CIUDAD DE MÉXICO: En el expediente de la anulación de la boda entre Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro se confirma la participación del cardenal Norberto Rivera en “un caso de transgresión gravísima al sacramento del matrimonio” y como principal responsable en “la invención de un delito, la sanción al sacerdote José Luis Salinas Aranda, a quien dejó en total indefensión”, subrayó el exsacerdote y defensor de derechos humanos, Alberto Athié.
Entrevistado sobre el caso ventilado por Proceso y Aristegui Noticias, Athié destacó que, a diferencia de otros expedientes polémicos de Norberto Rivera, como la protección a Marcial Maciel o a curas acusados de pederastas como Nicolás Aguilar, en este caso el arzobispo primado de la Ciudad de México “ordenó llevar a cabo un procedimiento totalmente en contra del derecho canónico.
“Se trata de una clara complicidad para liberar a la señora Angélica Rivera del sacramento del matrimonio y poder contraer matrimonio con Enrique Peña Nieto”, sentenció Athié.
“Hay una obstrucción clara de la justicia. Por eso, el sacerdote Salinas Aranda fue a buscar justicia fuera de la Ciudad de México y acudió ante la Santa Sede. El procedimiento lo llevó hasta la Rota Romana porque estaba relacionado su caso a un litigio matrimonial”, explicó el exsacerdote que durante 20 años trabajó en la Arquidiócesis de México.
–¿Qué importancia tiene que este caso haya llegado a la Rota Romana?
–La Rota Romana es el tribunal de la Iglesia católica para discutir cuestiones de última instancia en asuntos tan delicados como el sacramento del matrimonio. Quedó claro que el sacerdote Salinas no tuvo acceso a un proceso legítimo en los tribunales eclesiásticos controlados por el cardenal Rivera.
–La Arquidiócesis de México señaló en su respuesta que el cardenal Rivera no estuvo relacionado en este caso.
–Los tribunales eclesiásticos de la Arquidiócesis de México dependen del cardenal Rivera. La responsabilidad es muy clara.
Athié citó uno de los documentos divulgados por Aristegui Noticias y Proceso en el cual queda clara la influencia del cardenal Rivera.
El cardenal estaba al tanto de todo
El 15 de julio de 2009 el vicario judicial, el presbítero Alberto Pacheco –el mismo que anuló el matrimonio de Angélica Rivera con Castro y sentenció al sacerdote– le escribió al padre Salinas Aranda:
“Por orden de su Eminencia, el Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera le notifico la sentencia dictada por este tribunal en el cual se le imponen a usted diversas penas canónicas”.
El 1 de diciembre de 2010, Rivera Carrera le envió una dura carta al padre Salinas Aranda, ya sentenciado irregularmente por el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México, en la cual le reprochó lo siguiente al padre Salinas:
“Considerando que tu obispo, monseñor José Andrés Corral el pasado 22 de diciembre de 2004 me envió un escrito en que manifiesta que ‘teniendo en cuenta que el Padre Salinas debe permanecer en el territorio de la Arquidiócesis de México tanto para cumplir con algunas encomiendas que, en lo personal, le he hecho, como para seguir atendiendo su salud, ruego a su Eminencia conceda las respectivas licencias para ejercer su sacerdocio dentro del territorio de la Arquidiócesis.
“Considerando que te pedí desde principios del año 2005 que para que ejercieras tu ministerio sacerdotal, deberías cumplir tres requisitos, a saber:
“1.- Que te integraras a una Vicaría Territorial, y de hecho te remití a la 5ª. Vicaría Episcopal para que te señalara un destino determinado.
“2.- Que te debías sujetar a las normas de la Iglesia Universal como a la normativa propia de esta Arquidiócesis, particularmente en la administración de los Sacramentos.
“3.- Que estuvieras en contacto y en coordinación con el Director de la Dirección de Comunicación Social de este Arzobispado.
“De hecho, nunca se te concedieron licencias ministeriales y tú has estado consciente de esto.
“Considerando que ha pasado tiempo más que suficiente para cumplir lo que te pedí, después de madura reflexión, por medio de las presentes letras te notifico, para todos los efectos consiguientes, que no te concedo licencias ministeriales para este Arzobispado”.
Esta dura carta se la envió Rivera Carrera una vez que ya había sido sentenciado irregularmente el padre Salinas y cuando ya había acudido a las instancias de la Santa Sede para defenderse.
En su comunicación a monseñor Celso Morga, secretario de la Sagrada Congregación del Clero del Vaticano, Salinas Aranda le señaló que “el señor Cardenal Rivera me envía una carta personal en que no sólo me amonesta duramente sino que además ratifica lo que la Sentencia del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México me aplicó suspendiéndome de mis licencias ministeriales”.
“Por supuesto que cada una de las cuestiones que me señala no tiene sustento y de ello si así le parece estoy bien dispuesto a explicarle”, agregó el padre Salinas.
Después de esa carta, el propio arzobispo Celso Morga le informó al padre Salinas Aranda que las cartas del cardenal Norberto Rivera fueron remitidas pro competentia al Tribunal de la Rota Romana.
Norberto debió informar a Peña y Rivera
Athié abundó que la Rota Romana investigó el caso y debió haberle pedido a la Arquidiócesis de México sus pruebas en contra del padre Salinas.
“Si no presentaron pruebas, estamos ante una acusación totalmente sin fundamento. ¿Quién construyó el concepto del delito contra el padre Salinas? No cualquiera se avienta a armar un delito tan complejo como en este caso”, explicó Athié.
El especialista también subrayó que la Rota Romana le dio la razón al padre Salinas “no sólo por la falta de un debido proceso” sino por estar relacionado al caso de la anulación del matrimonio Rivera-Castro.
–¿Entonces sí hay responsabilidad de Rivera ante las sospechas de la validez del matrimonio entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto?
–Por supuesto. Norberto Rivera le debió haber notificado al presidente de la República y a su esposa que había un litigio del padre Salinas y, por lo mismo, tenían derecho a preguntar si su matrimonio era válido.
“Aquí tenemos un agravio no sólo al sacerdote sino también al presidente de la república y a ella.
“Por lo que leemos, la señora Angélica Rivera fue convencida a mentir. Si ella se prestó a mentir sobre la validez de su matrimonio en la Iglesia de Fátima, entonces es también cómplice del daño que se le ocasionó al sacramento del matrimonio.
“Era un deber de Norberto Rivera informar a Peña Nieto que el Tribunal de la Rota Romana ya estaba analizando el caso del padre Salinas”, explicó Athié.
