La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) resolvió que no hubo ecocidio en el Malecón Tajamar, en Cancún. Esto, a pesar de que organizaciones civiles denunciaron que excavadoras ya destruyeron 90% del terreno.
El conflicto por el proyecto urbanístico Malecón Tajamar escribió ayer jueves 28 de enero un nuevo capítulo, luego de que las autoridades de la Procuraduría Federación de Protección al Medioambiente (Profepa) rechazaran en rueda de prensa que las obras estén provocando un “ecocidio” o “devastación ambiental” en el manglar Tajamar. Esta conclusión de la Profepa, que incluso deslindó de cualquier responsabilidad al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) –a la que organizaciones civiles apuntan como la culpable de los daños ecológicos al manglar-, provocó el rechazo de un grupo de ciudadanos que, de manera simbólica, clausuraron las instalaciones de la dependencia para expresar su malestar. A continuación, Animal Político te expone 10 puntos para que conozcas todas las claves sobre el proyecto Malecón Tajamar, y sobre la discusión que ha generado en los últimos meses. 1.- ¿Dónde está y qué es el proyecto Malecón Tajamar? El Malecón Tajamar es un desarrollo del Fonatur en la zona centro de Cancún, Quintana Roo, frente a la laguna Nichupté. El proyecto de 58 hectáreas fue urbanizado entre 2005 y 2008 con recursos federales para después ser lotificado y vendido a distintos desarrolladores inmobiliarios. Entre los proyectos detenidos está un desarrollo comercial, estacionamientos y oficinas de 50 mil metros cuadrados de la firma italiana Bi&Di; una zona residencial de tres mil 600 viviendas, torres condominales, y una basílica de la iglesia católica, entre otros. 2.- Más de 100 niños consiguen suspensión definitiva… y luego se la revocan El pasado 11 de noviembre de 2015, la noticia recorrió las redes sociales y los medios de comunicación: un juez con sede en Cancún concedió la suspensión definitiva de las obras en el Malecón Tajamar en favor de 113 niños que promovieron un amparo en contra de la devastación del manglar de Tajamar. No obstante, la resolución también fijaba una fianza de hasta 20 millones de pesos a los menores, con el objetivo, argumentó el juez, de compensar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionar a las 22 empresas que edificarían los proyectos turísticos en ese lugar. Los jóvenes tenían cinco días para reunir el dinero. No obstante, antes de que terminara el mes de noviembre, un Juzgado Federal determinó dejar sin efectos la suspensión definitiva. 3.- En cuatro días destrozan 90% del manglar, denuncian asociaciones El 16 de enero de este 2016, luego de que un Juzgado Federal dejara sin efectos la suspensión definitiva de las obras, la maquinaria pesada entró y devastó más de 90% de manglar Tajamar, denunció la asociación Salvemos al Manglar Tajamar, que responsabiliza de los hechos al presidente municipal de Cancún, Paul Carrillo, y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Según la asociación, desde las 4:00 de la madrugada del sábado 16 de enero, alrededor de 50 camiones con material, pipas de agua y retroexcavadoras ingresaron al Manglar Tajamar para rellenar, devastar y tratar de rescatar a la flora y fauna que ahí existía.
El ingreso de los camiones estuvo vigilado por granaderos, quienes cerraron los accesos al manglar y sólo permitieron la entrada de los camiones.
4.- Manifestación de Impacto Ambiental está vigente: gobierno de Quintana Roo Ante las protestas de organizaciones civiles y de vecinos, el gobierno de Quintana Roo salió a explicar que el reinicio de las obras de desmonte del manglar se llevó a cabo a partir de la decisión de un juez federal de dejar sin efecto la suspensión contra los trabajos. Además, por medio de un comunicado, el gobierno estatal informó que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), expidió la Manifestación de Impacto Ambiental a favor del desarrollador del Malecón Tajamar y que el documento está vigente, por lo que se pueden realizar las obras. 5.- Ciudadanos hacen petición en Change.org La explicación de las autoridades de Quintana Roo no satisfacen a activistas ni vecinos, quienes se manifestaron en contra de las obras en el manglar a través de la plataforma Change.org, en la que se publicó una petición para detener las obras. “Se está acabando con el hábitat de la fauna que allí habita y haciendo un daño imperdonable a la ecología”, denuncia la petición. 6.- Una esperanza: juez ordena nueva suspensión temporal El 20 de enero, la asociación Salvemos al Manglar Tajamar anunció que obtuvo un nuevo amparo para la suspensión provisional de toda obra en el manglar, luego de que maquinaria pesada entrara y devastara el 90% del terreno. A través de su perfil en Facebook, Salvemos al Manglar Tajamar, la organización informó que el Juzgado Segundo de Distrito concedió la suspensión provisional “para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, que se suspenda cualquier tipo de acto que implique la ejecución de remoción de cualquier tipo de vegetación así como el relleno con material pétreo en la zona denominada Malecón Tajamar”. 7.- FONATUR nos dijo que trasladaría a la fauna, dice empresario El empresario Francisco Córdova Lira, dueño de uno de los predios en el Malecón Tajamar, aseguró que FONATUR debe responder por la controversia legal y social porque él, como el resto de los compradores, no hicieron algo ilegal. En entrevista con Animal Político -que puede leer íntegra aquí-, Córdova Lira explicó que pagó 38 millones de pesos por el predio de 8 mil 500 metros cuadrados al gerente de comercialización y con la presencia del delegado regional de FONATUR en el estado, Gabriel Chavarría, en 2012. Para realizar la transacción, dijo el empresario, el FONATUR tenía toda la documentación en regla, incluyendo los permisos de impacto ambiental, emitidos por la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente (SEMARNAT). “Yo ya tenía el permiso y al biólogo para hacer la limpieza y el traslado de los animales al parque Kabah, en Cancún, como condicionaba el contrato, pero el FONATUR nos hizo firmar el convenio y supuestamente harían el traslado de la fauna”, insistió el empresario. Sin embargo, el permiso de Impacto Ambiental para la construcción vence en febrero próximo y, por tanto, el FONATUR devastó más de 90% de los manglares en un par de días, acabando con la flora y fauna, según denuncia la organización Salvemos al Manglar Tajamar. 8.- Nunca hubiera autorizado un proyecto com el Malecón Tajamar, dice titular de Semarnat El 26 de enero, en plena efervescencia por el proyecto Malecón Tajamar, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, señaló que en su gestión no se habría autorizado la realización de un proyecto de esas características. “Nosotros no lo aprobamos, incluso, un proyecto de estas características, nosotros no lo hubiéramos autorizado nunca”, dijo el funcionario federal –aquí puedes leer la nota íntegra-. Pacchiano insistió en que el actual gobierno federal entró en funciones después de que se habían emitido los permisos de impacto ambiental y cambio de suelo, los cuales fueron promovidos en 2005 y 2006. 9.- “Falso que en 2006 aprobé Tajamar”: Felipe Calderón Las declaraciones del titular de la Semarnat se dieron pocas horas después de que el expresidente Felipe Calderón rechazara que su adminsitración, 2006-2012, emitiera la autorización para el proyecto del Malecón Tajamar. En su cuenta de Twitter, Calderón escribió que lo primero que hizo en materia ambiental “fue promulgar la ley que prohíbe destruir el mangle. Falso que en 2006 aprobé Tajamar. Estoy en contra”, sentenció. 10.- Ni ecocidio, ni devastación ambiental por obras en Tajamar: Profepa Ayer jueves 28 de enero, el procurador ambiental, Guillermo Haro, anunció como conclusión que las obras de desmonte del manglar para la construcción del Malecón Tajamar “no constituye un caso de ecocidio ni de devastación ambiental”. Además, la Profepa aseguró que “no hay indicios de existencia de daños ni responsabilidad ambiental atribuible al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)”. Haro subrayó que las autorizaciones del impacto ambiental y de cambio de uso de suelo fueron válidas y que aún continúan vigentes. Además, dijo que los términos y condiciones de la manifestación de impacto ambiental realizada en 2005 han sido cumplidos hasta la fecha. Sobre las acusaciones acerca de supuestas irregularidades en aspectos jurídicos, Haro apuntó que “son infundadas” y, aunque admitió que “sí ha habido impactos ambientales adversos” en el manglar, éstos fueron sólo por el desmonte de siete de nueve hectáreas en lotes de propiedad de la empresa B&BI Real Estate de México SA de CV, la cual, dijo, está sometida a una investigación por probable responsabilidad penal.
