Seguridad de internos de Topo Chico, responsabilidad del gobierno estatal: CADHAC

La asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos exigió a la administración encabezada por Jaime Rodríguez "El Bronco", que proporcione información a las familias de los reos.

La asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) recordó al gobierno del estado de Nuevo León que la seguridad de los internos del penal de Topo Chico es su responsabilidad, y le exigió que actúe con “diligencia e inmediatez” para informar a las familias de los reos.

CADHAC señaló la magnitud de la tragedia sucedida la madrugada de este jueves en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Topo Chico, donde murieron al menos 49 personas.

“Desde las 01:30 horas de hoy, las autoridades aseguraron tener el control de la situación y casi 10 horas después las familias no han recibido información clara sobre los hechos ocurridos, así como de la situación de las personas lesionadas en estos hechos, ya que aumenta la angustia de las familias y representa una falta a los derechos a la verdad”, aseguró la organización en un comunicado.

CADHAC recordó que “la seguridad de las personas privadas de su libertad es responsabilidad total de las autoridades estatales y por lo tanto corresponde a ellos una investigación y reparación del daño por todas estas vidas perdidas y lesiones infringidas”.

Destacó que “es muy importante que el discurso de las autoridades vaya acompañado con hechos que puedan verificarse, donde la legalidad y el respeto a los derechos humanos sea el eje de todas estas acciones”.

“Nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las personas que murieron como consecuencia de estos hechos y nuestra solidaridad total hacia ellas”, expresó la asociación civil.

Este mediodía el procurador de Nuevo León, Roberto Flores, identificó a 20 de los 49 muertos en el enfrentamiento ocurrido esta  madrugada en el penal del Topo Chico.

Los cuerpos fueron trasladados del penal al Servicio Médico Forense del Hospital Universitario.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1102/mexico/seguridad-de-internos-de-topo-chico-responsabilidad-del-gobierno-estatal-cadhac/

Golpean y amenazan en su casa a reportero en Tabasco

Villahermosa Tab. La Asociación Tabasqueña de Periodistas (ATP) condenó el ataque al reportero Pedro Sala García, corresponsal del diario Tabasco Hoy, en el municipio de Emiliano Zapata, ubicado a más de 140 kilómetros de la capital del estado.

El comunicador que cubre la fuente policíaca fue golpeado con violencia la mañana del miércoles, por dos desconocidos que se introdujeron a su casa, donde también agredieron a su esposa Odilia Arcos López.

De acuerdo con información de la cónyuge, el periodista fue apuntado con un arma de fuego con la que intentaron atacarlo, pero su pareja se interpuso y evitó que le dispararan; ella recibió un golpe en la cabeza abriéndole una herida y dejándolo sangrando en el piso.

Fuente: La Jornada

Autor: René Alberto López

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/11/condenan-ataque-a-reportero-de-tabasco-2877.html

Registran en España oficinas de OHL y PP por corrupción

Madrid. La policía registró este jueves despachos de la constructora española OHL y del conservador Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, así como los domicilios de dos de sus responsables, en el marco de una investigación por presunta corrupción, informó una fuente judicial.

"La Unidad Central Operativa ha realizado hoy cinco registros en el domicilio y dos despachos del empresario Javier López Madrid y en el domicilio y su despacho en la sede del PP en (la calle) Génova 13 (Madrid) del exgerente regional del partido, Beltrán Gutiérrez Moliner", según dicha fuente.

López Madrid es miembro del consejo de administración de la multinacional española OHL, con fuerte presencia en Latinoamérica -Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay- y yerno del presidente del grupo, Juan Miguel Villar Mir.

Los "registros se realizan en el marco de la Operación Púnica", una presunta trama de corrupción destapada en 2014 y sospechosa de la supuesta adjudicación de obras públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales, afirmó la fuente, precisando que la polícia investiga ahora delitos de soborno y blanqueo de capitales.

En octubre de 2014, un juez de la Audiencia Nacional -principal instancia en lo penal española- había ordenado la detención de 51 personas, entre ellas alcaldes, empresarios y políticos encabezados por el conservador Francisco Granados, ex responsable del gobierno regional de Madrid entre 2008 y 2011.

Entre los empresarios sospechosos de haber pagado comisiones del 3 por ciento sobre montos totales a altos funcionarios municipales y regionales a cambio de contratos públicos figuraba también el presidente de Cofely GDF Suez en España, Didier Maurice.

El propio Villar Mir fue imputado en abril de 2013 en el marco de otro escándalo de corrupción, relativo a una supuesta contabilidad paralela del partido de Rajoy, en el poder desde finales de 2011 y actualmente en funciones a la espera de la formación de un nuevo gobierno.

En un país asfixiado por seis años de crisis económica, con un desempleo todavía del 20.9 por ciento, crece la intransigencia de la ciudadanía ante la multiplicación de escándalos de corrupción, que afectan a políticos de izquierdas y derechas, sindicalistas, banqueros, famosos e incluso al cuñado y una de las hermanas del rey Felipe VI.

En este contexto, numerosos cargos públicos dimitieron o fueron destituidos a raíz de la Operación Púnica, algo inimaginable hasta hace poco en España. La corrupción es la segunda mayor preocupación de los españoles tras el desempleo, según los sondeos de opinión pública.

Fuente: La Jornada/AFP

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/11/registran-en-espana-oficinas-de-ohl-y-el-pp-por-corrupcion-9538.html

¿Quiénes son 'El Credo' y el 'Z-27'?

Monterrey, NL. Dos presos del penal de Topo Chico, Jesús Iván Hernández Cantú, alias El Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías, alias Z27, encabezaron el motín de esta mañana en la cárcel, de acuerdo con el informe oficial

Según reportes del gobierno estatal, Hernández Cantú, alias El Credo, es el líder de una banda de secuestradores y homicidas que operaba en la zona metropolitana de Monterrey para el cártel de Los Zetas.

En noviembre de 2012 la Procuraduría de Justicia informó de la detención de 24 integrantes de una banda lidereada por Hernández Cantú, a la que le atribuyeron 48 homicidios y dos secuestros.

De acuerdo con el entonces vocero de Seguridad del gobierno estatal, Jorge Domene, los detenidos (entre ellos 5 mujeres y 2 menores de edad) se dedicaban a secuestrar y ejecutar a miembros de grupos rivales en toda la zona metropolitana de Monterrey.

