Los datos de seguridad pública e impartición de Justicia muestran que en el país no hay diferencias sustanciales entre las entidades federativas: la impunidad es generalizada en el país.
La impunidad es generalizada en el país. Los datos de seguridad pública e impartición de justicia muestran que la cotidianeidad de no perseguir y castigar un delito es alta o muy alta en 25 estados. En una escala en que la máxima impunidad es 100, el promedio nacional es de 67.42 puntos, según el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX) que este miércoles presentó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Ese promedio ya se ubica en el grado de alta impunidad y apenas diez estados tienen una mejor calificación, aunque todos con niveles reprobatorios. El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP tomó en cuenta 17 indicadores de seguridad pública, gobierno e impartición de justicia para construir el Índice con datos de 2013 de los Censos Nacionales de Gobierno. Su conclusión es que el origen de la impunidad está en los estados, en donde prevalecen condiciones que provocan que sea una situación generalizada en el país. Sólo Campeche y Nayarit tienen niveles bajos de impunidad; y San Luis Potosí, la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas un grado medio. El resto de las entidades están en el rubro de alta o muy alta impunidad. Y aunque Colima, Zacatecas y Guanajuato mejoran en calificación al promedio nacional lo hacen por menos de tres puntos.
Los autores del Índice incluyen a Michoacán como un caso “atípico”, pues tras revisar los datos disponibles concluyeron que no reflejan la situación real de la entidad; por lo que la calificación obtenida sobre el nivel de impunidad se consideró de baja confianza.
Mientras más amplio es el grado de impunidad, más estados se unen al grupo. Pero además, la diferencia en puntos entre entidades es mínima y la distancia entre los valores de las entidades con peores calificaciones es de menos de 10 puntos. “Un hallazgo adicional radica en que no se encontró alguna correlación significativa entre el IGI-MEX e indicadores de pobreza, producto interno bruto y desigualdad, lo cual hasta cierto punto es esperado dada la impunidad generalizada que prevalece en el país, es decir, independientemente de las condiciones sociales o económicas locales, la impunidad existe”, cita el reporte de la UDLAP. Entre algunos de los indicadores que se tomaron en cuenta para construir el índice están delitos registrados por cada 100 mil habitantes, sentencias, número de policías, ministerios públicos o magistrados y jueces registrados. Pero también se tomó en cuenta la cifra negra de delitos, es decir, aquellos no denunciados o que no derivaron en una averiguación previa.
Si se toman en cuenta los delitos consumados más la cifra negra, aquellos no denunciados por los ciudadanos, el estudio de la UDLAP concluye una “impunidad simple y llana”, es decir, que los delitos sin castigo en México serían el 99% de los casos.
Aún cuando sólo se tomaran en cuenta los datos disponibles por delitos denunciados, la cadena de impunidad —que da seguimiento desde que se inicia una averiguación previa hasta la sentencia— muestran ineficacia e ineficiencia institucional, pues los casos se van quedando rezagados y sólo una parte mínima concluye el proceso de procuración e impartición de justicia. Para el Índice Global de Impunidad México 2016, los investigadores no pudieron incluir la variable de derechos humanos. El equipo consideró “que las estadísticas sobre violaciones graves a los derechos humanos, provenientes de las comisiones estatales de derechos humanos, no son confiables”. Este índice complementa la investigación que la UDLAP presentó en abril pasado en la que comparó los grados de variación de impunidad entre países. Analizó el caso de 59 países del mundo y concluyó que Filipinas alcanza los niveles de impunidad más altos con 80 puntos de 100 como nivel de impunidad máxima.
OAXACA, Oax: “¡Sí se puede!”, coreó Alejandro Ismael Murat Hinojosa después de quedar registrado como candidato de “unidad” del PRI a la gubernatura del estado. Acompañado del ulisista Alejandro Avilés Álvarez y sus excontendientes Samuel Gurrión Matías y Mariana Benítez, el hijo del exgobernador José Murat Casab llegó a la sede de su partido –atiborrado de acarreados– para registrarse ante la comisión estatal de procesos internos. Minutos antes Murat Hinojosa salió del mercado zonal de Santa Rosa rumbo a las oficinas del PRI, en una comitiva encabezada por bandas de música y mujeres ataviadas de trajes regionales y canastas de flores con el nombre de su candidato. Con él iban también cientos de agremiados de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Sindicato Libertad, Confederación Nacional Campesina (CNC) y Confederación Nacional Obrero Popular (CNOP), que provocaron un caos vial con sus camiones de volteo, tráileres y mototaxis en los que se desplazaron para acompañar al abanderado tricolor. Al contingente priista se sumó el exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Romero Hendricks, en representación del líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. A la entrada de la sede del Revolucionario Institucional los esperaba ya la diputada local Emilia García Guzmán, quien se visitó de mazateca para hacer una limpia con incienso y yerbas a su candidato, y los mixtecos “tatamandones” (consejo de ancianos) se colocaron a un costado para mostrarle su apoyo. Además de Emilia García, las diputadas Lilia Mendoza y Marta Escamilla también presumieron sus trajes autóctonos, no obstante que mantienen en