Gerardo Solís, miembro de la asociación Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo, asegura que “desde el Malecón Tajamar hasta el aeropuerto, el Gobierno de Borge ha dado permiso para destrozar las áreas naturales y así dar paso a construcciones que sirvan como atractivo turístico”.
El priista Roberto Borge Angulo tomó posesión como Gobernador de Quintana Roo en 2011. El estado ocupa el lugar número 13 en feminicidios dentro del territorio mexicano y el segundo lugar en agresiones a la prensa, sólo por debajo de la Ciudad de México, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y está incluso por encima de Veracruz, la entidad que concentra más asesinatos de periodistas, de acuerdo con el informe anual de violencia contra la prensa 2015, de la organización Artículo 19.
Por si fuera poco, el estado se encuentra ahora en el ojo público a nivel internacional por motivos nada honrosos: Borge Angulo es calificado por activistas como “un ecocida” que ha vendido áreas naturales de suma importancia para dar paso a complejos turísticos .
Gerardo Solís, miembro de la asociación Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo, asegura que “desde el Malecón Tajamar hasta el aeropuerto, el Gobierno de Borge ha dado permiso para destrozar las áreas naturales y así dar paso a construcciones que sirvan como atractivo turístico”.
Asimismo el activista acusa que “los políticos son ambiciosos (…) Buscan el dinero a toda costa. La playa es de todos, pero aquí [en México] te quieren vender hasta ese espacio, es algo completamente absurdo, solamente en México se puede ver esto. En México pasa todo lamentablemente”.
DRAGON MART
En octubre de 2012, apenas un año después de que Borge Angulo asumiera la gubernatura de Quintana Roo se planteó que Dragon Mart Cancún sería el más grande centro de exhibición y venta de productos chinos, fuera del aquel país, el más poblado del mundo.
Los desarrolladores del proyecto informaron en agosto de 2014 que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) envió una notificación sobre una multa por más de 7 millones de pesos por no tener registro de impacto ambiental; sin embargo, declararon que el proyecto contaba con la aprobación de los tres órdenes de Gobierno en materia de impacto ambiental.
Días antes, la Profepa informó que dicha resolución se emitió tras concluir el análisis de las pruebas presentadas por los responsables del proyecto que hasta entonces era construido en el predio “El Tucán”, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y que había sido fuertemente cuestionado por ambientalistas, empresarios y políticos de oposición al Gobierno Borge.
Además, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció en mayo del mismo año que la obra no contaba con registro de evaluación de impacto ambiental y, por tanto, se desconocían los riesgos que podría representar para el medio ambiente y los recursos naturales, a pesar de las permanentes denuncias de organizaciones sociales de la región en las que destacan las afectaciones y daños en las más de 500 hectáreas que contemplaba el proyecto.
Sin embargo, la empresa informó que en noviembre de 2012 la Profepa determinó que el anterior propietario de “El Tucán” contaba con todas sus autorizaciones para remover la vegetación y realizar trabajos de extracción de material pétreo, emitiendo así en “Resolución Definitiva que causó ejecutoria que no existía irregularidad alguna en el inmueble”.
Dijo que presentó la Manifestación de Impacto Ambiental ante el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Gobierno de Quintana Roo, autoridad competente en la materia, y le fue otorgada la autorización para la construcción del proyecto.
La empresa detalló que en septiembre de 2013 el Ayuntamiento de Benito Juárez le otorgó la Licencia de Construcción. “Por ello, en el mes de diciembre del 2013 inició la ejecución de los trabajos de construcción”, informó.
Para establecerse, removió 87 hectáreas de selva y la construcción cuenta “con la influencia y el legado de la cultura china ancestral divididos en cuatro áreas fundamentales: área de intercambio comercial para exhibición y venta de mercancías al mayoreo y menudeo; áreas funcionales con instalaciones para centros de negocios; oficinas, restaurantes, centros culturales y turísticos. Zona libre para el almacenamiento de mercancías y espacios habitacionales”.
