MÉXICO, DF: Un grupo de activistas se concentró este mediodía frente a las oficinas de la Semarnat en esta capital para expresar su repudio al ecocidio perpetrado en el manglar Tajamar la madrugada del sábado 16 en el balneario quintanarroense de Cancún.
Los inconformes gritaron consignas como “Semarnat entiende, la vida no se vende”, “Borge, ecocida, ya no mates a la vida”, “Sólo un criminal vende un predio natural”, “Asesino criminal el que vende un manglar” y “Fonatur escucha, el pueblo está en su lucha”.
Los ambientalistas, caracterizados como animales, hicieron entrega de un cheque gigante a Alberto Torres, director de Pueblos Indígenas de la Semarnat, afuera de las nuevas oficinas de la dependencia sobre Ejército Nacional, quien se limitó a decir que la pérdida del manglar “nos afecta a todos como humanidad”.
En los enormes billetes y en el cheque gigante destacaba la leyenda “Oxígeno, agua, carbono y nitrógeno para Todos”.
Los manifestantes entregaron además una carta con decenas de firmas “para demostrar que la ciudadanía está inconforme con el ecocidio y para explicarles las leyes que están incumpliendo”.
En la misiva los activistas exigen “declarar la invalidez del oficio A SGPA/DGIRA DEI 1855.05 del 28 de julio 2005, emitido por la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat en favor de Fonatur, así como sancionar a los responsables del daño ambiental causado” en el Malecón Tajamar.
“Se hizo un ecocidio terrible en pocas horas con un estudio de impacto ambiental súper deficiente, y en 48 horas que dan, no podrán reubicar a toda la fauna que existía en Tajamar”, advirtió Arturo González Sánchez, integrante de Faunápolis y delegado de Flora y Fauna de la Vida Silvestre de Derechos Humanos Internacionales.
Astrid Tatiana Rebollo Gutiérrez, de la asociación Faunápolis, sostuvo que “estamos indignados porque no se respeta la vida, porque no entienden que un manglar es algo bastante importante. El manglar es un pulmón de la Tierra, si se extinguen los manglares, nos extinguimos nosotros”.
Denuncia de PRD ante PGR
Este día la directiva nacional del PRD denunció penalmente ante la PGR a autoridades del gobierno federal, estatal y municipal por la destrucción del manglar de Tajamar, en Quintana Roo.
La denuncia penal fue promovida en contra del gobernador priista Roberto Borge y el alcalde de Benito Juárez (Cancún), Paul Carrillo de Cáceres; además de un grupo de funcionarios de la Semarnat y Fonatur, quienes con su presunta omisión habrían tenido responsabilidad en la comisión de los ilícitos.
Entre los señalados destacan el delegado de Fonatur Fernando Cervantes Mondragón; Héctor Gómez Barraza, director general del Fonatur, y Carolina García, delegada de Semarnat en Quintana Roo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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XALAPA, Ver: A 24 horas de instalarse la Gendarmería de la Policía Federal en la zona sur de Veracruz para apoyar en la localización de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero en Tierra Blanca, fue detenido Francisco Navarrete Serna, presuntol líder de la plaza en ese municipio y quien al parecer encabezaba la distribución de estupefacientes, secuestros y ejecuciones.
Según un comunicado del gobierno del estado, la madrugada de este domingo un grupo de inteligencia y operaciones especiales de la Gendarmería Nacional estableció recorridos de vigilancia en la colonia Lomas de Jazmín, donde destacaron que el presunto responsable reunía a su gente para coordinar las operaciones ilegales.
Identificaron dos camionetas estacionadas con tres civiles armados, los cuales intentaron huir amagando con las armas a los uniformados, quienes de inmediato fueron sometidos. Entre los detenidos se identificó a Francisco Navarrete Serna, de 54 años, junto con su hijo y otro sujeto, quien manifestó ser uno de los sicarios al servicio del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los tres iban armados y se les aseguró una pistola calibre 9 milímetros, un fusil de asalto AK-47 y otro AR-15, además de diversos equipos de telefonía, los cuales están proporcionando valiosa información sobre la red de complicidades en Tierra Blanca.
Este sábado 23 la Gendarmería Nacional arribó al municipio de Tierra Blanca luego de que se diera la desaparición forzada de cinco jóvenes a manos de policías estatales.
A la fecha se desconoce el número de elementos de la agrupación federal, quienes desde su llegada realizan labores de patrullaje.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
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La de Moreira "es una historia en tres tiempos, mal que bien en España hay investigación en su contra", y en EU hay otra contra sus allegados en el gobierno de Coahuila; sólo en México no se le investiga, refirió Arturo González González.
Luego de que el viernes, el juez de la Audiencia Nacional en España, Santiago Pedraz, otorgara la libertad condicional al ex presidente del PRI, Humberto Moreira -aunque como medida cautelar le retiró su pasaporte y le prohibió salir del país-, el periodista Manuel de Santiago apuntó que “la Fiscalía Anticorrupción española acusa a Moreira de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal.
El juez Pedraz entiende que Moreira entregó las facturas que respaldan las transferencias por 200 mil euros que se realizó en 2013 de México a España, es el tema fundamental… el ex gobernador de Coahuila alegó que se trata de recursos de procedencia lícita, que se enviaron a través de dos empresas de su propiedad“.
Ese dinero, según Moreira, “lo usó para financiar su estancia en Barcelona mientras cursó una maestría, (pero) para la Físcalía el asunto no quedó totalmente aclarado pues el político pudo utilizar esas empresas como pantalla para transferir esos recursos sin que su origen estuviese amparado necesariamente por actividades empresariales reales.
Por esta razón (la Fiscalía) insistió sin éxito solicitar la prisión incondicional para Moreira porque considera que hay un riesgo real de fuga”, explicó el reportero en entrevista para Aristegui CNN.
La Fiscalía tiene un período de “entre tres y cinco días para interponer un recurso ante salas superiores de la Audiencia Nacional, contra el fallo del juez”.
Manuel de Santiago recordó que el jueves “el diario El Español que dirige el veterano periodista Pedro J. Ramírez, reveló que los investigadores creen que Moreira trabaja a las órdenes de Los Zetas, y que el asesinato de su hijo fue un ajuste de cuentas… aseguran tener pruebas de reuniones entre Moreira y miembros de la dirigencia de Los Zetas”.
Sin embargo, ”Moreira negó que tuviera cualquier relación con Los Zetas como están señalando los investigadores, e incluso el diario (El Español) cita fuentes presentes en el interrogatorio, no exclusivamente la defensa, el ex gobernador le llamó ‘gentuza’ a los Zetas y los relacionó directamente con el asesinato de su hijo”.
Por otra parte, el periodista indicó que Manuel Ollé, abogado de Moreira, “es un catedrático de la universidad Antonio de Lebrija, muy respetado, especializado en derecho penal, y el vínculo con Garzón viene de la época en que el juez solicitó la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet a España. Manuel Ollé colaboró con el juez Grazón en esa causa, posteriormente se ha destacado en causas tan importantes como la representación de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina en el juicio de Ricardo Miguel Cavallo… Ollé efectivamente es cercano a Garzón”.
