Las embarazadas a las que correspondía ir al Materno Infantil de Cuajimalpa deben trasladarse grandes distancias hasta el centro más cercano.
El día que nació su bebé, el 19 de octubre de 2015, Sara Maldonado tenía previsto dar a luz en el Hospital Materno Infantil de la delegación Magdalena Contreras, al que la habían enviado las autoridades de salud de la Ciudad de México. Sin embargo, sus planes se vieron frenados por el tráfico que encontró desde que salió de su casa, ubicada en la delegación Cuajimalpa.
Mientras sufría los dolores de las contracciones, el auto que conducía un amigo cruzó la carretera México-Toluca, la zona de Santa Fe y avenida Centenario, hasta que la mujer, de 18 años, no pudo más.
Cuando llevaban ya más de dos horas de camino, decidieron quedarse en el Hospital Enrique Cabrera, a 10 kilómetros de Cuajimalpa, en la delegación Álvaro Obregón. Ahí recibieron a Sara en el área de urgencias, y pocos minutos después, cerca de las 4:40 de la tarde, le entregaron a su bebé.
“Fue lo mejor”, dice la mujer, quien habría tardado mucho más tiempo en llegar al Hospital Materno Infantil de la Magdalena Contreras porque, si un conductor no tiene tag para usar la Supervía Poniente, de cuota, debe bajar a Periférico y luego volver a subir por avenida Luis Cabrera.
Sara ejemplifica las dificultades que padecen las mujeres de escasos recursos de Cuajimalpa a quienes el gobierno capitalino ha enviado a otros centros médicos, luego de la explosión que hace un año acabó con el Hospital Materno Infantil de esa delegación.
Tras el siniestro, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, prometió que el lugar sería reconstruido en un año, pero a la fecha la obra no ha comenzado. Mientras tanto, la Secretaría de Salud local (Sedesa) envía a sus pacientes embarazadas de sus centros de salud al Hospital Enrique Cabrera o al de la Magdalena Contreras, los más cercanos.
Sin embargo, según testimonios y recorridos realizados, hacer esos trayectos les toma de dos a tres horas, cuando el recorrido al que estaba en Cuajimalpa era de entre 15 y 20 minutos.
El tiempo varía de acuerdo con la hora del día y el transporte utilizado. Si es hora pico, lo estrecho de las vías y el congestionamiento de Santa Fe complican el paso. Si se viaja en transporte público, hay que tomar tres autobuses. Y si se intenta tomar un taxi, hay choferes que niegan el servicio si ven que la mujer está a punto de dar a luz, cuenta Verónica Arizpe.
Al respecto, Máspormás solicitó entrevista con la Sedesa para saber si se brinda o dará algún tipo de apoyo a las embarazadas en esta situación, pero la dependencia no respondió antes del cierre de edición.
Población sensible
Según datos de 2012 de la propia Sedesa, Cuajimalpa es la delegación con el mayor índice de muertes maternas por cada 100 mil nacimientos. También es una de las delegaciones con mayor ritmo de crecimiento poblacional y donde la dependencia capitalina atiende a 87% de los pacientes.
Mujeres entrevistadas dicen que ahora, con su canalización a otros hospitales, también padecen problemas como falta de camas y camillas y que a algunas las hagan esperar de pie. En el caso del Hospital Enrique Cabrera, absorber a quienes iban al de Cuajimalpa implica una carga de trabajo adicional de 40%, según un cálculo con base en el Plan de Trabajo 2015 de la Sedesa.
Mujeres en riesgo
De acuerdo con los estándares internacionales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las mujeres que necesitan servicios de maternidad no deberían tener ningún problema para acceder a un establecimiento sanitario.
Marisol Escudero, abogada de la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señala sobre el tema que la explosión en el hospital de Cuajimalpa no debe ser un pretexto para que el GDF orille a las mujeres a trasladarse hasta dos horas en condiciones pésimas de transporte para tener a su bebé.
La especialista considera que esto representa un acto de violencia obstétrica contra las mujeres de escasos recursos de Cuajimalpa, pues la distancia que deben viajar las pone en riesgo a ellas y a sus hijos y está limitando el acceso fácil y seguro a los servicios de salud pública para el momento del parto, el cual requiere una atención lo más inmediata posible.
“El Estado debió considerar los aspectos del tráfico en la zona para poder brindar los servicios de salud y encontrar la manera de no poner en riesgo a las mamás al viajar una o dos horas al hospital más cercano”, dice.
En tanto el nuevo hospital de Cuajimalpa queda construido y empieza a funcionar o el GDF lanza más medidas de apoyo para las embarazadas de la delegación, la mayoría de ellas tendrá que seguir haciendo largos recorridos para atenderse y dar a luz.
Riesgos
Especialistas explican por qué razones las mujeres embarazadas deben contar con servicios de salud cerca de sus casas:
- Por su condición, recorrer grandes distancias pone en riesgo su salud, en especial durante las últimas semanas de gestación. Hacerlo puede llevar a que sufran problemas y complicaciones como parto espontáneo.
- Marisol Escudero, de la organización civil GIRE, dice que el Estado está obligado a garantizar que este sector de la población tenga acceso a servicios de salud sin ponerse en riesgo.
- En la Ciudad de México, la principal causa de mortalidad materna son las muertes obstétricas directas, derivadas de hemorragias o infecciones.
- En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la causa más frecuente de muertes maternas es la hemorragia grave. Este problema puede ocurrir incluso en el posparto y matar a una mujer sana en un periodo de dos semanas.
- Con la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa hace un año, la delegación se quedó sin hospitales, ni de tipo general ni de especialidad.
El 29 de enero de 2015, una fuga de gas en la manguera de una pipa que abastecía al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa causó una explosión en el edificio, cinco muertos y decenas de heridos. El jefe del GDF, Miguel Ángel Mancera, dijo entonces que la reconstrucción tomaría un año. Sin embargo, el GDF apenas comenzó los estudios de suelo para determinar qué tipo de cimentación se necesitará. El nuevo hospital será general y tendrá 72 camas, laboratorio y áreas de urgencias y terapia intensiva.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR:
MÉXICO, DF: El precio de la mezcla mexicana de petróleo logró su tercer día consecutivo al alza, al cerrar este día en los 25.04 dólares por barril, lo que significa un crecimiento de 7.1% respecto del miércoles 27, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los precios internacionales del crudo continúan recuperándose ante la creciente posibilidad de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) alcance un acuerdo para reducir la producción del combustible, en un entorno de sobreoferta mundial.
Rusia ha encabezado las negociaciones y el ministro ruso de Energía, Alexander Novak, señaló que “actualmente los países de la OPEP tratan de acordar una reunión en febrero con presencia de países fuera de la organización. Ciertas naciones han presentado esta iniciativa y la cuestión se está discutiendo en estos momentos”.
La noticia cayó bien para el petróleo mexicano que, del lunes hasta este jueves, ha ganado terreno en 14.4%, justo a un día de que las autoridades hacendarias anunciaron intervenir financieramente en Pemex, ante la profunda crisis que vive.
Por su parte, el petróleo del Mar del Norte se ofertó en 33.89 dólares por barril en el Intercontinental Exchange de Futuros de Londres (ICE), lo que significa un crecimiento de 2.35% respecto del día inmediato anterior.
Mientras que el West Texas Intermediate (WTI) logró recuperar 2.8% de su valor respecto del miércoles 27 en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) al cotizarse en 33.22 dólares por barril.
