Organizaciones denunciaron que la propuesta de Peña Nieto para una nueva Ley General contra la Tortura “no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”, pues no incluyó el establecimiento del Protocolo de Estambul y tampoco remite un estándar de prueba para identificar estas violaciones a derechos humanos.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron hoy que, pese a que el Poder Ejecutivo convocó a consultas para una nueva Ley General contra la Tortura, la iniciativa presentada el pasado 10 de diciembre dejó fuera mecanismos necesarios para prevenir esta práctica considerada sistemática entre las fuerzas armadas del país.
De acuerdo con lo que se informó hoy en rueda de prensa, el proyecto del Presidente de la República no incluyó, por ejemplo, ni aun el establecimiento del Protocolo de Estambul –que es un manual internacional para la investigación y documentación de la tortura– como estándar de prueba para identificar estas violaciones a los derechos humanos.
“El Presidente de la República, sin aviso a las organizaciones [en las] que pusimos la confianza en la construcción de una propuesta, envió al Senado su iniciativa de ley, la cual además de desconocer varios de los contenidos mínimos que esta debe tener, incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz.
La propuesta presentada por el Presidente de la República no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”, se indicó en un posicionamiento.
Otras carencias del proyecto, agrega la información, es la prohibición del uso de pruebas ilícitas u obtenidas bajo tortura, así como la imposición de consecuencias procesales similares a las que se aplican a la tortura para los casos en los que la práctica sea de tratos crueles, humanos o degradantes. Y tampoco, mencionaron los ponentes, se incluyó alguna “formulación” sobre la responsabilidad de los superiores jerárquicos en las prácticas de tortura y se limitó a la investigación de superiores inmediatos.
Las deficiencias del proyecto de ley del Ejecutivo fueron presentadas en una conferencia de prensa en la que participaron representantes de organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CTI), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Instituto para la Seguridad y la Democracia (ISD), entre otros.
En su participación, el investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Miguel Sarre Iguíniz acusó directamente a la Secretaría de Gobernación (Segob) de estar socavando los derechos humanos que, dijo, tiene asignado garantizar.
“Es una calamidad política”, dijo Sarre. “El embate viene del enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, y señalo que la responsabilidad es del Secretario [Miguel Ángel Osorio Chong], porque no puedo concebir que, en una relación interinstitucional, el enlace hable por cuenta propia sin consultar en una cuestión tan importante”, agregó.
La marginación de propuestas de la sociedad civil en el contenido del proyecto de Ley General contra la Tortura presentada por el Ejecutivo es similar a la denunciada por organizaciones que participaron en la consulta para la generación de una ley contra la desaparición forzada.
Cuestionado con respecto a las cifras, José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, informó que, entre 2006 y 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió alrededor de 100 quejas por tortura y al menos cuatro mil por tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que en comisiones estatales existen otras cuatro mil 500 expedientes.
Ante la Procuraduría General de la República (PGR), mencionó también Guevara, existen otras cuatro mil denuncias, de las cuales mil son atribuibles a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y sólo 10 han sido consignadas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-02-2016/1612852
La FIP dice que durante 2015 las violaciones a los derechos humanos empeoraron, “particularmente en México, Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil, Paraguay y República Dominicana” países que el año pasado contabilizaron juntos los asesinatos de veinte y cinco periodistas “por ejercer su profesión”. Hoy mismo se dio a conocer que en México, un juzgado ordenó que la PGR atraiga, un año después del asesinato, la investigación del homicidio del periodista Moisés Sánchez.
“México ha dominado la lista de los países más peligrosos de América para los periodistas luego de que el país cayera en las garras de la violencia del crimen organizado, de los barones de la droga y de su complicidad con las administraciones de los estados”, dice un informe presentado este día en Bruselas por la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
En resumen, lo que el informe dice es que México es el tercer país con el mayor número de periodistas asesinados en los últimos 25 años. El país ocupa el tercer sitio entre las naciones más letales para ejercer el periodismo con 120 asesinatos ocurridos en los últimos 25 años, sólo detrás de Irak con 309 homicidios y las Filipinas con 146 casos.
El informe menciona que los asesinatos abarcan todo el mundo, “desde Pakistán a Palestina hasta Sri Lanka a Somalia y Siria, Rusia, Irak, México y las Filipinas” y aunque dice que “sería tentador atribuir estas cifras desalentadoras sólo a los conflictos armados”, lo cierto es que estos crímenes ”afectan a todo el mundo”.
Jim Boumelha, presidente de la FIP, dijo este día que la publicación investiga la trayectoria de la crisis de seguridad en el ámbito periodístico “y atestigua la larga campaña llevada a cabo por la FIP contra la impunidad que rodea la violencia perpetrada contra los profesionales de los medios”.
Anthony Bellanger, secretario general de la FIP, dijo a su vez que muchos periodistas “son víctimas de los barones del crimen organizado y de oficiales corruptos”.
Bellanger destacó además el que se registraran muchos más asesinatos en situaciones de paz que en países golpeados por la guerra. De acuerdo con la FIP, esta es la conclusión que se refleja en los diez puntos clave de los países más peligrosos que han sido víctimas de la violencia de la guerra, la infracción de la Ley y el orden, además del crimen y la corrupción.
El informe menciona que en América los altos índices de violencia contra los periodistas han sido una constante en la región en los últimos 25 años, tiempo en el que más de 800 periodistas fueron asesinados.
“En estas dos décadas y media, los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo han sido México, Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala”, dice el documento presentado este día.
Refiere que durante 2015 las violaciones a los derechos humanos empeoraron, “particularmente en México, Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil, Paraguay y República Dominicana” países que el año pasado contabilizaron juntos los asesinatos de veinte y cinco periodistas “por ejercer su profesión”.
La FIP denuncia además que los gobiernos son responsables de la negligencia en la protección efectiva de los periodistas. Y en el caso de México asegura que en los últimos años, ha dominado la lista de países peligrosos para los periodistas luego de que el país cayera “en las garras de la violencia del crimen organizado”.
La Federación dijo que a lo largo de estas “décadas de violencia y asesinatos” ha trabajado con su organización regional la Federación de Periodismo de América Latina y el Caribe (FEPALC) y sus afiliados para hacer frente a la crisis de seguridad en un número de maneras.
Dijo que también se ha enfrentado al problema de la impunidad por lo que, junto con la FEPALC, puso en marcha en la Ciudad de México la campaña contra la impunidad en los delitos contra periodistas bajo el lema de “Protege al mensajero para hacer llegar el mensaje”.
Para las dos organizaciones ”la violencia contra los periodistas es también violencia contra la sociedad y debe ser confrontado en nombre de la libertad”.
El documento expone que la escalada del trabajo precario en el periodismo aumentó notablemente durante los años noventa, “una década en la que América Latina se convirtió en laboratorio del mundo para las políticas neoliberales”.
Dice que bajo el pretexto de la “flexibilidad laboral”, los gobiernos liberalizaron las relaciones laborales y debilitaron la estructura sindical en la mayor parte del continente. “Mientras tanto, también hubo un aumento en la concentración de medios con prácticas monopolísticas y una alta penetración de capitales extranjeros”, refiere el informe.
“En muchos países, esta situación iba en contra de los periodistas que son víctimas de la estrecha relación entre las élites de gobierno y los grandes propietarios de medios. Esto socava gravemente el libre ejercicio de la profesión, ya que las empresas de medios de comunicación en connivencia con el poder político y económico impulsan sus propias agendas políticas y económicas”, dice el reporte.