“Trascendió en los primeros momentos de la detención de Moreira que había solicitado la defensa de Baltasar Garzón y ha recordado el periódico El Español que además Garzón tuvo un papel fundamental en el estado de Coahuila, asesorando al gobierno para la elaboración de la ley de apoyo a las víctimas”, apuntó.
A su vez, Arturo González González, periodistra de El Siglo de Torreón, señaló que “es muy importante esperar a que se publique el auto esta libertad para ver los detalles, es la forma en la cual el juez habla… evidentemente no implica el fin del proceso, sino simplemente es una etapa en la que el juez ha determinado que no es necesario que esté en prisión”.
“No obstante la defensa de Humberto Moreira ha comentado que ellos están confiando en el sobreseimiento del caso en virtud de que el juez habría dicho que no hay suficientes pruebas contra Humberto Moreira respecto al caso de lavado de dienro, habrá que revisar de las otras acusaciones”.
Detalló que “de cohecho y malversación no se han dado más detalles salvo la mención de que existe ese señalamiento, habrá que esperar, todavía le queda a este caso”.
En Coahuila “la decisión del juez en algunos ha generado indignación, desilusión, pero también hay otro sector de la población que está contento. Es la polarización que genera el personaje de Humberto Moreira”.
Además, abundó sobre las investigaciones contra Moreira en Estados Unidos, “la triangulación de recursos supuestamente sustraídos de las arcas del estado de Coahuila para lavarlo e invertirlo en bienes y cuentas en Estados Unidos y Bermudas, eso lo conocemos”.
En el acuerdo de culpabilidad, Rolando González Treviño (empresario) incrimina indirectamente a Humberto Moreira, “no lo menciona por su nombre sólo dice que era el gobernador de Coahuila en el momento en que se construyó la supuesta red de corrupción, hasta el momento no se ha revelado otro acuerdo de culpabilidad donde sí se menciona el nombre”.
En tanto el acuerdo de culpabilidad del ex tesorero de Coahuila Javier Villarreal, “no se conoce porque fue sellado por las autoridades norteamericanas y hasta hoy no se ha dado a conocer. Es un dato muy importante”.
Respecto a las investigaciones en México, dijo que “la gran pregunta es qué pasa con esta investigación de lo ocurrido en Coahuila entre 2005 y 2011, años en los cuales gobernó Humberto Moreira y el último año, Jorge Torres López… en 2010 un año antes de que Moreira llegara a la presidencia del PRI se ejerció un presupuesto récord en desarrollo social… la Auditoría sólo pudo confirmar el ejercicio y destino del 14 por ciento de esos recursos”.
“Vemos una historia en tres tiempos distintos, lo que ocurrió en Coahuila, México, cuando fue gobernador y presidente del PRI; y lo que se ha venido investigando de la presunta red de corrupción en Estados Unidos; ahora esta nueva etapa en España, Tres momentos, tres espacios, en España bien o mal hay una investigación, en Estados Unidos también, en México no hay ninguna“, finalizó González.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2501/mexico/en-espana-creen-que-moreira-trabajaba-para-los-zetas-en-mexico-no-hay-investigacion-periodistas-en-cnn/
Los delegados en Quintana Roo de la Semarnat, Profepa y Fonatur, así como el gobernador Roberto Borge y el edil de Benito Juárez, Paul Carillo, fueron los denunciados por el partido.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra funcionarios federales y estatales en Quintana Roo, por los daños al manglar de Tajamar.
La denuncia es contra los delegados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
También fueron denunciados el gobernador Roberto Borge y el presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo, por lo que el partido llamó un ecocidio.
“El PRD no será omiso ni ajeno de este caso ni a ningún otro caso que violente el derecho humano al medio ambiente sano. Reconocemos y respaldamos el importante papel desempeñado por la ciudadanía y en especial a jóvenes y niños y a organizaciones ambientalistas por frenar este ecocidio”, señaló la secretaria de Sustentabilidad del partido, Adriana Díaz.
En este sentido la diputada y senadora, Ivanova Pool y Luz María Beristain, respectivamente, detallaron que desde ambas Cámaras, presentaron un punto de acuerdo en el que llaman a comparecer a los titulares de la Semarnat, Profepa y Fonatur y formar una comisión de diputados perredistas para que acudan a la zona de los hechos y exigir la suspensión definitiva de las obras en el manglar, de acuerdo con un comunicado del instituto político.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2501/mexico/prd-denuncia-ante-la-pgr-a-funcionarios-federales-y-estatales-por-ecocidio-en-tajamar/
PUEBLA, Pue: Pese a un operativo policiaco y a los intentos por bloquear la sede de la reunión del Consejo Estatal del PRD, integrantes de las corrientes Frente Independiente de Izquierda (FIP) y Alternativa Democrática Nacional (ADN) rechazaron la alianza electoral con el PAN y aprobaron que en la entidad este partido sólo haga acuerdos con PT, Movimiento Ciudadano (MC) y Morena.
Con esta determinación fracasaron los operadores del gobernador Rafael Moreno Valle, quienes desde la semana pasada convocaron a la sesión del Consejo de este día sin tomar en cuenta al presidente de ese órgano, Eric Cotoñeto y a la dirigente estatal Socorro Quezada, para tratar de aprobar un acuerdo a favor de la alianza electoral del PRD con el PAN en los comicios para gobernador.
Las perredistas Mayra Sánchez, secretaria del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), y Teresa Cortés, consejera estatal, denunciaron previo a la sesión del Consejo que operadores del gobierno estatal, integrados en la corriente Nueva Izquierda (NI), ofrecían a los consejeros de 5 mil a 50 mil pesos por aprobar el acuerdo por la alianza con el PAN.
Además, aseguraron que los operadores de NI ocuparon las 24 habitaciones, así como las cabañas, del hotel Gran Misión, de la exHacienda de Chautla, donde se realizó la sesión del Consejo perredista.
Con un costo por habitación de 2 mil pesos, NI pagó más 50 mil pesos para tratar de tener bajo control la asistencia a la reunión perredista.
Igual, los integrantes de la corriente ADN aseguraron que la víspera el gobernador Moreno Valle tuvo una cena con los alcaldes perredistas donde les pidió operar a favor de su acuerdo aliancista.
Esta mañana, retenes policiacos, en los que se preguntaba a los transeúntes su destino, circundaban la exHacienda de Chautla.
La Secretaría de Formación del Comité Ejecutivo Nacional del PRD incluso denunció a través de su cuenta de Twitter que con un tractor se obstruía la entrada al hotel para dificultar el ingreso de los perredistas de otras corrientes.
La exdiputada Roxana Luna Porquillo denunció que la Policía Estatal retuvo en el Arco Oriente un autobús en el que viajaban 40 militantes que pretendían participar en la reunión del Consejo del PRD.
Pese a todo, los integrantes de ADN y FIP lograron llegar hasta la entrada del salón donde los morenovallistas, encabezados por Jorge Benito Cruz Bermúdez, vicepresidente de la mesa directiva y funcionario estatal, habían iniciado la reunión a puerta cerrada.