El Papa “debe responder ante el agravio”
–Este expediente se da a conocer en vísperas de la visita del Papa Francisco a México y de su encuentro con el presidente Peña y su esposa. ¿Qué debería hacer el pontífice?
–El Papa tiene que responder públicamente a la carta que le envió el padre Salinas. Tiene que distinguir entre agraviados y cómplices de este caso. El principal agraviado es el pueblo mexicano porque en nombre de estos delitos se castigó injustamente a un sacerdote.
“Le corresponde al Papa dirimir toda la cuestión del padre José Luis Salinas Aranda y dirimir también la duda sobre la anulación de la boda entre Angélica Rivera y El Güero Castro.
–¿Lo debe hacer en esta visita?
–Obviamente esto se debe hacer de manera pública y en esta visita. El cardenal Norberto Rivera debería renunciar a su cargo por todo el daño que le ha causado a la Iglesia y el Papa debe reivindicar al padre José Luis.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429290/norberto-rivera-es-responsable-de-la-invencion-de-un-delito-alberto-athie
CHILPANCINGO. Gro: En nueve años la Fiscalía General del estado (FGE) registró mil 311 denuncias por desaparición de personas, de las cuales 313 han sido encontradas vivas; 54 muertas y 850 víctimas aún no han sido localizadas.
De 2012 a octubre de 2015 la dependencia integró 182 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada de personas en las que se señalan directamente a autoridades gubernamentales como los presuntos responsables, indica un informe oficial al que Apro tuvo acceso.
La terrible situación que se vive en la entidad coincide con la ola de violencia desatada por bandas criminales que desde hace una década, disputan a sangre y fuego las zonas de producción, trasiego y comercio de drogas, confrontación que ha exhibido nexos de autoridades civiles y castrenses con el narco.
El drama de los desaparecidos en Guerrero, se hizo visible en el país y el mundo tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
No obstante, la estadística oficial muestra que previo a la tragedia de Iguala, Guerrero, ya se vivía una crisis de impunidad, inseguridad y violencia desmesurada.
Los datos de la FGE que fueron entregados al gobierno federal a finales del año pasado y una radiografía de las bandas criminales que operan en la entidad indican que de 2007 a 2013 se registraron 606 denuncias de personas no localizadas.
De 2014 a octubre de 2015, la fiscalía local integró 705 denuncias por el mismo crimen, es decir, 99 casos más que en los siete años anteriores.
Mientras que de 2012 a 2013 se denunciaron 79 casos de desaparición forzada, 12 en el primer año y 67 en el segundo.
De 2014 a octubre de 2015, se documentaron 103 casos de desaparición forzada, 24 denuncias más que en los dos años previos.
El reporte elaborado por la administración del exgobernador interino, Rogelio Ortega indica que de las mil 311 denuncias por desaparición de personas, integradas de 2007 a octubre de 2015, han sido localizadas 367 víctimas: 313 vivas y 54 muertas.
En los nueve años de registro de víctimas de este delito, atribuido a las autoridades y el crimen organizado, 850 personas siguen desaparecidas.
Las cifras oficiales muestran que la tendencia de desaparición de personas en Guerrero, ha ido en aumento a pesar de que las autoridades constantemente anuncian la implementación de operativos policíaco militares, que no logran revertir los efectos de la impunidad y violencia que asfixia a la sociedad guerrerense.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429288/guerrero-mil-311-desapariciones-denunciadas-850-pendientes-resolver
No es la primera vez que la exfiscal colombiana Ángela Buitrago enfrenta una campaña de desprestigio. En Colombia le ocurrió hace una década, por enjuiciar a militares acusados de desapariciones forzadas. Ahora forma parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investiga el caso Ayotzinapa, y justo cuando los especialistas insisten en hablar con soldados del 27 Batallón de Infantería, ella y la exfiscal guatemalteca que procesó a Efraín Ríos Montt son acusadas de anteponer un interés ideológico sobre la justicia.
BOGOTÁ: La exfiscal colombiana Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa–, asegura ser víctima de una campaña de desprestigio similar a la que sufrió en Colombia cuando llevó a juicio a altos mandos del ejército.
Doctora en derecho y en sociología, maestra en ciencias criminológicas, Buitrago desconoce quién impulsa esa campaña, pero ubica como parte de ella al abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente de la organización no gubernamental Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal:
“El señor Ortega es el que está liderando esta campaña, pero habría que mirar quién está detrás. Su propósito es obstaculizar la investigación y la defensa de los derechos humanos, impedir que haya un esclarecimiento del caso y favorecer la impunidad”.
Sin embargo, señala que el GIEI presentará un segundo informe sobre el caso en abril próximo, cuando concluye su encargo. Buitrago adelanta que el nuevo reporte profundizará en dos líneas de investigación que quedaron abiertas en el primer informe, difundido en septiembre pasado.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2049, ya en circulación
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429196/el-giei-bajo-fuego
Ante estudiantes, el mandatario volvió a exaltar los beneficios de las reformas de su gobierno y aseguró que México transita de un país maquilador hacia una generación centrada en la sociedad del conocimiento.
Los cambios estructurales por sí solos no van a transformar a México, sino el esfuerzo de todos nosotros, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.
Durante un encuentro con estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Veracruz, el mandatario enfatizó a los alumnos que “es la participación de ustedes” la que hará cambiar al país y subrayó que las cosas no llegarán solas si no se trabaja para ello.
Tener una mejor nación, estado, comunidad, municipio y colonia depende del esfuerzo de cada uno de sus habitantes y de la participación de toda la sociedad, insistió.
En ese marco destacó que los jóvenes mexicanos han demostrado que pueden ser triunfadores y los mejores en lo que se propongan, cuando son capaces de romper obstáculos y mentalidades derrotistas para llegar más allá.
Como ejemplo de ello mencionó a los ganadores de diversos concursos a nivel internacional en materias de Robótica, Mecatrónica y Sistemas, a quienes esta tarde entregó reconocimientos.
Abundó que hoy toca demostrar al mundo de lo que somos capaces los mexicanos y que las reformas no están diseñadas solo para tener un nuevo marco jurídico, sino para obtener beneficios y oportunidades de desarrollo para cada uno de sus ciudadanos.
Habló que en la actualidad el sistema tecnológico de México, que agrupa a 266 instituciones con 566 mil alumnos, es la más grande de América Latina, y que 80 por ciento de los jóvenes que asisten a esos centros educativos encuentran trabajo antes de culminar sus estudios.
Peña Nieto dijo que “podríamos seguir igual”, pero que las reformas han traído nuevas condiciones para la realización personal y el logro de objetivos.