La FIP destacó que este tipo informes anuales sirven para activar la alarma contra la violencia ejercida contra los reporteros y para promover su protección, así como la importancia de mitigar los riesgos para su seguridad.
Este último documento subraya asimismo que la responsabilidad es compartida, lo que supone el papel activo de los propios periodistas y sus empleadores a la hora de recibir formación en misiones de riesgo, evitar conductas imprudentes y tomar todas las precauciones necesarias cuando se encuentren en situaciones peligrosas.
“Es importante comprender que todo el mundo, desde los funcionarios de los gobiernos y los oficiales militares hasta todo aquel que entre en contacto con los periodistas, debe respetar su independencia”, dijo Bellanger. ¨
Mencionó que esto requiere que los gobiernos cumplan con sus obligaciones internacionales de investigar los asesinatos de los periodistas y sentar a los autores de estos crímenes en el banquillo, disuadiendo así cualquier violencia futura.
“Es necesaria también la voluntad y la disposición de las Naciones Unidas y el conjunto de sus agencias, como guardianes de los instrumentos internacionales, para garantizar el derecho de la integridad física de todos los seres humanos, en beneficio de los periodistas y de todos los trabajadores de los medios de comunicación”, indicó.
PGR ATRAERÁ CASO MOISÉS, UN AÑO DESPUÉS DE SU MUERTE
Una jueza federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) a atraer la investigación por el asesinato del periodista veracruzano Moisés Sánchez Cerezo a más de un año del homicidio. Con ello, la averiguación previa queda bajo estricta y única responsabilidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
“La Jueza del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó a la PGR emitir una resolución en la que determine atraer la investigación integrada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz. Esto significa que la Fiscalía de Veracruz tendrá que dejar de conocer la averiguación previa, la cual queda bajo estricta y única responsabilidad de FEADLE”, informó hoy la organización internacional Artículo 19 en un comunicado.
La organización en defensa de la libertad de expresión criticó que tanto la FEADLE como como la agente del Ministerio Público Federal Auxiliar de la PGR, se negaron a ejercer la facultad de atracción del caso Moisés Sánchez que les fue solicitada desde el 8 de enero de 2015, ocho días después de la desaparición del periodista de Medellín del Bravo, mediante un recurso de reconsideración.
Artículo 19 detalló que de manera inédita el juzgado quinto de distrito de amparo en materia penal, mediante la sentencia del 28 de enero de 2016 (amparo 871/2015) estableció que la PGR soslayó reconocer que se acreditan las circunstancias bajo las cuales está obligada a atraer la investigación del caso conforme al artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP).
“En específico, señaló que la PGR ignoró la existencia de indicios y señalamientos sobre la probable participación de autoridades en los hechos, entre otras”, destacó la organización.
El juzgado determinó que como “violatorios de los estándares de la libertad de expresión” a los argumentos utilizados por la PGR que hacían referencia a la inexistente acreditación de la labor periodística de Moisés Sánchez así como un vínculo de su profesión con su asesinato, específicamente bajo el argumento de que la víctima era taxista, labor que el director de La Unión de Medellín desempañaba para llevar el sustento a su casa y para obtener recursos para editar su diario.
“En efecto, al exigir la PGR la acreditación de la calidad de periodista, se aparta de los criterios que han emitido órganos internacionales de derechos humanos, además de ignorar su competencia que en el caso de Moisés se encuentra claramente acreditada conforme a los artículos 6 y 10 del CFPP”, precisó la organización.
La organización alertó que “la sentencia en su conjunto hace patente el problema estructural de la FEADLE para ejercer su facultad de atracción, la cual sigue utilizando de manera discrecional y arbitraria. También confirma, como lo hemos señalado, que las actuaciones alrededor del caso de Moisés Sánchez tendientes a rechazar la línea de investigación por su actividad periodística, son ociosas”.
“Hoy, esta sentencia de amparo fortalece el ámbito de garantía y protección para todas las personas que ejercen la libertad de expresión en México, en tanto se sujeta a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, de cumplimiento obligatorio para todo el Estado mexicano. Además interpreta de manera progresiva las reformas constitucional (2012) y legal (2013) en materia de persecución de delitos contra la libertad de expresión, rescatando el sentido de las mismas y obligando a la PGR a constreñirse a parámetros claros y precisos”, agregó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-02-2016/1612818
La primera sala de la Suprema Corte votó en contra del proyecto que absolvería a los jefes de sector Alejandro Ganiño Tejeda, José Jiménez López, Juan Manuel García Chávez, Ángel Muñoz Rico y Sergio Figueroa Hernández, con lo que confirmó la sentencia de cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación en su contra por omisiones durante el fallido operativo en la discoteca News Divine que dejó 12 muertos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó otorgar un amparo a cinco ex policías relacionados con el caso News Divine, pues resolvió que en estos casos sí hay evidencia que confirma la culpabilidad de los agentes por omisiones durante el fallido operativo que dejó 12 personas muertas.
Con tres votos a favor y dos en contra rechazaron los proyectos de sentencia elaborados por el ministro Arturo Zaldívar que absolvían a los ex agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acusados del delito de ejercicio ilegal del servicio público, por lo que habían sido condenados a cinco años y nueve meses de cárcel.
El pasado 27 de enero, los magistrados revocaron las condenas de cuatro ex policías capitalinos que habían sido sentenciados a de entre 19 y 24 años de prisión por 12 homicidios culposos, los de nueve jóvenes y tres policías, y 7 casos de lesiones culposas.
El argumento de los ministros que votaron a favor de la revocación de esas sentencias fue que los policías acusados no se encontraban al interior de la discoteca, que no instruyeron a los jóvenes para salir, y además de que no fueron quienes dieron la orden de cerrar las puertas del lugar.
Sin embargo, hoy, la primera sala de la Suprema Corte votó en contra del proyecto que absolvería a los jefes de sector Alejandro Ganiño Tejeda, José Jiménez López, Juan Manuel García Chávez, Ángel Muñoz Rico y Sergio Figueroa Hernández, con lo que confirmó la sentencia de cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación en su contra.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien voto en contra del proyecto de sentencia al igual que los ministros José Ramón Cossío y Norma Piña Hernández, sostuvo que el caso hoy revisado tenía que ver con delitos diferentes al del pasado 27 de enero.
Hasta el momento los cinco ex agentes habían enfrentado su proceso en libertad debido a que no se trata de un delito grave, sin embargo ya que la SCJN notifique sus sentencias tendrán que enfrentar sus sentencias en prisión, pues no tienen derecho a fianza.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-02-2016/1613114
La aeronave que aterrizó esta madrugada tiene una vida útil de 25 años y comenzará a dar servicio en dos semanas. Costó 218 millones de dólares.
La madrugada del miércoles, alrededor de las 2 de la mañana, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el nuevo avión presidencial. Se trata de un Boeing 787 que será nombrado ‘José María Morelos y Pavón’ y comenzará a operar de manera regular en un par de semanas.
De acuerdo con la secretaría de Gobernación, en este tiempo concluirán las dos semanas de entrenamiento de la tripulación y personal de tierra que laborará en la operación del avión con matrícula de vuelo XC-MEX.
El avión – que costó 218.7 millones de dólares que se pagaron a 13.5 pesos por dólar – procedente de Dallas, Texas, fue trasladado al hangar presidencial.
