HERMOSILLO, Son: Las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los 23 integrantes del gabinete del gobierno de Sonora -que rindieron protesta apenas en septiembre del año pasado- revelaron que algunos cuentan con una riqueza mayor a la reportada por el presidente estadunidense, Barack Obama, y el mexicano, Enrique Peña Nieto.
El cirujano Gilberto Ungson, secretario de Salud en la actual administración estatal priista, declaró a la plataforma 3 de 3, que promueve Transparencia Mexicana, tener una fortuna de 51.8 millones de pesos, unos 6.6 millones más que el presidente de la República, quien declaró el 19 de noviembre de 2014 un patrimonio de 45.2 millones de pesos, tras el escándalo de la “Casa Blanca”.
El también llamado “pionero de la cirugía laparoscópica sonorense” posee el triple de la riqueza del presidente Barack Obama, quien en su última declaración patrimonial del 15 de mayo de 2013 reportó 1.4 millones de dólares, que al tipo de cambio de esa fecha, de 12 pesos con 22 centavos, sus bienes e ingresos ascendían a 17 millones de pesos, a la paridad peso-dólar de febrero de 2016 su patrimonio sería de 26.6 millones.
No sólo eso, el potentado doctor sonorense adquirió en 2008 una mansión de 28 millones de pesos, alrededor de 1.4 millones de dólares, mientras que la vivienda en Chicago, Illinois, de Obama tiene un valor de un millón de dólares, con todo y que percibe un salario anual de 400 mil dólares.
Con más dinero que dirigentes partidistas
En total cinco de los servidores estatales más acaudalados cuentan con una chequera mayor a la de Obama. Esos mismos poseen más bienes e ingresos que el también sonorense y dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien ostenta 21.8 millones de pesos.
Siete de estos nuevos funcionarios –incluyendo la gobernadora Claudia Pavlovich, con 11.8 millones- amasan más fortuna que Agustín Basave, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), poseedor de 11.6 millones en bienes e ingresos.
En este mismo comparativo cabe el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien manifestó tener 7.3 millones e inversiones incuantificables; no obstante, diez de los actuales secretarios estatales superan esta suma.
Dinero a raudales
Los integrantes del gabinete de la gubernatura de Pavlovich declararon bienes e ingresos por 241.2 millones de pesos que en conjunto promedian una fortuna per cápita de 10.4 millones.
Sonora se convirtió en el cuarto estado en la República que atiende la iniciativa ciudadana 3 de 3 de Transparencia Mexicana, después de Baja California, Nuevo León, y Querétaro.
La gobernadora Claudia Pavlovich se dijo orgullosa de lograr la declaración 3 de 3 en sus allegados porque los sonorenses podrán consultar en cualquier momento cuánto posee cada funcionario: “No se puede juzgar a los demás si no empieza uno juzgándose a uno mismo, no se puede ver la paja en el ojo ajeno si nosotros no aprendemos a hacer lo que nos corresponde, les prometí claridad, les prometí transparencia y lo estoy cumpliendo desde mi Gobierno”.
El referido secretario Ungson, líder de cirujanos en el hospital privado CIMA, declaró ingresos netos por 1.4 millones, también tiene a su nombre un edificio de 8 millones; otra vivienda de 4.2 millones solicitada a crédito el año anterior; un departamento de 3 millones en la Ciudad de México y un terreno de 738 metros cuadrados tasado en 1.2 millones.
Conduce un Mercedes Benz modelo 2013con un valor de mercado de un millón de pesos; tiene mueblería en sus múltiples viviendas de 3 millones y joyas por 2 millones. Además de un crédito hipotecario de 3.8 millones adquirido el año pasado con Scotiabank. Desde 1991 es uno de los cirujanos más destacados de la entidad y nunca ha ocupado un espacio público.
El segundo en la lista lo ocupa el director de Isssteson, Enrique Claussen, quien acumula bienes por 36 .7 millones, luego de ganar 2 millones en 2015, poseer cinco casas – dos en Arizona y tres en Sonora- con precio de 15.7 millones, dos locales de 761 mil 975 pesos, y un terreno de 122 mil 821 pesos.
Además una embarcación Sea Ray de 576 mil pesos, un auto Enclave 2012 de 600 mil pesos, y un High Lander de 446 mil pesos. Mantiene un crédito bancario de 2.1 millones y dijo no tener conflicto de interés alguno.
Claussen tiene una trayectoria de al menos 20 años en el servicio público, su nombre cobró fama en marzo del año pasado, justo en el lapso intermedio cuando fungía como exdelegado sonorense del Instituto Nacional de Migración (INM) y hacía las veces de operador político en la campaña de Pavlovich, debido a que era el destinatario final de las “maletas llenas de dinero” prometidas por el destituido secretario del ayuntamiento de Nogales, Gerardo Rubio.
El tercer puesto es para Jorge Vidal Ahumada, actual secretario de Economía, quien aglutina valores superiores a los 31.4 millones derivados de sus ingresos anuales de 2.5 millones como exdelegado sonorense de Banobras.
Tiene un departamento de 10 millones de pesos en San Diego, California; en la entidad cuenta con una casa de 8 millones de pesos adquirida en 2005; un edificio de 4 millones; otra vivienda de 2.1 millones; y tres predios de un área superior a los 2 mil 925 metros cuadrados (m2) con un costo estimado de 1.8 millones. Cada una de las propiedades las pago al contado.
Además tiene tres vehículos, un Audi 2010, de 770 mil pesos; un Jeep 2014, de 315 mil pesos y un Bombardier 2007 de 100 mil pesos; así como un yate Sea Ray, modelo 2001 ,con costo de 1.9 millones.
Debe a Banobras en préstamos laborales más de 1.6 millones de pesos, pese a que ya no trabaja en esta dependencia; además enfrenta un crédito bancario de un 1.1 millones con American Express.
Presentaría un posible conflicto de interés con Grease Monkey, Franquicias Baja California, Fraccionamiento Monterreal, por ser accionista e inversor; y aclaró que su cónyuge dirige TV Azteca Sonora y TV Azteca Nogales, filiales de la televisora de la Ajusco.
En el siguiente peldaño se encuentra el secretario de Gobierno, Miguel Pompa. Su fortuna asciende a 25.3 millones, según el reporte de Transparencia Mexicana AC.
Sólo en 2014, reportó ingresos por 907 mil 128 pesos. Posee dos predios de 3 mil 558 hectáreas con un valor de 20.5 millones, mueblería de 457 mil 789 pesos, joyas de 505 mil pesos, y “otros bienes” por 3 millones. Aseguró no tener conflictos de interés con empresa alguna.
Pompa fungió como director del Sistema DIF Nogales de 2003 a 2006; fue diputado federal por el II Distrito sonorense en el periodo de 2009 a 2012 y los tres años siguientes secretario particular de Pavlovich.
En la quinta posición se encuentra el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ricardo Martínez, con 19.2 millones de pesos.
Percibe anualmente 985 mil pesos, tiene seis casas –dos en Tucson, Arizona; dos en Hermosillo, una en Navojoa y otra de descanso en Huatabampo- con valor total de 6.5 millones de pesos, 9.9 millones en seis departamentos, cuatro terrenos con valor 2.4 millones, y un pick up Chevrolet de 180 mil pesos.
Admitió tener un conflicto de interés con las empresas XXI Construcciones SA de CV; Concretos y Derivados JJR S.A. DE C.V; y Aloe Eco Park, SAPI de CV; por ser accionista e inversor. No se tiene registros de este secretario en la función pública.
Le sigue la gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, quien en el 15 de mayo de 2012 declaró bienes e ingresos superiores a los 11.8 millones de pesos.
En aquella ocasión destacó ingresos anuales superiores a los 4.1 millones de pesos, entre salario total devengado como Senadora de la República y arrendamientos.
Además entregó un detalle pormenorizado de una propiedad con una extensión de 11 mil 92 metros cuadrados, localizada en Magdalena, Sonora, con un valor de 3.8 millones de pesos.
Dijo tener un local comercial también en Magdalena, con una extensión de 6 mil 979 metros cuadrados de superficie, de los cuales, en mil 398 están edificados construcción y sólo tiene un valor comercial de 38 mil 750 pesos.
Declaró muebles preciados en 1.7 millones de pesos, joyas con un costo de 1.3 millones, obras de arte con valor de 400 mil pesos y un jeep 2012, de 495 mil 900 pesos.
El círculo de los millonarios de doble dígito lo cierra el secretario de Desarrollo Social, Rogelio Díaz Brown, con 11.4 en bienes e ingresos.
En 2014 obtuvo ingresos superiores a los 1.4 millones, es propietario de un hogar de 2.5 millones y de dos terrenos de un área de 5 hectáreas valuados en 7.6 millones, un auto Toyota Sequoia de 730 mil pesos y muebles en casa preciados en 256 mil pesos.