Destacó que México está transitando de ser un país maquilador a una nueva generación centrada en la sociedad del conocimiento, que crea productos de valor y que permitirá a quienes se desarrollen en ese ámbito tener mejores ingresos.
Preparamos a las nuevas generaciones en la sociedad del conocimiento para que generen productos de valor que les permitan tener mejores ingresos, innovar, aplicar sus conocimiento en el desarrollo de tecnologías y nuevos productos para beneficio de la sociedad, así como mover la economía del país.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0802/mexico/participacion-y-esfuerzo-de-jovenes-lo-que-hara-cambiar-al-pais-pena-nieto/
Su defensa presenta demanda de amparo -a la que tuvo acceso Aristegui Noticias-, contra el presidente EPN, el secretario de Gobernación y otros funcionarios; denuncia que el delincuente permanece incomunicado, segregado y sometido a temperaturas bajo cero.
Autoridades gubernamentales pretenden convertir a Joaquín “El Chapo” Guzmán en un “zombi” y privarlo de la vida mediante prácticas de tortura que vulneran sus derechos humanos, afirman sus abogados en una demanda de amparo presentada el pasado jueves 4 de febrero, en poder de Aristegui Noticias.
En el documento sobre el juicio de amparo la representación legal del líder del cártel de Sinaloa se afirma que El Chapo permanece incomunicado, segregado y sometido a temperaturas bajo cero. Consideran que el maltrato se realiza en venganza y represalia por “haberse evadido de dos Centros Federales de Readaptación Social y haber puesto en evidencia lo frágil del sistema penitenciario mexicano”.
Emma Coronel Aispuro, esposa del Chapo, presentó en enero -señala la demanda- una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero “su titular ha mostrado una conducta omisiva, sin haber realizado una investigación de los hechos denunciados” ni ha intentado evitar “la violación de derechos en perjuicio del quejoso y reparar estas violaciones”.
El “acto reclamado”
De acuerdo con documentos obtenidos por este sitio, en la demanda de amparo y bajo el rubro de “acto reclamado” se asienta:
“De las autoridades señaladas como responsables se les reclama el pretender privar de la vida al señor JOAQUÍN GUZMÁN LOERA al mantenerlo incomunicado por no permitir ingreso de visita familiar y abogados defensores destinados legalmente por interno, así como no permitir la entrevista entre el interno y el defensor, aplicación de tormentos por omisión de las autoridades responsables al mantenerlo segregado en un área especial en el que se encuentra sometido a bajas temperaturas imperantes en la ubicación del lugar de su detención, sin proporcionarle los medios necesarios para protegerse de temperaturas bajo cero que imperan diariamente en la noche, madrugada y por la mañana, sometiéndolo a tratos crueles e inhumanos producto de su aislamiento y maltrato en la prisión por debajo de las condiciones mínimas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, al someterlo al pase de lista cada hora en horario diurno cada dos horas durante la noche, con la pretensión de convertido en un zombi y como represalias del Estado por haberse evadido de dos Centros Federales de Readaptación Social y haber puesto en evidencia lo frágil del sistema penitenciario mexicano”.
“Del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se reclama la actitud omisiva ante la existencia de los actos reclamados al convertirse en cómplice por no haber realizado una investigación de los hechos denunciados y buscar evitar la violación de derechos en perjuicio del quejoso y reparar estas violaciones absteniéndose de dar respuesta al quejoso directo de los trámites hechos”.
“Quieren convertirlo en zombi”
Los abogados apuntan también en la demanda que personas con camuflaje y el rostro cubierto fueron escuchadas platicar sobre “las tácticas para convertir en un zombi a JOAQUÍN GUZMÁN LOERA y provocar su muerte mediante el trato que recibe”.
Precisan que no les ha sido posible constatar de manera directa esta versión, procedente de visitantes del penal, porque desde el 19 de enero la defensa no ha tenido contacto con el interno, no obstante que desde hace más de 20 días se han entregado los documentos requeridos para el ingreso a locutorio. La única visita que al locutorio se permitió al defensor duró 30 minutos, tiempo inferior a la hora y media a que el interno tiene derecho, además de que no tuvo carácter privado por haber sido videograbada por personal con camuflaje y rostro cubierto que se dice pertenece a la Marina”.
Los abogados añaden que El Chapo está “sufriendo la aplicación de tormentos por omisión de las autoridades responsables al mantenerlo segregado en una área especial en el que se encuentra sometido a bajas temperaturas imperantes en la ubicación del lugar de su detención, sin proporcionarle los medios necesarios para protegerse de temperaturas bajo cero que imperan diariamente en la noche, madrugada y por la mañana, segregado y aislado, sometiéndolo a tratos crueles e inhumanos producto de su aislamiento y maltrato en la prisión por debajo de las condiciones mínimas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, al someterlo al pase de lista cada hora en horario diurno y cada dos horas durante la noche, teniendo ahora conocimiento que es con la intención de convertirlo en un zombi y como represalias del Estado por haberse evadido de dos Centros Federales de Readaptación Social y haber puesto en evidencia lo frágil del sistema penitenciario mexicano”.
Bajo el rubro “conceptos de violación”, se anota que el trato que recibe Guzmán Loera vulnera sus derechos al debido proceso, igualdad y dignidad humana consagrados en Constitución mexicana, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Autoridades responsables
En la demanda de amparo, turnada al Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en el DF, se señalan como autoridades responsables, en su doble carácter dual de ordenadoras y ejecutoras, las siguientes:
A.- Secretario de Relaciones Exteriores
B.- Secretario de Gobernación
C.- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
D.- Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social
E.- Coordinador General de Centros Federales, perteneciente al órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social
F.- Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México
G.- Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano
H.- Director del Área de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano
I.- Director del Área Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano
J.- Subdirector del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano
K.- Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
L.- Secretario de Marina
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0802/mexico/pretenden-convertir-a-el-chapo-en-zombi-y-privarlo-de-la-vida-abogados/
El Presidente Enrique Peña Nieto realizó cambios en el gabinete de la República. Las dependencias que cambiaron de titulares son: Pemex, IMSS , la Secretaría de Salud y la Cofepris. El nuevo titular de Pemex, inmensa en una crisis financiera, es José Antonio González Anaya, hasta hoy director general del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS).
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció esta tarde cambios en su gabinete. Emilio Lozoya Austin deja la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el nuevo titular será José Antonio González Anaya, hasta hoy director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, será el nuevo titular de la Secretaría de Salud (Ssa) en sustitución de Mercedes Juan López. En el IMSS quedará al frente Mikel Arriola Peñalosa, ex titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
“El doctor Narro conoce bien esta Secretaría y estoy seguro que su experiencia como rector de la UNAM le permitirá impulsar una nueva etapa para el sector salud”, dijo Peña Nieto al presentar a Narro Robles como titular de la SSa.