A empujones, los perredistas abrieron las puertas del lugar para ingresar y abrir paso a los periodistas que habían llegado al lugar pero se les había impedido el acceso.
Luego de que la sesión del Consejo inició, Cruz Bermúdez decretó un receso de dos horas para tratar de dar tiempo, ya que el número de consejeros de las corrientes opositoras a la alianza con el PAN superaban en número a los morenovallistas.
Cotoñeto, como presidente de la mesa directiva, reinició la sesión con la presencia de 128 consejeros y citó que, según los estatutos del partido, el retiro de los demás consejeros no afectará las decisiones que se tomen en la misma.
Tras esto, se votó por una política de alianzas para los comicios de este año que sólo tomará en cuenta a los partidos de izquierda, como el PT, MC y Morena.
En la sesión estuvieron presentes representantes del CEN perredista que anunciaron que llevarán a los órganos partidistas la denuncia sobre el operativo que montó Moreno Valle para tratar de manipular las votaciones de este día.
De acuerdo con analistas políticos, la operación para lograr concretar la alianza PAN-PRD que fracasó este día fue encargada por el mandatario estatal al diputado federal Luis Maldonado Venegas y al secretario de Gobierno Diódoro Carrasco.
Por la tarde, Cruz Bermúdez convocó a una rueda de prensa para informar que otra sesión de Consejo se celebró en el Salón Grand Misión, en el mismo hotel, pero sólo con los integrantes de NI, quienes aprobaron la alianza con el PAN.
El funcionario estatal defendió la legalidad y validez de esa reunión y sus acuerdos, al asegurar que el cambio de sede del Consejo se realizó con la mayoría de los integrantes de la mesa directiva.
También dijo que el acuerdo a favor de la alianza con el PAN contó con 113 votos.
Sin embargo, los representantes del CEN afirmaron que la sesión de NI carecía de legalidad, pues el cambio de sede no se comunicó a la totalidad de los consejeros en tiempo y forma.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427599
SANTA RITA TLAHUAPAN, Pue: Pobladores de San Rafael Ixtapaluca retuvieron a 100 elementos de distintas corporaciones policiacas, incluyendo agentes federales, quienes llegaron a esta comunidad a realizar un operativo contra la piratería.
Según testimonios, la trifulca inició esta mañana cuando los uniformados llegaron a realizar un cateo a una fábrica textil dedicada a la elaboración de calcetines que supuestamente etiquetan con una marca internacional.
Tras la inspección a una bodega, de acuerdo con los pobladores, los policías salieron a toda velocidad y en su trayecto atropellaron a una mujer, lo que acrecentó el enojo de la población, cuya actividad principal es precisamente la elaboración de calcetas y calcetines.
Los pobladores tocaron las campanas de las iglesias para denunciar al resto de la comunidad que además de atropellar a la mujer, que tuvo que ser trasladada a un hospital de San Martín Texmelucan, los policías los habían tratado de extorsionar, y además querían cerrar la fábrica de la que depende económicamente esa población.
Los habitantes, armados con palos, cercaron a los participantes en el operativo antipiratería y se concentraron en la plaza donde amenazaron con quemar los vehículos que quitaron a los policías.
Luego de ello, al menos 500 efectivos de las policías Estatal y Ministerial, así como del Ejército, llegaron a esa comunidad para tratar de liberar a los elementos retenidos. Incluso, los militares se movilizaron en tanquetas.
Después de la intervención del sacerdote Jorge Luis Ramírez, pobladores y autoridades accedieron a establecer una mesa de diálogo para tratar de negociar la liberación de los elementos retenidos, así como para escuchar las denuncias de los habitantes de San Rafael Ixtapaluca sobre el operativo que propició la protesta vecinal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427605
La complicidad para saquear el erario nacional es el principal elemento que impide castigar la corrupción en México, pues los poderosos en turno saben que al perseguir a sus antecesores o subordinados corren el riesgo de ser incriminados por los mismos delitos de los que los acusan.
Esta red de complicidades no se limita a los políticos: en muchos casos involucra a empresarios y, desde luego, también a miembros de la delincuencia organizada.
El caso de Humberto Moreira y sus más cercanos colaboradores (Héctor Javier Villarreal, quien fue el tesorero de su gobierno; Jorge Torres López, su secretario de Desarrollo Social y gobernador interino cuando él dejó el puesto para ocupar la presidencia del CEN priista, y el empresario de la comunicación Rolando González Treviño) revela plásticamente esta realidad.
En el acuerdo con el gobierno estadunidense firmado el 3 de abril del año pasado, en el que se declara culpable de asociación delictuosa para desviar dinero del erario de Coahuila a sus cuentas en Estados Unidos, González Treviño expone con lujo de detalles una de las tramas del caso.
En ese documento él admite que le transfirieron 1.8 millones de dólares del gobierno del estado a una cuenta en el First National Bank en Edimburg, Texas, como pago por una estación de radio con cobertura en varios municipios del norte del Estado; pero también revela que en dicha trama estaban involucrados hombres de negocios de varios ramos que le prestaban servicios al gobierno coahuilense.
Pero ni él era el único beneficiario de dicha trama ni ésta fue la única que operó durante el gobierno que encabezó Moreira, lo que se hace evidente cuando el tesorero Villarreal aceptó entregar 8.8 millones de dólares al erario estadunidense (en propiedades y en depósitos en una cuenta en las Bahamas) para poder enfrentar su juicio en libertad, y cuando el mismo gobierno norteamericano le incauta a Torres (gobernador sustituto), todavía prófugo, 2.8 millones depositados en una cuenta en las Bahamas.
El círculo se cierra cuando se hace público que la justicia española también investiga a Moreira por sus presuntos vínculos con grupos del narcotráfico y se revisan los antecedentes de la familia González Treviño, y cuando se evidencia que en 1994 el Ejército detuvo en La Paz, Baja California Sur, al narcotraficante Juan Chapa Garza en momentos en que se aprestaba a abordar un avión propiedad de Roberto Casimiro González Treviño, hermano de Rolando e involucrado asimismo en la trama que éste reveló, y que además le había comprado un salón de fiestas, denominado en aquel momento Candilejas.
Tanto en Estados Unidos como en España, la clave para incriminar a los presuntos delincuentes ha sido seguirle la huella al dinero. Aunque los montos son muy diferentes en cada uno de los casos, lo cierto es que son muy pequeños si se comparan con los más de 36 mil millones de pesos de nueva deuda que le heredó Humberto a su hermano Rubén, y aun en el caso de que los últimos 12 mil millones fuesen responsabilidad de su sucesor, no hay disputa en torno a los 24 mil millones de pesos que Humberto Moreira contrajo como deuda.
Estas transacciones financieras han sido suficientes para que en estos países se puedan integrar averiguaciones previas que permiten girar órdenes de aprehensión, detener a los involucrados (al menos en dos de los casos en Texas y uno en España) y en dos casos obligarlos a firmar convenios de aceptación de culpabilidad como vía para llevar su juicio en libertad y establecer máximos a las posibles sanciones.
