El dilema del Papa: le entra o no al tema Ayotzinapa

Atrás de los reflectores que enfocan la visita del Papa Francisco se pelea un round de sombra: el gobierno ha presionado, en México y El Vaticano, para que el pontífice no se manifieste con dureza acerca de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa –y de los miles de desaparecidos en el país–, edulcore sus discursos, hable de generalidades… Activistas y jesuitas, en cambio, buscan que sí lo haga. Pero más allá de esas pretensiones, el fraile dominico Julián Cruzalta subraya la responsabilidad moral del jerarca católico: en todo caso y por su alta investidura, “los discursos o encuentros que sostenga dependen sólo de él”.

CIUDAD DE MÉXICO: Desde que se anunció que el Papa Francisco visitaría México, la gran duda fue si decidiría pronunciarse respecto de las desapariciones forzadas en México y se reuniría con los familiares de las víctimas –particularmente los padres de los normalistas de Ayotzinapa– o si optaría por rechazar este encuentro para ajustarse al libreto que quiere el gobierno de Enrique Peña Nieto: que pronuncie discursos que hablen de pobreza, violencia, inseguridad y corrupción en términos muy generales y sin aterrizarlos en la realidad mexicana.

Según una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica dada a conocer días antes de la llegada del Pontífice, la mayoría de la población mexicana, 63.7%, consideraba que Francisco debía reunirse con los padres de Ayotzinapa, porque en este momento ellos representan el sufrimiento de las víctimas de la violencia en México.

Varias organizaciones de familiares de desaparecidos solicitaron formalmente tener una audiencia privada con Bergoglio para narrarle sus experiencias. Algunos obispos mexicanos las apoyaron en sus gestiones. Incluso la misma congregación religiosa a la que pertenece el pontífice, la Compañía de Jesús, desde hace meses ha pedido un espacio en la agenda papal para estas víctimas, a través de la Nunciatura Apostólica y la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Proceso ha dado cuenta de estos esfuerzos y de las maniobras gubernamentales para impedir esta reunión, pues llevarla a cabo significaría un golpe de dimensiones internacionales para el actual gobierno mexicano.

El religioso franciscano Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo-Chilapa, diócesis a la que pertenece Ayotzinapa, intentó que el Papa fuera a Iguala y ahí se reuniera con parientes de desaparecidos de todo el país. En noviembre pasado comentó a este semanario:

“Tengo un deseo muy personal de que el Papa vaya a Iguala para darnos ahí un mensaje de paz y reconciliación. Sería muy bueno para las víctimas de la violencia de todo el país. La tierra de Guerrero –bronca y violenta– en estos momentos está sufriendo mucho. Podría ser una visita muy breve, una especie de escala en sus trayectos.

“Me han dicho que el itinerario del Papa ya está marcado, pero de cualquier manera yo voy a consultar y ver qué posibilidades hay de una visita a Guerrero. Hay que realizar gestiones. Como obispo, daría de brincos por que el santo padre nos visitara.”

–¿Usted ya se reunió con el Papa para hablar sobre el tema?

–Sí, estuve con él el pasado 7 de octubre. Fue un encuentro muy breve. Le recordé que él me acaba de enviar como obispo a la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, donde apenas tengo tres meses. Y él se sonrío. Lo que me dijo es estrictamente privado. Sólo puedo decir que está bien consciente de lo que sucede en Guerrero… Creo que el Papa, quien siempre ha estado a favor de las causas imposibles, estaría dispuesto a tener un encuentro con esas víctimas (Proceso 2038).


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2050 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430009/el-dilema-del-papa-le-entra-o-no-al-tema-ayotzinapa

Padres de los 43 normalistas no irán a misa del Papa y ven “lejana” una reunión: abogado

El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos dijo que la posibilidad de que el Papa se reúna en privado con ellos “es lejana” y culpó al Gobierno mexicano de evitar el encuentro. Asimismo, informó que los familiares de las víctimas no acudirán a la misa que oficiará el Pontífice en Ciudad Juárez porque el traslado es complicado y sólo hay tres lugares reservados.

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ven “muy lejana” la posibilidad de reunirse con el Papa Francisco en su visita a México y no asistirán a la misa de Ciudad de Juárez a la que fueron invitados, dijo hoy a Efe su abogado, Vidulfo Rosales.

“Las mayores expectativas era que el día de ayer [domingo] pudiese tener ocasión la reunión, sin embargo, como no fue posible esto las posibilidades ya son, como mucho, muy lejanas”, explicó Rosales.

El abogado apuntó que las mayores posibilidades para el encuentro, finalmente fallidas, se dieron este domingo, cuando el Pontífice se congregó con hermanos jesuitas en la Nunciatura Apostólica.

El defensor de los familiares de las víctimas señaló que los padres entregaron una carta el pasado sábado al Pontífice y esperan que “en algún momento el Papa haga un pronunciamiento en específico de la problemática que enfrentan los 43″ y sobre los miles de desaparecidos en el país.

En esta misiva, que les hicieron llegar a través de los hermanos jesuitas, se describe la “crisis” abierta en el país a raíz de la desaparición de los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, a manos de autoridades corruptas y criminales.

En el escrito, firmado por el comité de padres de los 43, también hablan del “contexto político y de corrupción en las fuerzas de seguridad”, y se hace un recuento del dolor “ocasionado a los padres con el engaño” de la versión oficial y “la obstrucción de la justicia”.

Rosales destacó que los padres siguen “apostando por la reunión privada” y confirmó que no asistirán a “ningún acto público” que lleve a cabo el Pontífice.

Ello a pesar de que fueron reservados tres sitios para que una delegación de los padres de los 43 estudiantes asistiera en la misa que el Santo Padre oficiará en Ciudad Juárez, Chihuahua, el próximo miércoles.

“No vamos a acudir, sobre todo a Ciudad Juárez, porque el traslado es muy complicado para los padres y además no hay lugares, se ofrecieron tres lugares”, apuntó.

El abogado culpó hoy al Gobierno de que la reunión fallara, pues tienen indicios, aunque no “conocimiento cabal”, de que “la diplomacia mexicana ha trabajado desde hace unos meses para evitar un encuentro del Papa con los 43 padres”.

La de los familiares es “una lucha que atenta contra las instituciones y sería muy riesgoso para el Estado que los padres puedan tener el respaldo del Papa”, añadió.

Una fuente de la organización de la visita confirmó la pasada semana a Efe que el único acercamiento previsto oficialmente entre Francisco y ese grupo será en una multitudinaria eucaristía en el área de la feria de Ciudad Juárez, muy próxima a la frontera con Estados Unidos, el próximo miércoles.

“Van a tener tres asientos en primera fila en Ciudad Juárez, en la misa donde el Papa se va a despedir de los mexicanos”, indicó.

Según la fuente, junto a ellos habrá también representantes de otros colectivos víctimas de la violencia en México.