El nuevo director de Pemex, González Anaya, fue director de análisis Económico en la Secretaría Técnica de la oficina de Presidencia al lado de José Córdoba Montoya, en la administración de Carlos Salinas de Gortari. Ha ocupado cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Como economista, ha trabajado como Senior en el Banco Mundial.
“El nuevo titular de Pemex deberá enfrentar dos retos: acelerar la transformación de Petróleos Mexicanos para aprovechar las oportunidades que le brinda la reforma Energética y lograr su crecimiento en un contexto de bajos precios del petróleo”, expresó el Presidente a González Anaya.
Enrique Peña Nieto externó un reconocimiento a los anteriores titulares de las dependencias. “Estoy muy agradecido por su entrega y compromiso por México”, indicó el Ejecutivo federal.
Lozoya deja Pemex justo cuando la Empresa Productiva del Estado tiene dificultades para seguir desarrollándose en el mercado, por un lado, por la inestabilidad financiera interna que enfrenta ante una alta deuda y baja producción de barriles, los precios bajos del petróleo a nivel internacional, y por otro, en este momento aún no cuenta con alianzas claras para recuperarse e invertir en sus refinerías. Según el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, la secretaría y la petrolera sostienen una serie de negociaciones para poder inyectar capital a la empresa productiva del Estado.
Videgaray Caso dijo esta mañana que Pemex ya está trabajando en un ajuste, y ahora el funcionario el Gobierno “deberá acompañar el anuncio con un ajuste preventivo”, pero con miras al 2017. La semana pasada, el Banco de México (Banxico) afirmó que es necesario llevar a cabo los ajustes requeridos en las finanzas públicas, incluyendo a Petróleos Mexicanos (Pemex), para mantener un marco macroeconómico sólido en el país ante el derrumbe de los petroprecios.
En el reporte financiero al cierre del tercer trimestre de este año, Petróleos Mexicanos registró una pérdida neta de 167 mil millones de pesos, el 187 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que la pérdida acumulada son de 352 mil 810 millones de pesos de enero a septiembre de 2015.
Respecto a la producción de barriles diarios, la empresa productiva del Estado informó que en octubre de este año cayó 1.12 por ciento, lo que equivale a 27 mil barriles por día en comparación con el mes anterior, al registrar un descenso de 2 millones 390 mil barriles por día (mbd), en tanto, la producción anual bajó 3.2 por ciento, es decir 81 miles de barriles diarios, respecto al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con cifras de Pemex, enfrenta una deuda contratada con intermediarios bursátiles y bancarios de un billón 485 mil millones de pesos, además de haber colocado una deuda en los mercados internacionales por un monto de 600 millones de francos suizos (9 mil 672 millones de pesos) a pagar en cinco años.
LOZOYA Y EL ESCÁNDALO DE OHL
Además de los números rojos de Pemex, audios filtrados en YouTube han revelado el supuesto apoyo de Lozoya Austin a la constructora OHL México, pues antes de ocupar la dirección de la petrolera mexicana formó parte del Consejo de Administración de OHL, hasta diciembre de 2012, año en que fue designado por el mandatario como titular de la ahora Empresa Productiva del Estado.
Durante la campaña electoral de 2012, Lozoya Austin desempeñó el papel de coordinador de Vinculación Internacional de la campaña del entonces candidato priista a la Presidencia de la República, cuando él aún era consejero de OHL.
En julio de 2015, en una de las grabaciones filtradas de manera anónima, se reveló un presunto acto de corrupción en el que estaría involucrado Enrique Ochoa y Emilio Lozoya, quienes recibirían vacaciones en el hotel Mayakobá, en la Riviera Maya a cambio de abrirle las puertas a más contratos.
De acuerdo con el audio revelado el 28 de junio de 2015, Lozoya Austin habría gestionado una reunión con Enrique Ochoa Reza, titular de la CFE, para que OHL obtuviera la licitación de la Central de Ciclo Combinado Empalme I.
La página de OHL informó el 16 de abril pasado que el consorcio formado por OHL Industrial y tecnología SENER habían obtenido el contrato para la construcción de la obra, que tiene como objetivo suministrar electricidad a la región norte del país, por un importe de cerca de 477 millones de dólares (aproximadamente 7 mil 396 millones de pesos) y 30 meses para su ejecución.
En palabras del presidente de OHL en México, José Andrés de Oteyza –según el audio difundido–, “es un contratazo a madres”.
Hace unas semanas, se publicó otro audio, el primero del año; en él se escucha que el director de la empresa con sede en España, Juan Miguel Villar Mir, supuestamente se reunió en abril con el titular de Pemex, Emilio Lozoya, quien les pidió ir en conjunto con la española Técnicas Reunidas para una licitación no especificada.
Pemex lo negó, al igual que lo negó luego de una filtración en noviembre.
CONTRATOS CON PEMEX
De acuerdo con información del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), OHL Refinación ha ganado contratos de millones de dólares desde hace dos años; es decir apenas unos meses después de que comenzó la administración de Peña Nieto y la llegada de Lozoya a Pemex.
Tan sólo en nueve meses del año 2013, OHL recibió de Pemex Refinación 2 mil 398 millones 427 mil 277 pesos por tres contratos.
El primero y el más costoso, de mil 16 millones 881 mil 118 pesos, lo recibió en abril, cuatro meses después de que Emilio Lozoya tomara posesión de Petróleos Mexicanos. Este contrato, que fue para la construcción de un turbogenerador de gas en la refinería de Tamaulipas, lo celebró la Coordinación de Proyectos de Impacto Social y Alta Rentabilidad con un conglomerado de empresas, en las que figuran dos OHL Industrial junto con Senermex y Sener Ingeniería y Sistemas.
Tres meses después, en julio, la Gerencia de Proyectos Ambientales, también de Pemex Refinación, otorgó a OHL y otras cuatro empresas el proyecto de una planta generadora de hidrógeno y la terminación de un gasoducto en la refinería Cadereyta. El monto del contrato fue de 927 millones 676 mil 159 pesos.
