Lanzan bases para licitar Red Compartida en telecomunicaciones

MÉXICO, DF: El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones dieron a conocer los detalles de la licitación de la Red Compartida en la banda 700 Mhz para llevar banda ancha móvil a todo el territorio mexicano, que incluirá inversión extranjera de hasta 100% en un modelo de Asociación Público-Privada (APP) hasta por 20 años.

El costo original de la Red Compartida, estimado en 7 mil millones de dólares, se incrementó a causa de la devaluación del peso. De los 90 mil 705 millones de inversión que originalmente se calcularon en 2013, ahora se elevó a 126 mil 550 millones de pesos.

En conferencia de prensa, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, afirmó que se trata del proyecto más ambicioso en materia de telecomunicaciones del presente sexenio, que pondrá a disposición los 90 Mhz de la banda 700 Mhz, recién liberada con el apagón analógico, y el gobierno federal aportará 2 pares de fibras ópticas de la red troncal.

El calendario dado a conocer esta tarde indica que mañana se anunciarán las bases de licitación, y el fallo final se dará a conocer el 24 de agosto de este año. El objetivo es que al sexto año alcance una cobertura de 85% del territorio nacional.

La Red Compartida pretende ampliar la penetración de internet en banda ancha en las zonas rurales. Por tanto, la empresa o el consorcio de compañías que gane la licitación deberán cumplir con el objetivo de ofrecer cobertura tanto en poblaciones de más de 10 mil habitantes como en localidades de menor población.

Se le llama Red Compartida porque “tomará ventaja de la infraestructura existente y será utilizada por numerosos clientes”, aclaró Ruiz Esparza.

Las bases de licitación, añadió, implicaron un “arduo trabajo conjunto” entre esta dependencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se nombró a la organización Transparencia Mexicana como testigo social de la licitación.

Por su parte, el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, aclaró que la Red Compartida ofrecerá infraestructura en condiciones no discriminatorias.


Y los consorcios internacionales interesados en participar requerirán de la opinión del IFT en materia de competencia para poder participar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428046

Intervención internacional por desaparecidos

MÉXICO, DF: El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el principal cuerpo deliberativo y de decisiones del organismo internacional, se ha hecho eco de la crisis de la desaparición forzada de personas en México.

La desaparición de miles de personas en el país en el contexto de la inseguridad y violencia que llevan ya una década desbordadas fue revisada esta semana por los 15 países que integran el máximo órgano de la ONU, empezando por los cinco permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia.

Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto se reconoció la existencia de al menos 26 mil personas desaparecidas, aunque después el propio gobierno quiso darle otra dimensión y habló de 13 mil desaparecidos.

Pese a que la verdadera cifra se desconoce debido a la falta de registros confiables, el problema es de tal dimensión que mereció ser tratado en el Consejo de Seguridad, donde se toman las decisiones de sanción a los países miembros que violan el derecho internacional, entre ellos el del respeto a los derechos humanos.

El Consejo también puede proponer acciones de intervención internacional ante crisis humanitarias. Ante los pactos de impunidad entre la clase política para investigar y establecer responsabilidades, es cada vez más necesaria una intervención internacional humanitaria en México.

La hermana Consuelo Morales Elizondo, Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 y fundadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), estuvo en esa reunión del Consejo de Seguridad y le pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto aceptar ayuda internacional en estas tareas.

A partir de su experiencia en Monterrey, la religiosa habló de la impunidad generalizada que prevalece en el caso de las desapariciones.

El Estado mexicano lleva años demostrando al mundo que es incapaz de cumplir con su razón de ser: darle seguridad a las personas, tanto en su integridad, como en la posesión de sus bienes, y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Y aunque no se puede afirmar que el Estado mexicano es el responsable directo de todas las desapariciones en el contexto de la confrontación armada entre los grupos que se disputan el mercado de las drogas, es evidente su fracaso en dar seguridad a sus habitantes.

Es tal el descrédito internacional de México que en esa misma reunión, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Samantha Power le dio a México el mismo tratamiento que a Sri Lanka, tanto por el número de desaparecidos, como la respuesta de los gobernantes.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el caso de los 43 normalistas desaparecidos, ha demostrado que mientras no haya un compromiso serio del Estado mexicano, la intervención internacional puede acabar en una frustración más.


Con el actual funcionamiento de las procuradurías de justicia, los pactos políticos de impunidad y las respuestas del Estado a la crisis de inseguridad, que no pocas veces son criminales –como la desaparición de personas a manos de policías o militares–, es claro que la solución a la crisis humanitaria en México está más allá de nuestras propias fronteras.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428064

Fiscalía Anticorrupción de España no impugna libertad de Moreira y podrían regresarle su pasaporte

El ex presidente del PRI y ex gobernador de Coahuila es investigado por lavado de dinero y organización criminal.

La Fiscalía Anticorrupción de España acordó no impugnar la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien el pasado 22 de enero decretó la libertad del ex gobernador del estado mexicano de Coahuila, Humberto Moreira.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción confirmaron lo anterior y señalaron escuetamente que se decidió no recurrir tras analizar la situación personal del ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De esta forma, Moreira recibirá su pasaporte, que se le había retirado en espera de una posible apelación, y podrá salir de territorio español.

Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que el político mexicano continúa estando bajo investigación en un proceso judicial en España y tendrá que apersonarse y declarar si el juez Santiago Pedraz así lo solicitara.

Moreira es investigado en un caso de procedimiento penal, junto con otras personas, cuyos nombres no se han dado a conocer debido a que el proceso está bajo secreto de sumario.

El pasado 15 de enero, el juez de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional española, José de la Mata, dictó ingreso en prisión para Moreira, detenido en esta capital en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, a donde llegó procedente de México, conforme a una orden de detención emitida por Pedraz a petición de la Fiscalía Anticorrupción de España.


Al que fuera presidente nacional del PRI en 2011 se le acusó de lavado de dinero, organización criminal, malversación de caudales públicos, y cohecho.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2901/mexico/fiscalia-anticorrupcion-de-espana-no-impugna-libertad-de-moreira-y-podrian-regresarle-su-pasaporte/

Se arma la IP en Chilpancingo ante la ola criminal

Chilpancingo, Gro. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en esta capital, Adrián Alarcón Ríos, anunció que ante el embate de la delincuencia organizada los empresarios de Chilpancingo formarán sus propios equipos de seguridad.

Entrevistado luego de una reunión de integrantes de ese organismo con el secretario de Gobierno estatal, Florencio Salazar Adame, reveló que en los primeros 28 días del año cinco hombres de negocios han sido secuestrados, siete abandonaron la ciudad y “35 negocios han cerrado, sin contar tortillerías, que son un asunto aparte”.

Expresó que en la capital guerrerense existe temor por la violencia y muchos ciudadanos han preferido marcharse.

“Tengo un vecino que es teniente del Ejército Mexicano, y el día de hoy los vimos sacando sus cosas porque se van a Cuernavaca, Morelos”, contó.

