístico El Pueblo. Medio Independiente.
Cabe subrayar que la intervención de agentes preventivos en actividades relacionadas con el control del tránsito vial no son ilegales (la ley prevé que si un preventivo detecta una presunta anomalía vial, puede intervenir, y solicitar el apoyo de agentes de Tránsito que consumen la intervención policial).
Esta situación, sin embargo, no le fue explicada al activista cuando cuestionó al agente sobre las razones de su actuación, sino que, por el contrario, fue acorralado por cuatro policías más, quienes lo acusan de estarlos “intimidando”, por lo cual es amenazado con ser presentado ante el Ministerio Público.
Siempre con el teléfono en su mano, grabando los hechos, y de forma calmada, el activista César Alejandro les explica que nunca intentó impedir la acción del agente, tampoco lo insultó ni se refirió a él de manera irrespetuosa.
Sin embargo, un policía de lentes le advierte que es ilegal tomarles video y nuevamente lo acusa de actos de intimidación contra uniformados de seguridad pública.
–¿Por qué estás intimidando al oficial? –lo interroga el policía– ¿Por qué le estás haciendo preguntas? ¿Yo quiero saber tú quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás tomando video? ¿Que artículo de derechos humanos te da derecho a grabar?
–Porque soy un ciudadano –es la respuesta.
–Estás obstruyendo nuestra labor –le advierten.
Durante el video, también se escucha al activista reclamar a uno de los agentes que lo está empujando y, de hecho, César Alejandro Castañeda denunció posteriormente que los agentes le propinaron un golpe en la espalda y le lesionaron un brazo.
Finalmente, alegando que no podía acreditarse como “observador de derechos humanos” (lo cual, en realidad, no representa ninguna falta), los agentes pusieron al activista a bordo de una patrulla, sin que le fueran explicardos los presuntos delitos que había cometido, aún cuando él pidió que le aclararan su error.
César Alejandro fue presentado ante la Coordinación Territorial GAM II, acusado de “ultrajes a la autoridad”, aunque cinco horas después la Procuraduría General de Justicia del DF determinó que no había cometido ningún delito y lo puso en libertad… la PGJDF, sin embargo, no inició ninguna acción en contra de los policías que realizaron la detención.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/policias-del-df-arrestan-a-activista-por-preguntarles-por-que-detenian-a-un-motociclista-le-imputan-ultrajes-video/
Los proyectos de resolución de la Corte proponen respaldar la "constitucionalidad" de ambos delitos, ante impugnaciones de manifestantes sentenciados.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo públicos los proyectos de resolución en torno a un tema polémico en la Ciudad de México: la constitucionalidad de dos artículos del Código Penal del DF, en los que se establecen los delitos de “ultrajes a la autoridad” y de “ataques a la paz pública”.
Según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ambos delitos han sido empleados por las autoridades de la capital para la “criminalización” de manifestantes, además de que vulneran “el principio de legalidad” y representan una “restricción indebida a los derechos a la manifestación, libertad de expresión y de reunión”.
Por esa razón, en diciembre pasado la CDHDF solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal derogar ambos delitos (eliminándolos del Código Penal capitalino).
Sin embargo, el debate que se prepara en la Suprema Corte de Justicia de la Nación parte de la tesis opuesta: según los proyectos de resolución de los amparos directos 4384/2013 y 4436/2015, los delitos de ataques a la paz pública y de ultrajes a la autoridad son totalmente constitucionales.
A continuación, te presentamos un resumen de los argumentos que serán analizados por el máximo tribunal de justicia del país, en torno a estos dos preceptos penales, que rigen actualmente en la capital del país.
Los ataques a la paz…
El promovente del amparo directo 4384/2013 es Bryan Reyes, una de las personas detenidas durante las protestas del 1 de diciembre de 2012, convocadas por la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto.
Cinco meses después de su arresto, en abril de 2013, Bryan Reyes fue hallado culpable de los delitos de “daño a la propiedad” y “ataques a la paz pública”, éste último contemplado en el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, por lo que se le impuso una sentencia de dos años, seis meses y 15 días de prisión, así como al pago de una multa por reparación del daño.
