De acuerdo con el semanario Zeta van más de 65 mil asesinatos en este sexenio, aunque las cifras oficiales sólo reconocen 56 mil hasta diciembre 2015.
“Cifras oficiales dicen que los homicidios van a la baja, pero la realidad contradice el aparente triunfo“, aseveró la Arquidiócesis de México en su editorial Desde la Fe.
“México enfrenta fenómenos delictivos y de violencia que parecen no tener precedentes en su historia contemporánea. Los índices llegan a cuestionar la capacidad de las autoridades de todos los niveles de gobierno, y los hechos sangrientos ya perecen ser comunes, cosas cotidianas que “deberían pasar” en regiones regidas y azotadas por látigos implacables del crimen organizado, a pesar de las cruzadas y programas, estrategias y planes de seguridad que burlan las inversiones económicas y humanas, pretendiendo la tranquilidad”, señaló.
“A esto se suman violencias invisibles de enemigos movidos por el espíritu del mal y el dios de la avaricia, protegidos por la impunidad y nutridos de la corrupción”, apuntó.
Expuso que “hay mexicanos desaparecidos, niños, jóvenes y adultos quienes, un día, fueron raptados de sus hogares y, por la incapacidad oficial, los padres y familias de las víctimas asumen lo que procuradores y ministerios públicos ya no pueden hacer. De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, entre 2006 y 2014, más de seis mil niños y adolescentes menores de 18 años han desaparecido, sustraídos por bandas y el crimen organizado”, destacó.
La Arquidiócesis también agregó que “la violencia contra mujeres es rampante y en determinados estados hay focos rojos. En Jalisco, 559 personas fueron privadas de la vida entre 2012 y 2015, aparte de las desapariciones que suman más de dos mil. Morelos vive alerta de género, y el Estado de México, sólo en 2014, registró la desaparición de 400 niñas y adolescentes en los municipios conurbados pobres y violentos de Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl y Chimalhuacán”.
Y añadió que “ni un nuevo gobierno ni planes de desarrollo impiden que la sangre siga corriendo en el Michoacán violento, y sometido por el crimen y la anarquía de inseguridad a causa del vacío de poder. Planes de pacificación contrastan con el agobio de los michoacanos ante lo que parece una sed de sangre sin medida. En lo que va de enero han ocurrido 52 homicidios violentos, y en tres meses, 290 homicidios dolosos. Michoacán sólo vive la paz de los sepulcros”.
En tanto, “el estado de Guerrero padece lo peor, aún después de la pesadilla de los 43 de Iguala. La entidad corrompida no da golpe certero en cuanto a la disminución de homicidios. Guerrero no es sólo Acapulco, las regiones apartadas están controladas por los carteles delictivos, y los testimonios dan evidencia del horror de muchos cuya defensa y respeto de los derechos humanos es pura buena intención”.
Reveló que “los obispos de México mantuvieron informado al Papa Francisco del oscuro panorama”, por lo que “su Santidad estará en lugares violentos, pobres y miserables del país, y los gobernantes no pueden tapar el sol con un dedo”.
El editorial concluye: “La basura permanece debajo de la alfombra roja, y Francisco no vendrá al relumbrón de limpieza y pulcritud de ocasión, ni por los papelitos de colores o la retórica estéril con las consabidas frases: “llega a un Estado en paz que lo recibe con los brazos abiertos”; por el contrario, desde la fe cristiana, esta es una hora de gracia y, como lo afirma el Santo Padre, estas condiciones urgentes “irán generando espontáneamente nuevos procesos de evangelización de la cultura, que, a la vez contribuyen a regenerar la vida social y hacen que la fe sea más resistente a los embates del secularismo…” Los mexicanos queremos paz, necesitamos la verdad, no la burocracia numérica. La misión no está cumplida”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0102/mexico/la-realidad-contradice-supuesta-baja-de-homicidios-en-el-pais-arquidiocesis/
En Matamoros se han registrado otros casos de muertes de civiles en enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado y policías. En 2015 un niño de siete años murió al recibir un balazo en la cabeza y en esta ocasión una niña 13 años de edad fue alcanzada por un proyectil en la cara.
Ocho personas, incluida un niña de 13 años de edad, murieron la noche del domingo en una serie de enfrentamientos que sembraron el pánico en varios puntos Matamoros, Tamaulipas.
El gobierno del estado de Tamaulipas indicó en un comunicado que siete de los fallecidos eran presuntos criminales que atacaron a las fuerzas de seguridad.
La octava víctima fue una menor que recibió en el rostro un proyectil “disparado por uno de los delincuentes” en el centro comercial donde se encontraba con su familia el domingo en la noche. La pequeña falleció mientras recibía atención médica y su padre sufrió una herida superficial de bala.
Los choques comenzaron el domingo por la tarde. En el primer incidente las fuerzas de seguridad dieron el alto a una camioneta por exceso de velocidad. Los ocupantes se bajaron del vehículo y abrieron fuego y los policías respondieron dando muerte a tres.
En el interior de la camioneta se encontraron tres armas largas, cargadores, cartuchos para fusiles de gran potencia, chalecos antibalas y paquetes de marihuana que llevaban escondidos en una maleta.
La balacera desencadenó una serie de persecuciones. En un segundo tiroteo agentes estatales se enfrentaron con personas que viajaban en dos camionetas. En ese incidente murieron tres civiles armados, a quienes también se les decomisó armamento y equipo táctico. Otro grupo de supuestos delincuentes intentaron refugiarse en un centro comercial lleno de gente. Soldados mexicanos acudieron al lugar, donde se produjo un nuevo tiroteo en el que murió la niña.
En Matamoros se han registrado otros casos de muertes de civiles en enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado y policías.
En junio de 2015 un niño de siete años murió al recibir un balazo en la cabeza. El menor viajaba en el automóvil de su padre camino a la escuela con otros amigos.
Matamoros, en plena frontera con Estados Unidos, es el bastión del Cártel del Golfo, un grupo criminal que opera casi en la mayor parte de la zona norte de Tamaulipas.
En tanto en el estado de Guerrero al menos nueve hombres murieron al enfrentarse a tiros al término de una fiesta en la comunidad de Las Tecomacas, municipio de Coyuca de Catalán, de acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado.
Los hechos se registraron el sábado en una fiesta de 15 años tras la cual algunos hombres comenzaron a discutir y pasaron a las armas. El enfrentamiento, en el que se utilizaron fusiles de asalto calibre, se generalizó en la comunidad vecina de El Cundancito, cercana al lugar de la fiesta.
Cuando las autoridades intentaron ingresar a la comunidad fueron recibidas a los tiros por desconocidos que les disparaban desde lo alto de las montañas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-02-2016/1611173
El Gobierno federal se ha comprometido a reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero y procurar la sostenibilidad de los recursos naturales, entre otras metas. Sin embargo, en 2016 el presupuesto destinado a esos objetivos se redujo sigificativamente: la dependencia más afectada fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la que se le restaron 10 mil 486 millones 447 mil 597 pesos, respecto a 2015.
El Presidente Enrique Peña Nieto ha refrendado en distintas ocasiones e incluso ante mandatarios de otros países el compromiso que tiene México en materia de medio ambiente, sin embargo el presupuesto destinado a los organismos encargados a su procuración se han visto golpeado por una reducción de más de 20 mil 500 millones de pesos para el ejercicio de este año.
En 2016, el Gobierno federal otorgó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEEC), el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) y al Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales un total de 101 mil 294 millones 657 mil 590 pesos, mientras que en 2015 estas dependencias tuvieron de presupuesto 121 mil 796 millones 333 mil 487 pesos.