la congeladora una iniciativa que reconoce los derechos de los indígenas. En la sede priista, a los acarreados les regalaron camisetas con el rostro de Murat Hinojosa o con consignas de apoyo, mientras que las “élites” portaban camisas blancas de marca y guayaberas con el nombre bordado del candidato. Eufórico, el hijo del exgobernador entregó su carpeta de registro, se tomó selfies con sus simpatizantes y agradeció a sus contrincantes que “declinaron” a su favor. Al acto de registro no asistieron el ulisista Eviel Pérez Magaña; el alcalde de esta capital, Javier Villacaña; el excolaborador de Gabino Cué, Alfonso Gómez Sandoval, y el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani. Los que sí llegaron fueron varios de los excolaboradores de José Murat Casab, entre ellos el exsecretario de Finanzas, Flavio Bailys Gaxiola; Jorge Bustamante, quien traicionó a Diódoro Carrasco para sumarse al equipo del exgoberndaor; el exdiputado Juan José Moreno Sada, y Germán Espinosa Santibáñez, director general del Colegio de Bachilleres de Oaxaca. También asistieron el porro y actual diputado Fredy Gil Pineda Gopar; el diputado Cándido Coheto Martínez, quien fue acusado de un crimen en Misistlán de la Reforma, y el exsecretario de Salud en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, Martín Vásquez Villanueva, acusado del delito de peculado por un presunto desvío de más de 700 millones de pesos, según consta en la averiguación previa 69/V.G/2011. Al concluir su registro, el candidato del PRI emitió un discurso y dijo que la coalición que llevó a Gabino Cué al poder hundió a Oaxaca en el fracaso, no obstante que su padre apoyó al actual gobernador para evitar que Ulises Ruiz se perpetuara otro sexenio con Eviel Pérez Magaña. Murat Hinojosa dio las gracias al “gobernador Hendrix” y a todos los que “hoy están convocados a la historia de Oaxaca”. Añadió: “Hoy arranca una nueva página en la historia de Oaxaca para que junto a los medios de comunicación con nosotros empiecen a ser testigos y cómplices de la transformación. Terminó el juego anterior y hoy empezó la selección y hoy somos todos. Hoy, ante los ojos de la historia, tenemos que empezar a medirnos con la realidad, una realidad poco alentadora que nos obliga a trabajar y doblar el esfuerzo para marcar el rumbo”. La alianza que se fundó en la mentira, que ganó elecciones pero no se tradujo en bienestar para nuestras familias, dijo, “nos obliga a no ser omisos y cómplices de ese pasado de fracaso. Hoy ya basta, que sí se puede”. Prosiguió: “Hay que decir qué estado queremos: si seguir con un gobierno que no ha podido reducir más allá del 70 % la cobertura de salud, un gobierno donde ganamos 40% menos ingresos que en el país, un gobierno sumido en la desesperanza. “Yo soy de la cultura del sí se puede. Sí se puede tener un ingreso y empleo dignos, sí se pueden construir las autopistas de 100 kilómetros que ellos (el gobierno de Gabino Cué) no han podido lograr”, puntualizó. Ante el cerco priista fue imposible acercarse al candidato para entrevistarlo, pero el portal noticiasnet.mx resaltó que Alejandro Ismael Murat Hinojosa se negó a hablar sobre las acusaciones periodísticas en las que le atribuyen propiedades a nombre de su esposa, Ivette Morán, en UTA, Estados Unidos. “¡Alejandro!… ¡Alejandro!… ¿Qué nos puedes decir de tus propiedades en Utah?”, cuestionaron los medios de comunicación. En respuesta, el aspirante a gobernador desvió la mirada y se tomó fotos con los asistentes al evento. Luego se le preguntó por qué no asistieron a su registro Eviel Pérez Magaña, Javier Villacaña Jiménez y Alfonso Gómez Sandoval, tres de los siete priistas que firmaron el pacto de unidad. Nuevamente Murat Hinojosa hizo mutis.
CHILPANCINGO, Gro: Tras el secuestro de su esposo Gustavo Borja, la síndica perredista del ayuntamiento de Pungarabato, Rosalva Rendón Andrade, solicitó licencia por tiempo indefinido para separase del cargo a partir de este martes. Rendón Andrade envió ayer un oficio al titular de la oficialía mayor del Congreso local, Benjamín Gallegos Segura, en el que anuncia su decisión sin ofrecer mayores detalles. En el escueto documento, la síndica simplemente señala que espera que su petición sea turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación de la LXI legislatura local para el trámite correspondiente. Fuentes allegadas a la familia señalaron que Rosalva Rendón sucumbió a la presión de la delincuencia que opera en la región de Tierra Caliente. Ese factor, más el suplicio que vive desde hace cinco días, cuando su esposo fue secuestrado, obligaron a la síndica de Pungarabato a dejar el puesto que ostenta desde finales de septiembre pasado, cuando entró en funciones la administración que encabeza el alcalde perredista Ambrosio Soto Duarte, señalaron las mismas fuentes. La mañana del 28 de enero, el empresario ferretero fue secuestrado en pleno centro de Ciudad Altamirano. De acuerdo con reportes oficiales, el hecho se registró alrededor de las 8 de la mañana, cuando al menos dos sujetos armados que se desplazaban en un auto irrumpieron en el establecimiento comercial denominado Centro Ferretero Borja y se llevaron por la fuerza al también dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región de Tierra Caliente. El lugar está ubicado a una cuadra del hotel donde pernoctan agentes federales de la división Gendarmería y a unos metros del centro de Ciudad Altamirano, donde se localiza la sede del ayuntamiento. Años antes, en 2011, un grupo armado ejecutó a Miguel Borja García –hermano del empresario secuestrado– y a su esposa mientras se encontraban en su negocio.