Por su parte, Saldívar Farías, alias Z-27, y su hermano Juan Manuel, Z-31, eran los comandantes encargados de los municipios de Nueva Ciudad Guerrero y Camargo, en Tamaulipas, y Cerralvo y Vallecillo en Nuevo León.

A ambos se les atribuye la muerte del turista estadunidense David Michel Hartley, a quien capturaron cuando practicaba pesca en la presa Falcón de Nueva Ciudad Guerrero, en septiembre de 2010, así como el ataque en contra de agentes estadunidenses de la oficina de Aduanas e inmigración (ICE por sus siglas en inglés) en febrero de 2011 en el estado de San Luis Potosí.

Fuente: La Jornada

Autor: Erik Muñiz

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/11/quienes-son-el-credo-y-el-z-27-7974.html

Reprochan familiares silencio sobre situación en Topo Chico

Monterrey, NL. Cerca de 500 familiares de presos en el penal del Topo Chico se amotinaron a las afueras de la penitenciaria y lanzaron pedradas para en empujones abrir el portón principal para que fueran escuchados a través de un cordón de seguridad implementado por elementos de Fuerza Civil.

Los manifestantes exigían información sobre el estado de salud de sus familiares y aunque intercambiaron pedradas, empujones y gritos con los uniformados, éstos lograron controlar la situación.

Altagracia Vázquez, una jovencita de 16 años de edad, a gritos pedía información sobre su hermano Gerardo Vázquez Vázquez.

"Ya son muchas horas que tenemos aquí y no nos dicen nada, queremos que los dejen (a los internos) hacer una llamada telefónica para que nos digan si están bien. Están dejando pasar a la gente pero no más de cinco en cinco y así nos vamos a tardar todo el día”, dijo la joven mientras alzaba una cartulina con el nombre de su familiar.

María Carmina Sánchez Macías estalló en llanto y tuvo una crisis de histeria cuando vio en su teléfono celular la noticia de que su hermano Darío Sánchez se encuentra en la lista de personas fallecidas, dada a conocer por las autoridades.

"Me acaban de decir que mi hermano está entre los muertos: mi esposo ya no pudo verlo. Nosotros somos de Pesquería (municipio ubicado a 70 kilómetros de Monterrey). Le traía el almuerzo y veníamos a verlo", dijo la mujer, para luego recibir atención de paramédicos de la Cruz Verde.

"Esto es un pinche mugrero. Todos sabemos cómo se manejan las cosas aquí, donde a todos los internos les piden cuota, les cobran a los familiares mil 200 pesos a la semana para no golpearlos", dijo a La Jornada un hombre que sólo dijo llamarse Martín y omitió sus apellidos para no perjudicar a su familiar preso.

El modo de operar, dijo el sexagenario de aspecto humilde, es investigar a las familias de los presos para conocer qué tipo de casa tienen y si poseen automóvil.

"Los que mandan en el penal le piden a su gente de afuera que investigue a los que acaban de entrar. Si ven que la persona no está tan jodida, le suben la cuota; a algunos les piden hasta cinco mil pesos a la semana y a la familia no le queda otra más que pagar", señaló el entrevistado.

Fuente: La Jornada

Autor: Erik Muñiz

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/11/familiares-de-presos-en-topo-chico-desesperados-por-informacion-3514.html

Cerrarán Zócalo por 36 horas por visita del Papa

Ciudad de México. Por 36 horas, quedará cerrado el Zócalo, debido a que desde las 00 horas de este viernes el ingreso de personas y autos estará controlado por el Estado Mayor Presidencial, ante la visita del Papa Francisco.

Ante ello, mil 900 comercios cerrarán y reabrirán el sábado por la tarde, a fin de aminorar sus pérdidas por ventas no realizadas, informó el presidente de la Canacope, Gerardo López Becerra.

Se trata, precisó, del 80 por ciento de los establecimientos mercantiles ubicados en el polígono delimitado por Venustiano Carranza, Donceles, Correo Mayor y Palma, mientras los propietarios y/o encargados de los otros 500 negocios decidirán si se acogen a esta medida o logran abrir.


Fuente: La Jornada
Autora: Laura Gómez Flores

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/11/cerraran-zocalo-por-36-horas-por-visita-del-papa-9545.html

Juez federal suspendió garantías constitucionales a 8 indígenas de Oaxaca

Los indígenas fueron trasladados a penales federales pese a las irregularidades en su proceso, como que no se les dictó auto de formal prisión y no conocer en una audiencia los delitos de los que se les acusaban.

El artículo 19 de la Constitución mexicana establece que “ninguna detención ante autoridad podrá exceder el plazo de las 72 horas”, tiempo dentro del cual debe ser definida la situación jurídica del detenido, es decir: un juez debe determinar si es liberado o si le dicta un auto de formal prisión, antes de que la persona cumpla tres días de arresto.

Sin embargo, en el caso de Roque Coca y siete compañeros, todos de la etnia mixteca, esas 72 horas de “detención” se han convertido en más de ocho meses de reclusión, y la cuenta sigue corriendo. La razón: su origen indígena.

Estos ocho ciudadanos oaxaqueños fueron detenidos el 7 de junio de 2015, luego de participar en una manifestación en la capital del estado, en contra de la jornada electoral que se realizaba ese mismo día.

Al final de esa marcha, una decena de urnas electorales fueron llevadas al zócalo de la capital e incendiadas.

Después de que dicha protesta concluyó y los participantes se dispersaron, la policía de vialidad de Oaxaca interceptó un autobús en el que se trasladaban 47 de los manifestantes: las mujeres, los niños y los ancianos fueron puestos en libertad, pero los 25 hombres restantes (entre los que iban los ocho indígenas mixtecos), fueron arrestados y trasladados primero a instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, luego a la Procuraduría estatal, donde el Ministerio Público local descartó que hubieran cometido algún delito de su competencia, razón por la que los llevaron a un cuartel del Ejército (donde también se negaron a recibir a los detenidos) y finalmente fueron presentados ante la Procuraduría General de la República.

Ahí, la acusación que se preparó contra ellos fue la de haber incurrido en el delito de “portación de bomba molotov”.