Por otra parte, el procurador explicó que para la construcción de los proyectos urbanísticos en los diversos lotes del predio, en Tajamar, se deberán obtener “nuevas autorizaciones” de la Semarnat, “al amparo de la legislación hoy vigente y en congruencia con las demás disposiciones estatales y municipales”. Las 15 conclusiones que presentó la Profepa sobre el proyecto Malecón Tajamar: Conclusiones Preliminares PROFEPA Tajamar:
Cabe señalar que al término de la rueda de prensa del procurador ambiental, un grupo de ciudadanos, acompañados por integrantes del Partido Revolución Democrática (PRD), hizo una clausura simbólica de las instalaciones de la Profepa, en protesta por lo que entienden es la destrucción ecológica del Manglar Tajamar.
CHILPANCINGO, Gro: Gustavo Borja García, esposo de la síndica perredista del municipio de Pungarabato, Rosalba Rendón Andrade, fue secuestrado esta mañana en pleno centro de Ciudad Altamirano, en la región de Tierra Caliente. De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de las 8:00 horas, dos sujetos armados que se desplazaban en un auto irrumpieron en el establecimiento comercial denominado ‘Centro Ferretero Borja’ y se llevaron por la fuerza al empresario. El lugar se encuentra ubicado a una cuadra del hotel donde pernoctan agentes federales de la división Gendarmería y a unos metros del centro de Ciudad Altamirano, donde se localiza la sede del ayuntamiento. En 2011, un grupo armado ejecutó a Miguel Borja García, hermano del empresario secuestrado esta mañana, y a su esposa cuando se encontraban en su negocio. Y, según fuentes oficiales, durante la campaña electoral del año pasado, Rosalba Rendón recibió amenazas de muerte para que retirara su apoyo económico al entonces candidato y ahora alcalde perredista Ambrosio Soto Duarte, quien también denunció públicamente amenazas de muerte y presiones de la delincuencia para reclamar dinero de las partidas federales por concepto de pago de cuota del ayuntamiento.
Hasta el momento las autoridades de los tres niveles no han fijado una postura sobre el plagio de Gustavo Borja García, hecho que exhibe el fracaso de la estrategia policiaco militar implementada por el gobierno federal en la región de Tierra Caliente para tratar de revertir los efectos de la narcoviolencia. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS. FECHA: 28 ENERO 2016. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427993
MÉXICO, DF: La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) celebró la promulgación del decreto para declarar reformados los artículos 26, 41 y 123 constitucionales por los que se desvincula el salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia en el pago de obligaciones, créditos o supuestos establecidos en leyes federales y estatales. El decreto fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el título “Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo”. En un boletín, la Conasami celebró dicho acto del Ejecutivo federal porque, afirmó, “con ello se rompe una de las principales ataduras que han impedido que el salario mínimo dé pleno cumplimiento a la disposición constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. El 11 de diciembre pasado, la Conasami aprobó aumentar en 4.2% el salario mínimo para 2016, es decir, un incremento de 2.94 pesos diarios, por lo que éste pasó de 70.10 a 73.04 pesos por jornada, pese a la desindexación que para entonces había sido aprobada en 18 entidades y aun con la propuesta del jefe de Gobierno local, Miguel Ángel Mancera, de acrecentarlo a 86.33 pesos diarios. La Conasami recordó que el proceso de desindexación lo propuso desde hace diez años. Rememoró que el 9 de diciembre de 2011 publicó un manifiesto para comenzar a realizar estudios para desvincular al salario mínimo como medida de referencia. También evocó que el 5 de diciembre de 2014 la Presidencia presentó esta iniciativa a la Cámara de Diputados. “La razón principal para promover la desindexación del salario mínimo fue la de suprimir las disposiciones legales en las que sus incrementos se tomaban como referencia para actualizar el saldo de los créditos otorgados a los trabajadores para la adquisición de vivienda por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y de otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda”, indicó.
Luego explicó que la intención de la desindexación es porque si los aumentos al salario mínimo hubieran sido más altos que los incrementos a los salarios de los trabajadores beneficiarios de estos créditos, la deuda adquirida hubiera sido, en gran medida, impagable para los trabajadores. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA. FECHA: 28 ENERO 2016. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428019
ZACATECAS, Zac: Un grupo armado disparó contra empleados y clientes de un centro nocturno ubicado en el municipio de Guadalupe –conurbado con la capital-, a quienes posteriormente encerraron para incendiar el establecimiento, la noche del miércoles. Versiones periodísticas locales señalaron que hubo por lo menos dos personas fallecidas en el incendio. Un comunicado oficial del gobierno del estado reportó cuatro muertos y seis heridos hasta las 23 horas del miércoles. En su portal digital el periódico La Jornada reportó que fueron nueve las víctimas mortales de este ataque a consecuencia del incendio y de los disparos, mientras que otras 15 sufrieron heridas y quemaduras de distintos grados; algunas de ellos se encuentran graves. El comando ingresó al centro nocturno “El Botanero” cerca de las 9 de la noche del miércoles, cuando se encontraban numerosos clientes en el sitio. De acuerdo con testigos que lograron salir corriendo del lugar, cuatro hombres con armas largas dispararon al techo amedrentando a quienes se encontraban en el antro. Clientes y empleados presenciaron cómo el grupo comenzó a rociar con gasolina el interior del negocio, para posteriormente prenderle fuego. El comando armado salió y cerró las puertas, impidiéndoles salir. Personal de Protección Civil del estado acudió a prestar auxilio y logró sacar a varias de las personas que habían quedado atrapadas, al abrir un boquete en un muro del inmueble. A medianoche todavía elementos de los cuerpos de socorro y emergencias se encontraban en el lugar para apagar el fuego y atender a los heridos.
El gobierno del estado informó en un comunicado emitido cerca de la medianoche que funcionarios como la procuradora Leticia Soto Acosta se encontraban en el lugar encabezando las investigaciones y la atención a los heridos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA. FECHA: 28 ENERO 2016. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427959
El Gobernador priista del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, presumió en su Cuarto Informe de Gobierno la “solicitud” de la Alerta de Género como un “en favor de las mujeres”; sin embargo, dicho mecanismo no ha sido implementado a la fecha. Organizaciones reportan 16 feminicidios en esa entidad durante los primeros 27 días de 2016. Son víctimas, afirman, que se hubieran salvado si los protocolos se hubieran instalado.
