MÉXICO, DF: La Procuraduría General de la República (PGR) consignó a 244 servidores públicos de abril a diciembre de 2015, es decir, 96% más respecto del promedio mensual de consignaciones.
Al presentar su informe de actividades, el visitador general de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, también dijo que se giraron 125 órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión, cohecho, enriquecimiento ilícito, privación ilegal de la libertad, robo, hostigamiento sexual, uso de documento falso y contra la administración de justicia, entre otros.
De acuerdo con el funcionario, en el periodo señalado se concluyeron mil 664 expedientes de investigación, con lo que se obtuvieron 110 autos de formal prisión y sujeción a proceso, los cuales representaron un incremento de 146% en relación con el promedio de autos dictados en los meses previos.
Sobre las acciones de remoción, indicó que se despidió a 122 agentes del Ministerio Público de la Federación y a 27 agentes de la Policía Ministerial por haber cometido irregularidades administrativas “graves”.
El informe también establece que se emitieron 460 vistas para que la autoridad responsable sancione por la vía administrativa a 365 personas y por la penal a otras 95, como responsables de haber cometido diversas irregularidades.
Chávez Flores reiteró su compromiso de seguir trabajando para combatir la corrupción y abatir los actos de impunidad en el servicio público federal.
ÇFUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
FECHA: 20 ENERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427069
MÉXICO, DF: La decisión de extraditar o no a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es totalmente política, pues el párrafo 1 del artículo 9 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos deja al Poder Ejecutivo de la parte requerida (en este caso el Ejecutivo mexicano) una facultad “a su entera discreción” de entregar a sus nacionales a la parte requirente (en este caso el gobierno estadunidense) o turnar el expediente a sus propias autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal.
A su vez, el artículo 11 de la Ley de Extradición Internacional, que aplica únicamente para el caso de los países con los que México no tiene tratado de extradición, señala que “cuando el individuo reclamado tuviese una causa pendiente o hubiere sido condenado en la República por delito distinto del que motive la petición formal de extradición, su entrega al Estado solicitante, si procediere, se diferirá hasta que haya sido decretada su libertad por resolución definitiva”.
A estas dos disposiciones, la primera enteramente aplicable al caso de Guzmán Loera y la segunda simplemente como referencia, se deben la tajante negativa del exprocurador Jesús Murillo Karam de extraditarlo cuando el vecino país lo solicitó en enero de 2015, y la incoherente política de extradición de narcos que sigue el gobierno mexicano, el cual lo mismo concede que niega extradiciones.
Se pueden explicar tales variables en función de los relevos en la Presidencia de la República, de tal suerte que Felipe Calderón concedió las extradiciones de Sandra Ávila Beltrán, después de haber purgado una sentencia en México por otro delito; de Benjamín Arellano Félix, quien cumplía una condena de 22 años (de los que le quedaban pendientes 18); Vicente Zambada, hijo de Ismael El Mayo Zambada, sin que siquiera se le iniciara proceso en México; Osiel Cárdenas Guillén, en las mismas condiciones; Héctor Luis El Güero Palma, quien llevaba 12 años en las cárceles mexicanas sujeto a proceso, entre los más relevantes.
Pero el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto extraditó a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, en septiembre del año pasado (lo cual eventualmente podría explicarse porque él nació en Laredo, Texas y, por lo mismo, no es mexicano y no aplicaba el artículo 9 ya referido), pero junto con él extraditaron a otros 12 narcotraficantes mexicanos, entre los que se encontraba Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, quien fue el máximo líder del Cártel del Golfo y se encontraba preso desde 2012.
En este caso la única argumentación consistió en que fue el cambio de procurador lo que modificó la política de extradición del presente gobierno. La actual procuradora Arely Gómez, cuando se produjo la fuga del Chapo hace seis meses, sostenía que la solicitud de extradición acababa de llegar y que no les dio tiempo de procesarla. Y en diversas entrevistas que ha concedido tras la recaptura, al informar que una vez detenido se inició el trámite de la solicitud estadunidense, aunque no se pronuncia con claridad respecto a su posición, deja entrever que ella es favorable a la extradición.
Así, es evidente que la normatividad vigente permite lo mismo conceder que negar la extradición, y la decisión depende del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, concederla significaría un reconocimiento tácito de la debilidad del sistema carcelario mexicano y, por lo tanto, un tajante desmentido a su afirmación durante el mensaje a los medios de comunicación, el pasado viernes 8 de enero: “Hoy, nuestras instituciones han demostrado una vez más que los ciudadanos pueden confiar en ellas, que nuestras instituciones están a la altura, que tienen la fortaleza y determinación para cumplir cualquier misión que les sea encomendada”.
Pero habría otras consecuencias directas de la extradición: la pérdida de la información estratégica que El Chapo posee, y de una buena parte de su inmensa riqueza, que seguramente sería incautada por el vecino país del norte, como ya ha sucedido en el pasado con los bienes de otros delincuentes mexicanos que han sido capturados allá.
De esta manera, al menos habría cuatro consecuencias negativas en caso de conceder la extradición: una, la pérdida de soberanía (como argumentaba Murillo Karam); dos, el impacto en la opinión pública nacional e internacional por el reconocimiento tácito de la debilidad de las instituciones mexicanas, que pueden “cumplir con cualquier misión”, menos con retener al Chapo en las cárceles de alta seguridad; tres, la disminución de la capacidad de investigación en torno a la delincuencia organizada, pues aunque el exprocurador señalaba, en enero del año pasado, que ya les había aportado “toda la capacidad de investigación”, la realidad es que todavía hay muchas preguntas sin respuestas, y él debe tener muchas de ellas; y, cuatro, la pérdida de una incalculable riqueza, cuyo proceso de extinción de dominio obviamente iniciará la autoridad que pruebe su culpabilidad, logre una sentencia condenatoria y obtenga información precisa de los bienes adquiridos con dinero proveniente de sus actividades delictivas.
Ciertamente, por el lado positivo se ahorrarían varias decenas de millones de pesos que seguramente tendrán que destinarse a las medidas especiales de vigilancia que se implementaron desde el momento mismo de su recaptura; se evitaría el riesgo de que se les fugue nuevamente, con todo el descrédito que ello generaría para el gobierno y el país; seguramente habría un impacto positivo en las relaciones con el gobierno estadunidense, que agradecería el gesto mexicano, y se produciría el beneplácito de 35% de los mexicanos (según un encuesta telefónica del diario Reforma) que piensan que El Chapo debe ser juzgado en Estados Unidos.