Además, en este año, se eliminaron mil millones 624 mil pesos que eran destinados al Programa de Medio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al Anexo 30, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 bajo la política de un Presupuesto Base Cero, determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) .
Sin embargo, la dependencia más afectada fue la Semarnat, a la que se le quitaron 10 mil 486 millones 447 mil 597 pesos; a la Conagua le quitaron 8 mil 165 millones 520 mil 043 pesos; a la Profepa le recortaron 138 millones 828 mil 687 pesos, y al IMTA 36 millones 243 mil 873 pesos.
CAMBIO CLIMÁTICO
Pese este recorte del gasto a medio ambiente, Peña Nieto dijo en el marco de la COP21 que México tiene la meta de reducir el 30 por ciento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 2020 y de 50 por ciento en 2050 a niveles del año 2000, responsabilidades inculídas en la Ley General de Cambio Climático (LGCC), pero al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático quitaron 50 millones 494 mil 521 pesos para ejercer durante 2016.
Al respecto, Ixtabai Padilla, coordinadora de Cambio Climático del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), dijo a SinEmbargo que:
“Todas las dependencias tienen responsabilidad. Atender el cambio climático es un tema transversal y todas las dependencias deben participar con esa perspectiva. La Secretaría de Hacienda debe crear criterios o lineamientos claros para poder asignar recursos que se puedan contabilizar para acciones de atención al cambio climático. Por la misma razón, un tema fundamental es la buena articulación entre las dependencias y todas las instituciones que forman parte de la arquitectura institucional encargada de la atención de este fenómeno”.
Asimismo en el sector de transporte, este país está comprometido, a través de sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDCs), a reducir el 21 por ciento de GEI.
En ese sentido, un grupo de organizaciones encargadas de la procuración del medio ambiente como el ITDP, Greenpeace, Colectivo Bicitekas, entre otras, explicaron en noviembre pasado que “el Gobierno mexicano se ha planteado metas muy ambiciosas en materia de sustentabilidad ambiental, pero el presupuesto para este rubro no permitirá cumplir con estos compromisos”.
Además, grupos civiles destacaron que “resulta preocupante e incongruente que México, al ser un actor líder en la agenda internacional de cambio climático, reduzca un 15 y 20 por ciento el presupuesto a dependencias como la Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, siendo estas dependencias las encargadas de establecer y desarrollar la política nacional de cambio climático, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Cambio Climático”.
Xtabai Padilla comentó que se ha cumplido con los tiempos requisados de la UNFCCC [ Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático] para el envío de las contribuciones, sin embargo, dijo, esto no significa que estas contribuciones nos lleven como país al objetivo que tenemos al 2050 de reducir nuestras emisiones a la mitad de lo que teníamos al año 2000.
“Lo importante de las instituciones y el marco legal que se tiene actualmente en el tema de cambio climático México no debe basarse sólo buenas intenciones, se necesita presupuesto y planeación a largo plazo con medidas reales y cuantificables para poder lograrlas. . En los últimos solo se ha asignado el de 1 por ciento del Producto Interno Bruto dentro del Anexo 16 dedicado al cambio climático, cuando los impactos sobrepasan el 6 por ciento del PIB”, agregó la especialista.
Pero los retos relacionados con la disminución de gases contaminantes no ha sido la única promesa del mandatario. Durante su visita al Foro Económico llevado a cabo en Davos, Suiza, Peña Nieto anunció que en la cumbre se tratarían temas de telecomunicaciones, medio ambiente y seguridad, entre otros; sin embargo hasta el momento no ha aclarado las metas que corresponden al tema de medio ambiente.
En esa vía, la especialista comentó que el Gobierno federal “no ha presentado de manera específica cómo se van a alcanzar estos compromisos. Por ejemplo, de qué forma alcanzará México el pico de sus emisiones al 2026, ¿con qué medidas? ¿A qué costo? ¿Financiado por quién? ¿Cuáles serán las prioridades?”.
REDUCCIÓN DE PROGRAMAS
Con base en el ajuste de egresos por la disminución de los ingresos petroleros y la nueva política de un presupuesto base cero, en noviembre pasado, algunas organizaciones demandaron al Gobierno federal que no redujera los montos al medio ambiente del ejercicio 2016, así como el apoyo a programas de Infraestructura que privilegiaran la inversión en movilidad sustentable.
De acuerdo con el desplegado, el proyecto Presupuesto de Egresos para este año eliminó el Fondo Ambiental y de Recursos Naturales dirigido al financiamiento de proyectos de Estatales, Municipales y Delegacionales por mil 600 millones de pesos, por lo que “resulta fundamental que los gobiernos de los estados cuenten con recursos para que a través de proyectos urbanos locales puedan hacer frente a los crecientes retos en materia de medio ambiente”, argumentaron en aquel momento las asociciones civiles.
Asimismo quedaron fuera del gastos los programas: Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas, Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia, Programa de Cultura del Agua, Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas e Infraestructura Hídrica, Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, por mencionar algunos.
Además, las organizaciones alertaron que que casi el 85 por ciento de los recursos federales en las zonas metropolitanas de México se destina a obras de ampliación de infraestructura vial, las cuales tienen el efecto de incrementar la congestión, y por lo tanto las emisiones, el ruido y los incidentes viales en las ciudades.
“Podemos decir que si se ha avanzado en México en los últimos años 10 años y se ha logrado que el trabajo que se estaba haciendo como país quedara plasmado en una Ley que es obligatoria, pero en esta administración se han tardado cerca de 3 años para que el tema de cambio climático sea importante para el gobierno. Además la reducción de financiamiento al sector ambiental y a temas estratégicos, como el transporte, pone en duda los resultados que se podrán alcanzar en este sexenio” comentó la especialista del ITDP.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: XANATH LASTIRI.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-02-2016/1610008
XALAPA, Ver: Los padres de los cinco jóvenes que fueron ‘levantados’ el pasado 11 de enero por policías estatales en Tierra Blanca ofrecieron al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) su entrega inmediata a cambio de la vida de sus hijos.
“Yo ofrecí lo que ellos quisieran, y si querían yo me entregó con tal de que ellos regresen. Si nos debemos de entregar los cinco padres, lo haremos. Ya lo hemos platicado, sin remordimiento a nada ni a nadie, y lo que ellos (los captores) quieran. Si quieren a los cinco padres, los cinco nos entregamos”, narra vía telefónica Bernardo Benítez, padre de Bernardo Benítez Arroniz y tío de José Benítez, dos de los jóvenes desaparecidos.
Señala, asimismo, que ante el estado de anarquía y la falta de resultados que vive el estado, “tenemos que acudir a cualquier cosa”, por lo que si el “cambio” resuelve la aparición de sus muchachos, no dudaría en “entregarse”.
El pasado 27 de enero la Fiscalía General del Estado (FGE) y su directora de investigaciones ministeriales, María del Rosario Zamora, informaron a los padres que hubo una inspección ocular en el rancho “El Limón” de Tlalixcoyan –de donde se extrajeron vestimentas que están siendo analizadas–; que se realizó otra diligencia de la Gendarmería Nacional en la comunidad de Vicente en Oaxaca, muy cerca de Tuxtepec, y que el fin de semana “se peinó” el municipio de Tierra Blanca, sin resultados concretos.
“El jueves ya nadie llamó. El viernes ni el MP (agente del Ministerio Público) llegó. Desgraciadamente no tenemos ninguna información, ya nadie se comunica, ya no sabemos ni qué pensar, hay momentos en que sentimos que empiezan a bajar los brazos o que no nos quieren decir”.