Afirmó que no tiene conflicto de interés alguno, y detalló que paga un crédito hipotecario de 1.2 millones.
Más millonarios públicos
El secretario de Seguridad Pública, Adolfo García, cuenta con 9.2 millones en bienes e ingresos el año anterior Percibió ingresó por 2 millones, tiene una casa de 1.8 millones, dos locales que en conjunto valen 250 mil pesos, un terreno de 10 mil metros cuadrados tasado en 2.2 millones, un bote pesquero de 2.9 millones, cuatro carros –Biuck 2015, Mazda 2014, Toyota 2009, y Nissan 2008- de 1.5 millones, además de muebles valuados en 500 mil pesos.
Declaró posible conflicto de interés por ser socio de Justilex Abogados Consultores S.C., y adeuda un millón en créditos bancarios.
Las riquezas del secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela, alcanzan los 7.3 millones. Posee cuatro propiedades, una vivienda adquirida en 2004 a crédito en Guaymas con un valor de 2 millones; un departamento en Tucson, Arizona, de 2.8 millones; y dos terrenos en Hermosillo, de una extensión de 683 metros cuadrados valuados en 2.5 millones.
Asimismo cuenta con un Ford 2011 con un valor de mercado de 200 mil pesos. No declaró ingresos ante el fisco en 2014, y dijo tener nulos conflictos de interés.
Raúl Navarro, secretario de Hacienda, manifestó tener 6 millones en bienes e ingresos. Sólo el año pasado generó 1.2 millones en ganancias; es propietario de dos predios en Cajeme de una extensión 33.3 hectáreas valuados en 1.9 millones; una vivienda en Hermosillo de 600 mil pesos y un departamento de 1.2 millones.
También tres autos, dos marca Toyota, modelos 2010 y 2011, líneas Sequoia y Camry, con valor de un millón de pesos y un Jeep 2012 con precio de mercado de 190 mil pesos.
Declaró un posible conflicto de interés con los establecimientos: Central de Abastos Obregón SA de CV; Inmobiliaria Central de Abastos Obregón SA de CV; Servicios Abastos de Obregón SA de CV; y Servicios Administrativos Asistenciales S.C.
El hasta ahora desconocido, consejero Jurídico estatal, Erik Jaimes, quien ostenta 5.3 millones en sus cuentas particulares.
En 2015 sus percepciones anuales se elevaron a 1.9 millones, es dueño de dos casas en Ecatepec, Estado de México, con precio de mercado de 1.5 millones y un departamento en la Ciudad de México con un costo de 1.4 millones, un coche GM 2013 de 417 mil pesos y un Jeep 1987 de 87 mil pesos.
Se encontraría en supuesto conflicto de interés con Simje Consultores por ser el socio fundador. Tiene un adeudo de 16 mil pesos a acreedores bancarios.
Los últimos de la fila
Julio César Corona, secretario de Agricultura estatal, sumó 4.8 millones en la dinámica 3 de 3 que promueve Transparencia Mexicana AC.
Ingresó el año pasado a sus cuentas bancarias 1.2 millones, reportó una casa de 1.2 millones, cuatro terrenos de 1.7 millones, muebles por 500 mil pesos y un pozo de agua sin valuar, por ser un activo intangible.
Tendría conflicto de interés por su participación remunerada en la empresa Corocis SPR de RL.
Ernesto De Lucas, secretario de Educación, amasa en fortuna 3.9 millones. Tiene una deuda bancaria de 858 mil 585 pesos y presentó ingresos anuales de 1.8 millones, una vivienda de 1.7 millones, conduce un Nissan Juke 2014 de 329 mil 300 pesos.
El titular de la Comisión Estatal del Agua, Sergio Ávila, posee 3.9 millones en propiedades y ganancias. Generó 1.4 millones el año pasado, tiene dos cosas que en total cuestan 1.5 millones, dos terrenos de 141 mil pesos, cuenta con un auto Nissan 2012 de 116 mil pesos y muebles valuados en 772 mil pesos.
Manifestó tener un posible conflicto de interés con las empresas Servicios Ávila Noroeste SA de CV; TF Ingeniería SA de CV; Desarrollos Ávila SA de CV; y Arco Desarrollos SA de CV. Y adeuda en créditos bancarios 1.1 millones.
Al final de la contabilidad de bienes se encuentran Natalia Rivera, quien es jefa de la Oficina de la Gubernatura, con 2.5 millones, tuvo ingresos anuales por 699 mil 414 pesos, es dueña de dos casas con un valor 1.4 millones de pesos, una motocicleta Honda 2015 de 61 mil pesos, mueblería de 400 mil pesos y “otros bienes” por 26 mil.
Odracir Espinoza, el fiscal Anticorrupción, 2.1 millones, debe un millón de pesos en créditos bancarios, ingresó a su cuenta personal 387 mil pesos en 2014, tiene una casa de 956 mil pesos, un terreno de 285 mil pesos, dos autos de 457 mil 900 pesos y muebles que alcanzan los 50 mil pesos.
Jorge Durán, secretario técnico del Ejecutivo, reportó 1.9 millones, tuvo percepciones de 700 mil pesos durante el pasado ejercicio fiscal, cuenta con una casa de un millón de pesos, un coche Ford 2005 de 249 mil pesos.
Una fortuna similar tiene Manuel Puebla, secretario particular del Ejecutivo, que amasa 1.9 millones en bienes e ingresos. Ganó 1.2 millones de pesos en 2015, según reportes del fisco. No tiene inmuebles a su nombre, posee un Jeep Liberty 2008 de 265 mil pesos, muebles en casa con valor a 350 mil y joyas heredadas por 120 mil pesos.
Presentó nulo conflicto de interés y un adeudo bancario de 283 mil 617 pesos.
Elda Molina, coordinadora de Comunicación Social, tiene 1.7 millones. Se declaró en supuesto conflicto de interés con la empresa Dosmo Soluciones SA de CV, por ser accionista al 50% en esta negociación.
El año pasado percibió 362 mil 122 pesos, no cuenta con alguna propiedad a su nombre, a excepción de un Honda 2015 con valor de 350 mil pesos; tiene joyas de 300 mil pesos, muebles valuados en 400 mil pesos y obras de artes cuantificadas en 300 mil pesos.
Rodolfo Montes de Oca, procurador estatal, dijo tener 1.4 millones en fortuna. Se encontraría en conflicto de interés con las empresas Montes de Oca Bufete Legal SC; Unión de Crédito de la Industria de la Construcción de Sonora SA de CV; y Conicol, SA de CV.
A la fecha presenta una deuda bancaria de 88 mil 700 pesos. Sus percepciones en 2014 ascendieron a 1.2 millones, posee una vivienda de 320 mil pesos, tiene un automóvil Jeep Patriot 2010 de 262 mil pesos.
La oficial mayor, Elia Sallard, declaró 922 mil 485 pesos en bienes e ingresos. Justo el año pasado reportó al fisco 397 mil 498 pesos de ganancias. Debe 72 mil pesos en préstamos bancarios. Tiene una vivienda de 487 mil 245 pesos, un auto Mazda 2013 de 320 mil pesos; y mueblería por 452 mil 500 pesos.
Las declaraciones 3 de 3 del contralor Miguel Ángel Murillo no son claras pues sólo reportó 498 mil 900 pesos en riquezas. El exnotario público en el ejercicio fiscal de 2015 no reportó ingreso alguno y su cónyuge obtuvo 560 mil 748 pesos.
Entre sus bienes manifestó la posesión de una casa de 300 metros cuadrados de extensión y 220 metros de construcción con un supuesto valor de 500 pesos; otro hogar de 473 m2, con 350 m2 de construcción, con un extraño valor de mil 400 pesos y un terreno valuado en 50 mil pesos.
Entre sus posesiones se encuentra un Volkswagen Passat 2002 de 25 mil pesos y un Mercury 2008 de 322 mil pesos; y joyas por 100 mil pesos
Manifestó un posible conflicto de interés en caso que intervenga en un asunto de Estado la Notaría Pública 4 porque hasta el pasado 13 de 2015 estaba al frente de esta oficina y ahora la representa su hijo.
La última del gabinete es Karina Zárate, directora del Sistema DIF Sonora, quien tiene 453 mil 658 pesos. Ingresó anuales el año pasado 283 mil 900 pesos, por asesoría técnica al Senado de la República. Posee un auto modelo 2005 de 134 mil 758 pesos, y joyas por 2 mil 500 dólares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429518/colaboradores-de-pavlovich-mas-ricos-que-obama-y-pena-nieto
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó la muerte en Quintana Roo de 124 ejemplares de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) provenientes del estado de Sinaloa, por fallas en el traslado.
“Personal de la Delegación Federal de PROFEPA en Quintana Roo llevó a cabo visita de inspección a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) denominada ‘Cocodrilia’, donde constató la descarga de los 350 reptiles provenientes de Culiacán, de los cuales 124 fallecieron por irregularidades en el manejo y traslado de los mismos”, detalla en un comunicado.