Mientras tanto, en México, donde el monto total del incremento de la deuda pública durante la gestión de Humberto Moreira es al menos 100 veces superior a la suma del dinero involucrado en los casos que son investigados en el extranjero, no se logra integrar un expediente que pueda ser consignado ante el Poder Judicial.
Las razones hay que buscarlas en las complicidades y los compromisos políticos. Durante los dos sexenios en los que el PRI no ocupó Los Pinos fueron sus gobernadores los que derivaron recursos del erario de sus respectivas entidades para complementar el financiamiento de las campañas políticas de los candidatos priistas.
El crecimiento de las deudas no es privativo de Coahuila. Todo lo contrario: casi se convirtió en una constante de los mandatarios del tricolor. El diario Reforma publicó recientemente cifras que revelan los altos niveles de endeudamiento de los gobiernos de Nuevo León, Chihuahua y Veracruz, entre los más significativos.
Esta exigencia de financiar las campañas políticas permitía extraer recursos del erario, aunque no todo se canalizaba a tal fin; aparentemente una parte se dedicaba a ese propósito, y otra iba a parar a los bolsillos de los funcionarios públicos involucrados.
Las denuncias de los partidos de oposición en cuanto a los recursos usados para la compra del voto a través de las tarjetas Monex y Soriana durante la campaña de Peña Nieto nunca fueron aclaradas de manera satisfactoria por las autoridades electorales. Hasta hoy prevalecen las dudas sobre los montos, así como el origen y el destino de dichos recursos.
Quizás algunas de estas dudas se resolverían si se revisaran en forma acuciosa y profesional las finanzas de los estados gobernados por priistas, entre las cuales difícilmente podría excluirse a Coahuila. Por ello no es de extrañar la cautela con la que reaccionó el gobierno federal al conocerse la detención de Moreira y el ofrecimiento de la dirigencia nacional priista de apoyar su defensa jurídica.
Moreira llegó a la dirigencia nacional del PRI el 4 de marzo de 2011 gracias al apoyo de Peña Nieto y con la encomienda de desbrozarle el camino para la precandidatura única. Esto se concretó el 27 de noviembre de dicho año, cuando el mexiquense se registró como precandidato, unos días antes de que Moreira tuviera que renunciar a la presidencia del CEN ante el escándalo de la deuda coahuilense.
Así, incluso antes de que Peña Nieto fuera candidato oficial del tricolor a la Presidencia de la República, se desató lo que podría considerarse como el precursor de los escándalos de corrupción y conflictos de interés que han marcado a su gobierno. Y eventualmente, si las autoridades españolas logran seguirle la pista al dinero y desenredar la madeja, el juicio contra Humberto Moreira pudiera convertirse en la puntilla.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427559
La periodista Anabel Hernández tuvo acceso al documento que recibió la comisión el jueves pasado y fue entregada por la pareja del capo, Emma Coronel Aispuro.
Joaquín Guzmán Loera presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por un “trato desigual” en el penal del Altiplano, donde fue encarcelado tras su recaptura, el pasado 8 de enero.
De acuerdo con Proceso, el capo se quejó por un “trato discriminatorio que afecta su dignidad humana”.
Por seguridad, el gobierno decidió que El Chapo sea movido de celda en celda, tiene guardias y un perro que lo vigila permanentemente. Además, en su celda ya no hay “puntos ciegos”, por lo que incluso es videograbado en el baño.
Guzmán Loera indicó en su queja que lo mantienen aislado del resto de los internos, no le permiten salir al patio ni recibe estímulos como los demás. También se le impide ir al comedor, le toman lista cada hora y acusó que no puede dormir.
Además, aseguró que no le dan ropa adecuada para cubrirse del frío, lo cual “pone en riesgo su vida”.
“Esto se traduce en un trato desigual frente a los demás internos, discriminatorio y que afecta su dignidad humana por no respetársele los derechos mínimos para personas privadas de su libertad”, señala el texto en favor del narcotraficante, presentado ante la CNDH por su pareja Emma Coronel, y el cual habría sido elaborado en coordinación con sus abogados.
Una queja más de Guzmán Loera es que no puede hablar en privado con sus abogados, sino que siempre están presentes custodios, escuchando sus conversaciones.
En general, lo que exige es recibir un trato igual al de los demás presos. Guzmán Loera se fugó del penal del Altiplano el pasado 11 de julio, según la versión del gobierno a través de un túnel que construyó desde un predio vecino hasta la regadera de su celda.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.,
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2501/mexico/el-chapo-presenta-queja-ante-la-cndh-por-trato-desigual-en-el-altiplano/
Por ley, ningún agente que no pase el control de confianza puede continuar en su puesto, pero la realidad es distinta. Hay incluso mandos no confiables y en todos los estados hay policías en las filas pese a estar reprobados.
El pasado 11 de enero, cinco jóvenes que regresaban de unas vacaciones en la playa en Veracruz fueron detenidos en la carretera por un grupo de policías estatales. Esa fue la última vez que se supo algo de ellos, y siete agentes fueron detenidos y consignados por desaparición forzada.
¿Pero que tenían en común dichos policías además del uniforme? Que cuatro de ellos no habían superado las pruebas de control de confianza, incluyendo a su propio jefe, el comandante Marco Conde Hernández, asignado a la coordinación de la policía estatal en la zona de Tierra Blanca.
Por ley, dichos elementos no deberían haber estado operando; pero la realidad es distinta.
Datos oficiales y actualizados del Sistema Nacional de Seguridad Pública revisados por Animal Político revelan que en 25 entidades federativas hay mandos de la policía, es decir jefes jerárquicos a cargo de una o varias unidades de agentes, que siguen en el trabajo pese a que no superaron las evaluaciones.
Veracruz, Jalisco, Zacatecas, Sinaloa y Michoacán son las entidades con mayor proporción de mandos no confiables: por lo menos el 30% de todos los jefes que tienen dirigiendo sus acciones de seguridad pública no han aprobado los exámenes.
Además del tema de los mandos, no hay estado del país que no tenga en sus filas a policías en las calles pese a que reprobaron el control de confianza. En este aspecto, Veracruz es el de mayor proporción: uno de cada tres de sus agentes no es confiable.
Esos datos corresponden a las policías estatales, es decir a los agentes controlados directamente por los estados y no a las fuerzas municipales. En el actual sexenio el gobierno federal – y los estados – han insistido en la relevancia de que toda la seguridad pública recaiga en mandos estatales, como un paso para tener policías – dicen – más eficientes y confiables.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso la organización Causa en Común, en todos los estados del país ya hay casos en donde las pruebas de control de confianza que se practicaron perdieron vigencia y por lo tanto tienen que volverse a aplicar. Entre las entidades con mayor rezago en este sentido están Guerrero y el propio Distrito Federal.
¿Qué es el control de confianza?
El procedimiento de control de confianza consiste en cinco pruebas que se aplican a cualquier persona que quiere ser o se desempeña como funcionario de un área de seguridad pública o procuración de justicia. Lo anterior con el objetivo de establecer si se trata de una persona “confiable” para desempeñarse en ese cargo.