Será el reemplazo del avión actual, el ‘Presidente Juárez’, que ha operado durante 28 años y según las autoridades “presenta signos inevitables de añejamiento y obsolescencia”, ejemplo de ello, argumentó la Presidencia, es que está impedido a aterrizar en distintas ciudades del mundo por los niveles de contaminación sonora que emite, lo que reduce la eficiencia en el desarrollo de la agenda presidencial.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/el-nuevo-avion-presidencial-ya-esta-en-mexico/
La Secretaría confirma que no le ha pagado a 282 autores, pero tras la llegada de Aurelio Nuño invalidó el Convenio con el que se comprometió a liquidar la deuda. Ahora le pide a los afectados que inicien un nuevo trámite y que comprueben que hicieron el trabajo.
Se cumplieron dos años de adeudo y el pago de los autores de los libros de texto que trabajaron en 2013 para la Secretaría de Educación Pública (SEP) está congelado.
En diciembre de 2015, la SEP invalidó el Convenio que firmó para liquidar la deuda y solicitó a los afectados iniciar un nuevo trámite para evaluar si es verdad que hicieron el trabajo del que reclaman pago, si lo entregaron en tiempo y si éste cumplió con ciertos requisitos de calidad. Esto pese a que los libros de texto están en las aulas desde el ciclo escolar 2014-2015.
La Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública confirmó el 22 de diciembre de 2015 que existe adeudo con 282 prestadores de servicio que trabajaron con la Dirección General de Materiales e Informática Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica.
Pero informó que el pago a los autores está sujeto al pronunciamiento del Órgano Interno de Control de la SEP, que deberá iniciar una investigación caso por caso para comprobar si fueron solicitados los servicios, si se pactó una contraprestación, si el material fue entregado en tiempo y forma y si “existía en su momento la necesidad de requerir dichos servicios”.
En ningún caso se firmó un contrato, pero los autores deberán comprobar que hicieron el trabajo “a través de los documentos que fehacientemente lo acrediten”.
Los colaboradores tienen que cumplir con ciertos requisitos para que inicie el trámite del pago, los cuáles incluyen que funcionarios que ya no trabajan en la SEP confirmen que se solicito el trabajo:
-“Que se reconozca testimonialmente el que el área responsable haya solicitado la prestación de los servicios”.
-“Que se obtenga el visto bueno de las áreas usuarias, en cuanto a que los servicios se prestaron a entera satisfacción del área requirente, en los términos que se hubiera acordado, verificando en su caso la existencia de entregables del servicio prestado y de ser posible, validado lo anterior por los servidores públicos que lo hayan autorizado y recibido, en su caso, en caso contrario con los que conozcan de la problemática y estén en funciones”.
-“Que se realice un análisis técnico-financiero respecto de los servicios prestados y las cantidades que reclaman los prestadores de servicio, para que, de considerarse procedente, se determine la factibilidad de reconoces aquellas obligaciones contraídas que estén debidamente justificadas y comprobadas (…)”.
La condicionante de pago también incluye que el Órgano Interno de Control concluya la investigación, señale a los responsables del atraso en el pago y determine una sanción, aún cuando los funcionarios que solicitaron el trabajo ya no laboran en la Secretaría de Educación Pública.
Los autores fueron contratados por la Dirección General de Materiales e Informática Educativa de la SEP en el verano de 2013, después de que se informó que los libros de texto contenían al menos 117 errores.
La primera vez que la SEP reconoció el adeudo fue en diciembre de 2014 —un año después de entregado el trabajo—, cuando integrantes del colectivo SEP Págame enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto.
En enero de 2015, la SEP informó que se firmarían Convenios de Pago o Contratos de Reconocimiento de Adeudo para finiquitar en abril de ese año.
Ese documento lo firmó la SEP representada por el entonces subsecretario de Educación Básica, Alberto Curi Naime.
Pero después hubo cambios. Aurelio Nuño fue nombrado secretario de Educación Pública en agosto de 2015, en sustitución de Emilio Chuayffet, y presentó en octubre a un nuevo equipo para la secretaría. Dos meses después, ya con la subsecretaría de Educación Básica en manos de Javier Treviño Cantú, se informó a los afectados que “el Convenio innominado que se ha elaborado para resolver los adeudos se considera que no se encuentra debidamente regulado por la Ley”.
De 315 autores que entregaron materiales en noviembre de 2013, a la fecha se tiene adeudo con 282.
Los adeudos están vinculados a la producción intelectual, dictaminación editorial, revisión y evaluación de los libros —que ya están en las aulas— de 1º y 2º grado de Español, 1º y 2º de Educación Artística con materiales para el maestro, 4º a 6º de Historia; 5º y 6º de Formación Cívica y Ética; 1º a 6º de los libros de Lecturas; 1º a 6º de Educación Física con libro para maestros; y la revisión de los materiales de secundaria.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/la-sep-condiciona-el-pago-de-una-deuda-de-2013-con-los-autores-de-los-libros-de-texto/
CIUDAD DE MÉXICO: A casi un mes de la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, es cada vez más claro que los mejores promotores de la leyenda del capo sinaloense son los propios guionistas oficiales del show que hemos leído, observado y escuchado por entregas desde el 8 de enero.
“Misión cumplida”, presumió el presidente Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter. Y ni una sola palabra antes y después de la recaptura de El Chapo sobre el crimen de la alcaldesa de Temixco. Ni una sola mención a los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz. Ahí no hay misión que cumplir. Su gobierno sólo opera en función de rating.
En menos de una semana El Chapo Show se convirtió en un extraño circo con juicios paralelos mediáticos, no contra los responsables políticos de su fuga, no contra las redes financieras que lavan el dinero del cártel, no contra los cientos, quizás miles de funcionarios de éste y otros 54 países donde tiene presencia la organización criminal.
El juicio se emprendió primero contra el actor norteamericano Sean Penn, quien se salvó de un citatorio judicial porque hábilmente se lavó las manos con un texto en Rolling Stones, pero embarcó a la actriz mexicana Kate del Castillo.
La intérprete de varias telenovelas y de la teleserie La Reina del Sur se transformó en la obsesión del gobierno, de Peña Nieto y de sus analistas, comentaristas y filtradores siempre dispuestos a reproducir sin chistar la versión oficial que salga de alguna oficina de prensa.
Filtraron la serie de conversaciones vía chat entre Kate del Castillo, un abogado de Guzmán Loera y el propio Chapo. La citaron a declarar en “calidad de testigo”, al tiempo que se volvió a mencionar que la Procuraduría General de la República (PGR) recibió información financiera sobre las empresas de Kate del Castillo.
Presuntamente, el “documento” recibido se estudió por las autoridades mexicanas el 28 de enero pasado y confirma que el Departamento de Estado estadunidense “y su sistema de agencias” encontró “probables causas de delitos imputables a la ciudadana mexicano-estadunidense”. No tienen pruebas contundentes, al menos no las han mostrado. Eso sí, mucha especulación y tequila de por medio.
Rápidos y furiosos, una unidad de inteligencia financiera del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y otra de la PGR, especializada en blanqueo de capitales, realiza una investigación contra la actriz. Nunca se vio tal eficacia, ni siquiera en el caso de Humberto Moreira y menos en el de Arturo Montiel o Tomás Yarrington. Ellos son de “la familia”.