El 26 de enero de 2015, Eduardo Sánchez, vocero de Presidencia de la República, informó que la Profepa clausuró las obras del proyecto, por daño ambiental en la zona. Hasta hoy continúa clausurado.
Entre protestas de organizaciones ambientalistas, la Semarnat avaló la construcción de un complejo turístico de la compañía RIUSA II, filial de Riu, que afecta áreas protegidas de mangle en Punta Nizuc, Quintana Roo. El 18 de diciembre, la dependencia federal aprobó el polémico proyecto sin esperar a que concluyera el periodo de consulta pública.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) se ha manifestado en contra del proyecto, el cual ha sido frenado una y otra vez por irregularidades en los permisos que ostenta.
El proyecto original del hotel de 565 cuartos fue modificado ligeramente a 530 cuartos luego de que la Semarnat negó en el mes de marzo la autorización del quinto hotel de la compañía en Cancún.
De acuerdo con las organizaciones ambientalistas, el “Estudio de la Vulnerabilidad y Programa de Adaptación ante la Viabilidad Climática y el Cambio Climático”, elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt), revela que, con una tasa de erosión promedio anual de 13.9 metros, Punta Nizuc –donde se edificarán las torres de 15 niveles del Riu– registra una de las tasas de erosión de playas más altas de Cancún y en ocho años reportó una erosión total de 111 metros de arenales.
La zona donde se instalaría el complejo de la compañía española, señalan, también posee el máximo valor de ponderación e índice de vulnerabilidad costera en Cancún.
Medios locales refieren que el predio donde Riu podría construir su complejo fue beneficiado por el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de la actual administración municipal.
Ante la situación, Cemda interpuso un amparo contra la aplicación del PDU por las violaciones a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como por no incluir las especificaciones de la Ley General de Cambio Climático.
En noviembre pasado, el Poder Judicial suspendió la licencia de construcción que le había otorgado el ayuntamiento cancunense. Cabe mencionar que el hotel “Riviera Cancún” es un proyecto que ya había sido rechazado por el impacto que genera a dos áreas naturales protegidas: las áreas de Nichupte y Cancún Punta Nizuc.
De acuerdo con las organizaciones, en la manifestación aprobada por la Semarnat no se justifica cómo van a impedir el impacto en el sitio, y persisten las razones por las que fue rechazada la primera vez. El hotel de 530 cuartos impacta la zona de duna, e incluye la construcción de una planta desalinizadora para el consumo de agua, cuyos residuos de salmuera son importantes contaminantes del manto acuífero.
TULUM
Otro complejo turístico rechazado por diversas organizaciones en pro del medio ambiente es el del Hotel Punta Jade, en Tulum, Quintana Roo, por considerar que pone en riesgo áreas de manglar y otras especies protegidas.
El 11 de diciembre pasado, el Cemda solicitó a la Semarnat negar la Autorización de Impacto Ambiental solicitada para la obra. El proyecto, ubicado en Bahía Príncipe, fue rechazado originalmente por haber autorizado más cuartos de los que se debía. A pesar de que el caso se encuentra en litigio, el Cemda destacó que los promotores del proyecto han ingresado don Manifestaciones de Impacto Ambiental adicionales, lo cual es improcedente hasta que se resuelva el litigio pendiente.
Entre los comentarios que el Cemda emitió en la consulta pública para oponerse al proyecto se encuentran, por un lado, que el sitio propuesto para el desarrollo del proyecto se encuentra ubicado a una distancia de 61 metros lineales de vegetación de manglar, contraviniendo con ello lo establecido en la legislación correspondiente.
Asimismo, el proyecto pone en riesgo especies protegidas que habitan o arriban al sitio para anidar, las cuales no han sido contempladas dentro la evaluación de impactos y entre las que figuran la iguana gris, la chara yucateca, el cenzonte tropical, el zanate, el vireo manglero, el teveo menor, la garza blanca, el pato real y tres especies de tortuga: laud, blanca y caguama.