Las cinco pruebas que componen el control de confianza son el polígrafo (detector de mentiras), toxicológica (para saber si has ingerido drogas), física (para evaluar tu desempeño y salud), de conocimientos generales (fundamentos de seguridad, entre otros) y de entorno socioeconómico (saber si tu forma de vida es acorde con tus ingresos).
Por ley ninguna persona que no supere este proceso puede ser policía. Tanto el artículo 21 de la Constitución como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que los agentes deben pasar por un proceso de certificación para ser tales y es un requisito insustituible.
Incluso, se establece constitucionalmente que los policías o aspirantes a policías serán removidos sin ningún beneficio y sin posibilidad de ocupar ese puesto en ninguna otra fuerza de seguridad.
La certificación al cien por ciento de toda la policía con el control de confianza se planteó en el 2008 para realizarse en un año, pero el procedimiento pasó por múltiples retrasos. Fue hasta el 2014 cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad dio a conocer que se habían logrado aplicar las pruebas al cien por ciento del personal.
Pero, la aplicación de las pruebas estaba lejos de ser el fin de la tarea, como lo demuestran los datos.
Más de 260 jefes no confiables
Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional – a los que Animal Político tuvo acceso gracias a la organización Causa en Común – pues dicha dependencia dejó de transparentarlos – revelan que hay 264 mandos de las fuerzas de seguridad púbica que siguen en activo pese a que no pasaron las pruebas de control de confianza. Es el 11% de los poco más de dos mil 400 mandos policiales en los estados.
Lo anterior significa que uno de cada 10 comandantes de las policías estatales en el país no son confiables.
Hay 25 estados en el país cuya policía mantiene en sus filas por lo menos a un agente reprobado. Las únicas entidades en donde no hay jefes policiacos no confiables son Colima, Nuevo León, Coahuila, Baja California Sur, Guanajuato y Campeche.
Veracruz es la entidad con la mayor proporción de jefes policiales reprobados que siguen trabajando y dando órdenes. Según los datos oficiales son 27 de los 62 mandos en activos los que no pasaron las pruebas. Equivalen al 44%, es decir, cerca de la mitad de todos sus mandos.
Luego de Veracruz se encuentran Jalisco, Zacatecas y Sinaloa con un porcentaje de entre 30 y 33 por ciento de sus mandos no aprobados, prácticamente uno de cada tres en activo.
El “top ten” de las entidades que tienen la mayor proporción de mandos policiales reprobados lo completan Michoacán, Nayarit, Morelos, Durango, Sonora y Quintana Roo, con un porcentaje de entre 14 y 30% del total de su estructura de mando que no es confiable.
Otro caso a destacar es el de Chiapas que tiene el mayor número de mandos reprobados en funciones con 48, aunque como su universo es de 390 comandantes, el porcentaje es de 14 por ciento.
El pasado 15 de enero la Conferencia Nacional de Gobernadores aprobó la iniciativa del gobierno federal de promover la creación de 32 policías estatales únicas que sustituyan a las más de mil 200 secretarías de seguridad públicas municipales. La propuesta será promovida ante el Senado de la República.
Lo que se busca, según la CONAGO, es que toda la dirección de las fuerzas de seguridad pase al control del estado y opere una policía estatal única que, en teoría, será más eficaz y confiable.
Miles de reprobados y uniformados
El que haya policías trabajando pese a que no cumplan con el requisito legal del control de confianza se presenta también en los niveles bajos. De acuerdo con los datos, de los 120 mil 800 policías estatales que están en activo en el país (sin contar mandos) hay ocho mil 588 no superaron los exámenes, lo que representa el 7% del total de la fuerza.
En este caso nuevamente Veracruz ocupa el primer sitio con casi dos mil 300 uniformados reprobados de los seis mil 500 que componen su fuerza total. Esto equivale a una tercera parte de toda la policía estatal. Entre esos agentes se encontraban los cuatro que participaron en la desaparición de los cinco jóvenes el pasado 11 de enero.
Cabe señalar que en noviembre pasado el gobernador del estado Javier Duarte aseguró que el 60 por ciento de los agentes que habían reprobado fueron despedidos. Con la información disponible en ese momento El Sabueso hizo una investigación con la información disponible en ese momento y se concluyó que no se podía comprobar la veracidad de ese dicho.
Hoy con los datos actualizados del Sistema Nacional de Seguridad se advierte que la mayoría de los policías despedidos en Veracruz siguen en sus puestos.
Michoacán, Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit completan los primeros cinco sitios en proporción de policías estatales no confiables, con porcentajes de entre 20 y 30 por ciento de su fuerza total operativa.
¿Por qué no son despedidos los policías? No existe hoy en día una explicación unificada en torno al tema. La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, ha dicho que hay casos en donde las pruebas fueron mal aplicadas lo que genera problemas posteriores a la hora de hacer valido el despido, pero fundamentalmente explica que se trata de una falta de voluntad política de los gobiernos para hacer cumplir lo que la ley marca.
En cuanto al balance del control de confianza respecto a otras fuerzas de seguridad, los datos también evidencia la operación de agentes no confiables.
Por ejemplo, de los cuatro mil 208 policías judiciales y de investigación adscritos a las Procuradurías estatales, hay 265 que representan el seis por ciento que no pasaron las pruebas de control de confianza. En tanto, de los mil 820 custodios de los penales estatales, el once por ciento tampoco está certificado.
Finalmente, de los más de 128 mil elementos de la policía municipal que hay en México, 14 mil 250 son uniformados reprobados pero no despedidos, que representan el 14 por ciento de todo el estado de fuerza.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/jefes-policiacos-en-25-estados-trabajan-pese-a-reprobar-pruebas-de-control-de-confianza/
El proyecto que recién arrasó con el Manglar Tajamar fue aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2005, cuando el panista Vicente Fox Quesada era Presidente de México, pero los permisos se dieron un año después, en 2006, en el sexenio de Felipe Calderón. Es en el actual Gobierno federal, a cargo de Enrique Peña Nieto, cuando intentó consolidarse con el apoyo del Gobernador de Quintana Roo, el Edil de Cancún y funcionarios federales, tanto de la Semarnat, el Fonatur y la Profepa.
Los abogados Leonardo Kumul Salazar y Raúl Fernández León, miembros de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos (CNIOCDH), informaron este día que presentaron una denuncia el pasado 22 de enero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Washington y Nueva York, respectivamente, con la finalidad de que sean emitidas medidas provisionales y se inicie una investigación para detener el proyecto en el Manglar Tajamar.
Fernández de León, quien se desempeña como Delegado Estatal de la CNIOCDH en Quintana Roo, señaló que otro de los objetivos de llevar el caso Tajamar a instancias internacionales es que sepan que “todo daño al ecosistema va a traer repercusiones y la naturaleza misma nos va a cobrar la factura. Les vamos a ampliar todo el panorama real de lo que está sucediendo y de lo que siguen haciendo aquí en Quintana Roo porque siguen destruyendo”.
“Si hay una medida preventiva de la CIDH o de la ONU esto se tiene que detener”, subrayó el abogado en entrevista para SinEmbargo.
