Tras varios años de pasearse dentro y fuera del país, el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira fue aprehendido el viernes 15 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Horas después fue internado en la prisión de Soto del Real, en la capital española. El político priista, quien pidió al juez Baltasar Garzón llevar su caso, tendrá que responder por los delitos que se le imputan en España, donde vivía a todo lujo, entre éstos el lavado de dinero…
MADRID/CIUDAD DE MÉXICO: El expresidente del PRI Humberto Moreira Valdés pasó sus primeros días en la prisión de Soto del Real, en España, país que convirtió en su fastuoso refugio después de abandonar la dirigencia del tricolor al arreciar los escándalos por el endeudamiento por casi 34 mil millones de pesos en que sumió al estado de Coahuila.
Se le acusa en la península de los delitos de malversación y blanqueo de caudales públicos, conceptos similares a los que motivaron los procesos en Estados Unidos contra varios de sus principales colaboradores cuando fue gobernador de aquella entidad.
Por órdenes del juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la Policía Nacional lo detuvo apenas descendió del vuelo 001 de Aeroméxico, procedente de la Ciudad de México, el viernes 15 a mediodía.
Según el magistrado, Moreira es presunto responsable de los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos durante su gestión como gobernador de Coahuila (2005-2011); le imputa, además, los delitos de cohecho y pertenencia a una organización criminal, confirmaron fuentes jurídicas en la capital española.
La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción detectaron que Moreira realizó transferencias bancarias a España hasta por 200 mil euros en 10 meses durante 2013.
La alerta a las autoridades españolas provino de una comunicación de Estados Unidos, cuyas autoridades les advirtieron que Moreira podía estar lavando dinero en España mediante transferencias bancarias.
Tanto la UDEF como la Fiscalía Anticorrupción iniciaron la investigación y detectaron una serie de transferencias que el exmandatario coahuilense hizo a España desde Estados Unidos. Y aunque la causa es secreta y se encuentra en su etapa inicial, durante la instrucción podrían surgir nuevos elementos, e incluso ampliarse el periodo de las pesquisas, indicaron fuentes judiciales.
La Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF atienden temas de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico o delitos vinculados con la corrupción.
#MisiónCumplida
La tarde del viernes 15, al pasar Humberto Moreira a disposición judicial, la Policía Nacional difundió en redes sociales un tuit en el que se anunciaba su detención en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el cual terminaba con el hashtag #MisiónCumplida, frase que Peña Nieto utilizó en su tuit cuando informó sobre la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, una semana antes, el viernes 8.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó la detención de Moreira al juez Pedraz, quien encabeza la causa. Sin embargo, el priista pasó a disposición el viernes 15, a las 17:30 horas, ante el juez de guardia, el magistrado José de la Mata. Fue él quien le tomó declaración y ordenó su prisión incondicional sin fianza durante todo el periodo que dure el proceso.
Una fuente judicial explicó al corresponsal que la prisión incondicional se dicta cuando existe riesgo de fuga o posible destrucción de pruebas.
El juez Pedraz es conocido por sus casos de alto calado, como el de la muerte del camarógrafo José Couso por el disparo de un tanque estadunidense durante la invasión militar en Irak en 2003, y decretó la búsqueda y captura de los militares involucrados. También tomó parte en otros casos, como el genocidio en el Tíbet, o por juzgar los delitos de lesa humanidad en Guatemala durante las dictaduras de Efraín Ríos Montt y de Óscar Humberto Mejía.
El magistrado De la Mata, juez 5 de la Audiencia Nacional, quien dictó la prisión de Moreira, es conocido por seguir la trama de corrupción política conocida como Caso Gürtel y recientemente reabrió la causa contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y seis colaboradores como responsables del ataque a la Flotilla de la Libertad en 2010, por lo que el nombre del líder hebreo estuvo en los archivos de la policía española.