Este lunes el Papa Francisco viajó a Chiapas para oficiar una misa con las comunidades indígenas en San Cristóbal de las Casas y celebrar un encuentro con las familias.


El martes viajará a Morelia, Michoacán, y el miércoles a Ciudad Juárez, Chihuahua, para culminar su visita y despegar desde allí de regreso a Roma.

FUENTE: SIN EMBARGO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2016/1622493

José Antonio González, ligado a Carlos Salinas, llega a un Pemex sumido en la crisis

José Antonio González Anaya, quien fuera el titular del  IMSS es ahora el nuevo director de Petróleos Mexicanos por mandato oficial. Así lo anunció el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 8 de febrero. Pero, ¿quién es y qué ha hecho el nuevo representante de la Empresa Productiva del Estado que se encuentra inmersa en su más fuerte crisis?

José Antonio González Anaya asumió la dirección actual de Petróleos Mexicanos (Pemex) –su segundo cargo bajo la actual administración de Enrique Peña Nieto– luego de haber sido titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y economista del Banco Mundial.

José Antonio es de origen veracruzano y doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Se desempeñó como economista senior de la división de Latinoamérica del Banco Mundial entre 1996 y 2001, tras haber sido investigador en la Universidad de Standford, California Estados Unidos. Su último cargo antes tomar las las riendas de Pemex fue estar frente al IMSS, donde llegó en 2012 también designado Peña Nieto.

Anteriormente, el también licenciado en Economía e ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, fue subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda entre 2010 y 2012, lugar que ocupó por decisión del panista Ernesto Cordero Arroyo cuando este último era secretario de Hacienda aún en el mandato del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

En la administración pasada, cuando el doctor en Economía era subsecretario de Ingresos, también fue parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, tiempo en el que Juan José Suárez Coppel fungía como director general de la paraestatal.

Fue también titular de la Unidad de Seguros, Valores y Pensiones de la SHCP de 2003 a 2006; de 2002 a 2003 fue coordinador de Asesores del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

En 1990 y 1991, mientras Carlos Salinas de Gortari ocupaba la silla presidencial, González Anaya tuvo a su cargo la dirección de la secretaría técnica del gabinete económico de Presidencia de la República.

Su relación con el ex Presidente de la República es ahora aún más cercana debido a que es esposo de Gabriela Gerard Rivero, hermana de Ana Paula, quien es esposa de Carlos Salinas.

Respecto a esta vinculación, la Senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna Luna, opinó que “todos son del mismo equipo, empezando por Peña Nieto; todos son del equipo de Salinas, son del Grupo Atlacomulco. Él [José Antonio González] es un ‘salinista’ puro que viene a hacer lo que Salinas desde 1989, entrar con un modelo neoliberal que privatiza todo, que desmantela todas las empresas públicas y que ha sido causa principal de este crecimiento económico”.

El año pasado, el nombre de Carlos Salinas también salió a relucir, cuando otro de sus cuñados, Hipólito Gerard, estuvo involucrado en la empresa que ganó la  primera adquisición de la Ronda Uno, Sierra Oil & Gas, a través de su participación en la empresa Infraestructura Internacional, que después fue vendida al mayor administrador de activos en el mundo: BlackRock Inc.


Después, Sierra Oil negó “categoricamente” que el cuñado de Salinas tuviera relación con la empresa.

El HOMBRE DE LAS PENSIONES 

Si algo se le atribuye de manera significativa a González Anaya es su participación en la Reforma al Sistema de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hecho que le valió que los reflectores de la opinión pública se posicionaran sobre él.

“He estado involucrado en varias reformas de pensiones, como la del IMSS o la del ISSSTE. Vamos a ver con el mismo enfoque: avanzando y respetando a los trabajadores. El Presidente le da el absoluto respaldo a Pemex”, dijo el economista durante una entrevista con Radio Fórmula días después de asumir su cargo como actual director de la Empresa Productiva del Estado.

De acuerdo con el documento SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Memoria 2006-2012:

“El Presidente Calderón había expresado su preocupación por la situación del ISSSTE desde el periodo de transición, por lo que se volvió prioritario hallar una solución. Sin embargo, el trabajo inicial arrancó cinco años antes, en el verano de 2002, cuando Agustín Carstens, entonces subsecretario de Hacienda, encargó a José Antonio González Anaya, su coordinador de asesores, que elaborara una propuesta”.

Para el 2007, cuando se planeaba una Reforma Hacendaria, instruida por Calderón Hinojosa, Agustín Carstens, entonces secretario de Hacienda, designó a José Antonio González Anaya, jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, para que junto con su equipo concretaran los lineamientos federalistas establecidos para la legislación.

González Anaya, a su vez participaba en la última etapa de la negociación para probar la reforma al sistema de pensiones de ISSSTE y en junio de 2008 se acordó una la reforma estructural para los trabajadores del Estado.

“El problema del IMSS era muy fuerte. Se dijo públicamente, en informe al Congreso, que sólo tenía dos años de reserva, y al cierre de 2015 anunciamos que el IMSS tiene viabilidad financiera al fin de la administración, es una tarea incompleta y tendrá que completarla Mikel (Arriola) [el nuevo titular el Instituto]”, comentó en dicha entrevista.

Para Jesús Armando López, Diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por el partido Movimiento Ciudadano (MC), “definitivamente es inconcebible para cualquier persona, de cualquier país, es inconcebible que lo mismo sirva para dirigir el Seguro Social que para dirigir Pemex […] y al final se trata de un amigo, de un socio o de un compromiso de un grupo que llega al poder y que no tiene si quiera la más mínima consideración y hace a un lado a la gente experta”.


EL RETO CON PEMEX

El lunes pasado, tras anunciar que Emilio Lozoya Austin dejaba la dirección de Pemex, Peña Nieto instruyó a González Anaya para direccionar a la Empresa productiva del Estado en un contexto de precios bajos del petróleo y pérdida de ingresos por la venta de crudo que dejó un hueco a las finanzas públicas de 54 mil 288 millones de pesos, lo significó el 32 por ciento menos de lo que se estableció en la Ley de Ingresos 2015, según datos de la Secretaría de Hacienda.

Para la Senadora Dolores Padierna Luna, el cambio de dirección se trata de una estrategia del Gobierno federal para conducir a Petróleos Mexicanos a una privatización total.

 “Tenemos una situación con Pemex delicada ya que sus pasivos son mayores que sus activos, este resultado significa la caída de Pemex en los ingresos, pero se está ocupando esa situación justamente para acelerar la privatización de Pemex, a eso llega su nuevo titular a acelera la Reforma Energética, a generar el desmantelamiento de nuestra empresa”, dijo.

El Presidente ordenó a el nuevo director deberá de Pemex explotar las condiciones que deja la implementación de la Reforma Energética así como la procuración de las finanzas y la administración de Petróleos Mexicanos.

“Pemex deberá ajustar la estructura de costos, revisar la estructura de gasto y procesos de inversión; hacer uso de asociaciones de la reforma energética”, dijo Peña Nieto.