Sin embargo, Bryan Reyes –quien enfrentó el juicio en libertad– apeló esta sentencia, argumentando que la expresión “perturbación a la paz pública” es ambigua, imprecisa y otorga al juzgador un “amplio margen de interpretación y arbitrariedad (…) lo que viola los derechos a la seguridad jurídica y a la exacta aplicación de la ley penal”.
Asimismo, Bryan alegó que este artículo del Código Penal capitalino “contiene una restricción a la garantía de libre expresión de las ideas y de reunión”, y por esta vía, una restricción al derecho a la manifestación.
Cabe destacar que, por separado, la Comisión de Derechos Humanos del DF defiende este mismo argumento en contra del artículo 362 del Código Penal capitalino, ya que, asegura, dicha norma “vulnera el principio de legalidad” y representa una “restricción indebida a los derechos a la manifestación, libertad de expresión y reunión”.
Por ello, en diciembre pasado la CDHDF solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se derogue el tipo penal de “ataques a la paz pública”.
En contraste con esta postura, el magistrado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –encargado de elaborar el proyecto de resolución de la Suprema Corte sobre el tema de los ataques a la paz pública– concluyó que el artículo 362 es suficientemente claro y, por lo tanto, no puede calificarse de inconstitucional.
El magistrado subraya en su proyecto que cuando los legisladores redactan leyes, no puede esperarse de ellos absoluta claridad o que elaboren un catálogo exhaustivo de conductas, “porque es imposible agotar todas las variantes del actuar humano”.
Es por esta razón, explica el proyecto de sentencia, que los tipos penales como el de “ataques a la paz pública” se redactan usado “expresiones lingüísticas abstractas”, que permitan, aún a través de distintos métodos de interpretación, definir con claridad una conducta sancionable.
Así, determinó el magistrado Alfredo Gutiérrez, aunque la expresión “actos que perturben la paz pública” puede abarcar un abanico amplio de posibles conductas punibles, esto no implica que carezca de la claridad jurídica que demanda el artículo 14 de la Constitución, sino que, por el contrario, “desde un estándar mínimo, (esta expresión) es suficientemente clara”.
Según el magistrado, la “paz pública” se puede definir como “la legítima expectativa de orden, tranquilidad y seguridad de cada miembro de una comunidad, que representa un fin inherente al Estado y premisa para el goce efectivo de otros derechos”.
Eso no quiere decir que no exista el conflicto en la sociedad, sino que éste no puede “tramitarse” por la vía de la violencia.
Por ello, continúa la definición, los actos que “perturban” la paz pública son aquellos que “no sólo se manifiestan en cuanto a los daños materiales o directos que llegaren a ocasionar, sino que, por su magnitud, trascienden a terceros, generando en éstos un estado de zozobra que indefectiblemente altera la tranquilidad y expectativa de seguridad de todo individuo”.
Así, el proyecto de resolución del magistrado Gutiérrez Ortiz Mena plantea que la Suprema Corte debe refrendar la constitucionalidad del artículo 362 del Código Penal del DF.
Los ultrajes…
Por otra parte, el magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo fue el encargado de analizar y elaborar un proyecto de resolución para el amparo 4436/2015, promovido por la joven Gabriela Hernández Arreola en contra del artículo 287 del Código Penal del DF, en el que se establece el delito de “ultrajes a la autoridad”.
Gabriela Hernández fue detenida el 10 de junio de 2013, en el marco del operativo policiaco por la conmemoración de la matanza de 1971, y sentenciada por el delito de “ultrajes”, consideró que el artículo 287 del Código Penal capitalino es “inconstitucional”, ya que “limita y restringe los derechos humanos de libertad de expresión, reunión, asociación, disenso y, sobre todo, la protesta social”.
Según la argumentación de la sentenciada, este delito encasilla de forma indiscriminada “diversas conductas”, pero “sin precisar de manera clara” qué son los “ultrajes”, lo que genera una aplicación arbitraria de la ley.
El delito de “ultrajes”, abundó Gabriela en su amparo, “atenta contra la naturaleza humana, al sancionar el simple hecho de proferir palabras normalmente vistas”, esto, a pesar de que los “maltratos verbales” no están tipificados como delitos, sino como faltas administrativas.