Durante el 2015 el retroceso de los precios del crudo y de la producción provocó que las exportaciones petroleras del país registraran una caída de 45%, al registrar ventas por sólo 23 mil 432 millones de dólares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428034
MORELIA, Mich: Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero esperan “que el Papa Francisco pueda dar un pronunciamiento sobre los casos de desaparición forzada en el país, específicamente en el caso de los estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos”, aseguró Melitón García, padre de uno de ellos.
En conferencia de prensa, agregó que los familiares de las víctimas no creen en las autoridades debido a que no han mostrado voluntad para resolver el caso.
Dijo: “Esto se ve al ver cómo resolvieron tan rápido el caso de un narcotraficante como lo es Joaquín Guzmán Loera, que en pocos meses fue recapturado y a más de un año del caso de nuestros hijos aún no hay claridad en el caso”.
Así lo declaró, luego de que los integrantes de la Tercera Caravana de Padres de Familia de los 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” realizaron una marcha de Xangari hasta el Palacio de Gobierno en el centro de la capital.
El contingente recibió el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), normalistas de Tiripetío e integrantes de algunos sindicatos adheridos al Frente Cívico Social.
Los familiares de los estudiantes llegaron a Morelia y pernoctaron en las instalaciones de la Normal Rural “Vasco de Quiroga”.
Su estancia en Michoacán es parte del recorrido que iniciaron el pasado 16 de enero en el norte del país y que ahora se concentra en el centro. Desde entonces han recorrido 14 estados con la misma exigencia desde el 26 de septiembre de 2014, cuando sus hijos desaparecieron: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
De acuerdo con Juan José Ortega Madrigal, líder dela CNTE, Morelia es el último punto del recorrido de la Caravana.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428004
MÉXICO, DF: En respuesta a la “crisis sin precedentes” que atraviesa el estado de Morelos, aunado a los ataques del gobernador Graco Ramírez contra la Universidad (UAEM), el rector de la institución, Jesús Alejandro Vera Jiménez, llamó a los morelenses a sumarse al proyecto de redactar una nueva constitución para 2018 y pronunciarse sobre la revocación del gobierno actual.
Por su parte, el poeta y activista Javier Sicilia, quien ahora labora en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, explicó a Apro que la idea de establecer un constituyente ciudadano-popular en la entidad derivó del movimiento nacional que inició el obispo Raúl Vera para refundar el pacto social del país “desde la base”.
“El constituyente es el órgano que rehace el pacto social. Ha habido dos en este país: el que formaron los criollos y luego el de los generales de la Revolución”, dijo, y añadió que en Morelos “existe la tradición zapatista enraizada en los pueblos, que pese a la destrucción sistemática por los gobiernos, sigue teniendo el rostro pueblerino, de localidades y de vínculos profundos entre la gente”.
Prosiguió: “Hemos visto pasar todos los gobiernos: desde los priistas, quienes iniciaron el problema con Jorge Carrillo Olea (1994-1998), luego pasaron los panistas con Sergio Estrada Cajigal (2000-2006) y Marco Antonio Adame (2006-2012), y ahora tenemos un gobierno del PRD. ¿Qué hemos visto en 20 años? Un profundo deterioro y una profunda destrucción, y la gente está harta. Hay que aprovechar este hartazgo y esta tradición zapatista en el estado”, apuntó.
De acuerdo con el poeta y colaborador de Proceso, las comunidades están interesadas, pero el problema es hacer la metodología para que las propuestas del propio pueblo se expresen. “Tenemos que hacer esta constitución ajena al crimen organizado y a la clase política, que usan la vida de la gente para sus propios provechos”, apuntó.
No obstante, admitió que existen riesgos de que “parásitos, oportunistas y los propios criminales” intenten cooptar el movimiento.
De su lado, el rector y el cuerpo académico de la UAEM denunciaron “amenazas y agravios” contra miembros de la comunidad académica por parte del gobernador Graco Ramírez, con quien mantienen una abierta confrontación.
En conferencia de prensa, los universitarios encabezados por Vera Jiménez aseguraron que el gobierno de Morelos trata de asfixiar económicamente a la UAEM, pues hasta ahora no ha firmado el convenio de subsidio ordinario de 2016, por lo que no han recibido ningún dinero y, por tanto, no se ha podido cubrir la nómina de enero.
También acusaron que el gobierno estatal no realizó las obras de infraestructura prometidas, además de que eliminó la recaudación especial de impuestos para la universidad y no ha entregado el dinero correspondiente a la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
“Exigimos que el gobierno entregue los recursos y las obras y que no condene a la universidad por no concordar con sus puntos de vista”, planteó Vera Jiménez, y anunció que los universitarios protestarán próximamente contra los ataques del gobierno de Ramírez.
Asimismo, emplazó al Congreso de Morelos a integrar en menos de 15 días el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, que realizará las consultas entre la ciudadanía para revocar el mandato del perredista.
El rector recordó que hace dos años el mismo Graco Ramírez se comprometió a someter su mandato a consulta popular cada dos años, argumento con el cual, dijo, “atrajo a mucha gente”, pero nunca cumplió.
Sostuvo que más bien adoptó una actitud de negación ante el hundimiento del estado en una crisis de violencia, que incluso resultó ser el más violento del país en 2014, y el año pasado se situó entre las cinco entidades con mayor ocurrencia de delitos de alto impacto en México.
Vera precisó que en lo que va del gobierno de Graco Ramírez se han perpetrado al menos mil 700 homicidios –33 de ellos en los primeros 25 días de enero–, uno de los cuales fue el de Gisela Mota Ocampo, la alcaldesa de Temixco.
Y agregó que la pobreza en Morelos se incrementó de manera más importante en los últimos dos años, debido a los “megaproyectos” que incentivó el gobierno y “destruyen los tejidos sociales”.
El gobierno de Graco Ramírez prefirió cobijarse en una “posición ideológica que pretende justificar la criminalidad y la desigualdad”, remató.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428048
México, DF. El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, demandó en el Senado que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) se discuta y ratifique hasta después del proceso electoral en Estados Unidos, a fin de evitar que “nos dejen colgados de la brocha”.
Durante la octava reunión plenaria de los senadores del PRI y el PVEM, el funcionario pidió “cautela” y argumentó que es necesario empatar la discusión del tratado en los congresos de Estados Unidos y México, lo que sería después de noviembre. Ello, explicó, porque la campaña presidencial en Estados Unidos entorpece la posibilidad de que el ATP sea aprobado en el período que va hasta el receso del verano.
Jonathan Alejandro Cabañas Ortega fue encarcelado acusado de robo con violencia desde hace más de medio año; sin embargo, su familia sostiene que policías municipales de Naucalpan, Estado de México, falsearon información y le fabricaron esos delitos porque el joven se opuso a subir a una patrulla, luego que los uniformados, de manera altanera y agresiva, se empeñaran en realizarle una revisión.
La detención tuvo lugar el 29 de mayo pasado, cuando Jonathan caminaba por la localidad con una cerveza de lata cerrada en la mano.
Al ser abordado por los uniformados, Cabañas se negó a ser revisado y declaró no haber ingerido bebidas alcohólicas en la vía pública. Los vigilantes solicitaron refuerzos. Elementos de la policía estatal arribaron a la zona y a golpes, sometieron al joven; sus familiares afirman haber sido testigos de la agresión física y también haber sido golpeados.