El mandatario destacó que la empresa estatal tiene el apoyo de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, así como Energía, esto luego de que en días pasados el titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso anunciara que actualmente la dependencia que representa y Pemex sostienen negociaciones para hacer un posible ajuste sobre la capitalización de la petrolera mexicana.

El ex miembro del Consejo de Administración de Pemex deberá afrontar además de la transformación de Petróleos Mexicanos en la nueva reconversión del marco de la Reforma Energética y la apertura comercial con el mercado exterior una baja producción que pasó de 2.4 millones de barriles a 2.24 millones de barriles al día, lo que significó una disminución de 5.8 por ciento en un año, anudado a la caída de los precios del petróleo.

Sin embargo, “en estos tiempos de cambio, contará con todo el apoyo y respaldo de los servidores públicos de la Sener [Secretaría de Energía]”, expresó Pedro Joaquín Coldwell, titular de Energía en la presentación de José Antonio ante el Consejo de Administración de Pemex.

En dicha presentación Anaya González, dijo que pese a los grandes retos que enfrenta la empresa, “se cuenta con el talento y el compromiso de sus trabajadores para crecer en beneficio de México”.

Al igual que la Senadora perredista, Jesús Armando López opinó que el arribo de un ex funcionario de Hacienda a la dirección es porque “están prácticamente dando a Pemex como una venta de ‘garaje’ porque no le interesa al Gobierno federal, porque están dentro del esquema de dar todo a Estados Unidos”.

“Al nuevo director lo mandan de Hacienda a liquidar Pemex, pero al sindicato no lo van a poder quitar y van a hacer lo mismo que con el de Ferrocarriles Mexicanos, y [Carlos] Romero Deschamps va a seguir feliz y contento porque sigue multimillonario y lo mismo hará que [Napoleón] Gómez Urrutia con las minas. Es un peligro para México que estén poniendo ese director para Pemex”, consideró.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: XANATH LASTIRI.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2016/1618604

Acusaciones de EU a El Chapo, arma de doble filo

De las siete cortes estadunidenses que quieren a Joaquín El Chapo Guzmán, la del Distrito Este de Nueva York es la que parece tener el caso más robustecido, gracias a que, incluso, llegó a presentar cargos por homicidio calificado, según consta en el expediente 1:09-CR-00466-SLT, presentado el 25 de septiembre de 2014, y firmado por la entonces fiscal del Distrito Este de Nueva York, Loretta Lynch, quien parecía estar decidida a llevar al capo ante la justicia norteamericana. Nadie sabía en ese momento que, siete meses después, Lynch sería nombrada procuradora general de Justicia de Estados Unidos, y que la presión por extraditar a El Chapo crecería, pero de igual manera, tampoco nadie sabía lo que dos meses después de ese nombramiento habría de ocurrir: la segunda fuga del capo.

CIUDAD DE MÉXICO: Luego de la segunda captura de Joaquín El Chapo Guzmán en Mazatlán, Sinaloa en febrero de 2014, Loretta Lynch hizo lo que ningún otro fiscal se habría atrevido a hacer en toda la historia de ese país: presentar cargos a un narcotraficante por asesinatos no ocurridos en su territorio.

Lynch parecía decidida a hacer lo que fuera para que el capo fuera castigado con todo el peso de la ley estadunidense, por lo que preparó meticulosamente una serie de cargos para enfrentar a los dos principales capos sinaloenses, y cierta información debió haber obtenido de la Oficina Antidrogas (DEA) para, de la mano del fiscal Arthur G. Wayatt, jefe de la Unidad de Antinarcóticos del Departamento de Justicia (USDOJ), buscaran los elementos necesarios para acusar de homicidio a El Chapo y a El Mayo.

El Departamento de Estado de ese país presentó entonces todos los documentos necesarios para extraditar al capo, pero por alguna causa que la PGR sigue sin explicar, la petición no procedió, hasta que el 27 de abril de 2015 Lynch fue removida de su cargo para ser nombrada procuradora general de Justicia de Estados Unidos.

Con todo el poder que le otorgó su cargo, Lynch buscó nuevamente la extradición, y México sintió entonces la presión que se extendió hasta el 11 de julio por la noche de ese mismo año, en que El Chapo se fugó por segunda vez de la cárcel.

Según reportaron medios estadunidenses, Lynch estaba furiosa por esa segunda fuga del capo,  y entonces, utilizando su nuevo cargo, presionó a la DEA para que dieran con él lo más pronto posible, lo que a su vez significó más presión para el gobierno de México.

Esas demandas surtirían efecto en poco tiempo, pues seis meses después El Chapo fue reaprehendido en Los Mochis, Sinaloa y Lynch al enterarse de la recaptura, de inmediato mandó redactar un comunicado en donde señalaba que “El Chapo ahora sí respondería por todos sus crímenes”.

“Tenemos el caso muy bien robustecido, y la meta es castigar a ese hombre (El Chapo), con todo el peso de la ley”, se lee en el expediente, también firmado por la fiscal Andrea Goldbarg.

Cadena perpetua

Nunca ha ocurrido aunque en la práctica sí es posible, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente cargos por homicidio contra un narcotraficante, aun cuando se trate de asesinatos que no ocurrieron dentro de su territorio, confirmaron expertos en leyes de ese país.

Alan Raphael, exfiscal federal del USDOJ y actual profesor de la Universidad de Loyola, en Chicago, explicó a Ríodoce que existen métodos que sólo se utilizan en situaciones de guerra con otros países, o en delitos cometidos contra sus ciudadanos que es cuando entra una ley conocida como Jurisdicción Extraterritorial, un término legal que le permite procesar a criminales por delitos, aun cuando éstos no se hayan cometido dentro de los límites de su territorio.

No obstante, la acusación que hace el Distrito Este de Nueva York parece oponerse a lo que dice la Ley Extraterritorial, porque se trata de homicidio de ciudadanos mexicanos ocurridos en territorio mexicano y por consiguiente, Estados Unidos no tiene nada qué hacer ahí, y tal situación podría debilitar la acusación de los fiscales en contra de El Chapo y de El Mayo, observaron expertos.

En un estudio presentado por el jurista estadunidense Mark Gibney, autor del tratado Aplicación de leyes extraterritoriales, el gobierno estadunidense parece perverso por utilizar todo su poder para juzgar a un narcotraficante, gracias a la autoridad que da el Congreso de ese país para castigar a personas que hayan cometido delitos más allá de sus fronteras.

“Sin duda existe la forma para castigar a una persona, pero es una medida perversa”, sostuvo el abogado.

Sin embargo, Anthony Colangelo, quien es profesor de Leyes de la Universidad de Dedman, en Texas y también exfiscal del USDOJ, considera que esa perversión de Estados Unidos por castigar con todo el peso de la ley, en este caso cadena perpetua, puede resultar un arma de doble filo, pues como puede funcionarle también puede ocurrir lo contrario.

