Roberto Saviano, periodista, escritor y ensayista italiano de renombre internacional, analiza para SinEmbargo la reciente captura de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera y el uso mediático que le ha dado el Gobierno federal. “Antes de emprender cualquier tipo de lucha contra el narcotráfico debemos emprender una lucha contra la corrupción, el principal problema real de México”, dice. Luego agrega: “El Gobierno mexicano tiene una obligación para con la comunidad internacional: en primer lugar, dar respuestas sobre lo que le pasó a Iguala [...]. ¿Qué confianza pueden tener en el Estado las madres, padres, hermanos, amigos que han visto a sus seres queridos desaparecer en cualquier momento y sin ninguna explicación real?” Rara vez llegan las noticias de México a los medios europeos: a menudo no son suficientes los números de la narcoguerra o los datos de las desapariciones forzadas, o las terribles imágenes de las decapitaciones y mutilaciones para atraer la atención de los medios internacionales sobre la problemática mexicana. A menos de que se trate de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la narcostar [narco estrella] cuyas hazañas han dado la vuelta al mundo rebotando de un periódico a otro, de un televisor a otro, de una red social a otra. Desde el día de su recaptura, los medios de comunicación internacionales como los mexicanos, han seguido, paso a paso, episodio tras episodio, lo que ahora parece una telenovela cuyos ingredientes cinematográficos –el malo, la bella, la estrella del cine, la posible intriga pasional…– corren el riesgo de que se olvide todo el escenario criminal y económico detrás de esta historia. Pero mirando el asunto más de cerca, más en profundidad, nos damos cuenta por un lado de la fragilidad de un gobierno que espera más escándalos para seguir evitando confrontaciones; por el otro, la otra fragilidad de un jefe histórico que utiliza los medios de comunicación para su propio poder.
Políticamente, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha explotado la detención de “El Chapo” para evitar dar respuestas a los ciudadanos mexicanos y a la comunidad internacional, quienes han estado esperando desde hace tiempo. La recaptura del capo más buscado del mundo fue una buena oportunidad para eclipsar el homicidio de Gisela Mota, la nueva Alcaldesa de Temixco, asesinada el 2 de enero del año en curso; fue la enésima oportunidad para evadir las preguntas sobre los 43 estudiantes de Iguala desaparecidos y de los cuales el Gobierno es ahora responsable.
Al mismo tiempo, el cortocircuito en que terminó “El Chapo” Guzmán es un ejemplo de la debilidad de la cabeza del Cártel de Sinaloa. ¿Cómo sabes cuando un líder se vuelve frágil? La fuerza de un capo y de un grupo criminal es mayor cuando no es facilmente visible, es mucho mayor cuando existe una especie de paz social que permite un crecimiento exponencial de sus negocios. Es cuando hay paz – y cuando hay una baja atención por parte de las fuerzas de seguridad y la comunidad internacional – que es posible un mayor crecimiento económico, el desarrollo pacífico de nuevas “líneas de negocio”. A pesar de lo que se pueda pensar, cuando un jefe y una organización disparan, asesinan, cometen masacres y llevan a cabo operaciones militares para unas estrategias internas a la organización (como castigar a los traidores) significa que están en un momento de debilidad. Por supuesto, la paz y el crecimiento no puede durar mucho porque – incluso si no están detenidos o muertos – los líderes envejecen y los de la nueva generación siempre estarán listos para la sucesión, que sólo en raras ocasiones no trae una contienda; sin embargo, siempre y cuando se pueda, es importante no llamar demasiado la atención y no hacer demasiado ruido. Y el ruido no sólo significa los disparos y las bombas, sino también los medios de comunicación. La fuerza de “El Chapo” siempre había sido, hasta ahora, su invisibilidad, su capacidad de moverse en las sombras, su no existencia mediática, el respeto de aquel principio primero para un narcotraficante de drogas que había aprendido directamente de “El Padrino” Félix Gallardo: la no ostentación y el respeto de las reglas criminales. No hay ninguna necesidad de demostrar quien es el jefe, en la organización todo el mundo lo sabe y lo respetará automaticamente. Pero cuando esta función falla, ese es el momento en el que un jefe necesita ser protagonista, necesita salir de las sombras, hacer declaraciones públicas, operaciones simbólicas que lo llevan a las primeras páginas de los periódicos del mundo entero. Cuando el capo comienza a sentir que no lo es más, realmente necesita salir y comunicarle a los medios que él es la cabeza, que existe. Un jefe es frágil cuando los medios de comunicación no se hacen cargo de él, cuando es él que se acerca a ellos porque con su caja de resonancia pueden amplificar su poder que está disminuyendo, efectivamente, minado por las rivalidades internas y sucesores directos inadecuados. Esto explicaría la decisión de “El Chapo” de conceder una entrevista a Sean Penn y en esa ocasión de jactarse de ser el más grande traficante de drogas, el más eficiente para lavar el dinero, el mejor entre los malos. Una elección que resultó ser no sólo arriesgada, también desastrosa.
En los últimos años, mientras que “El Chapo” entraba y salía de prisión, el Cártel de Sinaloa no había sufrido perturbaciones significativas porque seguía teniendo un guía fuerte y mucho más discreto: “El Mayo” Zambada, el cerebro y, probablemente, el nuevo líder de la organización. De hecho, si el Cártel de Sinaloa se ha mantenido como la más poderosa organización en México se debe a su propia presencia, lejos de los focos y la atención a nivel internacional. Si en cualquier lugar es ahora conocido el nombre de “El Chapo” y sus fotos con camisas extravagantes han dado la vuelta al mundo, pocas personas conocen el nombre de su socio más importante y menos aún conocen su rostro. Es esta invisibilidad la que ha hecho la suerte de Ismael “El Mayo” Zambada y lo ha convertido en este último período en el verdadero sostén de la organización. El cártel ha sido capaz en los últimos años de gestionar el tráfico internacional, controlar el territorio, coordinar una política amiga y luchar contra los rivales sin comprometer sus equilibrios.
Como sucede a menudo en las organizaciones mafiosas, el mando debería pasar naturalmente a los hijos del jefe, por consiguiente a uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán: pero tanto Iván Archivaldo como Jesús Alfredo parecen ser víctimas de exhibicionismo y incapaces de tener una visión económica, peculiaridades que no encajan en la personalidad de un jefe de la mafia. Amantes del lujo, de los coches hermosos y de las bellas mujeres, en las redes sociales lanzan mensajes amenazantes al gobierno y dan rienda suelta a su deseo de hacer alarde de ser matones, pero parece que tienen más seguidores en Twitter que la propia organización. Iván Archivaldo y Jesús Alfredo recuerdan mucho a los hijos de la mafia italoamericana, que, como contó Joe Pistone, el agente del FBI que trabajó como infiltrado en la mafia de Nueva York, se emanciparon y se convirtieron en matones, debilitándose y alejándose de las reglas de la mafia, que son los pilares de la organización. Iván Archivaldo Guzmán no tiene poder económico, sabe gastar el dinero que le da su padre pero no sabe cómo producirlo, no puede establecer “reglas”, o sea prácticas criminales compartidas, respetadas en el nombre de su funcionamiento y el miedo. Iván Archivaldo sólo sabe amenazar. Jesús Alfredo no tiene una verdadera dimensión criminal, no conoce alguna disciplina y en los años no ha logrado convertirse en lo que su padre quería, o sea, quien interactuara entre la familia mafiosa y el mundo de los negocios. Iván Archivaldo iba a ser el heredero de su padre en el segmento militar y organizativo; Jesús Alfredo iba a encargarse de la política y los negocios: hasta la fecha han sido dos fracasos. No son capaces y no les ayuda su corta edad y la forma en que fueron criados en vicios y lujos. No tuvieron la juventud campesina de su padre, ni tienen la capacidad de construir consensos. Ellos saben sólo otorgar dinero y susto, cosas muy diferentes del carisma y del welfare state [estado del bienestar] de “El Chapo”.