Criticó la postura del alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena. “Resulta que cuando (los empresarios) nos atrevemos a participar no le gusta y batea nuestros puntos (de vista).

“Ya le dijimos que la Coparmex apoyará su proyecto de Vecino vigilante, pero no creemos que con esta acción aislada se vaya a resolver el problema. Necesitamos todo un programa de seguridad”, expuso.

Recordó que los hombres de negocios de la ciudad entregaron a Leyva Mena una propuesta de programa integral de seguridad de nueve puntos, “pero él está en un actitud soberbia. Le hago un llamado para que nos reunamos y demos vuelta a la página.

“La delincuencia organizada está actuando pero la delincuencia común está en recreo porque las autoridades pretenden cuidar con 115 policías más de 600 colonias de Chilpancingo”.

El gremio patronal, subrayó, considera que el presidente municipal “está mal asesorado. Le pedimos que convoque a la cuarta reunión; queremos buscar soluciones con él. No es un asunto personal, porque lo estimo y respeto. Lo estamos esperando para coordinarnos y recibir propuestas”.

Adrián Alarcón consideró que la medida de armarse es “desesperada”, pero los habitantes de Guerrero desean que el gobierno federal voltee esta entidad que, dijo, ocupa el último lugar nacional en desarrollo y al mismo tiempo la primera en inseguridad.

Puntualizó que la Coparmex no promueve que los empresarios se armen, pero tampoco lo impedirá porque están en su derecho.

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, presente en la reunión con los integrantes de la Coparmex, reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional otorgó permisos a civiles para portar armas que no sean de grueso calibre.

Sin embargo, llamó a los hombres de negocios a que no tomen esa “medida extrema”, pues “portar armas genera más violencia”; sin embargo, admitió que el gobierno de Guerrero “no tiene recursos suficientes para atender este problema”.

Tampoco se cuenta con una policía capacitada para enfrentar a la delincuencia. “Había un gobierno fragmentado y nosotros recibimos una administración con un déficit de casi 20 mil millones de pesos”, justificó.


“Esta es la última oportunidad del gobierno para que Guerrero vuelva a la normalidad. Si no, vamos a caer al precipicio”, advirtió Salazar Adame. Insistió en que la situación financiera en la entidad es “muy complicada” y por ello se requiere la presencia del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Armada de México en Chilapa y otras regiones donde está “focalizada” la inseguridad.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO ARISTA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/28/confirma-coparmex-secuestro-7238.html

Empresas del priismo, las favorecidas en el Nuevo Aeropuerto

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del gobierno de Enrique Peña Nieto, implica una inversión de miles de millones de dólares. Por lo pronto, en las licitaciones para las obras preliminares se les asignaron contratos a empresas y consorcios relacionados por negocios o lazos familiares con el priismo mexiquense. Y todavía falta lo mejor del botín…

MÉXICO, DF: Aunque el gobierno federal presumió de máxima transparencia y de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo asesoró en “integridad” y “mejores prácticas”, no evitó que los primeros contratos para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se asignaran a constructoras relacionadas por vía familiar y de negocios con el priismo mexiquense.

Entre los ganadores de las primeras tres licitaciones destaca Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos (Tracotamsa), propiedad de Rolando Cantú Barragán, un contratista que hasta hace poco sólo operaba en Tamaulipas y es primo de Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de Grupo Higa, quien construyó y financió las residencias de la primera dama, Angélica Rivera, y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Desde noviembre de 2014, este semanario publicó que Tracotamsa pasaba por una fase de prosperidad (Proceso 1985). Pero fue hasta el pasado 16 de diciembre cuando salió de Tamaulipas y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) le asignó la construcción de caminos provisionales del NAICM por más de 608 millones de pesos.

Tracotamsa concursó y ganó la licitación en consorcio con Inmobiliarios Mexicanos, de la cual no se encontraron antecedentes de proveeduría gubernamental, sólo de oferta de vivienda en Reynosa, donde radica su dueño y de donde también es originario Hinojosa. El columnista de Milenio Tampico Eduardo Javier González publicó el 21 de diciembre que Inmobiliarios Mexicanos pertenece a Cantú Barragán.

El mismo 16 de diciembre, el GACM anunció el fallo de la segunda licitación, en la que ganó el consorcio formado por Omega Construcciones Industriales, Calzada Construcciones (Calco) y Construcciones y Dragados del Sureste (Cydssa). Las dos últimas están asociadas de manera permanente en la razón social Hidrovías y Carreteras (Hycsa).

Calco es propiedad de Alejandro Calzada Prats, hijo del priista tabasqueño Feliciano Calzada Padrón, que fue secretario particular de Roberto Madrazo Pintado y colaborador en sus aventuras presidenciales de 2000 y 2006 (Proceso 1245 y 1999). El grupo político de Madrazo ha tenido una histórica relación con la familia Hank, cuyo extinto patriarca, Carlos Hank González, fue cabecilla del llamado Grupo Atlacomulco. En tanto, Cydssa, también de origen tabasqueño, es encabezado por Sergio Roberto Valenzuela Aguilera.

Hycsa señala en su sitio de internet que para operar concesiones carreteras está asociada con La Peninsular. Esta constructora es subsidiaria de Grupo Hermes, el corporativo de Carlos Hank Rohn, hijo de Hank González.

Omega Construcciones Industriales es parte del Grupo Omega, un conjunto de empresas con numerosos contratos con el Gobierno del Distrito Federal para obras como la remodelación del Autódromo Hermanos Rodríguez y la Línea 6 del Metrobús. Se especializa en construcción de infraestructura, además de ser concesionaria de carreteras y franquicias gasolineras.

Omega, propiedad de Jorge Miguel Melgarejo Hadad, forma parte del consorcio que construirá la tercera etapa del tren interurbano México-Toluca, otra obra emblemática para la administración peñanietista y cuyos principales constructores son cercanos a la élite política mexiquense y a las empresas relacionadas con ella.

Es el caso de OHL México, filial de la trasnacional española con acusaciones de corrupción. La preside el priista José Andrés de Oteyza, quien fue secretario de Estado en el sexenio de José López Portillo, y fue miembro de su consejo el actual titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Para la licitación correspondiente, OHL México participó en consorcio con La Peninsular, de Hank Rohn.

Expansiones sexenales

Tracotamsa, la empresa de Cantú Barragán, opera desde 2002 como contratista de obra pública federal. Se especializa en caminos y carreteras, pero sólo tiene antecedentes como proveedora gubernamental en Tamaulipas.

Entre 2002 y 2012, obtuvo 17 contratos, principalmente de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Tamaulipas y de Pemex Exploración y Producción. En esos contratos sumó mil 627 millones de pesos por realizar obras en carreteras, caminos de terracería y reparación de tramos.

A partir de que Peña Nieto asumió la Presidencia, las operaciones del primo de Juan Armando Hinojosa Cantú se expandieron: salió de Tamaulipas para realizar al menos una obra portuaria en Campeche y, ahora, incursionar en el NAICM.