“Un acusado, con una buena representación legal, saldría libre de culpa por acusaciones como ésas, ya que los fiscales se estaría excediendo en los límites de la ley, y al final sólo sería sentenciado por tráfico de drogas, pero tendría que ser una pena muy ligera, puesto que estaría el antecedente de que el gobierno intentó excederse con ellos”, explicó en una entrevista concedida a Ríodoce.

De acuerdo al código penal estadunidense, la pena máxima que un acusado puede enfrentar por homicidio doloso es pena de muerte o cadena perpetua. La segunda opción sería en este caso la más acertada, pues gracias a los acuerdos bilaterales que hay entre México y Estados Unidos en materia de extradición, no se puede condenar a la pena máxima a un extraditado de origen mexicano.

Entre los asesinatos que habrían ordenado El Chapo y El Mayo para proteger los intereses de la organización destacan los de Rodolfo Carrillo y Julio César Quintero Beltrán, además de otras diez personas, incluyendo pistoleros de los Arellano Félix, los Beltrán Leyva, los Carrillo Fuentes, Los Zetas, funcionarios públicos, agentes policiales, y elementos del Ejército Mexicano.

“Las pruebas son arrolladoras, y es demasiado evidente que los dos acusados orquestaron diferentes actos de violencia en México, a través de sus brazos armados que muchas veces eran sicarios que traían o ya tenían en Sinaloa”, establece el documento, del cual Ríodoce tiene una copia.

Para fortalecer las acusaciones, Lynch aseguró en su momento que llamarían a un grupo de testigos protegidos que estarían dispuestos a carearse con El Chapo, además de presentar evidencias que incluyen fotos, videos, y llamadas telefónicas que en su momento fueron grabadas.

De acuerdo al semanario Proceso, El Chapo ya iniciaría el camino para lograr acuerdos con el gobierno estadunidense, pues esta vez, a diferencia de otras ocasiones, su extradición parece inminente, aun cuando sus abogados siguen interponiendo todo tipo de amparos para evitar la extradición, y según la procuradora Arely Gómez, esos amparos no tienen validez, puesto que de momento no existe una petición de extradición por parte del gobierno estadunidense.

Esa situación podría cambiar de inmediato, y en cuestión de horas, El Chapo podría ser extraditado, tal como ha ocurrido con otros capos que también han sido requeridos por la justicia estadunidense.

Cortes federales de Estados Unidos que quieren a El Chapo:

• Distrito Sur de California, presentada en 1995
• Distrito Este de Nueva York, presentada en 2009
• Distrito Norte de Illinois, presentada en 2009
• Distrito Norte de Georgia, presentada en 2010
• Distrito de New Hampshire, presentada en 2011
• Distrito Oeste de Texas, presentada en 2011
• Distrito Sur de Nueva York, presentada en 2012

FUENTE: PROCESO/ RÍODOCE.
AUTOR: MIGUEL ÁNGEL VEGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430032/acusaciones-de-eu-al-chapo-arma-de-doble-filo

Ataque a bar en San Luis Potosí deja 2 muertos y 8 heridos

SAN LUIS POTOSÍ, SLP: Dos personas fallecieron y otras ocho fueron heridas en un ataque armado efectuado por varios hombres al interior de un bar en la colonia Morales de la capital potosina, la madrugada del domingo.

Inicialmente, el reporte recibido por las corporaciones policiacas refería que en el local, ubicado en un predio entre las calles Arsénico y Antonio de la colonia Morales, se había desatado una riña.

Sin embargo, datos recabados por la Policía Ministerial indican que en realidad varios sujetos dispararon al bar La Barranca desde un vehículo que se acercó al lugar.

Varias corporaciones acudieron al lugar por este reporte, recibido a la una de la mañana, donde se encontraron con los numerosos heridos por balas de distintos calibres, incluyendo de rifles de alto poder AK-47 o “cuernos de chivo”.

También hubo disparos con armas 9 milímetros y .38, según se informó.

Inicialmente se hizo un recuento de diez heridos.

Sin embargo, tras su traslado al Hospital Central para ser atendidos, dos personas fallecieron: Raúl, de 21 años, con lesiones en el tórax, y Juan de Dios, de 23 años, quien recibió un disparo en un costado de la cabeza.


Se efectuó un operativo para localizar a los responsables quienes según los testimonios, arribaron en dos camionetas para cometer este ataque, pero no fueron detenidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430079/ataque-a-bar-en-slp-deja-dos-muertos-y-ocho-heridos

Forcejeos entre grupos impiden al PRD definir candidato en Zacatecas

ZACATECAS, Zac: El proceso interno del PRD para definir al candidato a gobernador del estado entre el expriista Pedro de León Mojarro y el diputado Rafael Flores Mendoza quedó inconcluso y se entrampó porque no se cumplieron todas las condiciones para la instalación del consejo estatal que debió votar este sábado, entre forcejeos de grupos de apoyo a uno y otro aspirante en la sede del partido.

El candidato que surja del proceso perredista encabezará la alianza PRD-PAN para la votación constitucional del próximo 7 de junio.

Inicialmente hubo cinco aspirantes que quisieron contender por la candidatura, pero en la semanas previas al consejo hubo declinaciones como la del exdirigente del PT, José Narro, para dejar en la recta final a Pedro de León Mojarro, hasta hace unos meses priista y excoordinador de delegaciones de Sedesol con Rosario Robles, y al diputado con licencia Rafael Flores Mendoza.

Después de un largo día de jaloneos entre ambos aspirantes, consejeros y grupos de seguidores de los mismos, el presidente del partido, Arturo Ortiz Méndez, salió a anunciar en conferencia de prensa que no se cumplieron las condiciones para resolver la candidatura en el consejo, por lo que se tendría que recurrir a otros mecanismos para desatorar la elección, posiblemente con el apoyo de las instancias nacionales.

Lo anterior ocurrió la madrugada de este domingo.

A pesar de que desde las 10 de la mañana del sábado debió quedar instalado el consejo estatal directivo interno que presidiría Carlos Pinto Reyes, esto no fue posible debido a los desacuerdos que desde ese momento se plantearon entre consejeros, los dos aspirantes y seguidores que fueron apareciendo en el partido para apoyar a cada uno.

A fin de cuentas, los consejeros se dividieron y sesionaban en salones distintos: en uno los que respaldan a Pedro de León y en el otro los que pretendían votar por Flores Mendoza.

El primero afirmaba que el consejo había sesionado y que contaba con los votos de 71 de los consejeros (123 que llegaron a registrarse) y el segundo aseguraba que contaba con 61, por lo que incluso en este caso, ya por la madrugada se presentó un acta supuestamente válida para declarar la candidatura de Flores Mendoza.

En el transcurso de estos sucesos hubo porras, pero también empujones y forcejeos entre seguidores de los dos aspirantes.