“La operación de este tipo de proyectos en las condiciones propuestas, ocasionan un aumento en la demanda de insumos, la generación de residuos, demandas sociales, pérdida en la calidad del paisaje, modificación del medio físico, especialmente importante en el caso de los recursos naturales que prevalecen en la localidad”, señaló Cemda en sus comentarios al proyecto.
En lo que respecta al Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún – Tulum, expone la organización, “el proyecto contraviene diversas disposiciones como la referida al número de cuartos, toda vez que está planteando construir 401 habitaciones, cuando para un desarrollo turístico únicamente podría construir 200″.
El proyecto propone desmotar 2.57 hectáreas de la cobertura vegetal del predio, que corresponden al 19.1 por ciento del total, incumpliendo con el criterio que establece como máximo un 15 por ciento de desmonte.
TAJAMAR
Ciudadanos y activistas acusan como responsables de ecocidio en Cancún, Quintana Roo, al Gobernador Roberto Borge Angulo y a Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal de Benito Juárez, luego de que la madrugada del sábado un grupo de trabajadores con maquinaria pesada, escoltados por policías, ingresaran al Malecón Tajamar para devastarlo y preparar la construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El activista acusó que existe una serie de irregularidades. Recuerda que el fin de semana pasado, las autoridades acordonaron el área, no permitieron el acceso a nadie y “cual bandidos se pusieron a rellenar el manglar, sepultaron cocodrilos vivos, no reubicaron a la fauna que está en peligro de extinción”.
En la página de Facebook “Salvemos Manglar Tajamar”, defensores del medio ambiente acusan que en un par de días han devastado más del 90 por ciento del total del manglar.
Por si fuera poco, días después de la devastación, se sabría que el Fonatur vendió Tajamar a empresarios que antes, y por distintos desarrollos, habían sido acusados e incluso sancionados por devastar otros manglares en el estado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-01-2016/1604234
Por si fuera poco, el estado se encuentra ahora en el ojo público a nivel internacional por motivos nada honrosos: Borge Angulo es calificado por activistas como “un ecocida” que ha vendido áreas naturales de suma importancia para dar paso a complejos turísticos .
Gerardo Solís, miembro de la asociación Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo, asegura que “desde el Malecón Tajamar hasta el aeropuerto, el Gobierno de Borge ha dado permiso para destrozar las áreas naturales y así dar paso a construcciones que sirvan como atractivo turístico”.
Asimismo el activista acusa que “los políticos son ambiciosos (…) Buscan el dinero a toda costa. La playa es de todos, pero aquí [en México] te quieren vender hasta ese espacio, es algo completamente absurdo, solamente en México se puede ver esto. En México pasa todo lamentablemente”.
“El Gobierno de Borge es un gobierno de amiguismos, de negocios al amparo del poder. No hay protección al medio ambiente, ya hemos y seguiremos pagando el precio, uno de ellos es la enorme cantidad de sargazo que llegó a las playas, antes teníamos barreras naturales, pero la destrucción de la naturaleza ha traído esa y otras consecuencias”, destaca.Para Alejandra Serrano Pavón, directora de la Oficina Sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el del priista ”ha sido un Gobierno que a pesar de señalar que tiene una agenda verde, y el tema ambiental es de sus temas prioritarios, creemos que tiene mucho trabajo por hacer porque desafortunadamente han impulsado proyectos como Dragon Mart, que fue anunciado como el proyecto de esta administración. Hace falta que en los programas de ordenamiento ecológico el Gobierno estatal tenga una posición más de sustentabilidad porque vemos muchas veces que no logra conciliar el tema de conservación con desarrollo. Creemos que el mismo Gobierno debería ser el que impulsara para que se encontrara un punto medio y aún no encuentra esa fórmula en los programas de ordenamiento”.
“[El Gobierno] todavía se encuentra en un conflicto de no entender que conservación de recursos también es calidad de vida y una mejor inversión”, condena.