En paralelo con el juicio mediático a Kate del Castillo, las investigaciones se concentraron durante la última semana en la diputada local panista de Sinaloa, Lucero Sánchez López, a quien la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) la acusa de haber recibido dinero de El Chapo Guzmán en su campaña electoral local.
La diputada Sánchez López ha negado las acusaciones. Rechazó también haber sido la misma persona que visitó a Guzmán Loera en su anterior estancia en el penal de Altiplano, y se reservó el derecho a declarar si conocía o no a El Chapo Guzmán.
Tal parece que en El Chapo Show las únicas posibles responsables de complicidad son una actriz que promueve un tequila y una diputada local de Sinaloa. Ambas mujeres responden al perfil de posibles cómplices del capo galán, que cometió errores elementales que condujeron a su recaptura. Ambas en esta extraña reincidencia misógina del gobierno de Peña Nieto contra mujeres que le resultan incómodas.
Nadie nos ha podido explicar por qué si El Chapo es tan poderoso, millonario y con tal poder de corrupción, no existe entre los sospechosos ningún exgobernador, alto mando militar, empresario, banquero, y sólo una diputada local, una célebre actriz y seis funcionarios del sistema penitenciario a quienes acaba de inhabilitar la Secretaría de la Función Pública.
En el mismo guión de El Chapo Show “filtraron” un video a Televisa, quizá proveniente del departamento de producciones especiales de la Secretaría de Marina, para convencernos de lo heroico de los elementos de la Armada que atraparon al capo.
La productora independiente Canal Seis de Julio, dirigida por el cineasta Carlos Mendoza, realizó un estudio sobre estos videos transmitidos en Primero Noticias por Carlos Loret de Mola, y los videos oficiales de la Marina que se distribuyeron entre varios medios de comunicación, y encontró “una serie de probables anomalías” que conducen a la posible “siembra de evidencias”.
En la nota publicada por Gustavo Castillo en La Jornada, el pasado 31 de enero, Canal Seis de Julio advierte algunas de esas anomalías:
-Se alteró la escena, especialmente en la recámara del capo.
-En la cama que supuestamente correspondía a Guzmán Loera había objetos que no estaban en la grabación oficial que se proporcionó a los medios de comunicación.
-Los videos de la serie La Reina del Sur no estaban sobre la cama en el momento en que los efectivos de la Marina llevaron a cabo el operativo, aunque después lo señalaron como uno de los “hallazgos”. Tal parece que se configura un nuevo delito en los juicios paralelos: ver teleseries.
En otras palabras, podemos estar ante otro telemontaje a modo del guión de El Chapo Show.
En la cadena Univisión, Kate del Castillo reiteró buena parte de lo publicado por Lydia Cacho en Proceso y advirtió que si no habla del tema de El Chapo “es porque mis abogados me lo han aconsejado, ya que el gobierno de México me quiere a fuerza destrozar”.
En el círculo del “cuarto de guerra” de Los Pinos están convencidos de que existe una “estrategia” para victimizar a Kate del Castillo, en la que participarían actores, periodistas como Lydia Cacho, productores como Epigmenio Ibarra, conductores como Jorge Ramos de Univisión y quizá hasta los usuarios de redes sociales.
Inventan la conspiración para justificar el linchamiento.
Nuevamente no quieren darse cuenta o no les conviene que si alguien volvió heroína a Kate del Castillo en esta mala historia de charros y gángsters son los propios guionistas de El Chapo Show.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/428519/el-chapo-show-montajes-y-juicios-mediaticos
La eternización de un cacicazgo –mal disimulado con comicios amañados– desató la furia de los habitantes del municipio chiapaneco de Oxchuc. Dispuestos a impedir la toma de posesión de María Gloria Sánchez Gómez, los pobladores realizaron varios bloqueos carreteros. El viernes 8 el gobierno decidió reprimir las protestas y envió a medio millar de granaderos, que a la postre se tuvieron que retirar, derrotados. Dos autobuses llenos de turistas extranjeros tuvieron la mala fortuna de pasar en medio de la batalla…
OXCHUC, CHIS: Alterado por el alcohol, un encapuchado subió al autobús estacionado en medio de la vía principal y les gritó a los pasajeros que el vehículo iba a ser quemado. Era la tarde del viernes 8. A poca distancia, habitantes de esta alcaldía y policías estatales y municipales libraban una encarnizada batalla.
En el camión, 15 turistas extranjeros sólo comprendían la palabra “morir”. Gitte Kampman Ronde, originaria de Dinamarca, tomó su libreta de viaje y escribió su nombre en la primera página, “sólo en caso de que todo saliera mal, para que llegara a mi familia y al menos supiera qué me pasó”.
Los viajeros habían estado encerrados en el camión más de cuatro horas. Decenas de personas con el rostro cubierto lo rodeaban; algunos lo golpeaban o arrojaban piedras contra las ventanillas. Desde adentro se escuchaban los impactos de las rocas y también disparos. Un cristal se rompió…
“¡Sálganse!”, gritó un hombre. Los turistas se precipitaron hacia la puerta. Bajaron en medio de una nube de gas lacrimógeno que se mezclaba con el humo negro y apestoso de la quema de llantas. Corrieron despavoridos con el único objetivo de salir de Oxchuc, vuelto una “zona de guerra”.
El cacicazgo
El municipio tzeltal de Oxchuc está a un lado de la carretera que conecta la región de los Altos de Chiapas con la selva. Seis de cada 10 de sus habitantes viven en pobreza extrema; tres en pobreza moderada y el resto, en situación de vulnerabilidad por ingreso. El 96% carece de servicios básicos en la vivienda. La mitad de la población no tiene alimentación suficiente.
Desde la jornada electoral del 19 de julio de 2015, Oxchuc ha sido escenario de bloqueos carreteros y brotes de violencia extrema en repudio a la elección de María Gloria Sánchez Gómez –del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– como presidenta municipal. La crisis se agudizó a inicios de octubre pasado, cuando ella trató de asumir el cargo.
Sánchez Gómez pretende gobernar el municipio por segunda ocasión, alternando el cargo con Norberto Santiz López, su esposo, quien en los noventa fundó el Movimiento Armado Revolucionario Antizapatista y en 2005 fue encarcelado por los actos de corrupción que cometió durante su gestión como alcalde.
A finales de 2004 Sánchez Gómez destacaba en los medios nacionales como la primera indígena en presidir un municipio en Chiapas. Once años después su periodo de gloria se acabó. Los pobladores de Oxchuc rechazan el cacicazgo que construyó con su esposo: contando la elección pasada, la pareja ha dirigido cuatro de los últimos seis gobiernos locales, primero al amparo del PRI y luego del PVEM.
El supuesto triunfo electoral de la candidata generó un movimiento de rechazo, que ganó el apoyo de los líderes indígenas y permeó en el municipio. Los pobladores abarrotaron la plaza central y empezaron a bloquear la carretera –una vía importante en la región– de manera regular.
La trampa
El viernes 8, el gobierno estatal invitó a cerca de 80 líderes indígenas a San Cristóbal de las Casas, presuntamente para dialogar. La mañana de ese día fueron desplegados alrededor de 500 policías estatales en Huixtán, municipio vecino de Oxchuc.
A las 12:30 horas de ese día un grupo de viajeros –entre ellos 15 extranjeros– abordó el vehículo de Ómnibus Cristóbal Colón que los llevaría de San Cristóbal de las Casas a la zona arqueológica de Palenque, recorrido clásico de la ruta turística chiapaneca.
