El Presidente Enrique Peña Nieto realizó cambios en el gabinete de la República. Las dependencias que cambiaron de titulares son: Pemex, IMSS , la Secretaría de Salud y la Cofepris. El nuevo titular de Pemex, inmensa en una crisis financiera, es José Antonio González Anaya, hasta hoy director general del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS).
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció esta tarde cambios en su gabinete. Emilio Lozoya Austin deja la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el nuevo titular será José Antonio González Anaya, hasta hoy director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, será el nuevo titular de la Secretaría de Salud (Ssa) en sustitución de Mercedes Juan López. En el IMSS quedará al frente Mikel Arriola Peñalosa, ex titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
“El doctor Narro conoce bien esta Secretaría y estoy seguro que su experiencia como rector de la UNAM le permitirá impulsar una nueva etapa para el sector salud”, dijo Peña Nieto al presentar a Narro Robles como titular de la SSa.
El nuevo director de Pemex, González Anaya, fue director de análisis Económico en la Secretaría Técnica de la oficina de Presidencia al lado de José Córdoba Montoya, en la administración de Carlos Salinas de Gortari. Ha ocupado cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Como economista, ha trabajado como Senior en el Banco Mundial.
“El nuevo titular de Pemex deberá enfrentar dos retos: acelerar la transformación de Petróleos Mexicanos para aprovechar las oportunidades que le brinda la reforma Energética y lograr su crecimiento en un contexto de bajos precios del petróleo”, expresó el Presidente a González Anaya.
Enrique Peña Nieto externó un reconocimiento a los anteriores titulares de las dependencias. “Estoy muy agradecido por su entrega y compromiso por México”, indicó el Ejecutivo federal.
Lozoya deja Pemex justo cuando la Empresa Productiva del Estado tiene dificultades para seguir desarrollándose en el mercado, por un lado, por la inestabilidad financiera interna que enfrenta ante una alta deuda y baja producción de barriles, los precios bajos del petróleo a nivel internacional, y por otro, en este momento aún no cuenta con alianzas claras para recuperarse e invertir en sus refinerías. Según el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, la secretaría y la petrolera sostienen una serie de negociaciones para poder inyectar capital a la empresa productiva del Estado.
Videgaray Caso dijo esta mañana que Pemex ya está trabajando en un ajuste, y ahora el funcionario el Gobierno “deberá acompañar el anuncio con un ajuste preventivo”, pero con miras al 2017. La semana pasada, el Banco de México (Banxico) afirmó que es necesario llevar a cabo los ajustes requeridos en las finanzas públicas, incluyendo a Petróleos Mexicanos (Pemex), para mantener un marco macroeconómico sólido en el país ante el derrumbe de los petroprecios.
En el reporte financiero al cierre del tercer trimestre de este año, Petróleos Mexicanos registró una pérdida neta de 167 mil millones de pesos, el 187 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que la pérdida acumulada son de 352 mil 810 millones de pesos de enero a septiembre de 2015.
Respecto a la producción de barriles diarios, la empresa productiva del Estado informó que en octubre de este año cayó 1.12 por ciento, lo que equivale a 27 mil barriles por día en comparación con el mes anterior, al registrar un descenso de 2 millones 390 mil barriles por día (mbd), en tanto, la producción anual bajó 3.2 por ciento, es decir 81 miles de barriles diarios, respecto al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con cifras de Pemex, enfrenta una deuda contratada con intermediarios bursátiles y bancarios de un billón 485 mil millones de pesos, además de haber colocado una deuda en los mercados internacionales por un monto de 600 millones de francos suizos (9 mil 672 millones de pesos) a pagar en cinco años. LOZOYA Y EL ESCÁNDALO DE OHL Además de los números rojos de Pemex, audios filtrados en YouTube han revelado el supuesto apoyo de Lozoya Austin a la constructora OHL México, pues antes de ocupar la dirección de la petrolera mexicana formó parte del Consejo de Administración de OHL, hasta diciembre de 2012, año en que fue designado por el mandatario como titular de la ahora Empresa Productiva del Estado. Durante la campaña electoral de 2012, Lozoya Austin desempeñó el papel de coordinador de Vinculación Internacional de la campaña del entonces candidato priista a la Presidencia de la República, cuando él aún era consejero de OHL. En julio de 2015, en una de las grabaciones filtradas de manera anónima, se reveló un presunto acto de corrupción en el que estaría involucrado Enrique Ochoa y Emilio Lozoya, quienes recibirían vacaciones en el hotel Mayakobá, en la Riviera Maya a cambio de abrirle las puertas a más contratos. De acuerdo con el audio revelado el 28 de junio de 2015, Lozoya Austin habría gestionado una reunión con Enrique Ochoa Reza, titular de la CFE, para que OHL obtuviera la licitación de la Central de Ciclo Combinado Empalme I. La página de OHL informó el 16 de abril pasado que el consorcio formado por OHL Industrial y tecnología SENER habían obtenido el contrato para la construcción de la obra, que tiene como objetivo suministrar electricidad a la región norte del país, por un importe de cerca de 477 millones de dólares (aproximadamente 7 mil 396 millones de pesos) y 30 meses para su ejecución. En palabras del presidente de OHL en México, José Andrés de Oteyza –según el audio difundido–, “es un contratazo a madres”. Hace unas semanas, se publicó otro audio, el primero del año; en él se escucha que el director de la empresa con sede en España, Juan Miguel Villar Mir, supuestamente se reunió en abril con el titular de Pemex, Emilio Lozoya, quien les pidió ir en conjunto con la española Técnicas Reunidas para una licitación no especificada.
Pemex lo negó, al igual que lo negó luego de una filtración en noviembre. CONTRATOS CON PEMEX De acuerdo con información del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), OHL Refinación ha ganado contratos de millones de dólares desde hace dos años; es decir apenas unos meses después de que comenzó la administración de Peña Nieto y la llegada de Lozoya a Pemex. Tan sólo en nueve meses del año 2013, OHL recibió de Pemex Refinación 2 mil 398 millones 427 mil 277 pesos por tres contratos. El primero y el más costoso, de mil 16 millones 881 mil 118 pesos, lo recibió en abril, cuatro meses después de que Emilio Lozoya tomara posesión de Petróleos Mexicanos. Este contrato, que fue para la construcción de un turbogenerador de gas en la refinería de Tamaulipas, lo celebró la Coordinación de Proyectos de Impacto Social y Alta Rentabilidad con un conglomerado de empresas, en las que figuran dos OHL Industrial junto con Senermex y Sener Ingeniería y Sistemas. Tres meses después, en julio, la Gerencia de Proyectos Ambientales, también de Pemex Refinación, otorgó a OHL y otras cuatro empresas el proyecto de una planta generadora de hidrógeno y la terminación de un gasoducto en la refinería Cadereyta. El monto del contrato fue de 927 millones 676 mil 159 pesos.