Bernardo Benítez asegura que el ambiente en las afueras del Ministerio Público de Tierra Blanca –donde permanecen resguardados los padres de los cinco jóvenes ‘levantados por policías estatales– es cada vez de mayor desolación, desesperación, impotencia y frustración.
“Aunque pudiéramos salir de aquí, no somos investigadores, no somos ni de la ciudad de Tierra Blanca. ¿Dónde empezamos a buscar? Si solo sabemos que se los llevaron policías estatales. Créame que hay mucha impotencia y tristeza”, dice el padre de Bernardo Benítez Arroniz, de 25 años de edad, quien desapareció junto con su primo José Benítez de la O, de 24; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25, y Susana Tapia Garibo, de 16.
Destapando la cloaca…
En el primer mes de 2016 se contabilizaron 30 ejecuciones del norte al sur de Veracruz, diez de las cuales ocurrieron de forma sistemática en las inmediaciones de Xalapa (Emiliano Zapata y Banderilla) entre el sábado 23 y martes 26, sin contar los restos humanos de 12 personas localizados en una fosa-basurero del municipio de Emiliano Zapata, más las bolsas con restos humanos de tres personas halladas en el municipio de Maltrata.
Frente a ello, salta a la vista la incompetencia de los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia, que continúan inmersos en un proceso de depuración de sus elementos.
En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya fueron dados de baja 3 mil 900 policías, según cifras de su titular, Arturo Bermúdez Zurita, pero sólo 186 de esos elementos fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por presuntos vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con la página de transparencia de la dependencia federal.
En lo que va del sexenio, en la FGE se ha reportado 370 bajas, según la solicitud de información 00124615 en poder del reportero.
Los despidos y renuncias incluyen a 44 agentes del Ministerio Público y ocho subprocuradores, 23 peritos –entre criminalistas y forenses–, 41 policías ministeriales, seis elementos de la Policía Ministerial Acreditable y 18 de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), entre ellos el jefe de grupo de la AVI y otros empleados administrativos.
A una veintena de esas personas se les fincó un Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, y la consignación de los mismos se mantiene en secreto.
Entre las bajas mencionadas destacan las de Bertoldo Reyes Campuzano y Jorge Yunis Manzanares, presuntamente involucrados con el crimen organizado, según la investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10 (Proceso 1881), así como la de Fernando Vázquez Maldonado, señalado por madres de desaparecidos por “entorpecer” las investigaciones.
Una renuncia “sui generis” fue la del exsubprocurador Arturo Herrera Cantillo, quien dimitió al cargo dos días después de dar parte a la prensa sobre la existencia de una narcofosa en el rancho “El Diamante” del municipio de Tres Valles, muy cercano a Tierra Blanca.
En esa numeraria, contenida en la solicitud de transparencia que hizo este reportero, se añade que cinco elementos de la FGE fueron dados de baja por presentar documentos falsos –no especificaron quienes–, 11 porque no aprobaron los exámenes de control y confianza, y 17 servidores públicos de la Fiscalía fueron despedidos porque ya no se presentaron a trabajar. Uno dio positivo en consumo de drogas.
El negro historial de Marcos Conde…
La desaparición de los cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente se convirtió en un escándalo que acaparó la atención de la prensa nacional, pero también reavivó otras desapariciones forzadas ocurridas hace dos años en la región de La Antigua y el Sotavento, donde Marcos Conde –exdelegado de la SSP, hoy en la cárcel por su presunto involucramiento en la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca– fungió como el máximo mando policiaco en 2012 y 2013.
El pasado 25 de enero, medio centenar de familiares de personas desaparecidas –entre ellos policías municipales ‘levantados’ por policías estatales– tomaron las instalaciones de la FGE para exigir la renuncia del titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, y para cuestionar la poca eficacia del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, tanto en la consignación de policías involucrados en desapariciones, como en los nulos resultados para encontrar a sus seres queridos.
Martha González, quien busca a su hijo Luis Alberto González, y Rosario Sayazo, que lucha para localizar a su esposo, Juan Carlos Montero –ambos policías municipales ‘levantados’ en la comunidad El Arenal, en Ú
rsulo Galván– exigen a la FGE “investigar” al entonces delegado de la SSP en la región, Marcos Conde.
Y es que mientras Conde estuvo a cargo de la delegación de la SSP en esa región del Sotavento, el agente del Ministerio Público Investigador adscrito al programa “Veracruz Seguro”, Pedro Huesca Barrada, fue ‘levantado’ por policías estatales en abril 2013.
Además el reportero de nota roja del ‘Diario de Cardel’, Sergio Landa, se encuentra desaparecido desde enero de ese año, y el 1 de diciembre de 2012 también se dio a conocer la “desaparición forzada” de ocho jóvenes en la comunidad El Modelo, perteneciente a Úrsulo Galván. Los familiares responsabilizaron a policías estatales, cuyo jefe era Conde.
La protesta de familiares desaparecidos fue vistosa. Con lonas, mantas y cartulinas hicieron un tendedero gigante para “sellar” los accesos a la fiscalía, y muchos empleados administrativos no pudieron entrar al inmueble, hasta que llegó el titular Luis Ángel Bravo para recibir a los inconformes.
Pese a las aristas tangibles que ilustran que más de un centenar de elementos de la Policía Estatal Acreditable de Veracruz se divide entre servir a Los Zetas y al CJNG, por encima del interés ciudadano, el gobernador Javier Duarte se centra en su discurso triunfalista y de disculpas.
Por ejemplo, en su última rueda de prensa dijo que la lamentable desaparición de cinco jóvenes que venían de un fin de semana turístico en Veracruz-Boca del Río a manos de la policía era “una cosa que salió mal” por 99 cosas que se hacen bien.
Anteriormente Duarte se había quejado de que el aparato mediático se centrara en el tema de la violencia e inseguridad en la entidad. “No lo tomen como reclamo, porque luego dicen que Duarte regañó a la prensa, pero hoy en la mañana hablé con ustedes de siete u ocho temas. Les juego doble contra sencillo de que el tema mañana va a ser la inseguridad. El tema es tan morboso, es tan atractivo y recurrentemente atrae por el morbo, por eso les pido a mis amigos (de la prensa) que ampliemos nuestros horizontes”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428326
XALAPA, Ver: Activistas, estudiantes, periodistas y amigos de Rubén Espinosa, fotoperiodista colaborador de Proceso y Cuartoscuro y de la activista cultural Nadia Vera, encabezaron una protesta pacífica en el parque Benito Juárez de esta capital para recordar el multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido hace seis meses y el cual continúa impune.
Una treintena de participantes, convocados a través de redes sociales por la Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y Territoriales (Decide), decidieron pegar clones de cartón de los rostros de Nadia Vera y de “Rubencillo” en los árboles y en los muros de contención de dicho parque ubicado en el centro histórico.
Julián Ramírez dijo que a seis meses de los asesinatos, los amigos de “nuestra Nadia y nuestro Rubén” siguen reclamando justicia para las cinco víctimas de la colonia Narvarte, homicidio que pareciera que autoridades de la Ciudad de México quieren darle carpetazo.
Con cartulinas de “puño arriba, frente en alto” –frase preferida de Rubén Espinosa– y “el asesino es el Estado”, los activistas, estudiantes y los amigos de Vera y del fotoperiodista de Proceso elaboraron enormes lonas de cartón para recordarle al gobierno de Peña Nieto, a la administración de Miguel Ángel Mancera y al sexenio de Javier Duarte que en este quíntuple homicidio “ni perdón, ni olvido”.
Los activistas también recordaron la memoria de Alejandra Navarrete, Yesenia Quiroz y la colombiana, Mile Virginia.