A pesar que la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVGM) para 11 municipios del Estado de México se decretó el 28 de julio de 2015 por la Secretaría de Gobernación (Segob), a la fecha no se ha implementado. El Observatorio Ciudadano Contra la Violencia, Desaparición y Feminicidio (OCVDF) ha documentado 16 casos en los primeros 27 días de 2016, víctimas que se hubieran salvado si el mecanismo ya se hubiera aplicado, denunciaron activistas. Desde que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Segob, emitió la Alerta de Género al 31 de julio de 2015, el número de feminicidios en el Edomex se elevó a 47. Es decir, que en menos de seis meses suman 63 víctimas, tomando en cuenta los casos de este enero. Viviana Muciño Márquez, coordinadora de atención a víctimas de OCVDF, comentó que “la Alerta ya debió haber entrado ya en vigor, la debieron haber implementado hace tiempo y la Procuraduría [General de Justicia del Estado de México (PGJEM)] debió haber actuado con los protocolos, pero hasta ahorita no ha pasado nada”.
“Nos pueden estar matando y no pasa nada. Aquí no ha habido un informe por parte por la Procuraduría o por parte del Gobernador [Eruviel Ávila Villegas] de la no tolerancia. Por eso precisamente nos siguen matando. En los 16 casos que van del año no hay ni un solo detenido”, comentó Muciño.
En un rastreo hemerográfico, SinEmbargo encontró 12 casos en lo que va de enero: dos en Jilotepec; dos en Ecatepec; uno en Tultepec; uno en Tepozotlán; tres en Toluca; uno en Zinacantepec; uno en Tlalmanalco y uno en Chalco. En declaraciones a medios locales, el Procurador del Edomex, Alejandro Gómez Sánchez, afirmó que era “natural” esperar este año un incremento en este delito, pues a partir de que se decretó la alerta de género, existen nuevos criterios de investigación. Y mientras la situación avanza en el Edomex, Dilcya García Espinoza de los Montero, Subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a Violencia de Género en el Estado de México, señaló a medios que desconoce la cifra de feminicidios registrados desde el 28 de julio de 2015 a la fecha.
El Observatorio Ciudadano Contra la Violencia, Desaparición y Feminicidio reportó que los municipios con mayor número de feminicidios son: Ecatepec, Naucalpan, Toluca y Chalco, aunque agregó que la violencia generalizada contra las mujeres impera en toda la entidad mexiquense. El 9 de julio de 2015, el Gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas, frente a funcionarios del Instituto Nacional de la Mujer, solicitó al Gobierno federal declarar la alerta de género en las entidades de: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Chimalhuacán, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
“La alerta de género nos permitirá fortalecer nuestras políticas públicas a favor de las mujeres, lo vemos como un área de oportunidad, incluso podremos obtener recursos adicionales para canalizarlos a este sector”, dijo el mandatario mexiquense.
Ávila Villegas aseguró que “aun cuando la tendencia nos dice que no somos la entidad con el mayor índice de delitos contra las mujeres, nuestro compromiso con ellas es tan fuerte, que con un solo caso que existiera deberíamos estar en alerta”. La declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el Estado de México implica un reconocimiento por parte del Estado mexicano de que en esta entidad existe violencia sistemática contra las mujeres, que se traduce en delitos del orden común. “Este reconocimiento constituye el primer paso para poder combatir una problemática grave que atenta contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres mexiquenses”, detallaron. Sin embargo, las organizaciones civiles aseguraron que no bastaba la alerta en 11 municipios y denunciaron que Ávila Villegas omitió información al grupo multidisciplinario de expertos que realizó el informe, lo que demoró aún más el decreto. “[El grupo de expertos] se enfrentó al no registro de datos en el Estado de México, sobre todo a la Procuraduría del Estado de México, para hablar de la situación de violencia familiar, violencia sexual y feminicidio”, declaró María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio. Inclusive la PGJEM omitió datos de feminicidio, pues sólo reportó un caso de 2011 a 2014. Por otra parte, en su Cuarto Informe de Gobierno, Eruviel Ávila presumió que su administración fue la que solicitó el mecanismo, pero organizaciones acusaron que eso no fue cierto, pues se logró gracias a una lucha de al menos cinco años. Además informaron la alerta sólo podía ser solicitada por la sociedad y no por funcionarios públicos.
“Con la finalidad de fortalecer los programas y acciones en favor de las mujeres, aún y cuando en el Estado de México se registran menos feminicidios por cada 100 mil habitantes con respecto a otras entidades, el gobierno estatal decidió promover y solicitar de manera oficial la declaratoria de Alerta de Género en los 11 municipios más poblados de la entidad: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco”.
Datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) exponen que en la entidad existen registros de 194 casos de feminicidio, de los cuales 124 han sido judicializados en lo que lleva la actual administración. En contraste, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios asegura que existen al menos mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de México de 2011 a 2012; el 53 por ciento de ellas tenía entre 10 y 17 años. En la entidad se han registrado 922 homicidios entre 2005 y 2011. El municipio de Ecatepec ocupa el quinto lugar de feminicidios a nivel nacional, seguido por Chimalhuacán, Cuautitlán y Nezahualcóyotl. Desde 2010, el Observatorio –una coalición de 43 grupos que documentan graves crímenes contra las mujeres– solicitó una alerta por la violencia basada en el género para que se active en el Estado de México. Seis de cada diez mujeres asesinadas fueron victimadas con alto índice de violencia es decir el uso excesivo de la fuerza física, con la intención de causar sufrimiento a la víctima.
EL MISMO PATRÓN
Hasta ahora, según reportes de autoridades, el patrón de los feminicidios prevalece, por ejemplo: el 2 y 3 de enero se encontraron cadáveres de mujeres en un canal de aguas negras y otro flotando en un río de la Delegación Calixtlahuaca, en Toluca, ambas semidesnudas y con signos de violación. El 20 de enero se encontró el cadáver de otra joven flotando en un canal de aguas negras en Zinacantepec. También se han encontrado mujeres asesinadas a balazos, calcinadas o abandonadas en carreteras y caminos. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SERGIO RINCÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/29-01-2016/1608909
Se pretende dar la puntilla a derechos de millones de trabajadores y sus familias
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que dice caracterizarse –desde su creación– por ser una organización que tiene como fin principal el cuidado y la conservación del medio ambiente, y se asume como conocedor del valor de la palabra comprometida, se convertirá en la punta de lanza en el Congreso federal para reformar las leyes del pensiones de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), con la consecuente afectación a millones de trabajadores que durante décadas han forjado derechos constitucionales. Cómo aliado fiel del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PVEM promoverá durante el próximo periodo ordinario de sesiones la reforma a las pensiones que pretende dar la puntilla a los derechos de los trabajadores afiliados al IMSS, y que han ganado derechos con la ley de 1973, y a los empleados del Issste inscritos en el artículo décimo transitorio, argumentando que ese sector de trabajadores significa un riesgo para el sistema pensionario de México. De esa forma, los pevemistas se prestarán a la maquinación política de llevar ante el Congreso una propuesta que, además de ser impopular, será regresiva en materia del –ya por sí maltrecho– derecho laboral de los vapuleados trabajadores mexicanos.