Por lo anterior, la dependencia sancionará a la empresa Cocodrilos Exóticos de Quintana Roo SPR de RL de CV, ubicada en Chetumal.
Añade que los inspectores verificaron el arribo de tan solo 226 ejemplares vivos, por lo que se indagará sobre las deficiencias en el manejo y traslado de los cocodrilos, la cual será sancionada con una multa que va de entre los 50 a 50,000 días de salario mínimo, por el daño ocasionado a los ejemplares de vida silvestre, al no haber garantizado el trato digno y respetuoso que refiere la Ley General de Vida Silvestre.
Explica que en el estado de Guanajuato se tuvo conocimiento que un tracto camión con 225 cocodrilos fue observado en la ciudad de León, donde fue sujeto de revisión por parte de elementos de la Policía Federal, quienes al no encontrar irregularidades sobre el traslado de los reptiles permitieron que se continuara con el trayecto y fue así como la delegación de la Profepa en Guanajuato recabó información del traslado, lo que permitió saber que el destino en Chetumal, Quintana Roo.
“Un total de 4 mil 956 cocodrilos de pantano o moreletii fueron adquiridos por la UMA Cocodrilia a la unidad de manejo Cocodrilos Mexicanos de Culiacán, Sinaloa”… “La empresa cumplió con los requisitos de ley para llevar a cabo el aprovechamiento y traslado de los cocodrilos; sin embargo incumplió con las medidas necesarias para evitar el hacinamiento, estrés, trato digno y respetuoso que llevó a la muerte a 124 ejemplares, por lo que será sancionado por esta autoridad federal”. menciona.
Asimismo, dice que las indagaciones de la Profepa en Guanajuato no comprobaron que se hayan descargado pieles en alguna empresa de calzado ubicada en el municipio de León y que la información proporcionada por el chofer del tracto camión que transportaba los cocodrilos, es que se desviaron hacia el centro de León para disponer de dinero en efectivo en un cajero automático.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429533/mueren-124-cocodrilos-por-hacinamiento-en-su-traslado
CIUDAD DE MÉXICO: El año pasado, de acuerdo con números oficiales, en Veracruz se registraban 40 asesinatos violentos al mes (más de uno diario), además se tenían registrados hasta entonces mil 266 desaparecidos y 14 periodistas muertos.
En el arranque de este año la situación de violencia parece que no cambiará, en Tierra Blanca a plena luz del día y con toda impunidad la policía estatal se llevó a cinco jóvenes y se los entregó al crimen organizado, y apenas hace unos días se llevaron a la reportera Anabel Flores que apareció ejecutada.
La entidad se ha convertido en la más peligrosa para el ejercicio periodístico a escala nacional con más de 40 atentados a los medios del 2014 a la fecha. Lo que representaría en el plano internacional el lugar de mayor riesgo para cualquier periodista.
Esto es reflejo de lo que los veracruzanos viven cotidianamente desde hace unos años, pero sobre todo desde que inició el gobierno de Javier Duarte el cual ha estado plagado de escándalos.
Como ejemplo habría que recordar que a principios de 2012, cuando apenas empezaban las campañas presidenciales de los candidatos, un avión del gobierno de Veracruz fue descubierto con 25 millones de pesos en efectivo en el aeropuerto de Toluca, Estado de México.
La PGR los decomisó y se iniciaron las investigaciones pues se sospechó que eran para la campaña del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.
El secretario estatal de Finanzas, Tomás Ruiz González, exigió la devolución del dinero con el argumento de que era el pago de servicios de las fiestas de La Candelaria, el Carnaval y la Cumbre Tajín. Las investigaciones no fueron lo suficientemente profundas para corroborar la acusación de los partidos PAN y PRD, y el dinero tuvo que ser regresado a las arcas del gobierno de Javier Duarte.
A partir de entonces Duarte recibió el apoyo de Peña Nieto a pesar de que cada día que pasaba Veracruz se hundía en la violencia, los asesinatos, ejecuciones, desapariciones forzadas, robos, corrupción, impunidad, injusticia y represión a cualquier intento de protesta social.
La permanencia de Duarte no se puede entender sino es con la protección y ayuda del gobierno federal.
Las pifias del gobernador al desdeñar la gravedad de la situación en el estado, sus arranques de cólera en contra de los movimientos sociales, su indiferencia ante las demandas de los familiares de desaparecidos y la manera en que minimiza la ausencia de la justicia en el estado de ninguna manera soportan que termine su gobierno este año.
Duarte no gobierna en 30 de los 112 municipios que integran la entidad porque en esta tercera parte del territorio veracruzano el que manda es alguno de los grupos del crimen organizado que tiene bajo su poder a presidentes municipales y policías que están a su servicio.
El gobernador del PRI dejará a la entidad con una deuda de tres mil 500 millones de pesos. Pero más allá de este dinero, Duarte dejará una herencia de violencia y muerte en Veracruz que difícilmente podrá controlar el próximo gobernante.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429517/violencia-y-muerte-herencia-de-duarte
Periodistas del estado exigieron en una carta detener "la pesadilla" de agresiones en contra de la libertad de expresión y que se haga justicia respecto al asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar.
Periodistas de Veracruz pidieron en una carta que se deje de criminalizar a sus compañeros de gremio que han sido asesinados, como el caso de la reportera Anabel Flores Salazar, de El Sol de Orizaba, cuyo cuerpo fue hallado el martes pasado en el estado de Puebla.
“Criminalizar a los compañeros asesinados es una estrategia realmente cobarde por parte de quienes están obligados en investigar y no en fabricar pruebas en contra de quienes no pueden rebatir las calumnias de este mal gobierno”, indicaron los reporteros en la carta, difundida en medios estatales.
En un comunicado, el 8 de febrero de pasado, la Fiscalía de Veracruz indicó que seguía diferentes líneas de investigación sobre la desaparición de la reportera Flores Salazar.
Entre ellas, una sobre “sus probables vínculos” con Víctor Osorio Santacruz, el Pantera, detenido por elementos del Ejército, como presunto integrante de un grupo del crimen organizado.
La carta de los reporteros incluye una serie de cuestionamientos respecto a lo ocurrido a Flores Salazar: “¿Cómo se puede entrar a una casa sin que las autoridades de vigilancia no lo detecten? ¿Cuántos reporteros más irán cayendo en la defensa de la libre expresión?”
En otro punto, los periodistas preguntan por qué los funcionarios de gobierno siguen cobrando por realizar una “pésima” función pública.
“Exigimos que dejen la opacidad y realmente se pongan a trabajar. Dejen ser omisos y paren esta masacre en contra de ciudadanos, de los periodistas, de niños y adolescentes y mujeres. Queremos estar en paz, vivir en ambiente sano, si no es demasiado pedir”, se lee en su documento.
“¿No quieren que escribamos tragedias?, Dejen de provocar tragedias. ¿No quieren leer hechos violentos? Entonces dejen de crear las condiciones para que existan hechos violentos. La prensa solo somos un espejo de la vida real, nosotros no inventamos nada, solo anotamos”, agregaron.
Veracruz es uno de los estados más peligrosos para la prensa en México, de acuerdo con los reportes de organizaciones como Artículo 19. En este momento, hay cuatro periodistas con reporte de desaparición en esa entidad: Jesús Mejía Lechuga de Radio MS Noticias, Gabriel Fonseca de El Mañanero Veracruz, Miguel Morales de Diario de Poza Rica, y Sergio Landa de Diario Cardel.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/reporteros-de-veracruz-piden-a-las-autoridades-no-criminalizar-el-caso-de-anabel-flores/
El grupo de peritos argentinos trabajó por más de un año en las muestras recolectadas en el basurero de Cocula, sus resultados los llevaron a refutar la "verdad histórica" del gobierno.
¿Hubo un incendio en el Basurero de Cocula el 27 de septiembre de 2014, lo suficientemente grande como para calcinar los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa? La respuesta que da el Equipo Argentino de Antropología Forense a este cuestionamiento es tajante: No.
Tal como informó ayer la titular del EAAF, Mercedes Doretti, el examen multidisciplinario realizado por este equipo de expertos “no respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada, en la madrugada del 27 de septiembre de 2014, que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos”.
Esta es la conclusión a la que llegó este equipo multidisciplinario de expertos, el cual laboró diez días en el Basurero para recolectar muestras que, durante más de un año, fueron sometidas a distintos análisis científicos, como parte de su coadyuvancia en la investigación oficial sobre la desaparición de los normalistas.
1.- El fuego…
El peritaje realizado por el EAAF –en el que participaron expertos en dinámica de fuego, antropología, arqueología, criminalística, balística, botánica, entomología, odontología, anatomía, genética, analistas de imágenes satelitales y fotografía–, determinó que en el Basurero de Cocula sí hay, efectivamente, rastros de fuego, pero no de un solo incendio, sino de distintos “eventos de fuego”, acontecidos a lo largo de, por lo menos, diez años, sin que pueda determinarse cuándo ocurrió cada uno.