En el acto de protesta también se pasó lista por cada uno de los 15 periodistas que han sido asesinados en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, se exigió justicia por cada uno de ellos, incluyendo la de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, de Rubén Espinosa, así como de dos “secuestros” y posteriores homicidios que dieron la vuelta al país y al mundo, como fueron los del editor-reportero de La Unión, Moisés Sánchez Cerezo y el del reportero de Liberal del Sur, Gregorio Goyo Jiménez.
En los recordatorios a Rubén Espinoza, se hizo énfasis que el periodista nunca dijo que no al cubrir una manifestación, que con su trabajo periodístico defendió la instalación de presas en Jalcomulco y que siempre fue solidario con sus compañeros periodistas y con las nuevas generaciones, pero también copartícipe de la defensa de las causas justas.
En el pedestal de concreto que sostiene la imagen de Benito Juárez, los activistas decidieron tapizar dicho muro con los rostros de Rubén Espinoza y Nadia Vera para recordarles a las autoridades de los tres niveles de gobierno que hoy la investigación luce estancada.
“Nadia y Rubén a 6 meses no olvidamos, no perdonamos, exigimos justicia”, se podía leer en la lona más grande.
Desde el estado de Chiapas, la mamá de Nadia Vera, Mirtha Luz Pérez Robledo, envió una carta que fue leída por uno de los participantes de la protesta, en el que señala que hoy sólo queda defender la memoria, luchar contra las injusticias y no dar crédito a las verdades históricas que pinta el gobierno.
“Desde ahí nos han dicho que nuestras hijas eran putas, que fumaban droga, que tuvieron la culpa de morir, ese ha sido el escenario del gobierno para lavar su responsabilidad. No ven, que en este país, hoy el único lugar seguro sigue siendo un libro”, expresó.
Pérez Robledo señaló que la muerte de su hija Nadia Vera sigue doliendo tanto como si “hubiera sido ayer”.
Agregó que hoy las investigaciones están paralizadas y el Ministerio Público del Distrito Federal parece cómodo con las diligencias sin avanzar, “sin mencionar el trato VIP que les dieron a las autoridades de Veracruz que aceptaron declarar”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
FECHA: 31 ENERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428279
CHIHUAHUA, Chih: En la impunidad, sin indemnizaciones y en espera de la publicación de la Ley de Víctimas, este sábado se conmemoraron seis años de la masacre en la colonia Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez donde murieron 15 jóvenes, la mayoría estudiantes.
Familiares de las víctimas acudieron a una misa dedicada a los jóvenes y tienen la esperanza de entrevistarse con el Papa Francisco en su próxima visita a esa frontera,
El 30 de enero de 2010, un grupo de hombres armados llegó a una casa donde se realizaba una fiesta de cumpleaños, asesinaron a los estudiantes y dejaron varias personas heridas, de las cuales algunas quedaron con secuelas permanentes.
Entre las víctimas había alumnos del Colegio de Bachilleres 9 y de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Hasta el momento, ninguna familia ha recibido indemnización y hay personas responsables que están en libertad.
Al respecto, el diputado panista Rogelio Loya Luna presentó al Congreso del Estado un exhorto al gobernador César Duarte Jáquez para que publique la Ley de Víctimas y se indemnice a las víctimas.
“Estas víctimas desde el punto de vista constitucional y legal no solamente tienen derecho a recibir justicia en el sentido de aprehender a todos los asesinos y cómplices que actuaron esa noche, sino a ser debidamente indemnizadas por el Estado a través de la reparación integral del daño sufrido que es terriblemente doloroso para todas esas familias”, explicó el legislador.
Agregó que los familiares de los fallecidos han sido revictimizados por las autoridades a pesar de que han agotado los recursos para exigir justicia.
Precisó que ellos se entrevistaron con el presidente Enrique Peña Nieto en Ciudad Juárez el 16 de enero del 2015, asistieron a la Procuraduría General de la República (PGR), con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con la subsecretaria de Gobernación del área de Derechos Humanos, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y con el fiscal especial de Atención a Víctimas del estado.
Loya afirmó que en el último encuentro acordaron que el gobierno del estado asumiría la responsabilidad de las obligaciones previstas en la Ley General de Víctimas para la reparación integral del daño a los ofendidos en el caso Salvárcar y que la CEAV ayudaría a hacer las cuantificaciones correspondientes.
A los familiares de las víctimas les han cancelado reuniones con funcionarios y aunque se iniciaron procesos para las indemnizaciones, expuso el legislador, éstas están trabadas y los ofendidos solicitaron a la CNDH que proceda a agilizar el cumplimiento de la recomendación.
El panista aseguró que agotaron todos los trámites legales, sin éxito.
Loya dijo que la PGR no ha resuelto reconocerles el carácter de víctimas de un delito federal como son los cometidos por la delincuencia organizada.
La CNDH por su parte no ha emitido el acuerdo a la petición de agilizar el cumplimiento de la recomendación 50/2011, incluyendo el concepto de reparación integral digna que señala dicho organismo en su misma resolución.
“La casa donde sucedieron los hechos, donde fueron asesinados y lesionados permanece idéntica, sólo destruyéndose con el paso del tiempo, tienen que verla diariamente, sabiendo que ahí murieron sus familiares. A pesar de que han existido muchas ofertas de que la derrumbaran y hacer un memorial ahí”, indicó el panista.
Precisó que todos los familiares de los jóvenes, excepto uno, son trabajadores de ingresos mínimos: ocho trabajan en maquiladora, tres son empleados de gobierno con sueldo bajos, tres son familias sin ingresos, dos con autoempleo, un jubilado, dos sin datos, un empelado de comercio, una empleada doméstica, una estilista y un transportista que es el único que tiene ingresos superiores a los mínimos de supervivencia.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte lleva el caso de la desaparición de César Ávila, padre de uno de los adolescentes que sobrevivió a la masacre.
Con la ola de violencia que se desató a partir de aquella tragedia, la familia de César Ávila optó por huir de Ciudad Juárez y se fue a vivir con familiares a Zacatecas, por lo cual se llevaron su vehículo con placas fronterizas.
En el 2013, cuando César Ávila viajaba en su automóvil lo detuvieron agentes policiacos por portar placas de Chihuahua y desde aquel día no se sabe nada de él, explicó Patricia Galarza, coordinadora del área psicosocial de la asociación civil.
La familia tiene esperanzas de que aparezca porque las detenciones “así funcionan” en Zacatecas.
“Estas personas merecen justicia a secas, por ello apelamos a la buena voluntad del gobernador del estado para culminar con esta sinuosa y dolorosa situación y se pueda indemnizar a las víctimas y ofendidos del delito”.
Por su parte el diputado Rogelio Loya pidió que el Ejecutivo estatal adopte las medidas legales para que se inyecten recursos suficientes al Fondo de Auxilio para Víctimas u Ofendidos del Delito, previsto en la ley vigente de atención y protección a víctimas u ofendidos del delito, con el fin de cubrir las obligaciones de la reparación integral del daño a los afectados y que el gobernador del estado publique a la brevedad el decreto 915/2015 II P.O. que expide dicha legislación, aprobada por esta representación popular el 29 de junio de 2015.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428274
Roberto Saviano, periodista, escritor y ensayista italiano de renombre internacional, analiza para SinEmbargo la reciente captura de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera y el uso mediático que le ha dado el Gobierno federal. “Antes de emprender cualquier tipo de lucha contra el narcotráfico debemos emprender una lucha contra la corrupción, el principal problema real de México”, dice. Luego agrega: “El Gobierno mexicano tiene una obligación para con la comunidad internacional: en primer lugar, dar respuestas sobre lo que le pasó a Iguala [...]. ¿Qué confianza pueden tener en el Estado las madres, padres, hermanos, amigos que han visto a sus seres queridos desaparecer en cualquier momento y sin ninguna explicación real?”