Finalmente, en diciembre de ese mismo año se le otorgaron 453 millones 870 mil pesos para la construcción de una estación de rebombeo para un poliducto en Salamanca, Guadalajara.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-02-2016/1616760
Desde hace meses, Ciudad Juárez dejó de ser una plaza en disputa. Los grupos delincuenciales que ahí operan lograron un pacto según el cual es más provechoso actuar de mutuo acuerdo e introducir la droga a Estados Unidos sin importar a que cártel pertenezca. La única condición es que pague bien. Consultados al respecto, un agente de inteligencia de Estados Unidos y otro de México ilustran este singular caso de pragmatismo criminal que, según parece, beneficia a todos.
CIUDAD JUÁREZ/EL PASO: La plaza de Ciudad Juárez, Chihuahua, está tranquila. Desde hace meses los grupos criminales que la dominan hicieron un pacto y ahora trabajan para los cárteles que intentan pasar droga a Estados Unidos por esa zona fronteriza.
Un alto funcionario de una agencia federal estadunidense en El Paso, Texas, dice al corresponsal que en tierras juarenses grupos como La Línea –lo que queda del Cártel de Juárez– y otros narcotraficantes independientes lo mismo pasan droga al Cártel de Sinaloa que al del Golfo y las demás organizaciones que les paguen bien.
“Ya no hay pleito por la plaza”, sostiene el funcionario, quien aceptó la entrevista bajo la estricta condición de que no se revele su identidad ni la de la dependencia en la cual labora.
Y puntualiza: “Trabajan como en maquila, pues cobran una cuota por el pase de la droga y en ocasiones el derecho de piso. Pero entre los grupos criminales de Ciudad Juárez ya no hay disputa”.
En territorio mexicano, Proceso visitó a un agente de los servicios mexicanos de inteligencia para escuchar su versión sobre lo que ocurre hoy en la otrora ciudad mas violenta de México y del mundo.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2049, ya en circulación
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429193/en-juarez-todos-ganan-con-el-pragmatismo-criminal
CIUDAD DE MÉXICO: En los últimos 10 meses informes y visitas de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil desnudaron las enormes carencias mexicanas en materia de respeto a los derechos humanos, ejercicio de la libertad de prensa y combate a la corrupción, con lo cual, aunque periódicamente se celebran elecciones, que en general los observadores internacionales califican como democráticas, el país incumple con elementos indispensables para considerarlo de la misma manera.
El pasado miércoles 28 de enero se dieron a conocer los reportes de Transparencia Internacional (TI) en materia de percepción de corrupción, y de Freedom House (FH) en materia de libertades, libertad de prensa y libertad en internet. Todos reprueban a México.
De acuerdo con informe de TI, el país apenas alcanza una calificación de 35 puntos, en una escala de 0 a 100, donde 0 significa “altamente corrupto” y 100 “muy limpio”. Esto convirtió al país en el peor evaluado de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El comunicado de prensa enfatiza: “Los países en las primeras posiciones presentan características comunes que son clave: altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos, y un poder judicial que no distingue entre ricos y pobres y que es verdaderamente independiente de otros sectores del gobierno.”
Y, en contrapartida, al establecer las constantes en los países que ocupan las últimas posiciones, además de las guerras y conflictos, “se caracterizan por su gobernabilidad deficiente, instituciones públicas frágiles como la policía y el poder judicial, y falta de independencia en los medios de comunicación”.
Para corroborar las razones por las que México se encuentra entre estos últimos, el informe de FH ubica a México como un país “parcialmente libre” en general y en libertad en internet, pero “no libre” en relación con los medios de comunicación. Para respaldar esta calificación en materia de libertad de prensa se hace referencia al despido de Carmen Aristegui y todo su equipo de MVS Radio tras haber revelado la historia de la Casa Blanca de Las Lomas, propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera; y, desde luego, al frecuente asesinato de periodistas, especialmente aquellos que investigan temas policiacos, de tráfico de drogas y corrupción oficial.
Sin embargo, previamente habían sido la OEA y la ONU –organismos internacionales de los que México forma parte– y sus convenciones en materia de derechos humanos –que fueron firmadas por el Ejecutivo y avaladas por el Senado mexicanos– las que habían emitido informes alarmantes respecto a diversos temas vinculados con estos derechos fundamentales.
En marzo del año pasado, Juan Méndez, relator especial de la ONU contra la tortura, presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de dicha organización el informe de una visita que realizó al país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, y en su primer párrafo señaló: “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la presentación son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”.
Posteriormente, entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre del mismo 2015, durante la Trigésima Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el grupo de trabajo que revisó los avances en la implementación de las recomendaciones que dicha instancia hizo a México en 2011 en cuanto a desapariciones forzadas avaló la afirmación del Comité en la materia respecto a que “la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
También en octubre, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó lo impactante que resulta el hecho de que en un país no inmerso en un conflicto bélico hubiesen sido asesinadas 151 mil 233 personas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, y desaparecido al menos 26 mil desde 2007.
A su vez, Rose-Marie Belle Antoine, al dar a conocer el informe preliminar tras la visita del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció que estos problemas “son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas” (Proceso 2043).
Los politólogos identifican cinco dimensiones que cualquier democracia debe cumplir para ser considerada como tal: elección democrática de autoridades; sensibilidad y capacidad de respuesta de éstas a las demandas ciudadanas; vigencia del estado de derecho; mecanismos eficaces y eficientes de rendición de cuentas, y vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales.
Los informes citados en los párrafos precedentes evidencian que al menos las tres últimas no rigen en México. Los informes de la OEA y la ONU constatan la ausencia del estado de derecho al revelar un índice de impunidad de los casos criminales de 98% y la generalización de las prácticas de la tortura y la desaparición forzada por parte del mismo Estado mexicano.
Si a estos documentos se agrega el de FH, queda claro que tampoco se cumple con la vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales. Y el de TI revela la inexistencia de la rendición de cuentas en el país.
La mala evaluación del desempeño de los partidos políticos en general y la mala calificación de los gobernantes de las distintas instancias en todas las encuestas de opinión pública permiten suponer que tampoco se atienden las demandas ciudadanas. De acuerdo con una encuesta de septiembre de 2015 sobre la confianza en las instituciones realizada por Consulta Mitofsky, los partidos políticos son los peor evaluados, con una calificación de 4.9 puntos sobre 10. La encuesta de diciembre del año pasado de Reforma indica que el 58% de los encuestados desaprueban la actuación del presidente mexicano y únicamente 39% la aprueba; y de los 21 miembros de su gabinete ampliado únicamente aprobó, con apenas 6 puntos sobre 10, el secretario de Marina.