Kumul Salazar, director Jurídico de la CNIOCDH puntualizó: “dimos parte a estas organizaciones internacionales con el objeto de que emitan medidas provisionales o precautorias para que inicien investigaciones a violaciones de derechos humanos”.
El especialista explicó que el caso fue turnado a la ONU “para que ellos den parte a la conferencia del Cambio Climático, donde México ratifica el Protocolo de Kyoto y la Carta de la Tierra, los cuales no aplicaron al momento de emitir la manifestación de impacto ambiental que utilizaron para el Malecón Tajamar. Estas serias omisiones del Estado que ya habían ratificado a nivel internacional son un incumplimiento claro”.
Asimismo destacó que nuestro país “se compromete tanto en el Protocolo de Kyoto como en la Carta de la Tierra a mantener la estabilidad ecológica para las generaciones venideras y esto en ningún momento lo cumplió y las investigaciones que estos órganos internacionales tienen que solicitar versan mucho sobre lo que [el Gobierno mexicano] dejó de observar al emitir permisos sobre esta devastación del manglar”.
“Hay una violación clara tanto al derecho humano de la personalidad jurídica al medio ambiente. Además, el estado mexicano violó tratados internacionales de relevancia ecológica”, concluyó.
Este lunes, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que las ampliaciones y autorizaciones de Impacto Ambiental para el proyecto en el Malecón Tajamar en Cancún, Quintana Roo, se dieron durante la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en 2006, y adelantó que las obras continuarán en la zona.
En conferencia de prensa, Manuel Mercado, Jurídico del Fonatur presentó una serie de documentos en los que, según él, demuestran que el Manglar Tajamar no se encuentra dentro de las zonas protegidas por Ramsar (iniciativa sobre humedales, manglares y corales) como lo han denunciado diversas organizaciones, por lo que los trabajos en la zona son legales.
“No existe ninguna razón ni jurídica ni técnica para que los trabajos [en Tajamar] no continúen”, dijo.
Fonatur afirmó que se ha cumplido con los términos y autorizaciones para la realización del proyecto y aseguró que se informó previamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
LOS ROSTROS TRAS EL ECOCIDIO
El Malecón Tajamar, y en especial un manglar de 59 hectáreas situado en esa zona, han estado en el ojo público a nivel nacional e internacional durante toda esta semana, debido al ecocidio perpetrado por empresas privadas el pasado 16 de enero. Activistas y ciudadanos de Quintana Roo y de todo el país han externado por diversas vías su indignación por la ruina ambiental generada, además, con la aprobación de autoridades federales, estales y locales en el municipio Benito Juárez, mejor conocido como Cancún.
Decenas de hectáreas de manglar fueron devastadas en apenas unas horas por maquinaria pesada e, incluso, muchos animales nativos de ese manglar fueron enterrados vivos; otros más presentaron graves heridas por los trabajos de relleno del terreno y el resto fue despojado del que fuera su hogar, su hábitat natural. Pero, ¿quiénes son los personajes que permitieron que fuera devastado un ecosistema único y de tal importancia?
El proyecto que fue aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2005, cuando el panista Vicente Fox Quesada era el Presidente de México, finalmente intentó consolidarse en el actual Gobierno priista a cargo de Enrique Peña Nieto. Y en todos estos años, por supuestos, se sumaron muchos culpables. Sin embargo, los permisos que permitieron ese desaste ecológico fueron otorgados en las actuales administraciones en México, Quintana Roo y Cancún. Por lo que la escala de las responsabilidades se puede indentificar fácilmente.
ROBERTO BORGE ANGULO, GOBERNADOR de QROO
Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, es calificado por activistas y ciudadanos como un “ecocida”, luego de que la madrugada del sábado 16 de enero un grupo de trabajadores con maquinaria pesada, escoltados por policías estatales, municipales y granaderos ingresaran al Malecón Tajamar para devastarlo y preparar la construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Sin embargo, el Gobernador se defendió mediante un comunicado en el que aseguró que los trabajos de chapeo y desmonte en el Malecón Tajamar fueron realizados “con apego a la Ley”.
Asimismo, destacó que el Fonatur, desarrollador del Malecón Tajamar, obtuvo en 2005 de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual se está vigente y por lo tanto le permite realizar trabajos en el área de Tajamar, donde decenas de especies han sido sepultadas vivas y otras han quedado sin hábitat.
PAUL MICHELL CARRILLO DE CÁCERES, EDIL DE BENITO JUÁREZ.
Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal de Benito Juárez, permitió que la policía municipal apoyara con patrullas y elementos para que maquinaria pesada y trabajadores tuvieran acceso al manglar y lograran destruir el noventa por ciento del ecosistema.
Por ello, un grupo de activistas llevó el pasado 20 de enero al Ayuntamiento Benito Juárez, en Cancún, algunos de los animales que han muerto durante la devastación del Manglar Tajamar.
Los ambientalistas, quienes se oponen al proyecto por el daño ecológico que provoca, pidieron reunirse con Carrillo de Cáceres, por lo que colocaron los cadáveres de dos iguanas y una ardilla en la antesala de la oficina del Edil.
Tras el encuentro, el gobierno local lanzó un comunicado en el que reiteró que “en todo momento el Ayuntamiento 2013-2016 ha ejercido una gestión transparente y apegada a la ley, así como de respeto a proyectos que cuentan con sustento legal”.
Sin embargo, medios locales reportaron que, en palabras de Katherine Ender Córdoba de “Guardianes del Manglar Cancún”, el Edil se deslindó de la culpa, “dice que él no fue, que fue el gobernador. En Quintana Roo tenemos el Mando Único que viene de la Federación”, declaró la ambientalista.
RICARDO JUÁREZ PALACIO, TITULAR DE LA DGIRA EN 2005
Quien firmó el permiso otorgado a Fonatur fue el entonces director de Impacto y Riesgo Ambiental, el biólogo Ricardo Juárez Palacio, quien ha sido señalado “por aprobar proyectos con ilegalidades e inconsistencias”, dijo Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema), en entrevista para SinEmbargo.
El Fonatur hizo una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentó ante la Dirección de Riesgo e Impacto Ambiental de la Semarnat en julio de 2005 con la finalidad de solicitar el cambio de uso de suelo forestal de las casi 59 hectáreas, hacer la urbanización y presentar un proyecto para desarrollar los lotes.
“Al presentar la MIA, [Fonatur] pone información falsa respecto al manglar, dice que no existe manglar allí”, puntualizó la activista.
“En 2007, el Congreso de la Unión hizo una solicitud de destitución del biólogo a la Semarnat porque tenían documentados 70 proyectos en los que había irregularidades, ilegalidades, inconsistencias y falsedades”, recordó la activista.
“En 2007, el Congreso de la Unión hizo una solicitud de destitución del biólogo a la Semarnat porque tenían documentados 70 proyectos en los que había irregularidades, ilegalidades, inconsistencias y falsedades”, recordó la activista.