Para el tercer día de detención (es decir, cuando el el término constitucional de 72 horas estaba a punto de concluir), los 25 detenidos fueron presentados ante el juez penal, siendo exactamente las 11:04 horas del 11 de junio de 2015.

Hasta ese momento, el procedimiento seguía el curso normal establecido por las leyes.

Sin embargo, en ese mismo instante el proceso se salió del marco normativo ya que, al tenerlos ante sí, el Juez Tercero de Distrito con sede en Oaxaca, Amado Chinas Fuentes, decretó “la suspensión del término constitucional a que se refiere el artículo 19 de nuestra Ley Cimera”, debido a que los detenidos no habían rendido su declaración preparatoria, eso, a pesar de que ya llevaban casi 72 horas arrestados.

Cabe destacar que, según el artículo 1 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones establecidas en ella no podrán “restringirse ni suspenderse”. pero, en este caso, la garantía establecida en el artículo 19 quedó “suspendida” para los 25 detenidos.

Para 17 de ellos, esta anomalía duró sólo unas horas, ya que ese mismo día pudieron cumplir el trámite de la declaración.

Sin embargo, para los otros ocho detenidos, todos de origen mixteco, el artículo 19 Constitucional quedó suspendido indefinidamente, ya que habían solicitado la intervención de un intérprete y un abogado bilingüe para poder rendir su declaración preparatoria, y al no haber un intérprete ni un abogado bilingüe disponibles, el mismo juez los envió a prisión, dejando sin definir su situación jurídica.

Esto quiere decir que no sólo quedaron presos sin que se les haya dictado un auto de formal prisión, sino que tampoco pudieron conocer en audiencia formal los delitos de los que se les acusaban, no contaron con asistencia legal adecuada para su defensa, y tampoco pudieron alegar nada en su favor de forma personal.

Discriminación…

El argumento del juez Amado Chinas Fuentes para remitir a prisión a estos ocho indígenas mixtecos, aún sin definirles su situación jurídica, fue que así garantizaba que estas personas ejercieran, eventualmente, su derecho a contar con un intérprete y un defensor bilingües, y que los ocho detenidos debían esperar en prisión, en tanto los intérpretes y abogados se desocupaban.

Así, los ocho fueron enviados a cárceles federales de alta seguridad: cinco a Nayarit y tres más (entre ellos Roque Coca), a Veracruz.

En ese momento, señala el abogado David Peña, a estos detenidos se les violó una amplia serie de derechos, además de aquel consagrado en el 19 Constitucional, entre los que están: el derecho a gozar de las garantías que establece la Constitución; el derecho a la seguridad jurídica; el derecho a conocer los delitos que se imputan a un ciudadano; el derecho a la defensa legal; el derecho al debido proceso; el derecho a la libertad; el derecho al ejercicio y goce de la identidad personal y cultural; al derecho a ser asistido legalmente en el marco de la multiculturalidad que reconoce la Constitución; el derecho a ser tratado con igualdad ante la ley; el derecho a no ser discriminado; y el derecho a ser escuchado en audiencia pública.

Asimismo, subraya el abogado, se violó un principio legal que es cimiento del Derecho Mexicano e internacional, el cual reza: “Nullum crimen, nulla poena sine lege”, que quiere decir que no se puede imputar a una persona un delito ni un castigo que no estén previamente establecidos en las leyes. Y éste es el caso de los ocho indígenas, señaló David Peña, ya que todos fueron acusados de un delito inexistente en el marco legal mexicano que, por lo mismo, carece de pena establecida, y ese es el delito de “portación de bomba molotov”.

En primera instancia, señaló el abogado Peña, la autoridad no ha podido demostrar que los detenidos llevaban cocteles incendiarios en sus mochilas y, por el contrario, existen pruebas de que esta acusación fue fabricada: de hecho, en el momento de ser arrestados, la gran mayoría no llevaba las mochilas en las que supuestamente se les encontraron botellas con gasolina.


A continuación te presentamos, un video que muestra el momento del arresto, y en el que se ve que los detenidos no llevaban las supuestas mochilas. El video que te presentamos califica a los manifestantes como un “grupo de choque” magisterial, aunque no presenta pruebas de ello:



Por otra parte, continuó el abogado David Peña, en el primer reporte de la detención no se registra que les hayan sido decomisados objetos útiles para agredir a la autoridad, y las “bombas molotov” aparecen hasta el segudo reporte, pero sólo se habla de 13 artefactos.

Asimismo, abundó, los cocteles molotov no violan la Ley de Explosivos y Armas de Uso Exclusivo de las Fuerzas Armadas, ya que no contienen insumos “explosivos”, sino combustibles que se incendian.

Esto, detalló, puede ser un matiz muy sutil, pero es determinante, ya que, al no existir un delito expresamente descrito como “portación de bomba molotov” en el Código Penal Federal, esta acusación queda sin sustento normativo.

Así, remata, portar una contenedor con gasolina no es un delito; lo que es un delito es arrojar un objeto incendiario contra alguien con fines dolosos, y eso no fue lo que ocurrió.


Tal como muestran videos captados por los manifestantes, su detención se dio en un momento en el que no realizaban ningún tipo de agresión contra la autoridad, y por el contrario, su vehículo fue interceptado cuando se diponían a abandonar la ciudad de Oaxaca, con rumbo a sus municipios, de forma totalmente pacífica.



–¿Qué ha pasado con este grupo de indígenas? –se cuestiona al abogado.

–Siguen en prisión. Nosotros damos acompañamiento legal a Roque Coca, pero la situación es igual para todos: en octubre de 2015, ganamos un amparo, con el cual denunciamos la situación de privación ilegal de la libertad en la que se econtraba Roque. Así logramos que un juez de amparo obligara al juez penal (Amado Chinas) a revertir esta violación constitucional en la que había incurrido, y aunque nosotros pensamos que sería una victoria, la cosa salió peor, porque este juez simplemente dijo ‘ah, me están ordenando definir inmediatamente su situación jurídica de estas personas que llevan meses en la cárcel, pues ahí está: quedan formalmente presos’.

–¿Roque y los otros siete indígenas detenidos pudieron rendir su declaración preparatoria, con asistencia de un intérprete y un abogado que dominaran su lengua y cultura, antes de que se definiera su situación legal?