En el primer trienio del gobierno de Peña Nieto, Cantú Barragán ha obtenido 17 contratos, los mismos que consiguió en la década precedente, pero obtuvo casi el doble de ingresos, pues entre 2013 y 2015 acumula ya 2 mil 890 millones de pesos.

Estos cálculos provienen de consultas en el Portal de Obligaciones de Transparencia, donde debe colocarse toda la información sobre los contratos gubernamentales, y de la base de datos Compranet, donde se registra a los proveedores. Pero en dichas plataformas no se transparenta todo. Por ejemplo, no se encontró ahí registro del contrato para la construcción del puerto de Matamoros, asignada por la SCT a Tracotamsa en 2013 por mil 400 millones de pesos, aunque el proyecto fue ampliamente difundido por funcionarios y dependencias federales en Tamaulipas.

En la misma situación se encuentran las firmas tabasqueñas Calco y Cydssa, que integran el Grupo Hycsa y están asociadas con la constructora de Hank Rohn.

Entre 2006 y 2012 Calco había conseguido 29 contratos que le reportaron ingresos por 2 mil 92 millones de pesos, con sus operaciones limitadas a Tabasco, Campeche y regiones limítrofes con esos estados en Veracruz y Oaxaca. Pero a partir de 2012 extendió sus operaciones a Hidalgo, Puebla, Sonora y la Ciudad de México. El gobierno de Peña Nieto le ha entregado sólo ocho contratos, pero éstos le han rendido ingresos por 2 mil 64 millones: casi lo mismo que antes de la administración de Peña Nieto pero en la mitad del tiempo.

Por otra parte, en asociación con Calco y con el Grupo Garza Ponce –constructora de los concuños del exgobernador de Nuevo León, Natividad González Parás– Cydssa obtuvo un contrato por 895 millones para construir un túnel en el Sistema Cutzamala, de la cuenca de aguas del Valle de México. Sin contar este contrato ni el del NAICM, Cydssa ha obtenido 372 millones en asignaciones del gobierno de Peña Nieto.

Los registros públicos sobre Hycsa son limitados, pero en su página de internet indica que tiene 23 obras públicas terminadas y 12 en marcha.

La transparencia y los fallos

El 29 de septiembre de 2015, el GACM –la semiparaestatal a la que el gobierno de Peña Nieto concesionó el proyecto– publicó la primera convocatoria de licitación de los 21 paquetes de contratos para la construcción del NAICM.

En un comunicado del 18 de noviembre, el GACM se jactó de ser “punta de lanza en el compromiso del gobierno de la República en materia de transparencia, rendición de cuentas, innovación en modelos de gobernabilidad de proyectos de infraestructura y aplicación de estándares de datos para contrataciones abiertas, relativas a las obras para la construcción del NAICM”.

Decía contar con prácticas de “gobierno corporativo” y blindaje total para la transparencia mediante la incorporación a los procesos de licitación de testigo social, notario público y especialistas técnicos y normativos, así como la trasmisión en vivo de los fallos de los concursos.

Las recomendaciones de la OCDE van en línea con las medidas adoptadas por el GACM, como el diagnóstico, rediseño y reforzamiento de su estructura orgánica y la elaboración de un plan de acción. Según el comunicado, esas medidas se aplican de manera sistemática.

Dichas prácticas de transparencia y rendición de cuentas se llevaron a cabo, incluidas las transmisiones de los fallos de cada licitación, aunque no fue en directo sino con fechas diferidas.

De entre 32 propuestas realizadas por 80 empresas, el 11 de diciembre el GACM declaró a Coconal ganadora del contrato por mil 762 millones de pesos para la nivelación y limpieza de terreno. Cinco días después se emitieron los otros dos fallos.

El contrato de caminos provisionales, por el cual concursaron 97 empresas y una persona física que ofrecieron 47 propuestas, fue asignado a Tracotamsa. El fallo para el contrato de carga, acarreo y desazolve –al que aspiraban 69 empresas que presentaron 37 propuestas– se le otorgó al consorcio formado por Omega, Calco y Cydssa.

El resultado general es que, en las licitaciones para las obras preliminares a la construcción del NAICM, participaron 224 empresas y 116 proyectos, de los cuales el GACM se inclinó precisamente por las relacionadas con el priismo del Estado de México.

El 11 de diciembre, el GACM había adjudicado otro contrato a Coconal, la constructora de Héctor Ovalle que formaba parte del consorcio al cual se le otorgaría originalmente un enorme paquete para el NAICM.

En dicho grupo participaban CICSA, de Carlos Slim; ICA, de Bernardo Quintana; Prodemex, de Olegario Vázquez Raña; Marhnos, de Nicolás Mariscal Servitje; Tradeco, de Federico Martínez; Grupo Higa, de Hinojosa Cantú; Grupo Gia+A, del cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard; y La Peninsular, de Hank Rohn (Proceso 2001).

Pero esa asignación fue cancelada en enero de 2015, tras las revelaciones periodísticas que documentaron la construcción de la llamada “Casa Blanca”, cuya propiedad se atribuyó Angélica Rivera y admitió que Hinojosa Cantú la construyó y financió.

En el primer paquete de licitaciones para el NAICM, hasta ahora Coconal es la única empresa de aquel consorcio que consiguió asignación.

Las empresas que integran Grupo Higa o son propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú tampoco han participado en los procesos licitatorios desde el escándalo que provocó el reportaje “La casa blanca de Peña Nieto”, publicado en noviembre de 2014 por el equipo de investigación de Aristegui Noticias. Las empresas de Hinojosa Cantú dejaron de ser contratadas; al menos no aparecen en los registros de compras y proveeduría gubernamental con nuevas asignaciones, aunque sí aparecen las de su primo Cantú Barragán.

En pocos meses se vinieron abajo los contratos en los que participaba Grupo Higa, primero al abortar la licitación del tren México-Querétaro en noviembre de 2014, luego con la cancelación del mencionado contrato para el NAICM en enero de 2015 y, finalmente, con la cancelación del acueducto Monterrey VI.

Los contratos entregados en el primer paquete de las 21 licitaciones para el NAICM, emitidos en diciembre pasado, apenas son para obras preliminares y sus montos son modestos. Conforme al llamado “Plan Maestro” del proyecto del NAICM, en 2016 se licitarán 10 paquetes más, donde se asignarán las obras principales del proyecto.


Se trata del edificio terminal, terminal de combustibles, plataformas de embarques, líneas de distribución de combustibles, sistema de ayudas a la navegación, el túnel central de servicios, las ayudas visuales, estaciones de bomberos, edificios de apoyo y entronques viales de acceso en su primera fase. De acuerdo con el GACM, se aplicarán en estas obras aproximadamente 6 mil millones de dólares.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427893

El Nuevo Aeropuerto “inconstitucional, muy costoso y de altísimo riesgo”

Tenemos que frenar “a como dé lugar” el nuevo aeropuerto y construirlo en otra parte, porque no sólo es inconstitucional, incompatible y muy costoso, sino que dicho “botín” de la Presidencia implica un altísimo riesgo para la población y la infraestructura de la Ciudad de México. Lo anterior es afirmado por el exdirector de la Comisión Nacional del Agua José Luis Luege, quien sostiene que ese aeropuerto provocará enormes inundaciones y hundimientos de suelo en la ciudad.