Así que, en el mejor de los casos, de las cinco dimensiones irreductibles de la democracia, en México únicamente se cumple con la elección democrática de las autoridades. Esta es la realidad de la tambaleante democracia mexicana.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429198/un-pais-reprobado-en-casi-todo
Solo existen antecedentes de dos casos otorgados en los tribunales a los que Gordillo solicitó el beneficio y fue a reos por enfermedades incurables y/o recursos limitados; internos acusados del mismo delito que la expresidenta del SNTE se les ha negado la prisión domiciliaria.
El beneficio de la prisión domiciliaria que la expresidenta magisterial Elba Esther Gordillo busca desde 2015 es un derecho que contempla la ley para los reos mayores de 70 años pero que en los hechos, pocos internos han recibido, de acuerdo con los datos que vía transparencia pudo obtener Animal Político.
Solicitudes de información enviadas a los 18 Juzgados Penales Federales del Primer Circuito con sede en el Distrito Federal (que es la misma jurisdicción donde Gordillo pidió el beneficio y de hecho es la zona más amplia de juzgados del país), arrojan que solo hay antecedente de dos casos en los que se falló a favor de la prisión domiciliaria.
Esos únicos dos casos fueron concedidos por los juzgados 1ro y 11vo de Distrito, y uno de ellos fue por orden de un tribunal superior luego de que inicialmente el juez lo negó.
Animal Político pidió conocer el registro de casos de prisión domiciliaria concedida, sin importar si fue por orden inicial del juez o por instrucción de un tribunal federal o de un amparo. La prisión domiciliaria puede ordenarse de oficio o por solicitud de la defensa.
En sus respuestas, algunos juzgados se limitaron a decir que no tienen registro de que se haya concedido ese beneficio en sus archivos históricos, mientas que otros como el 8vo y el 16 detallaron que han negado expresamente todos los requerimientos y proporcionaron las sentencias.
Una de esas sentencias fue para un reo con más de 70 años de edad acusado precisamente del mismo delito que Gordillo: defraudación fiscal. El juez le negó la solicitud de la prisión domiciliaria.
Cabe señalar que públicamente se ha conocido de algunos casos de prisión domiciliaria concedidos a internos, pero corresponden a juzgados federales en otros estados. Uno de esos casos fue el del ex narcotraficante Ernesto Fonseca quien ya estaba sentenciado y había cumplido más de tres décadas preso. El beneficio fue concedido por un juzgado en Jalisco.
En México, de acuerdo con un estudio del CIDE, existe más de tres mil 500 intentos solo del orden federal con una edad superior a los 51 años. En el Distrito Federal hay casi 800 internos presos mayores de 61 años, según otro análisis de la organización México Evalúa.
Inicialmente Animal Político pidió al Consejo de la Judicatura Federal que se proporcionara una estadística de sentencias que otorgaron la prisión domiciliaria en el país pero se indicó que esta no existe. Por ello se enviaron solicitudes de información vía transparencia a los distintos juzgados federales.
¿Qué dice la ley?
El artículo 55 del Código Penal Federal establece que las personas mayores de 70 años a las que se les ha cumplimentado una orden de aprehensión, tienen derecho a que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que se consideren pertinentes.
Pero el mismo artículo establece que se trata de un beneficio limitado a algunas condiciones y con excepciones que serán resueltas “a criterio del juez”.
“No gozarán de esta prerrogativa quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que revele su peligrosidad social, ni los inculpados por las conductas previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución” señala el Código Penal.
En el mismo artículo 55 se advierte que en el caso de los reos mayores de 70 años a los que ya se les haya dictado sentencia, estos podrán solicitar el beneficio de la prisión por cuestiones de senilidad o problemas de salud.
En todos los casos, las resoluciones de los jueces deben estar sustentadas en los dictámenes periciales que correspondan.
La realidad: socialmente peligrosos
De acuerdo con la información oficial proporcionada vía transparencia, la prisión domiciliara casi siempre ha sido negada en los 18 juzgados del Primer Circuito. Algunos de los jueces facilitaron a Animal Político copas de sentencias en donde rechazaron conceder el beneficio, entre ellas una de un interno acusado de defraudación fiscal, delito que también a Elba Esther Gordillo.
En esta sentencia dictada por Manuel Muñoz Bastida, titular del Juzgado Octavo de Distrito, se estableció que si bien el interno (cuyo nombre fue reservado) cumple la mayoría de edad y padece hipertensión arterial, el delito por el que se le acusa es considerado grave y pone en riesgo a la sociedad.
“A criterio de este juzgador, se considera que el encausado **********, manifestó una conducta que revela su peligrosidad social, precisamente, debido a la “seriedad en la ofensa a la sociedad” que provocó, sus funestas consecuencias en las finanzas públicas y la especialidad técnica que requiere la maquinación de los mismos, ya que junto con dos personas más, mediante uso de engaños, obtuvo un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal” indica la sentencia.
El juez insistió en que los delitos patrimoniales como el de defraudación fiscal recae en una de las excepciones que contempla el artículo 55 debido al perjuicio social que genera y por lo tanto resulta infundado el beneficio de la prisión domiciliaria.
En otro caso distinto, el Juzgado 16 de Distrito negó la prisión domiciliaria a un interno procesado por tráfico de cocaína. En su resolución número 22/2010 el juez señaló que la defensa proporcionó documentos y dictámenes referentes a que el procesado tenía más de 70 años y padecía de diabetes mellitus grado 2.
Sin embargo, el juez estableció que las constancias médicas revelan que la enfermedad del interno está controlada, mientras que su edad no evidencia deterioro de facultades mentales por lo que no se acredita la senilidad, ni otra circunstancia que disminuye el perfil de peligrosidad del reo Por ello el juez negó el beneficio.
Reos terminales, los dos beneficiados
De acuerdo con los datos proporcionados por los 18 juzgados federales del Primer Circuito, solo hay dos casos en donde este beneficio se ha concedido. Uno de ellos fue el otorgado en noviembre del 2014 por el Juzgado 11 de Distrito en favor de un reo de 72 años procesado por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y que estaba preso en el penal federal de Villaldama, Veracruz.
La sentencia proporcionada (con la reserva de todos los datos personales) asentada en el expediente 44/2014, revela que la defensa comprobó mediante los peritajes correspondientes que el reo padece entre otras cosas diabetes melliltus, hipertensión arterial sistemática y gota crónica (que le impide moverse libremente), enfermedades consideradas incurables.
La jueza señaló en su análisis que el riesgo de evasión del interno era mínima debido a su estado de salud y escasos recursos económicos. En cuanto a su peligrosidad social consideró que estando en su domicilio esta era francamente mínima dada la naturaleza del delito que se le imputó.