Según publicó el periódico digital El Español horas después de la detención, Moreira solicitó la asistencia legal de Baltasar Garzón, el famoso juez que fue suspendido de la carrera judicial por las escuchas a los acusados y los abogados del Caso Gürtel.
La periodista Carlota Guindal recordó que Garzón, con amplia presencia en México, asesoró al gobierno de Coahuila para elaborar la Ley de Apoyo a las Víctimas. En diferentes oportunidades, Garzón y Moreira se reunieron en los últimos años, desde que el coahuilense era presidente del PRI.
Finalmente, la defensa recayó en el equipo del abogado Manuel Ollé, un jurista especializado en derecho penal internacional que colaboró con el entonces juez Garzón en la petición de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet a España, donde se le juzgaría por delitos de lesa humanidad.
Catedrático de derecho penal en la Universidad Antonio de Nebrija, Ollé fungió como representante de Las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina en los juicios separados del genocida Ricardo Cavallo y de Francisco Adolfo Scilingo, oficial de la Marina que en declaración judicial reconoció su actuación en los llamados “vuelos de la muerte”, durante la dictadura militar argentina.
Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Ollé participa en la defensa de los derechos del pueblo saharaui y en la condena a las violaciones contra este pueblo por parte de Marruecos.
Aunque ni Ollé ni la colaboradora que lo acompañó a la vista con De la Mata quisieron aceptar ante los corresponsales mexicanos que representarán a Moreira, una fuente judicial conocedora de la causa corroboró que fueron ellos quienes se acreditaron como su defensa.
Auge y caída
Hace cinco años, el priismo, reunido en el auditorio Plutarco Elías Calles de su sede nacional en la Ciudad de México, se volcaba en una apoteosis que anticipaba el regreso de las viejas formas partidistas.
Las caravanas de la cúpula priista arribaron al vetusto complejo de Avenida Insurgentes Sur, junto con cientos de autobuses que trasladaban al lugar a militantes de los sectores y organizaciones que integran el aparato corporativo partidista.
No se trataba de la celebración de un triunfo electoral, una toma de protesta ni la unción de un candidato. Apenas si era el registro de Humberto Moreira, que tres días antes había renunciado a la gubernatura de Coahuila para convertirse en el dirigente nacional del PRI.
Por aquellas fechas la misión de Moreira era conciliar a los grupos políticos dominantes y lanzar a un candidato a la Presidencia que recuperara el lugar perdido en las elecciones de 2000 y la posterior humillación de ser tercera fuerza en 2006.
Moreira dejó la gubernatura el 4 de enero de 2011, 11 meses antes de concluir su periodo. Jorge Torres López, por esos días secretario de Desarrollo Social en la entidad, asumió el cargo de gobernador sustituto. Dos días después, su hermano Rubén Moreira se registró como candidato para suceder a Torres López y no a su hermano (Proceso 1781).
Las formas, la asistencia y el acarreo priista se repitieron el 4 de marzo de 2011 en el Centro de Convenciones de Querétaro.
Hasta entonces, los señalamientos por la contratación de deuda eran cálculos muy inferiores. La dirigencia del PAN coahuilense hablaba apenas de 7 mil 300 millones de pesos. Moreira sólo admitía 3 mil 500.
El 25 de junio de 2011, una semana antes de celebrarse las elecciones de gobernador de Coahuila –en las que su hermano Rubén contendía contra el panista Guillermo Anaya, compadre del presidente Felipe Calderón–, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, acudió a un acto de campaña del PAN en Torreón. Ahí reveló que la deuda del estado ascendía a 33 mil millones.
Pese a ello, Rubén Moreira ganó con amplio margen. Pero la información era cierta y la debacle del exgobernador Moreira se pronunció, sobre todo las semanas posteriores, cuando se dio a conocer que al menos 2 mil millones se contrataron de manera ilegal, con documentos falsos.