–Por supuesto que no. El juez de Oaxaca alegó que eso ya no se podía, porque el amparo lo obligaba a definir la situación jurídica ya, en ese instante… Y lo peor es que tampoco han podido acceder al derecho a una defensa adecuada, ya que, nuevamente, aunque solicitaron un defensor de oficio que dominara su lengua y su cultura, algo a lo que tienen derecho por ley, les respondieron lo mismo: que no había ninguno disponible, que esperaran… Es decir, el juez está incurriendo una y otra vez en un criterio discriminatorio con base en el origen étnico y racial de los detenidos, y paradójicamente justifica esta arbitrariedad alegando que lo hace para no discriminarlos. No tiene ningún sentido…

–Quizá sea tonto preguntarlo: ¿Roque Coca y sus compañeros no hablan español?

–Sí hablan español –aclara el abogado–. Pero no dominan ni entienden de tecnicismos legales del castellanos, por eso fue que optaron por ejercer un derecho que la misma ley establece: el derecho a contar con un intérprete, con los que pudieran comunicarse en mixteco.

Roque Coca y sus compañeros Luis Enrique López López, José de Jesús Martínez Castellanos, Mailon Rojas Gómez, Eugenio Hernández Gaytán, Celso Castellanos Martínez, Eleuterio Hernández Bautista y Feliciano García Matías, todos indígenas mixtecos, permanecen presos, enfrentando un juicio por el delito de portación de bomba molotov, en la causa 30/2015.

Epílogo…


Hasta la fecha, las autoridades federales no ha identificado, detenido ni acusado a nadie por su presunta participación en la quema de las urnas electorales durante la protesta del 7 de junio de 2015 en la capital de Oaxaca.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/juez-federal-suspendio-garantias-constitucionales-a-8-indigenas-de-oaxaca/

Padre de edil de Cocula denuncia que le han impedido comunicarse con su hijo

CIUDAD DE MÉXICO: Alcibíades Ramírez Chávez, padre de Erick Ulises Ramírez Crespo, alcalde de Cocula, Guerrero, calificó de arbitrario el arresto de su hijo, el pasado martes 9, y señaló que desde ese día no ha podido establecer comunicación con él, porque en todos lados se lo niegan.


Señaló que la primera vez que detuvieron a Erick Ulises –el 29 de octubre de 20015–, las autoridades no pudieron sostener sus acusaciones por delincuencia organizada y tampoco lo conseguirán en esta ocasión.

Sobre la detención de su hijo, precisó que el martes 9 “estaba acompañado de un grupo de policías federales en el filtro de la Loma de los Coyotes de la ciudad de Iguala, lo intercepta la Procuraduría General de la República (PGR), lo detienen y lo trasladan a la Ciudad de México. Ese mismo día me trasladé a la Ciudad de México, voy a la SEIDO (Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada) y me dicen que no está ahí. Voy a la Comisión de Derechos Humanos, que está ahí dentro”, relató en entrevista con Grupo Imagen.

Añadió: “Durante toda la noche no me dejaron verlo; al otro día lo trasladan al penal de Guanajuato y es la hora en que no sé nada de él. Estoy en la ciudad de Iguala en el Poder Judicial de la Federación, en el noveno distrito que dictó la aprehensión, pero no me han dado información”.

Ayer, Erick Ulises Ramírez Crespo fue recluido en un penal federal del estado de Guanajuato por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
El alcalde de Cocula fue detenido por primera vez el 29 de octubre de 2015 en un operativo realizado en Cuernavaca, Morelos, mientras se encontraba con Adán Zenen Casarrubias Salgado, ‘El Barbas’, hermano de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, el grupo criminal al que la PGR responsabiliza de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En aquella ocasión pasó tres días en las instalaciones de la SEIDO y posteriormente fue llevado a la Casa de Arraigo, donde cumplió una medida cautelar de 40 días. El 11 de diciembre obtuvo su libertad ante la falta de elementos para consignarlo.


El pasado martes 9 fue aprehendido por segunda vez en un retén militar, cuando circulaba sobre la carretera libre Iguala-Cocula.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429682/padre-de-edil-de-cocula-denuncia-que-le-han-impedido-comunicarse-con-su-hijo

Grupo armado secuestra a cuatro estudiantes en Veracruz

Veracruz. Ver. Un grupo de hombres armados se llevó a cuatro jóvenes universitarios en el fraccionamiento Reforma en este puerto.

A tres los sometieron en un puesto de tacos situado en el cruce de las calles Colón y Navegantes; al cuarto lo sacaron del negocio de su padre, y responde al nombre de Agustín Manuel Ruiz. de 22 años, quien fue testigo de la sustracción de los otros tres. Esto ocurrió alrededor de las 13 horas.

Fuente: La Jornada

Autor: Eirinet Gómez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/11/grupo-armado-secuestra-a-cuatro-estudiantes-en-veracruz-8582.html

Con Rápido y Furioso, ATF arriesgó la seguridad pública de México y EU

Washington: La oficina del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) manejó con “irresponsabilidad” la supervisión de las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto, poniendo en riesgo la seguridad pública de México y Estados Unidos, destacó en un informe el Departamento de Justicia.


“Concluimos que las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto fueron irresponsablemente supervisadas por la oficina de ATF y del Departamento de Justicia en Phoenix (Arizona), y que lo más significativo de su fracaso fue considerar de manera adecuada los riesgos que esto implicaba para la seguridad pública en México y Estados Unidos”, indica el reporte elaborado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia.

Las nuevas conclusiones, que dan seguimiento a la primera que realizó el Inspector General en 2012, sostienen además que la oficina central de ATF en Washington “fracasó” en imponer una supervisión adecuada a las operaciones de tráfico de armas que orquestó y llevó a cabo la oficina en Phoenix.

De acuerdo con Michael Horowitz, Inspector General del Departamento de Justicia, el fracaso en la supervisión de las dos operaciones de tráfico de armas “supervisadas”, incluso “por los riesgos a la seguridad pública que implicó, puso en riesgo la relación de Estados Unidos con México”.

Las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto fueron desarrolladas y aplicadas por la oficina de ATF en Phoenix para presuntamente detener el tráfico ilegal de armas a México.