Por otra parte el Juzgado Primero de Distrito reportó que tiene antecedente de una sentencia favorable de prisión domiciliaria concedida luego de que un tribunal federal ordenó que se concediera, tras una primera resolución negativa. Los datos corresponden a un interno también por una enfermedad terminal, pero no se dio mayor detalle ni se proporcionó la sentencia.
Los anteriores son los únicos casos en donde se ha concedido el beneficio según la información oficial proporcionada por los juzgados.
El caso Gordillo
La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013. Inicialmente la PGR la acusó de lavado de dinero por utilizar recursos sindicales para beneficio propio, aunque su defensa ha combatido vía amparo ese cargo.
El 7 de octubre del año pasado un juez federal ordenó un nuevo proceso en contra de Gordillo por el delito de defraudación fiscal por un monto de casi tres millones de pesos.
En ese contexto la defensa de la expresidenta magisterial inició desde el 2015 una batalla legal para obtener el beneficio de la prisión domiciliara. El 23 de agosto el Juzgado Sexto de Distrito le negó el beneficio bajo el argumento de que la defensa no garantizó que no pudiera escapar, pues se trata de una persona con altos recursos para ello.
Marco Antonio del Toro, abogado de Gordillo apeló la decisión pero dos meses después un tribunal unitario confirmó la negativa, con el argumento añadido de que Gordillo no tenía 70 años, sino 68, cuando fue detenida.
Tras esa decisión la defensa de Gordillo interpuso una demanda de amparo con el objetivo de que se ordene al juez original dejar sin efecto la negativa de la prisión y ordenar lo contrario. El pasado 5 de febrero se realizaría la audiencia para definir el caso pero la misma fue diferida.
Actualmente, Gordillo se encuentra internada en un hospital privado debido a su estado de salud pero de no recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, tiene que regresar a la cárcel.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/elba-esther-gordillo-busca-la-prision-domiciliaria-que-casi-nadie-ha-recibido/
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y los particulares que compraron terrenos deberán tramitar nuevos permisos si quieren concretar el proyecto inmobiliario. En tribunales, la obra tiene una suspensión definitiva y cuatro provisionales por resolverse.
Este lunes 8 de enero vencen los permisos en materia de impacto ambiental y para el cambio de uso de suelo forestal en el manglar Tajamar, otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) desde 2005, los cuales permitían la construcción de departamentos y tiendas comerciales en 58 hectáreas del terreno.
Con este vencimiento, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y los particulares que compraron terrenos deberán tramitar nuevos permisos si es que quieren concretar el proyecto inmobiliario. Aunque el caso también se encuentra en tribunales con cuatro suspensiones provisionales y una definitiva que continuará con un juicio de amparo para impedir la construcción.
Araceli Domínguez, integrante del movimiento Salvemos al Manglar Tajamar, asegura que la conclusión de estos permisos es crucial, es por eso que el Fonatur se apresuró a entrar al terreno el mes pasado. Con el vencimiento, “ya no tienen autorización para seguir construyendo”, dice en entrevista con Animal Político.
El Fonatur dividió el terreno –ubicado frente a la laguna de Nichupté de Cancún Quintana Roo– en 44 lotes que vendió a 22 particulares, pero debía cumplir con una exigencia estipulada en los permisos: el traslado de la flora y fauna del manglar y el desmonte del terreno para así iniciar el proyecto inmobiliario.
Sin embargo, el 16 y 17 de enero pasado, entró maquinaria pesada que arrasó con 90% del manglar donde aún se encontraban animales vivos, según denunciaron activistas del movimiento Salvemos al Manglar Tajamar.
La lucha por la conservación del manglar Tajamar o lograr la conclusión del proyecto inmobiliario aún tiene batallas pendientes. A continuación te presentamos los cinco puntos para entender el proceso:
1.Vencimiento de permisos. En enero pasado, la SEMARNAT explicó que John McCarthy, ex titular de Fonatur, consiguió que la administración de José Luis Luege Tamargo, ex titular de la dependencia, otorgara el permiso de impacto ambiental para las obras de urbanización en la zona entre 2005 y 2006. En 2009 se amplió el plazo del permiso hasta el 8 de febrero de 2016.
Entre 2005 y 2006 la SEMARNAT también otorgó el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y en 2001 amplió el plazo para el 8 de febrero de 2016. Por eso es que el Fonatur pudo realizar las obras de desmonte y chapeo en el malecón Tajamar eran legales.
2. ¿Y los empresarios? De acuerdo con Francisco Córdova Lira, uno de los 22 empresarios que compró terrenos en Tajamar, una vez que los permisos venzan, cada uno de los dueños deberá tramitar la autorización ambiental y de uso de suelo ante la SEMARNAT nuevamente. En los últimos días, Fonatur ha suspendido la comunicación con los empresarios y no les han planteado las posibles soluciones ante cualquier decisión judicial sobre el caso.
Si el juez da la razón a los ambientalistas, el Fonatur deberá regresar el dinero por la venta a los inversionistas y si favorece a los ambientalistas, se suspenderá un proyecto económico que beneficiaría a la población. Cualquiera de las decisiones, “nos afecta a todos”, dice Córdova a Animal Político.
3. Otro emplazamiento vencido. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio como plazo al Fonatur hasta el 8 de febrero para cumplir con el Programa de Rescate de Vegetación y Traslado de Fauna de Tajamar. También deberá presentar, antes del 15 de febrero, un Plan de Acción para el retiro de los restos de la vegetación que quedó tras los trabajos de desmonte, para evitar el riesgo de incendios que pueden representar la presencia de combustibles naturales durante la próxima temporada de calor.
De acuerdo con Araceli Domínguez, presidenta del grupo ecologista Mayab, el Fonatur está impedido legalmente, toda vez que las provisionales y definitiva le impiden entrar nuevamente al terreno, por eso es que los activistas realizan guardias en la zona. Además, se trata de una estrategia para “lavarse las manos”, porque la Profepa debió vigilar el resguardo de las especies antes de la devastación, no después.
En tanto, el Fonatur denunció que un grupo de personas impidió el rescate de la flora y fauna del manglar, este viernes 5 de febrero.
4. Amparo de suspensión definitiva. El miércoles 3 de febrero, el Juzgado Segundo de Distrito otorgó la suspensión definitiva de las obras de desmonte, relleno y construcción en el manglar Tajamar. Sin embargo, el proceso podría seguir con un juicio de amparo ante un Tribunal Colegiado que podría dar la razón al Fonatur o a los activistas que apelan al derecho a un medio ambiente sano.