El 17 de octubre de 2007, la Diputada Aleida Alavez Ruiz comentó durante su intervención en la comparecencia del ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales: “la destitución disfrazada de renuncia, del biólogo Ricardo Juárez Palacio, nos otorga la razón en torno a la conducta criminal, negligente y ejemplarmente corrupta, que exhibió el funcionario al frente de la Dirección General de Impacto Medioambiental, durante todo el foxismo [2000-2006]“.
Actualmente la Secretaría se encuentra a cargo de Rafael Pacchiano Alamán.
ARTHUR EDWARD JOHN McCARTHY, DIRECTOR DE FONATUR (2000-2006)
Arthur Edward John McCarthy fue director del Fonatur durante el Gobierno foxista. De acuerdo con el medio local Noticaribe, “McCarthy es el principal desfalcador de Fonatur, pues en su gestión no sólo se vendieron terrenos a empresas que ya estaban predestinadas a ser beneficiadas con precios irrisorios, sino que además se dejaron de cumplir muchas obligaciones y compromisos”.
La empresa Bi&Di compró en el año 2005 a Fonatur, un lote en una playa pública llamada “El Mirador”; sin embargo, no fue posible que se llevaran a cabo las construcciones planeadas debido a que el lote no contó con las condiciones apropiadas, así que ni el Programa de Ordenamiento Ecológico ni el Plan Director de Desarrollo Urbano lo permitieron.
Por ello, la constructora demandó a Fonatur y al ganar el caso le fueron entregados los terrenos en Tajamar.
En julio de 2015, Fonatur hizo un llamado para presionar a la empresa para que ingresara a “limpiar el predio porque el permiso estaba por vencer. Bi&Di se mete, limpia los terrenos, pero incumple las condicionantes porque además el permiso de cambio de uso forestal es intransferible, por lo tanto no lo podía hacer un particular, lo tendría que haber hecho el propio Fonatur”, señala Araceli Domínguez.
Por su parte, Alejandra Serrano aseguró que existe un evidente incumplimiento del permiso otorgado en 2005 “y por ello Semarnat tiene que hacer la revocación inmediata para evitar que se haga un mayor impacto al ecosistema”.
Asimismo destacó que entre las condicionantes que la Semarnat exigió en dicha autorización se encuentra el rescate de fauna, lo cual no fue llevado a cabo adecuadamente por Fonatur, prueba de ello es que durante la remoción del manglar la madrugada del pasado 16 de enero murieron diversas especies, algunas de ellas en categorías de riesgo, y muchas otras perdieron su hábitat natural.
“Fonatur señala que hizo recuperación de fauna, sin embargo sólo hace falta ver las fotografías en las redes para evidenciar que no se llevó a cabo. Una de las condicionantes del permiso era precisamente que se hiciera el rescate de fauna. Fonatur no cumplió con esa condicionante y se debe hacer la revocación inmediata del permiso”, dijo.
De darse cumplimiento a la Ley, la experta señala que de acuerdo con el Código Penal tendría que llevarse a cabo una sanción penal y por la Ley de Responsabilidad Ambiental “se tendría que restaurar el ecosistema y en la medida de lo posible dejarlo en las condiciones en las que se encontraba, lo cual implicaría un trabajo de reforestación del manglar.
Hoy por hoy, el actual director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo es Héctor Martín Gómez Barraza.
GUILLERMO HARO, TITULAR DE LA PROFEPA, Y CAROLINA GARCÍA, DELEGADA EN QROO
A raíz de la destrucción del manglar, activistas han denunciado en reiteradas ocasiones que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a cargo de Guillermo Haro Bélchez a nivel federal no ha actuado para rescatar y reubicar a los animales que quedaron sin hábitat. Tampoco la delegada Carolina García Cañón en Quintana Roo lo ha hecho.
“Nos hemos acercado a Profepa, no hay forma de que nos contacten bajo ninguna circunstancia. No responden, no se presentan, incluso yo pienso que ni siquiera al llamado de las autoridades municipales porque lo que tratamos de hacer nosotros con los animales [rescatarlos] es algo que tendría que estar haciendo la Profepa, pero no hace su trabajo. Profepa brilla por su ausencia, no se han aparecido por Tajamar ni una sola vez”, acusó Domínguez.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/25-01-2016/1604340
¿Hasta dónde llegan los tentáculos del narcotráfico en el Partido Revolucionario Institucional? El cártel paramilitar más sanguinario está unido al PRI, lo que no sabemos es hasta dónde.
¿Es el narco el que somete al Estado o el Estado somete al narco para apoderarse del próspero negocio multinacional? ¿Los gobernadores sirven a Los Zetas o Los Zetas sirven a los gobernadores? ¿Quiénes son los jefes de Los Zetas en los narcoestados de la República? ¿Los Jefes Zetas o los gobernadores?
Tenemos que ir desmontando la idea que los cárteles de la droga existen al margen de la clase política mexicana. Al contrario, los cárteles de la droga existen, se fortalecen y crecen, gracias a los gobiernos de los diferentes narcoestados de la República.
Decir que Humberto Moreira “trabajaba” para los Zetas es incierto, más bien, a la luz de los hechos son los Zetas supuestamente, los que trabajaban para Moreira. No podemos olvidar que durante su mandato, como el de su hermano, Rubén, Coahuila se ha convertido en un narcoestado.
La indagatoria contra los Moreira se inició en Estados Unidos, al igual que las investigaciones contra el ex Gobernador Tomás Yarrington, acusado de trabajar con Los Zetas y con el Cártel del Golfo. Tampoco podemos olvidar la historia de otro priísta vinculado con los Zetas, el ex Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, precisamente exiliado para protegerlo con patenta de corso del consulado de México, en Barcelona. Pero hay que recordar el testimonio de José Carlos Hinojosa durante el juicio por lavado de dinero para el Cártel del Golfo. El ex contador del cártel declaró que había entregado 12 millones de dólares para la campaña del candidato a Gobernador del PRI, Fidel Herrera Beltrán. No hay que olvidar, al ilustre priísta Mario Villanueva Madrid, Gobernador de Quintana Roo de 1993 a 1999 y prófugo de la justicia más de un año hasta que fue detenido en 2001 y luego extraditado a Estados Unidos en mayo de 2010. Y otros célebres priístas.
Otro Gobernador priísta presuntamente con Los Zetas es Rodrigo Medina, a quién ese cartel le colgó varias narcomantas para recordarle quién le había pagado 20 millones de dólares durante su campaña y los compromisos adquiridos con ellos.
En el caso concreto de la investigación contra Humberto Moreira, sabemos que fue iniciada desde octubre del año pasado y que el gobierno mexicano fue debidamente informado por Estados Unidos. ¿Por qué la Procuraduría General de la República no actuó? Seguramente porque se trata de un ex Gobernador del PRI y lo protegieron, hasta que España lo detuvo bajo la consigna sarcástica de “Misión cumplida”.
Las alianzas entre los Zetas y el PRI tienen su lógica. Este cártel de la droga nació en las entrañas del Estado. Su fundador fue Arturo Guzmán Decena quien se dio de alta en el Ejército mexicano el 12 de mayo de 1992 y desertó en 1997, quien trabajaba para la Policía Judicial Federal (PJF). De hecho, los primeros Zetas eran militares capacitados en la Escuela de las Américas especialista en la llamada “contrainsurgencia” y en preparar auténticos matones y torturadores.
