Dirigentes de ambos partidos organizaron un mitin en la Plaza Lerdo, donde estuvo presente Miguel Ángel Yunes, quien sería el candidato de la coalición “Unidos para Rescatar Veracruz”.
El PAN y el PRD registraron el domingo la coalición “Unidos para Rescatar Veracruz”, con el objetivo de “sacar” al PRI del Palacio de Gobierno. “No fue fácil llegar hasta aquí; el PRI-gobierno, tanto a nivel federal como estatal, hizo todo lo que estuvo en sus manos para evitar este histórico momento, para evitar la alianza entre el PAN y el PRD en el estado de Veracruz, porque es una alianza a la que le tienen miedo, pánico, porque saben que con esta alianza vamos a ganar las elecciones y vamos a lograr rescatar Veracruz”, afirmó el dirigente panista, Ricardo Anaya El presidente de Acción Nacional subrayó que en Veracruz hay una crisis de inseguridad de tal magnitud, que es el estado de la República Mexicana más peligroso para ejercer el periodismo, y también en el que se registran más desapariciones, entre ellas la de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca; mientras que en materia económica la deuda pública de Veracruz ha aumentado más de 300 por ciento en los últimos seis años. “Yo no tengo duda y ustedes tampoco deben tenerla. El próximo 5 de junio, esta coalición va a lograr un triunfo histórico en Veracruz, vamos a sacar al PRI de Palacio de Gobierno y le vamos a dar a la gente de Veracruz un gobierno honesto, un gobierno eficaz, un gobierno de resultados, un gobierno para lograr seguridad, para lograr empleo y para lograr crecimiento económico”, concluyó Anaya. A su vez, Agustín Basave, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, afirmó que “esta alianza va a sentar un precedente muy importante… vamos a demostrar que las alianzas PAN-PRD generan gobiernos muchos mejores… que combaten la corrupción y todos estos flagelos que azotan a Veracruz desde hace ya 85-86 años de gobiernos priistas”. “Espero que todo salga bien y que también salga el gobierno de Duarte”, confió.
En un mitin, Basave y Anaya estuvieron acompañados por Miguel Ángel Yunes, quien se perfila como el candidato de ambos partidos en ese estado y quien enfrentará a Héctor Yunes, del PRI.
Los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Silvano Aureoles en Michoacán, de Rafael Moreno Valle en Puebla y de Eruviel Ávila en el Estado de México hacen caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con el Informe de Actividades que la CNDH, las cuatro recomendaciones que emitió al gobierno federal y a los estatales entre 2011 y 2015 fueron aceptadas pero no fueron atendidas. De acuerdo con el diario Reforma, la recomendación 3VG (violaciones graves), girada en noviembre de 2015 por los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, señala a la Policía Federal por la ejecución extrajudicial de una persona y el uso excesivo de la fuerza en contra de otras cinco, lo cual provocó sus muertes. El informe reveló que ninguna de las recomendaciones de la CNDH no fueron atendidas tanto por el gobierno federal como por el gobierno estatal. La CNDH recomendó presentar las denuncias ante la PGR, para perseguir a los responsables de los abusos, además de reparar el daño hecho a las víctimas y sus familias, por medio de compensaciones, atención psicológica, médica y tanatológica. La recomendación 2VG, dirigida al Gobierno de Puebla, documenta el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública contra pobladores de Chalchihuapan, en julio de 2014, lo cual resultó en la muerte de un niño de 13 años. El organismo de defensa de derechos humanos señaló que no se han atendido cinco de las 11 recomendaciones emitidas al gobierno de Moreno Valle para sancionar a los responsables. Por otro lado, en el Estado de México con respecto al caso Tlatlaya, el organismo reveló que sigue pendiente el cumplimiento de la indemnización, atención médica y psicológica a las víctimas, así como la determinación ministerial y administrativa de los responsables de violaciones a derechos humanos.
La CNDH emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la violencia física y sexual a uno de sus alumnos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la violencia física y sexual que padeció uno de sus alumnos de nuevo ingreso de la Escuela Médico Militar (EMM), entre septiembre de 2012 a junio de 2013 por parte de sus compañeros de segundo y quinto año. La madre de la víctima, quien acudió a denunciar los abusos el 12 de junio de 2013 ante la CNDH, relató que a su hijo lo despertaban cadetes de mayor grado entre las 2 y 3 de la mañana, lo llevaban al baño, donde le pateaban la cabeza, le daban puñetazos y tablazos, lo obligaban a limpiarles las botas, planchar uniformes y hacerles de cenar, además de que era forzado a llevarles alimentos y artículos de limpieza. La Comisión dijo haber acreditado los abusos en el expediente CNDH/2/2013/4732/Q, pues aseguró que a la víctima se le vulneró “en una de las esferas más íntimas de las personas que es la sexualidad”. “Se anuló el poder de decisión sobre su cuerpo, ya que mediante amenazas y sin su consentimiento, un cadete de mayor grado y antigüedad lo agredió sexualmente, destacando que en los días que eso ocurrió, se encontraba en estado de sometimiento y vulnerabilidad al estar en internamiento, alejado de su familia, bajo amenazas y al haber tenido la experiencia de haber sido agredido física y verbalmente por distintos cadetes desde que ingresó a la EMM; ante el temor de recibir un daño grave, obedecía al agresor contra su voluntad, y en ese plano de sumisión el agresor tenía la finalidad de intimidar y degradar al cadete de nuevo ingreso, lo que dejó en este graves secuelas psicológicas y afectación emocional”, relata la recomendación. La CNDH solicitó al general Salvador Cienfuegos, titular de Sedena, se ponga en contacto con la víctima para proporcionarle atención médica y psicológica; darle una reparación integral del daño; colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia que la CNDH formule ante la Procuraduría General de Justicia Militar contra los presuntos responsables, así como impartir un curso en materia de derechos humanos al personal docente y alumnado de la EMM, para eliminar la práctica de hostigamiento, intimidación, abuso y lesiones.
La participación de policías en el caso, el hallazgo de cuerpos no relacionados, cientos de agentes buscando sin resultados… Esto es lo más relevante de un caso que, según la CNDH, parece una repetición de lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa.
