MONTERREY, NL (proceso.com.mx).- La Sección Segunda de la Séptima Zona Militar advirtió a Rodrigo Medina de la Cruz que gracias a la complicidad de autoridades penitenciarias, Los Zetas obtenían en la prisión de Topo Chico unos 15 millones de pesos al mes por cobro de cuotas, venta de droga y otros negocios, fondos que permitían financiar la narcoguerra que asolaba al estado de Nuevo León en ese periodo.
La advertencia ocurrió a la mitad de la administración de Medina de la Cruz. Pero no fue la única: investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León publicaron el libro Prisión y familia: retos para la cohesión social y el desarrollo del siglo XXI, en el cual se documentaba la tragedia que viven las familias de los reos en los penales del estado.
Además, organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la bomba de tiempo que amenazaba a las cárceles al juntar peligrosos reos del crimen organizado con internos detenidos por delitos comunes.
El informe de la inteligencia militar destacaba que al menos cinco millones de pesos del total que obtenían Los Zetas en el Topo Chico se destinaban a los sobornos de custodios, jefes de guardia comisarios y los directivos del centro de reclusión. En los círculos militares se rumoraba que los sobornos también llegaban a los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.
El penal de Topo Chico operaba de manera similar al resto de las prisiones controladas por el crimen organizado en la región, entre los que destacan Altamira, donde salen el 80 por ciento de las llamadas de extorsión que se hacen en el noreste.
En el Cereso de Gómez Palacio, Durango, integrantes del crimen organizado presos salían por las noches en vehículos y con armas oficiales a realizar una serie de matanzas que ocurrieron en bares de Torreón, Coahuila.
El caso más dramático y escandaloso ocurrió en el Cereso 2 de Piedras Negras, donde Los Zetas asesinaron entre el 2009 y 2011 a más de 150 hombres y mujeres cuyos cuerpos incineraron. Incluso en esa cárcel se escondía el capo zeta Omar Treviño Morales, El Z-42, cuando la Marina realizaba operativos para capturarlo. En septiembre del 2012, 132 reos decidieron salir por la puerta grande de esa cárcel.
En Nuevo León, el 31 de diciembre del 2011, Los Zetas mostraron el control que mantenían sobre el Topo Chico. Ese día que montaron un operativo para sacar de la prisión a Gabriela Muñiz Tamez La Pelirroja y colgarla en un puente peatonal de una importante avenida de Monterrey, debido a que era la novia de un capo del Cártel del Golfo. La imagen de la mujer ahorcada con el torso desnudo le dio la vuelta al mundo.
A pesar de la advertencia que le hacía el Ejército, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz no movió ningún dedo para retomar el control del penal, incluso cuando los asesinatos de custodios y jefes de guardias ocurrían cotidianamente.
Cuotas para no ser torturado
El penal del Topo Chico albergó hasta antes de la masacre de la madrugada del pasado jueves a más de 3 mil 900 reclusos y su capacidad máxima es para unos 2 mil 500.
La Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) ha documentado que prisiones como Topo Chico tenían un autogobierno encabezado por Los Zetas.
Este sistema es posible gracias a la complicidad de las autoridades penitenciarias, pero también debido al gran déficit de custodios que alcanza un 84 por ciento. Es decir, actualmente a cada guardia le toca vigilar por lo menos a 100 prisioneros.
Consuelo Morales, directora de Cadhac, mencionó que el autogobierno de Los Zetas en el penal del Topo Chico controla la venta de drogas, la comida, los espacios para dormir, el agua y todo tipo de artículos.
“A cada nuevo interno le exigen una cuota para no ser golpeado o asesinado que en promedio va desde los mil 500 pesos semanales y hasta 50 mil mensuales”, aseguró Morales.
Afirmó que los familiares de los internos pagan esas extorsiones semanal o mensualmente con “abonos” que rondan entre los 500 ó 2 mil pesos. Enfatizó que Cadhac tiene evidencias que cerca del 60 por ciento de los internos pagan esas extorsiones.
Corrupción provoca masacre
Si el gobierno de Medina no intervino en Topo Chico, el gobierno federal tampoco hizo nada para sacar a los peligrosos presos del crimen organizado, quienes han sido los que controlan esa y otras cárceles.
Tras la derrota del PRI en Nuevo León, el nuevo gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón solicitó a Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad, el traslado de los reos del fuero federal a cárceles federales.
Renato Sales y El Bronco acordaron el traslado paulatino de reos, pero el convenio sólo se quedó en papel y se reactivó hasta que ocurrió la matanza de los 49 internos del Topo Chico.
Uno de los presos que iba a ser trasladado era Jorge Iván Hernández Cantú El Credo, el capo zeta que controlaba el Topo Chico, pero fuentes policiacas le advirtieron y se amparó para que no fuera removido de esa prisión.