Finalmente, en diciembre de ese mismo año se le otorgaron 453 millones 870 mil pesos para la construcción de una estación de rebombeo para un poliducto en Salamanca, Guadalajara. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/08-02-2016/1616760
Desde hace meses, Ciudad Juárez dejó de ser una plaza en disputa. Los grupos delincuenciales que ahí operan lograron un pacto según el cual es más provechoso actuar de mutuo acuerdo e introducir la droga a Estados Unidos sin importar a que cártel pertenezca. La única condición es que pague bien. Consultados al respecto, un agente de inteligencia de Estados Unidos y otro de México ilustran este singular caso de pragmatismo criminal que, según parece, beneficia a todos.
CIUDAD JUÁREZ/EL PASO: La plaza de Ciudad Juárez, Chihuahua, está tranquila. Desde hace meses los grupos criminales que la dominan hicieron un pacto y ahora trabajan para los cárteles que intentan pasar droga a Estados Unidos por esa zona fronteriza. Un alto funcionario de una agencia federal estadunidense en El Paso, Texas, dice al corresponsal que en tierras juarenses grupos como La Línea –lo que queda del Cártel de Juárez– y otros narcotraficantes independientes lo mismo pasan droga al Cártel de Sinaloa que al del Golfo y las demás organizaciones que les paguen bien. “Ya no hay pleito por la plaza”, sostiene el funcionario, quien aceptó la entrevista bajo la estricta condición de que no se revele su identidad ni la de la dependencia en la cual labora. Y puntualiza: “Trabajan como en maquila, pues cobran una cuota por el pase de la droga y en ocasiones el derecho de piso. Pero entre los grupos criminales de Ciudad Juárez ya no hay disputa”. En territorio mexicano, Proceso visitó a un agente de los servicios mexicanos de inteligencia para escuchar su versión sobre lo que ocurre hoy en la otrora ciudad mas violenta de México y del mundo.
CIUDAD DE MÉXICO: En los últimos 10 meses informes y visitas de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil desnudaron las enormes carencias mexicanas en materia de respeto a los derechos humanos, ejercicio de la libertad de prensa y combate a la corrupción, con lo cual, aunque periódicamente se celebran elecciones, que en general los observadores internacionales califican como democráticas, el país incumple con elementos indispensables para considerarlo de la misma manera. El pasado miércoles 28 de enero se dieron a conocer los reportes de Transparencia Internacional (TI) en materia de percepción de corrupción, y de Freedom House (FH) en materia de libertades, libertad de prensa y libertad en internet. Todos reprueban a México. De acuerdo con informe de TI, el país apenas alcanza una calificación de 35 puntos, en una escala de 0 a 100, donde 0 significa “altamente corrupto” y 100 “muy limpio”. Esto convirtió al país en el peor evaluado de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El comunicado de prensa enfatiza: “Los países en las primeras posiciones presentan características comunes que son clave: altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos, y un poder judicial que no distingue entre ricos y pobres y que es verdaderamente independiente de otros sectores del gobierno.” Y, en contrapartida, al establecer las constantes en los países que ocupan las últimas posiciones, además de las guerras y conflictos, “se caracterizan por su gobernabilidad deficiente, instituciones públicas frágiles como la policía y el poder judicial, y falta de independencia en los medios de comunicación”. Para corroborar las razones por las que México se encuentra entre estos últimos, el informe de FH ubica a México como un país “parcialmente libre” en general y en libertad en internet, pero “no libre” en relación con los medios de comunicación. Para respaldar esta calificación en materia de libertad de prensa se hace referencia al despido de Carmen Aristegui y todo su equipo de MVS Radio tras haber revelado la historia de la Casa Blanca de Las Lomas, propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera; y, desde luego, al frecuente asesinato de periodistas, especialmente aquellos que investigan temas policiacos, de tráfico de drogas y corrupción oficial. Sin embargo, previamente habían sido la OEA y la ONU –organismos internacionales de los que México forma parte– y sus convenciones en materia de derechos humanos –que fueron firmadas por el Ejecutivo y avaladas por el Senado mexicanos– las que habían emitido informes alarmantes respecto a diversos temas vinculados con estos derechos fundamentales. En marzo del año pasado, Juan Méndez, relator especial de la ONU contra la tortura, presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de dicha organización el informe de una visita que realizó al país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, y en su primer párrafo señaló: “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la presentación son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”. Posteriormente, entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre del mismo 2015, durante la Trigésima Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el grupo de trabajo que revisó los avances en la implementación de las recomendaciones que dicha instancia hizo a México en 2011 en cuanto a desapariciones forzadas avaló la afirmación del Comité en la materia respecto a que “la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”. También en octubre, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó lo impactante que resulta el hecho de que en un país no inmerso en un conflicto bélico hubiesen sido asesinadas 151 mil 233 personas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, y desaparecido al menos 26 mil desde 2007. A su vez, Rose-Marie Belle Antoine, al dar a conocer el informe preliminar tras la visita del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció que estos problemas “son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas” (Proceso 2043). Los politólogos identifican cinco dimensiones que cualquier democracia debe cumplir para ser considerada como tal: elección democrática de autoridades; sensibilidad y capacidad de respuesta de éstas a las demandas ciudadanas; vigencia del estado de derecho; mecanismos eficaces y eficientes de rendición de cuentas, y vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales. Los informes citados en los párrafos precedentes evidencian que al menos las tres últimas no rigen en México. Los informes de la OEA y la ONU constatan la ausencia del estado de derecho al revelar un índice de impunidad de los casos criminales de 98% y la generalización de las prácticas de la tortura y la desaparición forzada por parte del mismo Estado mexicano. Si a estos documentos se agrega el de FH, queda claro que tampoco se cumple con la vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales. Y el de TI revela la inexistencia de la rendición de cuentas en el país. La mala evaluación del desempeño de los partidos políticos en general y la mala calificación de los gobernantes de las distintas instancias en todas las encuestas de opinión pública permiten suponer que tampoco se atienden las demandas ciudadanas. De acuerdo con una encuesta de septiembre de 2015 sobre la confianza en las instituciones realizada por Consulta Mitofsky, los partidos políticos son los peor evaluados, con una calificación de 4.9 puntos sobre 10. La encuesta de diciembre del año pasado de Reforma indica que el 58% de los encuestados desaprueban la actuación del presidente mexicano y únicamente 39% la aprueba; y de los 21 miembros de su gabinete ampliado únicamente aprobó, con apenas 6 puntos sobre 10, el secretario de Marina.