Los argumentos del Partido Verde a favor de una iniciativa de tal calado y riesgo social son endebles y pobres. Su agenda legislativa así lo expresa: Reformas relativas a la restructuración del sistema de pensiones y ahorro para el retiro en México, las cuales, a consecuencia del aumento de la población y de su envejecimiento, representan una bomba de tiempo, pues llegará un momento en el cual la hacienda pública no tendrá capacidad de pago, generando un endeudamiento, déficit de las finanzas y mayores presiones al gasto. Se trata entonces de realizar una restructura del sistema para evitar la quiebra del mismo. Con ello, el PVEM responsabiliza del déficit de las finanzas públicas y el endeudamiento gubernamental a los derechos pensionarios de millones de trabajadores. Así, el partido confirma que seguirá insistiendo en concretar los planteamientos que anunciaron en campaña y que incluyeron como parte de su plataforma político-electoral en 2015. Esos temas son los controvertidos vales de primer empleo para jóvenes, inglés y computación en todos los niveles educativos, becas para no dejar la escuela, vales para atención médica y pago por generar agua limpia. Esas propuestas han resultado utópicas y demagógicas, y han terminado por confundir a los ciudadanos, que finalmente cada tres años se convierten en la carne de cañón de los partidos políticos, y en especial del PVEM. Aun así, propondrá reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley Federal de Derechos con la finalidad de crear un programa de pago de agua a los dueños de los bosques que la producen, cuyo objetivo será entregar vales mensuales de apoyo económico. Expedir una ley general de bienestar animal con la finalidad de garantizar la armonización legislativa que deberán hacer los estados y el Distrito Federal, ya sea adecuando las leyes existentes o creándolas en las entidades que no cuenten con la misma. Reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer que los patrones que emplean jóvenes al momento de llevar a cabo la contratación, siempre que se acredite que es su primer trabajo formal, obtengan un vale por el primer empleo, el cual será deducible de impuestos para el empleador considerándose como un incentivo fiscal para éste.
Reformar la Ley General de Educación para crear la obligación del Estado de garantizar que dentro de los planes y programas de estudio de la educación prescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, se contemple la impartición de por lo menos cuatro días a la semana de clases de inglés y computación. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MÉNDEZ. LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/01/29/politica/010n1pol
CUERNAVACA, Mor: La Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del TEPJF decidió regresar la decisión sobre el futuro de Temixco al Tribunal Estatal Electoral (TEE), tras determinar que no hay elementos para que el caso sea discutido en lo federal. Así que será el TEE el que decida quién tiene la razón, si por un lado el síndico municipal Gerardo Hurtado de Mendoza Armas y el secretario municipal Carlos Caltenco Serrano, que aseguran que la alcaldesa suplente Irma Camacho García nunca asistió a tomar posesión el lunes 18 a la presidencia municipal; o por otro la suplente que ese mismo día, en un recinto alterno y prácticamente en secreto, rindió protesta ante siete de los nueve regidores que componen el cabildo de Temixco. Luego del asesinato de la alcaldesa de esa localidad, Gisela Mota Ocampo, ocurrida el sábado 2 de enero, un día después de haber tomado el cargo, el cabildo decidió nombrar al síndico Gerardo Hurtado de Mendoza Armas para que asumiera las funciones de alcalde hasta el martes 19, en tanto se culminaba el proceso de entrega-recepción. En respuesta, la alcaldesa suplente Irma Camacho García se inconformó ante el Tribunal Estatal Electoral, que el viernes 15 ordenó al cabildo dar posesión a la edil en 24 horas hábiles. Luego ocurrió la contradicción entre el síndico y los regidores. El mismo lunes 18, el síndico municipal recurrió la decisión del Tribunal Estatal Electoral ante el TEPJF, y éste pidió a su homólogo de Morelos un informe, aparte de que confirmó que el caso sería analizado por la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción. Dos días después, esa sala decidió sobreseer el recurso del síndico, por lo que será el TEE el que defina la situación en la localidad, según confirmó el magistrado presidente Carlos Alberto Puig Hernández. A la espera de la notificación oficial, el magistrado sostuvo que si ello ocurre este viernes, podría ser el martes 2 de febrero cuando se tenga la resolución final que decida respecto de si será Irma Camacho o alguien más quien gobierne Temixco tras el asesinato de la ganadora de la elección, Gisela Mota Ocampo. Mientras tanto, el edificio de la presidencia municipal de Temixco, ubicado sobre la carretera federal México-Acapulco, está tomada por simpatizantes de Izquierda Democrática Nacional (IDN), fuerza política a la que pertenecía Gisela Mota y que ahora apoya a Juanita Ocampo, su mamá, para que sea ella quien supla a su hija en la alcaldía. Desde el 18 de enero, un grupo de 40 o 50 personas, que se van rotando con guardias de día y de noche, se mantienen en la explanada. Mientras tanto, los funcionarios que nombró Gisela Mota antes de ser asesinada realizan actividades normales en el interior del municipio. Por su lado, el Consejo Político del PRD en Morelos, encabezado por el dirigente estatal, Rodrigo Gayosso Cepeda, hijastro de Graco Ramírez, decidió apoyar a Juanita Ocampo para que ocupe la alcaldía de Temixco. En tanto, el gobierno del estado mantiene “una relación institucional” con el síndico municipal Gerardo Mendoza, desconociendo en todo momento a Irma Camacho, concuña del acérrimo rival de Graco Ramírez, el senador perredista Fidel Demédicis. Apenas ayer unas 200 personas se reunieron en la plaza Solidaridad de Temixco, y hasta ahí llegaron autobuses, quienes trasladaron a los inconformes al Senado de la República, donde protestaron contra el senador Fidel Demédicis, a quien señalan como beneficiario de la muerte de Gisela Mota, e incluso hay quien lo acusa directamente de estar detrás del homicidio.
Si el próximo martes el TEE decidiera confirmar a Irma Camacho como alcaldesa de Temixco, ésta enfrentará un escenario de ingobernabilidad, pues las personas que mantienen en su poder el palacio municipal afirman que no dejarán que rinda protesta hasta que sea nombrada Juanita Ocampo, o alguien afín al proyecto de Gisela Mota. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JAIME LUIS BRITO. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428045
MÉXICO, DF: Por cada persona que llegó a radicar a México durante el tercer trimestre de 2015, dos personas salieron del país, indicó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con base en su información sobre migración internacional derivada de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). La institución calculó que durante el tercer trimestre de 2015, la tasa de emigración internacional de México se elevó a 36.1 por cada 10 mil mexicanos, mientras que la de inmigración alcanzó la mitad, 18.3 personas por esa misma cantidad de población. Así, el Saldo Neto Migratorio resultó negativo de nuevo, con 17.8 personas por cada 10 mil habitantes. De acuerdo con el Inegi, un emigrante internacional es la persona que sale de México para establecer su residencia habitual en otro país, mientras que un inmigrante internacional es quien ingresa a México para radicar aquí. Lo anterior comprende tanto a mexicanos como extranjeros que entran y salen del territorio mexicano. Según la ENOE, entre 2008 y 2010 este saldo se redujo a sus niveles más bajos de la década, hasta alcanzar un saldo negativo de 8.5 por cada 10 mil habitantes en 2010 –debido a la caída brutal de la emigración internacional de mexicanos–; no obstante, volvió a incrementarse paulatinamente desde entonces. “Estos datos podrían estar influenciados por múltiples factores, entre ellos, la postura de Estados Unidos referente al endurecimiento de las medidas de vigilancia fronteriza o los resultados de su economía”, planteó el Inegi. Recordó que si bien entre 2008 y 2010 la economía estadunidense frenó de manera dramática, se recuperó poco a poco en los últimos cinco años. Entre 2008 y 2014, la tasa de inmigración internacional se redujo en dos terceras partes, al pasar de 43.6 a 14.1 inmigrantes por cada 10 mil mexicanos. Desde 2011, las tasas de emigración internacional permanecieron relativamente constantes, entre 30 y 40 por cada 10 mil mexicanos salieron del país. Para 2014, la mayoría de los emigrantes eran hombres cerca de los 30 años, tenían un nivel educativo nulo o básico (68%) y salían en busca de un trabajo (65%), para reunirse con la familia (14%) o para estudiar (8.5%). En 2008, una mayor proporción de los emigrantes tenía un nivel educativo nulo o básico (74.7%) y salían más para conseguir un trabajo (77%) que para reunirse con la familia (9.6%) o estudiar (4.4%).