El lunes 11 de enero, hace exactamente tres semanas, cinco jóvenes que regresaban de un fin de semana en el puerto de Veracruz desaparecieron en el municipio de Tierra Blanca, luego de que fueron detenidos por un grupo de policías estatales junto a un supermercado. Hoy, su paradero aún es desconocido. Pistas fallidas, desconfianza en las autoridades, hallazgo de cuerpos no relacionados con el caso, reclamos de los padres que viven día y noche afuera de la fiscalía, son algunos de los episodios de un caso que – otra vez –exhibe las fallas que persisten en los esquemas de seguridad del país. “Parece que no hemos aprendido del pasado” dijo la semana pasada el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Raúl González Pérez, al lamentar el involucramiento de la policía en el caso de Tierra Blanca, tal como ocurrió hace año y medio en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En ese contexto, Animal Político presenta un resumen con las claves de lo que ha pasado y lo que se ha revelado en torno al caso, desde aquella mañana del lunes en que ocurrieron los hechos. Una investigación que sigue inconclusa y en la que se desconoce el destino de las víctimas. Tres semanas y contando. La desaparición forzada El lunes 11 de enero cinco jóvenes originarios del municipio de Playa Vicente, regresaban del puerto de Veracruz tras haber pasado un fin de semana de vacaciones en el que aprovecharon para celebrar el cumpleaños de uno de ellos: Mario Arturo Orozco Sánchez. Todos iban en un automóvil tipo sedán con placas del Distrito Federal. Al llegar a Tierra Blanca, donde hicieron una escala para almorzar, los jóvenes fueron interceptados por una patrulla de la policía estatal cerca de un supermercado. Se dijo que fue por exceso de velocidad y luego para una revisión de rutina. Un video confirmó que los agentes subieron a algunos de los jóvenes a una de sus patrullas y se los llevaron junto con su automóvil. Esa misma tarde, el coche en el que viajaban los jóvenes fue encontrado cerca del municipio de Medellín, cerrado y abandonado. Los jóvenes no llegaron a una base de la policía y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Nunca hubo una llamada o petición de rescate por ellos. Las cinco víctimas José Benítez, padre de uno de las víctimas, describió así a los chicos desaparecidos: todos son jóvenes de bien, estudiantes algunos recién egresados, no estaban involucrados en nada, son chicos sanos como cualquier otro, amigos que se cuidan entre ellos y les gusta divertirse. Entre las víctimas hay una menor: Susana Tapia de 16 años. Los otros cuatro son hombres mayores de edad y se llaman José Benítez de la O, de 24 años; su primo Bernardo Benítez de 25 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; y Alfredo González Díaz, de 25. Todos eran originarios o vivían en Playa Vicente, municipio de la región Papaloapan al sur de Veracruz. Algunos de ellos se conocían desde la primaria, donde compartieron clases, como dijo una de sus maestras en un video del caso. Los papas de José y Bernardo son ganaderos, tienen una concesión para distribuir cerveza de una marca conocida además de una tortillería. La madre de Susana Tapia es propietaria de una tienda de abarrotes, y los padres de Arturo Orozco y Alfredo González también tienen sus negocios propios. Búsqueda sin resultados El 13 de enero, dos días después de la desaparición y que el caso comenzara a hacerse público, la Fiscalía de Veracruz anunció la apertura de una averiguación previa y la activación de los protocolos de localización de personas en la región. Tres días más tarde, el 16 de enero, la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Desaparecidos de la Procuraduría General de la República (PGR) anunció su incorporación al caso. Dijo que se había implementado un operativo de búsqueda coordinado con la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional. Una semana después, el 23 de enero, el gobierno federal confirmó la llegada de 400 elementos de la Gendarmería para reforzar las acciones de búsqueda en la región y la extensión de las mismas a Oaxaca, donde una línea de investigación apuntaba a que podrían haber sido llevados a una casa. Los cuerpos… que no eran En las tres semanas transcurridas desde la desaparición de los cinco jóvenes, se han presentado (o filtrado) anuncios de hallazgo de posibles restos humanos y de cuerpos sin vida, sin embargo, ninguno ha correspondido a los jóvenes desaparecidos. Eso sí, van nueve cadáveres encontrados que evidencian la existencia de otros casos sin respuesta. Todo comenzó el 18 de enero cuando se reportó el hallazgo de posibles restos cerca de una camioneta en Medellín. Más tarde se confirmó que eran de animales. Dos días después, el 20 de enero, la Fiscalía de Veracruz confirmó el descubrimiento de seis cuerpos en una barranca ubicada en el municipio de Emiliano Zapata. No obstante, las autoridades señalaron que no correspondían al caso de los jóvenes desaparecidos pues las víctimas tenían un mayor tiempo de muertas. El 26 de enero la Fiscalía informó de un nuevo hallazgo de tres cuerpos en la zona de Plan del Río, también en las inmediaciones de Emiliano Zapata. Las autoridades confirmaron tras los primeros estudios, que tampoco estaban vinculados con los jóvenes desaparecidos el 11 de enero. El campamento y los padres Ante la falta de información inicial y de resultados, los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos decidieron instalar un plantón permanente en el exterior de la oficia de la Fiscalía del Estado en Tierra blanca. El campamento lleva ya más de dos semanas, casi siempre bajo la vigilancia de la policía. Con colchonetas, sillas de plástico, un horno de microondas y una televisión los familiares sobrellevan la vida del campamento afuera de la fiscalía, a la espera de alguna noticia. José Benitez, padre de uno de los chicos, dijo que han recibido comentarios tanto de apoyo como también amenazas de que ya se vayan, sin embargo, advirtió que continuarán ahí hasta tener resultados. Pero la presión de los padres no se ha limitado solo a su presencia permanente en la fiscalía. En redes sociales, lanzaron una campaña para promover la búsqueda de sus hijos y la recepción de cualquier dato que sea de utilidad. En Twitter por ejemplo, con la cuenta @nosflatan5 y el hashtag #nosfaltan5 han impulsado el caso, al igual que el Facebook con Ayúdenos a Encontrarlos. El 22 de enero los padres también publicaron un video en YouTube en donde explican quiénes son sus hijos y algunas de las condiciones en que ocurrió su desaparición. El enemigo en casa El involucramiento de las autoridades en la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca ha sido un factor central en la historia. Bajo el supuesto de ir en exceso de velocidad, policías estatales detuvieron a las víctimas y nunca se volvió a saber de ellas. Por ello, la Fiscalía de Veracruz y la PGR lo indagan como un caso de desaparición forzada. Hasta el día de hoy, suman siete los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal detenidos y consignados por este caso, entre ellos el delegado en la región Marcos Conde Hernández. La semana pasada, Veracruz también anunció la destitución del delegado de Tránsito en la zona, sin confirmar si el movimiento tenía relación con el caso. Cuatro de los policías estatales consignados por la desaparición de los jóvenes en Veracruz no pasaron las pruebas de control de confianza. Animal Político publicó que uno de cada tres elementos operativos de dicha corporación y casi la mitad de los mandos, trabajan sin ser confiables. A todo lo anterior se suma la versión de un posible montaje en la detención de tres líderes delictivos en la zona supuestamente ligados al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Los familiares de uno de los detenidos, señalaron que no fueron capturados en las condiciones que se informó, y que supuestamente les sembraron armas para incriminarlos. La Fiscalía de Veracruz negó lo anterior.