Entre la difusión de datos y las denuncias del PAN por el monto de la deuda, llegó noviembre, mes en el que se determinó el procedimiento de selección de candidato a la Presidencia de la República. Una convención de delegados facilitaría las cosas para Manlio Fabio Beltrones; una consulta directa daría la ventaja a Enrique Peña Nieto, cuya exposición mediática como gobernador del Estado de México le daba popularidad.
Moreira se pronunció públicamente por el procedimiento que favorecía a Peña Nieto. El 14 de noviembre el PRI emitió la convocatoria, que generó críticas porque Moreira alteró el contenido consensuado por el Consejo Político con el argumento de que era su facultad. Beltrones se retiró de la contienda y Peña Nieto fue candidato de unidad.
Asimismo, en diferentes zonas del país los priistas le reclamaban a su entonces presidente las alianzas con el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza, pero, sobre todo, estaban los señalamientos por el endeudamiento en que dejó a Coahuila.
Moreira aseguraba que intentaban lincharlo por sus resultados. También justificaba las alianzas en preferencias electorales y admitía su amistad con la maestra Elba Esther Gordillo. Aseguraba no saber del crédito ilegal que le imputaban y decía que parte de la deuda se contrató cuando ya no era gobernador.
Peña Nieto se registró precandidato el 27 de noviembre. Para el 2 de diciembre de 2011, Moreira renunció como presidente del PRI, cercado por los señalamientos de la deuda. Lo hizo, dijo, “para que no se afectara al partido”.
Respecto a su administración como gobernador, Moreira presumía sus programas sociales y la obra pública. Sus críticos panistas hablaban de corrupción y despilfarro, pero sobre todo criticaban la violencia que aquejaba a la región lagunera, que en 2011 se expandió a todo Coahuila. No era la única entidad en esa situación, y desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco Moreira fue uno de los pocos mandatarios que criticaron la política de seguridad y la militarización.
No obstante, pesaban sobre sus jefes policiacos acusaciones de complicidad con la organización de Los Zetas, las cuales al iniciar 2012 derivaron en sendos expedientes que no prosperaron.
El 3 de septiembre de 2012, un comando levantó al mayor de los hijos del exmandatario, José Eduardo Moreira, quien radicaba en la fronteriza Ciudad Acuña. Abandonaron su cuerpo en un paraje con dos tiros. Al parecer, en un operativo de la Policía Estatal realizado días antes murió un sobrino de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, líderes de Los Zetas, por lo que cobraron venganza con el más expuesto de la familia Moreira. Se difundió una ruptura entre los hermanos Humberto y Rubén, quien ya era gobernador (Proceso 1875).
La PGR absolvió a Moreira en noviembre de 2012 –al final del gobierno de Felipe Calderón, cuando Peña Nieto ya era presidente electo– por no contar con pruebas suficientes para una acusación formal.
Sin embargo, los principales colaboradores de su administración fueron condenados en Estados Unidos, donde lavaron el equivalente a 3 mil millones de pesos.
Es el caso del tesorero de su administración estatal, Héctor Javier Villarreal Hernández, quien se declaró culpable de los cargos de conspiración y lavado de dinero en una Corte federal de San Antonio, Texas.
El exfuncionario aceptó sobornos a cambio de contratos de obra y el dinero proveniente de esas operaciones las blanqueó en el sur de Texas. Villarreal fue quien estuvo involucrado en la falsificación de documentos para la obtención de los créditos que conformaron la deuda masiva de Coahuila.
Jorge Juan Torres López, quien fungió como gobernador interino cuando Moreira pidió licencia para irse al PRI, está también sujeto a proceso como parte de esa trama; hoy es un prófugo de la justicia. Al menos 12 mil millones y el trámite con documentos falsos se realizaron durante los meses que ocupó el cargo.
Sin embargo, el empresario Rolando González Treviño, responsable de transferir hasta mil 800 millones de los caudales públicos de Coahuila a cuentas privadas como testaferro de Moreira, involucró al exgobernador como la cabeza de esa estructura de saqueo de las arcas públicas de Coahuila y del blanqueo de capitales de dichos fondos.