Durante el mismo lapso, el perfil que sobresalió de los inmigrantes internacionales se mantuvo relativamente igual: hombre de 34 años –en promedio en 2014, contra 30 en 2008–, que ingresó a México para reunirse con su familia (85.7%). FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428083
MÉXICO, DF: Luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) descubrió cinco cocodrilos en el predio del Malecón Tajamar el pasado martes 26, admitió que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) incumplió con el programa de rescate de la fauna silvestre al que estaba obligado previo al desmonte de las últimas 22 hectáreas de manglar. En conferencia de prensa, Guillermo Haro Bélchez, titular de la Profepa, señaló que el Fonatur debe concluir con el programa de rescate de la fauna que aún se encuentra en el polígono, y le dio 10 días hábiles para que realice el traslado de los cinco cocodrilos (tres adultos y dos crías). Sin embargo, pese a haber descubierto la existencia de los animales en el polígono, el funcionario federal aseguró que no hay indicios de daños ni responsabilidad ambiental, porque el desmonte de manglar en la zona se realizó al amparo de autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo otorgadas en 2005 y con ampliaciones en 2009 y 2011, que a la fecha están vigentes, apuntó. Sobre las actividades de chapoteo y desmonte, destacó que fueron avaladas por el municipio de Cancún en función de las autorizaciones ambientales otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Haro Bélchez sostuvo que los ejemplares de manglar localizados en el predio corresponden a zonas discontinuas de la vegetación, cuya distribución no está asociada a ningún tipo de flujo superficial de agua. “A la fecha no hay indicios de la existencia de daños ni responsabilidad ambiental atribuible a Fonatur, como resultado de la remoción de mangle en el Malecón Tajamar. Por lo tanto, no es preciso afirmar que estamos en presencia de un ecocidio o devastación ambiental”, subrayó. Y aseguró que hasta ahora sólo se ha acreditado responsabilidad ambiental en el caso de la empresa Bi & Di Real Estate de México S.A de C.V., responsable del desmonte de siete hectáreas de manglar en 10 lotes dentro del polígono del proyecto.
Para la construcción de los proyectos inmobiliarios en los diversos lotes, explicó, cada inversionista deberá obtener nuevas autorizaciones de la Semarnat, al amparo de la legislación vigente. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428027
Los procesados dijeron que fueron torturados para aceptar que estuvieron en la escena del crimen, revela abogada de las víctimas. PGJDF sostiene que hay otros elementos como huellas, llamadas y un video que lo confirman.
Abraham Tranquilino y Daniel Pacheco, dos de los tres acusados de haber participado en el multihomicidio de la colonia Narvarte, se retractaron ante la juez de sus declaraciones ante el Ministerio Público, en las que confesaban haber estado en el departamento donde ocurrieron los asesinatos de cinco personas. El tercer detenido, Omar Martínez, desde un inicio negó que hubiera acudido al sitio. Karla Michel Salas, abogada de dos de las víctimas, reveló que los involucrados pidieron una ampliación de su declaración en el juzgado, antes que se cerrara el periodo de presentación de pruebas el pasado 20 de enero, en donde argumentaron que presuntamente fueron torturados por la policía capitalina para confesar que estuvieron en el lugar de los hechos. “Ellos están en su derecho de corregir o incluso retractarse como pasó en este caso. Abraham y Daniel negaron todas sus declaraciones anteriores y alegan que los torturaron. Rechazan haber estado en el departamento”, señaló la litigante. Salas dijo que aunque los inculpados se hayan retractado, esto solo es un elemento a tomar en cuenta y que será valorado por la juez, pues el Ministerio Público presentó varias pruebas en contra de los detenidos. Se espera que la sentencia se dicte en las próximas semanas. En una entrevista concedida a este medio en noviembre pasado, el subprocurador capitalino Edmundo Garrido, dijo que el caso no estaba sustentado únicamente en las declaraciones de los detenidos, sino en decenas de evidencias más como geolocalización de llamadas, videos de cámaras y huellas digitales. Animal Político publicó este jueves 28 de enero, que la escena del crimen en el departamento fue contaminada por el comandante de la policía que intervino. En ese lugar es donde se encontró una huella que presuntamente corresponde a la de Daniel Pacheco. De los otros procesados no hubo correspondencia. Pese a eso, la abogada de las víctimas consideró probable que se dicte sentencia condenatoria contra los detenidos pues el juzgado donde se lleva el caso ha resuelto casi siempre a favor de la Procuraduría, pero advirtió que “la verdad” de lo que pasó, incluyendo el móvil del homicidio, sigue sin conocerse. El crimen ocurrió el 31 de julio del año pasado en un departamento de la calle Luz Saviñon, en la colonia Narvarte. Las víctimas fueron la activista Nadia Vera, la estudiante de belleza Yesenia Quiroz, la modelo colombiana Mile Martin, la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, y el foto periodista Rubén Espinosa. Todos fueron asesinados con un disparo de arma de fuego en la cabeza, y algunos fueron torturados previamente. ¿Qué habían declarado? Ninguno de los procesados aceptó ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) haber asesinado a las cinco víctimas, pero Daniel Pacheco y Abraham Tranquilino si reconocieron haber estado en el departamento aunque con varias diferencias. O por lo menos eso fue lo que quedó asentado en las declaraciones ministeriales. Animal Político publicó integra la declaración de Daniel Pacheco el 20 de agosto del año pasado. En ella no reconoció que hubieran robado algo – como se había filtrado previamente en la prensa – sino que acudieron por invitación de Mile Virginia, quien conocía a Abraham Tranquilino. Según Pacheco, en ningún momento hubo violencia en contra las víctimas y agregó por el contrario, que el sostuvo relaciones sexuales con una de las chicas que se encontraba en el lugar. Negó también que hubieran comprado drogas como se manejó, y reiteró que él se fue del sitio sin que hubiera incidentes. Por su parte el ex policía Abraham Tranquilino dijo que acudió al departamento por invitación de sus dos amigos, y negó que hubiera planeado algún crimen. Señaló que sabía que Daniel y Omar pertenecían al grupo delictivo de Los Zetas – algo que nunca pudo probar la PGJDF – y que supuestamente le querían robar un paquete de droga a Mile Virginia. En esa declaración, Abraham reconoció que ellos eran las personas que aparecían en un video grabado por una cámara de seguridad afuera del domicilio de la colonia Narvarte, aunque negó, como había asegurado Pacheco, que el automóvil en el que se retiraron de la zona fuera de su propiedad. Pese a las contradicciones y a que negaron ser autores del crimen, la Procuraduría sostuvo que las declaraciones de las personas detenidas los ubicaban en tiempo y lugar en la escena del crimen y por ello, las consideró como una de las piezas centrales en el pliego de consignación que remitió al juez por los delitos de cuádruple feminicidio y homicidio, además de robo. No obstante, previo al cierre del periodo de pruebas el pasado 20 de enero, Pacheco y Tranquilino solicitaron ampliar su declaración ante la juez Hermelinda Silva para desconocer todos los testimonios que dieron antes y argumentar que declararon bajo presuntas condiciones de tortura. Las otras pruebas De acuerdo con la PGJDF, las declaraciones son un elemento de varios que contiene la acusación enviada al Juzgado 25 Penal. En la entrevista concedida a este medio en noviembre pasado, el subprocurador capitalino Edmundo Garrido dijo que aun con los testimonios contradictorios el caso era sólido. “Ellos (los detenidos) se hubieran podido reservar (no declarar nada) y de todos modos los hubiéramos consignado y hubiéramos obtenido