Así que, en el mejor de los casos, de las cinco dimensiones irreductibles de la democracia, en México únicamente se cumple con la elección democrática de las autoridades. Esta es la realidad de la tambaleante democracia mexicana. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESÚS CANTÚ. LINK: http://www.proceso.com.mx/429198/un-pais-reprobado-en-casi-todo
Solo existen antecedentes de dos casos otorgados en los tribunales a los que Gordillo solicitó el beneficio y fue a reos por enfermedades incurables y/o recursos limitados; internos acusados del mismo delito que la expresidenta del SNTE se les ha negado la prisión domiciliaria.
El beneficio de la prisión domiciliaria que la expresidenta magisterial Elba Esther Gordillo busca desde 2015 es un derecho que contempla la ley para los reos mayores de 70 años pero que en los hechos, pocos internos han recibido, de acuerdo con los datos que vía transparencia pudo obtener Animal Político. Solicitudes de información enviadas a los 18 Juzgados Penales Federales del Primer Circuito con sede en el Distrito Federal (que es la misma jurisdicción donde Gordillo pidió el beneficio y de hecho es la zona más amplia de juzgados del país), arrojan que solo hay antecedente de dos casos en los que se falló a favor de la prisión domiciliaria. Esos únicos dos casos fueron concedidos por los juzgados 1ro y 11vo de Distrito, y uno de ellos fue por orden de un tribunal superior luego de que inicialmente el juez lo negó. Animal Político pidió conocer el registro de casos de prisión domiciliaria concedida, sin importar si fue por orden inicial del juez o por instrucción de un tribunal federal o de un amparo. La prisión domiciliaria puede ordenarse de oficio o por solicitud de la defensa. En sus respuestas, algunos juzgados se limitaron a decir que no tienen registro de que se haya concedido ese beneficio en sus archivos históricos, mientas que otros como el 8vo y el 16 detallaron que han negado expresamente todos los requerimientos y proporcionaron las sentencias. Una de esas sentencias fue para un reo con más de 70 años de edad acusado precisamente del mismo delito que Gordillo: defraudación fiscal. El juez le negó la solicitud de la prisión domiciliaria. Cabe señalar que públicamente se ha conocido de algunos casos de prisión domiciliaria concedidos a internos, pero corresponden a juzgados federales en otros estados. Uno de esos casos fue el del ex narcotraficante Ernesto Fonseca quien ya estaba sentenciado y había cumplido más de tres décadas preso. El beneficio fue concedido por un juzgado en Jalisco. En México, de acuerdo con un estudio del CIDE, existe más de tres mil 500 intentos solo del orden federal con una edad superior a los 51 años. En el Distrito Federal hay casi 800 internos presos mayores de 61 años, según otro análisis de la organización México Evalúa. Inicialmente Animal Político pidió al Consejo de la Judicatura Federal que se proporcionara una estadística de sentencias que otorgaron la prisión domiciliaria en el país pero se indicó que esta no existe. Por ello se enviaron solicitudes de información vía transparencia a los distintos juzgados federales. ¿Qué dice la ley? El artículo 55 del Código Penal Federal establece que las personas mayores de 70 años a las que se les ha cumplimentado una orden de aprehensión, tienen derecho a que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que se consideren pertinentes. Pero el mismo artículo establece que se trata de un beneficio limitado a algunas condiciones y con excepciones que serán resueltas “a criterio del juez”. “No gozarán de esta prerrogativa quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que revele su peligrosidad social, ni los inculpados por las conductas previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución” señala el Código Penal. En el mismo artículo 55 se advierte que en el caso de los reos mayores de 70 años a los que ya se les haya dictado sentencia, estos podrán solicitar el beneficio de la prisión por cuestiones de senilidad o problemas de salud. En todos los casos, las resoluciones de los jueces deben estar sustentadas en los dictámenes periciales que correspondan. La realidad: socialmente peligrosos De acuerdo con la información oficial proporcionada vía transparencia, la prisión domiciliara casi siempre ha sido negada en los 18 juzgados del Primer Circuito. Algunos de los jueces facilitaron a Animal Político copas de sentencias en donde rechazaron conceder el beneficio, entre ellas una de un interno acusado de defraudación fiscal, delito que también a Elba Esther Gordillo. En esta sentencia dictada por Manuel Muñoz Bastida, titular del Juzgado Octavo de Distrito, se estableció que si bien el interno (cuyo nombre fue reservado) cumple la mayoría de edad y padece hipertensión arterial, el delito por el que se le acusa es considerado grave y pone en riesgo a la sociedad. “A criterio de este juzgador, se considera que el encausado **********, manifestó una conducta que revela su peligrosidad social, precisamente, debido a la “seriedad en la ofensa a la sociedad” que provocó, sus funestas consecuencias en las finanzas públicas y la especialidad técnica que requiere la maquinación de los mismos, ya que junto con dos personas más, mediante uso de engaños, obtuvo un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal” indica la sentencia. El juez insistió en que los delitos patrimoniales como el de defraudación fiscal recae en una de las excepciones que contempla el artículo 55 debido al perjuicio social que genera y por lo tanto resulta infundado el beneficio de la prisión domiciliaria. En otro caso distinto, el Juzgado 16 de Distrito negó la prisión domiciliaria a un interno procesado por tráfico de cocaína. En su resolución número 22/2010 el juez señaló que la defensa proporcionó documentos y dictámenes referentes a que el procesado tenía más de 70 años y padecía de diabetes mellitus grado 2. Sin embargo, el juez estableció que las constancias médicas revelan que la enfermedad del interno está controlada, mientras que su edad no evidencia deterioro de facultades mentales por lo que no se acredita la senilidad, ni otra circunstancia que disminuye el perfil de peligrosidad del reo Por ello el juez negó el beneficio. Reos terminales, los dos beneficiados De acuerdo con los datos proporcionados por los 18 juzgados federales del Primer Circuito, solo hay dos casos en donde este beneficio se ha concedido. Uno de ellos fue el otorgado en noviembre del 2014 por el Juzgado 11 de Distrito en favor de un reo de 72 años procesado por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y que estaba preso en el penal federal de Villaldama, Veracruz. La sentencia proporcionada (con la reserva de todos los datos personales) asentada en el expediente 44/2014, revela que la defensa comprobó mediante los peritajes correspondientes que el reo padece entre otras cosas diabetes melliltus, hipertensión arterial sistemática y gota crónica (que le impide moverse libremente), enfermedades consideradas incurables. La jueza señaló en su análisis que el riesgo de evasión del interno era mínima debido a