MÉXICO, DF: El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la obra emblema del sexenio de Enrique Peña Nieto, esconde numerosos efectos nocivos, uno potencialmente catastrófico: las inundaciones que afectarían a millones de habitantes del área metropolitana de la capital del país y del Estado de México.

Estudios hidrológicos y geológicos, realizados por técnicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que el gobierno de Peña Nieto ha desdeñado, advierten que los terrenos del vaso del ex Lago de Texcoco no son aptos para ninguna construcción, menos para una obra con las dimensiones del nuevo aeropuerto.

La zona lacustre tiene una función regulatoria de inmensos volúmenes de agua de lluvia y drenajes que ha impedido inundaciones de grandes proporciones en el área metropolitana, pero también es estratégica para evitar que siga el hundimiento del suelo –que en esa parte es de hasta 40 centímetros anuales y que afectaría inclusive a la infraestructura del NAICM.

“La propuesta específica para construir en el sitio el NAICM conlleva grandes riesgos hidrológicos para la propia infraestructura y para la ciudad”, alerta la investigación “Consideraciones hidrológicas y ambientales para el posible desarrollo de infraestructura aeroportuaria en el Lago de Texcoco”.

El documento, elaborado durante dos años por los expertos de la Conagua tras la decisión de Felipe Calderón de anteponer el proyecto aeroportuario a un gigantesco parque ecológico y recreativo, recomienda no edificar el NAICM en Texcoco, sino explorar otras opciones para realizar una obra que estima necesaria, como Tizayuca, Hidalgo.

“Seguir fomentando el centralismo puede llevar al colapso de varios componentes de la zona metropolitana que ahora se encuentran en una situación crítica, particularmente el control de inundaciones y el abasto de agua”, establece el estudio, fechado en 2011 y del que Proceso tiene copia.

La conclusión es rotunda: “La construcción del NAICM representa un alto riesgo para la ciudad en términos de inundación, y es incompatible con la vocación reguladora de grandes volúmenes de agua de lluvia y drenajes que tiene el vaso del Lago de Texcoco. Es igualmente incompatible con los servicios ambientales que presta el Lago Nabor Carrillo como refugio de aves migratorias”.

Los análisis fueron entregados por José Luis Luege, director general de la Conagua en el gobierno de Calderón, al equipo de transición de Peña Nieto, durante una reunión celebrada el 18 de octubre de 2012 con funcionarios encabezados por Gerardo Ruiz Esparza, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, responsable del nuevo aeropuerto.

“Continuar con este proyecto representa un riesgo catastrófico para la ciudad”, ratifica Luege en entrevista, y afirma que el NAICM prevé también la destrucción del sistema “Casa Colorada”, una infraestructura de seguridad contra una inundación generalizada en la zona oriente de la Ciudad de México.

“¡Costó mil 600 millones de pesos, que se van a ir a la basura!”, revela, y explica que el proyecto contempla construir una de las pistas sobre la laguna de regulación y la planta de bombeo profunda del sistema “Casa Colorada”, obra que él hizo. “¡Si cae una tormenta se va inundar todo!”.

De hecho, tras los anegamientos de 2011 en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, Estado de México, así como en delegaciones del Distrito Federal, como consecuencia de la tormenta tropical Arlene, los estudios de la Conagua prevén tormentas de mayores dimensiones, sobre todo por el cambio climático.

“A pesar de su intensidad, esta tormenta (Arlene) no tuvo el potencial de daño que se espera tenga una tormenta que ocurrirá en el futuro de acuerdo a las proyecciones estadísticas”, alerta la investigación de la Conagua.

El exfuncionario recuerda que, en la reunión con Ruiz Esparza, le hizo tal advertencia, pero él la desestimó y más bien lo quiso cooptar: “Yo le dije en la transición: ‘¡No quiero ser profeta del desastre, pero nos va a llevar la chingada a todos!’”.

–¿Y qué le respondió?

–Ruiz Esparza me dijo una frase que en lo personal más me ha molestado en mi carrera como político: “No, José Luis, dinos cómo sí”.

Pero “cuando una cosa es no, no se debe hacer y punto. Me querían contratar para que yo les dijera el know how (saber cómo) de la cuestión hidrológica. Le dije: ‘Yo te doy el know how de hacer las cosas bien y no una chambonada’. Entonces, el tema es muy grave, muy serio”.

Otra preocupación fundamental, expone, es el hundimiento del suelo, ya que, según los geólogos, si se coloca un kilo de peso, se va hundir entre 20 y 40 centímetros por año: “Este hundimiento es catastrófico para la infraestructura de la cuidad, tanto la civil de comunicaciones, carreteras, caminos, como toda la infraestructura de obra pública y de edificios”.

Puro negocio

Ingeniero por la UNAM, con especialidad en metalurgia en México y en España, Luege fue titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el sexenio de Vicente Fox, así como director general de la Conagua a lo largo del sexenio de Calderón.

Vinculado desde estudiante con el plan de rescate del Lago de Texcoco, que comenzó en 1971 por un decreto presidencial que sigue vigente, Luege afirma que existe mucha desinformación y que se ocultan las graves consecuencias que tendrá para millones de personas la construcción del NAICM, en especial lo que tiene que ver con el agua.

Pero además existen disposiciones constitucionales y legales que lo prohíben.

Por ejemplo, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, “el vaso del ex Lago de Texcoco tiene el carácter de ‘depósito natural de aguas nacionales’ y, por lo tanto, no se puede hacer ningún tipo de construcción sobre estos terrenos”.

Esa misma ley indica que la Conagua “establecerá las normas o realizará las acciones para evitar que la construcción y operación de una obra altere desfavorablemente las condiciones hidráulicas de una corriente o ponga en peligro la vida de las personas y la seguridad de sus bienes o de los ecosistemas vitales”.

Justamente el 17 de octubre de 2012 –un día antes de la reunión que Luege tuvo con Ruiz Esparza–, el director técnico del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Martín Ortiz Montes, emitió el “Dictamen técnico de riesgo hidrometeorológico de la zona federal del ex Lago de Texcoco, municipio de Ecatepec, Estado de México”.

En él, transmitió dos recomendaciones a la Conagua para cumplir con el mandato de la Ley de Aguas Nacionales:

La primera: “Es indispensable realizar acciones necesarias para evitar que se alteren las funciones de regulación de las áreas de inundación y con ello se ponga en peligro la vida de las personas, la seguridad de sus bienes y se afecten los ecosistemas”.

Y la segunda: “No debe modificarse el uso del suelo en la zona federal del Lago de Texcoco, porque se perderá una zona de regulación y control de avenidas. Esta zona es fundamental para evitar sobrecargar el Sistema de Drenaje Metropolitano con las avenidas de los ríos de la Cuenca Tributaria del Valle de México, mismas que tienen como su zona de regulación natural en dicho lago”.