el auto de formal prisión y la sujeción a proceso pues es evidente que son los que entraron y que ellos son los que salieron del departamento” subrayó el subprocurador” dijo el funcionario capitalino. Entre las pruebas que la Procuraduría destacó se encuentra el video en el que se aprecia a varios hombres salir del edificio de departamentos donde ocurrió el homicidio. La imagen no permitía distinguir con claridad las facciones de las personas sin embargo, la investigación sostiene que son ellos. Además, se encuentran los rastreos de las llamadas que según la PGJDF permiten ubicar a por lo menos dos de los sospechosos en la zona de la ciudad donde se encuentra el departamento que rentaban dos de las víctimas. A esto se suman las huellas obtenidas dentro del inmueble, aunque solamente una de ellas corresponde a uno de los procesados: Daniel Pacheco. Las otras son de las víctimas y de tres personas más que no han sido identificadas. Animal Político publicó que la escena del crimen no fue preservada adecuadamente. Esperan condena, pero falta verdad La abogada Karla Michel Salas previó que será a más tardar en abril cuando se conocería la sentencia que dictará la juez Hermelinda Silva. Esto luego de que terminó el “periodo de instrucción” como se le conoce a la fase del juicio en la que se aportan las pruebas tanto de la defesa como del Ministerios Público. Con el conocimiento que tiene del caso al ser representantes legales de las víctimas, Salas estimó que aun pee a las dudas en torno a varios elementos como el delas declaraciones o el de peritajes que no se hicieron, es muy probable que la sentencia sea condenatoria. “La juez que está al frente del caso es conocida por tener este tipo de procesos mediáticos como el el del Bar Heaven, y generalmente han sido sentencias condenatorias. Sin embargo, el tema de nosotros siempre ha sido más allá de la sanción. Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, a que se les repare el daño y se haga justicia” dijo. La abogada recordó que hasta ahora se desconoce el móvil del multihomicidio además de otros cabos sueltos que siguen vigentes. “Las víctimas siguen sin conocer la verdad de los hechos, La sociedad no sabe a casi seis meses que pasó aquel 31 de julio, no se ha indagado la participación de otras personas aunque existen indicios. Y además hubo una campaña de las autoridades para denigrar y desprestigiar a las víctimas” dijo la litigante.
Cabe recordar que los abogados de las víctimas habían solicitado a al PGJDF la realización de varios diligencias, entre ellas una reconstrucción plena de los hechos para esclarecer, por ejemplo, como se pudieron haber efectuado los disparos sin silenciadores pese a que ser aun edificio habitacional. Se hizo la petición formal a la Fiscalía de Homicidios pero esta lo rechazó. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: http://www.animalpolitico.com/2016/01/caso-narvarte-dos-de-los-detenidos-se-retractan-niegan-haber-estado-en-departamento/
Las embarazadas a las que correspondía ir al Materno Infantil de Cuajimalpa deben trasladarse grandes distancias hasta el centro más cercano.
El día que nació su bebé, el 19 de octubre de 2015, Sara Maldonado tenía previsto dar a luz en el Hospital Materno Infantil de la delegación Magdalena Contreras, al que la habían enviado las autoridades de salud de la Ciudad de México. Sin embargo, sus planes se vieron frenados por el tráfico que encontró desde que salió de su casa, ubicada en la delegación Cuajimalpa. Mientras sufría los dolores de las contracciones, el auto que conducía un amigo cruzó la carretera México-Toluca, la zona de Santa Fe y avenida Centenario, hasta que la mujer, de 18 años, no pudo más. Cuando llevaban ya más de dos horas de camino, decidieron quedarse en el Hospital Enrique Cabrera, a 10 kilómetros de Cuajimalpa, en la delegación Álvaro Obregón. Ahí recibieron a Sara en el área de urgencias, y pocos minutos después, cerca de las 4:40 de la tarde, le entregaron a su bebé. “Fue lo mejor”, dice la mujer, quien habría tardado mucho más tiempo en llegar al Hospital Materno Infantil de la Magdalena Contreras porque, si un conductor no tiene tag para usar la Supervía Poniente, de cuota, debe bajar a Periférico y luego volver a subir por avenida Luis Cabrera. Sara ejemplifica las dificultades que padecen las mujeres de escasos recursos de Cuajimalpa a quienes el gobierno capitalino ha enviado a otros centros médicos, luego de la explosión que hace un año acabó con el Hospital Materno Infantil de esa delegación. Tras el siniestro, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, prometió que el lugar sería reconstruido en un año, pero a la fecha la obra no ha comenzado. Mientras tanto, la Secretaría de Salud local (Sedesa) envía a sus pacientes embarazadas de sus centros de salud al Hospital Enrique Cabrera o al de la Magdalena Contreras, los más cercanos. Sin embargo, según testimonios y recorridos realizados, hacer esos trayectos les toma de dos a tres horas, cuando el recorrido al que estaba en Cuajimalpa era de entre 15 y 20 minutos. El tiempo varía de acuerdo con la hora del día y el transporte utilizado. Si es hora pico, lo estrecho de las vías y el congestionamiento de Santa Fe complican el paso. Si se viaja en transporte público, hay que tomar tres autobuses. Y si se intenta tomar un taxi, hay choferes que niegan el servicio si ven que la mujer está a punto de dar a luz, cuenta Verónica Arizpe. Al respecto, Máspormás solicitó entrevista con la Sedesa para saber si se brinda o dará algún tipo de apoyo a las embarazadas en esta situación, pero la dependencia no respondió antes del cierre de edición. Población sensible Según datos de 2012 de la propia Sedesa, Cuajimalpa es la delegación con el mayor índice de muertes maternas por cada 100 mil nacimientos. También es una de las delegaciones con mayor ritmo de crecimiento poblacional y donde la dependencia capitalina atiende a 87% de los pacientes. Mujeres entrevistadas dicen que ahora, con su canalización a otros hospitales, también padecen problemas como falta de camas y camillas y que a algunas las hagan esperar de pie. En el caso del Hospital Enrique Cabrera, absorber a quienes iban al de Cuajimalpa implica una carga de trabajo adicional de 40%, según un cálculo con base en el Plan de Trabajo 2015 de la Sedesa. Mujeres en riesgo De acuerdo con los estándares internacionales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las mujeres que necesitan servicios de maternidad no deberían tener ningún problema para acceder a un establecimiento sanitario. Marisol Escudero, abogada de la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señala sobre el tema que la explosión en el hospital de Cuajimalpa no debe ser un pretexto para que el GDF orille a las mujeres a trasladarse hasta dos horas en condiciones pésimas de transporte para tener a su bebé. La especialista considera que esto representa un acto de violencia obstétrica contra las mujeres de escasos recursos de Cuajimalpa, pues la distancia que deben viajar las pone en riesgo a ellas y a sus hijos y está limitando el acceso fácil y seguro a los servicios de salud pública para el momento del parto, el cual requiere una atención lo más inmediata posible. “El Estado debió considerar los aspectos del tráfico en la zona para poder brindar los servicios de salud y encontrar la manera de no poner en riesgo a las mamás al viajar una o dos horas al hospital más cercano”, dice. En tanto el nuevo hospital de Cuajimalpa queda construido y empieza a funcionar o el GDF lanza más medidas de apoyo para las embarazadas de la delegación, la mayoría de ellas tendrá que seguir haciendo largos recorridos para atenderse y dar a luz. Riesgos
Especialistas explican por qué razones las mujeres embarazadas deben contar con servicios de salud cerca de sus casas:
Por su condición, recorrer grandes distancias pone en riesgo su salud, en especial durante las últimas semanas de gestación. Hacerlo puede llevar a que sufran problemas y complicaciones como parto espontáneo.