su estado de salud y escasos recursos económicos. En cuanto a su peligrosidad social consideró que estando en su domicilio esta era francamente mínima dada la naturaleza del delito que se le imputó. Por otra parte el Juzgado Primero de Distrito reportó que tiene antecedente de una sentencia favorable de prisión domiciliaria concedida luego de que un tribunal federal ordenó que se concediera, tras una primera resolución negativa. Los datos corresponden a un interno también por una enfermedad terminal, pero no se dio mayor detalle ni se proporcionó la sentencia. Los anteriores son los únicos casos en donde se ha concedido el beneficio según la información oficial proporcionada por los juzgados. El caso Gordillo La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013. Inicialmente la PGR la acusó de lavado de dinero por utilizar recursos sindicales para beneficio propio, aunque su defensa ha combatido vía amparo ese cargo. El 7 de octubre del año pasado un juez federal ordenó un nuevo proceso en contra de Gordillo por el delito de defraudación fiscal por un monto de casi tres millones de pesos. En ese contexto la defensa de la expresidenta magisterial inició desde el 2015 una batalla legal para obtener el beneficio de la prisión domiciliara. El 23 de agosto el Juzgado Sexto de Distrito le negó el beneficio bajo el argumento de que la defensa no garantizó que no pudiera escapar, pues se trata de una persona con altos recursos para ello. Marco Antonio del Toro, abogado de Gordillo apeló la decisión pero dos meses después un tribunal unitario confirmó la negativa, con el argumento añadido de que Gordillo no tenía 70 años, sino 68, cuando fue detenida. Tras esa decisión la defensa de Gordillo interpuso una demanda de amparo con el objetivo de que se ordene al juez original dejar sin efecto la negativa de la prisión y ordenar lo contrario. El pasado 5 de febrero se realizaría la audiencia para definir el caso pero la misma fue diferida.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y los particulares que compraron terrenos deberán tramitar nuevos permisos si quieren concretar el proyecto inmobiliario. En tribunales, la obra tiene una suspensión definitiva y cuatro provisionales por resolverse.
Este lunes 8 de enero vencen los permisos en materia de impacto ambiental y para el cambio de uso de suelo forestal en el manglar Tajamar, otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) desde 2005, los cuales permitían la construcción de departamentos y tiendas comerciales en 58 hectáreas del terreno. Con este vencimiento, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y los particulares que compraron terrenos deberán tramitar nuevos permisos si es que quieren concretar el proyecto inmobiliario. Aunque el caso también se encuentra en tribunales con cuatro suspensiones provisionales y una definitiva que continuará con un juicio de amparo para impedir la construcción. Araceli Domínguez, integrante del movimiento Salvemos al Manglar Tajamar, asegura que la conclusión de estos permisos es crucial, es por eso que el Fonatur se apresuró a entrar al terreno el mes pasado. Con el vencimiento, “ya no tienen autorización para seguir construyendo”, dice en entrevista con Animal Político. El Fonatur dividió el terreno –ubicado frente a la laguna de Nichupté de Cancún Quintana Roo– en 44 lotes que vendió a 22 particulares, pero debía cumplir con una exigencia estipulada en los permisos: el traslado de la flora y fauna del manglar y el desmonte del terreno para así iniciar el proyecto inmobiliario. Sin embargo, el 16 y 17 de enero pasado, entró maquinaria pesada que arrasó con 90% del manglar donde aún se encontraban animales vivos, según denunciaron activistas del movimiento Salvemos al Manglar Tajamar. La lucha por la conservación del manglar Tajamar o lograr la conclusión del proyecto inmobiliario aún tiene batallas pendientes. A continuación te presentamos los cinco puntos para entender el proceso: 1.Vencimiento de permisos. En enero pasado, la SEMARNAT explicó que John McCarthy, ex titular de Fonatur, consiguió que la administración de José Luis Luege Tamargo, ex titular de la dependencia, otorgara el permiso de impacto ambiental para las obras de urbanización en la zona entre 2005 y 2006. En 2009 se amplió el plazo del permiso hasta el 8 de febrero de 2016. Entre 2005 y 2006 la SEMARNAT también otorgó el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y en 2001 amplió el plazo para el 8 de febrero de 2016. Por eso es que el Fonatur pudo realizar las obras de desmonte y chapeo en el malecón Tajamar eran legales. 2. ¿Y los empresarios? De acuerdo con Francisco Córdova Lira, uno de los 22 empresarios que compró terrenos en Tajamar, una vez que los permisos venzan, cada uno de los dueños deberá tramitar la autorización ambiental y de uso de suelo ante la SEMARNAT nuevamente. En los últimos días, Fonatur ha suspendido la comunicación con los empresarios y no les han planteado las posibles soluciones ante cualquier decisión judicial sobre el caso. Si el juez da la razón a los ambientalistas, el Fonatur deberá regresar el dinero por la venta a los inversionistas y si favorece a los ambientalistas, se suspenderá un proyecto económico que beneficiaría a la población. Cualquiera de las decisiones, “nos afecta a todos”, dice Córdova a Animal Político. 3. Otro emplazamiento vencido. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio como plazo al Fonatur hasta el 8 de febrero para cumplir con el Programa de Rescate de Vegetación y Traslado de Fauna de Tajamar. También deberá presentar, antes del 15 de febrero, un Plan de Acción para el retiro de los restos de la vegetación que quedó tras los trabajos de desmonte, para evitar el riesgo de incendios que pueden representar la presencia de combustibles naturales durante la próxima temporada de calor. De acuerdo con Araceli Domínguez, presidenta del grupo ecologista Mayab, el Fonatur está impedido legalmente, toda vez que las provisionales y definitiva le impiden entrar nuevamente al terreno, por eso es que los activistas realizan guardias en la zona. Además, se trata de una estrategia para “lavarse las manos”, porque la Profepa debió vigilar el resguardo de las especies antes de la devastación, no después. En tanto, el Fonatur denunció que un grupo de personas impidió el rescate de la flora y fauna del manglar, este viernes 5 de febrero. 4. Amparo de suspensión definitiva. El miércoles 3 de febrero, el Juzgado Segundo de Distrito otorgó la suspensión definitiva de las obras de desmonte, relleno y construcción en el manglar Tajamar. Sin embargo, el proceso podría seguir con un juicio de amparo ante un Tribunal Colegiado que podría dar la razón al Fonatur o a los activistas que apelan al derecho a un medio ambiente sano. 5. Cuatro demandas pendientes… y las que se sumen. Hasta el momento, existen cuatro demandas más que han logrado suspensiones provisionales en contra el proyecto. Una de ellas es la interpuesta por 113 niños y por la que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito fijó una fianza por 11 millones de pesos para otorgar la suspensión definitiva.