Luego de realizar un “estudio de fondo”, el magistrado Jorge Mario Prado concluyó que el alegato de Gabriela sobre la “inconsitucionalidad” del artículo 287 del Código Penal del DF resulta infundada, “debido a que el precepto sí establece con claridad la conducta por la cual se le sancionará”.
Para el magistrado, “la simple interpretación gramatical” del concepto “ultraje” permite endender “la conducta que se debe observar”, que es, basándose en la definición de la Real Academia de la Lengua Española, incurrir en “injurias o desprecio”.
Las “injurias”, explica el magistrado, son la imputación “de un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o estimación”, mientras que el “desprecio” es un “desaire”.
Así, concluye, “se entiende que ultraje serán las ofensas y agresiones físicas o verbales que se infieran a una autoridad que se encuentra en ejercicio de sus funciones”.
Pardo Rebolledo, además, reconoce que el artículo 287 del Código Penal capitalino representa una limitación legítima a la libre expresión, pues busca impedir que este derecho sea empleado para alterar el orden público.
Epílogo: definiciones pendientes
Cabe destacar que aunque ambos proyectos de resolución de la Suprema Corte ya están redactados, aún falta que sean votados por los magistrados de la Primera Sala, por lo que no se trata de criterios ya oficializados.
Según la lista de temas por resolverse publicada por la Corte, ambos proyectos serán analizados en la sesión de este 20 de enero, aunque eso dependerá de que los asuntos que los preceden en la lista sean desahogados. Así, la fecha concreta en que ambos temas sean votados aún puede modificarse.
A continuación se pueden consultar los amparos presentados por los acusados:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/ataques-a-la-paz-y-ultrajes-a-la-autoridad-delitos-reales-o-excusa-para-reprimir-la-corte-lo-resolvera/
CUERNAVACA, Mor: El gobierno del estado acusó al alcalde Enrique Alonso Plascencia de violar el decreto emitido por el mandatario Graco Ramírez de imponer el Mando Único en 15 municipios, entre ellos Tlaquiltenango, por lo que advirtió, a través del secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, que el edil “tendrá que enfrentar las consecuencias legales” que amerite la “rebelión” en esa población.
En entrevista, adelantó que se analizan las acciones legales que se iniciarán en contra del alcalde por haber “encabezado una rebelión” para retomar el control de la policía municipal y haber expulsado de esa localidad al Mando Único, mismo que desde el lunes 4 asumió –por decreto del gobernador– el control de la seguridad, junto con las fuerzas federales.
En rueda de prensa, Matías Quiroz indicó: “Lamentamos que el alcalde Enrique Alonso haya violentado un decreto y, sobre todo, una resolución de la SCJN, por lo que el gobierno del estado está haciendo un análisis jurídico para proceder en contra del edil por este acto y la violación a diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Morelos y otras del ámbito penal”.
También calificó como un “acto de rebelión” del acalde el haber violado el decreto del Ejecutivo y la resolución de la SCJN, al encabezar una movilización para retomar el control de la seguridad pública y expulsar de Tlaquiltenango a la policía de Mando Único. Y le recordó a Enrique Plascencia que hoy en Morelos no existe fuero para los presidentes municipales.
El secretario de Gobierno indicó que por el momento no cuenta con información que permita establecer que existe una relación entre lo que sucede en Tlaquiltengo y Temixco; sin embargo, recordó que en el primer municipio se ubica la frontera más grande de Morelos con el vecino estado de Guerrero, y datos de inteligencia revelan la problemática de violencia que se enfrenta, mientras que en el segundo opera el grupo criminal de Los Rojos.
Sigue la toma de la comandancia
Mientras tanto, en Tlaquiltenango se cumplieron 24 horas de la toma de la comandancia y desde ayer por la mañana un plantón de vecinos permanece en ese lugar “para impedir que regrese el Mando Único”, dice uno de los participantes.
Esta mañana, al menos dos camionetas con cuatro elementos de la Policía Federal (PF) arribaron al municipio “para el resguardo de la seguridad del municipio.