Muchas personas creen que los dos hijos de “El Chapo” no tienen lo que se necesita y no gozan del respeto necesario para dirigir la organización, y es probable que al intentar hacerlo se desencadenara una pelea: por un lado los hijos de “El Chapo” y por el otro la vieja generación de Sinaloa, dirigida por “El Mayo”, que teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, se mostró más fiable que su socio.
“El Mayo” tiene un hijo con más talento que los hijos de “El Chapo”: Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hasta su detención en 2009 era un integrante de alto rango del Cártel de Sinaloa. Fue detenido y extraditado a los Estados Unidos en 2010 para enfrentar cargos de tráfico de drogas. En los Estados Unidos comenzó a hacer declaraciones ardientes, tales como la existencia de fines de los años 90 de un pacto entre la DEA y el Cártel de Sinaloa, según el cual la agencia antidrogas garantizaría, a cambio de información sobre sus rivales, inmunidad a los líderes de Sinaloa (les informarían de las operaciones militares contra ellos para que pudieran huir de
sus refugios y la garantía de no iniciar procedimientos penales contra ellos en los Estados Unidos). El juicio de Vicente Zambada se pospuso varias veces y al final llegó a un acuerdo con el fiscal para declararse culpable y lograr una reducción de la pena a cambio del compromiso de cooperar con las autoridades estadounidenses, que incluso le confiscaron 1.37 mil millones de dólares.
Nunca me convenció esa historia, ni he podido entender realmente los distintos pasos. Si realmente Zambada hubiera cooperado con la DEA, significaría envenenar los pozos en México para obtener agua clara en Estados Unidos. Pero hay muchas dudas acerca del relato de Zambada, que hoy sin embargo sigue siendo el conocedor del mapa financiero del Cártel de Sinaloa.
De todas formas, a pesar de la desafortunada suerte de “El Chapo”, a pesar del ruido mediático y del júbilo de la clase dominante sobre su arresto, el gobierno no logra convencer y no convence porque no es creíble un gobierno que ha decidido proyectar la imagen de un México que no habla de tráfico de drogas (excepto en el caso de que, por supuesto, hay que celebrar un arresto). No convence porque no basta con callar la plaga del País para resolverla. Peña Nieto, para mostrarse diferente de la gestión fallida de su predecesor Felipe Calderón, no quiere dar la imagen del sheriff que trata de erradicar el problema, quiere representar la imagen limpia y nueva de México. Pero el problema del narcotráfico no desaparece simplemente porque no se hable del tema. Sobre todo porque los números nos dicen lo contrario. El sexenio de Peña Nieto está demostrando algo dramático: 54 mil 421 asesinatos en los últimos tres años, y 2015 fue el año más terrible, con 18 mil 650 casos registrados. 54 mil 421 asesinatos son impresionantes, es como si en tres años un pueblo entero hubiera desaparecido. Este progresivo aumento de los homicidios se debe al hecho de que la represión llevada a cabo en los últimos años por las fuerzas del orden mexicana y la inteligencia de los Estados Unidos dirigida a los que hasta hace poco tiempo eran los grandes cárteles -como el Cártel del Golfo o el de Juárez o la organización de los Beltrán Leyva- no condujo a la disolución de estos cárteles, a su aniquilación, sino llevó, a menudo, a una propagación de metástasis de microcarteles, sedientos de poder y dinero. Esas estructuras más pequeñas que nacen de vacíos de poder, las pandillas fuera de control, en las que, a diferencia de los cárteles históricos que se basaban en el respeto de las reglas de la mafia, la única regla para ellos es no tener reglas, y no tener reglas no es una buena manera de hacer negocios.
Incluso, la iniciativa del Mando Único, cuyo Presidente Peña Nieto tenía entre uno de los puntos cruciales para combatir el tráfico de drogas, parece no haber tenido los resultados esperados, sea porque es difícil de ser aceptada por las autoridades locales (que ven al Mando Único como una inútil imposición y una pérdida de autoridad), o porque, como algunos expertos señalan, no es una garantía real en la lucha contra el crimen organizado. El Mando Único, de hecho, permite una centralización del poder y más control sobre los políticos locales, pero no elimina el problema de la corrupción que puede ser generalizado a todos los niveles, municipal, estatal y federal. Me parece que detrás de este deseo de centralización de poderes en materia de seguridad pública haya en realidad un deseo de descentralización de la responsabilidad moral y de alejamiento del problema narcotráfico del gobierno central, es decir: sólo los políticos locales son corruptos, sólo los gobiernos locales no saben solucionar la cuestión criminal pero nosotros de las altas esferas somos limpios y eficientes. Alejar la plaga del narcotráfico de la imagen de México parece ser la verdadera estrategia antidrogas del gobierno de Peña Nieto y el Mando Único no hace más que aumentar la brecha que ya existe entre el gobierno y el pueblo mexicano. Antes de emprender cualquier tipo de lucha contra el narcotráfico debemos emprender una lucha contra la corrupción, el principal problema real de México. Es difícil imaginar una lucha contra la corrupción sin la construcción de un mecanismo donde la honestidad es conveniente y no sólo una elección moral. No es una misión simple. Los narcotraficantes mexicanos tienen una cantidad de dinero líquido como para comprar un banco en California sólo para lavar sus narcodólares, como lo venía haciendo “El Chapo”. Esta noticia salió en México a finales de diciembre, pero fue ignorada por la prensa internacional; sin embargo, el hecho de que los ingresos de los narcos de la droga pueden comprar empresas, traficar con armas, liderar el mercado de bienes raíces, hacer importantes transacciones financieras y bancarias en el extranjero no puede quedar confinada a los periódicos locales o para las publicaciones financieras. El dinero del Cártel de Sinaloa se lava, como se ha demostrado en varias investigaciones, en los Estados Unidos, en Londres y –noticia de los últimos días– en Suiza y Liechtenstein. Por esto, el problema mexicano nos concierne a todos, porque nos afecta a todos. Por ello, la comunidad y los medios internacionales tienen el deber de apoyar a México, que no puede por sí solo hacer frente a una plaga que medio mundo contribuye a alimentar. El Gobierno mexicano, sin embargo, tiene una obligación para con la comunidad internacional: en primer lugar, dar respuestas sobre lo que le pasó a Iguala. Es inaceptable que en un país civilizado 43 estudiantes desaparezcan en el aire después de ser arrestados por la policía y que no se sepa nada. Es inaceptable que en el Estado de Derecho (utilizando las palabras del Presidente en la recaptura de “El Chapo”) desde 2006 han desaparecido más de 25 mil personas. ¿Qué confianza pueden tener en el Estado las madres, padres, hermanos, amigos que han visto a sus seres queridos desaparecer en cualquier momento y sin ninguna explicación real? ¿Qué confianza puede tener sus conciudadanos? Hasta terminar con la impunidad, uno de las columnas pilares de la República Mexicana, no se podrá hablar de vientos de cambio en México, ni de alguna misión cumplida, ni de algún Estado de derecho.