Y, según fuentes oficiales, durante la campaña electoral del año pasado Rosalva Rendón recibió amenazas de muerte para que retirara su apoyo económico al entonces candidato y ahora alcalde perredista Ambrosio Soto Duarte, quien también denunció públicamente amenazas de muerte y presiones de la delincuencia para reclamar dinero de las partidas federales por concepto de pago de cuota del ayuntamiento. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS. FECHA: 2 FEBRERO 2016. LINK: http://www.proceso.com.mx/428534/sindica-de-pungarabato-pide-licencia-tras-plagio-de-su-esposo
CIUDAD DE MÉXICO: La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó e inició un cuaderno de antecedentes por el asesinato una pareja y su bebé de siete meses ocurrido el viernes pasado afuera de un supermercado en la comunidad de Pinotepa Nacional. Con base en información publicada en medios, la defensoría inició el expediente DDHPO/ CA /002/ RC/(09)/ OAX/2015. El atentado ocurrió alrededor de las 20:45 horas del viernes pasado en la calle sexta norte esquina con el libramiento de la colonia Cbta, cuando salían de la tienda “Vigs”. En el lugar, donde se localizaron 18 casquillos calibre 38 súper, fue ejecutado el comerciante Juan Alberto Panu Ramos de 24 años de edad, su hijo al que llevaba en brazos, así como su esposa Alba Isabel Colón Palacios de 17 años, dedicada al hogar. El mismo sábado, el portal “Solo Acapulco” publicó la imagen de la ejecución y vinculó la muerte del bebé a la imagen del niño sirio ahogado Aylan Kurdi, que indignó en todo mundo. El DDHOP urgió a la Subprocuraduría regional o Vicefiscalía de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca a investigar los hechos y remitir copia certificada del legajo de investigación a la Defensoría para conocer los avances y dar seguimiento al caso.
Moreira estuvo preso desde el día 15 y hasta el 22 de enero pasado, acusado por la Fiscalía Anticorrupción española de lavado de dinero, organización criminal, malversación de caudales públicos, y cohecho.
El ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, regresa este miércoles a México luego de que el martes recibiera su pasaporte y que la Fiscalía Anticorrupción decidiera no recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El día 22 de enero pasado, el juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, decretó la libertad de Moreira, en el proceso que se abrió en su contra por lavado de dinero y organización criminal. La defensa de Moreira entregó al juez una serie de facturas que probarían que las transferencias de dinero, casi 200 mil euros, que Moreira recibió durante su estancia en España, provenían del trabajo que hacía para empresas, de manera lícita. El martes, tras recibir el pasaporte, el ex dirigente del PRI aseguró estar tranquilo y apuntó que su director de tesis le dio el visto bueno para viajar a México. Aseveró que ahora lo que hará en México es descansar y estar con su familia. Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron, sin embargo, que la querella continúa abierta y que si el juez Santigo Pedraz vuelve a llamarlo a comparecer, tendrá que apersonarse en Madrid. A su vez, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguraron que el político mexicano continúa estando bajo investigación en un proceso judicial en España y que si se decidió no recurrir es por estrategia procesal.
Moreira es investigado como parte de un caso de procedimiento penal, junto con otras personas cuyos nombres no se han dado a conocer debido a que el proceso está bajo secreto de sumario. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/0302/mexico/humberto-moreira-regresa-a-mexico/
Se suspenden mientras se resuelve el juicio, es decir hasta la sentencia definitiva del juez.
El juzgado segundo de distrito con sede en Cancún concedió una suspensión definitiva de las obras de chapeo, desmonte y relleno en Malecón Tajamar Cancún, como lo solicitó un grupo de ciudadanos. Con esta medida cautelar, se suspenden en definitiva el desmonte, relleno, y obras relacionadas con la construcción, mientras se resuelve el juicio que no ha iniciado, y hasta la sentencia definitiva del juez.
Activistas del grupo “Salvemos Manglar Tajamar” celebraron la noticia:
El martes, Greenpeace encabezó una protesta frente a las oficinas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para exigir la cancelación del proyecto Malecón Tajamar en Cancún. Integrantes de la organización ambiental vestidos de negro colocaron una manta con la leyenda “Luto por #Tajamar” y montículos de tierra con cruces blancas en memoria de la flora y fauna afectadas por la tala de 57 hectáreas de mangle la madrugada del 16 de enero.
En tanto, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) un grupo de activistas interpuso una denuncia colectiva con 917 firmas, por la devastación en Cancún. Este medio tiene copia de dicha denuncia: denuncia colectiva tajamar 2016.docx by Aristegui Noticias:
Por su parte, Greenpeace México publicó en Facebook que se encuentran al pendiente del juicio de amparo sobre el futuro del proyecto, y subraya que “con esto sentaremos un precedente para evitar que casos similares a #Tajamar se repitan en todo el país”. La página de Facebook, Salvemos Salvemos Manglar Tajamar difundió una imagen de la sentencia de suspensión
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que 90% de su personal ya está capacitado para la implementación del nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor el próximo 18 de julio. Rommel Moreno Manjarrez, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, indicó en conferencia de prensa que dicha capacitación se ha dado con la coordinación de la Dirección de Formación Profesional y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). El funcionario explicó que el 10% restante implica reforzar áreas centrales en materia federal en todas las delegaciones del país, así como en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDO), la Visitaduría General y la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. Entre los estados que faltan por capacitar se cuenta a Tamaulipas, Guerrero, Baja California y Veracruz, donde ya se trabaja en la generación de dinámicas para su incorporación. Moreno Manjarrez detalló que una vez que entre en vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales en todo el territorio nacional, la PGR pasará a una segunda fase para generar estrategias donde se trabaje en las posibilidades de impulsar y generar esta capacitación. Existe, agregó, una idea de lo que ha sucedido con el sistema tradicional, “a lo que aspiramos hoy en México es a generar una democracia. Y cuando hablamos de una democracia como tal, México ha incorporado una serie de tratados internacionales como el debido proceso, el respeto a los derechos humanos y las garantías, por lo que en el Código no se señala una sanción como tal. Pero si fuera el caso, se estaría en una dinámica muy compleja”.