En 2008 y 2009, agentes de la oficina de ATF en Phoenix contrataron a reconocidos traficantes de armas de la región del estado de Arizona para que las compraran al mayoreo y las entregaran a otros individuos en la frontera sur de Estados Unidos, quienes se dedican a meter ilegalmente armamento a México.

Supuestamente la intención de la oficina de ATF en Phoenix era rastrear cada una de las armas adquiridas bajo su supervisión, para así poder desmantelar el tráfico ilegal de armas a México, enfocado a ‘empoderar’ bélicamente a los cárteles del narcotráfico.

Tanto Rápido y Furioso como Receptor Abierto resultaron ser un fracaso, porque los agentes de la oficina de ATF en Phoenix no sólo no pudieron rastrear el paradero de cientos de armas de alto poder que se adquirieron, sino que incluso provocaron un incidente fatal de un agente federal estadunidense.

El 14 de diciembre de 2010, Brian Terry, agente de Aduanas y Protección Fronteriza, fue asesinado en Río Rico, Arizona, cerca de la frontera con México, justamente con una de las armas compradas por medio de la operación Rápido y Furioso. La muerte de Terry provocó no solo un escándalo a nivel gubernamental, sino que el Congreso federal estadunidense intentó someter a un juicio político al entonces procurador general Eric Holder, a quien buscó acusar directamente de la muerte del agente por no imponer supervisiones adecuadas a las operaciones de ATF en Phoenix.

“Determinamos que los jefes de ATF debieron reconocer que estos agentes (los de Phoenix) no instrumentaron las medidas adecuadas al tiempo que se hacían las compras de armas, y que se hacían con una frecuencia y a un nivel alarmante, por tanto debieron dar por terminadas a las operaciones”, machaca el reporte del Inspector General entregado a la procuradora general Loretta Lynch.

“Además”, insiste en sus conclusiones Horowitz, “determinamos que algunos de los jefes de ATF ignoraron las advertencias que hicieron otros agentes de que sus colegas involucrados en las operaciones no estaban confiscando las armas, aun teniendo la autoridad para hacerlo”.

La investigación de Horowitz resalta en otro apartado que por diferencias con otras agencias federales, como la Administración Federal Antidrogas (DEA), ATF provocó la pérdida de varias oportunidades de investigar y capturar a personajes directamente involucrados en el trasiego de armas y de drogas.

“ATF fracasó en aprovechar la oportunidad que le dio Rápido y Furioso para avanzar en una investigación al desaprovechar la información que le dio la DEA, y pudo haber servido para identificar a un personaje sospechoso y significativo”, remata.


Como resultado del fracaso de las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto, el mismo gobierno y el Congreso federal de Estados Unidos han asegurado que la gran mayoría de las armas compradas con la autorización y supervisión de la oficina de ATF en Phoenix terminaron en manos de narcotraficantes mexicanos, en su mayoría integrantes del cártel de Sinaloa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429679/con-rapido-y-furioso-atf-arriesgo-la-seguridad-publica-de-mexico-y-eu

Cinco claves de por qué falla la investigación de desaparición de periodistas y personas en México

Pese a que algunos casos llegan a ser indagados tanto a nivel estatal como federal no hay resultados. Artículo 19, con información de la ONU y la CIDH, identifica las deficiencias comunes en el trabajo de investigación de los mismos.

Lentitud para poner en marcha los protocolos de búsqueda (si es que existen), falta de coordinación ente autoridades, apertura de averiguaciones repetidas, negativa a proporcionar información precisa, dudas de las actividades o criminalización de las víctimas…

Son  problemas comunes que se repiten en las investigaciones abiertas por la desaparición de periodistas en México y que han ocasionado que, hasta ahora, ninguna haya sido resuelta, de acuerdo con un análisis de la organización por la defensa de la libertad de expresión Artículo 19.

Algunas de estas deficiencias, identificadas también por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no se presentan solamente en los casos de periodistas sino de las desapariciones de personas en general, pese a que llegan a ser varias las instituciones involucradas en “esclarecer” los casos.

El problema,  además de que las averiguaciones previas no se resuelvan, es que las deficiencias en algunas situaciones han impedido ubicar a las personas y salvarles la vida, como ocurrió con el caso del periodista Moisés Sánchez que un mes después de su desaparición fue encontrado muerto.

A partir del análisis hecho por la organización en su estudio “Desapariciones de Periodistas en México”, Animal Político te presenta las cinco fallas identificadas en las indagatorias de los casos, y que son responsables de que predomine la impunidad en las desapariciones.

• No hay reacción inmediata

Las primeras horas luego de la desaparición de una persona son claves para dar con su paradero y posiblemente para salvarle la vida. Algunos estados del país y el gobierno federal cuentan con protocolos de acción sobre cómo actuar en esos primeros momentos claves en que se reporta que una persona no aparece, incluyendo los casos específicos para periodistas.

El problema, según Artículo 19, es que dichos protocolos se quedan en el papel pues no se aplican adecuadamente.

“El patrón es repetitivo en la medida en que ningún caso ha contado con reacción inmediata para la búsqueda y localización con vida de las personas. Tanto el Comité contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que no se inician las investigaciones con la debida celeridad” indica el informe.

En Veracruz por ejemplo, la segunda entidad con el mayor número de periodistas desaparecidos (y también de desapariciones en general según datos de PGR) la Fiscalía estatal cuenta con lineamientos específicos de reacción inmediata para la búsqueda de personas. Además hay dos acuerdos interinstitucionales que así lo señalan.

Sin embargo, en casos como el del periodista Moisés Sánchez, que Artículo 19 desglosa para ejemplificar los errores comunes, la fiscalía tardó doce días en girar oficios de forma adecuada para pedir información. También pasaron once días antes que se pidieran los videos de cámaras del C4 que registraron la ruta del secuestro del periodista, sin que hasta el día de hoy hayan sido entregados.

• No se reconoce desaparición forzada

En el análisis de los casos, Artículo 19 identificó como patrón que el 96 por ciento de los periodistas desaparecidos estaban investigando temas de corrupción y crimen organizado con el posible involucramiento de servidores públicos. Ocho periodistas incluso fueron amenazados por autoridades locales o federales.

Pero hasta ahora, ninguno de los 23 casos de periodistas desaparecidos es investigado oficial y legalmente  como un asunto de presunta desaparición forzada.