El gobierno de México jamás ha aceptado abiertamente su debilidad institucional para combatir a la delincuencia organizada, como sí lo hizo el colombiano cuando decidió extraditar a sus principales narcotraficantes; pero en este caso en particular, por el antecedente de las dos fugas de prisiones de alta seguridad y la libertad con la que se movía por el territorio nacional en el momento más intenso de su persecución (como lo demuestra la operación que se realizó en Tijuana), la extradición de El Chapo sería el reconocimiento tácito de la incapacidad del gobierno mexicano para combatir al crimen organizado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS)
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427045
El arma de alto calibre, capaz de derribar un helicóptero, ingresó al país como parte del programa en el que funcionarios federales de Estados Unidos permitieron a delincuentes comprar armamento, con el fin de rastrearlo.
Un rifle calibre .50 encontrado en el escondite de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, llegó a México gracias al operativo del gobierno estadounidense conocido como “Rápido y Furioso”.
Funcionarios confirmaron a la cadena Fox News que el arma, capaz de derribar un helicóptero, ingresó al país como parte del programa en el que funcionarios federales de Estados Unidos permitieron a delincuentes comprar armas, con el fin de rastrearlas.
Miembros de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) revisaron los números de serie de ocho armas halladas en la casa de Los Mochis, Sinaloa, donde tuvo lugar el operativo ‘Cisne Negro’ que finalizó con la captura del “Chapo” el 8 de enero.
El número de serie de uno de los dos rifles calibre .50 decomisados a los presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, que se enfrentaron a tiros con marinos mexicanos esa madrugada, se remontaba al operativo “Rápido y Furioso”, confiaron funcionarios a Fox News.
Pero podría haber más armas decomisadas en ese operativo que habrían salido de Estados Unidos con el conocimiento de funcionarios de aquel país; fuentes dijeron a la cadena norteamericana que continúan investigando.
De entre las aproximadamente dos mil armas vendidas a través de “Rápido y Furioso” se incluyeron 34 rifles calibre .50, aseguró Fox News en su sitio web.
No es la primera vez que un arma de “Rápido y Furioso” es encontrada en una escena del crimen de alto perfil en México: en diciembre de 2012 se informó que uno de los rifles utilizados en el enfrentamiento que ocasionó la muerte de Susana Flores Gámez, Miss Sinaloa 2012, perteneció a la operación.
El martes 19 de enero una juez federal de Estados Unidos determinó que el presidente Barack Obama entregue la documentación relacionada con el operativo de trasiego de armas supervisado, y que no puede argumentar privilegio ejecutivo para resguardar los archivos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 20 ENERO 2016.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2001/mexico/rifle-50-decomisado-al-chapo-llego-a-mexico-por-rapido-y-furioso-fox-news/
La disputa, por un contrato por 75 millones 101 mil 616 pesos, con terminación hasta el 31 de diciembre de 2018. Esta es una investigación especial de Sebastián Barragán, que surge de la plataforma Mexicoleaks.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) presuntamente amañó una licitación por 75 millones de pesos para adquirir servicios de seguridad digital, al acordar previamente las características requeridas y un sobreprecio de 30 por ciento con la empresa Redisegno.com.
Una investigación realizada por los medios que forman parte de Mexicoleaks -la plataforma que sirve para recibir información de manera anónima- concluyó que a seis meses de la celebración del contrato la dependencia federal no cuenta con los servicios pactados.
El empresario Edgar Chake Corella Flores reconoció haber participado en esa licitación amañada para hacerse de recursos públicos de forma ilegal en presunta complicidad con funcionarios de Capufe.
La historia comenzó -según las propias palabras del empresario citado- cuando vendió soluciones informáticas, entre los años 2010 y 2013, al notario público número 3 del Estado de México, Enrique Agustín Martínez.
En entrevista para este reportaje, Corella Flores aseguró que el notario le planteó la posibilidad de ponerlo en contacto con diferentes instancias del gobierno, valiéndose de sus “contactos”.
El empresario dijo que el primer acercamiento fue con el subdirector de Compras y Adquisiciones de Capufe, Eduardo Lavin, quien a su vez le consiguió una cita con Heriberto Álvarez Ganem, subdirector de Tecnologías de Información.
Durante varias reuniones, Corella Flores presentó a funcionarios los productos de su empresas, incluyendo las soluciones tecnológicas de Barracuda Networks, una empresa de Estados Unidos que fabrica programas de seguridad y de la cual es vendedor exclusivo en México.
Según el empresario, tras las reuniones, los funcionarios pidieron más información sobre los productos y sus cotizaciones, siempre teniendo como intermediario al notario Martínez Salgado.
“Basada en esa reunión, directamente Heriberto le solicita cotizaciones al notario, el notario directamente nos hace la solicitud a nosotros, para lo cual nosotros a través de correo electrónico enviamos la primer propuesta que formó al final esa licitación de equipos de soluciones de seguridad”, dijo Corella Flores.
Durante el desarrollo de este reportaje, el empresario dio a los periodistas los correos electrónicos enviados al notario público Martínez Salgado con las cotizaciones exclusivas para Capufe, siempre aclarándole que ya se incluía un sobreprecio de 30 por ciento.
El 4 de junio de 2015 Capufe lanzó una licitación para la “Contratación de los servicios de seguridad informática”, con el objetivo de obtener protección de “Firewall, Antispam, balanceo y optimizadores de ancho de banda”.
El concurso atrajo la atención de las grandes empresas en tecnología, como Cisco Systems, que se describe en su página de internet como “líder mundial en tecnología de la información”.
Al leer la convocatoria, los empleados de Cisco notaron que sólo una empresa podría satisfacer los requerimientos de Capufe: Barracuda Networks.
Durante las juntas de aclaraciones del 23 y 24 de junio de 2015, el representante legal de Cisco, Francisco Miguel Naranjo Ramírez, exhibió que los servicios requeridos eran exactamente los que promocionaba Barracuda Networks en su página de internet. También, pidió reiteradamente que los funcionarios de Capufe mostraran el estudio de mercado donde constaba que había al menos tres fabricantes que podrían competir por el contrato.
Como respuesta, el subgerente de Adquisiciones de Capufe, Alejandro Manrique Sosa, respondió que sí existía el estudio, pero se negó a mostrarlo o a nombrar a las empresas que supuestamente contaban con la tecnología solicitada.
Los representantes de la empresa Sm4rt Security Services pidieron a Capufe que aceptara otras especificaciones técnicas, porque según sus análisis sólo una empresa podía brindar esos servicios. También pidieron que Capufe mostrara los cuadros comparativos de proveedores y precios que se usaron al elaborar la convocatoria.
Según las minutas de las reuniones disponibles en Compranet, los representantes de Capufe afirmaron que el concurso era equitativo, pero se negaron a mostrar los cuadros comparativos o a nombrar a los posibles competidores.