Rara vez llegan las noticias de México a los medios europeos: a menudo no son suficientes los números de la narcoguerra o los datos de las desapariciones forzadas, o las terribles imágenes de las decapitaciones y mutilaciones para atraer la atención de los medios internacionales sobre la problemática mexicana. A menos de que se trate de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la narcostar [narco estrella] cuyas hazañas han dado la vuelta al mundo rebotando de un periódico a otro, de un televisor a otro, de una red social a otra.
Desde el día de su recaptura, los medios de comunicación internacionales como los mexicanos, han seguido, paso a paso, episodio tras episodio, lo que ahora parece una telenovela cuyos ingredientes cinematográficos –el malo, la bella, la estrella del cine, la posible intriga pasional…– corren el riesgo de que se olvide todo el escenario criminal y económico detrás de esta historia. Pero mirando el asunto más de cerca, más en profundidad, nos damos cuenta por un lado de la fragilidad de un gobierno que espera más escándalos para seguir evitando confrontaciones; por el otro, la otra fragilidad de un jefe histórico que utiliza los medios de comunicación para su propio poder.
Políticamente, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha explotado la detención de “El Chapo” para evitar dar respuestas a los ciudadanos mexicanos y a la comunidad internacional, quienes han estado esperando desde hace tiempo. La recaptura del capo más buscado del mundo fue una buena oportunidad para eclipsar el homicidio de Gisela Mota, la nueva Alcaldesa de Temixco, asesinada el 2 de enero del año en curso; fue la enésima oportunidad para evadir las preguntas sobre los 43 estudiantes de Iguala desaparecidos y de los cuales el Gobierno es ahora responsable.
Al mismo tiempo, el cortocircuito en que terminó “El Chapo” Guzmán es un ejemplo de la debilidad de la cabeza del Cártel de Sinaloa. ¿Cómo sabes cuando un líder se vuelve frágil? La fuerza de un capo y de un grupo criminal es mayor cuando no es facilmente visible, es mucho mayor cuando existe una especie de paz social que permite un crecimiento exponencial de sus negocios. Es cuando hay paz – y cuando hay una baja atención por parte de las fuerzas de seguridad y la comunidad internacional – que es posible un mayor crecimiento económico, el desarrollo pacífico de nuevas “líneas de negocio”. A pesar de lo que se pueda pensar, cuando un jefe y una organización disparan, asesinan, cometen masacres y llevan a cabo operaciones militares para unas estrategias internas a la organización (como castigar a los traidores) significa que están en un momento de debilidad. Por supuesto, la paz y el crecimiento no puede durar mucho porque – incluso si no están detenidos o muertos – los líderes envejecen y los de la nueva generación siempre estarán listos para la sucesión, que sólo en raras ocasiones no trae una contienda; sin embargo, siempre y cuando se pueda, es importante no llamar demasiado la atención y no hacer demasiado ruido. Y el ruido no sólo significa los disparos y las bombas, sino también los medios de comunicación.
La fuerza de “El Chapo” siempre había sido, hasta ahora, su invisibilidad, su capacidad de moverse en las sombras, su no existencia mediática, el respeto de aquel principio primero para un narcotraficante de drogas que había aprendido directamente de “El Padrino” Félix Gallardo: la no ostentación y el respeto de las reglas criminales. No hay ninguna necesidad de demostrar quien es el jefe, en la organización todo el mundo lo sabe y lo respetará automaticamente. Pero cuando esta función falla, ese es el momento en el que un jefe necesita ser protagonista, necesita salir de las sombras, hacer declaraciones públicas, operaciones simbólicas que lo llevan a las primeras páginas de los periódicos del mundo entero. Cuando el capo comienza a sentir que no lo es más, realmente necesita salir y comunicarle a los medios que él es la cabeza, que existe. Un jefe es frágil cuando los medios de comunicación no se hacen cargo de él, cuando es él que se acerca a ellos porque con su caja de resonancia pueden amplificar su poder que está disminuyendo, efectivamente, minado por las rivalidades internas y sucesores directos inadecuados. Esto explicaría la decisión de “El Chapo” de conceder una entrevista a Sean Penn y en esa ocasión de jactarse de ser el más grande traficante de drogas, el más eficiente para lavar el dinero, el mejor entre los malos. Una elección que resultó ser no sólo arriesgada, también desastrosa.
En los últimos años, mientras que “El Chapo” entraba y salía de prisión, el Cártel de Sinaloa no había sufrido perturbaciones significativas porque seguía teniendo un guía fuerte y mucho más discreto: “El Mayo” Zambada, el cerebro y, probablemente, el nuevo líder de la organización. De hecho, si el Cártel de Sinaloa se ha mantenido como la más poderosa organización en México se debe a su propia presencia, lejos de los focos y la atención a nivel internacional. Si en cualquier lugar es ahora conocido el nombre de “El Chapo” y sus fotos con camisas extravagantes han dado la vuelta al mundo, pocas personas conocen el nombre de su socio más importante y menos aún conocen su rostro. Es esta invisibilidad la que ha hecho la suerte de Ismael “El Mayo” Zambada y lo ha convertido en este último período en el verdadero sostén de la organización. El cártel ha sido capaz en los últimos años de gestionar el tráfico internacional, controlar el territorio, coordinar una política amiga y luchar contra los rivales sin comprometer sus equilibrios.
Como sucede a menudo en las organizaciones mafiosas, el mando debería pasar naturalmente a los hijos del jefe, por consiguiente a uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán: pero tanto Iván Archivaldo como Jesús Alfredo parecen ser víctimas de exhibicionismo y incapaces de tener una visión económica, peculiaridades que no encajan en la personalidad de un jefe de la mafia. Amantes del lujo, de los coches hermosos y de las bellas mujeres, en las redes sociales lanzan mensajes amenazantes al gobierno y dan rienda suelta a su deseo de hacer alarde de ser matones, pero parece que tienen más seguidores en Twitter que la propia organización.
Iván Archivaldo y Jesús Alfredo recuerdan mucho a los hijos de la mafia italoamericana, que, como contó Joe Pistone, el agente del FBI que trabajó como infiltrado en la mafia de Nueva York, se emanciparon y se convirtieron en matones, debilitándose y alejándose de las reglas de la mafia, que son los pilares de la organización. Iván Archivaldo Guzmán no tiene poder económico, sabe gastar el dinero que le da su padre pero no sabe cómo producirlo, no puede establecer “reglas”, o sea prácticas criminales compartidas, respetadas en el nombre de su funcionamiento y el miedo. Iván Archivaldo sólo sabe amenazar. Jesús Alfredo no tiene una verdadera dimensión criminal, no conoce alguna disciplina y en los años no ha logrado convertirse en lo que su padre quería, o sea, quien interactuara entre la familia mafiosa y el mundo de los negocios. Iván Archivaldo iba a ser el heredero de su padre en el segmento militar y organizativo; Jesús Alfredo iba a encargarse de la política y los negocios: hasta la fecha han sido dos fracasos. No son capaces y no les ayuda su corta edad y la forma en que fueron criados en vicios y lujos. No tuvieron la juventud campesina de su padre, ni tienen la capacidad de construir consensos. Ellos saben sólo otorgar dinero y susto, cosas muy diferentes del carisma y del welfare state [estado del bienestar] de “El Chapo”.