No hablar, evadir preguntas, evitar dar respuestas, y no preservar el poder político, sólo consigue entregar el poder en las manos de la delincuencia organizada. Porque cuando no se habla de las mafias, ese es el momento en que son más fuertes que nunca. Cuando la política haya entendido esto y no tenga miedo de hablar del mal que quiere luchar y erradicar, entonces habremos elegido el camino correcto.
Por supuesto que no auguran nada bien los informes recientes sobre las investigaciones en curso en España sobre el ex Gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira por lavado de dinero y vínculos con Los Zetas, pero el error que no se debe hacer es ver hoy hacia México y pensar que entre el Congreso y los narcos no hay diferencia, que la policía es una emanación directa de la voluntad de los narcos, que cualquiera que tenga algo que ver con la política y con la aplicación de la Ley es necesariamente corrupto: Se trata de una visión típica del radicalismo más ingenuo. La situación es mucho más compleja que esta aproximación trivial. Los cárteles mexicanos han intentado y todavía tratan de jugar el papel de anti-Estado, el Estado en el Estado, obligado a tomar medidas para superar las deficiencias de un gobierno para el pueblo y para asumir su lugar imponiendo sus propias leyes. Por ejemplo, la Familia Michoacana nació precisamente para pregonar esta misión de protección y defensa de los más débiles, a raíz del paramilitarismo sudamericano, luego giró rápidamente (al igual que los paramilitares en América del Sur) en una copia – si es posible aún más despiadada – de las organizaciones que querían enfrentar. Varias veces los cárteles de narcotraficantes mexicanos han intentado llegar a un acuerdo con las autoridades al igual que las guerrillas en América Latina. El más famoso es probablemente la petición de Servando Gómez Martínez, “la Tuta”, que intervino personalmente en 2009 durante el programa de televisión Voz y Solución para proponer un acuerdo con el gobierno de Calderón: “Queremos que el señor Presidente de la República, el señor Felipe Calderón, sepa que no somos sus enemigos, nosotros le estimamos al señor… estamos abiertos al diálogo… no queremos que Los Zetas entren a Michoacán… lo que queremos es paz y tranquilidad, sabemos que somos un mal necesario… queremos llegar a un consenso, queremos llegar a un pacto nacional…”. Lo que se desprende de estas palabras es que las organizaciones mexicanas ya ni siquiera sienten la necesidad de fingir ser otra: no ocultan sus actividades, el tráfico de drogas, así como no lo escondió “El Chapo” en la entrevista con Sean Penn. Siempre sostengo que la legalización de las drogas es la única manera de combatir el tráfico de drogas, pero lo que parece ocurrir en México es que los narcotraficantes están tratando algún tipo de legalización, de reconocimiento oficial por parte del Estado. Los narcos ya están tratando obtener algún tipo de legalización de su trabajo, delegando en grupos más pequeños las gestiones violentas. Esta cinética aún no ha sido completamente aclarada, pero parece ser lo que ocurrió después de la explosión del cártel de los Beltrán Leyva, del que los Guerreros Unidos parecen ser una emanación militar que se ocupa de las operaciones más violentas en las calles, y lo mismo sucedió con Los Rojos, promulgación del Cártel del Golfo. Y luego nacieron grupos como Los Viagras, entidad entre vigilantes y organización criminal, que están empeorando la ya difícil situación en Michoacán. Estas células parecen ir en la dirección que describimos, donde los cárteles asumen el rol puramente de negociación económica y política. En esta dirección están todos, con la excepción de Los Zetas que destacan por sus particularidades sangrientas.
Por eso, porque creo que sólo poniendo una atención constante de lo que está ocurriendo en México y sólo con una alianza con la sociedad civil mexicana se puede tratar de detener este estado de silencio que cayó sobre los cárteles, con la excepción de los momentos de espectáculo internacional. Que México esté en las manos de la iniciativa empresarial criminal es útil para una gran parte del sistema financiero mundial y denunciarlo es la única posibilidad de impedir que eso sea la herida abierta de Occidente que haga drenar el dinero del tráfico de drogas en su sistema linfático legal. No pueden hacerlo sólo los periodistas mexicanos. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: ROBERTO SAVIANO. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-02-2016/1608013
“El 2000″ fue líder de Los Beltrán Leyva en los estado que Chihuahua, San Luis Potosí, Coahuila y Sonora, donde se conformaron células delictivas para enfrentar a sus rivales. También se le vincula con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez, ocurrida en abril de 2005.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que Francisco Javier Hernández García, presunto líder del Cártel de los Beltrán Leyva, fue detenido este fin de semana en Guasave, Sinaloa, durante un operativo. En conferencia de prensa, Renato Sales Heredia, titular de la CNS, detalló que Hernández García, apodado “El 2000″, fue aprehendido, junto con Francisco Javier Martínez Coronado, durante un operativo conjunto con elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal el sábado pasado. “El 2000″, quien poseía armas largas y paquetes de metanfetaminas al momento de su detención, era uno de los 122 objetivos prioritarios de las fuerzas federales, por lo que suman 99 los capos neutralizados en lo que va del sexenio. Hernández García fue escolta del capo Arturo Beltrán Leyva, “El jefe de jefes” o “El barba”, abatido en 2009. Posteriormente se convirtió en el líder del grupo criminal en los estado que Chihuahua, San Luis Potosí, Coahuila y Sonora, donde se conformaron células delictivas para enfrentar a sus rivales. También se le atribuye la alianza de Los Beltrán Leyva con Los Zetas, para enfrentar al Cártel de Sinaloa y al del Golfo. Así como su presunta vinculación con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez, ocurrida en abril de 2005, de acuerdo con la CNS.