Al final, sólo la empresa Redisegno, proveedor exclusivo de Barracuda Networks en México, cumplió con los requisitos del concurso y ganó el contrato por 75 millones 101 mil 616 pesos, con terminación hasta el 31 de diciembre de 2018.
El 23 de julio de 2015, Redisegno.com y Capufe firmaron el contrato, fijando el 11 de octubre del mismo año como fecha límite para instalar los equipos y operar los programas de seguridad.
Edgar Corella Flores denunció que el 6 de agosto el notario Martínez Salgado lo citó en sus oficinas para firmar las fianzas requeridas en la licitación, pero al llegar varios hombres armados lo sometieron y obligaron a firmar la venta de su empresa por 50 mil pesos.
En ese acto forzado, Redisegno.com fue comprada por la empresa Fact Leasing, que de acuerdo al Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal fue creada por Cristel Amparo López Santos, Carlos Alberto Lugo Vega y José Francisco Monty Vidal.
Mediante llamadas telefónicas realizadas en esta investigación las tres personas fueron ubicadas como trabajadores de la notaría número 3 del Estado de México.
La creación de Fact Leasing y la venta de Redisegno.com se formalizaron ante el mismo notario número 3 del Estado de México, Enrique Agustín Martínez Salgado, según los documentos oficiales.
Los nuevos dueños de Redisegno.com buscaron cumplir el contrato con Capufe para recibir los 75 millones de pesos, pero requerían la colaboración de Barracuda Networks, la empresa de Estados Unidos fabricante de las soluciones tecnológicas.
El 3 de septiembre de 2015 el notario Enrique Martínez Salgado viajó a las oficinas centrales de Barracuda en Campbell, California, para negociar la venta de los equipos, pero los directivos de la empresa de Estados Unidos afirmaron que su vendedor exclusivo en México es la empresa “Firewalls y Redes de nueva generación”, otra firma de Edgar Corella.
El 29 de septiembre de 2015, Sophia Valentim, miembro del consejo de Barracuda Networks, firmó un oficio donde acredita que los equipos de la licitación fueron transferidos a la empresa “Firewalls y Redes de nueva generación” desde el 17 de julio de 2015.
El notario se quedó con la empresa que ganó el contrato pero no con la distribuidora de las soluciones tecnológicas, por lo que Capufe no pudo instalar el equipo de seguridad.
El 1 de septiembre de 2015 el empresario acudió a la fiscalía antisecuestros de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para denunciar el robo de la empresa, sin que hasta la fecha se haya comprobado el ilícito.
El 3 de diciembre de 2015 Edgar Chake Corella Flores presentó un escrito ante el Órgano Interno de Control de Capufe para señalar que Redisegno no pudo cumplir el contrato.
El miércoles 13 de enero los medios participantes en Mexicoleaks solicitaron una postura oficial a Capufe mediante su oficina de comunicación social.
La dependencia federal ofreció una entrevista y horas después la canceló, pero al enterarse de la investigación periodística inició el proceso para cancelar el contrato con Redisegno, según consta en el oficio GCCMFA/020/2016:
oficiocancelación.PDF by Aristegui Noticias
Hasta este lunes la cancelación de última hora no fue reportada en la base de contratos de Compranet, donde aún tenía el estatus de “activo” y Redisegno no aparece en el directorio de proveedores sancionados de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Al cancelar el contrato se concluye que Capufe no cuenta con la protección deseada al formular la licitación, pero la dependencia federal se negó a responder cómo está subsanando los riesgos y si ya investiga actos de corrupción de los funcionarios que amañaron la licitación para beneficiar a un proveedor.
FUENTE: ARISTEGUI NOTCIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1901/mexico/capufe-amana-licitacion-y-se-queda-sin-seguridad-informatica/
MÉXICO, DF: El presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se descartó como presidenciable para el 2018.
“No voy a buscar la candidatura porque sería inequitativo y desleal”, dijo a un grupo de periodistas, según publicó Ciro Gómez Leyva en su columna de este miércoles en el diario ‘El Universal’.
De acuerdo con el exgobernador de Sonora –que según algunos sería el aspirante “natural” del Revolucionario Institucional en 2018–, si buscara la candidatura a la Presidencia de la República “se me partiría el PRI”.
“Mira lo que está pasando en el PAN. Imagínate si estuviera saliendo en los spots de radio y televisión todo el día. Cómo le pediría unidad a los candidatos en los estados, lo que ya de por sí es bastante complicado. Cómo los convencería de que hay un proyecto común, neutral por el partido”, respondió a pregunta expresa de un grupo de periodistas con quienes, a decir del columnista, se reunió en una comida.
Beltrones destacó que su papel en la presidencia del PRI es otro y “no puedo estarme moviendo y dejando la sospecha de que estoy trabajando para ser el candidato. No lo voy a hacer”, insistió.
En una entrevista con ‘El Universal en agosto pasado, días antes de que fuera nombrado líder priista, Beltrones subrayó que quien fuera presidente del Partido Revolucionario Institucional no podría ser candidato a la Presidencia de la República en 2018.
A diferencia de PAN y PRD, presumió que su partido tiene varios posibles candidatos a la Presidencia de la República, además de los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer.
Y aseguró que como presidente del partido daría “cancha pareja” a quienes contiendan en las internas.
“Yo me he formado al lado de los que han hecho de la lealtad su principal patrimonio. He sido leal hasta en la oposición, de tal suerte que mi trabajo como presidente del PRI, en caso de ser electo, lo pondré a disposición, con esa lealtad, del priismo y de todos aquellos que quieran participar (en el 2018). Seré un árbitro que garantice cancha pareja”, precisó en aquella ocasión.
“Estaremos nosotros hablando en 2016, en 2017 y en 2018. El presidente nacional del PRI no será jugador electoral en esa contienda”, apuntó desde entonces.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427048
CHILPANCINGO, Gro: La jornada de violencia que se ha vuelto cotidiana en la entidad, ha dejado hasta el momento un saldo de ocho personas ejecutadas en Acapulco, Chilapa, Zumpango y Arcelia.
Reportes oficiales refieren que está madrugada fue localizado un auto incendiado en el barrio de San Juan de la cabecera municipal de Chilapa y al interior del portamaletas del vehículo estaban los cuerpos de dos hombres ejecutados.
Más tarde, en la zona conurbada de Acapulco, un comando atacó un sitio de taxis en las inmediaciones de la colonia Ciudad Renacimiento.
En el lugar fue asesinado un taxista y otro más quedó herido.
En otro hecho, fue localizado otro chofer ejecutado al interior de un taxi que estaba abandonado sobre la calle Luis Donaldo Colosio.
Más tarde, durante el transcurso de la mañana se reportó el hallazgo de un hombre ejecutado en sobre el carril sur-norte de la autopista del Sol, a la altura del kilómetro 236 que se localiza en las inmediaciones del poblado de Tlanipatla, municipio de Eduardo Neri.