Muchas personas creen que los dos hijos de “El Chapo” no tienen lo que se necesita y no gozan del respeto necesario para dirigir la organización, y es probable que al intentar hacerlo se desencadenara una pelea: por un lado los hijos de “El Chapo” y por el otro la vieja generación de Sinaloa, dirigida por “El Mayo”, que teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, se mostró más fiable que su socio.
“El Mayo” tiene un hijo con más talento que los hijos de “El Chapo”: Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hasta su detención en 2009 era un integrante de alto rango del Cártel de Sinaloa. Fue detenido y extraditado a los Estados Unidos en 2010 para enfrentar cargos de tráfico de drogas. En los Estados Unidos comenzó a hacer declaraciones ardientes, tales como la existencia de fines de los años 90 de un pacto entre la DEA y el Cártel de Sinaloa, según el cual la agencia antidrogas garantizaría, a cambio de información sobre sus rivales, inmunidad a los líderes de Sinaloa (les informarían de las operaciones militares contra ellos para que pudieran huir de
sus refugios y la garantía de no iniciar procedimientos penales contra ellos en los Estados Unidos). El juicio de Vicente Zambada se pospuso varias veces y al final llegó a un acuerdo con el fiscal para declararse culpable y lograr una reducción de la pena a cambio del compromiso de cooperar con las autoridades estadounidenses, que incluso le confiscaron 1.37 mil millones de dólares.
Nunca me convenció esa historia, ni he podido entender realmente los distintos pasos. Si realmente Zambada hubiera cooperado con la DEA, significaría envenenar los pozos en México para obtener agua clara en Estados Unidos. Pero hay muchas dudas acerca del relato de Zambada, que hoy sin embargo sigue siendo el conocedor del mapa financiero del Cártel de Sinaloa.
De todas formas, a pesar de la desafortunada suerte de “El Chapo”, a pesar del ruido mediático y del júbilo de la clase dominante sobre su arresto, el gobierno no logra convencer y no convence porque no es creíble un gobierno que ha decidido proyectar la imagen de un México que no habla de tráfico de drogas (excepto en el caso de que, por supuesto, hay que celebrar un arresto). No convence porque no basta con callar la plaga del País para resolverla. Peña Nieto, para mostrarse diferente de la gestión fallida de su predecesor Felipe Calderón, no quiere dar la imagen del sheriff que trata de erradicar el problema, quiere representar la imagen limpia y nueva de México. Pero el problema del narcotráfico no desaparece simplemente porque no se hable del tema. Sobre todo porque los números nos dicen lo contrario. El sexenio de Peña Nieto está demostrando algo dramático: 54 mil 421 asesinatos en los últimos tres años, y 2015 fue el año más terrible, con 18 mil 650 casos registrados. 54 mil 421 asesinatos son impresionantes, es como si en tres años un pueblo entero hubiera desaparecido. Este progresivo aumento de los homicidios se debe al hecho de que la represión llevada a cabo en los últimos años por las fuerzas del orden mexicana y la inteligencia de los Estados Unidos dirigida a los que hasta hace poco tiempo eran los grandes cárteles -como el Cártel del Golfo o el de Juárez o la organización de los Beltrán Leyva- no condujo a la disolución de estos cárteles, a su aniquilación, sino llevó, a menudo, a una propagación de metástasis de microcarteles, sedientos de poder y dinero. Esas estructuras más pequeñas que nacen de vacíos de poder, las pandillas fuera de control, en las que, a diferencia de los cárteles históricos que se basaban en el respeto de las reglas de la mafia, la única regla para ellos es no tener reglas, y no tener reglas no es una buena manera de hacer negocios.
Incluso, la iniciativa del Mando Único, cuyo Presidente Peña Nieto tenía entre uno de los puntos cruciales para combatir el tráfico de drogas, parece no haber tenido los resultados esperados, sea porque es difícil de ser aceptada por las autoridades locales (que ven al Mando Único como una inútil imposición y una pérdida de autoridad), o porque, como algunos expertos señalan, no es una garantía real en la lucha contra el crimen organizado. El Mando Único, de hecho, permite una centralización del poder y más control sobre los políticos locales, pero no elimina el problema de la corrupción que puede ser generalizado a todos los niveles, municipal, estatal y federal. Me parece que detrás de este deseo de centralización de poderes en materia de seguridad pública haya en realidad un deseo de descentralización de la responsabilidad moral y de alejamiento del problema narcotráfico del gobierno central, es decir: sólo los políticos locales son corruptos, sólo los gobiernos locales no saben solucionar la cuestión criminal pero nosotros de las altas esferas somos limpios y eficientes. Alejar la plaga del narcotráfico de la imagen de México parece ser la verdadera estrategia antidrogas del gobierno de Peña Nieto y el Mando Único no hace más que aumentar la brecha que ya existe entre el gobierno y el pueblo mexicano.
Antes de emprender cualquier tipo de lucha contra el narcotráfico debemos emprender una lucha contra la corrupción, el principal problema real de México. Es difícil imaginar una lucha contra la corrupción sin la construcción de un mecanismo donde la honestidad es conveniente y no sólo una elección moral. No es una misión simple. Los narcotraficantes mexicanos tienen una cantidad de dinero líquido como para comprar un banco en California sólo para lavar sus narcodólares, como lo venía haciendo “El Chapo”. Esta noticia salió en México a finales de diciembre, pero fue ignorada por la prensa internacional; sin embargo, el hecho de que los ingresos de los narcos de la droga pueden comprar empresas, traficar con armas, liderar el mercado de bienes raíces, hacer importantes transacciones financieras y bancarias en el extranjero no puede quedar confinada a los periódicos locales o para las publicaciones financieras. El dinero del Cártel de Sinaloa se lava, como se ha demostrado en varias investigaciones, en los Estados Unidos, en Londres y –noticia de los últimos días– en Suiza y Liechtenstein. Por esto, el problema mexicano nos concierne a todos, porque nos afecta a todos. Por ello, la comunidad y los medios internacionales tienen el deber de apoyar a México, que no puede por sí solo hacer frente a una plaga que medio mundo contribuye a alimentar. El Gobierno mexicano, sin embargo, tiene una obligación para con la comunidad internacional: en primer lugar, dar respuestas sobre lo que le pasó a Iguala. Es inaceptable que en un país civilizado 43 estudiantes desaparezcan en el aire después de ser arrestados por la policía y que no se sepa nada. Es inaceptable que en el Estado de Derecho (utilizando las palabras del Presidente en la recaptura de “El Chapo”) desde 2006 han desaparecido más de 25 mil personas. ¿Qué confianza pueden tener en el Estado las madres, padres, hermanos, amigos que han visto a sus seres queridos desaparecer en cualquier momento y sin ninguna explicación real? ¿Qué confianza puede tener sus conciudadanos? Hasta terminar con la impunidad, uno de las columnas pilares de la República Mexicana, no se podrá hablar de vientos de cambio en México, ni de alguna misión cumplida, ni de algún Estado de derecho.
No hablar, evadir preguntas, evitar dar respuestas, y no preservar el poder político, sólo consigue entregar el poder en las manos de la delincuencia organizada. Porque cuando no se habla de las mafias, ese es el momento en que son más fuertes que nunca. Cuando la política haya entendido esto y no tenga miedo de hablar del mal que quiere luchar y erradicar, entonces habremos elegido el camino correcto.