Los detenidos se encuentran a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) para continuar con las investigaciones correspondientes. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-02-2016/1611201
MÉXICO, DF: Joaquín El Chapo Guzmán Loera trabajaba con Jorge Milton Cifuentes Villa El Colombiano, preso por el envío de toneladas de cocaína desde Sudamérica, según reveló una acusación de Estados Unidos contra el capo mexicano. La acusación se fincó en la Corte de Distrito del Sur de Florida, de acuerdo con un despacho de Notimex. Cifuentes está preso en Estados Unidos desde 2013. Definida por un gran jurado en 2010, la acusación con el folio 07-20508-cr revela al público de manera oficial los vínculos de El Chapo con la mafia colombiana del narcotráfico. En el documento, precisa Notimex, aparece el nombre de Guzmán Loera junto al de Milton Cifuentes Villa y otros tres coacusados: Dolly de Jesús Cifuentes Villa, Hildebrando Alexander Cifuentes Villa y Otto Javier Gracía Girón. Tres de ellos son de “El Clan de los Cifuentes Villa”, un grupo familiar vinculado estrechamente a la historia del Cártel del Norte del Valle, de las autodefensas de Colombia, del Cártel de Sinaloa y, en resumen de la historia del crimen organizado en Colombia. Jorge Milton Cifuentes Villa fue capturado en 2012 en Venezuela y luego fue deportado a Colombia y extraditado en diciembre de 2013 a Estados Unidos. Cifuentes Villa quedó a cargo de la organización que lideraba su hermano, Francisco, quien fue asesinado en 2007 en una finca en Colombia y quien había sido piloto del célebre jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, según datos de la policía colombiana. Jorge Milton se hacía pasar por un exitoso empresario en México, Panamá y Ecuador, hasta que en noviembre de 2010 (caso 07-20508-cr) fue acusado en la Corte de Distrito del Sur de la Florida y luego en febrero de 2011 en la del Distrito Sur de Nueva York, ambas por tráfico de drogas y lavado de dinero. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afirma que Jorge Milton buscaba hacerse pasar por “un hombre de negocios legítimo, mientras suministraba cocaína al Cártel de Sinaloa”. El colombiano estableció en México al menos seis empresas para lavar dinero producto del narcotráfico, de acuerdo con un reportaje publicado en Proceso en octubre de 2011. De acuerdo con la investigación, el nombre de Jorge Milton Cifuentes Milton aparece en la mayoría de ellas como accionista, administrador único o apoderado, según constancias encontradas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. Datos de las actividades de Cifuentes Villa en México y su sociedad con El Chapo Guzmán salieron a la luz pública el 6 de agosto de 2011, cuando la policía colombiana detuvo a su hermana Dolly por el delito de narcotráfico y lavado de dinero. Dolly de Jesús también acusada de narcotráfico y lavado de dinero en ambos encausamientos, fue extraditada a este país en 2012. Su arresto causó polémica, pues se reveló que tuvo una relación con Jaime Uribe, fallecido hermano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Por su parte, Hildebrando, también citado en las acusaciones de Florida y Nueva York, fue detenido el año pasado en Culiacán, México, donde se encontraba trabajando con el Cártel de Sinaloa, según las autoridades.
En el encausamiento de Florida a El Chapo se le acusa de cinco cargos de conspirar para manufacturar y distribuir cocaína entre 2003 y 2009 a sabiendas de que sería enviada a Estados Unidos. La pena máxima es cadena perpetua. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. FECHA: 1 FEBRERO 2016 LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428282
Dirigentes de ambos partidos organizaron un mitin en la Plaza Lerdo, donde estuvo presente Miguel Ángel Yunes, quien sería el candidato de la coalición “Unidos para Rescatar Veracruz”.
El PAN y el PRD registraron el domingo la coalición “Unidos para Rescatar Veracruz”, con el objetivo de “sacar” al PRI del Palacio de Gobierno. “No fue fácil llegar hasta aquí; el PRI-gobierno, tanto a nivel federal como estatal, hizo todo lo que estuvo en sus manos para evitar este histórico momento, para evitar la alianza entre el PAN y el PRD en el estado de Veracruz, porque es una alianza a la que le tienen miedo, pánico, porque saben que con esta alianza vamos a ganar las elecciones y vamos a lograr rescatar Veracruz”, afirmó el dirigente panista, Ricardo Anaya El presidente de Acción Nacional subrayó que en Veracruz hay una crisis de inseguridad de tal magnitud, que es el estado de la República Mexicana más peligroso para ejercer el periodismo, y también en el que se registran más desapariciones, entre ellas la de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca; mientras que en materia económica la deuda pública de Veracruz ha aumentado más de 300 por ciento en los últimos seis años. “Yo no tengo duda y ustedes tampoco deben tenerla. El próximo 5 de junio, esta coalición va a lograr un triunfo histórico en Veracruz, vamos a sacar al PRI de Palacio de Gobierno y le vamos a dar a la gente de Veracruz un gobierno honesto, un gobierno eficaz, un gobierno de resultados, un gobierno para lograr seguridad, para lograr empleo y para lograr crecimiento económico”, concluyó Anaya. A su vez, Agustín Basave, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, afirmó que “esta alianza va a sentar un precedente muy importante… vamos a demostrar que las alianzas PAN-PRD generan gobiernos muchos mejores… que combaten la corrupción y todos estos flagelos que azotan a Veracruz desde hace ya 85-86 años de gobiernos priistas”. “Espero que todo salga bien y que también salga el gobierno de Duarte”, confió.
En un mitin, Basave y Anaya estuvieron acompañados por Miguel Ángel Yunes, quien se perfila como el candidato de ambos partidos en ese estado y quien enfrentará a Héctor Yunes, del PRI.
Los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Silvano Aureoles en Michoacán, de Rafael Moreno Valle en Puebla y de Eruviel Ávila en el Estado de México hacen caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con el Informe de Actividades que la CNDH, las cuatro recomendaciones que emitió al gobierno federal y a los estatales entre 2011 y 2015 fueron aceptadas pero no fueron atendidas. De acuerdo con el diario Reforma, la recomendación 3VG (violaciones graves), girada en noviembre de 2015 por los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, señala a la Policía Federal por la ejecución extrajudicial de una persona y el uso excesivo de la fuerza en contra de otras cinco, lo cual provocó sus muertes. El informe reveló que ninguna de las recomendaciones de la CNDH no fueron atendidas tanto por el gobierno federal como por el gobierno estatal. La CNDH recomendó presentar las denuncias ante la PGR, para perseguir a los responsables de los abusos, además de reparar el daño hecho a las víctimas y sus familias, por medio de compensaciones, atención psicológica, médica y tanatológica. La recomendación 2VG, dirigida al Gobierno de Puebla, documenta el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública contra pobladores de Chalchihuapan, en julio de 2014, lo cual resultó en la muerte de un niño de 13 años. El organismo de defensa de derechos humanos señaló que no se han atendido cinco de las 11 recomendaciones emitidas al gobierno de Moreno Valle para sancionar a los responsables. Por otro lado, en el Estado de México con respecto al caso Tlatlaya, el organismo reveló que sigue pendiente el cumplimiento de la indemnización, atención médica y psicológica a las víctimas, así como la determinación ministerial y administrativa de los responsables de violaciones a derechos humanos.
La CNDH emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la violencia física y sexual a uno de sus alumnos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la violencia física y sexual que padeció uno de sus alumnos de nuevo ingreso de la Escuela Médico Militar (EMM), entre septiembre de 2012 a junio de 2013 por parte de sus compañeros de segundo y quinto año. La madre de la víctima, quien acudió a denunciar los abusos el 12 de junio de 2013 ante la CNDH, relató que a su hijo lo despertaban cadetes de mayor grado entre las 2 y 3 de la mañana, lo llevaban al baño, donde le pateaban la cabeza, le daban puñetazos y tablazos, lo obligaban a limpiarles las botas, planchar uniformes y hacerles de cenar, además de que era forzado a llevarles alimentos y artículos de limpieza. La Comisión dijo haber acreditado los abusos en el expediente CNDH/2/2013/4732/Q, pues aseguró que a la víctima se le vulneró “en una de las esferas más íntimas de las personas que es la sexualidad”. “Se anuló el poder de decisión sobre su cuerpo, ya que mediante amenazas y sin su consentimiento, un cadete de mayor grado y antigüedad lo agredió sexualmente, destacando que en los días que eso ocurrió, se encontraba en estado de sometimiento y vulnerabilidad al estar en internamiento, alejado de su familia, bajo amenazas y al haber tenido la experiencia de haber sido agredido física y verbalmente por distintos cadetes desde que ingresó a la EMM; ante el temor de recibir un daño grave, obedecía al agresor contra su voluntad, y en ese plano de sumisión el agresor tenía la finalidad de intimidar y degradar al cadete de nuevo ingreso, lo que dejó en este graves secuelas psicológicas y afectación emocional”, relata la recomendación. La CNDH solicitó al general Salvador Cienfuegos, titular de Sedena, se ponga en contacto con la víctima para proporcionarle atención médica y psicológica; darle una reparación integral del daño; colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia que la CNDH formule ante la Procuraduría General de Justicia Militar contra los presuntos responsables, así como impartir un curso en materia de derechos humanos al personal docente y alumnado de la EMM, para eliminar la práctica de hostigamiento, intimidación, abuso y lesiones.