Además de los porrazos al momento de la aprehensión, la familia de Jonathan denunció que los uniformados continuaron torturándolo mientras lo trasladaban al Ministerio Público, aun y cuando él lloraba y les suplicaba que se detuvieran. Los uniformados lo confrontaron: “aguántese, cabrón. ¿No que muy machito?”, le dijeron.
No conformes, antes de llegar a la oficina donde sería remitido Cabañas, los policías hicieron un alto. En una zona solitaria lo bajaron del vehículo y continuaron golpeándolo hasta casi dejarlo inconsciente. Ahí recibió descargas eléctricas en la cabeza y testículos. Las lesiones quedaron registradas en el examen médico que se le realizó en el Ministerio Público.
Ya frente a las autoridades, Jonathan fue acusado de portar un arma de fuego y del robo de un teléfono celular y 800 pesos de la tienda Bodega Aurrera, ubicada en San Rafael Chamapa y Luis Donaldo Colosio –en la vía que conecta a Naucalpan con Toluca- por lo que, contrario a lo que pasa con nuestro sistema de justicia en la mayoría de los casos, rápidamente fue sentenciado por robo con violencia.
Semanas más tarde fue trasladado al Centro Preventivo y de Readaptación Social “Juan Fernández Albarrán”, ubicado en el municipio de Tlalnepantla. Días después Jonathan denunció que al ingresar, le advirtieron: “de allí se sale loco o muerto”.
A partir de la detención y de las agresiones y torturas a las que fue sometido, Cabañas Ortega tiene secuelas físicas y psicológicas.
Sus familiares denunciaron que padece constantes dolores de cabeza y lo que ellos llaman “delirio de persecución” y aunque las autoridades penitenciarias afirman dar tratamiento médico al joven, no es claro en qué consiste este o qué tipo de medicamentos recibe, aunque creen que puede tratarse de algunos que son prescritos a pacientes con esquizofrenia.
La familia de Jonathan teme por su integridad personal, pues es evidente que su estado de salud físico y psicológico va en detrimento. Aunado a esto, denunciaron que la segunda semana de diciembre, el joven recibió un fuerte golpe en la cabeza; sin embargo, contó a sus familiares que el golpe le fue propinado con una banca, prefirió no señalar a los responsables por miedo a alguna represalia.
Su condición psicológica empeora y sus familiares han podido constatar en su expediente médico que no hay un diagnóstico sobre sus síntomas y mucho menos un seguimiento puntual del tratamiento médico al que ha sido sometido.
Preocupados, los familiares afirman que Jonathan ha recibido malos tratos y tortura al interior del mismo reclusorio.
Justicia, la exigencia
Las organizaciones que integran la Red de Alerta Temprana, exigieron a las autoridades penitenciarias trasladar inmediatamente a Jonathan Alejandro Cabañas Ortega a un centro hospitalario especializado –externo al centro penitenciario- para que se le realice una valoración neurológica, psicológica y psiquiátrica integral, y así obtener un diagnóstico de su estado de salud y de los padecimientos que pudiera presentar.
Además, solicitan que se autorice la visita del médico Adrián Ramírez López y de la psicóloga María Isabel Mazo, para que valoren al joven, a petición de los familiares del interno quienes ya entregaron los documentos de autorización a las autoridades del centro preventivo; también solicitan que, una vez valorado y en caso de que así lo requiera, se facilite el internamiento de Jonathan a un centro hospitalario, como se establece en los principios de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.
Al Estado mexicano le exigen cumplir con su responsabilidad internacional de prevenir y sancionar todo acto de tortura, como lo establece la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y no someter a nadie a penas o tratos crueles, inhumanos o degradante, disposición que fue signada en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Los defensores de derechos humanos exigen que las “autoridades competentes” investiguen los actos de tortura denunciados y los señalamientos sobre falsedad de declaraciones de los uniformados; de comprobarse estas, solicitan que los responsables sean enjuiciados y castigados por un tribunal “imparcial e independiente”, para que se les apliquen penas adecuadas a la gravedad de sus acciones.
Para Jonathan Alejandro, como víctima de tortura, exigen se garantice su derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para que pueda acceder a una rehabilitación lo más completa posible, además, que se eviten retardos en la administración de justicia.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0.
AUTOR: CECILIA BALDERAS.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/toques-electricos-en-los-testiculos-tortura-a-la-que-fue-sometido-jonathan-municipales-le-fabricaron-delitos/
MÉXICO, DF: A pesar de tener un pasado cuestionado, Baltazar Hinojosa Ochoa fue elegido por la dirigencia nacional del PRI como su candidato a la gubernatura de Tamaulipas.
A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI informó que el diputado federal con licencia se registrará el próximo 30 de enero como aspirante a la gubernatura del estado de Tamaulipas, “por decisión unánime” de los sectores y organizaciones del partido.
Baltazar Hinojosa fue elegido como candidato a Tamaulipas a pesar de que se ha mencionado en distintas publicaciones que cuando fue aspirante al municipio de Matamoros en 2002 recibió dinero del cartel del Golfo.
En agosto del 2012, el diario Reforma publicó que en una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009) en contra los exgobernadores de Tamaulipas Tomas Yarrington y Eugenio Hernández, un elemento de la Policía Ministerial Estatal denunció que el Cartel del Golfo financió campañas de varios políticos priistas que llegaron a ser alcaldes en ciudades fronterizas, entre ellos Baltazar Hinojosa.
Según esta publicación, el policía ministerial hizo la declaración en el Consulado de México en San Antonio Texas, donde recibió los beneficios legales de testigo protegido, el 23 de febrero de 2012. Desde entonces “Óscar” colabora con la investigación que se sigue en México y Estados Unidos.
Este policía ministerial habría entregado “varias maletas de dinero” a los futuros alcaldes de Matamoros en 1998 pues formaban parte del grupo de Yarrington. A cambio de sus aportaciones a las respectivas campañas, el Cártel del Golfo exigía designar al jefe de policía y rotar a los diversos mandos de las corporaciones locales.
A pesar de esta información que fue rechazada por Baltazar Hinojosa, el PRI lo seleccionó como su candidato para el gobierno de Tamaulipas pues, “cubre el perfil político que se requiere en estos momentos y cuenta con la experiencia administrativa y la preparación necesarias para encabezar el proyecto de modernización de Tamaulipas”.
Baltazar milita en el PRI desde 1981. Ha sido presidente municipal de Matamoros y diputado federal por su estado en tres ocasiones. En la administración pública federal ha ocupado diferentes responsabilidades. Inició su carrera de servicio público en la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, colaboró también en el INEGI donde ocupó, entre otros cargos, el de subdirector de Presupuesto y Secretario Particular del Presidente de instituto.
Fue delegado federal de la Sedesol en Coahuila; miembro del Consejo de Administración de Banobras y se desempeñó como secretario técnico del director general de Petróleos Mexicanos, entre otros cargos.
A nivel estatal, fue secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Tamaulipas (abril-diciembre 2000) y secretario de Educación, Cultura y Deporte del Estado de Tamaulipas (2001-2003). Fue coordinador de la Primera Circunscripción regional electoral durante la campaña de Enrique Peña Nieto. Es Licenciado en Economía por la Universidad de Monterrey.
Al inicio de la presente administración fue designado director de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428041
MÉXICO, DF: El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones dieron a conocer los detalles de la licitación de la Red Compartida en la banda 700 Mhz para llevar banda ancha móvil a todo el territorio mexicano, que incluirá inversión extranjera de hasta 100% en un modelo de Asociación Público-Privada (APP) hasta por 20 años.