Lo que sí puede demostrarse, señaló el EAAF, es que el 27 de septiembre no hubo un incendio lo suficientemente grande, como para que fuesen calcinados los cuerpos de los 43 normalistas, tal como sostiene la versión oficial de los hechos, presentada el 27 de enero de 2015 por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
La clave para llegar a esta conclusión, tal como explicó el EAAF, está en las plantas y en los árboles: El equipo de expertos forenses realizó inspecciones de campo en el Basurero de Cocula, durante 10 días, del 27 de octubre al 6 de noviembre de 2014. Entre las distintas muestras recolectadas, expertos en botánica y dinámica de fuegos recolectaron 20 muestras de plantas, ubicadas en el punto del basurero donde había más señales de fuego, esto es, en la parte inferior de la barranca.
De esas 20 muestras, 19 no mostraron ninguna exposición al fuego, y sólo una de ellas registró “leves daños de fuego o alteración térmica”.
El nivel de desarrollo de estas plantas, concluyeron los expertos en botánica, es superior a los 30 días que habían pasado entre la desaparición de los normalistas y el momento en que se levantaron esas muestras: 18 plantas tenían entre 3 y 5 meses de desarrollo y una más tenía 2 años de crecimiento (la última muestra fue descartada, pues correspondía a una planta con sólo dos semanas de desarrollo).
Esto permite concluir que en la zona del basurero en la que hay más rastros de fuego, también existen pruebas de que no ha habido un incendio grande (al menos tanto como para calcinar 43 cuerpos) en los últimos dos años. De haber sido así, “estas plantas habrían sido seriamente afectadas por fuego directo o calor radiante”, lo cual no ocurrió.
Además de estas muestras, el Equipo Argentino de Antropología Forense analizó troncos de 14 árboles ubicados dentro de la zona con mayores rastros de ceniza, y la conclusión fue que “todos los tocones mostraban ausencia de signos de fuego o presencia mínima de alteración térmica”.
De hecho, uno de estos troncos enraizados, denominado “Tocón 12”, se encontraba justo en “una zona de alta densidad de restos óseos”, a pesar de lo cual “presenta mínima alteración por fuego”.
Nuevamente, la conclusión a la que conducen estos indicios es que, de haberse dado ahí un incendio tan basto y duradero como para calcinar 43 cuerpos humanos, el Tocón 12 habría sufrido importantes daños por el fuego, y no fue así.
2.– Los huesos…
El EAAF confirmó que en el Basurero de Cocula se encontraron “varios miles de fragmentos” óseos, todos “carbonizados” o “calcinados”.
Además, ratificó que la mayoría de esos huesos estaban en el mismo punto en donde había más evidencias de fuego.
Sin embargo, gran parte de esos restos son tan pequeños y están tan deteriorados que es imposible saber si pertenecen a humanos o animales.
Otra grupo de restos que sí pudieron identificarse, fueron clasificados como huesos de animal, y finalmente, en un tercer grupo se comprobó que eran humanos.
Al analizar este conjunto de fragmentos de hueso humano, el grupo de Expertos Forenses concluyó que se trataba de restos de al menos 19 personas distintas, aunque, se aclaró, éste “no es el total de individuos presentes en ese sitio”, sino sólo el número mínimo de cadáveres presentes en el Basurero de Cocula.
Esto demuestra que en ahí han sido arrojados los restos de, al menos, 19 personas, pero no existe evidencia de que entre ellas esté alguno de los normalistas desaparecidos.
Por el contrario, hay pruebas de que al menos una de las personas cuyos restos fueron hallados en este basurero definitivamente no es ninguno de los 43 normalistas desaparecidos: se trata de una prótesis dental que fue encontrada aún adosada a un diente humano; artefacto que no pertenecía a ninguno de los estudiantes raptados la noche del 26 de septiembre de 2014.
Asimismo, los expertos forenses encontraron un “pequeño fogón” con restos humanos calcinados, alejado 20 metros del punto central de concentración de cenizas, lo que evidencia que el Basurero de Cocula era “un sitio relativamente habitual de quema de restos humanos”.
Todas estas evidencias en conjunto, señaló el EAAF, indican que en el Basurero de Cocula fueron depositados restos humanos en distintos episodios, a lo largo de por lo menos diez años, pero se subrayó que ninguno de los restos óseos encontrados ahí ha podido vincularse con los estudiantes raptados en septiembre de 2014.
3.- Genética…
El 29 de octubre de 2014, es decir cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense tenía ya dos días realizando peritajes en el Basurero de Cocula, fueron notificados de que, en un punto cercano, elementos de la Marina habían encontrado bolsas con posibles restos óseos, en el lecho del Río San Juan.
El levantamiento de estas evidencias fue realizado por la Marina y la PGR sin que estuvieran presente los expertos argentinos, razón por la cual, éstos ponen en duda que el hallazgo de esas evidencias se hubiera dado de la forma en que las autoridades mexicanas afirman.
Cuando los expertos argentinos llegaron al lugar, según se denunció, estas evidencias ya estaban dispuestas sobre una tela, en el suelo y, hasta la fecha, al EAAF se le ha negado el acceso a la “cadena de custodia” de estas evidencias, es decir, el registro oficial en el que debió establecerse la forma en que dichas evidencias fueron halladas.
Esta anomalía cobra relevancia, subrayó el EAAF, ya que entre los restos que supuestamente fueron extraídos de las bolsas estaba un fragmento de hueso, con un nivel de conservación “particularmente inusual”, en comparación con el resto de fragmentos óseos calcinados, que fueron hallados tanto en la bolsa del Río San Juan, como en el Basurero de Cocula.
Ese hueso pudo ser finalmente identificado, mediante pruebas genéticas en el extranjero, como un fragmento del cráneo de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos, y el único cuya muerte ha podido ser confirmada hasta ahora.
Sin embargo, el EAAF destacó que las autoridades mexicanas no han presentado pruebas de que ese hueso fuera hallado en las condiciones que señala la versión oficial, además de que tampoco hay un solo indicio científico que vincule los restos del Río San Juan, con los restos del Basurero.
Epílogo: ahí no…
Con este cúmulo de evaluaciones forenses, el EAAF concluyó que no existen evidencias de que en el Basurero de Cocula se diera un incendio de proporciones suficientes para calcinar los cuerpos de los 43 normalistas y, de hecho, no hay evidencias de que los normalistas hayan estado en ese lugar.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/3-razones-para-descartar-la-incineracion-de-normalistas-en-cocula-segun-los-peritos-argentinos/
El reportero especializado en el PAN retuiteó las fotografías con mensajes de intimidación que le han llegado en las últimas horas y en las que se le asegura que lo tiene vigilado y que ya “está sentenciado”.
El periodista del semanario Proceso, Álvaro Delgado Gómez, dio a conocer las amenazas de las que ha sido víctima a través de redes sociales.
El reportero especializado en el Partido Acción Nacional (PAN) retuiteó las fotografías con mensajes de intimidación que le han llegado en las últimas horas y en las que se le asegura que lo tiene vigilado y que ya “está sentenciado”.
Algunas de las cuentas desde las que se han enviado los mensajes intimidatorios son de reciente creación y en el caso de @IslamicSida ha enviado mensajes en contra de medios como Radio Zapote y del ex Diputado federal Gerardo Fernández de Noroña.
Colegas del gremio periodístico han difundido la situación a través de la misma red social.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-02-2016/1617996
Para los padres de familia de los 43, la “verdad histórica” no sólo implicó el desperdicio de recursos económicos, científicos y humanos, sino que con ello se desvió la investigación. En casos de desaparición las primeras 72 son vitales para dar con la verdad, pero en el caso Iguala las autoridades congelaron las pesquisas por más de 16 meses, tiempo que hubiera servido para indagar el quinto autobús, interrrogar a militares y saber más de la relación entre grupos del crimen y fuerzas de seguridad.
Durante más de 16 meses, las autoridades mexicanas invirtieron recursos económicos, humanos, científicos, entre otros, para apuntar la investigación de los 43 normalistas desaparecidos hacia el basurero de Cocula, Guerrero, justo el lugar donde dos grupos de expertos independientes han asegurado que no hay indicios que ahí se hubieran asesinado o quemado a los estudiantes.
Para los familiares de los jóvenes desaparecidos y las organizaciones que los acompañan, esos 16 meses no sólo representan el tiempo en que se desvió la investigación sino además días y semanas en que el Gobierno dejó escapar horas vitales de búsqueda.
“En caso de desaparición, lo han dicho los expertos, las primeras 72 horas son clave, pero aquí dejaron pasar más de 16 meses. Es mucho tiempo desperdiciado en una hipótesis carente de prueba científica, y seguramente en ese tiempo se ha perdido evidencias y entonces encontrar la verdad se vuelve más desafiante”, comentó Santiago Aguirre, subdirector del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos. La Procuraduría General de la República (PGR) concluyó, luego de declaraciones de detenidos, que los muchachos fueron quemados en el basurero de Cocula y los restos fueron colocados en bolsas y arrojados al Río San Juan.