El presidente del partido, Arturo Ortiz, aclaró que ninguna de ambas reuniones fue válida porque no reunieron las condiciones legales establecidas por la normatividad del PRD para ello y el proceso había sido viciado.


Posteriormente, el equipo de Pedro de León envió un comunicado en el que acusó a su oponente de comprar votos y romper el pacto de unidad que todos los aspirantes firmaron al inicio de la contienda interna.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430057/forcejeos-entre-grupos-impiden-al-prd-definir-candidato-al-gobierno-de-zacatecas

Los lujos en la cárcel de Topo Chico: bar, acuarios y hasta baños sauna

La corporación Fuerza Civil acudió para tomar el control de la cárcel ubicada en Monterrey, Nuevo León, donde murieron 49 personas en un riña.

En la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, donde murieron 49 reos tras un riña, los presos tenían pantallas, acuarios, un bar y hasta baños sauna, entre otros lujos.

Las autoridades estatales detallaron cuáles son las irregularidades que encontraron en la prisión, e indicaron que la corporación Fuerza Civil ya tiene el control del centro penitenciario.

“Celdas de lujo equipadas con salas, minisplits, pantallas, frigobares, televisión digital y hasta acuarios y baños sauna fueron desmanteladas por la corporación estatal”, indicó el gobierno de Nuevo León, en un comunicado el domingo pasado.

“Además fueron retirados 280 puestos semifijos de alimentos, abarrotes y hasta un bar que eran operados por la red criminal directamente o a través del cobro de piso, ofertando productos con sobreprecios de hasta un 120 por ciento”, agregó.

Como parte del cateo, la Fuerza Civil también destruyó cientos de altares de la Santa Muerte.

El viernes pasado el procurador de Nuevo León, Roberto Flores, dijo que uno de los reos por el que se desató la riña,  Jorge Iván Hernández Cantú, apodado el Credo, tenía un “baño de lujo”, pantalla de 50 pulgadas,  y una cama king size.


Por las irregularidades que llevaron a la muerte de 49 personas, tres funcionarios de la cárcel están acusados por los delitos de homicidio y abuso de autoridad: la directora Gregoria Salazar; Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, quien era subcomisario de Administración Penitenciaria, y el custodio José Reyes Hernández Aguilar.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/los-lujos-en-la-carcel-de-topo-chico-bar-acuarios-y-hasta-banos-sauna/

Caso Narvarte: jueza retrasa sentencia para revisar nuevos peritajes presentados por los acusados

La jueza responsable del caso Narvarte decidió extender el periodo de pruebas para revisar nuevos peritajes presentados por la defensa de los acusados. La sentencia del caso se podría conocer hasta finales de año.

La sentencia para los tres implicados en el multihomicidio de la colonia Narvarte tendrá que esperar varios meses, luego de que la jueza responsable del caso decidió extender el periodo de pruebas para revisar nuevos peritajes presentados por la defensa de los acusados, entre ellos unos relacionados con la posible tortura que sufrieron los detenidos.

El Juzgado 25 en Materia Penal admitió el desahogo de la nueva evidencia solicitada por los representantes legales de los detenidos, tras el periodo inicial de análisis de evidencias que concluyó el pasado 28 de enero.

Los nuevos peritajes fueron presentados por los abogados en los cinco días que la jueza dio para dar concluida la fase inicial de pruebas, previo a cerrar el expediente y pasar al dictado de la sentencia.

Autoridades judiciales capitalinas y representantes de las víctimas, confirmaron a Animal Político la ampliación de este periodo de instrucción (presentación y desahogo de pruebas), por lo que se prevé que el dictado de la sentencia pudiera retrasarse hasta finales de año.

La ampliación del periodo de pruebas también fue aprovechada por los abogados de las víctimas, quienes presentaron ante el juzgado una solicitud para que se haga un tercer peritaje en criminalística, independiente al de las autoridades y al de los acusados, debido a las dudas que mantienen sobre lo ocurrido en el homicidio.

Hasta ahora, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) responsabiliza a los tres detenidos: Abraham Tranquilino, Omar Martínez y Daniel Pacheco, de ser los responsables intelectuales y materiales del homicidio de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinoza, ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

Desde la perspectiva de la Procuraduría, existe evidencia suficiente para que todos los detenidos sean sentenciados por los delitos de cuádruple feminicidio, homicidio calificado y robo agravado.

Una vez que llegue la fase final del juicio, el Ministerio Público presentará conclusiones acusatorias ante el juzgado y solicitará la pena máxima, la cual (por los delitos acumulados) podría superar incluso los 200 años de prisión para cada uno de los procesados.

Tres paquetes de nuevas pruebas

Fueron tres los representantes legales que presentaron ante el Juzgado 25 penal que preside Hermelinda Silva, paquetes de nuevas pruebas para desahogarse.

La defensa del ex policía Abraham Tranquilino y de Daniel Pacheco, ofreció los resultados de un peritaje realizado por ellos respecto a las lesiones físicas que presentan los detenidos, y que según su argumento verifica las presuntas condiciones de tortura a las que fueron sometidos tras su detención.

Cabe recordar que ellos dos habían declarado inicialmente ante el Ministerio Público que estuvieron presentes en el departamento de la Narvarte, sitio en que ocurrió el crimen.

Sin embargo, antes de que concluyera el primer periodo de pruebas, ambos se retractaron ante el juez de todo lo que habían dicho y alegaron que fueron torturados para reconocer su presencia en el lugar de los hechos.

En ese contexto y bajo el precepto constitucional de permitir una debida defensa, la jueza aceptó el peritaje presentado por los acusados para su análisis. De considerarlo necesario, el juzgado podría ordenar un nuevo peritaje a cargo de un especialista del Tribunal Superior de Justicia.

El segundo paquete de evidencias solicitado es el de la defensa particular de Omar Martínez alias “El Omarcito”, quien es identificado por las autoridades como la persona que incluso habría asesinado materialmente a las víctimas.

Martínez, quien nunca ha reconocido en declaraciones haber estado en la escena del crimen, pidió que se desahoguen los resultados de un peritaje en criminalística y otro en antropometría con los que pretende demostrar que él no es quien aparece en los videos que presentó como evidencia el Ministerio Público.

La Procuraduría presentó peritajes con los que señala que el detenido es la misma persona que aparece en las grabaciones incluso por su forma de desplazarse. La defensa del detenido pretende desvirtuar eso.

Por otra parte, los abogados caodyuvantes que representan a las víctimas del multihomicidio, también solicitaron que la juez autorice y desahogue un nuevo estudio pericial en criminalística, independiente al presentado por la Procuraduría y por uno de los acusados en el proceso.

Karla Michel Salas, parte de ese equipo legal que representa a las víctimas, explicó que el objetivo que buscan con este nuevo peritaje esclarecer la forma en que ocurrió el homicidio dentro del departamento, y si fue posible que el asesinato se cometiera sin que hubiera otra persona mas involucrada.