Política, relaciones y lujos
Profesor normalista, disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en su juventud, antiguo colaborador de Gilberto Guevara Niebla en la Secretaría de Educación Pública de Ernesto Zedillo, la carrera política de Moreira, de 49 años, avanzó a partir de 1997, cuando fue designado delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo y luego del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en Coahuila.
Desde ahí construyó una estructura electoral que puso al servicio de Enrique Martínez y Martínez, candidato del PRI a gobernador en 1999, quien convirtió a Moreira en secretario de Educación. En 2002, Moreira contendió por la alcaldía de Saltillo y en 2005 llegó a la gubernatura, en la que permaneció cinco años. Tras su renuncia a la dirigencia priista decidió retirarse de la política.
Meses después de la muerte de su hijo, sin cabida en el equipo peñanietista, el exgobernador Moreira se fue a Barcelona. Estaba exonerado en México, e inclusive hasta el viernes 15 su abogado en Houston, Kent Schaffer, dijo al diario San Antonio Express News que no había cargos en contra de su cliente en Estados Unidos.
Durante sus días en España, fue evidente la ostentación con la que vivía Moreira en un chalet en Valldoreix, en el barrio de Sant Cugat, el segundo municipio más rico de Cataluña, según publicó el diario Reforma.
El político pagaba el equivalente a 55 mil 300 pesos de alquiler por el inmueble, que tiene 700 metros cuadrados de construcción y está equipado con piscina cubierta, seis recámaras en dos plantas, seis baños y una biblioteca.
Moreira se desplazaba por Barcelona en una camioneta Volvo XV60, último modelo, con un costo de 616 mil pesos, de acuerdo con esa publicación.
Asimismo, pagaba 3 mil 960 euros (alrededor de 62 mil pesos) de colegiatura por el master internacional de comunicación y educación que cursaba en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Sin embargo, el priista le dijo al periodista de Reforma que su estilo de vida lo pagaba con sus “ahorros” y con una beca del SNTE, entonces todavía encabezado por Elba Esther Gordillo.
“Yo pago el curso, lo que me paga el SNTE es mi salario”, declaró.
Moreira tenía la intención de terminar el master y evaluaba extender su estancia en Barcelona, pues deseaba estudiar el master de política social, trabajo y bienestar en la misma universidad catalana. Es difícil que lo haga ahora que está en prisión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ, ARTURO RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427044
Se le acusa en la península de los delitos de malversación y blanqueo de caudales públicos, conceptos similares a los que motivaron los procesos en Estados Unidos contra varios de sus principales colaboradores cuando fue gobernador de aquella entidad.
Por órdenes del juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la Policía Nacional lo detuvo apenas descendió del vuelo 001 de Aeroméxico, procedente de la Ciudad de México, el viernes 15 a mediodía.
Según el magistrado, Moreira es presunto responsable de los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos durante su gestión como gobernador de Coahuila (2005-2011); le imputa, además, los delitos de cohecho y pertenencia a una organización criminal, confirmaron fuentes jurídicas en la capital española.
La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción detectaron que Moreira realizó transferencias bancarias a España hasta por 200 mil euros en 10 meses durante 2013.
La alerta a las autoridades españolas provino de una comunicación de Estados Unidos, cuyas autoridades les advirtieron que Moreira podía estar lavando dinero en España mediante transferencias bancarias.
Tanto la UDEF como la Fiscalía Anticorrupción iniciaron la investigación y detectaron una serie de transferencias que el exmandatario coahuilense hizo a España desde Estados Unidos. Y aunque la causa es secreta y se encuentra en su etapa inicial, durante la instrucción podrían surgir nuevos elementos, e incluso ampliarse el periodo de las pesquisas, indicaron fuentes judiciales.
La Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF atienden temas de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico o delitos vinculados con la corrupción.