LÁZARO CÁRDENAS, Mich: El cuerpo de un hombre junto al cual se dejó un narcomensaje fue encontrado en la tenencia de Guacamayas, frente a una cancha de futbol. El cadáver, hallado por un grupo de jugadores en la colonia Ignacio Allende, estaba maniatado, con los ojos vendados y el tiro de gracia. Junto al cuerpo fue dejado un narcomensaje escrito en una cartulina verde fosforescente que decía: “Esto les va a pasar a todos los cobra cuotas y estafadores; ya estamos hasta la madre de tanta lacra. Vamos por ustedes, atentamente Los Justicieros”. Se calcula que la víctima tenía aproximadamente 26 años. Al lugar llegó personal de la Policía Estatal para resguardar el área del hallazgo.
El agente del Ministerio Publico se encargó de la recolección de indicios para luego realizar el levantamiento del cuerpo del hombre, quien se encuentra en calidad de desconocido en el anfiteatro del puerto. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428265
MÉXICO, DF: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar una nueva versión pública del expediente número A/390 relacionado con el levantamiento armado de Chiapas en 1994, resolvió el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). “Difundir las circunstancias en que se dio la contención del EZLN, permite verificar la actuación de nuestras fuerzas armadas, sobre todo en una situación como esta que dividió la opinión pública a favor y en contra del referido movimiento armado y cuestionó el actuar de las fuerzas armadas y tuvo repercusiones internacionales”, aseguró el comisionado ponente Óscar Guerra Ford. Señaló que la actuación de las fuerzas armadas se ha convertido en un tema muy recurrente en las solicitudes de información, por ello, la transparencia gubernamental de su actuar es un elemento importante para vigilar el funcionamiento correcto de estos cuerpos de seguridad. “Ahí donde está puesto el ojo del ciudadano, la posibilidad de una actuación fuera del marco de la ley se reduce al mínimo”, subrayó. Un particular solicitó información detallada sobre la presencia del Ejército Mexicano en el estado de Chiapas, de enero de 1994 a diciembre de 1998. En respuesta, la Sedena declaró la inexistencia de la información; no obstante, puso a disposición del solicitante una versión pública del expediente número A/390, en la que clasificó como reservados y confidenciales distintos datos. Inconforme con la clasificación, el particular presentó un recurso de revisión ante el Inai y pidió a la dependencia que le entregara una nueva versión pública del expediente, en copias legibles y gratuitas. En el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Oscar Guerra Ford, se determinó que la clasificación de los siguientes datos es improcedente: – Número de operaciones militares; de pasajeros militares; de carga transportada; de aeronaves militares; de elementos militares; número y localización de civiles fallecidos; número y tipo de vehículos militares; así como el número de personas aseguradas o detenidas. – Número y tipo de acciones adoptadas; tipo de operaciones o evento detectado; tipo de misión, acción o desarrollo de operación militar; tipo de apoyo militar; tipo de armamento militar, y equipo y/o material militar. – Número de tarjeta dirigida, fechas y datos de identificación de partes, informes, mensajes y radiogramas; ruta de vuelo militar; clave militar de brigada, tipo de documentos levantados, matrículas de vehículos militares, dependencias a las que pertenecen las aeronaves, rúbrica de los servidores públicos implicados en la emisión de las constancias que integran el expediente; clave de autentificación del documento militar. Se concluyó que se trata de información cuantitativa o numérica, sin pormenores que comprometan la seguridad y/o defensa nacional y cuya difusión tampoco pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de persona alguna. Asimismo, se advirtió que si bien dichos datos reflejan el estado de fuerza con el que se hizo frente al movimiento armado de 1994, lo cierto es que los implementos usados hace 22 años dejaron de ser exactamente los mismos por el solo transcurso del tiempo, lo cual no representa un riesgo inminente para la seguridad y defensa nacionales. Además, se corroboró que la versión pública entregada al particular es ilegible.
Por lo expuesto, el Pleno del Inai modificó la repuesta de la Sedena y le instruyó entregar una nueva versión pública del expediente número A/390, relacionado con el levantamiento armado del estado de Chiapas en 1994, legible y sin costo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428258
MÉXICO, DF: Luego de un operativo que derivó en un enfrentamiento armado, elementos de la Policía Federal desmantelaron en Sonora un centro de operaciones del Cártel de Sinaloa, detuvieron a 22 presuntos integrantes de la organización criminal y abatieron a otros dos. Labores de inteligencia permitieron ubicar un sitio en el municipio de Plutarco Elías Calles donde se almacenaba droga y se mantenía en cautiverio a migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos. La Policía Federal reveló que con información de la DEA y otras agencias estadunidenses sobre las rutas de trasiego de narcóticos, elementos federales desarrollaron investigación de gabinete y campo por varias semanas. Lo anterior permitió ubicar una vivienda en la zona desértica del poblado Sonoyta, cercano a la frontera norte, habilitada con todos los servicios y custodiada por hombres armados. Los agentes desplegaron un operativo por tierra, con el apoyo de helicópteros tipo BlackHawk para cercar el predio, pero al aproximarse fueron recibidos con disparos de armas largas, por lo que repelieron la agresión. Tras el enfrentamiento, dos presuntos delincuentes fallecieron y el resto optó por rendirse y entregar las armas ante el despliegue de la autoridad. A los 22 detenidos se les aseguraron diversos paquetes y mochilas con camuflaje, las cuales contenían un estimado de 250 kilos de mariguana. También se les decomisaron 18 armas de fuego, 15 de ellas fusiles de asalto y tres pistolas, además de cartuchos útiles de diversos calibres. Los detenidos, las armas, la droga y el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428259
Arrasaron grandes extensiones para obras turísticas y crear 4 municipios: especialistas. Proyectos se hacen en lo oscurito; la sociedad debe exigir consulta pública para que no se legalicen, dicen. Autoridades estatales no han hecho un solo decreto de área protegida en el sexenio: ex diputada.