El costo original de la Red Compartida, estimado en 7 mil millones de dólares, se incrementó a causa de la devaluación del peso. De los 90 mil 705 millones de inversión que originalmente se calcularon en 2013, ahora se elevó a 126 mil 550 millones de pesos.
En conferencia de prensa, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, afirmó que se trata del proyecto más ambicioso en materia de telecomunicaciones del presente sexenio, que pondrá a disposición los 90 Mhz de la banda 700 Mhz, recién liberada con el apagón analógico, y el gobierno federal aportará 2 pares de fibras ópticas de la red troncal.
El calendario dado a conocer esta tarde indica que mañana se anunciarán las bases de licitación, y el fallo final se dará a conocer el 24 de agosto de este año. El objetivo es que al sexto año alcance una cobertura de 85% del territorio nacional.
La Red Compartida pretende ampliar la penetración de internet en banda ancha en las zonas rurales. Por tanto, la empresa o el consorcio de compañías que gane la licitación deberán cumplir con el objetivo de ofrecer cobertura tanto en poblaciones de más de 10 mil habitantes como en localidades de menor población.
Se le llama Red Compartida porque “tomará ventaja de la infraestructura existente y será utilizada por numerosos clientes”, aclaró Ruiz Esparza.
Las bases de licitación, añadió, implicaron un “arduo trabajo conjunto” entre esta dependencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se nombró a la organización Transparencia Mexicana como testigo social de la licitación.
Por su parte, el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, aclaró que la Red Compartida ofrecerá infraestructura en condiciones no discriminatorias.
Y los consorcios internacionales interesados en participar requerirán de la opinión del IFT en materia de competencia para poder participar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428046
MÉXICO, DF: El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el principal cuerpo deliberativo y de decisiones del organismo internacional, se ha hecho eco de la crisis de la desaparición forzada de personas en México.
La desaparición de miles de personas en el país en el contexto de la inseguridad y violencia que llevan ya una década desbordadas fue revisada esta semana por los 15 países que integran el máximo órgano de la ONU, empezando por los cinco permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia.
Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto se reconoció la existencia de al menos 26 mil personas desaparecidas, aunque después el propio gobierno quiso darle otra dimensión y habló de 13 mil desaparecidos.
Pese a que la verdadera cifra se desconoce debido a la falta de registros confiables, el problema es de tal dimensión que mereció ser tratado en el Consejo de Seguridad, donde se toman las decisiones de sanción a los países miembros que violan el derecho internacional, entre ellos el del respeto a los derechos humanos.
El Consejo también puede proponer acciones de intervención internacional ante crisis humanitarias. Ante los pactos de impunidad entre la clase política para investigar y establecer responsabilidades, es cada vez más necesaria una intervención internacional humanitaria en México.
La hermana Consuelo Morales Elizondo, Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 y fundadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), estuvo en esa reunión del Consejo de Seguridad y le pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto aceptar ayuda internacional en estas tareas.
A partir de su experiencia en Monterrey, la religiosa habló de la impunidad generalizada que prevalece en el caso de las desapariciones.
El Estado mexicano lleva años demostrando al mundo que es incapaz de cumplir con su razón de ser: darle seguridad a las personas, tanto en su integridad, como en la posesión de sus bienes, y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Y aunque no se puede afirmar que el Estado mexicano es el responsable directo de todas las desapariciones en el contexto de la confrontación armada entre los grupos que se disputan el mercado de las drogas, es evidente su fracaso en dar seguridad a sus habitantes.
Es tal el descrédito internacional de México que en esa misma reunión, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Samantha Power le dio a México el mismo tratamiento que a Sri Lanka, tanto por el número de desaparecidos, como la respuesta de los gobernantes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el caso de los 43 normalistas desaparecidos, ha demostrado que mientras no haya un compromiso serio del Estado mexicano, la intervención internacional puede acabar en una frustración más.
Con el actual funcionamiento de las procuradurías de justicia, los pactos políticos de impunidad y las respuestas del Estado a la crisis de inseguridad, que no pocas veces son criminales –como la desaparición de personas a manos de policías o militares–, es claro que la solución a la crisis humanitaria en México está más allá de nuestras propias fronteras.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428064
El ex presidente del PRI y ex gobernador de Coahuila es investigado por lavado de dinero y organización criminal.
La Fiscalía Anticorrupción de España acordó no impugnar la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien el pasado 22 de enero decretó la libertad del ex gobernador del estado mexicano de Coahuila, Humberto Moreira.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción confirmaron lo anterior y señalaron escuetamente que se decidió no recurrir tras analizar la situación personal del ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De esta forma, Moreira recibirá su pasaporte, que se le había retirado en espera de una posible apelación, y podrá salir de territorio español.
Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que el político mexicano continúa estando bajo investigación en un proceso judicial en España y tendrá que apersonarse y declarar si el juez Santiago Pedraz así lo solicitara.
Moreira es investigado en un caso de procedimiento penal, junto con otras personas, cuyos nombres no se han dado a conocer debido a que el proceso está bajo secreto de sumario.
El pasado 15 de enero, el juez de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional española, José de la Mata, dictó ingreso en prisión para Moreira, detenido en esta capital en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, a donde llegó procedente de México, conforme a una orden de detención emitida por Pedraz a petición de la Fiscalía Anticorrupción de España.
Al que fuera presidente nacional del PRI en 2011 se le acusó de lavado de dinero, organización criminal, malversación de caudales públicos, y cohecho.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2901/mexico/fiscalia-anticorrupcion-de-espana-no-impugna-libertad-de-moreira-y-podrian-regresarle-su-pasaporte/
Chilpancingo, Gro. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en esta capital, Adrián Alarcón Ríos, anunció que ante el embate de la delincuencia organizada los empresarios de Chilpancingo formarán sus propios equipos de seguridad.
Entrevistado luego de una reunión de integrantes de ese organismo con el secretario de Gobierno estatal, Florencio Salazar Adame, reveló que en los primeros 28 días del año cinco hombres de negocios han sido secuestrados, siete abandonaron la ciudad y “35 negocios han cerrado, sin contar tortillerías, que son un asunto aparte”.
Expresó que en la capital guerrerense existe temor por la violencia y muchos ciudadanos han preferido marcharse.
“Tengo un vecino que es teniente del Ejército Mexicano, y el día de hoy los vimos sacando sus cosas porque se van a Cuernavaca, Morelos”, contó.
Criticó la postura del alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena. “Resulta que cuando (los empresarios) nos atrevemos a participar no le gusta y batea nuestros puntos (de vista).
“Ya le dijimos que la Coparmex apoyará su proyecto de Vecino vigilante, pero no creemos que con esta acción aislada se vaya a resolver el problema. Necesitamos todo un programa de seguridad”, expuso.
Recordó que los hombres de negocios de la ciudad entregaron a Leyva Mena una propuesta de programa integral de seguridad de nueve puntos, “pero él está en un actitud soberbia. Le hago un llamado para que nos reunamos y demos vuelta a la página.
“La delincuencia organizada está actuando pero la delincuencia común está en recreo porque las autoridades pretenden cuidar con 115 policías más de 600 colonias de Chilpancingo”.
El gremio patronal, subrayó, considera que el presidente municipal “está mal asesorado. Le pedimos que convoque a la cuarta reunión; queremos buscar soluciones con él. No es un asunto personal, porque lo estimo y respeto. Lo estamos esperando para coordinarnos y recibir propuestas”.