La participación de policías en el caso, el hallazgo de cuerpos no relacionados, cientos de agentes buscando sin resultados… Esto es lo más relevante de un caso que, según la CNDH, parece una repetición de lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa.
El lunes 11 de enero, hace exactamente tres semanas, cinco jóvenes que regresaban de un fin de semana en el puerto de Veracruz desaparecieron en el municipio de Tierra Blanca, luego de que fueron detenidos por un grupo de policías estatales junto a un supermercado. Hoy, su paradero aún es desconocido. Pistas fallidas, desconfianza en las autoridades, hallazgo de cuerpos no relacionados con el caso, reclamos de los padres que viven día y noche afuera de la fiscalía, son algunos de los episodios de un caso que – otra vez –exhibe las fallas que persisten en los esquemas de seguridad del país. “Parece que no hemos aprendido del pasado” dijo la semana pasada el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Raúl González Pérez, al lamentar el involucramiento de la policía en el caso de Tierra Blanca, tal como ocurrió hace año y medio en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En ese contexto, Animal Político presenta un resumen con las claves de lo que ha pasado y lo que se ha revelado en torno al caso, desde aquella mañana del lunes en que ocurrieron los hechos. Una investigación que sigue inconclusa y en la que se desconoce el destino de las víctimas. Tres semanas y contando. La desaparición forzada El lunes 11 de enero cinco jóvenes originarios del municipio de Playa Vicente, regresaban del puerto de Veracruz tras haber pasado un fin de semana de vacaciones en el que aprovecharon para celebrar el cumpleaños de uno de ellos: Mario Arturo Orozco Sánchez. Todos iban en un automóvil tipo sedán con placas del Distrito Federal. Al llegar a Tierra Blanca, donde hicieron una escala para almorzar, los jóvenes fueron interceptados por una patrulla de la policía estatal cerca de un supermercado. Se dijo que fue por exceso de velocidad y luego para una revisión de rutina. Un video confirmó que los agentes subieron a algunos de los jóvenes a una de sus patrullas y se los llevaron junto con su automóvil. Esa misma tarde, el coche en el que viajaban los jóvenes fue encontrado cerca del municipio de Medellín, cerrado y abandonado. Los jóvenes no llegaron a una base de la policía y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Nunca hubo una llamada o petición de rescate por ellos. Las cinco víctimas José Benítez, padre de uno de las víctimas, describió así a los chicos desaparecidos: todos son jóvenes de bien, estudiantes algunos recién egresados, no estaban involucrados en nada, son chicos sanos como cualquier otro, amigos que se cuidan entre ellos y les gusta divertirse. Entre las víctimas hay una menor: Susana Tapia de 16 años. Los otros cuatro son hombres mayores de edad y se llaman José Benítez de la O, de 24 años; su primo Bernardo Benítez de 25 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; y Alfredo González Díaz, de 25. Todos eran originarios o vivían en Playa Vicente, municipio de la región Papaloapan al sur de Veracruz. Algunos de ellos se conocían desde la primaria, donde compartieron clases, como dijo una de sus maestras en un video del caso. Los papas de José y Bernardo son ganaderos, tienen una concesión para distribuir cerveza de una marca conocida además de una tortillería. La madre de Susana Tapia es propietaria de una tienda de abarrotes, y los padres de Arturo Orozco y Alfredo González también tienen sus negocios propios. Búsqueda sin resultados El 13 de enero, dos días después de la desaparición y que el caso comenzara a hacerse público, la Fiscalía de Veracruz anunció la apertura de una averiguación previa y la activación de los protocolos de localización de personas en la región. Tres días más tarde, el 16 de enero, la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Desaparecidos de la Procuraduría General de la República (PGR) anunció su incorporación al caso. Dijo que se había implementado un operativo de búsqueda coordinado con la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional. Una semana después, el 23 de enero, el gobierno federal confirmó la llegada de 400 elementos de la Gendarmería para reforzar las acciones de búsqueda en la región y la extensión de las mismas a Oaxaca, donde una línea de investigación apuntaba a que podrían haber sido llevados a una casa. Los cuerpos… que no eran En las tres semanas transcurridas desde la desaparición de los cinco jóvenes, se han presentado (o filtrado) anuncios de hallazgo de posibles restos humanos y de cuerpos sin vida, sin embargo, ninguno ha correspondido a los jóvenes desaparecidos. Eso sí, van nueve cadáveres encontrados que evidencian la existencia de otros casos sin respuesta. Todo comenzó el 18 de enero cuando se reportó el hallazgo de posibles restos cerca de una camioneta en Medellín. Más tarde se confirmó que eran de animales. Dos días después, el 20 de enero, la Fiscalía de Veracruz confirmó el descubrimiento de seis cuerpos en una barranca ubicada en el municipio de Emiliano Zapata. No obstante, las autoridades señalaron que no correspondían al caso de los jóvenes desaparecidos pues las víctimas tenían un mayor tiempo de muertas. El 26 de enero la Fiscalía informó de un nuevo hallazgo de tres cuerpos en la zona de Plan del Río, también en las inmediaciones de Emiliano Zapata. Las autoridades confirmaron tras los primeros estudios, que tampoco estaban vinculados con los jóvenes desaparecidos el 11 de enero. El campamento y los padres Ante la falta de información inicial y de resultados, los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos decidieron instalar un plantón permanente en el exterior de la oficia de la Fiscalía del Estado en Tierra blanca. El campamento lleva ya más de dos semanas, casi siempre bajo la vigilancia de la policía. Con colchonetas, sillas de plástico, un horno de microondas y una televisión los familiares sobrellevan la vida del campamento afuera de la fiscalía, a la espera de alguna noticia. José Benitez, padre de uno de los chicos, dijo que han recibido comentarios tanto de apoyo como también amenazas de que ya se vayan, sin embargo, advirtió que continuarán ahí hasta tener resultados. Pero la presión de los padres no se ha limitado solo a su presencia permanente en la fiscalía. En redes sociales, lanzaron una campaña para promover la búsqueda de sus hijos y la recepción de cualquier dato que sea de utilidad. En Twitter por ejemplo, con la cuenta @nosflatan5 y el hashtag #nosfaltan5 han impulsado el caso, al igual que el Facebook con Ayúdenos a Encontrarlos. El 22 de enero los padres también publicaron un video en YouTube en donde explican quiénes son sus hijos y algunas de las condiciones en que ocurrió su desaparición. El enemigo en casa El involucramiento de las autoridades en la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca ha sido un factor central en la historia. Bajo el supuesto de ir en exceso de velocidad, policías estatales detuvieron a las víctimas y nunca se volvió a saber de ellas. Por ello, la Fiscalía de Veracruz y la PGR lo indagan como un caso de desaparición forzada. Hasta el día de hoy, suman siete los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal detenidos y consignados por este caso, entre ellos el delegado en la región Marcos Conde Hernández. La semana pasada, Veracruz también anunció la destitución del delegado de Tránsito en la zona, sin confirmar si el movimiento tenía relación con el caso. Cuatro de los policías estatales consignados por la desaparición de los jóvenes en Veracruz no pasaron las pruebas de control de confianza. Animal Político publicó que uno de cada tres elementos operativos de dicha corporación y casi la mitad de los mandos, trabajan sin ser confiables. A todo lo anterior se suma la versión de un posible montaje en la detención de tres líderes delictivos en la zona supuestamente ligados al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Los familiares de uno de los detenidos, señalaron que no fueron capturados en las condiciones que se informó, y que supuestamente les sembraron armas para incriminarlos. La Fiscalía de Veracruz negó lo anterior.