Cancún, QR. En los últimos 40 años, la superficie de manglar en la zona norte de Quintana Roo pasó de 3 mil 429 hectáreas a mil 569 hectá-reas, es decir, 55 por ciento menos, según informes de biólogos y ambientalistas de la entidad, que atribuyen la pérdida de la vegetación de ese tipo al desarrollo inmobiliario que dio pie a la creación de cuatro municipios. Grandes extensiones de manglar se perdieron a partir de que surgieron los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún); Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum y Puerto Morelos, y comunidades costeras como Akumal, Puerto Aventuras, Punta Allen y Sian Ka’an. La reciente devastación por el proyecto inmobiliario, turístico y comercial de Malecón Tajamar fue la gota que derramó el vaso, coinciden los especialistas. Consideran que es un fenómeno lógico en una costa que se desarrolla a la velocidad con la que se pobló Quintana Roo. 5º lugar mundial en manglares México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en extensión de manglares, y según Gonzalo Merediz Alonso, director de la asociación civil Amigos de Sian Ka’an, la entidad tiene 27 áreas naturales protegidas: 19 federales y ocho estatales que abarcan un millón 646 mil 232 hectáreas, equivalentes a más de la quinta parte de la superficie del estado. El experto informó que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizaron una observación en el norte de Quintana Roo que concluyó en 2013. Hicimos una comparación con imágenes de satélite de 1976, y vimos que en ese periodo, digamos que en la etapa previa al desarrollo (inmobiliario) de la zona, hasta 2011, había una disminución de alrededor de 55 por ciento de la superficie de manglar, y en el 45 por ciento restante también ha habido alta tasa de fragmentación, explicó. Merediz Alonso recordó que en 1976, dos años después del arranque oficial del Centro Integralmente Planeado (CIP) de Cancún, había alrededor de 30 fragmentos de manglar (espacios en los que se esta fraccionando) en la región, y para 2011 ya había 167, debido a la proliferación de construcciones. “Pasamos de 3 mil 429 hectáreas (de manglar) a mil 569 hectáreas…es un fenómeno lógico en una costa que se está desarrollando a la velocidad con lo que lo ha hecho Quintana Roo. Aquí la pregunta que debemos hacer como sociedad es cuánto más podemos darnos el lujo de transformar”, cuestionó. Gonzalo Merediz atribuyó la pérdida de mangle a la transformación de los terrenos para desarrollos inmobiliarios, hoteleros y turísticos. Afirmó que otra causa menos justificable es la mala planeación en la construcción de caminos, pues no se introduce drenaje adecuado, se corta el ciclo hidrológico, y con los años la vegetación termina muriendo.
Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México han alertado sobre la devastación de los manglares, pues son barreras que detienen, en buena medida, la fuerza de los huracanes y tormentas tropicales que con frecuencia ocurren en diversas regiones del país. Graciela Saldaña Fraire, ex legisladora federal perredista y directora de ecología en el ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) en el trienio 2008-2011, criticó que las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador priísta Roberto Borge Angulo, no hayan hecho un solo decreto de área protegida durante todo el sexenio. Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), recordó que hace años ese organismo propuso que el desarrollo inmobiliario no fuera lineal y hubiera zonas de desarrollo, de muy baja densidad y con áreas de conservación. Van a hacer una ciudad de Isla Blanca a Tulum (156 kilómetros), una sola de manera lineal, con densidades altísimas, todo incluido y turismo masivo, y eso va contra el manglar porque es parte de la costa, alertó. Afirmó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) desarrolla la isla Cancún, lo que se conoce como la zona hotelera y al ciento por ciento de la isla se le quita el manglar. La activista subrayó que regularmente donde hay arrecife hay mangle, y en el caso del Caribe mexicano tiene frente a sus litorales el segundo más grande y rico en flora y fauna marina del mundo: el Sistema Arrecifal Mesoamericano, sólo superado por el de Australia. Alertan sobre más ecocidios Los tres especialistas coincidieron en que están en puerta nuevos ecocidios como el del Malecón Tajamar y, para evitar que se legalicen, la sociedad deberá exigir una consulta pública para cada autorización que pretenda emitir el ayuntamiento de Benito Juárez a nuevos proyectos, ya que actualmente, aseveraron, se autorizan “en lo oscurito”. Señalaron que la ciudadanía debe exigir la realización de consultas al alcalde Paul Michell Carrillo de Cáceres y al gobernador Borge Angulo para Punta Nizuc, el hotel Riu Riviera Cancún, la Milla de Oro, el Sistema Lagunar Nichupté y la construcción de puentes hacia la zona hotelera; de lo contrario, advirtieron, se autorizarán más ecocidios. Alertaron que varias reservas ecológicas están en riesgo de depredación tras las autorizaciones legaloides con las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano 2014-2030, impulsadas por Carrillo de Cáceres y Borge Angulo. Según el documento México protege sus manglares, elaborado por la Profepa en 2013, se detectaron focos rojos en cuatro estados: en Nayarit, por la construcción de granjas acuícolas; en Campeche, por asentamientos irregulares, rellenos, tala y cambio de uso de suelo en manglares; en Quintana Roo, por rellenos y cambio de uso de suelo, y en Yucatán, por asentamientos irregulares, rellenos, incendios forestales y cambios de uso de suelo. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: CARLOS ÁGUILAR ARREOLA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/02/01/estados/026n1est
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores confirmó que durante una fiesta de 15 años el sábado pasado, al menos 11 personas perdieron la vida en la comunidad de Cundancito, en el municipio de Coyuca de Catalán.