Sin embargo, en diciembre de 2015 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos descartó que la noche del 26 de septiembre hubiera un incendio en el basurero de Cocula.
El día de ayer, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó en un informe que la madrugada del 27 de septiembre de 2014 no hubo fuego en el basurero de Cocula, y con ello, la versión oficial de la Procuraduría General de la República quedó científicamente descartada.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los 43, dijo que la hipótesis de Cocula sólo provocó que durante 16 meses la investigación estuviera “congelada” y con ello no se realizaran pesquisas sobre el quinto camión, se interrogaran a militares, se indagara la relación entre la delincuencia organizada y cuerpos de seguridad, ni tampoco se hubiese realizada operaciones estratégicas de búsqueda.
“No hubo una apuesta institucional para dar con la verdad”, comentó Rosales, quien pidió a la PGR que olvide la hipótesis de Cocula y destine los recursos humanos y económicos a nuevas líneas de investigación.
COCULA, NADA DE LOS 43
Los expertos argentinos explicaron que en el mapeo, donde se estudiaron restos de plantas y otros elementos, se concluyó que al menos hubo dos fuegos, uno de mayor intensidad que otro, pero ninguno de la intensidad de la cual habla la llamada “verdad histórica”, la cual refiere que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron calcinados en el basurero de Cocula.
Los expertos agregaron que si bien no se realizó la quema de cuerpos de los normalistas, sí hubo diversos eventos de fuego días después; incluso hubo elementos óseos que fueron carbonizados o expuestos a altas temperaturas, pero no están relacionados con los normalistas.
“No existen elementos científicos suficientes, por el momento, para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del Río San Juan, de donde proviene la única identificación positiva, hasta la fecha, de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio”, refiere el informe del EAAF.
Sobre los restos óseos hallados en el sitio, se encontraron 19 muestras pertenecientes a huesos humanos –que se presume fueron incinerados en el sitio pero no la noche de caso Iguala–. Los expertos agregaron que además hubo restos indeterminados y de animales no humanos.
Por otra parte, los peritos de la EAAF detallaron que desde 2010 existieron varios incendios en el basurero y que el análisis de plantas y troncos hallados en la zona refiere que no estuvieron expuestos a calor, significativamente.
Sobre la evidencia balística, el Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que fueron encontrados 132 casquillos, de los cuales 42, según las condiciones en que fueron encontrados, sugieren que fueron deliberadamente depositados en el basurero de Cocula el 15 de noviembre de 2015, cuando el lugar ya no estaba custodiado.
EL CASO SIGUE ABIERTO: PGR
Los padres de familia de los normalistas exigieron a la PGR que reoriente la investigación y se olvide de Cocula. Incluso, algunos de los familiares exigieron castigo a todos los funcionarios que participaron en la llamada “verdad histórica”.
“Fue muy bien coordinada la ‘verdad histórica’, pero las contundencias de este informe tiran su verdad histórica”, dijo Mario González, uno de los padres de familia de los 43.
Blanca Nava, otra familiar, expuso que las mentiras de las instituciones han dañado a los familiares. Sin embargo, agregó que ellos nunca dejaron de buscar la verdad por medio de la ciencia.
El vocero Melitón Ortega, a su vez, acusó que el Gobierno inició una campaña de mentiras que afectaron la investigación, por ello demandó a las autoridades respaldar el informe de los peritos argentinos y reconfigurar la investigación.
Ayer por la mañana los familiares del caso Iguala entregaron ala PGR este nuevo informe del EAAF. Por la tarde, la institución informó que el documento fue recibido y será analizado por el Ministerio Público de la Federación.
“El Ministerio Público de la Federación reitera que este caso no está cerrado; las investigaciones continúan y seguirán hasta que el último responsable sea consignado ante la autoridad judicial”, precisó la dependencia en un comunicado.
Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó hoy de “ficción” la versión oficial del Gobierno mexicano que establece que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula.
El informe del EAAF divulgado hoy “refuerza la conclusión de que la llamada ‘verdad histórica’ sobre lo que ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos fue una ficción”, señaló en un boletín.
“Lo que México necesita no es sólo que se esclarezca el paradero de los estudiantes desaparecidos (en septiembre de 2014), sino también que se investigue la actuación de las autoridades que presentaron la versión oficial infundada”, consideró Vivanco.
Ello incluye investigar el proceder ” del propio ex Procurador General de la República, Jesús Murillo, para que responda por su papel en perpetuar la impunidad”, añadió.
De hecho, el abogado del caso Vidulfo Rosales informó que formalmente ya se le pidió al Presidente Enrique Peña Nieto a que se investigue a los funcionarios que hayan obstruido la investigación; no obstante, no se sabe si su demanda prosperó.
Santiago Aguirre, del Centro Prodh, detalló que existe responsabilidades políticas y legales, y ante ello los peritos que defendieron la “verdad histórica” deben salir a defender su hipótesis y rendir cuenta a la población mexicana.
Además, Aguirre agregó que es complicado proceder legalmente contra el ex Procurador Jesús Murillo Karam, pero aún así, existen formas de responsabilizarlo, aunque ahora la prioridad, destacó, es encontrar a los muchachos.
“Para hacer responsables a funcionarios de la Procuraduría [PGR] por inación u omisión, el mecanismo debería apuntar a aquellos que firmaron alguna diligencia del expediente y ciertamente no hay ninguna diligencia firmada por Jesús Murillo Karam [ex Procurador General de la República]. Entonces, una estrategia cuya finalidad sea proceder legalmente contra él enfrentaría muchas dificultades, pero no es la única manera de responsabilizarlo, pues él estuvo a la cabeza de esa institución”, dijo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-02-2016/1617790
El Equipo Argentino de Antropología Forense aseguró que el informe presentado ayer es concluyente y “no se puede cambiar”, aunque aparezcan nuevas evidencias ninguna comprobaría que los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula, como sostiene la “verdad histórica” de Murillo Karam, en la que insiste la PGR.
Miguel Nieva, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), dijo que la hipótesis de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace 16 meses en Iguala, Guerrero, está “estancada” en el basurero de Cocula y que es necesario buscar “por otro lado”.
Nava también informó este día, en entrevista con Radio Fórmula, que probablemente mañana el EAAF se reuna con familiares de los cinco desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, para evaluar si intervienen en el caso, después del hallazgo de restos óseos en un rancho que, según las autoridades, corresponden a dos de los jóvenes.
“No queremos comprometernos con algo que no podemos cumplir”, dijo tras recordar que el grupo tiene una carga de trabajo importante en México, donde colaboran en varios casos, entre ellos el de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y en otros países del mundo.
Con respeto al caso Iguala, el especialista dijo en Primero Noticias que el Equipo Argentino considera que “es necesario cerrar este capítulo de Cocula y avanzar en la búsqueda de los normalistas”. Informó que ya se inicio un nuevo plan de búsqueda “duro”para localizar a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
“Estamos tratando de aportar toda la información que tenemos, juntar nuestra información y aplicar tecnologías relativamente nuevas”, dijo.
Ayer, el EAAF concluyó que en el basurero de Cocula, donde la Procuraduría General de la República (PGR) sostenía la “verdad histórica, no hay pruebas científicas que sostengan que los 43 normalistas fueron incinerados ahí, sin embargo, encontraron restos de otras 19 personas.
Tras el dictamen del Equipo Argentino, concluido antes por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la PGR insistió en un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego, acordado el pasado 20 octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque “el caso Iguala no está cerrado”.
Sin embargo, Nieva dijo en entrevista para Grupo Imagen que la Procuraduría puede hacer un tercer peritaje en el basurero, pero los expertos argentinos consideran que “la investigación está estancada en un lugar del que no puede salir”.
Reconoció que en un futuro puede surgir más información, “pero no creo que las conclusiones a las que hemos llegado se puedan cambiar y esperamos que nos permitan cerrar esta etapa y orientar la búsqueda de los normalistas en otros lugares”.
Nieva consideró que los peritos de la PGR, los integrantes del GIEI y el grupo de forenses argentinos deben reunirse para discutir los resultados científicos sobre el basurero de Cocula y realiza una nueva búsqueda conjunta.
“Es importante que se haga una junta de peritos para discutir en conjunto. No se está discutiendo la evidencia científica y se están poniendo en juego otras cuestiones que no tienen sentido cuando la evidencia científica es lo irrefutable”.
Reiteró que los resultados del equipo forense hallaron “una serie de cosas que no coinciden con la versión oficial”, como restos de otras personas y animales.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, coincidió que un tercer peritaje por parte de la PGR en el basurero de Cocula es “innecesario, puesto que con estos dos dictámenes [del GIEI y EAAF] ha quedado establecido que no fueron incinerados los estudiantes”.