CIUDAD DE MÉXICO: Los órganos autónomos de carácter federal creados en México con aprobación del Congreso de la Unión representan organizaciones del Estado mexicano responsables de materias especializadas, por lo que requieren de autonomía para cumplir con su misión. Los principales órganos autónomos existentes en la actualidad a nivel federal son los siguientes: • Auditoría Superior de la Federación (ASF). • Banco de México (Banxico). • Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). • Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). • Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). • Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). • Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). • Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). • Instituto Nacional Electoral (INE). • Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). • Tribunales Agrarios (TA). • Universidades Públicas (UNAM y UAM). La euforia por las autonomías y el abuso que se ha hecho de ellas representan un serio peligro para la estructura y estabilidad del Estado mexicano, el cual se constituye de tres grandes poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La creación de tantos órganos autónomos ha dado la pauta para pensar en la existencia de un nuevo poder, grande y todopoderoso, constituido por los mismos. Si seguimos por ese camino está en riesgo el funcionamiento y equilibrio del Estado mexicano, pues significaría quitarle a éste responsabilidades sustantivas y debilitar la estabilidad y el equilibrio de los tres Poderes de la Unión. Si desmembramos la estructura originalmente creada para la formación del Estado, ésta podría ser afectada por un conglomerado de órganos autónomos especializados, agrupados en una nueva forma de organización política, lo que crearía una enorme confusión en la concepción de aquél, en su organización, en sus límites de acción y en sus pesos y contrapesos. Ante esta situación surge un gran cuestionamiento: ¿Los órganos autónomos han cumplido razonablemente con los objetivos para los que fueron creados? La respuesta no es simple, es compleja, ya que la evaluación de su desempeño debe ser individual e independiente. Los órganos en cuestión deben evitar, o erradicar si ya existen, las malas prácticas que desvirtúan la razón de su creación y ponen en entredicho su permanencia. A continuación se señalan de forma enunciativa, pero no limitativa, una serie de malas prácticas, a saber: Malas prácticas 1.- Dictaduras personales en lugar de democracia y liderazgo. 2.- Elaborar códigos de ética profesional laxos y permisivos. 3.- Favorecer a políticos, partidos y empresarios poderosos por el simple hecho de serlo. 4.- Ocultar, modificar y manipular los resultados derivados de la actividad institucional a cambio de un conveniente intercambio de complacencias. 5.- Acordar indebidamente apoyos con partidos políticos, legisladores y servidores públicos para ser elegidos o reelegidos, a cambio de generar acciones laxas que los beneficien. 6.- Colusión con otras personas para cometer delitos que afecten el patrimonio institucional. 7.- Negociar los resultados derivados de las actuaciones institucionales autónomas por favores, prebendas y dinero. 8.- Aprovechar el prestigio institucional para favorecer negocios y concesiones irregulares de carácter profesional y personal. 9.- Hacer negocios indebidos con recursos públicos de la institución con el fin de beneficiar a políticos, partidos, servidores públicos, empresarios, familiares, amigos y cómplices. 10.- Realizar construcciones de obra pública innecesarias, buscando el prestigio personal y el beneficio económico. 11.- Vender la eliminación de observaciones y de resultados negativos resultantes de las revisiones de las materias especializadas. 12.- Obtener por medios ilícitos la firma de dictámenes, evaluaciones e informes favorables de los revisores. 13.- Nombrar a los contralores internos y a los auditores externos por amiguismo, recomendación, influencia o componenda. 14.- Adquirir bienes y pagar servicios personales propios con recursos públicos de las instituciones. 15.- Despedir al personal que no acepta cometer actos indebidos y ser cómplice de delitos. 16.- Convertir las oficinas en fortalezas inexpugnables que reflejan inseguridad personal y temor a la interrelación con las personas de la organización y de la población en general. 17.- Invertir en blindajes innecesarios de oficinas y vehículos para mandos superiores y familiares. 18.- Contratar seguridad personal y familiar injustificada pagada con recursos públicos. 19.- Utilizar a la institución como agencia de colocaciones o bolsa de trabajo para dar empleo a amigos, familiares y recomendados. 20.- Relaciones sentimentales personales que se incorporan o forman parte de la organización y que son favorecidas con cargos, niveles, viajes y prestaciones económicas injustificadas, que violentan las normas y crean un flagrante conflicto de intereses. ¿Cuáles y cuántos órganos autónomos pueden sostener que no tienen alguna o algunas de las malas prácticas señaladas? Creo que muy pocos o ninguno. Una evaluación realizada con independencia, con rigor y con la metodología pertinente arrojaría luz sobre la realidad de sus comportamientos. El cumplimiento de los objetivos de creación de los órganos autónomos no debe depender de concesiones graciosas ni de voluntades discrecionales de sus miembros, sino de mecanismos de evaluación permanentes que vigilen su desempeño y su rendición de cuentas. Para ello, se requiere que el Poder Legislativo apruebe políticas públicas en materia de vigilancia y evaluación del cumplimiento y desempeño de las instituciones autónomas. El caso de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados es un buen ejemplo de mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas de un órgano autónomo, que podría ser replicado para la vigilancia de todas las instituciones autónomas. Todos los órganos autónomos y sus miembros deben entender que no son una casta divina apartada o ajena al sistema político mexicano, alejados de las prioridades del Estado y de las necesidades de la población. Deben tener siempre presente que su camino, comportamiento, actuación y desempeño tendrán que estar regidos por las políticas y los principios siguientes: la rendición de cuentas será pública, porque públicos son los recursos que se manejan y pertenecen a todos los mexicanos; la transparencia y la rendición de cuentas no son concesiones graciosas de los gobernantes, sino una responsabilidad ética y moral que nadie puede eludir; no deben trabajar por consigna, con menú a la carta, para favorecer o afectar intereses personales o de grupo; y por último, habrán de aceptar que el país es de todos y no patrimonio particular de nadie.