Pero la magnitud de las implicaciones negativas de dicho proyecto no sólo ha sido menospreciada por el gobierno de Peña, sino también por otros impulsores del mismo, como Mitre Corporation, la empresa trasnacional que asesora la obra.

Acompañado del entonces subsecretario de Gestión Ambiental de la Semarnat, Mauricio Limón Aguirre, Luege viajó a la ciudad de McLean, Virginia, para entrevistarse, el 28 de julio de 2011, con Bernardo Lisker, director de proyectos internacionales de Mitre.

El objetivo del encuentro fue analizar las repercusiones hidrológicas del nuevo aeropuerto y que, según el reporte oficial de la visita, no habían sido consideradas por Mitre:

“Pudimos advertir durante las discusiones con personal de Mitre que ellos no habían tomado en cuenta en toda su magnitud el problema hidrológico que implica la construcción del NAICM en el exvaso del Lago de Texcoco y su relación con el sistema de drenes del Valle de México. También pareciera que no tenían muy clara la configuración de las nuevas capacidades de regulación que se han propuesto por parte de la SCT, de diversas maneras, al sur de la zona de interés”.

Lisker y los miembros de su equipo, asienta el reporte, “estuvieron de acuerdo en que el problema de la protección contra inundaciones a las poblaciones vulnerables en las partes bajas de la zona metropolitana tiene prioridad de resolverse antes que pensar en otras infraestructuras”.

Otro obstáculo, se destacó, son las especies de aves del área, “algunas de las cuales se consideran muy peligrosas para efectos de la aeronavegación. En este tema, el panorama se antoja complicado para las poblaciones de aves permanentes y temporales en los diversos cuerpos de agua del exvaso y su potencial convivencia con el NAICM”.

Calderón avaló

Presidente del Partido Acción Nacional (PAN) capitalino en la primera parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del que fue tenaz crítico, Luege urge a crear un movimiento de oposición al presente plan del NAICM –cuyas inversiones serán de 169 mil millones de pesos– proponiendo que se edifique en otra parte.

Aunque él cree que la mejor opción es Tizayuca, Hidalgo, también respalda la opción de López Obrador, consistente en utilizar la base aérea de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, que fue descalificada por el gobierno de Peña Nieto.

“Tiene razón López Obrador: Es completamente compatible operar el actual aeropuerto con el de Santa Lucía, y la SCT está mintiendo”, enfatiza Luege, y asegura que detrás del NAICM existen sólo “negocios inmobiliarios” que él identificó al crear el proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco, que combatió invasiones y adquirió terrenos.

Mas Calderón, declara, prefirió impulsar el nuevo aeropuerto que le planteó el entonces titular de la SCT, Luiz Téllez, en una reunión del gabinete de infraestructura, de la que Luege formaba parte como titular de la Conagua. “A la mitad del sexenio, Calderón y Téllez me cambiaron la jugada”, dice.

Por eso, cuando Téllez plantea el nuevo aeropuerto, él intervino: “Frente al presidente dije: ‘Ese proyecto es absolutamente incompatible con lo que estamos haciendo’. Yo tenía registrado el Parque Ecológico como proyecto del bicentenario, pero lo cambiaron”.

–¿Por qué no se hizo el parque ecológico?

–Habría que preguntarle a Calderón como presidente. Yo le dije a Felipe: Este proyecto es incompatible, es contrario a nuestra política ambiental. Entonces la presión muy fuerte de la SCT hizo que Calderón dejara correr. Corrimos en dos pistas: yo con el parque ecológico, y Téllez con el proyecto del aeropuerto. Me bloquearon económicamente.

La única explicación, especula, es que el NAICM “responde a intereses de carácter económico de unos cuantos” para proyectos inmobiliarios y desarrollo de servicios, algo que viene desde los gobiernos estatales de Peña Nieto y su antecesor, Arturo Montiel. “El nuevo aeropuerto es el gran negocio de esta Presidencia. Hay funcionarios que dicen que si Carlos Salinas se enriqueció, si Miguel Alemán se enriqueció, por qué ellos no. Sí es un botín –delata–, y tenemos que frenarlo a como dé lugar.”

–¿Aún es posible frenarlo?


–¡Claro! Es un proyecto inviable, es incompatible, muy costoso y de un altísimo riesgo para la ciudad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
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Municipio oaxaqueño debe mantener elección por usos y costumbres: TEPJF

MÉXICO, DF: En el municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca, deberá permanecer el sistema normativo de la comunidad indígena para elegir a las autoridades municipales, porque su derecho a la autodeterminación está protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 2º constitucional.

Así lo estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al resolver el juicio SUP-JE-124/2015 y acumulados, con lo que revocó la sentencia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, que ordenó a las autoridades de San Sebastián Tutla realizar una consulta para elegir si se designan a las autoridades municipales a través del sistema de usos y costumbres o el régimen de partidos políticos.

En un comunicado, el TEPJF destacó que de realizarse la consulta se atentaría contra el sistema de usos y costumbres implantado con antelación, y contra el derecho a la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas, puesto que los ciudadanos del fraccionamiento El Rosario superan en proporción considerable a los habitantes de la comunidad indígena aludida.

En sesión pública, los magistrados reconocieron un conflicto entre una población mayoritaria de nuevos residentes en la comunidad indígena que mediante la consulta pretenden cambiar al sistema de partidos para elegir a las autoridades municipales.

De acuerdo con el texto del TEPJF, el magistrado Manuel González Oropeza consideró que el grupo de residentes quiere someter a la comunidad a una consulta y no se puede obligar a las comunidades indígenas a que cambien, a que varíen su sistema normativo y se les imponga el sistema tradicional de partidos políticos.

Citó a Hans Kelsen y su concepto de la democracia para establecer que “las mayorías no pueden aplastar a las minorías. La democracia es el respeto a las minorías”.

Añadió: “Estas zonas dormitorio en comunidades indígenas deben ser aceptadas por las comunidades y la tolerancia debe ser que sean sensibles para brindar oportunidades a estas personas no indígenas, a que presenten su trabajo comunitario, estén en armonía con el sistema normativo y puedan ellos votar de acuerdo con las reglas de las comunidades indígenas, es su derecho también”.

Al respecto, el magistrado Salvador Nava Gomar refirió que el artículo segundo de la Constitución federal defiende la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, por lo tanto los jueces deben hacer valer los derechos de las minorías o grupos vulnerables ante las mayorías, de una comunidad que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, que ha sido avecindada por una urbe.

“No porque unos vecinos suman más, van a cambiar los usos y costumbres. Esto es complejo, porque también los vecinos tienen derecho de participar como ciudadanos”, expresó.

La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa se apartó del proyecto al considerar que se debía revocar la sentencia de la autoridad municipal, a fin de que no se celebre la consulta y vincular al Congreso de Oaxaca, así como a las dependencias y entidades del Ejecutivo local con competencia para ello, para que inicien el proceso de creación de dos nuevos municipios.