En ese caso, aceptó, se colapsaría el sistema: “En cualquier experiencia en América Latina ha habido una dinámica más allá de ir generando un compromiso a corto, mediano y largo plazo; de ir mejorando el sistema cuando inicia, pero estaríamos hablando de que esa circunstancia no la vamos a permitir”, concluyó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA. FECHA: 2 FEBRERO 2016. LINK: http://www.proceso.com.mx/428472/pgr-90-del-personal-ya-esta-capacitado-para-nuevo-sistema-de-justicia
VILLAHERMOSA, Tab: El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dio la bienvenida a ese instituto político al expriista Evaristo Hernández Cruz, a quien en el pasado proceso electoral acusó de “corrupto”. Este martes, el excandidato presidencial acudió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) para atestiguar el registro de Octavio Romero Oropeza como abanderado de Morena a la alcaldía del municipio de Centro en la elección extraordinaria del próximo 13 de marzo. En el evento estuvo presente Evaristo Hernández Cruz, quien un día antes anunció que se sumaba al Proyecto de Nación de López Obrador y a la candidatura de Romero Oropeza. Hernández Cruz fue alcalde priista del municipio de Centro, cabecera de esta capital, en el trienio 2007-2009, durante el gobierno de Andrés Granier Melo. En el proceso electoral de junio del año pasado contendió de nuevo para la alcaldía y quedó en segundo lugar, abajo del perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, a quien la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le anuló el triunfo y ordenó elección extraordinaria. Hernández Cruz quiso repetir como abanderado del PRI para la elección extraordinaria, pero denunció que el exgobernador Roberto Madrazo “secuestró” al PRI-Tabasco y lo obstaculizó para “imponer” como candidata a la diputada federal con licencia Liliana Madrigal Méndez. Por ello, el pasado 18 de enero renunció al PRI luego de 37 años de militancia, y ayer anunció que se sumaba al proyecto de Morena. Hoy por la mañana, en entrevista radiofónica, el expriista reveló que en días pasados se reunió con López Obrador en Oaxaca, donde pactaron su ingreso a Morena. Cuestionado sobre la acusación de “corrupto” que le hizo el exjefe de Gobierno, Hernández Cruz respondió que todo se debió “al calor del discurso” y que no se sentía ofendido. “Al calor del discurso uno se enciende y hay veces que uno dice cosas que no quiere decir. No me siento ofendido, no tengo la piel tan sensible”, manifestó. En junio del año pasado, cuatro días antes de las elecciones ordinarias, el excandidato presidencial acusó de “corrupto” a Hernández Cruz, entonces candidato del PRI a la alcaldía de Centro. Pero este martes, luego del registro de Romero Oropeza ante el IEPCT, en un templete improvisado López Obrador agradeció la suma de Hernández Cruz y le dio la bienvenida a Morena. Entrevistado posteriormente por los reporteros, quienes le preguntaron si el exalcalde había dejado de ser corrupto, respondió que al momento de salir del PRI Evaristo “se limpió”. “Ha tomado la decisión de sumarse a esta lucha y eso lo exonera. Todo el que está en el PRI y decide pasarse a Morena, y se arrepiente de todo lo que pudo haber hecho mal, nosotros pensamos que se le debe de perdonar”, expresó. Los corruptos, añadió, son Roberto Madrazo, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe Calderón, entre otros de la “mafia del poder”. Sobre las declaraciones del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, que lo llamó “vividor” del sistema por utilizar recursos de Morena, dijo que no caería en su juego y evitó opinar al respecto. Durante el mitin, López Obrador ofreció que cuando Morena gane la gubernatura y sea mayoría en el Congreso local, se derogará la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), que ha provocado inconformidad de los burócratas por el aumento de cuotas y años de labores para la jubilación. Asimismo, instruyó al dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López Hernández, a apoyar jurídicamente a los trabajadores mediante la presentación de amparos. Aseguró que Octavio Romero Oropeza ganará la alcaldía de Centro para implementar programas sociales como él lo hizo cuando gobernó la Ciudad de México, entre los cuales destacan los apoyos para adultos mayores y personas con discapacidad, becas para estudiantes y la continuación de la resistencia civil de no pago de luz a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hasta que haya borrón y cuenta nueva en las deudas y tarifas justas. El perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa registrará mañana su candidatura ante el IEPCT y el jueves 4 lo hará la priista Liliana Madrigal Méndez.