LÁZARO CÁRDENAS, Mich: El cuerpo de un hombre junto al cual se dejó un narcomensaje fue encontrado en la tenencia de Guacamayas, frente a una cancha de futbol. El cadáver, hallado por un grupo de jugadores en la colonia Ignacio Allende, estaba maniatado, con los ojos vendados y el tiro de gracia. Junto al cuerpo fue dejado un narcomensaje escrito en una cartulina verde fosforescente que decía: “Esto les va a pasar a todos los cobra cuotas y estafadores; ya estamos hasta la madre de tanta lacra. Vamos por ustedes, atentamente Los Justicieros”. Se calcula que la víctima tenía aproximadamente 26 años. Al lugar llegó personal de la Policía Estatal para resguardar el área del hallazgo.
El agente del Ministerio Publico se encargó de la recolección de indicios para luego realizar el levantamiento del cuerpo del hombre, quien se encuentra en calidad de desconocido en el anfiteatro del puerto. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428265
MÉXICO, DF: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar una nueva versión pública del expediente número A/390 relacionado con el levantamiento armado de Chiapas en 1994, resolvió el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). “Difundir las circunstancias en que se dio la contención del EZLN, permite verificar la actuación de nuestras fuerzas armadas, sobre todo en una situación como esta que dividió la opinión pública a favor y en contra del referido movimiento armado y cuestionó el actuar de las fuerzas armadas y tuvo repercusiones internacionales”, aseguró el comisionado ponente Óscar Guerra Ford. Señaló que la actuación de las fuerzas armadas se ha convertido en un tema muy recurrente en las solicitudes de información, por ello, la transparencia gubernamental de su actuar es un elemento importante para vigilar el funcionamiento correcto de estos cuerpos de seguridad. “Ahí donde está puesto el ojo del ciudadano, la posibilidad de una actuación fuera del marco de la ley se reduce al mínimo”, subrayó. Un particular solicitó información detallada sobre la presencia del Ejército Mexicano en el estado de Chiapas, de enero de 1994 a diciembre de 1998. En respuesta, la Sedena declaró la inexistencia de la información; no obstante, puso a disposición del solicitante una versión pública del expediente número A/390, en la que clasificó como reservados y confidenciales distintos datos. Inconforme con la clasificación, el particular presentó un recurso de revisión ante el Inai y pidió a la dependencia que le entregara una nueva versión pública del expediente, en copias legibles y gratuitas. En el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Oscar Guerra Ford, se determinó que la clasificación de los siguientes datos es improcedente: – Número de operaciones militares; de pasajeros militares; de carga transportada; de aeronaves militares; de elementos militares; número y localización de civiles fallecidos; número y tipo de vehículos militares; así como el número de personas aseguradas o detenidas. – Número y tipo de acciones adoptadas; tipo de operaciones o evento detectado; tipo de misión, acción o desarrollo de operación militar; tipo de apoyo militar; tipo de armamento militar, y equipo y/o material militar. – Número de tarjeta dirigida, fechas y datos de identificación de partes, informes, mensajes y radiogramas; ruta de vuelo militar; clave militar de brigada, tipo de documentos levantados, matrículas de vehículos militares, dependencias a las que pertenecen las aeronaves, rúbrica de los servidores públicos implicados en la emisión de las constancias que integran el expediente; clave de autentificación del documento militar. Se concluyó que se trata de información cuantitativa o numérica, sin pormenores que comprometan la seguridad y/o defensa nacional y cuya difusión tampoco pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de persona alguna. Asimismo, se advirtió que si bien dichos datos reflejan el estado de fuerza con el que se hizo frente al movimiento armado de 1994, lo cierto es que los implementos usados hace 22 años dejaron de ser exactamente los mismos por el solo transcurso del tiempo, lo cual no representa un riesgo inminente para la seguridad y defensa nacionales. Además, se corroboró que la versión pública entregada al particular es ilegible.
Por lo expuesto, el Pleno del Inai modificó la repuesta de la Sedena y le instruyó entregar una nueva versión pública del expediente número A/390, relacionado con el levantamiento armado del estado de Chiapas en 1994, legible y sin costo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428258
MÉXICO, DF: Luego de un operativo que derivó en un enfrentamiento armado, elementos de la Policía Federal desmantelaron en Sonora un centro de operaciones del Cártel de Sinaloa, detuvieron a 22 presuntos integrantes de la organización criminal y abatieron a otros dos. Labores de inteligencia permitieron ubicar un sitio en el municipio de Plutarco Elías Calles donde se almacenaba droga y se mantenía en cautiverio a migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos. La Policía Federal reveló que con información de la DEA y otras agencias estadunidenses sobre las rutas de trasiego de narcóticos, elementos federales desarrollaron investigación de gabinete y campo por varias semanas. Lo anterior permitió ubicar una vivienda en la zona desértica del poblado Sonoyta, cercano a la frontera norte, habilitada con todos los servicios y custodiada por hombres armados. Los agentes desplegaron un operativo por tierra, con el apoyo de helicópteros tipo BlackHawk para cercar el predio, pero al aproximarse fueron recibidos con disparos de armas largas, por lo que repelieron la agresión. Tras el enfrentamiento, dos presuntos delincuentes fallecieron y el resto optó por rendirse y entregar las armas ante el despliegue de la autoridad. A los 22 detenidos se les aseguraron diversos paquetes y mochilas con camuflaje, las cuales contenían un estimado de 250 kilos de mariguana. También se les decomisaron 18 armas de fuego, 15 de ellas fusiles de asalto y tres pistolas, además de cartuchos útiles de diversos calibres. Los detenidos, las armas, la droga y el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428259
Arrasaron grandes extensiones para obras turísticas y crear 4 municipios: especialistas. Proyectos se hacen en lo oscurito; la sociedad debe exigir consulta pública para que no se legalicen, dicen. Autoridades estatales no han hecho un solo decreto de área protegida en el sexenio: ex diputada.