Adrián Alarcón consideró que la medida de armarse es “desesperada”, pero los habitantes de Guerrero desean que el gobierno federal voltee esta entidad que, dijo, ocupa el último lugar nacional en desarrollo y al mismo tiempo la primera en inseguridad.
Puntualizó que la Coparmex no promueve que los empresarios se armen, pero tampoco lo impedirá porque están en su derecho.
El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, presente en la reunión con los integrantes de la Coparmex, reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional otorgó permisos a civiles para portar armas que no sean de grueso calibre.
Sin embargo, llamó a los hombres de negocios a que no tomen esa “medida extrema”, pues “portar armas genera más violencia”; sin embargo, admitió que el gobierno de Guerrero “no tiene recursos suficientes para atender este problema”.
Tampoco se cuenta con una policía capacitada para enfrentar a la delincuencia. “Había un gobierno fragmentado y nosotros recibimos una administración con un déficit de casi 20 mil millones de pesos”, justificó.
“Esta es la última oportunidad del gobierno para que Guerrero vuelva a la normalidad. Si no, vamos a caer al precipicio”, advirtió Salazar Adame. Insistió en que la situación financiera en la entidad es “muy complicada” y por ello se requiere la presencia del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Armada de México en Chilapa y otras regiones donde está “focalizada” la inseguridad.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO ARISTA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/28/confirma-coparmex-secuestro-7238.html
El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del gobierno de Enrique Peña Nieto, implica una inversión de miles de millones de dólares. Por lo pronto, en las licitaciones para las obras preliminares se les asignaron contratos a empresas y consorcios relacionados por negocios o lazos familiares con el priismo mexiquense. Y todavía falta lo mejor del botín…
MÉXICO, DF: Aunque el gobierno federal presumió de máxima transparencia y de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo asesoró en “integridad” y “mejores prácticas”, no evitó que los primeros contratos para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se asignaran a constructoras relacionadas por vía familiar y de negocios con el priismo mexiquense.
Entre los ganadores de las primeras tres licitaciones destaca Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos (Tracotamsa), propiedad de Rolando Cantú Barragán, un contratista que hasta hace poco sólo operaba en Tamaulipas y es primo de Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de Grupo Higa, quien construyó y financió las residencias de la primera dama, Angélica Rivera, y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Desde noviembre de 2014, este semanario publicó que Tracotamsa pasaba por una fase de prosperidad (Proceso 1985). Pero fue hasta el pasado 16 de diciembre cuando salió de Tamaulipas y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) le asignó la construcción de caminos provisionales del NAICM por más de 608 millones de pesos.
Tracotamsa concursó y ganó la licitación en consorcio con Inmobiliarios Mexicanos, de la cual no se encontraron antecedentes de proveeduría gubernamental, sólo de oferta de vivienda en Reynosa, donde radica su dueño y de donde también es originario Hinojosa. El columnista de Milenio Tampico Eduardo Javier González publicó el 21 de diciembre que Inmobiliarios Mexicanos pertenece a Cantú Barragán.
El mismo 16 de diciembre, el GACM anunció el fallo de la segunda licitación, en la que ganó el consorcio formado por Omega Construcciones Industriales, Calzada Construcciones (Calco) y Construcciones y Dragados del Sureste (Cydssa). Las dos últimas están asociadas de manera permanente en la razón social Hidrovías y Carreteras (Hycsa).
Calco es propiedad de Alejandro Calzada Prats, hijo del priista tabasqueño Feliciano Calzada Padrón, que fue secretario particular de Roberto Madrazo Pintado y colaborador en sus aventuras presidenciales de 2000 y 2006 (Proceso 1245 y 1999). El grupo político de Madrazo ha tenido una histórica relación con la familia Hank, cuyo extinto patriarca, Carlos Hank González, fue cabecilla del llamado Grupo Atlacomulco. En tanto, Cydssa, también de origen tabasqueño, es encabezado por Sergio Roberto Valenzuela Aguilera.
Hycsa señala en su sitio de internet que para operar concesiones carreteras está asociada con La Peninsular. Esta constructora es subsidiaria de Grupo Hermes, el corporativo de Carlos Hank Rohn, hijo de Hank González.
Omega Construcciones Industriales es parte del Grupo Omega, un conjunto de empresas con numerosos contratos con el Gobierno del Distrito Federal para obras como la remodelación del Autódromo Hermanos Rodríguez y la Línea 6 del Metrobús. Se especializa en construcción de infraestructura, además de ser concesionaria de carreteras y franquicias gasolineras.
Omega, propiedad de Jorge Miguel Melgarejo Hadad, forma parte del consorcio que construirá la tercera etapa del tren interurbano México-Toluca, otra obra emblemática para la administración peñanietista y cuyos principales constructores son cercanos a la élite política mexiquense y a las empresas relacionadas con ella.
Es el caso de OHL México, filial de la trasnacional española con acusaciones de corrupción. La preside el priista José Andrés de Oteyza, quien fue secretario de Estado en el sexenio de José López Portillo, y fue miembro de su consejo el actual titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Para la licitación correspondiente, OHL México participó en consorcio con La Peninsular, de Hank Rohn.
Expansiones sexenales
Tracotamsa, la empresa de Cantú Barragán, opera desde 2002 como contratista de obra pública federal. Se especializa en caminos y carreteras, pero sólo tiene antecedentes como proveedora gubernamental en Tamaulipas.
Entre 2002 y 2012, obtuvo 17 contratos, principalmente de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Tamaulipas y de Pemex Exploración y Producción. En esos contratos sumó mil 627 millones de pesos por realizar obras en carreteras, caminos de terracería y reparación de tramos.
A partir de que Peña Nieto asumió la Presidencia, las operaciones del primo de Juan Armando Hinojosa Cantú se expandieron: salió de Tamaulipas para realizar al menos una obra portuaria en Campeche y, ahora, incursionar en el NAICM.
En el primer trienio del gobierno de Peña Nieto, Cantú Barragán ha obtenido 17 contratos, los mismos que consiguió en la década precedente, pero obtuvo casi el doble de ingresos, pues entre 2013 y 2015 acumula ya 2 mil 890 millones de pesos.
Estos cálculos provienen de consultas en el Portal de Obligaciones de Transparencia, donde debe colocarse toda la información sobre los contratos gubernamentales, y de la base de datos Compranet, donde se registra a los proveedores. Pero en dichas plataformas no se transparenta todo. Por ejemplo, no se encontró ahí registro del contrato para la construcción del puerto de Matamoros, asignada por la SCT a Tracotamsa en 2013 por mil 400 millones de pesos, aunque el proyecto fue ampliamente difundido por funcionarios y dependencias federales en Tamaulipas.
En la misma situación se encuentran las firmas tabasqueñas Calco y Cydssa, que integran el Grupo Hycsa y están asociadas con la constructora de Hank Rohn.
Entre 2006 y 2012 Calco había conseguido 29 contratos que le reportaron ingresos por 2 mil 92 millones de pesos, con sus operaciones limitadas a Tabasco, Campeche y regiones limítrofes con esos estados en Veracruz y Oaxaca. Pero a partir de 2012 extendió sus operaciones a Hidalgo, Puebla, Sonora y la Ciudad de México. El gobierno de Peña Nieto le ha entregado sólo ocho contratos, pero éstos le han rendido ingresos por 2 mil 64 millones: casi lo mismo que antes de la administración de Peña Nieto pero en la mitad del tiempo.