El mandatario guerrerense dijo que al lugar acudieron un grupo de elementos policiacos de los tres niveles de gobierno y fueron atacados a balazos. “La información que tenemos es que en una fiesta de 15 años hubo un problema y que hubo 11 personas fallecidas. Ayer se intentó llegar al lugar por la noche y quienes iban en varias patrullas fueron recibidos a balazos”, precisó. Comentó que por la mañana del domingo volvió a subir a esa comunidad otro grupo de elementos de la Policia estatal, federal, ministerial y el Ejército para indagar lo ocurrido en esa comunidad. Astudillo Flores señaló que ya las autoridades de los tres órdenes de gobierno están tomando cartas en el asunto, e iniciaron las indagatorias correspondientes, para saber lo que pasó en esa comunidad.
“Seguramente en estos momentos ya deben estar las autoridades en este pueblo que se llama Cundancito, de tal manera que hoy tendremos información que seguramente un boletin habrá por parte del Procurador del estado, el fiscal se lo voy a plantear para que dé a conocer exactamente”, comentó.
La juez que investiga la matanza de la colonia Narvarte perpetrada el 31 de julio pasado –en la que fueron asesinados el fotorreportero de Proceso Rubén Espinosa y cuatro mujeres– ordenó cerrar la instrucción del caso. Pero los defensores de las víctimas explican que aún falta esclarecer el móvil de la ejecución, saber si el trabajo periodístico de Espinosa motivó el ataque, llamar a declarar a más personas, investigar los señalamientos de que hubo más perpetradores, indagar una serie de llamadas desde Chihuahua, profundizar en la identidad del propietario de la camioneta en que los asesinos llegaron al departamento, ampliar la mecánica de hechos, y aclarar la ruptura de la cadena de custodia, entre otros aspectos. Hay un carpetazo en puerta.
CIUDAD DE MÉXICO: A seis meses del asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte de la Ciudad de México –incluidos un fotoperiodista de Proceso y una activista– la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sigue sin establecer el móvil del crimen, sin atender las peticiones de los abogados coadyuvantes y sin oír a los familiares de las víctimas. Además, está a un paso de dar carpetazo al expediente –que suma 15 tomos–, luego de que el viernes 29 la juez 25 en materia penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez, ordenara en tiempo récord cerrar la instrucción del caso, paso previo para dictar sentencia sólo a Daniel Pacheco Gutiérrez y José Abraham Tranquilino Torres, ya que César Omar Martínez Zendejas está amparado. Con ello, las promesas de Miguel Ángel Mancera de “llegar hasta las últimas consecuencias” y “no permitir que haya impunidad” quedan en el aire, según Patricia y Alma Espinosa Becerril, hermanas del fotorreportero Espinosa, quienes lo retan: “Si así como jefe de Gobierno que se había comprometido a resolver, no ha resuelto nada en este caso, no nos imaginamos cómo podría ser estando como presidente del país”. La orden de la juez se dio en medio de múltiples cuestionamientos sobre el trabajo de la investigación que la PGJDF ha hecho sobre el caso y que, según Leopoldo Maldonado, abogado de la organización internacional Artículo 19 y representante de la familia de Espinosa, “deja muy claro que no puede o no quiere llegar al fondo del asunto”. En entrevista con Proceso resalta que esa situación “es muy preocupante porque viola el derecho a la verdad, al acceso a la justicia a las víctimas y el derecho a la verdad de la sociedad” asentados en la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2048 de la revista Proceso, ya en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SARA PANTOJA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428237
Una vieja demanda de los habitantes de la Ciudad de México se concretó: la conversión de ésta en una entidad regida por su propia Constitución. Pero tan anhelada mutación llega ahora corrompida, maniatada y sometida a los intereses del PRI (partido que tendrá mayoría en la Asamblea Constituyente, pese a ser minoría en la capital del país) y de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno que pretende convertir esta maniobra política en su plataforma en pos de la Presidencia en 2018.
CIUDAD DE MÉXICO: Con la promulgación de la reforma política de la Ciudad de México el pasado viernes 29, el presidente Enrique Peña Nieto saldó una vieja deuda con el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, por el abierto e incondicional respaldo que éste brindó en su momento para la consumación y sobrevivencia del Pacto por México y por la docilidad y colaboracionismo asumidos hasta ahora con su administración. Estas opiniones son externadas por José Agustín Ortiz Pinchetti y Mario Delgado, dos de los promotores originales de la iniciativa, quienes añaden: Incluso Mancera proclamó que “la firma del Pacto por México permitirá resolver los principales problemas de la capital”; lo hizo el 3 de diciembre de 2012, dos días antes de tomar las riendas del gobierno de la ciudad. También señalan que pese a la tortuosa espera de poco más de dos años, y a la cerrazón del PRI para permitir que la elección de la Asamblea Constituyente fuera popular, soberana, no impuesta, como finalmente se aprobó, Mancera se dio por bien servido al abrogarse el mérito de materializar finalmente una añeja lucha de los capitalinos por lograr la restitución plena de sus derechos políticos, conculcados en 1928 con la desaparición del régimen municipal en la capital del país. El cerrojo impuesto por el PRI en la configuración de la Constituyente –al decidir que 40% de los 100 diputados que la integrarán sean designados por el Ejecutivo federal, el mandatario capitalino y las cámaras de Senadores y Diputados– en los hechos, esto le asegura una sobrerrepresentación en el órgano que se encargará de diseñar la Constitución de la Ciudad de México, pese a que el priismo es una fuerza política minoritaria en la metrópoli, afirman los declarantes. El otro candado que impuso el PRI fue el de la deuda pública, rubro en el que la federación seguirá manteniendo la tutela.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2048 de la revista Proceso, ya en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: RAÚL MONGE. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428232
Inmediatamente después de la captura de Joaquín Guzmán Loera se desató la tensión por su custodia: tanto la Policía Federal como la Marina reclamaron esa responsabilidad, que les daría réditos políticos y mediáticos. Pero la pugna no paró ahí. De hecho, el video que recientemente difundió la PGR para dar cuenta detallada de la aprehensión reavivó la tirantez: en él se dio prácticamente todo el crédito de la recaptura a la Armada, pese al papel central que tuvieron los agentes federales. Y hubo otra “víctima” de esa grabación: la versión oficial, que hoy luce endeble y contradictoria.