También, reportaron la ejecución tres hombres en el poblado de Ixcaltepec, municipio de Arcelia.
Estos hechos exhiben el nivel de violencia e impunidad que se vive en Guerrero donde la violencia no cesa, a pesar de los constantes anuncios de estrategias de seguridad .
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427086
MÉXICO, DF: Derivado del desinterés del gobierno de Graco Ramírez, que se ilustra en la escasez de recursos y la ausencia de un reglamento interno, el mecanismo de protección de los comunicadores morelenses fracasó, denunciaron hoy los integrantes del Foro de Periodistas que representan al gremio en esa instancia.
El mecanismo nació a mediados de 2012 como producto de una concertación entre periodistas y autoridades del gobierno estatal, pero hasta la fecha sigue a merced de la “buena voluntad” del gobierno, pues carece de un reglamento que obligue las autoridades a participar de manera activa en ello.
Desde su arranque, en septiembre de 2012, el mecanismo fue activado 23 veces, en las que se acordaron medidas de protección a una treintena de periodistas, más de la mitad de ellos mujeres. Tan sólo en 2015 se activó 10 veces, y a la fecha 16 casos siguen vigentes.
Sin embargo, durante dos años las autoridades arruinaron el esfuerzo: las dependencias a menudo no enviaron sus representantes a las reuniones o los sustituyen de manera regular, lo que desgasta mucho tiempo a los comunicadores, quienes tienen que informar a los funcionarios sobre los casos una y otra vez. “Vimos el desinterés del gobierno”, lamentó la periodista Estrella Pedroza.
Y cuando el mecanismo se activó, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) incumplió en proporcionar de manera correcta las medidas de protección, las cuales van desde la instalación de un “botón de pánico” hasta la vigilancia perimetral o la asignación de escoltas a los periodistas.
Asimismo, los periodistas denunciaron que la fiscalía estatal extravió los expedientes de al menos siete comunicadores que acudieron a denunciar las amenazas y agresiones en su contra.
Peor aún: si bien las sesiones del mecanismo están grabadas, con todo y detalles de los casos de los periodistas agredidos –incluso su información personal–, las autoridades “perdieron” los audios de las reuniones y las minutas de las mismas.
Por lo anterior, tras “agotar todos los caminos con las instituciones para resolver este tema” y concertarlo con el gremio, en diciembre pasado los periodistas abandonaron la mesa del mecanismo. “No queremos ser cómplices de una simulación”, insistió Pedroza, al precisar que ahora buscarán defenderse por otras redes de solidaridad.
Lo anterior es preocupante, pues Morelos se convirtió en una entidad “totalmente convulsionada por la inseguridad y la violencia”, marcada por el asesinato de la alcaldesa Gisela Mota, la batalla entre los grupos de Los Rojos y Guerreros Unidos o los cacicazgos de “narcogobiernos” en ciertos municipios, sobre todo en la parte sur de la entidad.
“Se incrementa la violencia en general contra los periodistas, en un contexto de feminicidios, asesinatos de jóvenes y de activistas”, lamentó José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
“El crimen organizado está en Morelos”, sentenció el periodista Jesús Castillo García, al recordar que Cuernavaca y sus alrededores se convirtieron en un punto donde se reúnen y dialogan los criminales.
Hasta la fecha, ninguna de las agresiones reportadas fue perpetrada por grupos criminales, subrayaron los periodistas. Precisaron que los agresores estaban relacionados con los gobiernos estatal, municipales e incluso con algunos diputados locales. Lo anterior generó desconfianza en las instituciones, y por lo mismo comunicadores agredidos se niegan a acudir al mecanismo.
“Afortunadamente no hay muertos (entre los comunicadores de Morelos)”, exclamó la periodista Claudia Marino García, al añadir: “¡No queremos ser Veracruz, no queremos un Rubén (Espinosa, fotorreportero colaborador de Proceso)!”.
Según los miembros del Foro de Periodistas, desde que Graco impuso el Mando Único en varias zonas de la entidad, se incrementaron las presiones a los medios que no defendieran la estrategia de seguridad. En paralelo, señalaron, crecieron las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El pasado 4 de agosto, el gobernador demostró su escasa estima del gremio, cuando publicó en su cuenta de Twitter: “Las plumas a modo sólo basta que estén en la nómina para que aplaudan como focas. Cuando no hay nómina, fabrican todos los días calumnias”.
Su publicación desató la furia en las redes y, 25 minutos después, se contradijo por el mismo canal: “Aquí en Morelos se respeta la libertad de expresión. No se persigue a ningún periodista. No se utiliza dinero público para comprar halagos”.
“Es importante saber que el gobierno tiene un ‘buen’ trato con tres medios. Los medios morelenses subsisten a través de los convenios oficiales y de 2014 a la fecha hubo medios a los que se les retiró el convenio”, planteó Marino García.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?author=268280
Anuncia el senador panista su decisión de participar en el proceso interno de su partido para designar candidato.
El senador Javier Corral anunció la tarde del miércoles 20 su intención de buscar la nominación del PAN para el Gobierno de Chihuahua.
En su cuenta de Facebook, el senador escribió:
Estimad@s amig@s seguidores: les comunico que esta mañana decidí participar en el proceso para seleccionar al candidato del PAN a la Gubernatura del Estado de Chihuahua. He informado a Ricardo Anaya y a los demás compañeros aspirantes que me someteré al ejercicio de medición y valoración que realizará el CEN del PAN, para designar al candidato. Chihuahua y México por delante, y que sea lo que Dios quiera! #VeteDuarte.
En Twitter, el senador informó también que había confirmado a la dirigencia panista su decisión de participar para seleccionar candidato en Chihuahua.
Recientemente se integró en ese estado el Frente por la Unidad Democrática de Chihuahua, que buscará construir “la más amplia coalición opositora para enfrentar al régimen corrupto y autoritario de César Duarte Jáquez que ha conducido a nuestro estado a una de sus peores épocas”.
En un comunicado firmado por Jaime García Chávez, Javier Corral Jurado, Lucha Castro (abogada de Marisela Escobedo), Víctor Quintana, Alma Gómez Caballero, Gustavo Madero, Blanca Gámez, Gabino Gómez, reiteraron su convicción de que a partir “de un gran Frente político y social que integre a partidos, organizaciones sociales, gremiales, colegios, ciudadanos en general, podemos potenciar la victoria ciudadana en contra de los enemigos de Chihuahua”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2001/mexico/buscara-javier-corral-la-candidatura-del-pan-a-gobernador-de-chihuahua/
Se ubicó en un nivel cuyo precedente inmediato data de febrero de 2002, cuando el crudo nacional se vendía a 16.18 dólares por barril.