Por otra parte, en asociación con Calco y con el Grupo Garza Ponce –constructora de los concuños del exgobernador de Nuevo León, Natividad González Parás– Cydssa obtuvo un contrato por 895 millones para construir un túnel en el Sistema Cutzamala, de la cuenca de aguas del Valle de México. Sin contar este contrato ni el del NAICM, Cydssa ha obtenido 372 millones en asignaciones del gobierno de Peña Nieto.
Los registros públicos sobre Hycsa son limitados, pero en su página de internet indica que tiene 23 obras públicas terminadas y 12 en marcha.
La transparencia y los fallos
El 29 de septiembre de 2015, el GACM –la semiparaestatal a la que el gobierno de Peña Nieto concesionó el proyecto– publicó la primera convocatoria de licitación de los 21 paquetes de contratos para la construcción del NAICM.
En un comunicado del 18 de noviembre, el GACM se jactó de ser “punta de lanza en el compromiso del gobierno de la República en materia de transparencia, rendición de cuentas, innovación en modelos de gobernabilidad de proyectos de infraestructura y aplicación de estándares de datos para contrataciones abiertas, relativas a las obras para la construcción del NAICM”.
Decía contar con prácticas de “gobierno corporativo” y blindaje total para la transparencia mediante la incorporación a los procesos de licitación de testigo social, notario público y especialistas técnicos y normativos, así como la trasmisión en vivo de los fallos de los concursos.
Las recomendaciones de la OCDE van en línea con las medidas adoptadas por el GACM, como el diagnóstico, rediseño y reforzamiento de su estructura orgánica y la elaboración de un plan de acción. Según el comunicado, esas medidas se aplican de manera sistemática.
Dichas prácticas de transparencia y rendición de cuentas se llevaron a cabo, incluidas las transmisiones de los fallos de cada licitación, aunque no fue en directo sino con fechas diferidas.
De entre 32 propuestas realizadas por 80 empresas, el 11 de diciembre el GACM declaró a Coconal ganadora del contrato por mil 762 millones de pesos para la nivelación y limpieza de terreno. Cinco días después se emitieron los otros dos fallos.
El contrato de caminos provisionales, por el cual concursaron 97 empresas y una persona física que ofrecieron 47 propuestas, fue asignado a Tracotamsa. El fallo para el contrato de carga, acarreo y desazolve –al que aspiraban 69 empresas que presentaron 37 propuestas– se le otorgó al consorcio formado por Omega, Calco y Cydssa.
El resultado general es que, en las licitaciones para las obras preliminares a la construcción del NAICM, participaron 224 empresas y 116 proyectos, de los cuales el GACM se inclinó precisamente por las relacionadas con el priismo del Estado de México.
El 11 de diciembre, el GACM había adjudicado otro contrato a Coconal, la constructora de Héctor Ovalle que formaba parte del consorcio al cual se le otorgaría originalmente un enorme paquete para el NAICM.
En dicho grupo participaban CICSA, de Carlos Slim; ICA, de Bernardo Quintana; Prodemex, de Olegario Vázquez Raña; Marhnos, de Nicolás Mariscal Servitje; Tradeco, de Federico Martínez; Grupo Higa, de Hinojosa Cantú; Grupo Gia+A, del cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard; y La Peninsular, de Hank Rohn (Proceso 2001).
Pero esa asignación fue cancelada en enero de 2015, tras las revelaciones periodísticas que documentaron la construcción de la llamada “Casa Blanca”, cuya propiedad se atribuyó Angélica Rivera y admitió que Hinojosa Cantú la construyó y financió.
En el primer paquete de licitaciones para el NAICM, hasta ahora Coconal es la única empresa de aquel consorcio que consiguió asignación.
Las empresas que integran Grupo Higa o son propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú tampoco han participado en los procesos licitatorios desde el escándalo que provocó el reportaje “La casa blanca de Peña Nieto”, publicado en noviembre de 2014 por el equipo de investigación de Aristegui Noticias. Las empresas de Hinojosa Cantú dejaron de ser contratadas; al menos no aparecen en los registros de compras y proveeduría gubernamental con nuevas asignaciones, aunque sí aparecen las de su primo Cantú Barragán.
En pocos meses se vinieron abajo los contratos en los que participaba Grupo Higa, primero al abortar la licitación del tren México-Querétaro en noviembre de 2014, luego con la cancelación del mencionado contrato para el NAICM en enero de 2015 y, finalmente, con la cancelación del acueducto Monterrey VI.
Los contratos entregados en el primer paquete de las 21 licitaciones para el NAICM, emitidos en diciembre pasado, apenas son para obras preliminares y sus montos son modestos. Conforme al llamado “Plan Maestro” del proyecto del NAICM, en 2016 se licitarán 10 paquetes más, donde se asignarán las obras principales del proyecto.
Se trata del edificio terminal, terminal de combustibles, plataformas de embarques, líneas de distribución de combustibles, sistema de ayudas a la navegación, el túnel central de servicios, las ayudas visuales, estaciones de bomberos, edificios de apoyo y entronques viales de acceso en su primera fase. De acuerdo con el GACM, se aplicarán en estas obras aproximadamente 6 mil millones de dólares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427893
Tenemos que frenar “a como dé lugar” el nuevo aeropuerto y construirlo en otra parte, porque no sólo es inconstitucional, incompatible y muy costoso, sino que dicho “botín” de la Presidencia implica un altísimo riesgo para la población y la infraestructura de la Ciudad de México. Lo anterior es afirmado por el exdirector de la Comisión Nacional del Agua José Luis Luege, quien sostiene que ese aeropuerto provocará enormes inundaciones y hundimientos de suelo en la ciudad.
MÉXICO, DF: El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la obra emblema del sexenio de Enrique Peña Nieto, esconde numerosos efectos nocivos, uno potencialmente catastrófico: las inundaciones que afectarían a millones de habitantes del área metropolitana de la capital del país y del Estado de México.
Estudios hidrológicos y geológicos, realizados por técnicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que el gobierno de Peña Nieto ha desdeñado, advierten que los terrenos del vaso del ex Lago de Texcoco no son aptos para ninguna construcción, menos para una obra con las dimensiones del nuevo aeropuerto.
La zona lacustre tiene una función regulatoria de inmensos volúmenes de agua de lluvia y drenajes que ha impedido inundaciones de grandes proporciones en el área metropolitana, pero también es estratégica para evitar que siga el hundimiento del suelo –que en esa parte es de hasta 40 centímetros anuales y que afectaría inclusive a la infraestructura del NAICM.
“La propuesta específica para construir en el sitio el NAICM conlleva grandes riesgos hidrológicos para la propia infraestructura y para la ciudad”, alerta la investigación “Consideraciones hidrológicas y ambientales para el posible desarrollo de infraestructura aeroportuaria en el Lago de Texcoco”.
El documento, elaborado durante dos años por los expertos de la Conagua tras la decisión de Felipe Calderón de anteponer el proyecto aeroportuario a un gigantesco parque ecológico y recreativo, recomienda no edificar el NAICM en Texcoco, sino explorar otras opciones para realizar una obra que estima necesaria, como Tizayuca, Hidalgo.
“Seguir fomentando el centralismo puede llevar al colapso de varios componentes de la zona metropolitana que ahora se encuentran en una situación crítica, particularmente el control de inundaciones y el abasto de agua”, establece el estudio, fechado en 2011 y del que Proceso tiene copia.