“Es un peritaje que estaría a cargo de un especialista que designe el Juzgado y que por lo tanto sería un análisis independiente, Nosotros seguimos sosteniendo que hay inconsistencias en como se pudo cometer el crimen y nos parece que la parte científica está incompleta. Por eso estamos solicitando que se haga el estudio de criminalística como nueva evidencia”, explicó.

De acuerdo con el punto de vista de los abogados coadyuvantes, y de otras organizaciones que dan seguimiento al caso como Artículo 19, existe un trabajo incompleto de investigación que ha impedido a su vez que e esclarezca el móvil del multihomicidio.

El caso de la Fiscalía

La investigación de la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría capitalina, asentada en el expediente del caso que cuenta con más de 25 tomos, sostiene que el homicidio fue planeado y perpetrado por las tres personas que ya están detenidas y que previamente tuvieron contacto con una de las víctimas: la colombiana Mile Virginia.

El subprocurador capitalino Edmundo Garrido, dijo a Animal Político en una entrevista publicada a finales del año pasado, que la joven sudamericana era la conexión con los presuntos homicidas y que fue ella quien les abrió la puerta del domicilio. El objetivo del crimen pudo haber sido robar un paquete de drogas que se encontraba en el departamento.

Como parte de su investigación, la Fiscalía y la Policía de Investigación recrearon la ruta que siguieron los tres implicados a través de las llamadas que intercambiaron con sus teléfonos celulares, y el seguimiento con las cámaras de seguridad pública de la camioneta que utilizaron para llegar al departamento, y posteriormente para irse de la misma zona.

De acuerdo con la indagatoria oficial, los implicados ingresaron poco después de las dos de la tarde del 31 de julio al departamento y permanecieron aproximadamente una hora en el sitio. Para cometer el crimen se utilizó una sola pistola calibre 9 milímetros con la que le dispararon en la cabeza a cada una de las víctimas.

No hubo abusos sexuales ni violación, aunque algunas de las víctimas sí fueron lastimadas y torturadas con un objeto cortante.

El seguimiento hecho con las cámaras muestra que los tres hombres (que según el Ministerio Público son los detenidos) salieron del edificio después de las tres de la tarde y se llevaron, además de la camioneta en la que llegaron, el auto deportivo que pertenecía a Mile Virginia para dirigirse al suroriente de la ciudad.

A través de los videos de unas cámaras particulares entregadas en una memoria USB por un testigo, la Procuraduría descubrió que el auto deportivo fue abandonado ese mismo día, antes de las siete de la noche, al parecer por problemas mecánicos. Las imágenes registraron el momento en que los sospechosos sacaron varios objetos del auto para subirlos a la camioneta.

Gracias a una huella digital en el sitio del crimen, la Procuraduría pudo identificar a Daniel Pacheco quien tenía antecedentes penales por violación. El teléfono celular asegurado a Pacheco tras su captura, permitió verificar la identidad de sus cómplices y detenerlos semanas después.

Lo que no ha podido localizar la Fiscalía hasta el día de hoy es la pistola con la que fueron asesinadas las víctimas ni tampoco las drogas y demás objetos que habrían sido sustraídos del departamento en una maleta.


Pese a lo anterior, para la PGJDF es claro que los detenidos son los responsables del crimen. Aunque existieron versiones de que podría haber más personas involucradas, la Fiscalía sostiene que las llamadas y videos confirman que solamente fueron tres las personas implicadas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/caso-narvarte-jueza-retrasa-sentencia-para-revisar-nuevos-peritajes-por-presunta-tortura-contra-acusados/

El Mochomo puede destruir a El Chapo

Esta semana arranca en Estados Unidos el juicio contra uno de los narcos mexicanos más importantes: Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo, quien fuera mano derecha de Chapo Guzmán y luego rompiera con él acusándolo de traición. Así, lo que se diga en el proceso puede hundir al recapturado líder del Cártel de Sinaloa, proveer evidencias contra decenas de capos e incluso evidenciar los vínculos de políticos mexicanos con el crimen organizado.

WASHINGTON: Con gran sigilo para evitar la identificación de testigos y filtraciones a la prensa, esta semana arranca en Estados Unidos el juicio contra el presunto narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo, proceso que puede ser clave en la investigación contra Joaquín El Chapo Guzmán y otros dirigentes del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Justicia sabe que durante el procedimiento penal pueden ver la luz datos que inclusive expongan el alcance de la corrupción en el gobierno de México por parte del también conocido como Cártel del Pacífico.

El expediente judicial de Beltrán Leyva (marcado con el número 1:2012-cr-00184 y cuya copia tiene Proceso) muestra que tanto el Departamento de Justicia como la defensa de quien fuera uno de los principales operadores de Guzmán Loera le han presentado al juez Richard J. León, de la Corte Federal del Distrito de Columbia (Washington, D.C.), centenares de peticiones para que el juicio se celebre con el mayor hermetismo posible.

Por ejemplo, una moción interpuesta hace unos días por los abogados de El Mochomo exige a la Corte que durante el proceso que se inicia este martes 16 no se identifique y se anule la participación de uno de los testigos estelares que presentará en su contra el Departamento de Justicia.

El Mochomo, capturado en enero de 2008 y extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2014, es uno de los capos del Cártel de Sinaloa con mayor jerarquía sometido a proceso judicial en aquel país.

La ruptura

El arresto de Alfredo Beltrán Leyva, en 2008, rompió al Cártel de Sinaloa y desató una guerra entre la fracción comandada por Guzmán Loera contra la de Arturo El Barbas y Héctor El H, hermanos del presunto traficante que será enjuiciado.

Los familiares de El Mochomo responsabilizaron a El Chapo de la captura de Alfredo, y presuntamente, en venganza, ordenaron aquel mismo año el asesinato de Édgar Guzmán, hijo del recién recapturado líder del Cártel de Sinaloa. Con la ruptura, los Beltrán Leyva se convirtieron en un cártel independiente –enemigo del de Sinaloa– y se asentaron en el Estado de México, Guerrero y Morelos.

Ante la Corte Federal, Alfredo Beltrán está acusado de un solo delito: “Conspirar junto con otros para importar y distribuir en Estados Unidos cinco kilos de cocaína y/o 50 gramos o más de metanfetamina”.

Pero a El Mochomo se le procesará como miembro del Cártel de Sinaloa, no de los Beltrán Leyva. Este hecho aumenta la posibilidad de que durante el proceso salgan a relucir incidentes que relacionen a El Chapo con el trasiego de narcóticos y la corrupción en los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Pena Nieto (PRI).

Desde el 17 de noviembre de 2014, cuando Alfredo Beltrán fue presentado ante la Corte, se declaró inocente y se le negó la libertad bajo fianza, la defensa de El Mochomo (que encabeza el abogado Eduardo Balarezo) ha estado poniendo en entredicho las estrategias del Departamento de Justicia para acusar y procesar a su cliente.