De los extranjeros –dos suizos, cuatro australianos, dos canadienses, dos suecos, dos británicos, una danesa y dos neozelandeses–, sólo una sueca tenía rudimentos de español.
Proceso reconstruyó los hechos de ese día desde el municipio y mediante entrevistas –por teléfono y correo electrónico– con seis de los extranjeros. Cinco siguen en el país y pidieron que su identidad no fuera revelada para terminar sus vacaciones con tranquilidad.
En poco más de una hora el autobús llegó a las afueras de Oxchuc. Al toparse con el bloqueo se detuvo. Los extranjeros alcanzaron a ver que los automóviles daban vuelta y se iban antes de entrar al pueblo.
Después de 20 minutos una pick up pasó al lado del autobús, rumbo al municipio. Los turistas vieron que en la caja de la camioneta se amontonaban encapuchados armados con palos y machetes.
El diálogo convocado por las autoridades para esa mañana en San Cristóbal había sido una trampa: en lugar de discutir, la procuraduría estatal detuvo a 38 de los líderes inconformes.
Enterados de ello, los pobladores del municipio se pusieron en alerta. Sospecharon que los policías destacados en Huixtán aprovecharían para desalojar el bloqueo y se alistaron para repeler un operativo.
El chofer del autobús tomó el micrófono e informó a los pasajeros que la carretera estaba bloqueada. Los turistas se asomaron por la ventana trasera y vieron que un semirremolque y piedras obstruían la vía.
El conductor propuso dos opciones a los viajeros: salir caminando y tomar un transporte que los llevara de regreso a San Cristóbal, o esperar a que la situación se arreglara. Algunos tomaron sus mochilas y se fueron.
Los extranjeros y algunos viajeros mexicanos decidieron quedarse. Casi todos salieron del vehículo para estirar las piernas. “El chofer nos dijo que son usuales los retrasos de este tipo y que a veces un simple pago en efectivo facilita el paso”, recuerda la pareja de canadienses.
No pasaron ni cinco minutos cuando un grupo de pobladores les ordenó a los turistas volver al autobús. Los viajeros se apresuraron a tomar asiento. Tres hombres abordaron el camión y uno de ellos –quien traía una cadena en la mano– empezó a hablar con tono tranquilo.
La sueca tradujo a los demás lo que su escaso español le permitía comprender: “No tomen fotos ni videos. Manténganse en calma. Si obedecen, no habrá problema. Pero a la persona que vea con una cámara, la saco del autobús, la encadeno en la carretera y la van a matar”.
Una turista suiza recuerda que el hombre intentó explicar la situación. “Nos dijo que viven en una situación muy mala, sin derechos y con la misma familia en el gobierno desde hace muchos años; que los niños no pueden ir a la escuela porque las cerraron todas”.
“Empezó la guerra”
El nerviosismo se apoderó de los turistas. El malestar crecía a medida que el calor y la humedad invadían el ambiente del camión, ya sin aire acondicionado. Se oía el vuelo de un helicóptero y cada vez más gente llegaba al pueblo.
Esta situación se prolongó por más de dos horas. Luego, los encapuchados obligaron al chofer a mover el autobús, meterlo al pueblo y atravesarlo en medio de la avenida principal. Tomaron las llaves y el conductor salió del vehículo. Nunca volvió. A poca distancia, otro autobús de pasajeros se encontraba en la misma situación.
Los turistas podían escuchar gritos y disparos a lo lejos: los uniformados ya habían entrado al municipio y la furia se desataba. “Ahí empezó la guerra”, recuerdan en Oxchuc.
Dos hombres y una mujer de la localidad entraron al autobús. “Nos dicen que llamemos a nuestras embajadas para decir que nos tienen como rehenes. ¡Que les expliquemos la situación aquí!”, tradujo la sueca. Los extranjeros obedecieron.
En la hora siguiente la situación se agravó más. Los turistas veían cómo caían granadas de gas lacrimógeno en medio de la gente, incluso niños y mujeres, quienes corrían despavoridos. Algunos encapuchados golpeaban el autobús con palos o piedras.
Fue cuando el encapuchado ebrio les gritó que iban a quemar el vehículo.
“Sólo sé un poco de español y discerní la palabra ‘morir’ varias veces. Todavía tengo presente la sensación de mis entrañas envolviéndose y revolcándose como en una feria. Sentí que las lágrimas llegaban, y deseé nunca haberme subido a este autobús”, narra la danesa.
Más de cuatro horas después de iniciada su pesadilla, los viajeros tuvieron finalmente la oportunidad de escapar del autobús. En la confusión se separaron; sólo los extranjeros permanecieron juntos.
“Delante de mí unas personas se refugiaron en una casa. No sabía si era mejor esconderse o atravesar la ciudad corriendo. La puerta se cerró abruptamente y como los gases lacrimógenos me molestaban seguí corriendo”, relata la suiza.
Un hombre les indicó que lo siguieran. Avanzaron pocos metros cuando un grupo de pobladores los detuvo y les ordenó elevar una manta de gran tamaño encima de sus cabezas para que los tripulantes del helicóptero la vieran, y los dejaron marcharse.
El hombre los guió afuera del municipio. Voltearon y vieron una enorme columna de humo negro que salía del lugar donde estaban estacionados los autobuses. Los vehículos se estaban calcinando con todo y las maletas, mochilas y pasaportes de los turistas. Ahí se perdió el rastro de los demás viajeros mexicanos.
Los extranjeros abordaron dos combis y llegaron a Palenque de noche. Ahí rindieron sus declaraciones ante las autoridades. Sin un traductor, el trámite no fue fácil.
“La policía y la procuraduría nos pidieron que no dijéramos nada de lo que nos había pasado”, expone la sueca. Añade: “Creo que tienen miedo a que esto llegue a los medios y que la gente deje de ir a Chiapas”.
“Sentí que (los policías) no eran claros y que no nos explicaron la situación. Tengo la sensación extraña de no saber realmente qué nos pasó. Todavía ahora (jueves 21) no podría decir quién peleó contra quién”, confiesa la ciudadana suiza.
Al día siguiente llegó a Palenque otro grupo de 21 turistas extranjeros. Estaban en shock. Eran pasajeros del segundo autobús quemado en Oxchuc. Abandonaron el vehículo cuando el caos se adueñó del pueblo, pero en lugar de salir fueron llevados al centro del municipio, donde trataron de encontrar refugio mientras los combates continuaban.
Un hombre les ofreció ayuda. Lo siguieron durante una hora en el monte. Llegaron a su casa y los 21 durmieron en el piso de su cocina.
A tres semanas de los hechos, los extranjeros siguen enojados con la compañía Cristóbal Colón –del Grupo ADO–, pues aseveran que arriesgó la vida de los pasajeros al trasladarlos a una zona conflictiva. Además se quejan de que la empresa se negó a reembolsar los boletos e incumplió la promesa de llevarlos a sus siguientes destinos.
Algunos tuvieron que “luchar como leones” para llegar a Mérida en tres autobuses distintos. Al llegar a la capital yucateca –tras 14 horas de viaje–, un abogado les dijo que no tenía caso demandar a la empresa “porque no recibiríamos nada de ella”.