La conclusión es rotunda: “La construcción del NAICM representa un alto riesgo para la ciudad en términos de inundación, y es incompatible con la vocación reguladora de grandes volúmenes de agua de lluvia y drenajes que tiene el vaso del Lago de Texcoco. Es igualmente incompatible con los servicios ambientales que presta el Lago Nabor Carrillo como refugio de aves migratorias”.
Los análisis fueron entregados por José Luis Luege, director general de la Conagua en el gobierno de Calderón, al equipo de transición de Peña Nieto, durante una reunión celebrada el 18 de octubre de 2012 con funcionarios encabezados por Gerardo Ruiz Esparza, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, responsable del nuevo aeropuerto.
“Continuar con este proyecto representa un riesgo catastrófico para la ciudad”, ratifica Luege en entrevista, y afirma que el NAICM prevé también la destrucción del sistema “Casa Colorada”, una infraestructura de seguridad contra una inundación generalizada en la zona oriente de la Ciudad de México.
“¡Costó mil 600 millones de pesos, que se van a ir a la basura!”, revela, y explica que el proyecto contempla construir una de las pistas sobre la laguna de regulación y la planta de bombeo profunda del sistema “Casa Colorada”, obra que él hizo. “¡Si cae una tormenta se va inundar todo!”.
De hecho, tras los anegamientos de 2011 en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, Estado de México, así como en delegaciones del Distrito Federal, como consecuencia de la tormenta tropical Arlene, los estudios de la Conagua prevén tormentas de mayores dimensiones, sobre todo por el cambio climático.
“A pesar de su intensidad, esta tormenta (Arlene) no tuvo el potencial de daño que se espera tenga una tormenta que ocurrirá en el futuro de acuerdo a las proyecciones estadísticas”, alerta la investigación de la Conagua.
El exfuncionario recuerda que, en la reunión con Ruiz Esparza, le hizo tal advertencia, pero él la desestimó y más bien lo quiso cooptar: “Yo le dije en la transición: ‘¡No quiero ser profeta del desastre, pero nos va a llevar la chingada a todos!’”.
–¿Y qué le respondió?
–Ruiz Esparza me dijo una frase que en lo personal más me ha molestado en mi carrera como político: “No, José Luis, dinos cómo sí”.
Pero “cuando una cosa es no, no se debe hacer y punto. Me querían contratar para que yo les dijera el know how (saber cómo) de la cuestión hidrológica. Le dije: ‘Yo te doy el know how de hacer las cosas bien y no una chambonada’. Entonces, el tema es muy grave, muy serio”.
Otra preocupación fundamental, expone, es el hundimiento del suelo, ya que, según los geólogos, si se coloca un kilo de peso, se va hundir entre 20 y 40 centímetros por año: “Este hundimiento es catastrófico para la infraestructura de la cuidad, tanto la civil de comunicaciones, carreteras, caminos, como toda la infraestructura de obra pública y de edificios”.
Puro negocio
Ingeniero por la UNAM, con especialidad en metalurgia en México y en España, Luege fue titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el sexenio de Vicente Fox, así como director general de la Conagua a lo largo del sexenio de Calderón.
Vinculado desde estudiante con el plan de rescate del Lago de Texcoco, que comenzó en 1971 por un decreto presidencial que sigue vigente, Luege afirma que existe mucha desinformación y que se ocultan las graves consecuencias que tendrá para millones de personas la construcción del NAICM, en especial lo que tiene que ver con el agua.
Pero además existen disposiciones constitucionales y legales que lo prohíben.
Por ejemplo, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, “el vaso del ex Lago de Texcoco tiene el carácter de ‘depósito natural de aguas nacionales’ y, por lo tanto, no se puede hacer ningún tipo de construcción sobre estos terrenos”.
Esa misma ley indica que la Conagua “establecerá las normas o realizará las acciones para evitar que la construcción y operación de una obra altere desfavorablemente las condiciones hidráulicas de una corriente o ponga en peligro la vida de las personas y la seguridad de sus bienes o de los ecosistemas vitales”.
Justamente el 17 de octubre de 2012 –un día antes de la reunión que Luege tuvo con Ruiz Esparza–, el director técnico del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Martín Ortiz Montes, emitió el “Dictamen técnico de riesgo hidrometeorológico de la zona federal del ex Lago de Texcoco, municipio de Ecatepec, Estado de México”.
En él, transmitió dos recomendaciones a la Conagua para cumplir con el mandato de la Ley de Aguas Nacionales:
La primera: “Es indispensable realizar acciones necesarias para evitar que se alteren las funciones de regulación de las áreas de inundación y con ello se ponga en peligro la vida de las personas, la seguridad de sus bienes y se afecten los ecosistemas”.
Y la segunda: “No debe modificarse el uso del suelo en la zona federal del Lago de Texcoco, porque se perderá una zona de regulación y control de avenidas. Esta zona es fundamental para evitar sobrecargar el Sistema de Drenaje Metropolitano con las avenidas de los ríos de la Cuenca Tributaria del Valle de México, mismas que tienen como su zona de regulación natural en dicho lago”.
Pero la magnitud de las implicaciones negativas de dicho proyecto no sólo ha sido menospreciada por el gobierno de Peña, sino también por otros impulsores del mismo, como Mitre Corporation, la empresa trasnacional que asesora la obra.
Acompañado del entonces subsecretario de Gestión Ambiental de la Semarnat, Mauricio Limón Aguirre, Luege viajó a la ciudad de McLean, Virginia, para entrevistarse, el 28 de julio de 2011, con Bernardo Lisker, director de proyectos internacionales de Mitre.
El objetivo del encuentro fue analizar las repercusiones hidrológicas del nuevo aeropuerto y que, según el reporte oficial de la visita, no habían sido consideradas por Mitre:
“Pudimos advertir durante las discusiones con personal de Mitre que ellos no habían tomado en cuenta en toda su magnitud el problema hidrológico que implica la construcción del NAICM en el exvaso del Lago de Texcoco y su relación con el sistema de drenes del Valle de México. También pareciera que no tenían muy clara la configuración de las nuevas capacidades de regulación que se han propuesto por parte de la SCT, de diversas maneras, al sur de la zona de interés”.
Lisker y los miembros de su equipo, asienta el reporte, “estuvieron de acuerdo en que el problema de la protección contra inundaciones a las poblaciones vulnerables en las partes bajas de la zona metropolitana tiene prioridad de resolverse antes que pensar en otras infraestructuras”.
Otro obstáculo, se destacó, son las especies de aves del área, “algunas de las cuales se consideran muy peligrosas para efectos de la aeronavegación. En este tema, el panorama se antoja complicado para las poblaciones de aves permanentes y temporales en los diversos cuerpos de agua del exvaso y su potencial convivencia con el NAICM”.
Calderón avaló
Presidente del Partido Acción Nacional (PAN) capitalino en la primera parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del que fue tenaz crítico, Luege urge a crear un movimiento de oposición al presente plan del NAICM –cuyas inversiones serán de 169 mil millones de pesos– proponiendo que se edifique en otra parte.
Aunque él cree que la mejor opción es Tizayuca, Hidalgo, también respalda la opción de López Obrador, consistente en utilizar la base aérea de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, que fue descalificada por el gobierno de Peña Nieto.
“Tiene razón López Obrador: Es completamente compatible operar el actual aeropuerto con el de Santa Lucía, y la SCT está mintiendo”, enfatiza Luege, y asegura que detrás del NAICM existen sólo “negocios inmobiliarios” que él identificó al crear el proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco, que combatió invasiones y adquirió terrenos.