Mientras que Juan Pedro Saldívar, El Z-27, llegó al Topo Chico gracias a un amparo que lo sacó del Cereso de máxima seguridad de Matamoros, el cual le otorgó un corrupto juez quien argumentó que el reo no tenía que estar en ese tipo de penales.
A pesar de que ambos eran miembros de Los Zetas, los capos se disputaban el control del Topo Chico. Los dos se movían en el interior rodeados con 20 reos que hacían la función de escoltas y que cuidaban día y noche, en sus lujosas celdas donde disfrutaban los placeres que ofrecen los hoteles cinco estrellas.
Cotidianamente llegaban a sus celdas mujeres que aparecían en algunos programas nocturnos de la televisión local, pero si las esposas, hermanas o hijos de los internos les atraían, mandaban por ellas. Debido a esa situación, la mujeres jóvenes que acudían al Topo Chico lo hacían sin maquillaje, con ropa sucia y lo más desaliñadas posible.
La noche del miércoles 10 de febrero, al filo de las 11 horas, el grupo de El Z-27comenzó a buscar a sus rivales para asesinarlos mientras que El Credo disfrutaba de la visita conyugal.
El numeroso grupo de seguidores de El Z-27 se movía libremente por toda la cárcel y sacaron de los ambulatorios C2 y C3 a los internos para llevarlos al patio, donde los mataron a golpes.
Mientras que el grupo rival comenzó su defensa. Aún se desconocen detalles, pero algunos familiares de internos contaron que a los pocos minutos la riña provocó que se incendiara la cocina, la bodega de víveres y otros
puntos del penal.
Al menos cinco reos fueron golpeados y arrojados sobre colchones, a los que les prendieron fuego. La riña se prologó por cerca de 40 minutos y a las 11:52 horas se reportó a la Secretaría de Seguridad Pública un motín en el interior del Topo Chico.
Cuando arribó el general Antúnez, secretario de Seguridad, para tomar el control de la situación, se encontró con las escenas de decenas de muertos en diversos puntos, muchos en el patio además de unos 50 heridos.
Alrededor de 40 de ellos fueron trasladados a los locutorios de los abogados donde fueron atenidos por paramédicos; cerca de 10 con lesiones graves salieron en ambulancias a hospitales.
En un intento de evadir su responsabilidad, El Bronco aseguró que heredaba de Rodrigo Medina la bomba de tiempo que le explotó al cumplir 120 días de su administración.
La advertencia ocurrió a la mitad de la administración de Medina de la Cruz. Pero no fue la única: investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León publicaron el libro Prisión y familia: retos para la cohesión social y el desarrollo del siglo XXI, en el cual se documentaba la tragedia que viven las familias de los reos en los penales del estado.
Además, organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la bomba de tiempo que amenazaba a las cárceles al juntar peligrosos reos del crimen organizado con internos detenidos por delitos comunes.
El informe de la inteligencia militar destacaba que al menos cinco millones de pesos del total que obtenían Los Zetas en el Topo Chico se destinaban a los sobornos de custodios, jefes de guardia comisarios y los directivos del centro de reclusión. En los círculos militares se rumoraba que los sobornos también llegaban a los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.
El penal de Topo Chico operaba de manera similar al resto de las prisiones controladas por el crimen organizado en la región, entre los que destacan Altamira, donde salen el 80 por ciento de las llamadas de extorsión que se hacen en el noreste.
En el Cereso de Gómez Palacio, Durango, integrantes del crimen organizado presos salían por las noches en vehículos y con armas oficiales a realizar una serie de matanzas que ocurrieron en bares de Torreón, Coahuila.
El caso más dramático y escandaloso ocurrió en el Cereso 2 de Piedras Negras, donde Los Zetas asesinaron entre el 2009 y 2011 a más de 150 hombres y mujeres cuyos cuerpos incineraron. Incluso en esa cárcel se escondía el capo zeta Omar Treviño Morales, El Z-42, cuando la Marina realizaba operativos para capturarlo. En septiembre del 2012, 132 reos decidieron salir por la puerta grande de esa cárcel.
En Nuevo León, el 31 de diciembre del 2011, Los Zetas mostraron el control que mantenían sobre el Topo Chico. Ese día que montaron un operativo para sacar de la prisión a Gabriela Muñiz Tamez La Pelirroja y colgarla en un puente peatonal de una importante avenida de Monterrey, debido a que era la novia de un capo del Cártel del Golfo. La imagen de la mujer ahorcada con el torso desnudo le dio la vuelta al mundo.