El único compromiso de los órganos autónomos debe ser con México y con la verdad, porque México lo exige, porque México lo necesita y porque México se lo merece. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/429268/organos-autonomos-malas-practicas
BRUSELAS: Una misión especial del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo realizará una gira de trabajo en México este 9 y 10 de febrero en la que considera reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y secretarios de Estado.
“Es muy claro: plantearse esta misión para simplemente señalar con el dedo no sirve de nada; pero tampoco solamente ir a explicar lo bien que nos llevamos y cómo seguiremos adelante con la renovación del acuerdo global”, señala a Apro la eurodiputada española Beatriz Becerra Basterrechea, quien junto con otros dos de sus colegas integra la misión que irá a México. “El caso de México –prosigue la eurodiputada—es muy significativo y un precedente para el mundo porque es un socio estratégico de la Unión Europea (UE) y estamos en proceso de renovación del acuerdo bilateral, pero es también un país con una trayectoria y unas valoraciones muy bajas en materia de respeto a los derechos humanos, que deben primar por encima de todo lo demás”. La entrevistada refiere que en la agenda de su viaje hay tres “temas prioritarios” a abordar con las autoridades peñanietistas: el estado de las averiguaciones en torno a la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014, así como los avances en la implementación del Mando Único en la policía mexicana; la violencia y los asesinatos contra las mujeres, y la deficiente protección de defensores de derechos humanos y periodistas en el país. Becerra considera que el de Ayotzinapa es un “caso emblemático” en el que “se entrelazan la corrupción policial, institucional y judicial con la impunidad” existente en México. Por otro lado, la eurodiputada explicó que la misión solicitará al gobierno mexicano información detallada sobre el número y la cartografía de agresiones contra las mujeres, datos que el anterior embajador ante la UE Juan José Gómez Camacho –quien desde enero se desempeña como representante de México en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York–, quedó de entregar y no lo hizo. “En una carta de despedida que me mandó, el embajador reconoce que ese compromiso está pendiente” de cumplimiento, comenta la eurolegisladora española. Según una versión no definitiva de su programa de trabajo, la misión será recibida por el presidente Peña Nieto la mañana del martes 9 de febrero, encuentro al que seguirá una reunión con la canciller Claudia Ruiz Massieu Salinas. Por la tarde los eurodiputados tienen prevista una cita con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el día siguiente sostendrán una reunión enfocada en las investigaciones sobre Ayotzinapa con el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas; el subsecretario para Derechos Humanos de Gobernación Roberto Campa Cifrián y con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) Emer Omar Betanzos. La agenda incluye un encuentro en la sede de la delegación de la UE con organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales. “El objetivo de esta misión –precisa Becerra—es hacerle ver (al gobierno mexicano) que estamos juntos, pero que sabemos a qué nos tenemos que comprometer”. –¿Ese compromiso es para el gobierno de México mejorar en derechos humanos? –Así es. Bloqueo del GIEI El viaje a México de la misión del Subcomité de Derechos Humanos sirvió de argumento al grupo de eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) para impedir que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentara el año pasado su reporte sobre Ayotzinapa en tal subcomité del Parlamento Europeo. A finales de septiembre pasado los partidos políticos de esa subcomisión eurolegislativa se plantearon invitar al GIEI, pero el entonces embajador Gómez Camacho “aconsejó” no hacerlo en ese momento porque, alegó, ese grupo de expertos todavía no terminaba su trabajo y “no manejaba datos relevantes”, relata la eurodiputada Becerra. El 7 de ese mes de septiembre el GIEI había presentado en un ambiente de gran expectativa un reporte que contenía el resultado de seis meses de investigaciones. Tal documento cuestionó la versión oficial de los hechos, según la cual los cuerpos de los estudiantes habían sido quemados en el basurero municipal de Cocula, en Guerrero. El PPE siguió el “consejo” del diplomático mexicano y propuso postergar la presentación del reporte del GIEI hasta después de la visita de la misión del subcomité a México, propuesta a la que se alineó la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas Europeos (APSyD), a cuyo grupo político pertenece la presidenta del subcomité, la española Elena Valenciano. Aunque se opuso el grupo de los verdes europeos –quienes habían establecido contacto desde septiembre con el español Carlos Beristáin, uno de los miembros del GIEI, para presentar el reporte–, populares y socialistas impusieron a finales de noviembre su posición al ser las fuerzas mayoritarias en el Parlamento Europeo. De acuerdo con la eurodiputada Becerra, el subcomité ya decidió que el GIEI presente su informe en la sesión ordinaria de mediados de marzo entrante. En esa ocasión también se debe exponer el informe final de la visita de la misión a México, que será elaborado en conjunto por sus integrantes, los tres provenientes de agrupaciones de la derecha europarlamentaria. Misión disminuida La misión del Subcomité de Derechos Humanos actuará en un entorno que limitará su eficacia y visibilidad, siendo favorecido el gobierno de Peña Nieto. Para comenzar, el presidente de la misión es el eurodiputado rumano Cristian Dan Preda, miembro del grupo del PPE, quien ha tomado la defensa de los últimos tres gobiernos mexicanos –los de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa y el actual—contra las críticas en materia de derechos humanos. Preda declinó una entrevista solicitada por este corresponsal. Una de sus asistentes, quien gestionó la petición, dijo que el eurodiputado había considerado “más pertinente” efectuar la entrevista una vez que regresara de México. El programa original de la misión incluía a cinco integrantes: además de Preda y Becerra, el búlgaro Andrey Kovatchev, del grupo del PPE; la portuguesa Liliana Rodrígues, de la APSyD, y el alemán Hans-Olaf Henkel, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. De ellos, sólo Becerra, que pertenece al grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), está familiarizada con la situación de México en su labor legislativa. Los otros cuatro, incluyendo al jefe de misión, no pertenecen a ninguna de las delegaciones del Parlamento Europeo con países o regiones de Latinoamérica y tampoco se han interesado sobre México en las preguntas parlamentarias que han emitido durante la legislatura actual. Es más, la eurodiputada Rodrigues ni siquiera es titular –es suplente– del Subcomité de Derechos Humanos. La mayoría además no habla español, por lo que en el programa