Marisol Escudero, de la organización civil GIRE, dice que el Estado está obligado a garantizar que este sector de la población tenga acceso a servicios de salud sin ponerse en riesgo.
En la Ciudad de México, la principal causa de mortalidad materna son las muertes obstétricas directas, derivadas de hemorragias o infecciones.
En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la causa más frecuente de muertes maternas es la hemorragia grave. Este problema puede ocurrir incluso en el posparto y matar a una mujer sana en un periodo de dos semanas.
Con la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa hace un año, la delegación se quedó sin hospitales, ni de tipo general ni de especialidad.
El 29 de enero de 2015, una fuga de gas en la manguera de una pipa que abastecía al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa causó una explosión en el edificio, cinco muertos y decenas de heridos. El jefe del GDF, Miguel Ángel Mancera, dijo entonces que la reconstrucción tomaría un año. Sin embargo, el GDF apenas comenzó los estudios de suelo para determinar qué tipo de cimentación se necesitará. El nuevo hospital será general y tendrá 72 camas, laboratorio y áreas de urgencias y terapia intensiva. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR:
MÉXICO, DF: El precio de la mezcla mexicana de petróleo logró su tercer día consecutivo al alza, al cerrar este día en los 25.04 dólares por barril, lo que significa un crecimiento de 7.1% respecto del miércoles 27, informó Petróleos Mexicanos (Pemex). Los precios internacionales del crudo continúan recuperándose ante la creciente posibilidad de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) alcance un acuerdo para reducir la producción del combustible, en un entorno de sobreoferta mundial. Rusia ha encabezado las negociaciones y el ministro ruso de Energía, Alexander Novak, señaló que “actualmente los países de la OPEP tratan de acordar una reunión en febrero con presencia de países fuera de la organización. Ciertas naciones han presentado esta iniciativa y la cuestión se está discutiendo en estos momentos”. La noticia cayó bien para el petróleo mexicano que, del lunes hasta este jueves, ha ganado terreno en 14.4%, justo a un día de que las autoridades hacendarias anunciaron intervenir financieramente en Pemex, ante la profunda crisis que vive. Por su parte, el petróleo del Mar del Norte se ofertó en 33.89 dólares por barril en el Intercontinental Exchange de Futuros de Londres (ICE), lo que significa un crecimiento de 2.35% respecto del día inmediato anterior. Mientras que el West Texas Intermediate (WTI) logró recuperar 2.8% de su valor respecto del miércoles 27 en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) al cotizarse en 33.22 dólares por barril.
Durante el 2015 el retroceso de los precios del crudo y de la producción provocó que las exportaciones petroleras del país registraran una caída de 45%, al registrar ventas por sólo 23 mil 432 millones de dólares. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428034
MORELIA, Mich: Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero esperan “que el Papa Francisco pueda dar un pronunciamiento sobre los casos de desaparición forzada en el país, específicamente en el caso de los estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos”, aseguró Melitón García, padre de uno de ellos. En conferencia de prensa, agregó que los familiares de las víctimas no creen en las autoridades debido a que no han mostrado voluntad para resolver el caso. Dijo: “Esto se ve al ver cómo resolvieron tan rápido el caso de un narcotraficante como lo es Joaquín Guzmán Loera, que en pocos meses fue recapturado y a más de un año del caso de nuestros hijos aún no hay claridad en el caso”. Así lo declaró, luego de que los integrantes de la Tercera Caravana de Padres de Familia de los 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” realizaron una marcha de Xangari hasta el Palacio de Gobierno en el centro de la capital. El contingente recibió el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), normalistas de Tiripetío e integrantes de algunos sindicatos adheridos al Frente Cívico Social. Los familiares de los estudiantes llegaron a Morelia y pernoctaron en las instalaciones de la Normal Rural “Vasco de Quiroga”. Su estancia en Michoacán es parte del recorrido que iniciaron el pasado 16 de enero en el norte del país y que ahora se concentra en el centro. Desde entonces han recorrido 14 estados con la misma exigencia desde el 26 de septiembre de 2014, cuando sus hijos desaparecieron: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
De acuerdo con Juan José Ortega Madrigal, líder dela CNTE, Morelia es el último punto del recorrido de la Caravana. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428004
MÉXICO, DF: En respuesta a la “crisis sin precedentes” que atraviesa el estado de Morelos, aunado a los ataques del gobernador Graco Ramírez contra la Universidad (UAEM), el rector de la institución, Jesús Alejandro Vera Jiménez, llamó a los morelenses a sumarse al proyecto de redactar una nueva constitución para 2018 y pronunciarse sobre la revocación del gobierno actual. Por su parte, el poeta y activista Javier Sicilia, quien ahora labora en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, explicó a Apro que la idea de establecer un constituyente ciudadano-popular en la entidad derivó del movimiento nacional que inició el obispo Raúl Vera para refundar el pacto social del país “desde la base”. “El constituyente es el órgano que rehace el pacto social. Ha habido dos en este país: el que formaron los criollos y luego el de los generales de la Revolución”, dijo, y añadió que en Morelos “existe la tradición zapatista enraizada en los pueblos, que pese a la destrucción sistemática por los gobiernos, sigue teniendo el rostro pueblerino, de localidades y de vínculos profundos entre la gente”. Prosiguió: “Hemos visto pasar todos los gobiernos: desde los priistas, quienes iniciaron el problema con Jorge Carrillo Olea (1994-1998), luego pasaron los panistas con Sergio Estrada Cajigal (2000-2006) y Marco Antonio Adame (2006-2012), y ahora tenemos un gobierno del PRD. ¿Qué hemos visto en 20 años? Un profundo deterioro y una profunda destrucción, y la gente está harta. Hay que aprovechar este hartazgo y esta tradición zapatista en el estado”, apuntó. De acuerdo con el poeta y colaborador de Proceso, las comunidades están interesadas, pero el problema es hacer la metodología para que las propuestas del propio pueblo se expresen. “Tenemos que hacer esta constitución ajena al crimen organizado y a la clase política, que usan la vida de la gente para sus propios provechos”, apuntó. No obstante, admitió que existen riesgos de que “parásitos, oportunistas y los propios criminales” intenten cooptar el movimiento. De su lado, el rector y el cuerpo académico de la UAEM denunciaron “amenazas y agravios” contra miembros de la comunidad académica por parte del gobernador Graco Ramírez, con quien mantienen una abierta confrontación. En conferencia de prensa, los universitarios encabezados por Vera Jiménez aseguraron que el gobierno de Morelos trata de asfixiar económicamente a la UAEM, pues hasta ahora no ha firmado el convenio de subsidio ordinario de 2016, por lo que no han recibido ningún dinero y, por tanto, no se ha podido cubrir la nómina de enero. También acusaron que el gobierno estatal no realizó las obras de infraestructura prometidas, además de que eliminó la recaudación especial de impuestos para la universidad y no ha entregado el dinero correspondiente a la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR). “Exigimos que el gobierno entregue los recursos y las obras y que no condene a la universidad por no concordar con sus puntos de vista”, planteó Vera Jiménez, y anunció que los universitarios protestarán próximamente contra los ataques del gobierno de Ramírez. Asimismo, emplazó al Congreso de Morelos a integrar en menos de 15 días el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, que realizará las consultas entre la ciudadanía para revocar el mandato del perredista. El rector recordó que hace dos años el mismo Graco Ramírez se comprometió a someter su mandato a consulta popular cada dos años, argumento con el cual, dijo, “atrajo a mucha gente”, pero nunca cumplió. Sostuvo que más bien adoptó una actitud de negación ante el hundimiento del estado en una crisis de violencia, que incluso resultó ser el más violento del país en 2014, y el año pasado se situó entre las cinco entidades con mayor ocurrencia de delitos de alto impacto en México. Vera precisó que en lo que va del gobierno de Graco Ramírez se han perpetrado al menos mil 700 homicidios –33 de ellos en los primeros 25 días de enero–, uno de los cuales fue el de Gisela Mota Ocampo, la alcaldesa de Temixco. Y agregó que la pobreza en Morelos se incrementó de manera más importante en los últimos dos años, debido a los “megaproyectos” que incentivó el gobierno y “destruyen los tejidos sociales”.