Cancún, QR. En los últimos 40 años, la superficie de manglar en la zona norte de Quintana Roo pasó de 3 mil 429 hectáreas a mil 569 hectá-reas, es decir, 55 por ciento menos, según informes de biólogos y ambientalistas de la entidad, que atribuyen la pérdida de la vegetación de ese tipo al desarrollo inmobiliario que dio pie a la creación de cuatro municipios. Grandes extensiones de manglar se perdieron a partir de que surgieron los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún); Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum y Puerto Morelos, y comunidades costeras como Akumal, Puerto Aventuras, Punta Allen y Sian Ka’an. La reciente devastación por el proyecto inmobiliario, turístico y comercial de Malecón Tajamar fue la gota que derramó el vaso, coinciden los especialistas. Consideran que es un fenómeno lógico en una costa que se desarrolla a la velocidad con la que se pobló Quintana Roo. 5º lugar mundial en manglares México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en extensión de manglares, y según Gonzalo Merediz Alonso, director de la asociación civil Amigos de Sian Ka’an, la entidad tiene 27 áreas naturales protegidas: 19 federales y ocho estatales que abarcan un millón 646 mil 232 hectáreas, equivalentes a más de la quinta parte de la superficie del estado. El experto informó que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizaron una observación en el norte de Quintana Roo que concluyó en 2013. Hicimos una comparación con imágenes de satélite de 1976, y vimos que en ese periodo, digamos que en la etapa previa al desarrollo (inmobiliario) de la zona, hasta 2011, había una disminución de alrededor de 55 por ciento de la superficie de manglar, y en el 45 por ciento restante también ha habido alta tasa de fragmentación, explicó. Merediz Alonso recordó que en 1976, dos años después del arranque oficial del Centro Integralmente Planeado (CIP) de Cancún, había alrededor de 30 fragmentos de manglar (espacios en los que se esta fraccionando) en la región, y para 2011 ya había 167, debido a la proliferación de construcciones. “Pasamos de 3 mil 429 hectáreas (de manglar) a mil 569 hectáreas…es un fenómeno lógico en una costa que se está desarrollando a la velocidad con lo que lo ha hecho Quintana Roo. Aquí la pregunta que debemos hacer como sociedad es cuánto más podemos darnos el lujo de transformar”, cuestionó. Gonzalo Merediz atribuyó la pérdida de mangle a la transformación de los terrenos para desarrollos inmobiliarios, hoteleros y turísticos. Afirmó que otra causa menos justificable es la mala planeación en la construcción de caminos, pues no se introduce drenaje adecuado, se corta el ciclo hidrológico, y con los años la vegetación termina muriendo.
Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México han alertado sobre la devastación de los manglares, pues son barreras que detienen, en buena medida, la fuerza de los huracanes y tormentas tropicales que con frecuencia ocurren en diversas regiones del país. Graciela Saldaña Fraire, ex legisladora federal perredista y directora de ecología en el ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) en el trienio 2008-2011, criticó que las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador priísta Roberto Borge Angulo, no hayan hecho un solo decreto de área protegida durante todo el sexenio. Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), recordó que hace años ese organismo propuso que el desarrollo inmobiliario no fuera lineal y hubiera zonas de desarrollo, de muy baja densidad y con áreas de conservación. Van a hacer una ciudad de Isla Blanca a Tulum (156 kilómetros), una sola de manera lineal, con densidades altísimas, todo incluido y turismo masivo, y eso va contra el manglar porque es parte de la costa, alertó. Afirmó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) desarrolla la isla Cancún, lo que se conoce como la zona hotelera y al ciento por ciento de la isla se le quita el manglar. La activista subrayó que regularmente donde hay arrecife hay mangle, y en el caso del Caribe mexicano tiene frente a sus litorales el segundo más grande y rico en flora y fauna marina del mundo: el Sistema Arrecifal Mesoamericano, sólo superado por el de Australia. Alertan sobre más ecocidios Los tres especialistas coincidieron en que están en puerta nuevos ecocidios como el del Malecón Tajamar y, para evitar que se legalicen, la sociedad deberá exigir una consulta pública para cada autorización que pretenda emitir el ayuntamiento de Benito Juárez a nuevos proyectos, ya que actualmente, aseveraron, se autorizan “en lo oscurito”. Señalaron que la ciudadanía debe exigir la realización de consultas al alcalde Paul Michell Carrillo de Cáceres y al gobernador Borge Angulo para Punta Nizuc, el hotel Riu Riviera Cancún, la Milla de Oro, el Sistema Lagunar Nichupté y la construcción de puentes hacia la zona hotelera; de lo contrario, advirtieron, se autorizarán más ecocidios. Alertaron que varias reservas ecológicas están en riesgo de depredación tras las autorizaciones legaloides con las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano 2014-2030, impulsadas por Carrillo de Cáceres y Borge Angulo. Según el documento México protege sus manglares, elaborado por la Profepa en 2013, se detectaron focos rojos en cuatro estados: en Nayarit, por la construcción de granjas acuícolas; en Campeche, por asentamientos irregulares, rellenos, tala y cambio de uso de suelo en manglares; en Quintana Roo, por rellenos y cambio de uso de suelo, y en Yucatán, por asentamientos irregulares, rellenos, incendios forestales y cambios de uso de suelo. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: CARLOS ÁGUILAR ARREOLA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/02/01/estados/026n1est
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores confirmó que durante una fiesta de 15 años el sábado pasado, al menos 11 personas perdieron la vida en la comunidad de Cundancito, en el municipio de Coyuca de Catalán.
El mandatario guerrerense dijo que al lugar acudieron un grupo de elementos policiacos de los tres niveles de gobierno y fueron atacados a balazos. “La información que tenemos es que en una fiesta de 15 años hubo un problema y que hubo 11 personas fallecidas. Ayer se intentó llegar al lugar por la noche y quienes iban en varias patrullas fueron recibidos a balazos”, precisó. Comentó que por la mañana del domingo volvió a subir a esa comunidad otro grupo de elementos de la Policia estatal, federal, ministerial y el Ejército para indagar lo ocurrido en esa comunidad. Astudillo Flores señaló que ya las autoridades de los tres órdenes de gobierno están tomando cartas en el asunto, e iniciaron las indagatorias correspondientes, para saber lo que pasó en esa comunidad.
“Seguramente en estos momentos ya deben estar las autoridades en este pueblo que se llama Cundancito, de tal manera que hoy tendremos información que seguramente un boletin habrá por parte del Procurador del estado, el fiscal se lo voy a plantear para que dé a conocer exactamente”, comentó.
La juez que investiga la matanza de la colonia Narvarte perpetrada el 31 de julio pasado –en la que fueron asesinados el fotorreportero de Proceso Rubén Espinosa y cuatro mujeres– ordenó cerrar la instrucción del caso. Pero los defensores de las víctimas explican que aún falta esclarecer el móvil de la ejecución, saber si el trabajo periodístico de Espinosa motivó el ataque, llamar a declarar a más personas, investigar los señalamientos de que hubo más perpetradores, indagar una serie de llamadas desde Chihuahua, profundizar en la identidad del propietario de la camioneta en que los asesinos llegaron al departamento, ampliar la mecánica de hechos, y aclarar la ruptura de la cadena de custodia, entre otros aspectos. Hay un carpetazo en puerta.