El petróleo mexicano de exportación registró uno de sus más fuertes desplomes al perder 5.59 por ciento y cerrar la jornada en 18.90 dólares por barril. La pérdida fue de 1.12 dólares por cada tonel, informó La Jornada.
El precio de la mezcla mexicana de exportación dado a conocer por Petróleos Mexicanos (Pemex) se ubicó en un nivel cuyo precedente inmediato data de febrero de 2002, cuando el crudo nacional se vendía a 16.18 dólares por barril, según registros oficiales.
Sólo en lo que va del año que comienza, el precio del petróleo mexicano se ha hundido en 8.47 dólares por barril, es decir, casi 31 por ciento en los veinte días transcurridos y de 62.2 por ciento respecto del precio de referencia establecido en el presupuesto de ingresos para 2016 de 50 dólares por tonel.
Según Reforma, el petróleo mexicano se hundió este miércoles arrastrado por las preocupaciones de una creciente sobreoferta en un mercado que muestra signos de desaceleración económica.
Ante esta situación, que ha afectado a los mercados desde mediados del 2014, las caídas de los precios se han acelerado y han provocado tensión en los mercados de capitales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2001/mexico/petroleo-mexicano-sufre-uno-de-sus-peores-desplomes-llego-a-18-90-dolares-por-barril/
Tras varios años de pasearse dentro y fuera del país, el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira fue aprehendido el viernes 15 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Horas después fue internado en la prisión de Soto del Real, en la capital española. El político priista, quien pidió al juez Baltasar Garzón llevar su caso, tendrá que responder por los delitos que se le imputan en España, donde vivía a todo lujo, entre éstos el lavado de dinero…
MADRID/CIUDAD DE MÉXICO: El expresidente del PRI Humberto Moreira Valdés pasó sus primeros días en la prisión de Soto del Real, en España, país que convirtió en su fastuoso refugio después de abandonar la dirigencia del tricolor al arreciar los escándalos por el endeudamiento por casi 34 mil millones de pesos en que sumió al estado de Coahuila.
Se le acusa en la península de los delitos de malversación y blanqueo de caudales públicos, conceptos similares a los que motivaron los procesos en Estados Unidos contra varios de sus principales colaboradores cuando fue gobernador de aquella entidad.
Por órdenes del juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la Policía Nacional lo detuvo apenas descendió del vuelo 001 de Aeroméxico, procedente de la Ciudad de México, el viernes 15 a mediodía.
Según el magistrado, Moreira es presunto responsable de los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos durante su gestión como gobernador de Coahuila (2005-2011); le imputa, además, los delitos de cohecho y pertenencia a una organización criminal, confirmaron fuentes jurídicas en la capital española.
La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción detectaron que Moreira realizó transferencias bancarias a España hasta por 200 mil euros en 10 meses durante 2013.
La alerta a las autoridades españolas provino de una comunicación de Estados Unidos, cuyas autoridades les advirtieron que Moreira podía estar lavando dinero en España mediante transferencias bancarias.
Tanto la UDEF como la Fiscalía Anticorrupción iniciaron la investigación y detectaron una serie de transferencias que el exmandatario coahuilense hizo a España desde Estados Unidos. Y aunque la causa es secreta y se encuentra en su etapa inicial, durante la instrucción podrían surgir nuevos elementos, e incluso ampliarse el periodo de las pesquisas, indicaron fuentes judiciales.
La Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF atienden temas de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico o delitos vinculados con la corrupción.
#MisiónCumplida
La tarde del viernes 15, al pasar Humberto Moreira a disposición judicial, la Policía Nacional difundió en redes sociales un tuit en el que se anunciaba su detención en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el cual terminaba con el hashtag #MisiónCumplida, frase que Peña Nieto utilizó en su tuit cuando informó sobre la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, una semana antes, el viernes 8.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó la detención de Moreira al juez Pedraz, quien encabeza la causa. Sin embargo, el priista pasó a disposición el viernes 15, a las 17:30 horas, ante el juez de guardia, el magistrado José de la Mata. Fue él quien le tomó declaración y ordenó su prisión incondicional sin fianza durante todo el periodo que dure el proceso.
Una fuente judicial explicó al corresponsal que la prisión incondicional se dicta cuando existe riesgo de fuga o posible destrucción de pruebas.
El juez Pedraz es conocido por sus casos de alto calado, como el de la muerte del camarógrafo José Couso por el disparo de un tanque estadunidense durante la invasión militar en Irak en 2003, y decretó la búsqueda y captura de los militares involucrados. También tomó parte en otros casos, como el genocidio en el Tíbet, o por juzgar los delitos de lesa humanidad en Guatemala durante las dictaduras de Efraín Ríos Montt y de Óscar Humberto Mejía.
El magistrado De la Mata, juez 5 de la Audiencia Nacional, quien dictó la prisión de Moreira, es conocido por seguir la trama de corrupción política conocida como Caso Gürtel y recientemente reabrió la causa contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y seis colaboradores como responsables del ataque a la Flotilla de la Libertad en 2010, por lo que el nombre del líder hebreo estuvo en los archivos de la policía española.
Según publicó el periódico digital El Español horas después de la detención, Moreira solicitó la asistencia legal de Baltasar Garzón, el famoso juez que fue suspendido de la carrera judicial por las escuchas a los acusados y los abogados del Caso Gürtel.
La periodista Carlota Guindal recordó que Garzón, con amplia presencia en México, asesoró al gobierno de Coahuila para elaborar la Ley de Apoyo a las Víctimas. En diferentes oportunidades, Garzón y Moreira se reunieron en los últimos años, desde que el coahuilense era presidente del PRI.
Finalmente, la defensa recayó en el equipo del abogado Manuel Ollé, un jurista especializado en derecho penal internacional que colaboró con el entonces juez Garzón en la petición de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet a España, donde se le juzgaría por delitos de lesa humanidad.
Catedrático de derecho penal en la Universidad Antonio de Nebrija, Ollé fungió como representante de Las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina en los juicios separados del genocida Ricardo Cavallo y de Francisco Adolfo Scilingo, oficial de la Marina que en declaración judicial reconoció su actuación en los llamados “vuelos de la muerte”, durante la dictadura militar argentina.
Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Ollé participa en la defensa de los derechos del pueblo saharaui y en la condena a las violaciones contra este pueblo por parte de Marruecos.
Aunque ni Ollé ni la colaboradora que lo acompañó a la vista con De la Mata quisieron aceptar ante los corresponsales mexicanos que representarán a Moreira, una fuente judicial conocedora de la causa corroboró que fueron ellos quienes se acreditaron como su defensa.