CIUDAD DE MÉXICO: Veinte de los 30 corresponsales de Noticieros Televisa en los estados analizan emprender acciones legales contra la empresa por el intento de despido injustificado. A este grupo de periodistas, la mayoría mayores de 50 años, el área jurídica de la compañía le pidió firmar su “retiro voluntario” sin ninguna indemnización. Dos de los 20 corresponsales que fueron despedidos comentaron a Apro, bajo el acuerdo de reservar su identidad, que el pasado 22 de enero fueron citados en el área de la dirección de información de corresponsales nacionales, a cargo de Eduardo Lugo. Un abogado de la empresa les pidió firmar este retiro, sin ninguna contraprestación a cambio. “Hay irritación y descontento por este maltrato”, subraya uno de los corresponsales. Según las mismas fuentes, Televisa estaría violando la cláusula XV de su contrato donde se establece que la empresa debe notificar los despidos con 15 días de anticipación. A ninguno de los 20 corresponsales se les notificó oficialmente. Simplemente, desde el 1 de enero les dejaron de transmitir las notas informativas que ellos envían al área de información nacional. El vicepresidente de esta área, Amador Narcia, no ha querido intervenir en el conflicto laboral. “Se ha limitado a escuchar nuestras quejas”, afirmó uno de los reporteros. “Nosotros hemos corrido riesgos, algunos han recibido amenazas de muerte, pero la empresa ni siquiera nos paga un seguro de vida”, comentó la fuente consultada. En la situación de despido estarían los corresponsales de Aguascalientes, los dos que están en Chiapas, los dos de Oaxaca, los dos de Guerrero, los dos de Quintana Roo, más los de Morelos, Tabasco, Tlaxcala, San Luis Potosí, Puebla, Campeche y Tamaulipas. En algunos casos, como en el de los corresponsales de Campeche y Oaxaca se trata de reporteros con más de 40 años al servicio de la empresa de Emilio Azcárraga Jean. “Existe un recorte de 30 por ciento del personal, pero lo grave en el área de noticias es que ni siquiera hay una indemnización conforme a la ley. A Laura Bozzo, por tres años, le dieron 50 millones de pesos, y a nosotros sólo las gracias”, abundó uno de los corresponsales consultados. De acuerdo con el despacho jurídico que representaría a algunos de estos corresponsales, ya son ocho los reporteros que analizan demandar a la empresa, a menos que los abogados de Televisa acepten pagarles “una liquidación de manera justa”.
Proceso publicó en su edición 2048 que la televisora enfrenta un desafío complejo por la disminución de la venta publicitaria en televisión abierta, caída de la audiencia en sus segmentos de entretenimiento más importantes (deportes, telenovelas y concursos), crisis de credibilidad de sus espacios informativos y consecuencias negativas del “apagón analógico”. Además, la emergencia de una competencia no prevista: la televisión on line, cuyo crecimiento ha sido exponencial con empresas globales, como Netflix, que amenazan con rebasar en cinco años hasta la televisión restringida, donde Televisa domina 62% del mercado nacional. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL. FECHA: 2 FEBRERO 2016. LINK: http://www.proceso.com.mx/428490/se-ahonda-la-crisis-en-televisa-despide-a-20-corresponsales-sin-indemnizacion
El senador, quien propuso y retiró una polémica iniciativa para sancionar delitos cibernéticos en 2015, será registrado como único precandidato el jueves 4 de febrero.
El senador Omar Fayad fue designado este miércoles como único aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para contender por la gubernatura del estado de Hidalgo. Su registro será el jueves 4 de febrero, informó el PRI en un comunicado de prensa. Fayad “cubre el perfil que se requiere en este momento para refrendar la confianza ciudadana en el esfuerzo modernizador que encabezan los gobiernos emanados del PRI y asegurar un mejor futuro para el estado”, aseguró el partido. El 27 de octubre de 2015 el senador hidalguense presentó en el Senado una iniciativa, posteriormente conocida como Ley Fayad, que proponía castigar con cárcel a quienes difundieran “información privada” sin autorización. “Actividades como el comercio electrónico, el periodismo digital, la publicidad y las opiniones,mensajes o elementos vertidos en redes sociales pueden derivar en menoscabos del patrimonio, la reputación, el honor o la actividad profesional de alguien”, de acuerdo con la propuesta. Siete días después de presentar su iniciativa, el legislador priista solicitó a la Mesa Directiva que la retirara después de las críticas hechas por organizaciones sociales y ciudadanos. Fayad además ha sido secretario de Educación y procurador del estado de Hidalgo.
México, DF. Durante 2015 se dispararon los reportes de operaciones financieras consideradas por las autoridades como “preocupantes” por estar presuntamente relacionadas con actividades ilícitas derivadas de directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las entidades financieras que operan en el país. De acuerdo con el reporte al cierre del año pasado emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en 2015 esa entidad recibió 238 reportes de operaciones “preocupantes” un número que no se veía desde 2007 y que representó un crecimiento de casi 27 por ciento respecto de los 174 reportes recibidos en 2014. En el mismo reporte la UIF dio a conocer que a partir de sus investigaciones se presentaron 109 denuncias ante las autoridades judiciales por presuntos delitos financieros, las cuales fueron 25.3 por ciento superiores a las 87 de todo 2014, y un número sin precedente desde que fue constituida esa entidad de la Secretaría de Hacienda. Otro tipo de reportes donde se observa un crecimiento sustancial fueron los de “operaciones inusuales” que derivan de actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las entidades financieras o con su patrón habitual de comportamiento transaccional, en función al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicho comportamiento, o bien, aquellas que, por cualquier otra causa se sospeche que los recursos manejados pudiesen estar relacionados con el financiamiento al terrorismo nacional e internacional o al lavado de dinero, o cuando se considere que pudieran estar destinados a favorecer la comisión de los delitos.
Bajo esa óptica, los reportes de operaciones inusuales detectadas en el sistema financiero del país sumaron 136 mil 558 operaciones, que implica un crecimiento de casi 20 por ciento respecto de las 113 mil 925 de 2014. Con ese incremento, el número de reportes de operaciones inusuales recibidos por la UIF en 2015 también se ubica como el más alto desde que se constituyó esa agencia gubernamental. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: VÍCTOR CARDOSO. FECHA: 2 FEBRERO 2016. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/02/se-dispararon-en-2015-operaciones-financieras-ilicitas-6197.html
El problema de la corrupción alteró el Estado de derecho, pero el Gobierno, en lugar de solucionarlo, se esfuerza más en vender los resultados de las reformas estructurales. El año pasado, Peña Nieto debió de haber dado visos de querer hacerle frente a la situación, ahora ya es tarde.