Triunfo popular
En Oxchuc el viernes 8, durante el enfrentamiento, los agentes de la Policía Estatal se vieron rebasados por los pobladores, quienes los tundieron con piedras, palos, varillas y todo objeto que tenían a la mano. Se estima en cerca de 50 el número de heridos. Algunos de ellos afirman que los lesionaron a tiros o con cohetones y bombas molotov.
Después de algunas horas de zafarrancho los uniformados se replegaron y dejaron a 37 de sus compañeros en manos de los pobladores, quienes quemaron tres camiones y varias patrullas, así como las casas y la bodega propiedad de María Gloria Sánchez y de su esposo.
La noche del domingo 10, las autoridades y los pobladores de Oxchuc realizaron un intercambio de “prisioneros”.
Diez días después, 87 líderes indígenas se reunieron, bastón de mando en mano, y refrendaron su compromiso de expulsar a la alcaldesa y a su esposo del municipio. También rechazaron la propuesta de Sánchez Gómez de pedir una licencia de año y medio.
Óscar Gómez López, presidente de la Comisión Permanente de Oxchuc, advirtió que si el gobierno insiste en imponer a Sánchez Gómez, ellos mantendrán su protesta y los bloqueos carreteros. “Acá el pueblo manda y el gobierno obedece”, retoma Gómez López la consigna zapatista.
La versión de la alcaldesa
Por su parte, María Gloria Sánchez Gómez rechaza las acusaciones de los inconformes, niega haber integrado un cacicazgo con su esposo y afirma que ella contendió con 11 candidatos y nadie la impuso más que el voto.
Refiere que las comunidades que toman parte en el movimiento de protesta son “presionadas” para que participen, pues las amenazan con quemar sus casas si no lo hacen. Reafirma que sigue siendo la alcaldesa y de ninguna forma va a renunciar, como lo demanda “un grupo minoritario”.
En entrevista con Proceso, sostiene que detrás del movimiento en su contra se encuentran la diputada del PVEM Cecilia López Sánchez y sus excontendientes de Nueva Alianza Valdemar Morales Vazquez, y de Chiapas Unido Jaime Santiz Gómez. Advierte por último que no cederá a las “presiones” de quienes pretenden ganar con violencia lo que no pudieron obtener en las urnas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/428632/oxchuc-el-tour-del-terror
Organizaciones de víctimas exigieron frente a las instalaciones del Senado que los legisladores incluyan sus puntos de vista en la próxima discusión de la propuesta de Ley que presentó el presidente para combatir el delito de desaparición forzada.
La iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, que fue enviada al Senado de la República por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 10 de diciembre de 2015, es “un monumento a la negación”.
Así lo aseguran diferentes organizaciones de víctimas que, con motivo de la reanudación ayer 2 de febrero del trabajo legislativo en el Senado, se reunieron en las inmediaciones de ese recinto legislativo, para mostrar su inconformidad con varios puntos que plantea la propuesta del Ejecutivo mexicano.
Entre las claves de la propuesta de Peña Nieto -que deberá discutirse para su aprobación antes de que termine el mes de marzo- se encuentran la aplicación de fuertes sanciones: de hasta 150 años de prisión para quienes cometan el delito de desaparición forzada; la creación de un Sistema nacional de Búsqueda de Personas y de Unidades Especiales; la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas; y la distinción de tres tipos de delitos por desaparición forzada que contempla sanciones tanto para servidores públicos, grupos de particulares, y un particular.
Aquí puedes leer las 10 claves del proyecto de Ley, y aquí la iniciativa completa (a partir de la página 38).
“No puedes hacer una ley de víctimas sin tener en cuenta a las víctimas”
A pesar de con estos puntos el Gobierno mexicano asegura que busca combatir el problema de la desaparición forzada en México, el cual según denunció el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU es “generalizado” –aquí el informe-, organizaciones de víctimas denuncian que nadie las ha tenido en cuenta para la elaboración de la propuesta, ni tampoco para la discusión que tendrá lugar en los próximos días en el Senado.
“El Ejecutivo, vía la Secretaría de Gobernación, anunció que tuvo un acercamiento con las familias de los desaparecidos. Pero eso es completamente falso”, denuncia Greis Fernández, vocera de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México.
“Se hicieron consultas vía internet –matiza la activista-, pero la solicitud que hicimos al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, para ser incluidos en los foros de discusión de la ley, jamás nos fue tomada en cuenta”.
“Por eso creemos que la iniciativa de Peña Nieto está incompleta. Porque no puedes hacer una ley de víctimas sin tener en cuenta a las víctimas, pues ellos son los verdaderos afectados que van a usar esa ley”, sentencia Fernández, quien recuerda que desde el pasado mes de septiembre de 2015 hicieron entrega, tanto a autoridades del Poder Ejecutivo como del Legislativo, de un documento con 11 puntos que resumen las peticiones de las víctimas para que se incluyan en la nueva ley, sin que hasta la fecha haya sido tomado en cuenta.
Asimismo, la vocera de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos hace hincapié que en la propuesta de ley del Ejecutivo “los migrantes no se ven reflejados tampoco por ninguna parte”.
“Por eso, parte de lo que estamos pidiendo es que se hagan convenios internacionales para poder hacer las investigaciones de manera conjunta de los miles de casos de migrantes desparecidos en nuestro país”, plantea Greis Fernández.
Lee aquí los 11 puntos de las organizaciones de desaparecidos
“Sin presupuesto para la Ley, es imposible que los MP hagan su trabajo”
Por su parte, Martín Villalobos, coordinador de la red Eslabones por los Derechos Humanos, subraya que el “elemento central de crítica” de las víctimas es el relativo a la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual, según dice la iniciativa, “establecerá una colaboración entre las distintas instancias de los órdenes de gobierno, víctimas, familiares y organizaciones civiles”.
“Esa unidad de Búsqueda de Personas debe ser el motor central de la Ley. Y sin embargo, se presenta de una manera muy poco desarrollada, muy superficial”, indica Villalobos, quien expone que las víctimas exigen que esta unidad esté coordinada desde la Federación, “y que permita tener en una sola instancia toda la información que hoy se encuentra dispersa en Semefos, hospitales, fosas comunes y penales”.
“Otro punto de crítica –añade el activista- es que esa Unidad de Búsqueda no trae asignado ningún presupuesto, y ese es justamente uno de los principales problemas que tenemos: que no se investigan las desapariciones forzadas porque la mayor parte de los ministerios públicos traen hasta 90 averiguaciones y es humanamente imposible que puedan hacer su trabajo”.
“Mandar los casos de desaparición a los estados, es mandarnos al matadero”
Lucía de los Ángeles Díaz, vocera del Colectivo Solecito Veracruz, señala que otra crítica central a la propuesta del presidente Peña Nieto es que, tal y como establece el punto ‘Distribución de competencias’, ésta busca delegar responsabilidades en las autoridades de los diferentes gobiernos estatales para prevenir y sancionar los delitos de desaparición de personas.
“Sin embargo, todos sabemos que las entidades están permeadas por la delincuencia a todos los niveles. Ahí tenemos el ejemplo de Veracruz, donde es imposible acceder a la justicia. Entonces, no pueden mandarnos a la justicia de los estados porque nos estarían mandando al matadero”, argumenta Díaz.
Dolores González, integrante del Movimiento Nacional de Personas Desaparecidas, recuerda que la experiencia ya ha demostrado que “existen limitantes en la investigación que hacen los estados”.