Auge y caída
Hace cinco años, el priismo, reunido en el auditorio Plutarco Elías Calles de su sede nacional en la Ciudad de México, se volcaba en una apoteosis que anticipaba el regreso de las viejas formas partidistas.
Las caravanas de la cúpula priista arribaron al vetusto complejo de Avenida Insurgentes Sur, junto con cientos de autobuses que trasladaban al lugar a militantes de los sectores y organizaciones que integran el aparato corporativo partidista.
No se trataba de la celebración de un triunfo electoral, una toma de protesta ni la unción de un candidato. Apenas si era el registro de Humberto Moreira, que tres días antes había renunciado a la gubernatura de Coahuila para convertirse en el dirigente nacional del PRI.
Por aquellas fechas la misión de Moreira era conciliar a los grupos políticos dominantes y lanzar a un candidato a la Presidencia que recuperara el lugar perdido en las elecciones de 2000 y la posterior humillación de ser tercera fuerza en 2006.
Moreira dejó la gubernatura el 4 de enero de 2011, 11 meses antes de concluir su periodo. Jorge Torres López, por esos días secretario de Desarrollo Social en la entidad, asumió el cargo de gobernador sustituto. Dos días después, su hermano Rubén Moreira se registró como candidato para suceder a Torres López y no a su hermano (Proceso 1781).
Las formas, la asistencia y el acarreo priista se repitieron el 4 de marzo de 2011 en el Centro de Convenciones de Querétaro.
Hasta entonces, los señalamientos por la contratación de deuda eran cálculos muy inferiores. La dirigencia del PAN coahuilense hablaba apenas de 7 mil 300 millones de pesos. Moreira sólo admitía 3 mil 500.
El 25 de junio de 2011, una semana antes de celebrarse las elecciones de gobernador de Coahuila –en las que su hermano Rubén contendía contra el panista Guillermo Anaya, compadre del presidente Felipe Calderón–, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, acudió a un acto de campaña del PAN en Torreón. Ahí reveló que la deuda del estado ascendía a 33 mil millones.
Pese a ello, Rubén Moreira ganó con amplio margen. Pero la información era cierta y la debacle del exgobernador Moreira se pronunció, sobre todo las semanas posteriores, cuando se dio a conocer que al menos 2 mil millones se contrataron de manera ilegal, con documentos falsos.
Entre la difusión de datos y las denuncias del PAN por el monto de la deuda, llegó noviembre, mes en el que se determinó el procedimiento de selección de candidato a la Presidencia de la República. Una convención de delegados facilitaría las cosas para Manlio Fabio Beltrones; una consulta directa daría la ventaja a Enrique Peña Nieto, cuya exposición mediática como gobernador del Estado de México le daba popularidad.
Moreira se pronunció públicamente por el procedimiento que favorecía a Peña Nieto. El 14 de noviembre el PRI emitió la convocatoria, que generó críticas porque Moreira alteró el contenido consensuado por el Consejo Político con el argumento de que era su facultad. Beltrones se retiró de la contienda y Peña Nieto fue candidato de unidad.
Asimismo, en diferentes zonas del país los priistas le reclamaban a su entonces presidente las alianzas con el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza, pero, sobre todo, estaban los señalamientos por el endeudamiento en que dejó a Coahuila.
Moreira aseguraba que intentaban lincharlo por sus resultados. También justificaba las alianzas en preferencias electorales y admitía su amistad con la maestra Elba Esther Gordillo. Aseguraba no saber del crédito ilegal que le imputaban y decía que parte de la deuda se contrató cuando ya no era gobernador.
Peña Nieto se registró precandidato el 27 de noviembre. Para el 2 de diciembre de 2011, Moreira renunció como presidente del PRI, cercado por los señalamientos de la deuda. Lo hizo, dijo, “para que no se afectara al partido”.
Respecto a su administración como gobernador, Moreira presumía sus programas sociales y la obra pública. Sus críticos panistas hablaban de corrupción y despilfarro, pero sobre todo criticaban la violencia que aquejaba a la región lagunera, que en 2011 se expandió a todo Coahuila. No era la única entidad en esa situación, y desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco Moreira fue uno de los pocos mandatarios que criticaron la política de seguridad y la militarización.
No obstante, pesaban sobre sus jefes policiacos acusaciones de complicidad con la organización de Los Zetas, las cuales al iniciar 2012 derivaron en sendos expedientes que no prosperaron.
El 3 de septiembre de 2012, un comando levantó al mayor de los hijos del exmandatario, José Eduardo Moreira, quien radicaba en la fronteriza Ciudad Acuña. Abandonaron su cuerpo en un paraje con dos tiros. Al parecer, en un operativo de la Policía Estatal realizado días antes murió un sobrino de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, líderes de Los Zetas, por lo que cobraron venganza con el más expuesto de la familia Moreira. Se difundió una ruptura entre los hermanos Humberto y Rubén, quien ya era gobernador (Proceso 1875).
La PGR absolvió a Moreira en noviembre de 2012 –al final del gobierno de Felipe Calderón, cuando Peña Nieto ya era presidente electo– por no contar con pruebas suficientes para una acusación formal.
Sin embargo, los principales colaboradores de su administración fueron condenados en Estados Unidos, donde lavaron el equivalente a 3 mil millones de pesos.
Es el caso del tesorero de su administración estatal, Héctor Javier Villarreal Hernández, quien se declaró culpable de los cargos de conspiración y lavado de dinero en una Corte federal de San Antonio, Texas.
El exfuncionario aceptó sobornos a cambio de contratos de obra y el dinero proveniente de esas operaciones las blanqueó en el sur de Texas. Villarreal fue quien estuvo involucrado en la falsificación de documentos para la obtención de los créditos que conformaron la deuda masiva de Coahuila.
Jorge Juan Torres López, quien fungió como gobernador interino cuando Moreira pidió licencia para irse al PRI, está también sujeto a proceso como parte de esa trama; hoy es un prófugo de la justicia. Al menos 12 mil millones y el trámite con documentos falsos se realizaron durante los meses que ocupó el cargo.
Sin embargo, el empresario Rolando González Treviño, responsable de transferir hasta mil 800 millones de los caudales públicos de Coahuila a cuentas privadas como testaferro de Moreira, involucró al exgobernador como la cabeza de esa estructura de saqueo de las arcas públicas de Coahuila y del blanqueo de capitales de dichos fondos.
Política, relaciones y lujos
Profesor normalista, disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en su juventud, antiguo colaborador de Gilberto Guevara Niebla en la Secretaría de Educación Pública de Ernesto Zedillo, la carrera política de Moreira, de 49 años, avanzó a partir de 1997, cuando fue designado delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo y luego del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en Coahuila.