Por supuesto que no auguran nada bien los informes recientes sobre las investigaciones en curso en España sobre el ex Gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira por lavado de dinero y vínculos con Los Zetas, pero el error que no se debe hacer es ver hoy hacia México y pensar que entre el Congreso y los narcos no hay diferencia, que la policía es una emanación directa de la voluntad de los narcos, que cualquiera que tenga algo que ver con la política y con la aplicación de la Ley es necesariamente corrupto: Se trata de una visión típica del radicalismo más ingenuo. La situación es mucho más compleja que esta aproximación trivial.
Los cárteles mexicanos han intentado y todavía tratan de jugar el papel de anti-Estado, el Estado en el Estado, obligado a tomar medidas para superar las deficiencias de un gobierno para el pueblo y para asumir su lugar imponiendo sus propias leyes. Por ejemplo, la Familia Michoacana nació precisamente para pregonar esta misión de protección y defensa de los más débiles, a raíz del paramilitarismo sudamericano, luego giró rápidamente (al igual que los paramilitares en América del Sur) en una copia – si es posible aún más despiadada – de las organizaciones que querían enfrentar. Varias veces los cárteles de narcotraficantes mexicanos han intentado llegar a un acuerdo con las autoridades al igual que las guerrillas en América Latina. El más famoso es probablemente la petición de Servando Gómez Martínez, “la Tuta”, que intervino personalmente en 2009 durante el programa de televisión Voz y Solución para proponer un acuerdo con el gobierno de Calderón: “Queremos que el señor Presidente de la República, el señor Felipe Calderón, sepa que no somos sus enemigos, nosotros le estimamos al señor… estamos abiertos al diálogo… no queremos que Los Zetas entren a Michoacán… lo que queremos es paz y tranquilidad, sabemos que somos un mal necesario… queremos llegar a un consenso, queremos llegar a un pacto nacional…”. Lo que se desprende de estas palabras es que las organizaciones mexicanas ya ni siquiera sienten la necesidad de fingir ser otra: no ocultan sus actividades, el tráfico de drogas, así como no lo escondió “El Chapo” en la entrevista con Sean Penn.
Siempre sostengo que la legalización de las drogas es la única manera de combatir el tráfico de drogas, pero lo que parece ocurrir en México es que los narcotraficantes están tratando algún tipo de legalización, de reconocimiento oficial por parte del Estado. Los narcos ya están tratando obtener algún tipo de legalización de su trabajo, delegando en grupos más pequeños las gestiones violentas. Esta cinética aún no ha sido completamente aclarada, pero parece ser lo que ocurrió después de la explosión del cártel de los Beltrán Leyva, del que los Guerreros Unidos parecen ser una emanación militar que se ocupa de las operaciones más violentas en las calles, y lo mismo sucedió con Los Rojos, promulgación del Cártel del Golfo. Y luego nacieron grupos como Los Viagras, entidad entre vigilantes y organización criminal, que están empeorando la ya difícil situación en Michoacán. Estas células parecen ir en la dirección que describimos, donde los cárteles asumen el rol puramente de negociación económica y política. En esta dirección están todos, con la excepción de Los Zetas que destacan por sus particularidades sangrientas.
Por eso, porque creo que sólo poniendo una atención constante de lo que está ocurriendo en México y sólo con una alianza con la sociedad civil mexicana se puede tratar de detener este estado de silencio que cayó sobre los cárteles, con la excepción de los momentos de espectáculo internacional. Que México esté en las manos de la iniciativa empresarial criminal es útil para una gran parte del sistema financiero mundial y denunciarlo es la única posibilidad de impedir que eso sea la herida abierta de Occidente que haga drenar el dinero del tráfico de drogas en su sistema linfático legal. No pueden hacerlo sólo los periodistas mexicanos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ROBERTO SAVIANO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-02-2016/1608013
“El 2000″ fue líder de Los Beltrán Leyva en los estado que Chihuahua, San Luis Potosí, Coahuila y Sonora, donde se conformaron células delictivas para enfrentar a sus rivales. También se le vincula con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez, ocurrida en abril de 2005.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que Francisco Javier Hernández García, presunto líder del Cártel de los Beltrán Leyva, fue detenido este fin de semana en Guasave, Sinaloa, durante un operativo.
En conferencia de prensa, Renato Sales Heredia, titular de la CNS, detalló que Hernández García, apodado “El 2000″, fue aprehendido, junto con Francisco Javier Martínez Coronado, durante un operativo conjunto con elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal el sábado pasado.
“El 2000″, quien poseía armas largas y paquetes de metanfetaminas al momento de su detención, era uno de los 122 objetivos prioritarios de las fuerzas federales, por lo que suman 99 los capos neutralizados en lo que va del sexenio.
Hernández García fue escolta del capo Arturo Beltrán Leyva, “El jefe de jefes” o “El barba”, abatido en 2009. Posteriormente se convirtió en el líder del grupo criminal en los estado que Chihuahua, San Luis Potosí, Coahuila y Sonora, donde se conformaron células delictivas para enfrentar a sus rivales.
También se le atribuye la alianza de Los Beltrán Leyva con Los Zetas, para enfrentar al Cártel de Sinaloa y al del Golfo. Así como su presunta vinculación con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez, ocurrida en abril de 2005, de acuerdo con la CNS.
Los detenidos se encuentran a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) para continuar con las investigaciones correspondientes.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-02-2016/1611201
MÉXICO, DF: Joaquín El Chapo Guzmán Loera trabajaba con Jorge Milton Cifuentes Villa El Colombiano, preso por el envío de toneladas de cocaína desde Sudamérica, según reveló una acusación de Estados Unidos contra el capo mexicano.
La acusación se fincó en la Corte de Distrito del Sur de Florida, de acuerdo con un despacho de Notimex.
Cifuentes está preso en Estados Unidos desde 2013.
Definida por un gran jurado en 2010, la acusación con el folio 07-20508-cr revela al público de manera oficial los vínculos de El Chapo con la mafia colombiana del narcotráfico.
En el documento, precisa Notimex, aparece el nombre de Guzmán Loera junto al de Milton Cifuentes Villa y otros tres coacusados: Dolly de Jesús Cifuentes Villa, Hildebrando Alexander Cifuentes Villa y Otto Javier Gracía Girón.
Tres de ellos son de “El Clan de los Cifuentes Villa”, un grupo familiar vinculado estrechamente a la historia del Cártel del Norte del Valle, de las autodefensas de Colombia, del Cártel de Sinaloa y, en resumen de la historia del crimen organizado en Colombia.
Jorge Milton Cifuentes Villa fue capturado en 2012 en Venezuela y luego fue deportado a Colombia y extraditado en diciembre de 2013 a Estados Unidos.
Cifuentes Villa quedó a cargo de la organización que lideraba su hermano, Francisco, quien fue asesinado en 2007 en una finca en Colombia y quien había sido piloto del célebre jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, según datos de la policía colombiana.
Jorge Milton se hacía pasar por un exitoso empresario en México, Panamá y Ecuador, hasta que en noviembre de 2010 (caso 07-20508-cr) fue acusado en la Corte de Distrito del Sur de la Florida y luego en febrero de 2011 en la del Distrito Sur de Nueva York, ambas por tráfico de drogas y lavado de dinero.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afirma que Jorge Milton buscaba hacerse pasar por “un hombre de negocios legítimo, mientras suministraba cocaína al Cártel de Sinaloa”.
El colombiano estableció en México al menos seis empresas para lavar dinero producto del narcotráfico, de acuerdo con un reportaje publicado en Proceso en octubre de 2011.
De acuerdo con la investigación, el nombre de Jorge Milton Cifuentes Milton aparece en la mayoría de ellas como accionista, administrador único o apoderado, según constancias encontradas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.