La juzgadora sostuvo que debe prevalecer el reconocimiento del sistema normativo interno y la autodeterminación de elegir a sus autoridades, por lo que se rigen bajo sus propias normas, lo que debe prevalecer en la elección de sus propias autoridades.

Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del TEPJF, señaló que el proyecto no tenía como objetivo debatir si los derechos de votar y ser votado en el sistema normativo son respetados o no por las autoridades municipales.

Explicó que la pretensión de la consulta es que la comunidad en su conjunto se pronuncie “si migra del sistema de usos y costumbres con el que se ha regido la vida municipal de manera ancestral o de manera única en este municipio, al sistema de partidos políticos”.

Indicó que el derecho humano colectivo, reconocido a las comunidades indígenas de elegir de acuerdo con sus propias normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades que lo representen, encuentra un engranaje mayúsculo con el Convenio 169 de la OIT y otros documentos internacionales, así como en el artículo 2º constitucional.

“No sólo estamos resolviendo San Sebastián Tutla, tendría consecuencias y eso es lo que hay que ver con cautela; más de 400 comunidades se rigen con el sistema de usos y costumbres, así determinan su desempeño municipal y eligen a sus autoridades”, puntualizó.

A su vez, el magistrado ponente Flavio Galván Rivera expuso que el tema central de la controversia versa sobre la realización de una consulta, a fin de poder determinar cuál es el sistema electoral que debe prevalecer en el municipio de San Sebastián Tutla para la elección de los integrantes del Ayuntamiento, si el sistema normativo indígena o el sistema de partidos políticos, por lo que en el proyecto se proponía llevar a cabo la consulta solicitada por los ciudadanos del fraccionamiento El Rosario.

Manifestó que las prácticas comunitarias no deben limitar los derechos políticos-electorales de otros ciudadanos oaxaqueños, y que los usos y costumbres de las comunidades no deben ser contrarios a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los Tratados Internacionales. En ese sentido, argumentó que la vigencia del derecho pleno de autodeterminación no justifica conculcar otros derechos fundamentales de otros ciudadanos.

Explicó, asimismo, que el proyecto no pretende desproteger a la comunidad indígena, sino respetar el derecho de todos los ciudadanos de elegir su sistema electoral, lo que implica que para poder determinar el régimen electoral no sólo se debe tomar en cuenta a las comunidades indígenas. “Estaríamos contraviniendo lo previsto en esta fracción III del artículo 2º, apartado A, de la Constitución”, dijo.

El magistrado Pedro Esteban Penagos, quien respaldó el proyecto del magistrado ponente, expresó que la consulta tenía como eje ver el sistema a prevalecer para la elección de las autoridades municipales, con la nueva integración de ciudadanos en el municipio.


“La consulta para los integrantes del fraccionamiento es para determinar qué sistema electoral debe prevalecer para la elección de las autoridades municipales, no para las autoridades internas. Las comunidades tienen sus propias autoridades y las autoridades municipales tienen que ver por todos los integrantes del municipio, no sólo para la comunidad”, señaló.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Ayotzinapa: La CIDH respalda al GIEI ante intentos de descalificación mediática

Se trata de una estrategia para obstaculizar la defensa de los derechos humanos persistente en la región, afirmó la Comisión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su respaldo “total, absoluto e incondicional” a las y los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y su trabajo en México relacionado con la investigación del caso Ayotzinapa ante intentos de descalificación pública.

La CIDH recordó en un comunicado que los miembros del GIEI fueron nombrados por sus comisionados en consulta con el Estado mexicano y las organizaciones solicitantes de la medida cautelar, entre ellos el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

“El conocimiento, experiencia, trayectoria profesional e integridad ética de cada uno de los miembros del Grupo de Expertos son ampliamente reconocidos a nivel internacional y han sido reflejados en todo momento durante su labor en México”, afirmó la CIDH.

En semanas recientes organizaciones de derechos humanos de América Latina han denunciado y exigido un alto a lo que identifican como una campaña mediática de difamación y desprestigio contra las expertas del GIEI Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz.

Comunicado

Comunicado de Prensa

CIDH expresa confianza y respaldo a expertas y expertos independientes miembros del GIEI

28 de enero de 2016

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su respaldo total, absoluto e incondicional a las y los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como al trabajo que dicho Grupo ha desempeñado en México.

Los miembros del GIEI fueron nombrados por las y los Comisionados de la CIDH en consulta con el Estado mexicano y las organizaciones solicitantes de la medida cautelar (el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez), tal como lo establece el Acuerdo tripartito firmado por las partes en noviembre de 2014 con el fin de incorporar asistencia técnica internacional a la búsqueda, investigación y no repetición de los hechos.

La CIDH renueva su confianza en las cinco personas que integran el GIEI. El conocimiento, experiencia, trayectoria profesional e integridad ética de cada uno de los miembros del Grupo de Expertos son ampliamente reconocidos a nivel internacional y han sido reflejados en todo momento durante su labor en México. Los y las expertos y expertas han realizado su trabajo en México de manera absolutamente profesional, lo cual los expuso a intentos de descalificación pública. Este tipo de acciones persisten en la región como estrategia para obstaculizar la defensa de los derechos humanos.

La CIDH considera pertinente reiterar su reconocimiento a la contribución del GIEI a las investigaciones realizadas en torno a los hechos ocurridos en Iguala, ya que el Grupo de Expertos ha realizado aportes indispensables para el avance de dichas investigaciones. La CIDH recuerda además que, después de finalizarse la primera etapa del mandato del GIEI, el Estado mexicano expresó públicamente: “trabajar con el Grupo ha sido, para nosotros, un extraordinario privilegio”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 006/16

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2801/mexico/ayotzinapa-la-cidh-respalda-al-giei-ante-intentos-de-descalificacion-mediatica/

Normalistas rurales toman las calles de Chihuahua; demandan condiciones dignas de estudio

Las alumnas de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, de Saucillo, Chihuahua, se movilizan en la capital del estado. Desde la mañana de este día, mantienen cerradas la calles aledañas al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Piden atención a sus demandas estudiantiles, cuya resolución se ha postergado bajo la justificación oficial de que, hasta hace un par de días, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de la entidad carecía de titular.

Las normalistas rurales piden la solución de su pliego petitorio anual, lo que les garantizaría el ejercicio de su derecho a la educación, al contemplar necesidades como la expedición de la convocatoria de nuevo ingreso a su escuela, la garantía de conservación de la matrícula estudiantil de nuevo ingreso que es de 120 lugares para las licenciaturas en educación primaria y preescolar, así como la dotación de sus uniformes escolares y de los recursos para necesarios para proveerles las raciones alimentarias.

Piden también que no se aplique en su escuela-internado el Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales, disposición oficial que como lo han señalado estudiantes y docentes de otras Normales del país, reduciría la oferta educativa de estas instituciones, entre otras implicaciones negativas.