“Los patrones identificados confirman las deficiencias en el tratamiento dado por las autoridades mexicanas. Es decir, ignoran u ocultan de manera sistemática los nexos causales entre la actividad periodística u  el papel de las autoridades y particulares en la desaparición de periodistas. De esta manera, sostenemos que la mayoría de las desapariciones son forzadas en tanto no se descarte este supuesto en las investigaciones” indica Artículo 19.

El que un caso sea tipificado como posible desaparición forzada no solo tiene que ver con un reconocimiento de la participación del estado, sino que además implica que la averiguación que se inicie no prescribe nunca, es decir no caduca, y las penas son mayores para los involucrados.

• Se duplican (o triplican) averiguaciones

México ha creado en los últimos años instancias especializadas en delitos cometidos en contra de periodistas. Las procuradurías y fiscalías estatales cuentan con ellas, mientras que en la PGR existe la Fiscalía Especializada en Atención de delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que se encarga de estos casos.

La situación es similar con la indagatoria de las desapariciones en general, donde la PGR creó una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas (hoy fFiscalía) que se suma a la facultad que también tienen las entidades.

El problema ha sido que estas áreas federales no han atraído la mayoría de los casos. Por lo menos la FEADLE, indica Artículo 19, tiene solamente 13 averiguaciones por desaparición de periodistas que además, son casos repetidos a los de los estados pues no se atrajeron totalmente las indagatorias.

“La existencia de dos indagatorias constituye una duplicidad de actuaciones que implica la revictimización permanente de las víctimas indirectas (las familias) obstaculiza la eficiencia y compromete si independencia, imparcialidad y objetividad” señala Artículo 19.

La FEADLE, de acuerdo con el análisis, ha utilizado discrecionalmente su facultad para decir que casos atrae o no, situación que resulta restrictiva en materia de derechos humanos.

En algunos casos como el del periodista Moisés Sánchez, se abrió incluso una tercera averiguación previa  a través de  la Unidad Especializada en Investigación de Búsqueda de Personas, sin embargo sus acciones iniciales se centraron en pedir a las otras áreas sus propias indagatorias del caso.

• Dudas y criminalización

El estudio advierte que un problema recurrente en el esclarecimiento de los casos, es que las autoridades responsables tienden a poner en duda que el trabajo del periodista sea el factor detrás de la agresión, e incluso que la víctima realmente se dedique a ello.

En el caso mencionado de Moisés Sánchez, esto quedó de manifiesto, según el recuento de Artículo 19, primero con las declaraciones del gobernador Javier Duarte quien puso en duda la calidad del trabajo de la víctima, pero sobretodo con la actuación de la Fiscalía de la PGR quien prefirió indagar si este era reportero en momento en que posiblemente seguía secuestrado pero con vida.

“Gran parte de las diligencias iniciales se centraron en comprobar que Moisés Sánchez era periodista. En efecto, invirtieron recursos materiales y humanos en enviar oficios a distintos medios de comunicación de Veracruz para preguntar si contaban con registros sobre la participación periodística-laboral de Moisés en sus empresas” revela el estudio.

En la misma investigación e Sánchez, y luego de que un juez emitiera un amparo en el que le ordenaba a la PGR esclarecer porque no había atraído el caso, la Fiscalía terminó por informar que no lo hizo argumentando según su criterio que este no era periodista.

Hasta ahora, en ninguno de las 23 desapariciones  se ha establecido como principal línea de investigación la actividad profesional de las víctimas}

Un caso más reciente que no entró en el análisis, pero que también fue condenado por  Artículo 19, fue el caso de la periodista Anabel Flores, secuestrada el pasado lunes 8 de febrero y encontrada un día después asesinada.

Aunque la Fiscalía dijo en un comunicado que indagaba varias líneas detalló solamente que se verificaba su posible contacto con un narcotraficante. El Fiscal luego dijo que hicieron ese señalamiento por “notas y rumores” publicados. Artículo 19 subrayó que es un ejemplo más de criminalización de los casos.

• Opacidad hacia las víctimas

La falta de información confiable a la que puedan tener acceso las víctimas y luego la sociedad en general es un problema también recurrente en estos casos. Artículo 19 señala que en ninguna de las 23 desapariciones se conoce actualmente el estado en el que se encuentran las investigaciones.

En algunos casos como el del periodista Ramón Ángeles Zalpa del periódico Cambio de Michoacán, desaparecido desde el 6 de abril de 2010, o el de Sergio Landa Rosado del Diario Cardel de Veracruz que no aparece desde el 22 de enero del 0113, las fiscalías estatales y la propia PGR se han negado a proporcionar a las víctimas los datos que han solicitado.

La falta de datos, que no solo se presenta en la desaparición de periodistas sino de personas en general, es significativa pues se trata de casos de graves violaciones a derechos humanos sobretodo cuando hay autoridades involucradas en el hecho delictivo.

“La opacidad que rodea a la información sobre los hechos —y responsables, circunstancias del contexto general, políticas y deficiencias institucionales y decisiones que hicieron posibles las violaciones— niega igualmente el derecho que tiene la sociedad a conocer la verdad sobre las violaciones a derechos humanos” indica el informe.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/cinco-claves-de-por-que-falla-la-investigacion-de-desaparicion-de-periodistas-y-personas-en-mexico/

Chiapas, la emergencia humanitaria en la víspera del arribo del Papa

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 11 de febrero de 2016.- Anoche, cientos de personas durmieron en la Plaza de la Resistencia, frente a la catedral, en un frío que rondaba los cero grados, algunos bajo un hule, otros bajo la intemperie y algunos alrededor de fogatas. Sin coordinación previa se plantaron en la plaza, son personas y familias enteras víctimas de desplazamientos forzados, ataques paramilitares, con presos políticos, atrapadas en las redes de la impunidad como política de gobierno. Son las comunidades que viven la emergencia humanitaria provocada por la represión contra las organizaciones de izquierda independiente en Chiapas, represión que usa como último eslabón de la cadena de mando a grupos paramilitares que actúan bajo un abierto régimen de impunidad.

Bien decía uno de los comunicados, no salieron a plantarse en la coyuntura del arribo del Papa, más bien el Papa arriba en medio de la grave crisis humanitaria que Chiapas vive en estos días. Por que no son comunidades y organizaciones que vienen a hacer peticiones de apoyos, sino que vienen a exigir un alto a las agresiones de paramilitares, a los desplazamientos forzados y las ejecuciones extrajudiciales en diversas partes del estado.