Ciudad de México, 2 de febrero: La guerra contra la corrupción en México ya está perdida, al menos en este sexenio. Hasta ahora no existen acciones decisivas de parte del Gobierno Federal ni de la oposición para terminar con este problema que al año le cuesta al país 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a un billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos, así lo consideró Rodrigo Aguilera, analista para México y América Latina de The Economist Intelligence Unit. Desde Londres, Aguilera señaló a SinEmbargo que el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto tuvo el año pasado “para dar señales de que iba a cambiar la actitud contra la corrupción y no ha ocurrido esto, tanto por parte del gobierno como de la oposición. La clase política mexicana está en un equilibrio muy nocivo: siempre hay condenas enérgicas contra la corrupción, pero no hacen nada al respecto”. Después de escándalos de corrupción como el de la casa de la Primera Dama, Angélica Rivera de Peña, comprada a Grupo Higa –uno de los contratistas más beneficiados del Gobierno, o el de las otras viviendas –del mismo Presidente y del Secretario de Hacienda- adquiridas también a contratistas bajo condiciones preferenciales, “la ‘Marca México’ esta muy mal, ya que el Gobierno no ha podido enfrentar estos problemas institucionales que han alterado el Estado de derecho. El Gobierno de México es muy bueno en decir que firmamos una cantidad de tratados, tenemos un sistema anticorrupción, pero no hay resultados y por eso este jueguito se le está acabando; ahora ¿de qué te sirve presumir tratados internacionales, si no puedes castigar la corrupción?”.
MAL Y DE MALAS En los últimos 15 días, tres mediciones internacionales han mostrado deficiencias en la manera en la que se conduce el país: el primero fue el Índice de Democracia de The Economist en el que México cayó cuatro lugares de un año a otro (de 2014 a 2015). En 2014 estaba en el lugar 10 de 24 países de América Latina; bajó al lugar 14. El segundo fue el índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional (TI), en el que México reprobó por cuarto año consecutivo con 35 puntos de 100 posibles. Transparencia Internacional elabora cada año su índice basado en el promedio de los resultados de 12 encuestas globales, en las que organizaciones internacionales consultan a empresarios su percepción de la corrupción en el sector público de una nación específica. América Latina mantuvo en promedio una puntuación de 40 puntos durante 2015 y 81 por ciento de los países de la región arrojaron un resultado inferior a 50 según el índice, que va desde 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 puntos (percepción de ínfimos niveles de corrupción). El país latinoamericano con menor percepción de corrupción fue Uruguay (posición 21), seguido muy de cerca por Chile (23) y Costa Rica (40), Cuba (56), El Salvador y Panamá empatados en la posición 72, Brasil en la 76, Colombia en el 83 y México en el 95. Al extremo opuesto, Venezuela permaneció como la nación latinoamericana con peor desempeño, al quedar en la posición 158. Por su parte, Human Rights Watch (HRW) señaló que en México es habitual que el sistema penal ordinario no logre proporcionar justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos a causa de la corrupción, la falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos. En el mismo sentido se expresó Alejandro Salas, director para las Américas de TI, al decir que “en países como México, donde la policía está al servicio de caciques locales o al servicio de presidentes municipales, de gobernadores de las provincias, la policía no está haciendo su trabajo profesional e independiente, sino que está respondiendo a intereses de ciertos grupos, muchas veces grupos ilegales como el narco”. Salas reconoció en conferencia de prensa desde Berlín tener sus dudas de que en el país se vaya a combatir realmente la corrupción a pesar de que se ha reactivado la agenda anticorrupción después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“México, sufre con este tipo de informes, con la crisis de corrupción, el branding [la marca] de México mejoró cuando llegó Peña Nieto al poder, después de que Felipe Calderón enfatizó la guerra contra el narco y no es por menospreciar el problema del narco. El problema es que Peña Nieto se fue al otro extremo promoviendo lo bueno y ocultando todo o malo”, dijo por su parte Rodrigo Aguilera.
Aunque hasta ahora es difícil de cuantificar, expresó, los resultados negativos en este tipo de reportes se va a traducir en un “impacto económico medible”, pero cuando se traduce en procesos democráticos, no se pueden hacer comparaciones. Citó el caso de Brasil, que con todo y sus problemas de corrupción, que ya alcazaron a los altos ejecutivos de Petrobras y a la misma Presidente Dilma Rousseff, recibe el triple de Inversión Extranjera Directa (IED) que México, la diferencia radica en que allá sí existen altos funcionarios y ex funcionarios encarcelados por desviar recursos del erario. En el caso del tema de la crisis de derechos humanos en México, Aguilera expresó que algunos países tocan el tema a nivel internacional, pero no hacen nada al respecto: de nada sirve pronunciarse si no están aplicando una presión directa sobre este Gobierno”.
LA CORRUPCIÓN Y LA REFORMA ENERGÉTICA
Cuando se le cuestionó a Aguilera sobre si el tema de la corrupción en México podría poner en riesgo la Reforma Energética, el analista expresó que “el Gobierno Mexicano tiene la capacidad de hacer ciertas cosas siempre y cuando tenga el intereses de hacerlo, y tiene todo el interés del mundo de que la Reforma Energética sea un éxito”. Destacó que a pesar de que la mayoría de las inversiones del sector se encuentran en estados que son problemáticos en materia de seguridad – y en los que existe la colusión de las autoridades con los grupos criminales, las empresas internacionales saben de los riesgos que corren y en este escenario, la baja en los precios internacionales del petróleo les preocupa más que la crisis de Estado de derecho que enfrenta en Gobierno. “Nuestros pronósticos no le dan tanto impulso material al PIB –con la Reforma Energética-, cuando salió la Reforma, el gobierno ya estaba diciendo que el país iba a crecer a 5 por ciento, pero nosotros en ningún momento vimos que eso iba a suceder porque había problemas en la regulación”, expresó. En el escenario actual, con un precio del petróleo que en un año se ha desplomado a menos de la mitad y un peso que en lo que va del año ha perdido 23 por ciento de su valor, consideró que el Gobierno tiene pronósticos “bastante optimistas”, pues al hablar de que la economía va a crecer a un rango de 4 por ciento, sólo el Gobierno se la cree”. Si bien es cierto, consideró, que algunas reformas de la era Peña Nieto, como la de Telecomunicaciones han dado algunos resultados, “el problema en el petróleo está impactando en el gasto e inversión pública”. Señaló que el Gobierno mexicano también fue alcanzado por la mala suerte, pues el hecho de que cayeran los precios del petróleo en el año de la Reforma Energética fue algo inesperado.