CIUDAD DE MÉXICO: Detrás de la propaganda oficial de que la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue un trabajo de coordinación del gabinete de seguridad, la detención provocó un enfrentamiento entre la Marina Armada de México y la Policía Federal (PF) por la custodia y entrega del jefe más buscado del Cártel de Sinaloa. La Procuraduría General de la Repúlbica (PGR) terció ya en la disputa. El desencuentro había quedado en segundo plano, pero el pasado miércoles 27 la PGR difundió un video que despertó más dudas sobre el rastreo y reaprehensión de Guzmán. En el afán de mostrar la detención como un “trabajo de inteligencia y coordinación”, la PGR terminó por reavivar las inconsistencias y contradicciones de la versión oficial, además de la discordia que campea en el gabinete. La noche del martes 26 la PGR alertó a la prensa: durante la madrugada del miércoles daría a conocer algo importante. A la 1:10 de la madrugada distribuyó un video de 19 minutos para explicar cómo había atrapado al jefe del narcotráfico el 8 de enero en Los Mochis, al norte de Sinaloa. Con el título ‘La investigación y las labores de inteligencia relacionadas con la captura de Joaquín Guzmán Loera’, el video de inmediato generó más dudas sobre el relato oficial de la persecución de Guzmán desde que se fugó el 11 de julio de 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La grabación significó, además, el espaldarazo a la Marina por parte de la titular de la PGR, Arely Gómez. El video no le da mérito a la PF, a pesar de que fueron elementos de esa corporación quienes aprehendieron al Chapo, luego de que éste se había escabullido de las fuerzas especiales de la Marina en un enfrentamiento ocurrido en una casa de seguridad en Los Mochis. Elaborado para explicar la segunda evasión del capo de un penal de máxima seguridad, el momento de su recaptura y su regreso al Altiplano, el documento visual omite momentos que, según la propia PGR, fueron clave en la recaptura, como el seguimiento de la actriz Kate del Castillo durante sus encuentros con un abogado de Guzmán Loera y sus chats con el capo.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2048 de la revista Proceso, ya en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA, PATRICIA DÁVILA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428225
Las autoridades en Sinaloa informaron sobre la detención de cuatro policías estatales y dos municipales, para indagar su actuación ante el ataque en la comunidad de Cristo Rey.
Un video muestra el momento en que policías estatales y municipales huyen del poblado de Cristo Rey, municipio de Escuinapa, Sinaloa, mientras un grupo armado ataca y los habitantes gritan por ayuda, y un hombre muere asesinado. En el material, difundido en redes sociales, se observa a un par de vehículos de ambas corporaciones de la policía en su escape, y cómo hombres armados sacan a una persona de 27 años de una casa. Después se escuchan tres detonaciones. Según el diario Noroeste, el ataque se dio el miércoles pasado, aunque el video captado por habitantes de Cristo Rey comenzó a circular este domingo. Tras lo ocurrido, cuatro policías estatales y dos policías municipales fueron presentados en el Ministerio Público, para que se investigue su actuación, informaron autoridades locales, según el diario. Los agentes detenidos mencionaron que se retiraron de la zona del ataque al sentirse superados por el número de hombres armados, reportó Noreste. En tanto la Procuraduría General de la República (PGR) informó el domingo pasado sobre un operativo en la colonia Emiliano Zapata de Escuinapa, en el que se aseguraron armas, granadas y cartuchos, además de “un costal de yute con marihuana con un peso aproximado de 3,600 kilogramos”.
Sinaloa, en el norte de México, forma junto a Chihuahua y Durango parte de la zona conocida como el Triángulo Dorado, donde operan o surgieron diferentes grupos del narcotráfico.
Implicó en 2015 un aumento anual de 14.8% o $62 mil millones, según reporte de SHCP. Respecto al débito externo se pagó el equivalente a 1.9% del PIB entre enero y septiembre \del año pasado, que fue la proporción más alta de los últimos 18 años, advierte el Ceesp.
El costo financiero del endeudamiento total del sector público mexicano implicó un gasto sin precedente de 407 mil 893.6 millones de pesos durante 2015, el cual tuvo un incremento anual de 14.8 por ciento en términos reales, indica el Informe sobre las finanzas públicas y la deuda, al cuarto trimestre del año pasado. Ese aumento porcentual en el pago de intereses y comisiones implicó un alza de casi 62 mil millones de pesos en 2015 respecto al cubierto durante 2014, indicó el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados. Del costo total del endeudamiento público, 97.3 por ciento, esto es, unos 396 mil 944.3 millones de pesos, correspondieron al pago de intereses, comisiones y gastos relacionados con el endeudamiento del gobierno federal y el sector paraestatal. Mientras 10 mil 949 millones de pesos, equivalentes a 2.7 por ciento del costo de la deuda pública, fue el monto de los intereses pagados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Ipab) y otros. Con un incremento anual de 8.2 por ciento en términos reales, por parte del endeudamiento del gobierno federal el costo financiero fue de 311 mil 281.3 millones de pesos, mayor en más de 31 mil millones a lo pagado en intereses en 2014. Por el lado de las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, el costo financiero por el incremento de su endeudamiento y el impacto de la devaluación del peso en su monto se incrementó en 54.1 por ciento real durante 2015, hasta ascender a 85 mil 663 millones de pesos en pagos de intereses y comisiones, desde 54 mil 126.2 millones de pesos pagados para lo mismo en 2014. El aumento anual de 31 mil 536 millones de pesos en el costo de la deuda del sector paraestatal durante 2015 fue similar, incluso mayor, al incremento del correspondiente al gobierno federal, a pesar de que representó 21 por ciento del total de intereses y comisiones cubierto por el sector público mexicano el año pasado.