original aparecían tres traductores que acompañarían a la misión. Finalmente decidieron no viajar a México Kovatchev y Rodrigues. Algunas bancadas así lo hacen para poder tener un lugar en otras misiones o delegaciones que consideran más importantes. En todo caso, sin la eurodiputada portuguesa socialista –quien hasta este 2 de febrero no había sido reemplazada– la misión se quedó sin representación de la izquierda europea, en cuyas filas se encuentran algunos críticos del gobierno mexicano. Además, la misión especial del Subcomité de derechos humanos realizará sus reuniones con Peña Nieto, Osorio Chong y Ruiz Massieu en conjunto con la delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE que componen otros 10 eurodiputados, de acuerdo con una versión previa de su agenda. A esa reunión anual entre legisladores de ambas partes asisten del lado europeo cuatro populares, un socialista (el español José Blanco López, exministro y portavoz del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero), dos verdes y tres más de igual número de otros partidos minoritarios del Parlamento Europeo. El encuentro con el mandatario mexicano durará 45 minutos. Becerra admite que tal “recepción” para 15 personas “será probablemente más protocolaria que otra cosa”. Los viajes de trabajo a México de los eurodiputados de la Comisión Parlamentaria Mixta (y de los legisladores mexicanos cuando acuden cada dos años a Europa para la misma asamblea) tienen un componente turístico. Después de las tareas formales celebradas en la Ciudad de México, generalmente se organiza un viaje de placer dentro de la agenda oficial que suele servir para el lucimiento de los gobernantes locales que reciben a los eurodiputados en sus entidades y para el esparcimiento de los mismos cuando son paseados o invitados de honor de cocteles y otros eventos sociales. Este año, esa asamblea llevará a cabo una parte de sus trabajos en San Miguel de Allende, Guanajuato, cuyas autoridades municipales programaron para los eurodiputados una cena en el palacio de gobierno, una “callejoneada” y un paseo por la Casa de Europa. A diferencia de la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos, Elena Valenciano, quien no viaja con la misión a México, la presidenta de la delegación europea para la Comisión Parlamentaria Mixta, la eurodiputada popular española, Teresa Jiménez-Becerril, sí lo hará. Una integrante de esta delegación mixta es la eurodiputada Estefanía Torres, del partido español Podemos, que forma parte del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria/Verdes Nórdicos en el Parlamento Europeo. Torres, quien recientemente residió dos años en México, comentó a esta agencia que no participará en los actos sociales de la delegación, con la que viaja por primera vez. Considera que la misión del Subcomité de Derechos Humanos, tal como está compuesta, “no reflejará la situación real que vive el país”. Acusa, además, que México “está atravesando una situación alarmante de violaciones de derechos humanos” y “no se está llamando a las cosas por su nombre: se dice que la situación no es perfecta, que ha habido algunos avances, pero hay 26 mil desaparecidos en México, la mitad durante el mandato de Peña Nieto, y hay casos sin resolver como el de Ayotzinapa”.
CIUDAD DE MÉXICO: Medios internacionales retomaron el expediente secreto de la boda celebrada entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, que revelaron ayer Proceso y Aristegui Noticias.
El periódico británico The Guardian explicó que, con el afán de “permitir a Enrique Peña Nieto realzar su imagen antes de su exitosa carrera hacia la presidencia”, la Iglesia católica de México “dobló sus propias reglas”. Para el diario español El País, los documentos que revelaron Proceso y Aristegui Noticias forman parte de “una enrevesada historia eclesiástica”, y destacó que mientras Enrique Peña Nieto planeaba su matrimonio con Angélica Rivera, “se movían aguas turbulentas”. La investigación periodística reveló las maniobras que operaron la Arquidiócesis de México y el gobierno del Estado de México para anular, en 2009, el matrimonio de Angélica Rivera y el productor de telenovelas José Alberto Castro, celebrada cinco años atrás en la Iglesia de Fátima, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Gracias a esta anulación, que fue ampliamente ventilada en los medios de comunicación, Angélica Rivera se pudo casar con Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, en una celebración que las revistas del corazón bautizaron como “La boda del año”. De acuerdo con los documentos obtenidos en la investigación periodística, la Arquidiócesis ignoró el matrimonio celebrado en la Ciudad de México el 2 de diciembre de 2004 y canceló la ceremonia que se llevó a cabo nueve días después en la playa de Pichilingue, en Acapulco para dar las gracias. Además de anular el “matrimonio” entre Rivera y Castro, las instancias a cargo del cardenal Norberto Rivera castigaron al sacerdote José Luis Salinas Aranda –quien ofició el acta en Acapulco– mediante un “craso simulacro de justicia”. “Después de la anulación del matrimonio de La Gaviota, la Arquidiócesis de México, dirigida por el ultraconservador y polémico cardenal Norberto Rivera, cargó contra el presbítero. Una investigación de su Tribunal Eclesiástico concluyó que el cura, adscrito a la diócesis de Parral (Chihuahua), oficiaba ‘abusivamente’ y sin licencia eclesiástica en la Ciudad de México”, explicó El País.
“Los documentos revelados siembran dudas sobre la historia de la Arquidiócesis”, expuso The Guardian, al recordar que la noticia sale a la luz días antes de que el Papa Francisco realice su visita de seis días en México, “donde se espera que atenderá temas espinosos como corrupción, desigualdad e inseguridad sobre los cuales el gobierno mexicano mantuvo el silencio bajo la administración de Peña Nieto”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE. LINK: http://www.proceso.com.mx/429232/the-guardian-boda-pena-rivera-la-iglesia-doblo-sus-propias-reglas
El promedio de obras inauguradas por el presidente en cada estado es de 3, pero en la entidad donde nació y de la que fue gobernador ha inaugurado 20 en sus primeros tres años de gestión.
Por cada cinco obras que inaugura el presidente Enrique Peña Nieto en el país una está en el Estado de México, la entidad en la que nació hace 49 años y que gobernó en el periodo 2005-2011. El 17.5% del total de obras inauguradas por el mandatario federal desde diciembre de 2012 —cuando tomó posesión— al mismo mes de 2015 están en territorio mexiquense, según datos de la Oficina de la Presidencia. La información oficial detalla que Peña Nieto asistió durante los primeros tres años de su gestión a más de 100 eventos para dar arranque a diferentes obras entre públicas y privadas. Sólo en el Estado de México inauguró 20, aunque el promedio de inauguraciones en los otros estados del país es de 3.1.
El Estado de México triplica los registros en comparación con las entidades que le siguen en este tipo de eventos: Guanajuato y San Luis Potosí con apenas seis.