Desde ahí construyó una estructura electoral que puso al servicio de Enrique Martínez y Martínez, candidato del PRI a gobernador en 1999, quien convirtió a Moreira en secretario de Educación. En 2002, Moreira contendió por la alcaldía de Saltillo y en 2005 llegó a la gubernatura, en la que permaneció cinco años. Tras su renuncia a la dirigencia priista decidió retirarse de la política.
Meses después de la muerte de su hijo, sin cabida en el equipo peñanietista, el exgobernador Moreira se fue a Barcelona. Estaba exonerado en México, e inclusive hasta el viernes 15 su abogado en Houston, Kent Schaffer, dijo al diario San Antonio Express News que no había cargos en contra de su cliente en Estados Unidos.
Durante sus días en España, fue evidente la ostentación con la que vivía Moreira en un chalet en Valldoreix, en el barrio de Sant Cugat, el segundo municipio más rico de Cataluña, según publicó el diario Reforma.
El político pagaba el equivalente a 55 mil 300 pesos de alquiler por el inmueble, que tiene 700 metros cuadrados de construcción y está equipado con piscina cubierta, seis recámaras en dos plantas, seis baños y una biblioteca.
Moreira se desplazaba por Barcelona en una camioneta Volvo XV60, último modelo, con un costo de 616 mil pesos, de acuerdo con esa publicación.
Asimismo, pagaba 3 mil 960 euros (alrededor de 62 mil pesos) de colegiatura por el master internacional de comunicación y educación que cursaba en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Sin embargo, el priista le dijo al periodista de Reforma que su estilo de vida lo pagaba con sus “ahorros” y con una beca del SNTE, entonces todavía encabezado por Elba Esther Gordillo.
“Yo pago el curso, lo que me paga el SNTE es mi salario”, declaró.
Moreira tenía la intención de terminar el master y evaluaba extender su estancia en Barcelona, pues deseaba estudiar el master de política social, trabajo y bienestar en la misma universidad catalana. Es difícil que lo haga ahora que está en prisión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ, ARTURO RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427044
XALAPA, Ver: Elementos de Fuerza Civil darán protección a familiares de los cinco jóvenes que hace diez días desaparecieron a manos de policías estatales en el municipio de Tierra Blanca, informó esta mañana el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita.
En una rueda de prensa donde sólo se permitió la entrada a reporteros afines al gobierno de Javier Duarte (Televisa, Tv Azteca, ‘Meganoticias’ y ‘Diario de Xalapa’, entre otros), Bermúdez Zurita dio a conocer que el director de Asuntos Internos de la SSP, Silvestre Medina, fue nombrado “enlace especial” para “informar” y “apoyar” a los familiares de los jóvenes desaparecidos en cualquier recurso humano y material que se necesite para dar con su paradero.
Aseguró, asimismo, que su dependencia no “dudará” en ejercer todo el peso de la ley contra quienes fallen en la misión de proteger a Veracruz, y resaltó que el gobierno de Duarte y la SSP mantienen una política de “cero tolerancia y mano dura” contra los malos elementos que manchan el nombre de la Policía Estatal.
Como contrapeso a la ola de críticas por este nuevo caso de desaparición forzada, precisó que se ha evaluado a más de 7 mil policías, y 3 mil 900 que no cumplieron con el perfil del nuevo Sistema Policial fueron despedidos.
“Se iniciará de inmediato un proceso de re-evaluación a todos los mandos medios para evitar que casos así se repitan”, dijo en alusión al delegado de la SSP en Tierra Blanca, Marcos Conde, hoy señalado de pertenecer a una célula del crimen organizado.
Y admitió que tres de los siete elementos de la SSP consignados por la desaparición forzada estaban en proceso de darse de baja por no aprobar el examen de control y confianza.
“Nosotros ya hemos entregado a la Fiscalía General del Estado (FGE) todas las pertenencias, expedientes e información de los elementos de Tierra Blanca”, apuntó.
Ayer, el propio gobernador Javier Duarte hizo una polémica declaración que trascendió al plano nacional y provocó la indignación de muchos mexicanos. Aseguró que la desaparición forzada de los cinco jóvenes de Tierra Blanca a manos de policías estatales fue una cosa que “salió mal” por 99 que se hacen bien.
“Van de manera clara y puntual a la baja (los índices delincuenciales) en el estado de Veracruz. Tenemos un caso en Tierra Blanca, y lamentablemente en temas de seguridad pueden hacerse 99 cosas bien, pero con que una salga mal (una) ese es el tema, como es el caso que hoy nos obliga a estar atentos y pendientes”, dijo.
José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arróniz, de 25, y Susana Tapia Garibo, de 16, fueron levantados el pasado lunes 11 por policías estatales de la delegación de Tierra Blanca cuando regresaban de un fin de semana de ocio en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Esa desaparición forzada se suma a otros escándalos donde se han visto involucrados elementos de la SSP. Apenas en diciembre pasado la Fiscalía aprehendió al octavo policía que presuntamente participó en la desaparición forzada de Zito Ángel Zanatta, hermano de un diputado local priista de Puebla, que de acuerdo con las investigaciones ministeriales fue entregado a una célula de Los Zetas.
También está el caso del cantante de la Voz México, Gibrán Martiz, quien según las investigaciones ministeriales fue “levantado” por policías estatales en esta ciudad y cuyo cadáver apareció casi dos semanas después en el interior de un vehículo, supuestamente propiedad de sicarios.
Tras ese crimen que conmocionó al mundo del espectáculo, el padre de Gibrán, Efraín Martiz, inició sus propias investigaciones, las cuales arrojaron que el teléfono móvil del cantante del reality show de TV Azteca estuvo la mayor parte del tiempo en la academia de policía de El Lencero.
Y en la desaparición de ocho policías municipales de Úrsulo Galván, ocurrida hace dos años, familiares responsabilizaron a la Policía Estatal Acreditable de haberlos “levantado”, según una carta que enviaron al presidente Enrique Peña Nieto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427083
XALAPA, Ver: Gertrudis Guizar Valladares, empresario y hermano del diputado federal del Partido Encuentro Social (PES) Gonzalo Guizar, fue acribillado la mañana de este miércoles afuera de su domicilio cuando salía para comenzar su jornada laboral.
Herido de muerte por un impacto en la cabeza fue auxiliado por sus familiares y trasladado de urgencia a un hospital privado donde minutos después falleció.
El comando que atacó al empresario y militante de Encuentro Social logró darse la fuga en dos motocicletas.
El ataque ocurrió en el entrecruce de Mariano Matamoros y Díaz Mirón cuando el empresario se dirigía a realizar sus actividades diarias, reportaron fuentes de la policía que confirmaron que los atacantes se dieron a la fuga.
Al arribar al lugar de los hechos elementos del Mando Único iniciaron un operativo para dar con los responsables.