No obstante, detectó que uno de los grandes errores de la gestión económica del Gobierno federal ha sido desatender la desaceleración económica que se viene registrando desde 2013 y preocuparse más por las reformas estructurales. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JULIANA FREGOSO. LINK: http://www.sinembargo.mx/02-02-2016/1611376
La corrupción es uno de los principales problemas públicos en México. De acuerdo con el Índice de Percepción de 2015 de Transparencia Internacional, el país se ubica en el lugar 95 de 165 de los más corruptos. El Banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9 por ciento del Producto Interno Bruto; el Inegi calcula que alcanza un monto de 347 mil millones de pesos al año.
Ciudad de México, 2 de febrero: Un grupo de ciudadanos, intelectuales y organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer la iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas como herramienta para establecer los deberes jurídicos de los funcionarios públicos y empresarios en materia administrativa. En conferencia de prensa, los panelistas que colaboraron en la conformación de la iniciativa, desde su planeación y redacción hasta su publicación, recordaron que la corrupción equivale al 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significan 347 mil millones de pesos anuales. Asimismo destacaron que según datos del Índice de Percepción de Corrupción y Transparencia, México ocupa el lugar 95 de 165 países en orden descendente. “Son datos que indignan y mueven a un grupo de personas a crear una iniciativa de Ley General”, comentó Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). En su oportunidad, la periodista Denise Dresser opinó que aunque la corrupción no es un tema exclusivo de México, la impunidad sí y es un principal obstáculo a la competitividad del país.
Dresser agregó que “la corrupción distorsiona la economía y “en México importa más a quién conoces y no quién eres”. Recordó los casos de corrupción que han quedado impunes en el país como los señalamientos del “Niño Verde” o el reciente caso en España del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Los representantes de los grupos civiles expusieron que la iniciativa de Ley busca establecer las reglas claras de conducta para la interacción entre servidores públicos y privados. De acuerdo con las organizaciones, se trata de una iniciativa ciudadana que pretende reunir 120 mil firmas a partir de hoy hasta mayo de este año, para lograr la conformación de la legislación derivada de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional de Corrupción. En ese sentido, María Amparo Casar, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de Mexicanos contra la Corrupción, precisó que los legisladores tienen la obligación de aprobar la iniciativa en este periodo de sesiones, ya que la fecha para que se expida la legislación que acompaña al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción termina en mayo, es decir, a un año de la creación. Asimismo, las organizaciones destacaron que para frenar la corrupción se requiere de un trabajo colectivo, por lo que propusieron que la iniciativa sea impulsada y promovida por los ciudadanos a través de www.ley3de3.mx ¿QUÉ PROPONE LA LEY 3DE3? 1. La obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública. 2. Directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos. 3. Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos. 4. Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción. 5. Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima. 6. Una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción. 7. Dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables. Creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación. 8. Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
9. Mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.
Reforma, que tuvo acceso al contrato fechado 29 de noviembre de 2012, explica que desde el momento en que los recursos que tributan los poblanos entran en ese fideicomiso, no hay manera de que el ciudadano pueda seguirles el rastro.
Ciudad de México, 2 de febrero: El Gobierno de Rafael Moreno Valle comprometió lo que se recaude vía el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal de los próximos ocho gobiernos estatales de Puebla, publica este martes Reforma. La publicación explica que el mandatario poblano se comprometió a enviar todos los ingresos de este impuesto que se obtengan durante los próximos 50 años a un fideicomiso administrado por la empresa Evercore, propiedad de Pedro Aspe, ex Secretario de Hacienda durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El diario capitalino, que tuvo acceso al contrato fechado 29 de noviembre de 2012, explica que desde el momento en que los recursos que tributan los poblanos entran en ese fideicomiso, no hay manera de que el ciudadano pueda seguirles el rastro. Reforma dice que en 2014, el Gobierno de Puebla recaudó 2 mil 35 millones de pesos por ese impuesto. Explica además que el objeto del fideicomiso es la administración de esos recursos, los cuales se usarán para el pago a proveedores y contratistas del Estado de Puebla. El medio detalla que la empresa de Pedro Aspe no fue contratada para financiar con esos recursos proyectos de inversión, sino únicamente para la administración.
Evercore recibirá 100 mil pesos por honorarios iniciales, 260 mil pesos anuales más IVA por honorarios de administración y 20 mil pesos por cada modificación de documentos del contrato, detalla Reforma. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. FECHA: 2 FEBRERO 2016. LINK: http://www.sinembargo.mx/02-02-2016/1611750
Ciudad de México. Luego de concluir que la detención y la posterior privación de la libertad de Nestora Salgado García, líder de la Policías Comunitaria de Olinalá, Guerrero, fue “ilegal y arbitraria” y su proceso judicial “injusto”, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas pidió al gobierno de México su liberación y una “compensación apropiada”. En su resolución 56/2015, dada a conocer este martes, el organismo de la ONU informó que ya dio vista de este caso al Relator Especial sobre situación de los defensores de los derechos humanos y al Relator Especial sobre la situación tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes. De esta forma, el Grupo de Trabajo, compuesto por cinco expertos independientes de derechos humanos, emitió su “decisión de fondo” sobre el caso de Nestora Salgado, quien en Estados Unidos es representada por la Clínica Internacional de Derechos Humanos se Seattle. Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una serie de medidas cautelares, en las que ordenó a México proteger la vida e integridad personal de la señora Salgado, dado las alarmantes condiciones de detención y el grave deterioro de su salud.