Datos de las actividades de Cifuentes Villa en México y su sociedad con El Chapo Guzmán salieron a la luz pública el 6 de agosto de 2011, cuando la policía colombiana detuvo a su hermana Dolly por el delito de narcotráfico y lavado de dinero.
Dolly de Jesús también acusada de narcotráfico y lavado de dinero en ambos encausamientos, fue extraditada a este país en 2012. Su arresto causó polémica, pues se reveló que tuvo una relación con Jaime Uribe, fallecido hermano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez.
Por su parte, Hildebrando, también citado en las acusaciones de Florida y Nueva York, fue detenido el año pasado en Culiacán, México, donde se encontraba trabajando con el Cártel de Sinaloa, según las autoridades.
En el encausamiento de Florida a El Chapo se le acusa de cinco cargos de conspirar para manufacturar y distribuir cocaína entre 2003 y 2009 a sabiendas de que sería enviada a Estados Unidos. La pena máxima es cadena perpetua.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 1 FEBRERO 2016
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428282
Dirigentes de ambos partidos organizaron un mitin en la Plaza Lerdo, donde estuvo presente Miguel Ángel Yunes, quien sería el candidato de la coalición “Unidos para Rescatar Veracruz”.
El PAN y el PRD registraron el domingo la coalición “Unidos para Rescatar Veracruz”, con el objetivo de “sacar” al PRI del Palacio de Gobierno.
“No fue fácil llegar hasta aquí; el PRI-gobierno, tanto a nivel federal como estatal, hizo todo lo que estuvo en sus manos para evitar este histórico momento, para evitar la alianza entre el PAN y el PRD en el estado de Veracruz, porque es una alianza a la que le tienen miedo, pánico, porque saben que con esta alianza vamos a ganar las elecciones y vamos a lograr rescatar Veracruz”, afirmó el dirigente panista, Ricardo Anaya
El presidente de Acción Nacional subrayó que en Veracruz hay una crisis de inseguridad de tal magnitud, que es el estado de la República Mexicana más peligroso para ejercer el periodismo, y también en el que se registran más desapariciones, entre ellas la de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca; mientras que en materia económica la deuda pública de Veracruz ha aumentado más de 300 por ciento en los últimos seis años.
“Yo no tengo duda y ustedes tampoco deben tenerla. El próximo 5 de junio, esta coalición va a lograr un triunfo histórico en Veracruz, vamos a sacar al PRI de Palacio de Gobierno y le vamos a dar a la gente de Veracruz un gobierno honesto, un gobierno eficaz, un gobierno de resultados, un gobierno para lograr seguridad, para lograr empleo y para lograr crecimiento económico”, concluyó Anaya.
A su vez, Agustín Basave, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, afirmó que “esta alianza va a sentar un precedente muy importante… vamos a demostrar que las alianzas PAN-PRD generan gobiernos muchos mejores… que combaten la corrupción y todos estos flagelos que azotan a Veracruz desde hace ya 85-86 años de gobiernos priistas”.
“Espero que todo salga bien y que también salga el gobierno de Duarte”, confió.
En un mitin, Basave y Anaya estuvieron acompañados por Miguel Ángel Yunes, quien se perfila como el candidato de ambos partidos en ese estado y quien enfrentará a Héctor Yunes, del PRI.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0102/mexico/vamos-a-sacar-al-pri-de-palacio-de-gobierno-pan-y-prd-en-veracruz/
Los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Silvano Aureoles en Michoacán, de Rafael Moreno Valle en Puebla y de Eruviel Ávila en el Estado de México hacen caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con el Informe de Actividades que la CNDH, las cuatro recomendaciones que emitió al gobierno federal y a los estatales entre 2011 y 2015 fueron aceptadas pero no fueron atendidas.
De acuerdo con el diario Reforma, la recomendación 3VG (violaciones graves), girada en noviembre de 2015 por los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, señala a la Policía Federal por la ejecución extrajudicial de una persona y el uso excesivo de la fuerza en contra de otras cinco, lo cual provocó sus muertes.
El informe reveló que ninguna de las recomendaciones de la CNDH no fueron atendidas tanto por el gobierno federal como por el gobierno estatal.
La CNDH recomendó presentar las denuncias ante la PGR, para perseguir a los responsables de los abusos, además de reparar el daño hecho a las víctimas y sus familias, por medio de compensaciones, atención psicológica, médica y tanatológica.
La recomendación 2VG, dirigida al Gobierno de Puebla, documenta el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública contra pobladores de Chalchihuapan, en julio de 2014, lo cual resultó en la muerte de un niño de 13 años.
El organismo de defensa de derechos humanos señaló que no se han atendido cinco de las 11 recomendaciones emitidas al gobierno de Moreno Valle para sancionar a los responsables.
Por otro lado, en el Estado de México con respecto al caso Tlatlaya, el organismo reveló que sigue pendiente el cumplimiento de la indemnización, atención médica y psicológica a las víctimas, así como la determinación ministerial y administrativa de los responsables de violaciones a derechos humanos.
Los gobiernos estatales y el federal no han atendido las denuncias por parte de la CNDH y las víctimas siguen sin ser indemnizadas por los daños recibidos.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/gobiernos-de-epn-michoacan-puebla-y-edomex-se-pasan-por-el-arco-del-triunfo-recomendaciones-de-cndh/
La CNDH emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la violencia física y sexual a uno de sus alumnos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la violencia física y sexual que padeció uno de sus alumnos de nuevo ingreso de la Escuela Médico Militar (EMM), entre septiembre de 2012 a junio de 2013 por parte de sus compañeros de segundo y quinto año.
La madre de la víctima, quien acudió a denunciar los abusos el 12 de junio de 2013 ante la CNDH, relató que a su hijo lo despertaban cadetes de mayor grado entre las 2 y 3 de la mañana, lo llevaban al baño, donde le pateaban la cabeza, le daban puñetazos y tablazos, lo obligaban a limpiarles las botas, planchar uniformes y hacerles de cenar, además de que era forzado a llevarles alimentos y artículos de limpieza.
La Comisión dijo haber acreditado los abusos en el expediente CNDH/2/2013/4732/Q, pues aseguró que a la víctima se le vulneró “en una de las esferas más íntimas de las personas que es la sexualidad”.
“Se anuló el poder de decisión sobre su cuerpo, ya que mediante amenazas y sin su consentimiento, un cadete de mayor grado y antigüedad lo agredió sexualmente, destacando que en los días que eso ocurrió, se encontraba en estado de sometimiento y vulnerabilidad al estar en internamiento, alejado de su familia, bajo amenazas y al haber tenido la experiencia de haber sido agredido física y verbalmente por distintos cadetes desde que ingresó a la EMM; ante el temor de recibir un daño grave, obedecía al agresor contra su voluntad, y en ese plano de sumisión el agresor tenía la finalidad de intimidar y degradar al cadete de nuevo ingreso, lo que dejó en este graves secuelas psicológicas y afectación emocional”, relata la recomendación.
La CNDH solicitó al general Salvador Cienfuegos, titular de Sedena, se ponga en contacto con la víctima para proporcionarle atención médica y psicológica; darle una reparación integral del daño; colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia que la CNDH formule ante la Procuraduría General de Justicia Militar contra los presuntos responsables, así como impartir un curso en materia de derechos humanos al personal docente y alumnado de la EMM, para eliminar la práctica de hostigamiento, intimidación, abuso y lesiones.
La Sedena fue la séptima entidad con mayor número de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en 2015, de acuerdo con el informe de actividades de la propia CNDH que recibió 620 quejas en su contra.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/cndh-emite-recomendacion-a-sedena-por-caso-de-violencia-sexual-en-escuela-militar/