Tres años después, Guzmán Decena conocido como el Z1 empezó a trabajar para Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo. Su función era reclutar ex militares y así fue formando el brazo armado de ese cártel, cuyo feudo está ubicado en Matamoros, Tamaulipas. A sus filas, fueron llegando militares de Tamaulipas y también del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) y otros elementos sanguinarios, hasta que se separaron del CdeG y formaron su propio cártel, construyendo así el imperio de terror que ya conocemos.
El poder de Los Zetas al igual que el del PRI, es nutrirse del tejido social más necesitado. Los Zetas fueron creando redes en las distintas ciudades, congregando a una amplia masa de jóvenes marginados, sin posibilidad de estudiar ni trabajar. El ofrecimiento de 5 a 10 mil pesos semanales provocó todo un éxito en el reclutamiento. Actualmente, el ejército de Los Zetas es potente y muy extendido.
Los Zetas controlan generalmente estados gobernados por el PRI en particular en el noreste, pero también en lugares como Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Tabasco o Quintana Roo. Según la PGR hay escisiones claras trabajando en Coahuila y Nuevo León bajo el nombre de “Sangre Zeta”, o el Grupo Operativo Zetas en El Mante, Soto La Marina y Victoria, en el estado de Tamaulipas, mientras los que se hacen llamar Comando Zetas, tienen su centro de operación en las ciudades de Gustavo Díaz Ordaz, Ciudad Mier Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Miguel Alemán, disputando territorio al Cártel del Golfo.
En su estructura delincuencial, además de los halcones dedicados a tareas de vigilancia, están los sicarios especializados en cortar cabezas, pozolear, destazar o desollar, mientras los halcones tienen a su cargo la vigilancia y los llamados Cobras, se concretan al trabajo de cobro de piso.
Desde hace algunos meses, algunos grupos de Zetas han ido cambiando de nombre. Ahora se hacen llamar “Cártel del Noroeste” y han ido apareciendo en Nuevo León, Zacatecas y Coahuila. En los últimos meses han colocados algunas narcomantas en Cadereyta y Galeana, Nuevo León, algo que confirma que van tejiendo redes con el poder político local, estatal y federal, para fortalecer su presencia.
¿Cuál es el modus operandi de estas alianzas estrategicas entre gobierno del PRI y Los Zetas? Está basado en el dinero procedente del narcotráfico que llena los bolsillos de los políticos a cambio de otorgar territorio y seguridad a los delincuentes en el trasiego de droga. Luego, algunos narcopolíticos se engolosinan con los billetes verdes, casas, yates, aviones y todo tipo de riquezas y desplazan a los narcos para ser ellos personalmente quienes se dedican a traficar y blanquear el dinero. Los cárteles de la droga, se convierten entonces, en “empresas” institucionales, donde la nebulosa de la actividad política, permite camuflar los colores de la organización criminal a la que realmente pertenecen. La tutela del estado a los cárteles de la droga va mucho más allá de una simple colaboración o un aislado vínculo de participación “comercial”.
¿Cuántos narcogobernadores, narcoalcaldes, narcodiputados, narcoregidores tiene el PRI?… Habrá que preguntarle a la justicia de Estados Unidos o de España.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/25-01-2016/44860
MÉXICO, DF: Fuerzas federales asumieron este domingo el control de la seguridad en el municipio veracruzano de Tierra Blanca, donde desde hace 13 días cinco jóvenes están desaparecidos.
Elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal llegaron al lugar para patrullar y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La presencia de los elementos será por tiempo indefinido ya que se pretende reasignar a nuevos oficiales para evitar vínculos con el crimen organizado.
El personal también participará en las investigaciones que se realizan para dar con el paradero de cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Los convoyes de los federales se apostaron en el cuartel de la Policía Estatal, ubicado a unos metros de donde fueron interceptados los cinco jóvenes desaparecidos.
De acuerdo con las investigaciones, los jóvenes fueron entregados a un grupo del crimen organizado que opera en la zona.
Se indicó que se reforzará la seguridad en Tierra Blanca y en el corredor que va de La Tinaja a Loma Bonita con la llegada de más elementos federales, incluida la caballería de la Gendarmería.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 24 ENERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427515
México, D.F. Organizaciones sociales y familiares de Nestora Salgado realizaron una visita colectiva a la comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, presa en el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, en la delegación Tlalpan, para exigir su libertad.
Reunidos en la explanada demandan las autoridades les permitan ingresar para visitar a la integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) del estado de Guerrero, presa desde hace dos años, cinco meses.
Zayda Rodríguez Salgado visitó a su madre desde temprano. Al salir agradeció el apoyo. “Me pidió que por favor no la dejen sola e insistan en su libertad. También exigió que autoridades de la Embajada de Estados Unidos asistan a la audiencia que se realizará este viernes 29 de enero en Chilpancingo, Guerrero”.
Agregó que Nestora también insistió en que el fiscal de la entidad desista de las acusaciones “injustas” por secuestro y delincuencia organizada.
En estos momentos ingresaron la actriz Julieta Egurrola, Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), y Arturo González, director del documental sobre Las Patronas: “Llévate mis amores”.
América del Valle avisó de último momento que las autoridades del centro permitieron que visiten a la comandanta en grupos de cuatro personas.
FUENTE: ANIMAL POLKÍTICO.
AUTOR: CÉSAR ARELLANO GARCÍA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/25/organizaciones-realizan-visita-colectiva-a-nestora-salgado-2993.html
México, D.F. La economía mexicana registró un crecimiento anual acumulado de 2.5 por ciento en el periodo enero-noviembre de 2015, según los resultados del Índice Global de la Actividad Económica (Igae) dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esa tasa de crecimiento fue casi medio punto porcentual más elevada que la de 2.04 por ciento observada en el mismo lapso de 2014, de acuerdo con las cifras originales presentadas por el organismo.
Las actividades industriales, pormenorizó el Inegi, desaceleraron su ritmo de crecimiento en los once meses considerados, al reducir su tasa de crecimiento anual de 2.5 por ciento en 2014 a otra de 1.0 por ciento en el mismo lapso de 2015.
El impulso a la tasa global de crecimiento económico del país provino de las actividades de servicios, la cuales registraron una tasa de elevación anual de 3.3 por ciento durante los 11 meses considerados de 2015, desde otra de 1.7 en el mismo periodo de 2014.
En tanto que la producción agropecuaria reportó una desaceleración marginal al disminuir su ritmo de crecimiento a 3.24 por ciento en 2015, desde otro de 3.75 por ciento en el mismo lapso del año anterior.
Con cifras depuradas por la eliminación de factores estacionales y de calendario, la actividad económica del país registró una elevación mensual de 0.1 por ciento en noviembre de 2015 respecto al nivel de octubre, precisó el organismo. En comparación con el mismo mes de 2014, la tasa de aumento fue de 2.4 por ciento.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN ANTONIO ZUÑIGA M.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/25/la-economia-crecio-2-5-de-enero-a-noviembre-de-2015-8828.html