Balarezo solicitó que la parte acusadora –dirigida por la fiscal Marcia M. Henry e integrada por los letrados Andrea Goldbarg, Amando N. Liskamm y Adrian Rosales– no incluya entre sus testigos a un narcotraficante mexicano que trabajó con el demandado.

“El 4 de junio de 2012, uno de los testigos potenciales del gobierno (identificado solamente como ‘A.T.’) fue interrogado por agentes federales estadunidenses sobre su conocimiento de las actividades del tráfico de drogas en México”, se lee en el expediente del Departamento de Justicia.

Respaldado con información proveniente de la División Criminal sobre Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia –que dirige Arthur Wyatt– el gobierno de Estados Unidos asegura que A.T. conoce a Beltrán Leyva y trabajó con él desde finales de la década de los noventa en el Cártel de Sinaloa: “El testigo conoció al acusado y a sus hermanos cuando recibían en México, aviones cargados de cocaína procedentes de Colombia”, se destaca en el expediente.

A.T., quien es testigo protegido reclutado por la Administración Federal Antidrogas (DEA), sostiene que él, El Mochomo y un socio de éste, a quien identifica como Julio Beltrán, se encargaron del tráfico de la cocaína colombiana hasta 2005, año en el que falleció Julio. “A.T. tuvo múltiples acuerdos cara a cara con el acusado durante casi una década”, asevera el Departamento de Justicia.

La fiscalía entregó al juez documentos con fotografías de El Mochomo y otros operadores del Cártel de Sinaloa, a quienes A.T. identificó y calificó como algunos de los principales exportadores de drogas a Estados Unidos. “Agentes federales, en junio de 2014, interrogaron a A.T. sobre su conocimiento de las actividades del narcotráfico en México. A.T., después de revisar un catálogo de 30 páginas con fotografías de presuntos narcotraficantes, en dos casos identificó con facilidad al acusado”, se lee en uno de los documentos en la Corte.

Ya desde el 29 de enero de 2013, la DEA había interrogado a A.T. En ese entonces los agentes federales le presentaron al ahora testigo protegido otro catálogo con 50 fotografías. “A.T. identificó a la persona de cada una de las fotografías. En la número 30, A.T. identificó al acusado”, se destaca en el expediente del gobierno estadunidense, que de este modo pudo certificar la calidad del posible testigo.

El Departamento de Justicia presentó al juez León, además, una serie de argumentos judiciales para rebatir la pretensión de la defensa por descalificar a los testigos de la parte acusadora.

“Contamos con muchas evidencias para demostrar que A.T. es un testigo confiable, con amplio conocimiento sobre el día a día de las operaciones del narcotráfico en México”, arguye la fiscalía.

La defensa

El equipo de Balarezo, en cambio, ha entregado a la Corte Federal papeles que buscan mostrar que A.T. nada tiene que ver con el Cártel de Sinaloa. Paralelamente, pretende aclarar que El Mochomo nunca fue amigo ni mucho menos subalterno de El Chapo. Y como parte de su estrategia está prevenir filtraciones para que los medios de comunicaciones no puedan influir en el proceso.

El martes 2, Balarezo presentó 39 objeciones o “comentarios” a las propuestas del Departamento de Justicia para la designación de los testigos y otros pormenores del juicio.

La primera objeción dice: “El señor Beltrán Leyva, a quien se le presume inocente, rechaza cualquier y todas las acusaciones en contra de él. En particular, niega haber cometido algún crimen en contra de Estados Unidos, o que haya conspirado para distribuir cocaína o metanfetamina sabiendo que sería exportada a los Estados Unidos”.

Otro argumento se refiere a los medios de comunicación que podrían manipular el fallo del jurado. Por ello el abogado advierte: “En algunos casos, aunque no necesariamente en éste, podrían existir reportes en los periódicos, la radio, internet o la televisión concernientes al caso mientras se celebre el juicio. Si hubiese ese tipo de cobertura periodística, (los jurados) podrían estar tentados a leer, escuchar o mirarlos. No deben leerlos, escuchar o mirar dichos reportes porque sólo deben emitir un fallo de este caso basado únicamente en las evidencias que se presenten en esta sala de la Corte. Si es que de manera inadvertida les llega a ustedes (este tipo de reportes) durante la celebración del juicio, no lo comenten entre los otros miembros del jurado ni con nadie más”, escribió la defensa de El Mochomo.

En este mismo sentido Balarezo recomendó que los jurados tampoco busquen información por internet respecto de Beltrán Leyva, ya que lo que localicen podría erróneamente influir en su fallo.

A principios de este mes, la defensa de El Mochomo solicitó al juez León que se autorizaran las visitas de un “un abogado extranjero del acusado”, el letrado mexicano Noé Palacios Rodríguez. El juez autorizó la solicitud, aunque no está claro si Palacios Rodríguez ya ha tenido contacto directo con Beltrán Leyva o si sólo estará en la Corte el día que se inicie el juicio.

La línea que lleva a El Chapo

Existe la posibilidad de que por lo delicado del caso y por los nombres y acusaciones que puedan surgir durante el procedimiento penal, tanto el Departamento de Justicia como la defensa de El Mochomo pidan al juez no permitir la entrada de los medios de comunicación. Eso dependerá del magistrado federal y se conocerá hasta el día que arranque el juicio.

Lo que pueda decir El Mochomo, su defensa y los testigos del gobierno de Estados Unidos, como A.T., frente al juez León, podría ser utilizado para procesar a Guzmán Loera, acusado de narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y otros delitos en más de una decena de estados en la Unión Americana.

Lo que se declare también puede ayudar a consolidar evidencias en contra de otros miembros del crimen organizado, incluso integrantes de otros cárteles. De hecho, existe la posibilidad de que esto permita preparar encausamientos judiciales en contra de políticos y expolíticos mexicanos vinculados con el trasiego de drogas, como ya ocurrió en el pasado.


El Departamento de Justicia, desde que el gobierno mexicano le entregó a Beltrán Leyva, quería que este narcotraficante se declarara culpable de los delitos que le imputan, tal como hizo Édgar Valdez Villareal La Barbie a cambio de una sentencia moderada y de convertirse en una “fuente protegida de información”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430035/el-mochomo-puede-destruir-a-el-chapo

Nueva amenaza de bomba en la UAM Xochimilco

México, D.F.- Nuevamente desalojan las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X) bajo una supuesta amenaza de bomba. Esta es la quinta amenaza en lo que va del año. Apenas el viernes pasado se declaró un incidente del mismo orden. 

Trabajadores, estudiantes y académicos se mantienen a las afueras de la unidad. Reprochan a las autoridades universitarias encabezadas por la rectora Patricia Alfaro Moctezuma la falta de información y la ausencia de protocolos de seguridad adecuados.

Como parte de una estrategia en contra al desalojo, alumnos gritan consignas como: "Queremos estudiar! No más bombas!" "Digna, libre y soberana, en lucha la Metropolitana!"