DRAGON MART
Los desarrolladores del proyecto informaron en agosto de 2014 que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) envió una notificación sobre una multa por más de 7 millones de pesos por no tener registro de impacto ambiental; sin embargo, declararon que el proyecto contaba con la aprobación de los tres órdenes de Gobierno en materia de impacto ambiental.
Días antes, la Profepa informó que dicha resolución se emitió tras concluir el análisis de las pruebas presentadas por los responsables del proyecto que hasta entonces era construido en el predio “El Tucán”, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y que había sido fuertemente cuestionado por ambientalistas, empresarios y políticos de oposición al Gobierno Borge.
Además, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció en mayo del mismo año que la obra no contaba con registro de evaluación de impacto ambiental y, por tanto, se desconocían los riesgos que podría representar para el medio ambiente y los recursos naturales, a pesar de las permanentes denuncias de organizaciones sociales de la región en las que destacan las afectaciones y daños en las más de 500 hectáreas que contemplaba el proyecto.
Sin embargo, la empresa informó que en noviembre de 2012 la Profepa determinó que el anterior propietario de “El Tucán” contaba con todas sus autorizaciones para remover la vegetación y realizar trabajos de extracción de material pétreo, emitiendo así en “Resolución Definitiva que causó ejecutoria que no existía irregularidad alguna en el inmueble”.
Dijo que presentó la Manifestación de Impacto Ambiental ante el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Gobierno de Quintana Roo, autoridad competente en la materia, y le fue otorgada la autorización para la construcción del proyecto.
La empresa detalló que en septiembre de 2013 el Ayuntamiento de Benito Juárez le otorgó la Licencia de Construcción. “Por ello, en el mes de diciembre del 2013 inició la ejecución de los trabajos de construcción”, informó.
Para establecerse, removió 87 hectáreas de selva y la construcción cuenta “con la influencia y el legado de la cultura china ancestral divididos en cuatro áreas fundamentales: área de intercambio comercial para exhibición y venta de mercancías al mayoreo y menudeo; áreas funcionales con instalaciones para centros de negocios; oficinas, restaurantes, centros culturales y turísticos. Zona libre para el almacenamiento de mercancías y espacios habitacionales”.
El 26 de enero de 2015, Eduardo Sánchez, vocero de Presidencia de la República, informó que la Profepa clausuró las obras del proyecto, por daño ambiental en la zona. Hasta hoy continúa clausurado.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) se ha manifestado en contra del proyecto, el cual ha sido frenado una y otra vez por irregularidades en los permisos que ostenta.
El proyecto original del hotel de 565 cuartos fue modificado ligeramente a 530 cuartos luego de que la Semarnat negó en el mes de marzo la autorización del quinto hotel de la compañía en Cancún.
De acuerdo con las organizaciones ambientalistas, el “Estudio de la Vulnerabilidad y Programa de Adaptación ante la Viabilidad Climática y el Cambio Climático”, elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt), revela que, con una tasa de erosión promedio anual de 13.9 metros, Punta Nizuc –donde se edificarán las torres de 15 niveles del Riu– registra una de las tasas de erosión de playas más altas de Cancún y en ocho años reportó una erosión total de 111 metros de arenales.
La zona donde se instalaría el complejo de la compañía española, señalan, también posee el máximo valor de ponderación e índice de vulnerabilidad costera en Cancún.
Medios locales refieren que el predio donde Riu podría construir su complejo fue beneficiado por el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de la actual administración municipal.
Ante la situación, Cemda interpuso un amparo contra la aplicación del PDU por las violaciones a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como por no incluir las especificaciones de la Ley General de Cambio Climático.
En noviembre pasado, el Poder Judicial suspendió la licencia de construcción que le había otorgado el ayuntamiento cancunense. Cabe mencionar que el hotel “Riviera Cancún” es un proyecto que ya había sido rechazado por el impacto que genera a dos áreas naturales protegidas: las áreas de Nichupte y Cancún Punta Nizuc.