#MisiónCumplida
La tarde del viernes 15, al pasar Humberto Moreira a disposición judicial, la Policía Nacional difundió en redes sociales un tuit en el que se anunciaba su detención en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el cual terminaba con el hashtag #MisiónCumplida, frase que Peña Nieto utilizó en su tuit cuando informó sobre la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, una semana antes, el viernes 8.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó la detención de Moreira al juez Pedraz, quien encabeza la causa. Sin embargo, el priista pasó a disposición el viernes 15, a las 17:30 horas, ante el juez de guardia, el magistrado José de la Mata. Fue él quien le tomó declaración y ordenó su prisión incondicional sin fianza durante todo el periodo que dure el proceso.
Una fuente judicial explicó al corresponsal que la prisión incondicional se dicta cuando existe riesgo de fuga o posible destrucción de pruebas.
El juez Pedraz es conocido por sus casos de alto calado, como el de la muerte del camarógrafo José Couso por el disparo de un tanque estadunidense durante la invasión militar en Irak en 2003, y decretó la búsqueda y captura de los militares involucrados. También tomó parte en otros casos, como el genocidio en el Tíbet, o por juzgar los delitos de lesa humanidad en Guatemala durante las dictaduras de Efraín Ríos Montt y de Óscar Humberto Mejía.
El magistrado De la Mata, juez 5 de la Audiencia Nacional, quien dictó la prisión de Moreira, es conocido por seguir la trama de corrupción política conocida como Caso Gürtel y recientemente reabrió la causa contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y seis colaboradores como responsables del ataque a la Flotilla de la Libertad en 2010, por lo que el nombre del líder hebreo estuvo en los archivos de la policía española.
Según publicó el periódico digital El Español horas después de la detención, Moreira solicitó la asistencia legal de Baltasar Garzón, el famoso juez que fue suspendido de la carrera judicial por las escuchas a los acusados y los abogados del Caso Gürtel.
La periodista Carlota Guindal recordó que Garzón, con amplia presencia en México, asesoró al gobierno de Coahuila para elaborar la Ley de Apoyo a las Víctimas. En diferentes oportunidades, Garzón y Moreira se reunieron en los últimos años, desde que el coahuilense era presidente del PRI.
Finalmente, la defensa recayó en el equipo del abogado Manuel Ollé, un jurista especializado en derecho penal internacional que colaboró con el entonces juez Garzón en la petición de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet a España, donde se le juzgaría por delitos de lesa humanidad.
Catedrático de derecho penal en la Universidad Antonio de Nebrija, Ollé fungió como representante de Las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina en los juicios separados del genocida Ricardo Cavallo y de Francisco Adolfo Scilingo, oficial de la Marina que en declaración judicial reconoció su actuación en los llamados “vuelos de la muerte”, durante la dictadura militar argentina.
Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Ollé participa en la defensa de los derechos del pueblo saharaui y en la condena a las violaciones contra este pueblo por parte de Marruecos.
Aunque ni Ollé ni la colaboradora que lo acompañó a la vista con De la Mata quisieron aceptar ante los corresponsales mexicanos que representarán a Moreira, una fuente judicial conocedora de la causa corroboró que fueron ellos quienes se acreditaron como su defensa.
Auge y caída
Hace cinco años, el priismo, reunido en el auditorio Plutarco Elías Calles de su sede nacional en la Ciudad de México, se volcaba en una apoteosis que anticipaba el regreso de las viejas formas partidistas.
Las caravanas de la cúpula priista arribaron al vetusto complejo de Avenida Insurgentes Sur, junto con cientos de autobuses que trasladaban al lugar a militantes de los sectores y organizaciones que integran el aparato corporativo partidista.
No se trataba de la celebración de un triunfo electoral, una toma de protesta ni la unción de un candidato. Apenas si era el registro de Humberto Moreira, que tres días antes había renunciado a la gubernatura de Coahuila para convertirse en el dirigente nacional del PRI.
Por aquellas fechas la misión de Moreira era conciliar a los grupos políticos dominantes y lanzar a un candidato a la Presidencia que recuperara el lugar perdido en las elecciones de 2000 y la posterior humillación de ser tercera fuerza en 2006.