5. Cuatro demandas pendientes… y las que se sumen. Hasta el momento, existen cuatro demandas más que han logrado suspensiones provisionales en contra el proyecto. Una de ellas es la interpuesta por 113 niños y por la que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito fijó una fianza por 11 millones de pesos para otorgar la suspensión definitiva.
Araceli Domínguez informó que Salvemos al Manglar Tajamar está haciendo un llamado a la sociedad para interponer demandas. Hasta el momento, dice, llevan 14 y prevé que se sumen más.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/otro-punto-a-favor-de-tajamar-vence-el-permiso-de-fonatur-para-construir/
CIUDAD DE MÉXICO: Los órganos autónomos de carácter federal creados en México con aprobación del Congreso de la Unión representan organizaciones del Estado mexicano responsables de materias especializadas, por lo que requieren de autonomía para cumplir con su misión. Los principales órganos autónomos existentes en la actualidad a nivel federal son los siguientes:
• Auditoría Superior de la Federación (ASF).
• Banco de México (Banxico).
• Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
• Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
• Instituto Nacional Electoral (INE).
• Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
• Tribunales Agrarios (TA).
• Universidades Públicas (UNAM y UAM).
La euforia por las autonomías y el abuso que se ha hecho de ellas representan un serio peligro para la estructura y estabilidad del Estado mexicano, el cual se constituye de tres grandes poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La creación de tantos órganos autónomos ha dado la pauta para pensar en la existencia de un nuevo poder, grande y todopoderoso, constituido por los mismos.
Si seguimos por ese camino está en riesgo el funcionamiento y equilibrio del Estado mexicano, pues significaría quitarle a éste responsabilidades sustantivas y debilitar la estabilidad y el equilibrio de los tres Poderes de la Unión.
Si desmembramos la estructura originalmente creada para la formación del Estado, ésta podría ser afectada por un conglomerado de órganos autónomos especializados, agrupados en una nueva forma de organización política, lo que crearía una enorme confusión en la concepción de aquél, en su organización, en sus límites de acción y en sus pesos y contrapesos.
Ante esta situación surge un gran cuestionamiento: ¿Los órganos autónomos han cumplido razonablemente con los objetivos para los que fueron creados? La respuesta no es simple, es compleja, ya que la evaluación de su desempeño debe ser individual e independiente.
Los órganos en cuestión deben evitar, o erradicar si ya existen, las malas prácticas que desvirtúan la razón de su creación y ponen en entredicho su permanencia. A continuación se señalan de forma enunciativa, pero no limitativa, una serie de malas prácticas, a saber:
Malas prácticas
1.- Dictaduras personales en lugar de democracia y liderazgo.
2.- Elaborar códigos de ética profesional laxos y permisivos.
3.- Favorecer a políticos, partidos y empresarios poderosos por el simple hecho de serlo.
4.- Ocultar, modificar y manipular los resultados derivados de la actividad institucional a cambio de un conveniente intercambio de complacencias.
5.- Acordar indebidamente apoyos con partidos políticos, legisladores y servidores públicos para ser elegidos o reelegidos, a cambio de generar acciones laxas que los beneficien.
6.- Colusión con otras personas para cometer delitos que afecten el patrimonio institucional.
7.- Negociar los resultados derivados de las actuaciones institucionales autónomas por favores, prebendas y dinero.
8.- Aprovechar el prestigio institucional para favorecer negocios y concesiones irregulares de carácter profesional y personal.
9.- Hacer negocios indebidos con recursos públicos de la institución con el fin de beneficiar a políticos, partidos, servidores públicos, empresarios, familiares, amigos y cómplices.
10.- Realizar construcciones de obra pública innecesarias, buscando el prestigio personal y el beneficio económico.
11.- Vender la eliminación de observaciones y de resultados negativos resultantes de las revisiones de las materias especializadas.
12.- Obtener por medios ilícitos la firma de dictámenes, evaluaciones e informes favorables de los revisores.
13.- Nombrar a los contralores internos y a los auditores externos por amiguismo, recomendación, influencia o componenda.
14.- Adquirir bienes y pagar servicios personales propios con recursos públicos de las instituciones.
15.- Despedir al personal que no acepta cometer actos indebidos y ser cómplice de delitos.
16.- Convertir las oficinas en fortalezas inexpugnables que reflejan inseguridad personal y temor a la interrelación con las personas de la organización y de la población en general.
17.- Invertir en blindajes innecesarios de oficinas y vehículos para mandos superiores y familiares.
18.- Contratar seguridad personal y familiar injustificada pagada con recursos públicos.
19.- Utilizar a la institución como agencia de colocaciones o bolsa de trabajo para dar empleo a amigos, familiares y recomendados.
20.- Relaciones sentimentales personales que se incorporan o forman parte de la organización y que son favorecidas con cargos, niveles, viajes y prestaciones económicas injustificadas, que violentan las normas y crean un flagrante conflicto de intereses.
¿Cuáles y cuántos órganos autónomos pueden sostener que no tienen alguna o algunas de las malas prácticas señaladas? Creo que muy pocos o ninguno. Una evaluación realizada con independencia, con rigor y con la metodología pertinente arrojaría luz sobre la realidad de sus comportamientos.
El cumplimiento de los objetivos de creación de los órganos autónomos no debe depender de concesiones graciosas ni de voluntades discrecionales de sus miembros, sino de mecanismos de evaluación permanentes que vigilen su desempeño y su rendición de cuentas. Para ello, se requiere que el Poder Legislativo apruebe políticas públicas en materia de vigilancia y evaluación del cumplimiento y desempeño de las instituciones autónomas. El caso de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados es un buen ejemplo de mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas de un órgano autónomo, que podría ser replicado para la vigilancia de todas las instituciones autónomas.
Todos los órganos autónomos y sus miembros deben entender que no son una casta divina apartada o ajena al sistema político mexicano, alejados de las prioridades del Estado y de las necesidades de la población. Deben tener siempre presente que su camino, comportamiento, actuación y desempeño tendrán que estar regidos por las políticas y los principios siguientes: la rendición de cuentas será pública, porque públicos son los recursos que se manejan y pertenecen a todos los mexicanos; la transparencia y la rendición de cuentas no son concesiones graciosas de los gobernantes, sino una responsabilidad ética y moral que nadie puede eludir; no deben trabajar por consigna, con menú a la carta, para favorecer o afectar intereses personales o de grupo; y por último, habrán de aceptar que el país es de todos y no patrimonio particular de nadie.
El único compromiso de los órganos autónomos debe ser con México y con la verdad, porque México lo exige, porque México lo necesita y porque México se lo merece.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429268/organos-autonomos-malas-practicas