A pesar de la advertencia que le hacía el Ejército, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz no movió ningún dedo para retomar el control del penal, incluso cuando los asesinatos de custodios y jefes de guardias ocurrían cotidianamente.
Cuotas para no ser torturado
El penal del Topo Chico albergó hasta antes de la masacre de la madrugada del pasado jueves a más de 3 mil 900 reclusos y su capacidad máxima es para unos 2 mil 500.
La Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) ha documentado que prisiones como Topo Chico tenían un autogobierno encabezado por Los Zetas.
Este sistema es posible gracias a la complicidad de las autoridades penitenciarias, pero también debido al gran déficit de custodios que alcanza un 84 por ciento. Es decir, actualmente a cada guardia le toca vigilar por lo menos a 100 prisioneros.
Consuelo Morales, directora de Cadhac, mencionó que el autogobierno de Los Zetas en el penal del Topo Chico controla la venta de drogas, la comida, los espacios para dormir, el agua y todo tipo de artículos.
“A cada nuevo interno le exigen una cuota para no ser golpeado o asesinado que en promedio va desde los mil 500 pesos semanales y hasta 50 mil mensuales”, aseguró Morales.
Afirmó que los familiares de los internos pagan esas extorsiones semanal o mensualmente con “abonos” que rondan entre los 500 ó 2 mil pesos. Enfatizó que Cadhac tiene evidencias que cerca del 60 por ciento de los internos pagan esas extorsiones.
Corrupción provoca masacre
Si el gobierno de Medina no intervino en Topo Chico, el gobierno federal tampoco hizo nada para sacar a los peligrosos presos del crimen organizado, quienes han sido los que controlan esa y otras cárceles.
Tras la derrota del PRI en Nuevo León, el nuevo gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón solicitó a Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad, el traslado de los reos del fuero federal a cárceles federales.
Renato Sales y El Bronco acordaron el traslado paulatino de reos, pero el convenio sólo se quedó en papel y se reactivó hasta que ocurrió la matanza de los 49 internos del Topo Chico.
Uno de los presos que iba a ser trasladado era Jorge Iván Hernández Cantú El Credo, el capo zeta que controlaba el Topo Chico, pero fuentes policiacas le advirtieron y se amparó para que no fuera removido de esa prisión.
Mientras que Juan Pedro Saldívar, El Z-27, llegó al Topo Chico gracias a un amparo que lo sacó del Cereso de máxima seguridad de Matamoros, el cual le otorgó un corrupto juez quien argumentó que el reo no tenía que estar en ese tipo de penales.
A pesar de que ambos eran miembros de Los Zetas, los capos se disputaban el control del Topo Chico. Los dos se movían en el interior rodeados con 20 reos que hacían la función de escoltas y que cuidaban día y noche, en sus lujosas celdas donde disfrutaban los placeres que ofrecen los hoteles cinco estrellas.
Cotidianamente llegaban a sus celdas mujeres que aparecían en algunos programas nocturnos de la televisión local, pero si las esposas, hermanas o hijos de los internos les atraían, mandaban por ellas. Debido a esa situación, la mujeres jóvenes que acudían al Topo Chico lo hacían sin maquillaje, con ropa sucia y lo más desaliñadas posible.
La noche del miércoles 10 de febrero, al filo de las 11 horas, el grupo de El Z-27comenzó a buscar a sus rivales para asesinarlos mientras que El Credo disfrutaba de la visita conyugal.
El numeroso grupo de seguidores de El Z-27 se movía libremente por toda la cárcel y sacaron de los ambulatorios C2 y C3 a los internos para llevarlos al patio, donde los mataron a golpes.
Mientras que el grupo rival comenzó su defensa. Aún se desconocen detalles, pero algunos familiares de internos contaron que a los pocos minutos la riña provocó que se incendiara la cocina, la bodega de víveres y otros
puntos del penal.
Al menos cinco reos fueron golpeados y arrojados sobre colchones, a los que les prendieron fuego. La riña se prologó por cerca de 40 minutos y a las 11:52 horas se reportó a la Secretaría de Seguridad Pública un motín en el interior del Topo Chico.
Cuando arribó el general Antúnez, secretario de Seguridad, para tomar el control de la situación, se encontró con las escenas de decenas de muertos en diversos puntos, muchos en el patio además de unos 50 heridos.
Alrededor de 40 de ellos fueron trasladados a los locutorios de los abogados donde fueron atenidos por paramédicos; cerca de 10 con lesiones graves salieron en ambulancias a hospitales.
En un intento de evadir su responsabilidad, El Bronco aseguró que heredaba de Rodrigo Medina la bomba de tiempo que le explotó al cumplir 120 días de su administración.
Fuente: Proceso
Autor: Juan Alberto Cedillo
http://www.proceso.com.mx/430029/430029