“No queremos entretenernos con el basurero de Cocula”, aseguró.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-02-2016/1618144
El proyecto Riviera Cancún, que contempla la construcción de un hotel del más de 500 habitaciones en una zona protegida, enfrenta críticas de ambientalistas que denuncian irregularidades en la expedición de permisos.
Mientras continúa el debate por la destrucción de manglares para el proyecto del Malecón Tajamar, cuyo permiso concedieron autoridades federales, otra amenaza al hábitat costero de la zona avanza en su desarrollo, pero esta vez favorecida en principio por el ayuntamiento de Benito Juárez, municipio donde se asienta el centro turístico.
La zona en riesgo se encuentra en un polígono vasto en recursos naturales, reservorio no sólo de manglar, sino de más de 230 especies de aves, reptiles, algas y vegetación marina, además de manatíes, tortugas y otras especies de sistemas costeros bajo régimen federal de protección o declarados en vías de extinción.
Se trata del proyecto Hotel Riviera Cancún, perteneciente la empresa MX RIUSA II, filial del Grupo Español-Alemán RIU y que se convertiría en el quinto desarrollo hotelero de la empresa en la zona norte de ese centro turístico.
El Riviera Cancún está previsto para edificarse en la costa de Punta Nizuc. Sin embargo, el riesgo está presente para una zona común que incluye el área natural protegida de Manglares de Nichupté y cruza desde el territorio continental a Isla Mujeres a través del Parque Marino Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún, Punta Nizuc.
Las obras de construcción dañarían el hábitat visible en la zona, afectarían zonas de anidación de tortuga e incrementarían la erosión costera. Además podrían generar perturbaciones en las corrientes de agua superficiales y subterráneas porque incluyen la instalación de una planta desalinizadora para abastecer al complejo hotelero.
Irregularidades en compra, permisos e información falsa
El origen del proyecto Riviera Cancún exhibe problemas desde la venta de los terrenos hasta la expedición de permisos municipales de construcción otorgados sin el aval de Semarnat, e incluso el ocultamiento o falseo de información en la primera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por los empresarios.
En 2010, el predio era propiedad de Deutsche Bank México, que lo vendió a finales de enero de 2011 a una empresa con razón social Residencial Nizuc.
Hasta ese momento, no había sido presentado ningún proyecto arquitectónico para el predio de 2.9 hectáreas, una condición establecida en los contratos de venta del Fondo Nacional para de Fomento al Turismo (Fonatur) en 2005 (el mismo año de la privatización de terrenos como Puerto Cancún, Tajamar, San Buenaventura y El Table, en el norte del sitio turístico).
En noviembre de 2014 Residencial Nizuc decidió vender el predio a un tercero y solicitó a Fonatur avalara la venta a MX RIUSA II. Tampoco en esa ocasión se presentó el proyecto de edificación planeado para desarrollar eventualmente.
Al ser vendido en 2005, el predio y cualquier proyecto de construcción se hallaba limitado por lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano vigente (PDU), que consideraba para la zona donde se edificaría el complejo de máximo 75 habitaciones por hectárea en edificaciones de tres niveles, con el fin de reducir el impacto negativo sobre el ecosistema de la zona.
Luego de adquirir el terreno en 2014, el proyecto Riviera Cancún presentó la primera Manifestación de Impacto Ambiental ante Semarnat, con el objetivo de construir 270 habitaciones por hectárea, o hasta un máximo de 570, en edificios de 15 a 20 niveles.
Desde ese momento, el proyecto de MX RIUSA II contravenía lo estipulado en PDU de Cancún vigente desde 2005 para la zona.
Además, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la MIA del Riviera Cancún presentaba información falsa al omitir la presencia de manglar en el predio, pero que había sido señalada como selva mediana subperenifolia con menor valor y no protegida como en el caso de los diversos tipos de mangle en la zona.
De acuerdo con el CEMDA, un 26.6 por ciento de las dos hectáreas del proyecto están cubiertos por manglares, de acuerdo con el informe “Distribución de los Manglares en México”, publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio) en 2008 y que puede verificarse en su versión actualizada en 2013.
El nuevo Plan de Desarrollo Urbano favorece el proyecto
El 25 de agosto de 2014, el ayuntamiento de Benito Juárez, aprobó el nuevo Plan de Desarrollo Urbano 2014-2030, que fue señalado por el hasta ahora presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres como un instrumento que daría mayor certeza jurídica al desarrollo de la ciudad y al mismo tiempo procuraría la protección del medio ambiente.
Sin embargo, de acuerdo con CEMDA, ese instrumento jurídico lejos de regular adecuadamente el desarrollo urbano del centro turístico, permite la redensificación de zonas que estaban destinadas a la conservación de espacios naturales y la preservación del equilibrio ecológico. En síntesis: permite la construcción de más cuartos de hotel en edificios más altos.
A partir de esa nueva regulación, el ayuntamiento de Benito Juárez otorgó al grupo MX RIUSA II la autorización para el cambio de uso de suelo del predio de 2.9 hectáreas, ubicado en el kilómetro 17 de la zona hotelera de Cancún, para que pudiera construir el desarrollo turístico.
De hecho, el grupo ambientalista interpuso un amparo en contra la actualización del PDU de Cancún basándose en que se omitió la aplicación de la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la de Asentamientos Humanos, por lo que el ordenamiento solo facilita la construcción de hasta 11 mil nuevos cuartos de hotel en zonas donde no deberían construirse.
En ese margen abierto por el nuevo plan de desarrollo urbano, se insertó sin mayor problema el proyecto de Hotel Riviera Cancún, al menos en términos de la autorización municipal para el cambio de uso de suelos y posterior construcción una vez que contara con el aval de la Semarnat.
El aval de la Semarnat le llegó al proyecto el 18 de diciembre de 2015, días antes de que venciera el plazo para su autorización previa consulta pública, el día 22 del mismo mes y año. El único cambio fue la reducción del plan de 565 a 570 habitaciones, a 530 solamente.
La autorización se basó en una segunda Manifestación de Impacto Ambiental que también ha sido cuestionada por el CEMDA.
Más daños a manglares y ecosistemas costeros
El 7 de diciembre pasado, el CEMDA presentó ante la Semarnat sus comentarios sobre las irregularidades detectadas en la segunda MIA presentada por el proyecto Hotel Riviera Cancún, dentro del plazo establecido para la consulta pública del proyecto realizado por la autoridad ambiental.
El documento del grupo ambientalista señala que el plan de construcción vulneraría principalmente la vegetación de manglar presente en el predio, en franca violación a las normas existentes al respecto en la Ley General de Vida Silvestre.
El proyecto además se encuentra en una zona “de alta vulnerabilidad a inundación causada por fenómenos hidrometeorológicos atípicos” como los que ocurren con frecuencia en las costas de Quintana Roo y la Península de Yucatán.
Sobre ese punto también puede constatarse el impacto que tendría construir un desarrollo que implica retirar las zonas de manglares de un área considerada entre las principales a nivel nacional por problemas de erosión costera y riesgos por fenómenos climáticos, de acuerdo con el Estudio de la Vulnerabilidad y Programa de Adaptación ante la Viabilidad Económica y el Cambio Climático, realizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Además, la instalación de una planta desalinizadora para abastecer de agua al complejo hotelero pone en riesgo el humedal y el acuífero en el que se desarrolla. No hay, de acuerdo con el CEMDA, tampoco ningún estudio que avale la relación con el humedal costero continuo al predio.
Pese a todo, el proyecto continúa y se suma a las demandas de grupos ambientalistas que han advertido del daño que está provocándose, con el aval de las autoridades, a las zonas de humedales y ecosistemas costeros en la región.
Tajamar ha sido ejemplo, ahora lo es el Hotel Riviera Cancún, en el que se invertirán 95.6 millones de dólares para edificar 530 habitaciones en dos torres de hasta 70 metros de alto.
Eso significa haber autorizado, entre el municipio de Benito Juárez y la Semarnat, ampliar casi ocho veces la capacidad de densificación que se había considerado para la zona en 2005, cuando ni siquiera existían los problemas de erosión costera, pérdida de manglares y contaminación del manto acuífero que ahora existen en la zona.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LUIS CASTRILLÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/otro-manglar-de-quintana-roo-en-peligro-punta-nizuc/
Se estima que los restos pertenecen a cientos de víctimas que fueron asesinadas y sus cuerpos quemados y triturados. Familiares de caso Tierra Blanca buscan peritos argentinos y de Nuevo México para confirmar que son los restos de sus hijos.
El rancho El Limón en Veracruz, donde se descubrieron restos de dos de los cinco estudiantes desaparecidos el 11 de enero, era utilizado por el crimen organizado —con la posible complicidad de fuerzas de seguridad— para desaparecer los cuerpos de cientos de personas secuestradas desde hace varios años. Esto además de otros delitos.