Moreira dejó la gubernatura el 4 de enero de 2011, 11 meses antes de concluir su periodo. Jorge Torres López, por esos días secretario de Desarrollo Social en la entidad, asumió el cargo de gobernador sustituto. Dos días después, su hermano Rubén Moreira se registró como candidato para suceder a Torres López y no a su hermano (Proceso 1781).
Las formas, la asistencia y el acarreo priista se repitieron el 4 de marzo de 2011 en el Centro de Convenciones de Querétaro.
Hasta entonces, los señalamientos por la contratación de deuda eran cálculos muy inferiores. La dirigencia del PAN coahuilense hablaba apenas de 7 mil 300 millones de pesos. Moreira sólo admitía 3 mil 500.
El 25 de junio de 2011, una semana antes de celebrarse las elecciones de gobernador de Coahuila –en las que su hermano Rubén contendía contra el panista Guillermo Anaya, compadre del presidente Felipe Calderón–, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, acudió a un acto de campaña del PAN en Torreón. Ahí reveló que la deuda del estado ascendía a 33 mil millones.
Pese a ello, Rubén Moreira ganó con amplio margen. Pero la información era cierta y la debacle del exgobernador Moreira se pronunció, sobre todo las semanas posteriores, cuando se dio a conocer que al menos 2 mil millones se contrataron de manera ilegal, con documentos falsos.
Entre la difusión de datos y las denuncias del PAN por el monto de la deuda, llegó noviembre, mes en el que se determinó el procedimiento de selección de candidato a la Presidencia de la República. Una convención de delegados facilitaría las cosas para Manlio Fabio Beltrones; una consulta directa daría la ventaja a Enrique Peña Nieto, cuya exposición mediática como gobernador del Estado de México le daba popularidad.
Moreira se pronunció públicamente por el procedimiento que favorecía a Peña Nieto. El 14 de noviembre el PRI emitió la convocatoria, que generó críticas porque Moreira alteró el contenido consensuado por el Consejo Político con el argumento de que era su facultad. Beltrones se retiró de la contienda y Peña Nieto fue candidato de unidad.
Asimismo, en diferentes zonas del país los priistas le reclamaban a su entonces presidente las alianzas con el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza, pero, sobre todo, estaban los señalamientos por el endeudamiento en que dejó a Coahuila.
Moreira aseguraba que intentaban lincharlo por sus resultados. También justificaba las alianzas en preferencias electorales y admitía su amistad con la maestra Elba Esther Gordillo. Aseguraba no saber del crédito ilegal que le imputaban y decía que parte de la deuda se contrató cuando ya no era gobernador.
Peña Nieto se registró precandidato el 27 de noviembre. Para el 2 de diciembre de 2011, Moreira renunció como presidente del PRI, cercado por los señalamientos de la deuda. Lo hizo, dijo, “para que no se afectara al partido”.
Respecto a su administración como gobernador, Moreira presumía sus programas sociales y la obra pública. Sus críticos panistas hablaban de corrupción y despilfarro, pero sobre todo criticaban la violencia que aquejaba a la región lagunera, que en 2011 se expandió a todo Coahuila. No era la única entidad en esa situación, y desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco Moreira fue uno de los pocos mandatarios que criticaron la política de seguridad y la militarización.
No obstante, pesaban sobre sus jefes policiacos acusaciones de complicidad con la organización de Los Zetas, las cuales al iniciar 2012 derivaron en sendos expedientes que no prosperaron.
El 3 de septiembre de 2012, un comando levantó al mayor de los hijos del exmandatario, José Eduardo Moreira, quien radicaba en la fronteriza Ciudad Acuña. Abandonaron su cuerpo en un paraje con dos tiros. Al parecer, en un operativo de la Policía Estatal realizado días antes murió un sobrino de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, líderes de Los Zetas, por lo que cobraron venganza con el más expuesto de la familia Moreira. Se difundió una ruptura entre los hermanos Humberto y Rubén, quien ya era gobernador (Proceso 1875).