Mientras, el alcalde Enrique Alonso Plascencia afirmó que se están haciendo las gestiones para que sean elementos del Ejército Mexicano quienes se hagan cargo de la seguridad en el lugar, en apoyo a los 43 policías municipales que permanecen en dos turnos, aunque no cuentan ni con armas ni equipo, menos aún con patrullas, en el municipio más grande del estado de Morelos.
Además, rechazó que haya encabezado “una rebelión”, como dijo el gobierno del estado. “El Mando Único puede seguir haciendo acciones y labores en el municipio, (nosotros) solamente solicitamos las instalaciones del municipio, donde nosotros podamos llevar a cabo la prevención del delito”, desafío.
También informó que ha solicitado una auditoría porque, advirtió, “se necesita saber en qué se gastaron los 27 millones de pesos del presupuesto municipal de seguridad pública” que durante los últimos tres años, en la anterior administración, fueron destinados al Mando Único.
“Ese dinero es de los habitantes de Tlaquiltenango, sólo recibieron abusos de parte del Mando Único, queremos saber en qué se gastó el gobierno del estado ese dinero”, exigió.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426988
MÉXICO, DF: A pesar de los esfuerzos de acompañamiento ciudadano y los recursos públicos invertidos no hay Policía Estatal en todo el país que cumpla plenamente con los procesos de desarrollo a los que están obligadas por ley desde el 2009.
En promedio, las policías estatales consiguieron una calificación de 6.1, de acuerdo con la más reciente evaluación del Semáforo del Desarrollo Policial que realiza la organización civil Causa Común.
María Elena Morera, presidenta del organismo, afirmó que las policías de los estados están “muy lejos” de cumplir con su principal función de dar seguridad plena a los ciudadanos, por lo que sugirió a las autoridades tomar en cuenta el semáforo, “el cual ofrece un diagnóstico único en su tipo”, máxime si se pretenden la unificación policial en el país.
Causa Común realiza un seguimiento puntual en los siguientes rubros: sistema profesional de carrera policial, profesionalización de los cuerpos policiacos, certificación integral y el régimen disciplinario.
Morera destacó que sólo a Querétaro puede otorgársele “luz verde” para consolidar una institución policial en ruta de cumplir con su responsabilidad de brindar seguridad a los ciudadanos. La entidad obtuvo 9.1 de calificación, sin embargo, dijo, deberá mejorar las deficiencias en su régimen disciplinario que aún subsisten.
Otras 17 entidades pasaron de “panzazo” y están en alerta amarilla pues siguen presentando inconsistencias en todos o algunos de sus procesos.
Entre esas entidades se encuentran Chihuahua, Distrito Federal, Baja California, Guanajuato y Nuevo León, que “avanzaron en los resultados del año pasado, pero todavía salen debiendo”.
El resto de las entidades están “reprobadas” y son Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas y Puebla, las que obtuvieron las calificaciones más bajas, lo que las coloca en “grave situación” para dignificar a sus oficiales y conformar una fuerza policial estatal única, señala el informe de Causa Común.
Ante los resultados, que se obtienen de la revisión normativa, entrevistas directas a los responsables de la seguridad en los estados, encuestas y solicitudes de información, Causa Común indicó que los escasos avances son “muestra de la falta de voluntad política de las autoridades”.
Y cuestionó:
“¿Cómo harán para asumir la dirección, coordinación y desarrollo de un estado de fuerza superior al que tienen actualmente, cuando desde el 2009 que cambio la ley no han podido con ésta implementación?”
Al respecto, perfiló siete propuestas para las autoridades:
Activar la Comisión Especial de Desarrollo Policial del Consejo Nacional de Seguridad y dotarla de una contraparte técnica; que las autoridades den a conocer una ruta crítica para el efectivo cumplimiento del Sistema de Desarrollo Policial; certificación integral de los policías; avanzar hacia la certificación institucional.
Mejorar los salarios, seguridad social y adecuadas jornadas laborales para los policías; fortalecer el control interno e institucionalización de la supervisión ciudadana y sancionar a quien incumpla objetivos.
Causa Común indicó que las inconsistencias por entidad federativa y el diagnóstico de su semáforo ya ha sido entregado a los gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal “con la finalidad de que subsanen las deficiencias y garanticen al ciudadano mejores oficiales de policía”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426932