Una limitación, recalca en una entrevista que Animal Político publicó el 18 de diciembre, tres días después de que Peña Nieto presentara la propuesta, es que los estados “no tienen un marco normativo profesionalizado para abordar la problemática”. Mientras que otro limitante es la “poca confianza” en las autoridades locales.
“A partir de estos limitantes las familias hemos insistido en que debe haber una presencia de la Federación para garantizar que las investigaciones se hagan adecuadamente, y para que pueda atraer casos de desaparición cuando se requiera”, explicó la activista.
“Es un simulacro de Ley”
Estos puntos han llevado a las organizaciones de víctimas a mostrarse pesimistas en cuanto a los alcances que pueda tener la nueva Ley, a la que consideran un acto de “simulación” por parte de la autoridad federal.
“Para nosotros la propuesta de Peña Nieto es un monumento a la negación. No es la respuesta a la problemática de la desaparición forzada en México, sino un simulacro de ley”, sentencia Lucía de los Ángeles Díaz.
“Creemos que esta iniciativa de Peña Nieto es nada más para aprobarla en febrero y decirle al Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU que cumplió con las recomendaciones que le hizo a México. Sin embargo, esa iniciativa así como está es letra muerta”, remarca por su parte el activista Martín Villalobos, quien no obstante señala que espera que los senadores incluyan a las víctimas en las próximas jornadas de discusión de la ley, para poder mejorarla.
Mientras que María Herrera, del colectivo de Familiares en Búsqueda, considera que, al margen de que se hagan modificaciones o no a la propuesta del Gobierno, la nueva Ley de Desaparición Forzada “requiere de gente humana trabajando en las instituciones”.
“Necesitamos gente que trabaje de verdad y que nos ayude a buscar familiares. No queremos una ley que nada más se quede en letras, sino una ley que se activa, y que se ajuste a nuestras necesidades como víctimas”, pide la activista.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/los-puntos-que-las-victimas-critican-la-propuesta-de-pena-contra-la-desaparicion-forzada/
CHILPANCINGO. GRO: La ola de violencia provocada por la confrontación que mantienen bandas delincuenciales en la entidad dejó al menos 202 homicidios en el primer mes de este año, un promedio de seis ejecuciones al día.
La cifra de crímenes de enero casi duplica la registrada durante el mismo periodo del año pasado, cuando la estadística del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional (SESN) reportó oficialmente 138 homicidios dolosos en la entidad, de los cuales 79 fueron cometidos con arma de fuego.
De acuerdo con un recuento periodístico publicado en la edición de este miércoles en el periódico El Sur, de los 202 homicidios documentados en el primer mes de este año, la mayoría se cometieron en el puerto de Acapulco, con 70, es decir, un promedio de dos ejecuciones diarias.
Mientras que en el resto de la entidad se registraron 132 asesinatos, principalmente en las regiones Centro, Tierra Caliente y la Montaña baja, donde paradójicamente existe una fuerte presencia de tropas militares y corporaciones policíacas implementando operativos para tratar de revertir los efectos de la narcoviolencia.
El reporte del diario local indica que en Chilpancingo se registraron 28 ejecuciones; mientras que en los municipios de Coyuca de Catalán y Chilapa fueron 12 en cada uno; en José Azueta, Arcelia y Coyuca de Benítez, sumaron 24.
En el municipio de Tepecoacuilco fueron siete homicidios; le sigue Tlapa y Zitlala, con seis respectivamente; En Iguala, cinco; Teloloapan y Taxco, cuatro y La Unión, Eduardo Neri y Cuetzala del Progreso, tres.
Mientras que en Igualapa, Ajuchitlán del Progreso, Tetipac y Zirándaro hubo dos en cada uno. Y uno en Alpoyeca, San Luis Acatlán, Cocula, Pilcaya, Copalillo, Huitzuco y Ayutla.
Las 202 víctimas registradas en este año fueron ejecutadas a tiros; degollados; desmembrados y calcinados. También algunos cadáveres fueron localizados en fosas clandestinas.
Entre las víctimas hay dos campesinos, un maestro, un hotelero, siete taxistas, un expolicía estatal, un organizador de corridas de toros, un exagente de Tránsito, un ganadero, el director de una secundaria, un ingeniero civil, un chofer, un empresario, un recolector de basura, un ama de casa, un cargador del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, un sicario, un maestro de educación física y un gerente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), indica el reporte periodístico.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/428601/se-cometieron-202-homicidios-en-guerrero-seis-por-dia
Con el cambio en la aplicación de la prueba estandarizada Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), la SEP busca ahorrar unos 200 millones de pesos, que dice invertirá en otros programas educativos. No se realizará por falta de recursos, la titular del INEE asegura que la decisión es "sensata" pues los resultados no varían año con año.
Este año no sabremos cuál es el nivel de aprendizaje que alcanzaron los alumnos mexicanos de sexto de primaria y tercero de secundaria porque la SEP decidió cambiar el modelo de la prueba estandarizada Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), que se realizó por primera vez en 2015. ¿La razón? Ahorrar cerca de 200 millones de pesos en su aplicación.
Este miércoles, la SEP informó en un comunicado que PLANEA, sí se llevará a cabo durante 2016, pero con cambios: “introduciendo para su aplicación modalidades más innovadoras” para medir el avance de los alumnos.
En lugar de esta prueba se entregarán exámenes a las escuelas para que puedan tener un diagnóstico del aprendizaje de 2016; sin embargo, los resultados no serán difundidos públicamente.
La SEP aseguró que “la combinación de alternar las metodologías cada año permite dar un adecuado seguimiento de política pública”, y agrega que Planea Básica se aplicará, en su segunda edición, en 2017, y nuevamente se hará censal para las escuelas y muestral para alumnos como se hizo en 2015.
Las fechas para la aplicación de la prueba serán el 8 y 9 de junio para las escuelas primarias y el 15 y 16 de junio para las secundarias, informó la SEP.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) minimizó el cambio en la prueba censal que mide el aprendizaje en la educación básica y cuyos resultados sirven para mejorar el sistema educativo.
De acuerdo con la consejera presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes, la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es “sensata porque los resultados de los niños no cambian año con año”.
“Nos parece que tener una evaluación externa de rendición de cuentas cada dos años es suficiente”, aseguró Shmelkes.
El argumento principal para el cambio de la prueba es la insuficiencia de recursos para las tareas que tendrá el INEE durante 2016, toda vez que el Presupuesto de Egresos de la Federación etiquetó mil 20 millones de pesos, pero el Instituto había solicitado mil 260 millones de pesos.
Según la SEP, la aplicación de la PLANEA como se hizo el año pasado implicaría recursos por unos 200 millones de pesos, este año, con el ahorro de esos recursos la Secretaría busca “la realización de nuevas acciones y estrategias para coadyuvar a la mejora de la calidad educativa”.
Para Marco Fernández, investigador del Tec de Monterrey y Fundar, el recorte debió aplicarse al pago “ilegal” de los maestros comisionados –quienes cobran salario sin dar clase– y no sacrificar la aplicación de un instrumento fundamental para la evaluación del sistema educativo.
La consecuencia de esta decisión es que se pierde “información valiosa” que sirve para identificar el aprovechamiento que logran los maestros de un año a otro. “El INEE trata de minimizar el hecho, pero es necesario tener este tipo de instrumentos”, para identificar las fortalezas y debilidades de la enseñanza en las escuelas, afirma el investigador.