La PGR absolvió a Moreira en noviembre de 2012 –al final del gobierno de Felipe Calderón, cuando Peña Nieto ya era presidente electo– por no contar con pruebas suficientes para una acusación formal.
Sin embargo, los principales colaboradores de su administración fueron condenados en Estados Unidos, donde lavaron el equivalente a 3 mil millones de pesos.
Es el caso del tesorero de su administración estatal, Héctor Javier Villarreal Hernández, quien se declaró culpable de los cargos de conspiración y lavado de dinero en una Corte federal de San Antonio, Texas.
El exfuncionario aceptó sobornos a cambio de contratos de obra y el dinero proveniente de esas operaciones las blanqueó en el sur de Texas. Villarreal fue quien estuvo involucrado en la falsificación de documentos para la obtención de los créditos que conformaron la deuda masiva de Coahuila.
Jorge Juan Torres López, quien fungió como gobernador interino cuando Moreira pidió licencia para irse al PRI, está también sujeto a proceso como parte de esa trama; hoy es un prófugo de la justicia. Al menos 12 mil millones y el trámite con documentos falsos se realizaron durante los meses que ocupó el cargo.
Sin embargo, el empresario Rolando González Treviño, responsable de transferir hasta mil 800 millones de los caudales públicos de Coahuila a cuentas privadas como testaferro de Moreira, involucró al exgobernador como la cabeza de esa estructura de saqueo de las arcas públicas de Coahuila y del blanqueo de capitales de dichos fondos.
Política, relaciones y lujos
Profesor normalista, disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en su juventud, antiguo colaborador de Gilberto Guevara Niebla en la Secretaría de Educación Pública de Ernesto Zedillo, la carrera política de Moreira, de 49 años, avanzó a partir de 1997, cuando fue designado delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo y luego del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en Coahuila.
Desde ahí construyó una estructura electoral que puso al servicio de Enrique Martínez y Martínez, candidato del PRI a gobernador en 1999, quien convirtió a Moreira en secretario de Educación. En 2002, Moreira contendió por la alcaldía de Saltillo y en 2005 llegó a la gubernatura, en la que permaneció cinco años. Tras su renuncia a la dirigencia priista decidió retirarse de la política.
Meses después de la muerte de su hijo, sin cabida en el equipo peñanietista, el exgobernador Moreira se fue a Barcelona. Estaba exonerado en México, e inclusive hasta el viernes 15 su abogado en Houston, Kent Schaffer, dijo al diario San Antonio Express News que no había cargos en contra de su cliente en Estados Unidos.
Durante sus días en España, fue evidente la ostentación con la que vivía Moreira en un chalet en Valldoreix, en el barrio de Sant Cugat, el segundo municipio más rico de Cataluña, según publicó el diario Reforma.
El político pagaba el equivalente a 55 mil 300 pesos de alquiler por el inmueble, que tiene 700 metros cuadrados de construcción y está equipado con piscina cubierta, seis recámaras en dos plantas, seis baños y una biblioteca.
Moreira se desplazaba por Barcelona en una camioneta Volvo XV60, último modelo, con un costo de 616 mil pesos, de acuerdo con esa publicación.
Asimismo, pagaba 3 mil 960 euros (alrededor de 62 mil pesos) de colegiatura por el master internacional de comunicación y educación que cursaba en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Sin embargo, el priista le dijo al periodista de Reforma que su estilo de vida lo pagaba con sus “ahorros” y con una beca del SNTE, entonces todavía encabezado por Elba Esther Gordillo.
“Yo pago el curso, lo que me paga el SNTE es mi salario”, declaró.
Moreira tenía la intención de terminar el master y evaluaba extender su estancia en Barcelona, pues deseaba estudiar el master de política social, trabajo y bienestar en la misma universidad catalana. Es difícil que lo haga ahora que está en prisión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ, ARTURO RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427044