Los Guizar Valladares son una familia con raíces políticas y empresariales en el sur de Veracruz.
El diputado federal, Gonzalo Guizar ha sido diputado local por el PRI y candidato del PAN a la alcaldía de Coatzacoalcos; José Guizar ha sido servidor público y uno de sus últimos cargos fue director del Centro de Readaptación Social Duport Ostión y durante su gestión algunos miembros de Los Zetas lograron darse a la fuga.
En el caso del finado Gertrudis Guizar, fue militante del PRI y una vez que su hermano Gonzalo se afilió al PES, él hizo lo propio.
También era un polémico empresario y servidor público, lo mismo invadía áreas verdes, que tenía problemas de liquidez financiera con cajas de ahorro.
En enero del año pasado uno de sus empleados fue ultimado a balazos e incinerado en un inmueble en construcción propiedad del propio Guizar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427056
A Humberto Moreira Valdés, como a muchos otros priístas, lo ha perseguido la sospecha de actos de corrupción y comisión de delitos. Mayormente, a los políticos se les achacaba el enriquecimiento ilícito, el peculado, hacer uso de los recursos del Estado, de la Nación, para provecho propio. Hoy día, se les investiga por lavado de dinero, transacciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa.
Muy pocos son tocados con la hoja de una averiguación previa. Normalmente en el México corrupto, los priístas, son impunes –también panistas y perredistas, para no despertar susceptibilidades-. Ahí está el caso del propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuya esposa adquirió en más de seis millones de dólares una mansión a la filial de una desarrolladora, Grupo Higa, que ha destacado por los contratos de obra que de manera sistemática el gobierno de Peña, en el Estado de México y en la Federación, les ha otorgado. Acción en la que también cayó el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Los tres, el Presidente, la esposa y el Secretario, fueron, a pesar de la evidencia, los negocios y las transacciones de Estado-desarrolladora-privados, exonerados por el mismo gobierno al que representan.
Solo los políticos en decadencia, fuera del círculo Presidencial, los exiliados de la cúpula del poder pagan con procesos ministeriales y judiciales la deslealtad política y terminan en prisión por lo que muchos hacen pero a pocos les investigan. El mejor ejemplo de ello es la señora Elba Esther Gordillo Morales. Utilizada por el poder estando el PRI en Los Pinos o el PAN, la señora Gordillo se engolosinó con el Sindicato que un Presidente priísta le dio cuando otro líder cayó en desgracia del poder. La acusaron de lo que se señala a los líderes sindicales de este país, a legisladores y a gobernadores y alcaldes. Lavado de dinero y delincuencia organizada. Está en prisión.
Pero Humberto Moreira, como Jorge Hank, por ejemplo, no han caído de la gracia del Presidente. De hecho son parte del círculo cercano a Peña Nieto. Moreira fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando Peña fue candidato a la Presidencia de la República. No había vínculo más sólido que ese, y el también ex Gobernador de Coahuila se lucía promoviendo a su abanderado hasta el cuestionado triunfo. El Presidente, es evidente, le regresó el favor en forma de impunidad.
A pesar de los señalamientos en cortes de los Estados Unidos contra los principales colaboradores de Moreira en el Gobierno de Coahuila, y de tener su nombre impreso en averiguaciones previas allende la frontera, en México se le protegió a más no poder. Soberbio, el ex Gobernador culpó, diatribó y amenazó a quien le señalara la sola sospecha de la comisión de un delito. No sabía que desde marzo de 2014 en España ya lo investigaban en la diligencia previa 25/2014 y en la posterior 1232/2016 UDEF-BLA por los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal. Lo que se decía en México pues, pero no se investigaba. Un Juez Anticorrupción de España, sentó el precedente y giró la orden de captura que le fue cumplimentada el 15 de enero de 2016 cuando el político mexicano llegó al aeropuerto de Madrid, España.
La investigación sobre los manejos irregulares de capitales la inició la fiscalía española por iniciativa, aun cuando no señalan una alerta que los llevó a poner los ojos en Humberto Moreira y sus dudosos movimientos económicos en dos empresas de su propiedad en España, que recibían los dineros de empresas de su propiedad en México, pero el origen del circulante no fue reportado, se presume y así lo han reportado medios ibéricos, que el pitazo habría salido de los Estados Unidos, notificándoles que ellos también investigan al ex Gobernador, y que dejarlo regresar a México significaría darle impunidad. Un fracaso para la justicia internacional, pero algo normal en México. De hecho, debido a ello, a la falta de arraigo de Moreira en España, a las conexiones políticas en nuestro país y a su poder público, el juez negó la posibilidad de fijarle una fianza para llevar su proceso en libertad, ante el peligro inminente de una fuga.
Jorge Hank Rhon fue investigado en los Estados Unidos en la década de los noventa. El expediente “Operación Tigre Blanco” lo señalaba entre otras acusaciones, de corrupción, soborno, evasión fiscal, lavado de dinero, actividades ilícitas, crimen organizado. Por alguna razón que solo la Fiscalía norteamericana en tiempos de Janet Reno conoce, la investigación se detuvo pero fue filtrada a periódicos de Washington exhibiendo a la familia Hank que reaccionó con recursos legales.
En México, de Jorge Hank se sospecha eso y más. Ha sido señalado por testigos protegidos, por ex colaboradores, en asesinatos y crimen organizado. El Ejército Mexicano lo detuvo en 2011, solo para que una jueza Federal lo liberara diez días después al no encontrar elementos para procesarlo y que sus abogados demostraran una ilegal introducción a su casa por parte de los militares quienes le habían confiscado más de 80 armas y cientos de cartuchos útiles para las mismas. Un par de años antes, el Gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa de turista que tenía para entrar a ese país. A la fecha le siguen negando el acceso a suelo norteamericano por considerarlo un personaje riesgoso para dicho país.
El punto común entre Moreira y Hank es el Presidente Enrique Peña Nieto, la impunidad de la que han gozado en México, y las investigaciones que en el extranjero se les han iniciado. En el caso de Moreira con la aprehensión que ameritó, y en el de Hank con el retiro de la visa.
El círculo de la corrupción se cierra de manera alarmante alrededor del Presidente. Los suyos, son sospechosos en México y juzgados en otro país. Reflejo, esta acción, del México corrupto en el que habitamos. Y así pasamos de ser la sorna internacional con una fuga de película como la de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lograda a partir de sobornos y actos de corrupción al interior del actual Gobierno Federal, de una recaptura orquestada en las oficinas de la DEA en Washington, a ser la burla internacional por la evidencia de corrupción en el sistema político mexicano, con la detención de Humberto Moreira. Un priísta –como Hank- que está acostumbrado a lavar su suciedad sólo en casa.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/20-01-2016/44586