Al norte de la plaza pernoctaron las familias desplazadas de Shulvó, Zinacantán, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que a las 4 de la tarde marcharon desde la unidad administrativa hasta la plaza de la resistencia, y quienes desde el 4 de febrero mantienen un plantón indefinido en esta plaza. A su marcha se sumó un contingente de las familias desplazadas de Banavil, también adherentes a La Sexta, quienes apuntaban el caso de Alfonso López Luna, desaparecido, también iban contingentes de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, de Normalistas y otros contingentes que de por sí estaban en la plaza y que se animaron a marchar con ellos cuando iban al punto de arranque de la marcha, unificados por el grito de “Zapata vive, la lucha sigue”.

En el centro de la plaza se ubica el plantón de las familias desplazadas de Santa Catarina, que se plantaron el día de ayer. En el sur de la plaza están diversos contingentes de la organización OCEZ-Región Carranza, con demandas agrarias. En el costado de la catedral que da a la plaza durmió un contingente de Benemérito de las Américas exigiendo la libertad de un grupo de presos políticos.

En el costado sur de la catedral, se ubica el plantón de las comunidades de Chanal, quienes tras un conflicto poselectoral exigen la constitución de un consejo muncipal, tal como se prometió hace unos días a las comunidades de Oxchuc. Se rumora que en estos días, previo a la llegada del Papa a la ciudad el 15 de febrero próximo, nuevos contingentes de comunidades en resistencia arribarán a esta Plaza de la Resistencia.

A lo largo del día las diversas movilizaciones iban recorriendo la ciudad, y llenando de consignas los muros recién repintados de acuerdo a los llamados de los medios de comunicación para que el Papa encontrara una ciudad limpia y pulcra. De tal forma al atardecer diversas generaciones de consignas, tipografías y colores llenaron las paredes de las principales calles de la ciudad. Cabe destacar que la exigencia de la presentación inmediata con vida de los 43 de Ayotzinapa también fue una pinta y una consigna recurrente en los diversos contingentes de plantonistas.

Mientras el gobierno del estado, el federal y el municipal de San Cristóbal han intentado vender una imagen de San Cristóbal de las Casas al estilo Disneylandia, la realidad de la emergencia humanitaria le explota en la cara, pero para ello los 3 niveles de gobierno han diseñado un estado de excepción que empezará a funcionar el 13 de febrero, mientras el 14 se declara el estado de queda y en los hechos un estado de sitio, con las carreteras cerradas y las calles atestadas de cuerpos de seguridad federales.

Fuente: Centro de Medios Libres

https://www.centrodemedioslibres.org/2016/02/11/chiapas-la-emergencia-humanitaria-se-toma-la-plaza-de-san-cristobal-de-las-casas-en-la-vispera-del-arribo-del-papa/

CIDH y UNESCO condenan asesinato de la periodista Anabel Flores

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) condenaron el asesinato de la periodista veracruzana Anabel Flores Salazar, y demandaron a las autoridades el pronto esclarecimiento y castigo a los responsables.


“Este crimen ha privado a la población de una voz que alimentaba el debate público e informado y contribuía a la libre circulación de la información. En nombre de la justicia y para promover condiciones de trabajo más seguras para los periodistas, pido a las autoridades que lo investiguen y procesen a sus culpables”, subrayó la directora general de la UNESCO, Irina Bokova.

Por separado, la Relatoría Especial de la CIDH manifestó “especial preocupación por la reiteración de este tipo de ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en México, donde uno de los lugares más peligrosos es el estado de Veracruz”.

El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) recordó que ocho periodistas fueron asesinados en México en 2014 por motivos presuntamente vinculados al ejercicio de su profesión, en 2015 hubo otros seis casos y este año ya van dos con la muerte de Anabel Flores.

Indicó, asimismo, que dos de los asesinatos del año pasado tuvieron lugar en Veracruz (José Moisés Sánchez Cerezo y Juan Mendoza Delgado) y que ha habido numerosas denuncias de hostigamientos a otros reporteros en ese estado.

La situación de violencia contra los periodistas en México “ha sido motivo de preocupación especial” para la Relatoría, que recordó la obligación de las autoridades de “conducir la investigación con debida diligencia y agotar todas las líneas lógicas de indagación”.

Es “fundamental evaluar de forma urgente” si deben ser las autoridades federales mexicanas las que se hagan cargo de investigar y procesar este tipo de casos”, subrayó.

Añadió: “Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras”, aseguró.

El pasado martes 9 las fiscalías generales de Puebla y Veracruz, así como la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y los Servicios Periciales de Veracruz, confirmaron la muerte de la reportera de El Sol de Orizaba y excolaboradora de El Buen Tono Anabel Flores Salazar, quien la madrugada del lunes 8 fue sacada a la fuerza de su domicilio por hombres armados.

Familiares de la periodista y empleados de la FGE y de la CEAPP, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se trasladaron el martes al municipio de Tehuacán, en Puebla, para hacer reconocimiento formal del cadáver.

“Ya es un hecho. Lamentablemente se trata de la reportera desaparecida la madrugada del lunes, ya se trasladó una comitiva a Puebla”, informó un empleado de la FGE.

El cadáver de la reportera fue hallado semidesnudo y maniatado a la orilla del asfalto en un paraje de la localidad mencionada, ubicada a sólo media hora de Mariano Escobedo, municipio donde la periodista fue levantada la madrugada del lunes.

Con Anabel Flores suman ya 17 reporteros veracruzanos asesinados en lo que va del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, aunque en el caso de Armando Saldaña de la Ke Buena, Rubén Espinosa, colaborador Proceso, y de Anabel Flores, de El Sol de Orizaba, fueron asesinados en ciudades ajenas a Veracruz, pero su ejercicio periodístico radicaba en esta última entidad.


Para reconocer el cadáver acudieron familiares de la periodista acompañados de personal de varias dependencias del gobierno de Duarte de Ochoa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429694/cidh-y-unesco-condenan-asesinato-de-la-periodista-anabel-flores

Buscan tratar con Osorio Chong aumento de feminicidios en Morelos pese a alerta

CIUDAD DE MÉXICO: Ante el incremento de la violencia feminicida en Morelos, pese a la emisión de la Alerta de Violencia de Género por el gobierno federal, la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHM) de esa entidad solicitó una reunión urgente con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para revisar los mecanismos de supervisión.