La tercer demanda de las jóvenes radica en una problemática vigente desde finales de 2014. Entonces, las integrantes del Consejo Estudiantil de la Normal de Saucillo alertaron a las autoridades locales sobre la necesidad de construir más habitaciones, como consecuencia de la reforma curricular que se les impuso y que, en los hechos, implicó que las alumnas que cursan el último año de la carrera tengan que permanecer por más tiempo en las instalaciones educativas (antes durante todo este ciclo escolar practicaban en las comunidades). Los funcionarios tomaron nota y se comprometieron, por escrito, a iniciar la construcción de un edificio para alojar a 120 alumnas, obra que no se concluyó en el plazo acordado, el 30 de junio de 2015.

Hoy, enero de 2016, la amplificación del área de dormitorios continúa inconclusa, acusan las estudiantes. Faltan algunos detalles de instalación hidráulica y eléctrica, así como el mobiliario necesario para que el lugar resulte, al fin, habitable. Falta, además, el montaje de una malla metálica alrededor del nuevo edificio, solicitud que las alumnas plantearon como una necesidad indispensable para el resguardo de las inquilinas del internado femenil.

Laura Alvarado, vocera del Consejo Estudiantil de la normal de Saucillo, comenta que el objetivo de la actividad emprendida este día en las calles de la capital chihuahuense es establecer un diálogo serio y resolutivo con el gobierno local, encaminado a la satisfacción de sus demandas. Refiere que las autoridades, a quienes entregaron su pliego petitorio hace 15 días, les han dicho que la audiencia solicitada demorará al menos una semana más.

No obstante, Laura y sus compañeras no pueden esperar más. Desde hace más de 1 año viven hacinadas en el internado de su escuela, lo que les ha provocado, incluso, enfermedades. Los dormitorios con dos regaderas y dos retretes que antes compartían entre cinco y siete muchachas, hoy son habitados hasta por 20 de ellas.


El movimiento de las jóvenes de Saucillo, quienes también sostienen un paro de labores académicas, es por condiciones de estudio dignas.

FUENTE: DESINFORMEMONOS.
AUTOR: FLOR GAUCHE.
LINK: http://desinformemonos.org.mx/normalistas-rurales-toman-las-calles-de-chihuahua-demandan-condiciones-dignas-de-estudio/

Nuño hace campaña en Sonora… por la reforma educativa

HERMOSILLO, Son: El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, viajó a esta capital para hacer campaña por la reforma educativa.

Durante la firma de la Declaración Sonora, cuyo objetivo es implementar de manera integral la reforma educativa en esta entidad, así como en Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Baja California Sur, el funcionario federal afirmó que México está frente a la transformación más importante en su historia.

Ante los señalamientos de que esas reuniones sólo sirven para posicionar su imagen como candidato presidencial rumbo a la contienda electoral de 2018, Nuño respondió:

“Lo he venido diciendo, estoy en campaña… pero por la reforma educativa, la transformación más importante en el país, porque así lo ha marcado el presidente (Enrique Peña), quien ha dicho que de las 13 reformas estructurales, ésta es la más importante debido a que impacta en los niños jóvenes y en el desarrollo mexicano”.

El exjefe de la Oficina de la Presidencia también habló de la depuración en la nómina educativa, y en un primer registro –dijo– encontraron un total de 2 mil 200 “aviadores”, quienes se desempeñaban como comisionados sindicales con goce de sueldo en escuelas.

“A partir de esta quincena se les dejó de pagar el salario y ahora los organismos a los que pertenecen se hacen cargo de sus sueldos”, subrayó.

Y prometió: “Así seguiremos realizando esta depuración de la nómina en coordinación con los estados para poder tener plena certidumbre de que todo lo que se esté pagando en la nómina magisterial, sea para quienes estén frente a un grupo o en alguna función docente”.

En conferencia de prensa, Nuño se rehusó a profundizar sobre el debate del uso lúdico de la mariguana, con el argumento de que ese tema corresponde directamente a la Secretaría de Gobernación, es decir, a Miguel Ángel Osorio Chong.

En esta reunión regional la SEP, su titular estableció siete prioridades: el fortalecimiento de la escuela; infraestructura, equipamiento y materiales educativos; desarrollo profesional docente; revisión de los planes y programas de estudio; equidad e inclusión; vinculación entre educación y mercado laboral, y una reforma administrativa.


La Declaración Sonora fue signada por Aurelio Nuño Mayer, y los gobernadores de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano; de Sinaloa, Mario López Valdez; de Baja California, Francisco Vega Lamadrid; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; y de Chihuahua, César Duarte Jaques.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
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Representará la CEAV a familiares de jóvenes desaparecidos en Veracruz

MÉXICO, DF: Los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero en Tierra Blanca, Veracruz, ya fueron incorporados al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que además será su representante legal en el proceso de investigación.

En un comunicado la CEAV precisó el registro de cinco personas, víctimas directas, y nueve más indirectas, quienes “ya cuentan con todos los derechos que la Ley General de Víctimas les concede”.

Mediante el Renavi se busca garantizar que las víctimas tengan un acceso “oportuno y efectivo” a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en la Ley, señaló la CEAV en un comunicado.

Actualmente estas medidas incluyen asesoría y representación jurídica, apoyo médico y sicológico, de trabajo social y para gastos derivados del seguimiento del proceso, traslados, viáticos, entre otros.

En ese sentido la CEAV informó que a través de la Asesoría Jurídica Federal, el organismo fue nombrado por las familias como su representante legal para dar seguimiento a la averiguación previa que obra en la Procuraduría General de la República (PGR) y para asesorarlas en el proceso que iniciaron en la Fiscalía General de Veracruz por la desaparición forzada de los jóvenes.

La Asesoría Jurídica Federal tiene como fin brindar servicios de representación y consultoría legal a las personas que están en situación de víctima, en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa y de derechos humanos del fuero federal, a fin de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral, explicó la CEAV en un comunicado.

Al respecto, indicó que el acompañamiento y atención a las familias José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco, Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arroniz y Susana Tapia Garibo, los jóvenes desaparecidos presuntamente por policías estatales, se realiza a través del personal de la delegación de la CEAV en Veracruz.


También participan especialistas de la oficina central de la CEAV en la Ciudad de México, quienes diariamente acuden a Tierra Blanca, Veracruz, señaló el organismo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Tribunal no fija fianza en nuevo juicio de amparo contra desarrollo en Tajamar

CANCÚN, Q. Roo: El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito determinó no fijar fianza en un nuevo juicio de amparo contra el desarrollo de Malecón Tajamar, decisión que establece una precedente en favor de los activistas que protestan por la devastación de este predio de 59 hectáreas colindante con el sistema laguna Nichupté.

La madrugada del pasado 16 de enero, ingresó maquinaria al Malecón Tajamar para “trabajos de desmonte”, luego que un Juez de Distrito dejara sin efecto una suspensión que había otorgado a 133 niños contra la devastación del predio, pues no reunieron el monto de la fianza de 21 millones de pesos que el juzgador había fijado como garantía en favor del Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur).

Sin embargo, ayer, en otro juicio de amparo contra la devastación de Tajamar, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito otorgó la suspensión provisional y determinó no fijar fianza.