Los correspondientes al gobierno federal representaron 76.3 por ciento de los 407 mil 893.6 millones de pesos gastados en total como costo financiero en 2015. Según el reporte de Hacienda, el saldo de la deuda neta total del sector público ascendió a 8 billones 160 mil 589.9 millones de pesos al término del año pasado. Ese monto representó un aumento real de 14.3 por ciento, equivalente a un billón 213 mil 143 millones de pesos durante 2015. De esa elevación, unos 575 mil 607 millones de pesos correspondieron al aumento registrado en la deuda interna, la cual representa 66 por ciento del endeudamiento total del sector público. En tanto, la deuda externa, que significa 34 por ciento del total, tuvo una elevación anual de 29.7 por ciento, por una cantidad de 637 mil 536 millones de pesos, debido a la mayor contratación de débitos en el exterior y el impacto de la devaluación de la moneda nacional frente al dólar estadunidense. Con otra fuente de información oficial y con cifras a septiembre de 2015, el Centro de Estudios del Sector Privado (Ceesp) advirtió, por su parte, que por intereses de su deuda externa México pagó el equivalente a 1.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) entre enero y septiembre del año pasado, lo que representa la proporción más alta para el mismo periodo de los últimos 18 años. El gasto neto al respecto ascendió a 16 mil 314 millones de dólares, el mayor monto para el mismo lapso en la serie que publica el Banco de México desde 1995, indicó. El organismo insistió una vez más en que es importante estar atentos a los niveles de endeudamiento público, así como al déficit que han alcanzado las cuentas externas del país. Es evidente que ante fuentes de recursos internos débiles, la solución ha sido un mayor déficit de las finanzas públicas en los años recientes, lo que ha propiciado un aumento en la deuda pública interna y externa, lo que en ambos casos se refleja en el aumento del pago de intereses al exterior, indicó.
Sobre la cuenta corriente, el Ceesp refirió que hasta el tercer trimestre del año pasado registró un déficit equivalente a 2.9 por ciento del PIB, el porcentaje más alto para el mismo periodo desde 1988, es decir en los últimos 27 años, e incluso pronosticó que rebase el 3 por ciento en todo 2015. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: JUAN ANTONIO ZÚÑIGA, SUSANA GONZÁLEZ. LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/02/01/economia/022n1eco
Todo indica que Televisa empieza a hacer agua. Por un lado, enfrenta una crisis económica derivada de la baja en los ratings y en la venta de espacios publicitarios. Por otro, la competencia de la televisión on line (en particular Netflix) la tomó por sorpresa y la está desplazando del gusto mayoritario. Así, el emporio de los todavía autodenominados “Cuatro Fantásticos”, encabezados por Emilio Azcárraga, ha comenzado a adoptar medidas de emergencia: reorganización interna, cambios en sus espacios informativos y reestructuración de su Consejo de Administración.
CIUDAD DE MÉXICO: Desde 2001, cuando lograron remontar la deuda de mil 800 millones de dólares, heredada por el mal manejo del Tigre Emilio Azcárraga Milmo, el equipo directivo de Grupo Televisa –conocido como Los Cuatro Fantásticos: Emilio Azárraga Jean, Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia y José Bastón– no había enfrentado un desafío tan complejo como el que se le presenta para este y los próximos años. El panorama no es halagüeño: disminución de la venta publicitaria en televisión abierta, caída de la audiencia en sus segmentos de entretenimiento más importantes (deportes, telenovelas y concursos), crisis de credibilidad de sus espacios informativos y consecuencias negativas del “apagón analógico”. Además, la emergencia de una competencia no prevista: la televisión on line, cuyo crecimiento ha sido exponencial con empresas globales, como Netflix, que amenazan con rebasar en cinco años hasta la televisión restringida, donde Televisa domina 62% del mercado nacional. Los focos rojos se encendieron en el segundo trimestre de 2015, cuando Televisa reportó ante la Bolsa Mexicana de Valores una baja de 16.4% en ventas publicitarias, y en el tercer trimestre del mismo año, cuando se confirmó otra disminución de casi 9%, en comparación con los mismos periodos de 2014. El 2 de octubre de 2015, de acuerdo con fuentes de la televisora consultadas entonces por el reportero, Los Cuatro Fantásticos fueron anfitriones, en una comida-tour en sus foros de grabación, de 650 publicistas ante quienes presumieron, para incitarlos a invertir, que Televisa “conecta” con 14 millones de personas en una sola emisión de sus horarios estelares. Según las mismas fuentes, Azcárraga Jean afirmó: Dejamos de hacer esta comida hace tiempo y para mí es un orgullo poderla volver a hacer en este foro, el foro 2. Créanme que éste es un relanzamiento de Televisa y la relación con sus anunciantes. Queremos crear estas conexiones. El panorama no mejoró mucho después del “relanzamiento”. Televisa trató de incrementar las tarifas publicitarias de televisión abierta entre 40 y 50%, pero acabó negociando con las grandes compañías aumentos de sólo 10%, ante la resistencia de los corporativos, confía a Proceso uno de los participantes de esta negociación.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2048 de la revista Proceso, ya en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JEANRO VILLAMIL. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428230
CIUDAD DE MÉXICO: El expresidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó que la tarea de la izquierda progresista es emprender acciones para combatir la desigualdad, porque ésta impacta a la democracia y la libertad de derechos sociales. “Nos falta eficacia, somos muy buenos para detectar los problemas pero no las soluciones, y debemos tener las soluciones a los problemas que localizamos, no sólo encontrar las injusticias sino encontrar las respuestas para eso”, afirmó. Al término de los trabajos del Encuentro Internacional de la Izquierda Democrática, que duró cinco días y tuvo como sedes las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, Ortega sostuvo que los problemas como la migración, desigualdad, violencia, exclusión, crimen organizado y ecocidio, no se pueden solucionar con una sola persona o gobierno, por ello, señaló que a “los problemas con contenido global” se le deben dar respuestas globales. Anunció que en dos meses se llevará a cabo una reunión donde se aterrizarán los planteamientos a los que se llegó durante estos cinco días de trabajos, con miras a generar acuerdos globales que se traduzcan en políticas públicas en beneficio de cada nación. Ortega Martínez explicó que una de las preocupaciones que se externaron en el foro fue el crecimiento de la izquierda y derecha extremista en España, Francia, Italia, Europa del Este y desde luego, hay manifestaciones en América latina y que se debe poner mucha atención ante la “alarma en el mejor sentido, para que no avance la derecha en Sudamérica y en el conjunto de Latinoamérica. Tenemos que tomar medidas y acciones políticas para que izquierda vuelva a crecer de manera importante y a gobernar en muchos de los países de la región”. En ese sentido,recordó que los nacionalismos xenofóbicos y fascistas que se registran en algunos países europeos y se traducen en el rechazo a la migración son preocupantes. Dijo que ese fenómeno se presenta en América Latina y sobre todo en América del Norte, donde hay preocupación por la alianza de sectores conservadores con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, “lo que puede ser un factor muy peligroso para todos”.