De acuerdo con las organizaciones, en la manifestación aprobada por la Semarnat no se justifica cómo van a impedir el impacto en el sitio, y persisten las razones por las que fue rechazada la primera vez. El hotel de 530 cuartos impacta la zona de duna, e incluye la construcción de una planta desalinizadora para el consumo de agua, cuyos residuos de salmuera son importantes contaminantes del manto acuífero.
TULUM
El 11 de diciembre pasado, el Cemda solicitó a la Semarnat negar la Autorización de Impacto Ambiental solicitada para la obra. El proyecto, ubicado en Bahía Príncipe, fue rechazado originalmente por haber autorizado más cuartos de los que se debía. A pesar de que el caso se encuentra en litigio, el Cemda destacó que los promotores del proyecto han ingresado don Manifestaciones de Impacto Ambiental adicionales, lo cual es improcedente hasta que se resuelva el litigio pendiente.
Entre los comentarios que el Cemda emitió en la consulta pública para oponerse al proyecto se encuentran, por un lado, que el sitio propuesto para el desarrollo del proyecto se encuentra ubicado a una distancia de 61 metros lineales de vegetación de manglar, contraviniendo con ello lo establecido en la legislación correspondiente.
Asimismo, el proyecto pone en riesgo especies protegidas que habitan o arriban al sitio para anidar, las cuales no han sido contempladas dentro la evaluación de impactos y entre las que figuran la iguana gris, la chara yucateca, el cenzonte tropical, el zanate, el vireo manglero, el teveo menor, la garza blanca, el pato real y tres especies de tortuga: laud, blanca y caguama.
“La operación de este tipo de proyectos en las condiciones propuestas, ocasionan un aumento en la demanda de insumos, la generación de residuos, demandas sociales, pérdida en la calidad del paisaje, modificación del medio físico, especialmente importante en el caso de los recursos naturales que prevalecen en la localidad”, señaló Cemda en sus comentarios al proyecto.
En lo que respecta al Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún – Tulum, expone la organización, “el proyecto contraviene diversas disposiciones como la referida al número de cuartos, toda vez que está planteando construir 401 habitaciones, cuando para un desarrollo turístico únicamente podría construir 200″.
El proyecto propone desmotar 2.57 hectáreas de la cobertura vegetal del predio, que corresponden al 19.1 por ciento del total, incumpliendo con el criterio que establece como máximo un 15 por ciento de desmonte.
TAJAMAR
Ciudadanos y activistas acusan como responsables de ecocidio en Cancún, Quintana Roo, al Gobernador Roberto Borge Angulo y a Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal de Benito Juárez, luego de que la madrugada del sábado un grupo de trabajadores con maquinaria pesada, escoltados por policías, ingresaran al Malecón Tajamar para devastarlo y preparar la construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
“Ellos orquestaron un operativo en un lugar donde las familias se reúnen porque todas la playas de Cancún están vendidas prácticamente a intereses de particulares. Es increíble cómo en unas cuantas horas acabaron con lo que la naturaleza tardó tanto en formar. Es increíble la capacidad de destrucción que nuestro Gobernador y nuestro Presidente Municipal tienen, es terrible”, denunció Gerardo Solís, miembro de Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo.
El activista acusó que existe una serie de irregularidades. Recuerda que el fin de semana pasado, las autoridades acordonaron el área, no permitieron el acceso a nadie y “cual bandidos se pusieron a rellenar el manglar, sepultaron cocodrilos vivos, no reubicaron a la fauna que está en peligro de extinción”.
En la página de Facebook “Salvemos Manglar Tajamar”, defensores del medio ambiente acusan que en un par de días han devastado más del 90 por ciento del total del manglar.
Por si fuera poco, días después de la devastación, se sabría que el Fonatur vendió Tajamar a empresarios que antes, y por distintos desarrollos, habían sido acusados e incluso sancionados por devastar otros manglares en el estado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-01-2016/1604234