PLANEA sustituyó a la prueba ENLACE, que se aplicó durante el sexenio pasado, pero que, según argumentó el ex secretario de Educación, Emilio Chuayffet, la nueva prueba corregía errores y mejoraba el nivel de evaluación.
Posponen evaluación a maestros
El INEE anunció también que la aplicación de exámenes a mil 200 maestros que están en las aulas se pospondrá para noviembre próximo, pese a que estaba contemplado aplicarlos entre febrero y mayo de este año.
De acuerdo con la consejera de la Junta de Gobierno del INEE, Teresa Bracho, la decisión obedece a razones técnicas para evitar los problemas que enfrentaron el año pasado. Estas son las razones:
1) Los instrumentos de evaluación serán mejorados. El año pasado se incluyeron como parte de los exámenes cinco componentes: informe del cumplimiento de responsabilidades del docente, emitido por el supervisor; expediente de cuatro evidencias de enseñanza, es decir, muestra de los trabajos de los alumnos; elaboración de una planeación didáctica; examen de conocimientos y evaluación complementaria sólo para los maestros de inglés. Según el INEE, hubieron dificultades para que los maestros subieran al sistema estos requisitos y este año se mejorarán los procesos.
2) Evitar la “presión” al sistema. De acuerdo con el INEE, aplicar las pruebas de desempeño, se juntaría con las pruebas de ingreso y promoción para el primer semestre del año y representaría un problema técnico. Esto porque el sistema sólo soporta la aplicación de 35 mil pruebas simultáneas por día.
3) Respetar las vacaciones. Por ley, los maestros deben ser notificados con anticipación sobre la fecha en que serán evaluados. De aplicar los exámenes en febrero, debieron emitirse las notificaciones en noviembre o diciembre, pero es un periodo vacacional en el que “se paraliza el sistema educativo y sería una locura hacer notificaciones”.
Como parte de la Reforma Educativa, se emitió la Ley del Servicio Profesional Docente, que establece la obligatoriedad de evaluar a los maestros para el ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo. El INEE es el encargado de instrumentar las pruebas y establecer el calendario.
Debido a este cambio en el calendario para hacer las evaluaciones a final de año, se aplazará también la conclusión de las evaluaciones a todos los maestros que actualmente dan clases.
Según la ley, aquellos maestros que reprueben el primer periodo de evaluación tendrán hasta dos oportunidades más para presentar los exámenes. Y en caso de no aprobar, dejarán la docencia y serán reubicados en otros cargos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/por-vacaciones-recorte-y-problemas-tecnicos-sep-pospone-evaluacion-de-maestros-y-alumnos/
De acuerdo con el #SemáforoEconómico de México ¿cómo vamos? únicamente dos estados del país lograron la meta de crecimiento de 6% al año.
De acuerdo con las recientes cifras del #SemáforoEconómico de México ¿cómo vamos? únicamente dos estados del país lograron la meta de crecimiento de 6% al año: Querétaro con 6.8% y San Luis Potosí con 6.7%, lo cual muestra una gran disparidad en el ritmo de crecimiento de las entidades, y reduce las posibilidades de desarrollo a nivel nacional.
De los 30 estados restantes, 10 crecieron por arriba del 4.5% pese a tener su semáforo en amarillo, mientras que 20 están en rojo con menos de este porcentaje.
De acuerdo con el grupo de investigadores de México ¿cómo vamos?, los doce estados que crecieron económicamente más del 4.5% anual (es decir, los que tienen su semáforo en verde y amarillo) representan el 31.4% de la producción total del país.
Los tres primeros lugares en el tercer trimestre de 2015, respecto al mismo periodo de 2014, son Querétaro, San Luis Potosí y Baja California con 6.8%, 6.7% y 5.9%, respectivamente. Su crecimiento fue gracias a la industria manufacturera, de la construcción y a las actividades terciarias.
El reporte destaca a Querétaro como el estado que ha crecido a más del 6% durante cinco trimestres consecutivos y por lo tanto, el único que ha mantenido su semáforo en verde durante un periodo prolongado.
Esto también gracias a su industria constructora, la que más creció con 10.8% anual, y que representa 12.9% de la producción total del estado; seguida de la industria manufacturera que aumentó 9%, con 28.2% del rendimiento estatal, y, en tercer lugar, las actividades terciarias con 5.7%, asumiendo el 53.9% de la productividad en la entidad.
Sin embargo, al final de los lugares de crecimiento está Campeche con -6.5%, Chiapas con -5.2% y Tabasco con -2.8%, así como Sonora con -0.2%.
“La industria que más contribuyó en el decrecimiento de Campeche y Tabasco fue la minera, la cual incluye la extracción de petróleo y gas, así como los servicios relacionados a ésta. Por un lado, en Campeche la minería decreció 8.1% y representa el 80% de su producción total; por otra parte, en Tabasco la minería decreció 2.6% y representa el 59% de su producción total”, explica el reporte del #SemáforoEconómico.
A pesar de no llegar al semáforo en verde, tres estados sorprendieron con su crecimiento: Oaxaca creció al 5.1% después de mantenerse por debajo del 4% desde 2012, llevaba 14 trimestres consecutivos de tener su semáforo en rojo; por otro lado, San Luis Potosí creció al 6.7% después de mantenerse por debajo del 3.8% desde 2013, llevaba 10 trimestres consecutivos de tener su semáforo en rojo; en tanto, Michoacán creció al 4.7% después de decrecer en los dos primeros trimestres de 2015.
Guanajuato, que había mantenido tasas de crecimiento superiores al 6% desde el segundo trimestre 2014, para el tercer trimestre 2015 mostró apenas un crecimiento del 3.7% debido a la desaceleración del crecimiento de su manufacturas, las cuales desde 2014 crecían a tasas de dos dígitos y en el último trimestre crecieron al 8%, además de que representan el 30% de la productividad guanajuatense; y por otra, a una caída en la construcción de -15% y que representa el 9% de la producción estatal.
En tanto, Quintana Roo destacó por mantener altas tasas de crecimiento consecutivas, por arriba del 4.7% desde hace 5 trimestres, así como Nuevo León, que lo está haciendo por arriba del 5%.
Estas cifras tan dispares en el crecimiento económico de las entidades, explica el #SemáforoEconómico, muestran estados con gran dinamismo y crecimiento sostenido, mientras otros están estancados, pues en este periodo 10 estados crecieron por debajo del crecimiento nacional de 2.6% anual, y juntos concentran el 46.8% de la producción. “No se lograrán las metas de crecimiento nacional a menos que el crecimiento se dé de manera más uniforme a lo largo del territorio”, sostiene.
El observatorio económico México ¿cómo vamos? es una iniciativa de un grupo plural de expertos en economía y política pública comprometidos con impulsar el crecimiento económico de nuestro país. Desde nuestras instituciones, entre las que destacan universidades como Anáhuac, CIDE, COLMEX, ITAM, ITESM y UNAM y centros de investigación como IMCO, México Evalúa, CIDAC Y CEESP diseñamos una herramienta para identificar cómo va avanzando nuestra economía llamada #SemáforoEconómico.
El #SemáforoEconómico le da seguimiento al cumplimiento de metas puntuales en bienestar, productividad, inversión y competencia que deben lograrse para que México crezca. El #SemáforoEconómico está disponible en versión nacional y para cada entidad federativa en www.mexicocomovamos.mx y en el twitter @mexicocomovamos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/mas-de-la-mitad-del-pais-en-rojo-por-bajo-crecimiento-economico/