Finalmente, advirtió sobre las campañas de la derecha en México “para que la política y los políticos, incluidos partidos, sean repudiados y con ello, se excluya a la gente de las decisiones fundamentales que le dan curso a la democracia”. En ese contexto, convocó a reivindicar la política, sobre todo, a la que busca fortalecer a la democracia, la libertad y la ampliación de los derechos de las personas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428210
OAXACA, Oax: El CEN del PRI oficializó la designación de Alejandro Murat Hinojosa como precandidato único al gobierno de la entidad, quien poco después sostuvo que, de llegar a la gubernatura, será él quien gobierne y no su papá, el exmandatario José Nelson Murat Casab. “El que ya bailó, que se siente”, hizo saber el exdirector del Infonavit a su padre Murat Casab, al que dijo querer y respetar pero que no lo dejará “cogobernar” en caso de ganar la elección del próximo 5 de junio. A través de un comunicado, la directiva nacional del PRI que encabeza el sonorense Manlio Beltrones dio a conocer su decisión y adelantó que Murat Hinojosa será registrado el próximo martes como aspirante a la gubernatura de Oaxaca. De esta forma, el hijo de Murat Casab se impuso al senador Eviel Pérez Magaña, quien era apoyado por el otro exmandatario Ulises Ruiz Ortiz, lo que hace suponer una división interna en el PRI local. En una entrevista con Apro, el exdirector del Infonavit habló de su amistad con el presidente Enrique Peña Nieto, de su padre José Murat y sobre si cumple con los requisitos para ser registrado como candidato. –Si llega Alejandro Murat a la gubernatura, ¿quién va gobernar, usted o su papá? –Alejandro Murat ha demostrado en los hechos, siendo director del Infonavit, que en la parte pública el exgobernador fue irrelevante y en la parte personal es mi padre, y lo quiero y lo admiro, pero en la parte pública, que quede claro, el que asumirá los aciertos y los fracasos seré yo, estoy claro de que a Oaxaca lo vamos a convertir en un acierto. –¿José Murat ya probó el poder y le gustó? –No. Te lo diré de manera contundente, el que asumirá los aciertos y los desaciertos de la historia es Alejandro Murat, y a Oaxaca lo vamos a convertir en un acierto. Entonces, el que ya bailó que se siente. Respecto de su amistad con el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que “los hombres no se inventan todos los días. He dado resultados cuando fui diputado, director del Registro Público, del Sistema de Radio Mexiquense y director del Infonavit. “La confianza que me ha dado el presidente en estos nueve años nadie le regala nada a nadie, uno acredita con resultados su trabajo y su empleo. “No niego que somos amigos, pero lo que me ha permitido estar cerca de él no es la amistad, esto del servicio público no es un tema de cariños, es un tema de resultados, nadie quiere en su equipo gente que le cree problemas. Por supuesto le informé y me deseó suerte”. En cuanto a que si es inelegible o no, el virtual candidato dijo tener la certeza absoluta que cumple con los requisitos y “no porque lo digo yo, sino porque lo dice la Constitución de Oaxaca, soy oaxaqueño y estoy claro que vamos a cambiar a Oaxaca”. Insistió en que “en la parte legal estoy claro que cumplimos los requisitos porque la ley está de nuestro lado y es ahí en donde vamos a ganar, en las urnas, no en la mesa, la contienda electoral”, puntualizó. En cuanto a la confrontación entre los exgobernadores Ulises Ruiz y José Murat, lo resumió en que son mitos y leyendas políticas. También considera que “es una falta de respeto a la militancia pensar que dos hombres pueden concentrar esa definición de poder. Las elecciones anteriores son el claro ejemplo de que quienes mandan es la gente, y en mi partido manda la militancia, y es ahí donde Alejandro Murat tendrá que acreditar que tiene la capacidad para convertir a Oaxaca en un gran acierto”. En cuanto a las coaliciones, opinó que “las alianzas han caído en la falacia electoral, pues no es suficiente ganar elecciones para cambiar el gobierno y la calidad de vida en Oaxaca, y eso sucedió en Oaxaca y otros estados, se cayó en una falacia electoral, pero eso no se ha traducido en mejores condiciones de vida para los oaxaqueños”. Las verdaderas alianzas, aclara, “se dan con la gente, y los verdaderos independientes son los que piensan diferente, por eso la alternativa que presentará Alejandro Murat será ganadora”. Cabe recordar que la exdiputada Margarita García García denunció que en junio pasado el Congreso local aprobó una ley “a modo” para que el exgobernador José Murat impusiera a su hijo, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, como virtual aspirante al poder en la entidad. Por cierto, la reforma a la fracción primera del artículo 68 se contrapone claramente a lo dispuesto en el 116 de la Constitución federal, que establece que para ser gobernador es necesario ser nativo de la entidad o contar con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. “A pesar de ello, miembros de la legislatura local de diversos partidos políticos, después de reunirse con el exgobernador y represor José Murat Casab, se sometieron a sus indicaciones de confeccionar un traje a la medida para su hijo, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a quien ajustaron a tres años la residencia para ser gobernador, creando una clara contradicción frente a nuestra suprema Carta Magna”, afirmó García. Y es que el hijo del exgobernador priista no nació en Oaxaca, sino en el Estado de México, y nunca antes mostró interés por conocer el estado que gobernó su padre, “prueba de ello son los constantes errores en equivocar los nombres de nuestros pueblos en las constantes visitas que hoy realiza por órdenes de su padre, en su capricho por imponerlo como gobernador del estado”, acusó la también exregidora de Oaxaca de Juárez. Y fue en octubre pasado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma electoral avalada por el Congreso de Oaxaca, que reducía de 5 a 3 años la residencia en el estado para los aspirantes a la gubernatura, candado que frenaba las aspiraciones de Murat. Sin embargo, los defensores de Murat alegan a su favor que el artículo 23 de la Constitución local otorga la calidad de ciudadano a los hijos de padres oaxaqueños, el conocido “derecho de sangre”. La redacción original del artículo 116 de la Carta Magna acota:
“Los estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites, pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión.” FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428188