Mas Calderón, declara, prefirió impulsar el nuevo aeropuerto que le planteó el entonces titular de la SCT, Luiz Téllez, en una reunión del gabinete de infraestructura, de la que Luege formaba parte como titular de la Conagua. “A la mitad del sexenio, Calderón y Téllez me cambiaron la jugada”, dice.
Por eso, cuando Téllez plantea el nuevo aeropuerto, él intervino: “Frente al presidente dije: ‘Ese proyecto es absolutamente incompatible con lo que estamos haciendo’. Yo tenía registrado el Parque Ecológico como proyecto del bicentenario, pero lo cambiaron”.
–¿Por qué no se hizo el parque ecológico?
–Habría que preguntarle a Calderón como presidente. Yo le dije a Felipe: Este proyecto es incompatible, es contrario a nuestra política ambiental. Entonces la presión muy fuerte de la SCT hizo que Calderón dejara correr. Corrimos en dos pistas: yo con el parque ecológico, y Téllez con el proyecto del aeropuerto. Me bloquearon económicamente.
La única explicación, especula, es que el NAICM “responde a intereses de carácter económico de unos cuantos” para proyectos inmobiliarios y desarrollo de servicios, algo que viene desde los gobiernos estatales de Peña Nieto y su antecesor, Arturo Montiel. “El nuevo aeropuerto es el gran negocio de esta Presidencia. Hay funcionarios que dicen que si Carlos Salinas se enriqueció, si Miguel Alemán se enriqueció, por qué ellos no. Sí es un botín –delata–, y tenemos que frenarlo a como dé lugar.”
–¿Aún es posible frenarlo?
–¡Claro! Es un proyecto inviable, es incompatible, muy costoso y de un altísimo riesgo para la ciudad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427895
MÉXICO, DF: En el municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca, deberá permanecer el sistema normativo de la comunidad indígena para elegir a las autoridades municipales, porque su derecho a la autodeterminación está protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 2º constitucional.
Así lo estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al resolver el juicio SUP-JE-124/2015 y acumulados, con lo que revocó la sentencia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, que ordenó a las autoridades de San Sebastián Tutla realizar una consulta para elegir si se designan a las autoridades municipales a través del sistema de usos y costumbres o el régimen de partidos políticos.
En un comunicado, el TEPJF destacó que de realizarse la consulta se atentaría contra el sistema de usos y costumbres implantado con antelación, y contra el derecho a la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas, puesto que los ciudadanos del fraccionamiento El Rosario superan en proporción considerable a los habitantes de la comunidad indígena aludida.
En sesión pública, los magistrados reconocieron un conflicto entre una población mayoritaria de nuevos residentes en la comunidad indígena que mediante la consulta pretenden cambiar al sistema de partidos para elegir a las autoridades municipales.
De acuerdo con el texto del TEPJF, el magistrado Manuel González Oropeza consideró que el grupo de residentes quiere someter a la comunidad a una consulta y no se puede obligar a las comunidades indígenas a que cambien, a que varíen su sistema normativo y se les imponga el sistema tradicional de partidos políticos.
Citó a Hans Kelsen y su concepto de la democracia para establecer que “las mayorías no pueden aplastar a las minorías. La democracia es el respeto a las minorías”.
Añadió: “Estas zonas dormitorio en comunidades indígenas deben ser aceptadas por las comunidades y la tolerancia debe ser que sean sensibles para brindar oportunidades a estas personas no indígenas, a que presenten su trabajo comunitario, estén en armonía con el sistema normativo y puedan ellos votar de acuerdo con las reglas de las comunidades indígenas, es su derecho también”.
Al respecto, el magistrado Salvador Nava Gomar refirió que el artículo segundo de la Constitución federal defiende la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, por lo tanto los jueces deben hacer valer los derechos de las minorías o grupos vulnerables ante las mayorías, de una comunidad que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, que ha sido avecindada por una urbe.
“No porque unos vecinos suman más, van a cambiar los usos y costumbres. Esto es complejo, porque también los vecinos tienen derecho de participar como ciudadanos”, expresó.
La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa se apartó del proyecto al considerar que se debía revocar la sentencia de la autoridad municipal, a fin de que no se celebre la consulta y vincular al Congreso de Oaxaca, así como a las dependencias y entidades del Ejecutivo local con competencia para ello, para que inicien el proceso de creación de dos nuevos municipios.
La juzgadora sostuvo que debe prevalecer el reconocimiento del sistema normativo interno y la autodeterminación de elegir a sus autoridades, por lo que se rigen bajo sus propias normas, lo que debe prevalecer en la elección de sus propias autoridades.
Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del TEPJF, señaló que el proyecto no tenía como objetivo debatir si los derechos de votar y ser votado en el sistema normativo son respetados o no por las autoridades municipales.
Explicó que la pretensión de la consulta es que la comunidad en su conjunto se pronuncie “si migra del sistema de usos y costumbres con el que se ha regido la vida municipal de manera ancestral o de manera única en este municipio, al sistema de partidos políticos”.
Indicó que el derecho humano colectivo, reconocido a las comunidades indígenas de elegir de acuerdo con sus propias normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades que lo representen, encuentra un engranaje mayúsculo con el Convenio 169 de la OIT y otros documentos internacionales, así como en el artículo 2º constitucional.
“No sólo estamos resolviendo San Sebastián Tutla, tendría consecuencias y eso es lo que hay que ver con cautela; más de 400 comunidades se rigen con el sistema de usos y costumbres, así determinan su desempeño municipal y eligen a sus autoridades”, puntualizó.
A su vez, el magistrado ponente Flavio Galván Rivera expuso que el tema central de la controversia versa sobre la realización de una consulta, a fin de poder determinar cuál es el sistema electoral que debe prevalecer en el municipio de San Sebastián Tutla para la elección de los integrantes del Ayuntamiento, si el sistema normativo indígena o el sistema de partidos políticos, por lo que en el proyecto se proponía llevar a cabo la consulta solicitada por los ciudadanos del fraccionamiento El Rosario.
Manifestó que las prácticas comunitarias no deben limitar los derechos políticos-electorales de otros ciudadanos oaxaqueños, y que los usos y costumbres de las comunidades no deben ser contrarios a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los Tratados Internacionales. En ese sentido, argumentó que la vigencia del derecho pleno de autodeterminación no justifica conculcar otros derechos fundamentales de otros ciudadanos.
Explicó, asimismo, que el proyecto no pretende desproteger a la comunidad indígena, sino respetar el derecho de todos los ciudadanos de elegir su sistema electoral, lo que implica que para poder determinar el régimen electoral no sólo se debe tomar en cuenta a las comunidades indígenas. “Estaríamos contraviniendo lo previsto en esta fracción III del artículo 2º, apartado A, de la Constitución”, dijo.
El magistrado Pedro Esteban Penagos, quien respaldó el proyecto del magistrado ponente, expresó que la consulta tenía como eje ver el sistema a prevalecer para la elección de las autoridades municipales, con la nueva integración de ciudadanos en el municipio.
“La consulta para los integrantes del fraccionamiento es para determinar qué sistema electoral debe prevalecer para la elección de las autoridades municipales, no para las autoridades internas. Las comunidades tienen sus propias autoridades y las autoridades municipales tienen que ver por todos los integrantes del municipio, no sólo para la comunidad”, señaló.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427986