A seis meses de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar a la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió la alerta para ocho municipios de Morelos a solicitud de la CIDHM, se han registrado 37 feminicidios y el número de niñas y mujeres desaparecidas va en aumento, sostuvieron integrantes de la organización civil en conferencia de prensa.

Juliana Quintanilla alertó que durante el tiempo que la CIDHM ha documentado la violencia feminicida, ha contabilizado 686 casos en los últimos 16 años, por lo que “es evidente una falta de voluntad política por parte del gobierno de Graco Ramírez para atender esta situación inadmisible, todo ha sido simulación”.

El 10 de agosto de 2010, la Conavim emitió la alerta para los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Yautepec, Xochitepec y Temixco. En éste último fue asesinada la presidenta municipal Gisela Raquel Mota Ocampo el pasado 2 de enero.

Quintanilla explicó que en los últimos seis meses, la violencia feminicida comprendió 17 municipios, nueve de ellos no estaban en la lista delineada por la Conavim.

La defensora de derechos humanos Paloma Estrada Muñoz apuntó que las 37 mujeres asesinadas durante los últimos seis meses en Morelos tenían entre cuatro y 85 años de edad, “lo que significa que cualquier mujer morelense puede ser víctima de feminicidio”.

Desde que se emitió la alerta, resaltó, como peticionarias solicitaron entrevistas con Osorio Chong, la Conavim y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “ante la falta de claridad sobre los mecanismos de supervisión de las medidas decretadas, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta y la violencia contra las mujeres continúa”.

Para evidenciar “la falta de voluntad política”, Estrada Muñoz señaló que la alerta ni siquiera fue tomada en cuenta para ser considerada en el presupuesto anual, pues “entre las medidas se tenía contemplado un banco de datos básico sobre niñas y mujeres desaparecidas y lo que se nos dijo es que no hubo presupuesto ni para eso”.

Y pese a que en la solicitud de la CIDHM documentaron 530 casos de feminicidios, dijo que el gobierno de Graco Ramírez sólo reconoció 280, “por lo que otra de las medidas era revisar los casos y abrir aquellos expedientes cerrados o archivados, pero hasta ahora ese proceso no se ha realizado”.

La activista  informó que tampoco se ha procedido a la homologación legislativa, un obstáculo más para tipificar los feminicidios. Como ejemplo de ello puso el caso de la alcaldesa de Temixco, cuya muerte es considerada por las autoridades de Morelos como homicidio calificado y no feminicidio, como la CIDHM ha solicitado que se clasifique.

Tras el descubrimiento de fosas en Tetelcingo, Cuautla, con 118 cadáveres, la especialista aseguró que “el fiscal –Javier Pérez Durón–, primero dijo que sólo eran restos de hombres y después reconoció al menos 13 mujeres, pero sin que hasta ahora se sepa quiénes son, quiénes son los responsables ni mucho menos se reconocen esas muertes como feminicidios”.

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de  Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), recordó que desde 1993 las organizaciones sociales han alertado sobre la violencia feminicida, en particular en Ciudad Juárez, donde “no se ve una verdadera voluntad política para atender las violencia contras las mujeres, a pesar de que desde 2009 hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que instruye al Estado mexicano de cómo atender este flagelo”.

El líder de la organización apuntó que pese a que desde 2007 existen instituciones para atender la violencia feminicida y el último reglamento para emitir la AVG data de 2013, “se corre el riesgo de que todo sea una simple simulación, pues hay otras dos alertas, en Estado de México y Jalisco y no se ve que tengan un impacto en la disminución de la violencia contra las mujeres”.

Andrea Medina agregó que la “innovación no se está implementando adecuadamente y lo que se requiere es salir de la simulación, porque están de por medio la vida de las mujeres”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
FECHA: 10 FEBREO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429566/cidhm-pide-reunion-urgente-con-osorio-chong-para-revisar-mecanismo-antifeminicidios

Dan a Lydia Cacho el Premio ALBA/Puffin por defensa de los derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO: La periodista Lydia Cacho Ribeiro, defensora de los derechos humanos de las mujeres, será galardonada con el Premio ALBA/Puffin al Activismo en Pro de los Derechos Humanos, que reconoce a personas cuyo trabajo y trayectoria promueven la defensa de esas garantías y exponen actos de injusticia y corrupción.


Los Archivos de la Brigada Abraham Lincoln anunciaron que el próximo 9 de mayo otorgarán el premio ALBA/Puffin a la periodista mexicana y al comunicador estadunidense Jeremy Scahill.

Cacho Ribeiro fue la primera periodista y defensora mexicana que denunció ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, los constantes ataques a la libertad de expresión en México avalados por el Estado.

Ella misma –con más de 25 años de trayectoria periodística– enfrentó una detención arbitraria y tortura en diciembre de 2005 por documentar los nexos entre el poder político y redes de pederastas y trata de personas en México.

No quedarse callada le costó años de acoso y amenazas en su contra, que incluso la llevaron al exilio en 2012. Tales abusos nunca medraron el interés de la columnista y colaboradora por seguir investigando y publicando.

La labor humanitaria de Cacho ha sido reconocida en otras ocasiones: En 2006 recibió el Premio Yo Dona, del diario español El Mundo, y en 2008 obtuvo el galardón de Human Rights Watch por la defensa de los derechos humanos.

Un año después la autora de Los demonios del Edén y Esclavas del poder ganó el “Hermila Galindo” que entrega la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y en 2010 recibió el Harold Pinter PEN Club, entre otras preseas.

Por su parte, el periodista Jeremy Scahill ha documentado casos sobre el militarismo y las “guerras fantasma” de Estados Unidos en Oriente Medio y África.


El Premio ALBA/Puffin al Activismo en Pro de los Derechos Humanos es auspiciado por la Fundación Puffin y fue creado por el filántropo Perry Rosenstein, quien preside la fundación. Su propósito: Honrar a las Brigadas Internacionales y vincularlas con las luchas contemporáneas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 10 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429605/dan-a-lydia-cacho-el-premio-albapuffin-por-defensa-de-los-derechos-humanos