El gobierno de Graco Ramírez prefirió cobijarse en una “posición ideológica que pretende justificar la criminalidad y la desigualdad”, remató. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428048
México, DF. El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, demandó en el Senado que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) se discuta y ratifique hasta después del proceso electoral en Estados Unidos, a fin de evitar que “nos dejen colgados de la brocha”. Durante la octava reunión plenaria de los senadores del PRI y el PVEM, el funcionario pidió “cautela” y argumentó que es necesario empatar la discusión del tratado en los congresos de Estados Unidos y México, lo que sería después de noviembre. Ello, explicó, porque la campaña presidencial en Estados Unidos entorpece la posibilidad de que el ATP sea aprobado en el período que va hasta el receso del verano.
Jonathan Alejandro Cabañas Ortega fue encarcelado acusado de robo con violencia desde hace más de medio año; sin embargo, su familia sostiene que policías municipales de Naucalpan, Estado de México, falsearon información y le fabricaron esos delitos porque el joven se opuso a subir a una patrulla, luego que los uniformados, de manera altanera y agresiva, se empeñaran en realizarle una revisión. La detención tuvo lugar el 29 de mayo pasado, cuando Jonathan caminaba por la localidad con una cerveza de lata cerrada en la mano. Al ser abordado por los uniformados, Cabañas se negó a ser revisado y declaró no haber ingerido bebidas alcohólicas en la vía pública. Los vigilantes solicitaron refuerzos. Elementos de la policía estatal arribaron a la zona y a golpes, sometieron al joven; sus familiares afirman haber sido testigos de la agresión física y también haber sido golpeados. Además de los porrazos al momento de la aprehensión, la familia de Jonathan denunció que los uniformados continuaron torturándolo mientras lo trasladaban al Ministerio Público, aun y cuando él lloraba y les suplicaba que se detuvieran. Los uniformados lo confrontaron: “aguántese, cabrón. ¿No que muy machito?”, le dijeron. No conformes, antes de llegar a la oficina donde sería remitido Cabañas, los policías hicieron un alto. En una zona solitaria lo bajaron del vehículo y continuaron golpeándolo hasta casi dejarlo inconsciente. Ahí recibió descargas eléctricas en la cabeza y testículos. Las lesiones quedaron registradas en el examen médico que se le realizó en el Ministerio Público. Ya frente a las autoridades, Jonathan fue acusado de portar un arma de fuego y del robo de un teléfono celular y 800 pesos de la tienda Bodega Aurrera, ubicada en San Rafael Chamapa y Luis Donaldo Colosio –en la vía que conecta a Naucalpan con Toluca- por lo que, contrario a lo que pasa con nuestro sistema de justicia en la mayoría de los casos, rápidamente fue sentenciado por robo con violencia. Semanas más tarde fue trasladado al Centro Preventivo y de Readaptación Social “Juan Fernández Albarrán”, ubicado en el municipio de Tlalnepantla. Días después Jonathan denunció que al ingresar, le advirtieron: “de allí se sale loco o muerto”. A partir de la detención y de las agresiones y torturas a las que fue sometido, Cabañas Ortega tiene secuelas físicas y psicológicas. Sus familiares denunciaron que padece constantes dolores de cabeza y lo que ellos llaman “delirio de persecución” y aunque las autoridades penitenciarias afirman dar tratamiento médico al joven, no es claro en qué consiste este o qué tipo de medicamentos recibe, aunque creen que puede tratarse de algunos que son prescritos a pacientes con esquizofrenia. La familia de Jonathan teme por su integridad personal, pues es evidente que su estado de salud físico y psicológico va en detrimento. Aunado a esto, denunciaron que la segunda semana de diciembre, el joven recibió un fuerte golpe en la cabeza; sin embargo, contó a sus familiares que el golpe le fue propinado con una banca, prefirió no señalar a los responsables por miedo a alguna represalia. Su condición psicológica empeora y sus familiares han podido constatar en su expediente médico que no hay un diagnóstico sobre sus síntomas y mucho menos un seguimiento puntual del tratamiento médico al que ha sido sometido. Preocupados, los familiares afirman que Jonathan ha recibido malos tratos y tortura al interior del mismo reclusorio. Justicia, la exigencia Las organizaciones que integran la Red de Alerta Temprana, exigieron a las autoridades penitenciarias trasladar inmediatamente a Jonathan Alejandro Cabañas Ortega a un centro hospitalario especializado –externo al centro penitenciario- para que se le realice una valoración neurológica, psicológica y psiquiátrica integral, y así obtener un diagnóstico de su estado de salud y de los padecimientos que pudiera presentar. Además, solicitan que se autorice la visita del médico Adrián Ramírez López y de la psicóloga María Isabel Mazo, para que valoren al joven, a petición de los familiares del interno quienes ya entregaron los documentos de autorización a las autoridades del centro preventivo; también solicitan que, una vez valorado y en caso de que así lo requiera, se facilite el internamiento de Jonathan a un centro hospitalario, como se establece en los principios de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Al Estado mexicano le exigen cumplir con su responsabilidad internacional de prevenir y sancionar todo acto de tortura, como lo establece la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y no someter a nadie a penas o tratos crueles, inhumanos o degradante, disposición que fue signada en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Los defensores de derechos humanos exigen que las “autoridades competentes” investiguen los actos de tortura denunciados y los señalamientos sobre falsedad de declaraciones de los uniformados; de comprobarse estas, solicitan que los responsables sean enjuiciados y castigados por un tribunal “imparcial e independiente”, para que se les apliquen penas adecuadas a la gravedad de sus acciones.