CIUDAD DE MÉXICO: A seis meses del asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte de la Ciudad de México –incluidos un fotoperiodista de Proceso y una activista– la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sigue sin establecer el móvil del crimen, sin atender las peticiones de los abogados coadyuvantes y sin oír a los familiares de las víctimas. Además, está a un paso de dar carpetazo al expediente –que suma 15 tomos–, luego de que el viernes 29 la juez 25 en materia penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez, ordenara en tiempo récord cerrar la instrucción del caso, paso previo para dictar sentencia sólo a Daniel Pacheco Gutiérrez y José Abraham Tranquilino Torres, ya que César Omar Martínez Zendejas está amparado. Con ello, las promesas de Miguel Ángel Mancera de “llegar hasta las últimas consecuencias” y “no permitir que haya impunidad” quedan en el aire, según Patricia y Alma Espinosa Becerril, hermanas del fotorreportero Espinosa, quienes lo retan: “Si así como jefe de Gobierno que se había comprometido a resolver, no ha resuelto nada en este caso, no nos imaginamos cómo podría ser estando como presidente del país”. La orden de la juez se dio en medio de múltiples cuestionamientos sobre el trabajo de la investigación que la PGJDF ha hecho sobre el caso y que, según Leopoldo Maldonado, abogado de la organización internacional Artículo 19 y representante de la familia de Espinosa, “deja muy claro que no puede o no quiere llegar al fondo del asunto”. En entrevista con Proceso resalta que esa situación “es muy preocupante porque viola el derecho a la verdad, al acceso a la justicia a las víctimas y el derecho a la verdad de la sociedad” asentados en la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2048 de la revista Proceso, ya en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SARA PANTOJA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428237
Una vieja demanda de los habitantes de la Ciudad de México se concretó: la conversión de ésta en una entidad regida por su propia Constitución. Pero tan anhelada mutación llega ahora corrompida, maniatada y sometida a los intereses del PRI (partido que tendrá mayoría en la Asamblea Constituyente, pese a ser minoría en la capital del país) y de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno que pretende convertir esta maniobra política en su plataforma en pos de la Presidencia en 2018.
CIUDAD DE MÉXICO: Con la promulgación de la reforma política de la Ciudad de México el pasado viernes 29, el presidente Enrique Peña Nieto saldó una vieja deuda con el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, por el abierto e incondicional respaldo que éste brindó en su momento para la consumación y sobrevivencia del Pacto por México y por la docilidad y colaboracionismo asumidos hasta ahora con su administración. Estas opiniones son externadas por José Agustín Ortiz Pinchetti y Mario Delgado, dos de los promotores originales de la iniciativa, quienes añaden: Incluso Mancera proclamó que “la firma del Pacto por México permitirá resolver los principales problemas de la capital”; lo hizo el 3 de diciembre de 2012, dos días antes de tomar las riendas del gobierno de la ciudad. También señalan que pese a la tortuosa espera de poco más de dos años, y a la cerrazón del PRI para permitir que la elección de la Asamblea Constituyente fuera popular, soberana, no impuesta, como finalmente se aprobó, Mancera se dio por bien servido al abrogarse el mérito de materializar finalmente una añeja lucha de los capitalinos por lograr la restitución plena de sus derechos políticos, conculcados en 1928 con la desaparición del régimen municipal en la capital del país. El cerrojo impuesto por el PRI en la configuración de la Constituyente –al decidir que 40% de los 100 diputados que la integrarán sean designados por el Ejecutivo federal, el mandatario capitalino y las cámaras de Senadores y Diputados– en los hechos, esto le asegura una sobrerrepresentación en el órgano que se encargará de diseñar la Constitución de la Ciudad de México, pese a que el priismo es una fuerza política minoritaria en la metrópoli, afirman los declarantes. El otro candado que impuso el PRI fue el de la deuda pública, rubro en el que la federación seguirá manteniendo la tutela.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2048 de la revista Proceso, ya en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: RAÚL MONGE. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428232
Inmediatamente después de la captura de Joaquín Guzmán Loera se desató la tensión por su custodia: tanto la Policía Federal como la Marina reclamaron esa responsabilidad, que les daría réditos políticos y mediáticos. Pero la pugna no paró ahí. De hecho, el video que recientemente difundió la PGR para dar cuenta detallada de la aprehensión reavivó la tirantez: en él se dio prácticamente todo el crédito de la recaptura a la Armada, pese al papel central que tuvieron los agentes federales. Y hubo otra “víctima” de esa grabación: la versión oficial, que hoy luce endeble y contradictoria.
CIUDAD DE MÉXICO: Detrás de la propaganda oficial de que la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue un trabajo de coordinación del gabinete de seguridad, la detención provocó un enfrentamiento entre la Marina Armada de México y la Policía Federal (PF) por la custodia y entrega del jefe más buscado del Cártel de Sinaloa. La Procuraduría General de la Repúlbica (PGR) terció ya en la disputa. El desencuentro había quedado en segundo plano, pero el pasado miércoles 27 la PGR difundió un video que despertó más dudas sobre el rastreo y reaprehensión de Guzmán. En el afán de mostrar la detención como un “trabajo de inteligencia y coordinación”, la PGR terminó por reavivar las inconsistencias y contradicciones de la versión oficial, además de la discordia que campea en el gabinete. La noche del martes 26 la PGR alertó a la prensa: durante la madrugada del miércoles daría a conocer algo importante. A la 1:10 de la madrugada distribuyó un video de 19 minutos para explicar cómo había atrapado al jefe del narcotráfico el 8 de enero en Los Mochis, al norte de Sinaloa. Con el título ‘La investigación y las labores de inteligencia relacionadas con la captura de Joaquín Guzmán Loera’, el video de inmediato generó más dudas sobre el relato oficial de la persecución de Guzmán desde que se fugó el 11 de julio de 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La grabación significó, además, el espaldarazo a la Marina por parte de la titular de la PGR, Arely Gómez. El video no le da mérito a la PF, a pesar de que fueron elementos de esa corporación quienes aprehendieron al Chapo, luego de que éste se había escabullido de las fuerzas especiales de la Marina en un enfrentamiento ocurrido en una casa de seguridad en Los Mochis. Elaborado para explicar la segunda evasión del capo de un penal de máxima seguridad, el momento de su recaptura y su regreso al Altiplano, el documento visual omite momentos que, según la propia PGR, fueron clave en la recaptura, como el seguimiento de la actriz Kate del Castillo durante sus encuentros con un abogado de Guzmán Loera y sus chats con el capo.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2048 de la revista Proceso, ya en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA, PATRICIA DÁVILA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428225
Las autoridades en Sinaloa informaron sobre la detención de cuatro policías estatales y dos municipales, para indagar su actuación ante el ataque en la comunidad de Cristo Rey.
Un video muestra el momento en que policías estatales y municipales huyen del poblado de Cristo Rey, municipio de Escuinapa, Sinaloa, mientras un grupo armado ataca y los habitantes gritan por ayuda, y un hombre muere asesinado. En el material, difundido en redes sociales, se observa a un par de vehículos de ambas corporaciones de la policía en su escape, y cómo hombres armados sacan a una persona de 27 años de una casa. Después se escuchan tres detonaciones. Según el diario Noroeste, el ataque se dio el miércoles pasado, aunque el video captado por habitantes de Cristo Rey comenzó a circular este domingo. Tras lo ocurrido, cuatro policías estatales y dos policías municipales fueron presentados en el Ministerio Público, para que se investigue su actuación, informaron autoridades locales, según el diario. Los agentes detenidos mencionaron que se retiraron de la zona del ataque al sentirse superados por el número de hombres armados, reportó Noreste. En tanto la Procuraduría General de la República (PGR) informó el domingo pasado sobre un operativo en la colonia Emiliano Zapata de Escuinapa, en el que se aseguraron armas, granadas y cartuchos, además de “un costal de yute con marihuana con un peso aproximado de 3,600 kilogramos”.
Sinaloa, en el norte de México, forma junto a Chihuahua y Durango parte de la zona conocida como el Triángulo Dorado, donde operan o surgieron diferentes grupos del narcotráfico.