De Atlacomulco, Estado de México Peña Nieto nació en ese municipio mexiquense en julio de 1966. Antes de convertirse en gobernador (2005-2011) ocupó algunos cargos políticos en la entidad: fue subsecretario de Gobierno en la gestión de Arturo Montiel y después secretario de Administración de Gobierno. A nivel legislativo, en 2003 ganó una diputación local con cabecera en Atlacomulco y se convirtió en el coordinador del grupo parlamentario del PRI. Después vinieron los comicios para elegir gobernador mexiquense. Su gestión al frente del Estado de México lo catapultó para convertirse en candidato único del PRI para la elección presidencial de 2012. Como candidato, el actual gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, lo llamó “el hijo pródigo” de la entidad. En cada visita a territorio mexiquense, Peña Nieto agradece estar de vuelta en casa, a la que llama “mi tierra”. Este 2016 arrancó actividades inaugurando un hospital en el municipio de Chiconcuac y la nueva vialidad Barranca de Hueyatlaco, que comunica Huixquilucan con Cuajimalpa.
El Estado de México es la entidad que le presidente visita tres veces más, en comparación con cualquier otra del país, lo mismo acude a la inauguración de un distribuidor vial o de una unidad médica que requirieron recursos públicos; que al arranque de operaciones de una planta de reciclado de una empresa privada o de un centro comercial. El objetivo, como dice Peña Nieto, es sentirse arropado y volver a casa. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: TANIA L. MONTALVO. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/el-pais-tiene-32-estados-pero-el-17-de-las-obras-inauguradas-por-pena-nieto-estan-en-el-estado-de-mexico/
Una valla metálica impide que los familiares lleguen hasta las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Piden una reunión con su titular, Miguel Ángel Osorio Chong y avances en la investigación.
Unos 30 familiares de los cinco jóvenes que desaparecieron el pasado 11 de enero en Tierra Blanca, Veracruz, tras haber sido detenidos por policías estatales, realizan un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación para exigir que se les den avances reales en torno a la búsqueda y localización de las víctimas. Los familiares llegaron desde antes de las 9 de la mañana, aunque no pudieron acercarse a las instalaciones de la sede de esa dependencia pues una valla metálica colocada por la Policía Federal sobre la calle de Versalles les ha impedido el paso hasta el momento. “De aquí no nos vamos a mover hasta que nos reciba el secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Si estamos aquí es porque estamos desesperados. En Veracruz ya ni nos contestan y de parte de las autoridades federales solo recibimos promesas. Es una lástima que con vallas sea la forma de recibir a las víctimas de desaparecidos”, dijo René Acatitla, tío de José Benítez, uno de los jóvenes desaparecidos. La Policía Federal tiene desplegado en torno al edificio de Gobernación un operativo de vigilancia con decenas de agentes y en la esquina de Versalles con General Prim, donde se encuentra el grupo de los 30 familiares, han cortado la circulación vehicular. Carlos Rodríguez, familiar de Mario Arturo, otro de los desaparecidos, advirtió que ya están “hartos de reuniones donde solo les dan largas” y dijo que prácticamente desde que inició el caso no han tenido un avance real sobre el paradero de los jóvenes.
De acuerdo con los manifestantes, tan solo en la zona de Tierra Blanca hay más de 400 desaparecidos. “¿Qué más tiene que ocurrir para que se le de la importancia y la relevancia a este caso? Están acabado con nuestros hijos y nadie es sensible a esta situación. Veracruz está perdido y las autoridades federales nos están dejando solos” señalaron los manifestantes mediante un altavoz. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/familiares-de-jovenes-desaparecidos-en-tierra-blanca-protestan-en-segob/
CIUDAD DE MÉXICO: En un video difundido en Youtube, tres hombres encapuchados presentan al denominado grupo armado Insurgencia por el Rescate Institucional y Social (IRIS) y emplazaron al gobierno de Michoacán a terminar con los grupos delincuenciales o, de lo contrario, ellos mismos lo harán por cuenta propia.
En el video, dirigido al gobernador Silvano Aureoles y al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado, Martín Godoy, los encapuchados aseguran que las policías comunitarias y rurales están infiltradas por el crimen organizado: “Durante muchos años el yugo de los templarios y estas lacras están igual o peor”. Los miembros del IRIS aseguran no pertenecer a las filas del narcotráfico, pero advierten que están armados y sus simpatizantes están creciendo. Dijeron que si las autoridades no terminan con estos grupos criminales, después de la visita del Papa Francisco ellos mismos lo harán con sus recursos. Esta mañana, en entrevista con Grupo Imagen, Aureoles minimizó el contenido de este video y también la colocación de narcomantas en Lázaro Cárdenas: “Los expertos dicen que cuando empiezan a aparecer este tipo de eventos sólo reflejan la debilidad y lo que se ha reducido algún grupo de estos, pero lo más importante es que en cuanto sucedieron los hechos, que aparecieron esas famosas mantas, fueron detenidos los que las colocaron y estamos ya procesando la información para ver quiénes son los que están atrás o si solamente es alguna bromita o alguna intención de llamar la atención, pero nada de qué preocuparse, absolutamente nada. Lo importante es que tenemos la capacidad de actuar de inmediato y ubicar de qué se trata”.
Aureoles presumió que los delitos en Michoacán están decreciendo y se encuentran por debajo de la media nacional.
CIUDAD DE MÉXICO: El exfutbolista y actual alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, negó que haya “doblado las manos” ante el gobierno para aceptar el Mando Único policial, accedió –dijo—a petición del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y “por el bien de los ciudadanos”.
“Nadie me dobla las manos a mí, ya lo he dicho muchas veces, nadie, yo tengo los pantalones bien puestos y nadie me va a doblar las manos, yo soy una persona que va de frente y ya se los he dicho muchas veces que no me voy a callar ninguna anomalía”, dijo en entrevista con Radio Fórmula. Blanco firmó el fin de semana pasado junto con el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, Alberto Capella, el convenio de colaboración para el Mando Único, que había rechazado desde que resultó electo en las elecciones de junio del año pasado. Sin embargo, según el exfutbolista, accedió a implementarlo a petición de Osorio Chong a quien a partir del convenio deberá rendirle cuentas y a quien también le solicitó “cero tolerancia” a la corrupción y le advirtió que el convenio podría romperse el cualquier momento. “Como se lo dije al comisionado (Capella), lo importante es cuidar a los ciudadanos para que tengamos un Cuernavaca tranquilo, sin violencia. Se lo manifesté haciendo este convenio porque al final de cuentas a quienes perjudica es a los ciudadanos y se tienen que poner a trabajar”, abundó. Blanco señaló que los ciudadanos pueden presentar sus quejas en el ayuntamiento y refirió que cada determinado tiempo le darán un informe de lo que está pasando en la entidad en materia de seguridad. Además dijo sentirse contento con su desempeño como alcalde y que siempre “le ha caído el veinte” sobre la responsabilidad que implica su cargo.