“Esta es una fuerte condena a tantas injusticias que ha sufrido Nestora en manos del Estado mexicano,” dijo Alejandra Gonza, abogada de la señora Salgado en Estados Unidos e integrante de la Clínica. “Estuvimos trabajando más de dos años para demostrar a la ONU que Nestora está viviendo procesos injustos en un claro caso de criminalización de su liderazgo; ahora México debe liberarla inmediatamente”, señaló. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN. FECHA: 2 FEBRERO 2016. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/02/grupo-de-trabajo-de-la-onu-pide-la-liberacion-de-nestora-salgado-9844.html
Ciudad de México. La economía mexicana crecerá este año 2.70 por ciento, 10 décimas de punto menos que lo previsto el mes pasado, de acuerdo con una encuesta entre analistas del sector privado nacional y extranjero elaborada por el Banco de México (BdeM). Los analistas elevaron de 16.67 a 17.55 su previsión para el tipo de cambio para el cierre del año, según los resultados de la muestra dados a conocer este martes por el banco central. Mientras, redujeron de 3.38 a 3.10 su previsión para la inflación en este año.
CIUDAD DE MÉXICO: La reforma política que dio lugar al nacimiento de la Ciudad de México tiene una fea cara: El partido más repudiado por los habitantes de la capital del país, el PRI, es el que ha capturado el diseño de la primera Constitución en su historia. Esta infamia a los capitalinos –chilangos, si se prefiere– es autoría de Miguel Ángel Mancera quien, como parte de la reforma que pactó con Enrique Peña Nieto, también podrá presentar el proyecto de la Constitución. Y, si se sigue la lógica de ese contubernio, ese proyecto de Constitución se redactará en Los Pinos. El asunto es más grave de lo que los habitantes de la Ciudad de México creen o saben: Si el diseño y contenido de la Constitución de la Ciudad de México queda bajo el control del PRI, como está previsto que quede, están garantizados los retrocesos en todos los órdenes. Y si Diego Fernández de Cevallos es el jefe de los constituyentes del PAN, como se prevé que ocurra, entonces los habitantes de la capital del país enfrentan una disyuntiva insoslayable: Observar pasivamente la involución o participar para evitarla. Esta primera Constitución para la Ciudad de México podría ser un modelo de organización de los poderes públicos para la prevención y el combate a la corrupción y la impunidad, la rendición de cuentas y la eficacia en el diseño y aplicación de las políticas públicas, con un robusto énfasis social. Una visión de Estado implicaría que esta Constitución sentaría las bases de un pacto social inédito entre los poderes públicos con los habitantes de la capital de la República, que desde 1928 son mexicanos de segunda, despojados durante décadas –hasta 1997– del derecho elemental de elegir a sus gobernantes. Pero no: El diseño de la reforma política para integrar la Asamblea Constituyente que avalará la Constitución excluye, de entrada, a la ciudadanía, porque son los partidos políticos los que podrán postular prácticamente a todos candidatos. Y algo peor: De los 100 constituyentes, 60 serán electos por los habitantes en la elección del 5 de junio y los otros 40 –¡40%!– serán designados por dedazo, en otra muestra del desprecio de un sector de la clase política a los ciudadanos de la capital del país. Así, Peña podrá proponer seis constituyentes y Mancera otros seis, mientras que 14 serán promovidos por los diputados federales y otros 14 por los senadores. ¿Quiénes serían? Incondicionales, naturalmente. Es muy previsible que en las dos cámaras del Congreso el PRI y su aliado el Partido Verde obtengan al menos siete en cada una, con lo que Peña tendría 20 constituyentes priistas sólo por designación. En cuanto a la elección de los 60 constituyentes, el PRI también resultaría beneficiado, como lo ilustró el senador Mario Delgado cuando, el 15 de diciembre, se discutió la reforma política en el Senado: Si se repitiera el escenario de votación del junio del año pasado en la Ciudad de México, el PRI y el Partido Verde obtendrían 17.7% de los votos, pero tendrían 11 constituyentes, y el PAN, con su 14.6%, tendría 9. El PRD tendría 13 constituyentes y Morena, que obtuvo 25% de los votos, sólo alcanzaría 15 constituyentes electos. Así, el PRI tendría al menos 31 constituyentes, prácticamente un tercio, una sobrerrepresentación que le daría capacidad de veto y, más aún, tendría todo el poder de diseñar la Constitución si se alía a los constituyentes del PAN, algo que ha hecho desde 1988. No es un secreto que el PAN tendrá en Fernández de Cevallos a uno de sus constituyentes, quien no sólo ha sido el artífice de los peores arreglos con el PRI desde Carlos Salinas, sino que es amigo íntimo de Peña Nieto.
Los que, por nacimiento o arraigo, somos habitantes de la capital del país estamos obligados a preservar y acrecentar derechos en la primera Constitución local y con ello evitar que sea una a la media del PRI y de rufianes como Fernández de Cevallos… FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO. LINK: http://www.proceso.com.mx/428397/cdmx-mancera-se-entrega-al-pri