Esa es la línea de investigación de las autoridades estatales y federales, tras el hallazgo de casi tres mil fragmentos pertenecientes a cientos de cuerpos realizado en ese rancho, localizado en el municipio de Tlalixcoyan, al sur del estado de Veracruz.
Fuentes con pleno acceso al expediente abierto en la Fiscalía de Veracruz revelaron a Animal Político que se recabó esa cantidad de fragmentos en el rancho El Limón, luego de tres días de trabajo forense, a cargo de peritos estatales y de la División Científica de la Policía Federal.
La clave para encontrar dichos restos en el rancho, al que se llegó gracias a denuncias ciudadanas, fue que recientemente se habían removido importantes cantidades de arena y tierra, al parecer usando maquinaria pesada.
Perros entrenados en la localización de restos humanos marcaron las zonas claves en las que se encontraban los fragmentos y así se pudieron iniciar los trabajos.
“Los peritos en materia de antropología forense estuvieron trabajando tres días en la zona para poder levantarse y luego procesarse las piezas que se han ido encontrando. Este era un sitio que se estaba usando para este tipo de actividades, según las líneas de investigación abiertas” dijo a Animal Político la fuente consultada.
Entre los fragmentos recopilados hay desde pedazos de hueso hasta otros objetos en los que hay presencia de material orgánico humano, como sangre.
El problema para los peritos es que gran parte de los fragmentos encontrados se encuentran en un estado de deterioro significativo, que hace difícil que puedan ser procesados e identificados con las pruebas forenses convencionales. Por ejemplo, la mayoría de fragmentos de hueso estaban notablemente calcinados.
Debido a lo anterior, no se ha podido precisar con exactitud a cuántos cuerpos pertenecen los tres mil fragmentos encontrados en el rancho, pero las autoridades estiman que podrían ser cientos de víctimas. Hasta ahora, a partir de un par de huesos y de una mancha de sangre, se consiguió identificar a dos víctimas, que corresponden a los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca.
La hipótesis de la Fiscalía de Veracruz y de la Comisión Nacional de Seguridad, que colabora en los peritajes, es que las víctimas eran llevadas al rancho. donde se procedía a quemar sus cuerpos y posteriormente a triturar los restos, para finalmente enterrarlos.
Ayer, el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Roberto Campa, confirmó que el rancho era utilizado para para la desaparición masiva de personas.
“Hubo un trabajo pericial casi artesanal, de cernido de restos que fueron calcinados, pero que después fueron prácticamente molidos, como sucede con las cremaciones convencionales (…) todo este hallazgo fue realizado con un trabajo forense muy cuidadoso, hay 40 horas de trabajo videograbado, se utilizó todo el equipo técnico y perros adiestrados” dijo el funcionario federal.
¿De quién es y dónde está?
Las autoridades involucradas en el caso ya tienen identificado a uno de los propietarios de El Rancho el Limón.
El nombre no fue revelado a Animal Político para no entorpecer la indagatoria; sin embargo, se sabe que es una persona que adquirió la propiedad hace menos de tres años y que vive también en Veracruz, aunque no es de la misma zona donde se encuentra el rancho ni tampoco del área de Tierra Blanca, donde desaparecieron los cinco jóvenes.
La Fiscalía de Veracruz ya emitió las órdenes de localización correspondientes para que dicha persona sea llevada a rendir declaración ante el Ministerio Público y se esclarezca si conocía de las actividades ilícitas en ese sitio.
Con independencia del propietario, se presume que el rancho era utilizado por una célula delictiva del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Una de las líneas apunta a que la propiedad era en realidad controlada por Francisco Navarrete, supuesto jefe de zona de ese grupo criminal, detenido el pasado 24 de enero.
El Limón es una propiedad que se ubica cerca de la comunidad conocida como San Joaquín Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, al sur de Veracruz. Se trata de una zona semirural, a la cual se llega mediante un camino de dos carriles que se encuentra parcialmente pavimentado.
Cabe señalar que el rancho se encuentra a más de 60 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Tierra Blanca, localidad en donde fueron detenidos ilegalmente por la policía estatal los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero.
Si los agentes que detuvieron a los jóvenes los hubieran trasladado directamente al rancho, el recorrido en vehículo lo habrían hecho en apenas una hora 15 minutos, de acuerdo con datos de Google Maps.
Según las investigaciones, el rancho era utilizado por los delincuentes para múltiples propósitos ilícitos, además de la desaparición de personas.
Cuando el rancho fue intervenido la semana pasada se encontraron, entre otras cosas: dos vehículos con reporte de robo, distintos equipos y herramientas utilizadas comúnmente para la extracción ilegal de hidrocarburos, un taller con material utilizado para fabricar fondos ocultos en vehículos, así como indicios de que en el sitio eran retenidas personas.
La zona en la que se encuentra el rancho, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), era hasta 2013 una de las áreas de influencia del grupo delictivo de Los Zetas, pero en los últimos tres años, es el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien tiene la presencia más significativa en la zona.
La PGR, a través de la SEIDO, indaga la colaboración de fuerzas de seguridad pública estatal con este y otros grupos criminales en Veracruz para cometer múltiples delitos, desde el secuestro y desaparición de personas, hasta la extorsión, robo de hidrocarburos, tráfico de drogas y homicidio.
Ranchos del terror
El rancho El Limón no es la primera propiedad de este tipo en Veracruz que es utilizada por grupos criminales para desaparecer personas o para cometer otro tipo de actividades ilícitas.
En 16 de junio de 2014, elementos de la Armada de México descubrieron múltiples fosas clandestinas en el rancho El Diamante, ubicado entre los municipios de Tres Valles y Cosamaloapan, también en el sur de Veracruz. En los días siguientes al hallazgo, más de 30 cadáveres fueron rescatados de dicho terreno, sin que se precisara oficialmente la cantidad de víctimas.
De acuerdo con las investigaciones, el rancho el Diamante era propiedad del exalcalde del municipio de Tres Valles, Fernando Cano Cano, quien murió en 2011.
Por citar otro ejemplo, en febrero del 2012, la detención de un presunto jefe de ”halcones” de un cártel llevó a elementos de la Marina al hallazgo de los cuerpos de al menos 15 personas, quienes habían sido enterradas en fosas clandestinas ubicadas en dos ranchos próximos a la localidad de Acayucan, también en el sur de la entidad.
En días posteriores al hallazgo se realizaron nuevas excavaciones en esos ranchos pero ya no se dijo públicamente si se encontraron más cuerpos.
Más reciente fue el descubrimiento de cinco cadáveres, entre ellos los de dos personas de origen colombiano con signos de tortura, en el interior del rancho El Lagostillo, ubicado en el municipio de Puente Nacional. El hallazgo se realizó en noviembre de 2015.
Cabe señalar que las víctimas encontradas en ese caso habían sido secuestradas en el municipio de Córdoba, el mismo donde apenas el pasado 8 de febrero fue secuestrada por un comando armado la periodista Anabel Flores.
Los operativos en ranchos de Veracruz no siempre derivan en el hallazgo de cuerpos, pero sí de otros elementos. Por ejemplo, en septiembre de 2014 un operativo en el rancho San Pedro, ubicado en el municipio de Acuitzingo, derivó en el descubrimiento de un campo de entrenamiento de Los zetas y el decomiso de un arsenal completo.
Buscarán peritaje argentino y de EU
Los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero en Tierra Blanca buscarán que los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que en México trabaja en el caso Ayotzinapa, realice un segundo análisis de un grupo de restos encontrados en el rancho El Limón y que según las autoridades corresponden a dos de las víctimas.
Los abogados que asesoran a los padres de los jóvenes confirmaron a Animal Político que el EAAF es la primera opción y desde la noche de ayer se buscaba el contacto con ellos.
La segunda alternativa, que también se comenzó a trabajar, es la de un equipo de peritos con sede en Nuevo México, Estados Unidos, y que cuentan con trayectoria reconocida en temas de identificación forense.
En ambos casos el peritaje tendría que ser pagado por los familiares, aunque se espera que el estado terminé subsidiándolo como parte de la reparación del daño al que tienen derecho las víctimas.
Es por este motivo que en una nueva reunión realizada el 9 de febrero con autoridades de la Gendarmería y de la Fiscalía de Veracruz, los padres rechazaron que se les entregaran los retos encontrados, pues prefieren que sigan bajo resguardo ministerial, a la espera del segundo peritaje.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/caso-tierra-blanca-hallan-casi-tres-mil-fragmentos-de-restos-humanos-en-un-rancho-de-veracruz/
Cuando asesinan a un periodista, cuando lo amenazan, lo amordazan o lo desaparecen, la sociedad pierde información. Deja de saber, se vuelve algo ciega y un poco sorda. En un régimen que se precie de ser democrático, en un país que se presume republicano, gobernado por la legalidad, salvaguardar el derecho a la libre expresión es una de las garantías individuales consignadas en la Constitución. Además, es un derecho internacional defendido, protegido y promovido desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
México es ese país pero sólo en papel. En México el Artículo 7 de la Constitución refiere el derecho a la libre expresión y la manifestación de las ideas. México se ha adherido a la declaración de la defensa y la protección de la libre expresión en el ámbito internacional. México ha creado mecanismos de protección para los periodistas y en México también el Gobierno Federal instauró una Fiscalía Especial para Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Pero en México la realidad no coincide con lo que está dicho en papel. Este país no es más que una simulación. Actualmente México es el país, en América Latina, más peligroso para el ejercicio del periodismo.