“Se trata de un fallo muy importante pues no fija fianza. Precisamente, en otro juicio de amparo, en el de los niños, se había obtenido la suspensión, que el Juez la dejó sin efectos pues no se cubrió la fianza, que él mismo fijo, de unos 21 millones de pesos”, comentó el abogado Karin de la Rosa, consultado por Apro sobre este nuevo fallo el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.

Con esa determinación del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito se acumula la tercera suspensión contra trabajos en Tajamar, pues ayer el Juzgado Cuarto Distrito emitió una determinación en favor de los activistas y la semana pasada hizo lo propio el Juzgado Segundo.

En los tres casos se trata de juicios diferentes, pero que se han sido presentados a partir de formato que ha sido “posteado” en las páginas de Facebook de los grupos de activistas que se oponen a la devastación de Malecón Tajamar.

La nueva resolución es a partir un juicio de amparo que promovió el abogado Francisco Villarreal ante el Juzgado Quinto de Distrito en contra de, entre otras autoridades, el presidente municipal de Benito Juárez (Cancún), Paul Carrillo; Fonatur Mantenimiento Turístico y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los actos reclamados son la autorización para devastar Malecón Tajamar y obstaculizar el libre tránsito hacia el sitio, con el uso de la Policía Preventiva Municipal (PPM).

Si bien el Juez Ciro Carrera Santiago Ciro admitió la demanda de amparo, negó la suspensión provisional bajo el argumento de que el “el quejoso no acreditó que con la ejecución de los actos reclamados, se estuviera afectando de manera inminente e irreparable su derecho legítimo a contar con un medio ambiente sano, así como el interés social que justificara el otorgamiento de la medida cautelar”.

Sin embargo, el abogado Villarreal presentó una queja administrativa ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, bajo el número de expediente 22/2016, que no sólo otorgó la suspensión provisional, sino que determino improcedente “la fijación de garantía”.

De esta manera, el Tribunal consideró que fijar una fianza “sería privilegiar derechos individuales sobre derechos colectivos de índole ecológicos”.

Y subraya: “Se ejecutarían los actos reclamados de manera irreparable para la sociedad y en contravención del derecho humano al medio ambiente y disposiciones legales que protegen de manera contundente los manglares”.


Pero, además advierte que “resultaría en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, dada la naturaleza de los manglares que se encuentran en la zona…”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
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Ni ecocidio, ni devastación, las obras en Manglar Tajamar son válidas, dice la Profepa

La procuraduría ambiental concluyó, tras realizar una inspección en el lugar, que la remoción del mangle no fue una devastación ambiental, pues las obras cuentan con los permisos válidos.

Las obras de desmonte del manglar Tajamar para la construcción de un centro comercial, estacionamientos, viviendas y oficinas “no constituyen un caso de ecocidio ni de devastación ambiental”, concluyó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual aseguró que “no hay indicios de existencia de daños ni responsabilidad ambiental atribuible al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)”.

En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de la inspección que realizó la Profepa el pasado 26 de enero, el procurador ambiental, Guillermo Haro, dijo que las autorizaciones del impacto ambiental y de cambio de uso de suelo son válidas y continúan vigentes; además, los términos y condiciones de la manifestación de impacto ambiental realizada en 2005 han sido cumplidos hasta la fecha.

“El desmonte identificado se llevó a cabo por FONATUR al amparo de autorizaciones del 2005 y ampliaciones del 2009 y 2011, que a la fecha son vigentes”, recalcó el funcionario, quien además agregó que el desmonte también fue autorizado por el Municipio “en función de las autorizaciones ambientales otorgadas por la Semarnat, (…) y dando cumplimiento parcial al programa de rescate y reubicación de flora y fauna”.

Haro aclaró además que el predio donde se efectúa el proyecto Malecón Tajamar no es considerado sitio RAMSAR -es decir, no está sujeta a la protección ambiental internacional- y que dicha área ya presentaba desde 2005 un proceso de fragmentación y reducción de hábitat, “con aislamiento de las poblaciones de flora y fauna, y en un mal estado de conservación”, por lo cual no se podía considerar como humedal, tal y como en 2005 determinó la Semarnat.

Sobre las acusaciones acerca de supuestas irregularidades en aspectos jurídicos, Haro apuntó que “son infundadas” y, aunque admitió que “sí ha habido impactos ambientales adversos”, éstos fueron sólo por el desmonte de siete de nueve hectáreas en lotes de propiedad de la empresa B&BI Real Estate de México SA de CV, la cual, dijo, está sometida a una investigación por probable responsabilidad penal.

En cuanto a Fonatur, indicó que la única responsabilidad que se encontró fue la interrupción del rescate de especies en la zona, por lo que se instruyó a esta instancia para renovar el proceso.

Por otra parte, el procurador explicó que para la construcción de los proyectos urbanísticos en los diversos lotes del predio, en Tajamar, se deberán obtener “nuevas autorizaciones” de la Semarnat, “al amparo de la legislación hoy vigente y en congruencia con las demás disposiciones estatales y municipales”.

Denuncias sobre muerte de cocodrilos “no corresponden con la realidad”

En cuanto al posible daño ocasionado a especies de aves y reptiles en la zona del manglar, Guillermo Haro apuntó que tras realizar un recorrido por la zona se corroboró que “no hay especies muertas”, e hizo hincapié en varias ocasiones que sólo resta por rescatar hasta el momento a cinco cocodrilos, tres adultos y dos crías. 

Sobre las denuncias realizadas por la ciudadanía, el procurador admitió que han recibido 112 escritos de denuncia y “manifestaciones de preocupación” a través del correo electrónico de la dependencia de la Delegación Quintana Roo, así como a través del portal de internet, el número 01800 y de manera personal.

Sin embargo, Haro dijo que muchas de las denuncias realizadas por ciudadanos y ambientalistas “no corresponden con la realidad de los hechos”.

Como ejemplo mostró una foto que un ciudadano tuiteó para denunciar la muerte de cocodrilos en el manglar, pero de acuerdo a Profepa, se trata de la imagen de un cocodrilo viejo que murió por causas naturales en Filipinas.

En otra foto, que también circuló en redes sociales y en algunos medios de comunicación, se muestra a un cocodrilo muerto con la cola cortada, pero según reportaron diarios locales de Quintana Roo se trata de un cocodrilo muerto en Cozumel, no en polígono Tajamar, según Profepa.

Aquí puedes leer la exposición íntegra de los argumentos que esgrimió la Profepa en rueda de prensa.

‘Clausuran’ Profepa en protesta por manglar Tajamar


Al término de la rueda de prensa del procurador ambiental, un grupo de ciudadanos, acompañados por integrantes del Partido Revolución Democrática (PRD), hizo una clausura simbólica de las instalaciones de la Profepa, en protesta por lo que entienden es la destrucción ecológica del Manglar Tajamar.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/las-obras-en-manglar-tajamar-son-validas-y-no-son-un-ecocidio-dice-la-profepa/