Un análisis de datos y estadísticas de la organización Reporteros sin Fronteras, refiere: “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas; las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado –incluso de las autoridades corruptas– son cosa de todos los días. Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de información”.
En efecto, los periodistas en México, aquellos que no han cedido a la tentación oficial encarnada en contratos publicitarios, manipulación de información, prebendas y beneficios económicos diversos, están entre dos fuegos: Entre las amenazas y las balas del narcotráfico, y las presiones políticas, fiscales, económicas, del Gobierno, sea este de la Federación, del estado o del municipio.
El mismo documento de Reporteros sin Fronteras sentencia: “México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. En la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido”.
Artículo 19 capítulo México presentó el martes 9 de febrero su informe sobre periodistas desaparecidos en México, actualizado a enero de 2016 y considerando información desde julio de 2003. En total, refieren 21 periodistas desparecidos en esos trece años en nuestro país. El problema es más grave. No aparece en el listado la periodista Anabel Flores Salazar. Ella fue “levantada” por un grupo de hombres armados con uniformes militares que se trasladaban en tres camionetas, la madrugada del lunes 8 de febrero.
Desafortunadamente la manera en que fue sacada de su hogar la reportera Anabel Flores Salazar, tiene los visos, el modo de operar de los criminales organizados y narcotraficantes, pero también de las fuerzas del orden. En cualquier caso, si fue el Estado o fue el narco, la realidad es que la impunidad para entrar a la casa de alguien, asesinarlo (como sucedió con la Alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo), o llevárselo como la tragedia que hoy nos ocupa, es resultado de la dupla criminal gobierno-narcotráfico, sea esta insana unión por complicidad, por amenazas, por incapacidad o por acuerdo tácito.
Anabel Flores Salazar fue sacada de su hogar, en una madrugada que debió ser como cualquier otra, y se convirtió en la pesadilla que la llevó, a fuerza de la impunidad criminal, a la muerte. Su cuerpo fue localizado en Puebla, en los límites geográficos de aquel Estado, colgado de un árbol con la cabeza cubierta con una bolsa. Imagen del horror que se vive en México ante un Presidente incapaz de estructurar una política contra la inseguridad y la violencia que acabe con los criminales y proteja a los ciudadanos.
Los periodistas en los estados de la República corren serio peligro. Ellos se han de enfrentar a la corrupción local y encarar las amenazas de los criminales que, asentados en los distintos estados y municipios de la República, denomina estas demarcaciones políticas como “plazas”. Se apropian de los territorios nacionales y los llaman “plazas criminales” de tal o cual cártel, organización o célula criminal.
Por ejemplo, de los 35 periodistas asesinados entre 1992 y 2015, cuyo móvil ha sido confirmado como el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión de acuerdo al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), solamente tres de ellos fueron asesinados en la Ciudad de México, capital del país. Los 32 restantes han caído mayormente ante las balas de narcotraficantes, criminales, policías y gobiernos locales corruptos. Mientras en 42 casos de periodistas asesinados cuyo móvil no ha sido confirmado esté relacionado con el ejercicio de su profesión, ninguno fue asesinado en la capital del País.
De los 21 periodistas desaparecidos cuyos casos refiere Artículo 19 -22 si sumamos la desaparición de la periodista Anabel Flores Salazar-, cinco son crímenes cometidos en Veracruz, cuatro en Michoacán, seis en Tamaulipas, dos en Nuevo León, dos en Guerrero y uno en cada estado de los siguientes: Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, y Tabasco.
Los periodistas en los estados de la República corren más peligro. Están alejados de la justicia centralista, de la concentración de poderes, de la sede del Gobierno de la República que lejos, ni los ve ni los oye, ni investiga sus muertes. Están, en este clima de impunidad que se esparce desde el centro del país, vulnerados ante gobernadores corruptos, abusivos y represores, lo mismo que expuestos a violentos narcotraficantes y criminales organizados, que desde la impunidad proveída por el Estado, tienen la capacidad armamentística, el recurso humano criminal, la logística de policías corruptos y la ineficiencia de ministerios públicos y juzgados, para asesinar o levantar periodistas sin que la justicia los alcance.
Los periodistas que a pesar de las amenazas criminales y a pesar de las presiones oficiales, mantienen su compromiso con la sociedad de ejercer su derecho a la libertad de expresión, están siendo asesinados, amedrentados y desaparecidos. Y eso en un país democrático como México, esto debe ser intolerable.
Enrique Peña Nieto, el Presidente que no se pronuncia con seriedad y ni ofrece una propuesta para ponerle un alto a la impunidad, carece de compromiso con la libertad de expresión, y esto es palpable al no instruir a la Procuradora General de la República, Arely Gómez, a darle facultades, ministerio público, investigadores, y personal de indagación a la Fiscalía Especial para Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, para que, en concordancia con la inclusión del derecho a la libre expresión en la Constitución Política de los Estados Unidos, las agresiones a periodistas sean investigadas en el ámbito federal.
Sacarlas del ámbito local, podría –y sólo podría– llevar a una investigación hacia la justicia, si la Fiscalía tiene los recursos ministeriales para hacerlo y no ser, como actualmente, una oficina de ornato, que se dedica a la concentración de números para la elaboración de estadísticas, además de, sin elementos científicos, desechar los ataques a la libertad de expresión y categorizarlos en motivos ajenos al ejercicio del periodismo.
La impunidad, esa a la que Peña tendría que poner un alto, en el caso de crímenes contra periodistas llega al 98 por ciento.
Los propietarios de medios de comunicación, los periodistas, la sociedad en general que cuando un periodista es asesinado, ve vulnerado su derecho a saber, a estar informado de lo que realmente sucede en términos de corrupción gubernamental e impunidad criminal, deberían exigirle también Enrique Peña Nieto, el presidente mediático de México en cuyo sexenio se ha incrementado la violencia contra los periodistas, que pusiera fin a la forma más vil de censura contra el derecho que los mexicanos tenemos a saber qué sucede en este país que indigna y a la vez duele: El asesinato de periodistas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/10-02-2016/45894
CIUDAD DE MÉXICO: Desde hace más de un año, incluso antes de que Joaquín El Chapo Guzmán se fugara del penal del Altiplano, la Secretaría de Gobernación sabía que el capo le había entregado un poder a la actriz Kate del Castillo para que fuera su representante legal en el rodaje de su película autobiográfica.
Así lo afirmó José Refugio Rodríguez, abogado del líder del Cártel de Sinaloa en una larga entrevista con Univisión en la que además negó que el capo le hubiera entregado dinero a la actriz para el rodaje de la cinta.
El gobierno mexicano, afirmó, tuvo conocimiento desde hace más de un año cuál sería el papel de la actriz en las negociaciones de la película, pues la Secretaría de Gobernación (Segob) guarda en sus archivos copia de todos los poderes que son firmados por los presos al interior de las cárceles, que están bajo su supervisión.
“Sé de un poder que existía en favor de ella, sé cuál era el papel que iba jugar en la película”, dijo Rodríguez.
Y contó que meses antes de la fuga de El Chapo del penal del Altiplano, un notario ingresó allí para recabar la firma de Guzmán en un documento que le permitiría a la protagonista de La Reina del Sur negociar en Hollywood con los productores del filme, en nombre de él.
“Inicialmente (el plan) era que ella fuera la primera actriz, (pero) tengo conocimiento de que no daba el perfil por la edad”, explicó.
Rodríguez es quien coordina a los seis abogados del equipo legal de Guzmán Loera en México y la entrevista que concedió a Univisión es la primera que acepta en cámara en toda su carrera como abogado penalista.
Todos los documentos legales relativos a su cliente, subrayó, incluidos los del proyecto para realizar una película autobiográfica, debían pasar por sus manos.
Por esa razón sido sentirse seguro de que nunca llegó a firmarse ningún contrato entre Guzmán y Del Castillo que involucrara algún tipo de pago.
“La película no es nada ilegal, yo sé que había un cineasta argentino, un español (…). Eran proyectos, eran pláticas, no hubo aportación de dinero, de hecho el señor Guzmán hasta donde tengo entendido no iba a aportar dinero. Él iba a facilitar la historia, él iba autorizar su historia, su nombre”, explicó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429500/kate-recibio-un-poder-de-el-chapo-para-rodar-pelicula-antes-de-su-fuga