Fuente: Subversiones (Agencia Autónoma de Comunicación)

https://www.facebook.com/SubVersiones/photos/a.235608523241167.61195.206671606134859/743706029098078/?type=3&theater

Ordena INAI a la SFP entregar base de datos del sistema de procedimientos

CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de la Función Pública entregar versión pública de la base de datos del Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, en el cual los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal capturan el estado procesal de cada uno de los asuntos que se encuentran a su cargo.


En respuesta, y respecto de la base de datos denominada “Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidad”, la SFP señaló que no cuenta con una versión pública de la misma, en virtud de que se trata de un sistema de control y seguimiento interno; por lo que la información tal y como la requiere la particular es inexistente.

El particular apeló la respuesta mediante recurso de revisión ante el INAI que fue turnado a la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

Durante la substanciación del presente asunto, se advirtió que en el Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal capturan la información de los procesos de responsabilidad administrativa instaurados en contra de servidores públicos, así como la información relativa al servidor o servidores públicos que forman parte del mismo.

Asimismo, en la revisión del asunto, se solicitaron dos opiniones a la Dirección General de Tecnologías de la Información del INAI para que examinara los recursos del Sistema de Procedimientos Administrativos.

En sus dictámenes, la referida Dirección General del INAI señaló que es técnicamente viable extraer la información y generar una versión pública de la base de datos MySQL del Sistema, mediante la herramienta tecnológica conocida como “MySQLWorkbench”, que es de acceso fácil y gratuito.

Incluso manifestó que si se deseara generar una versión pública de la base de datos, prácticamente podría elaborarla cualquier persona con conocimientos estándar en informática y sistemas, y que la tarea no requeriría altos consumos de procesamiento o de recursos informáticos.

El comisionado Acuña Llamas expuso ante el Pleno que después de cuatro diligencias especiales, dos requerimientos adicionales de información y dos opiniones técnicas, “el sujeto obligado no puede eludir que existe factibilidad tecnológica para dar versión pública de ese sistema de control interno, que aunque sea de control interno, es un bien público”.

Con base en las consideraciones técnicas vertidas, se concluyó que la Secretaría de la Función Pública se encuentra en posibilidad de generar versión pública del Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades.


Por ello, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta del sujeto obligado y le ordenó entregar al particular versión pública del sistema, protegiendo los datos personales relativos al Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única de Registro Poblacional, sexo, domicilio particular y números telefónicos de particulares o de celular.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430039/ordena-inai-a-la-sfp-entregar-base-de-datos-del-sistema-de-procedimientos

Activista mexiquense preso inicia huelga de hambre

El activista mexiquense José Humbertus Pérez Espinosa, preso en el penal de Chiconautla desde noviembre pasado, inició este fin de semana una huelga de hambre al que se sumaron al menos 30 internos de ese centro penitenciario, en protesta por “la injusta encarcelación” y acusación penal que enfrenta por un supuesto delito de robo a mano armada que nunca existió y que se originó en respuesta a la lucha del activista”.

En un comunicado firmado por Pérez Espinosa, presidente de la asociación civil Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, se menciona que “el ayuno-huelga de hambre tiene también como significado la protesta a la persecución política que sufre la esposa de Pérez Espinosa y su hijo desde el 12 de noviembre de 2015, a quienes no ha podido ver desde esa fecha porque fueron amenazados de muerte y/o de que serían acusados falsamente de haber cometido delitos, todo esto como represalia a las actividades del Frente Mexiquense”.

El presidente de la asociación civil permanece preso por un supuesto robo a casa habitación con el uso de arma de fuego a pesar de que la PGJ del Estado de México no ha podido acreditar hasta el momento la existencia del arma, amén de que las declaraciones de la supuesta víctima y de los testigos de cargo que aportó el Ministerio Público son contradictorias y carecen de verosimilitud.

Desde que fue preso Pérez Espinosa se le han imputado tres supuestos robos a casa habitación que según la procuraduría mexiquense se efectuaron el 5 de octubre pasado entre las 11 y las 12:30 horas en un fraccionamiento construido por la viviendera Urbi en Tecamac.

Sin embargo, de las tres imputaciones sólo una permanece vigente, ya que los abogados de Pérez Espinosa han demostrado que las tres carpetas penales fueron demostradas apoyándose en los mismos testigos y declaraciones de supuestas víctimas que no presentaron más pruebas que sus dichos.

En el comunicado firmado por Pérez Espinosa se menciona que además de la familia del dirigente, otros integrantes de la asociación civil “han recibido amenazas constantes y la persecución de automóviles sin placas que se supone son policías ministeriales, y que buscan amedrentar a los miembros del movimiento”.


El Frente Mexiquense ha ganado varios amparos y litigios a dueños de empresas inmobiliarias, entre ellas Urbi y Sadasi, por diversos fraudes que la agrupación civil ha logrado demostrar, entre ellos la venta de miles de casas construidas con material de mala calidad y vendidas a un sobreprecio de hasta 40 por ciento.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/14/activista-mexiquense-preso-inicia-huelga-de-hambre-2400.html

ONG de Juárez piden en carta al Papa que denuncie “tragedia nacional”

CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- El obispo de Coahuila, Raúl Vera López, entregará mañana en Chiapas al Papa Francisco una carta de organizaciones civiles de Ciudad Juárez en la que le piden que denuncie la tragedia nacional derivada de la violencia, sus rostros y raíces -como lo ha hecho en sus encíclicas- y que llame enérgicamente al gobierno a que cese la muerte, la represión y la traición.

“No tengas miedo en hacerlo, porque necesitamos aliento y esperanza, solidaridad con quienes hablan a pesar de la amenaza, la tortura y la muerte. Y que ese llamado enérgico vaya también hacia tus hermanos obispos, que como el fariseo de la parábola, se hacen los desentendidos frente al sufrimiento y la injusticia, pero porque también es probable que tengan mucho miedo, y estén necesitados del mismo aliento y valor que has mostrado”, dice una parte de la carta.

En rueda de prensa, representantes de las organizaciones vinculadas con Raúl Vera leyeron públicamente la carta, en la cual retoman el posicionamiento que hicieron con diversas agrupaciones del país, explicó Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres.

Mañana en el Parque Central las organizaciones realizarán una pinta de cruces junto con madres de mujeres desaparecidas y/o asesinadas, y el martes tendrán una vigilia en el Monumento a Juárez a las 17:00 horas.

La carta íntegra que las organizaciones envían a Jorge Mario Bergoglio es la siguiente:

“Recibe nuestro saludo desde el epicentro del dolor y la resistencia. Desde aquí hemos trabajado arduamente por el bienestar de nuestra casa asentada en el desierto. Hemos edificado desde la música, la poesía, la psicoterapia, la defensa de los derechos humanos, la educación, la exigencia de justicia. Acompañamos a las personas con capacidades diferentes, adultas mayores, migrantes, jóvenes y niños/as en condiciones vulnerables de pobreza, personas torturadas, mujeres que viven violencia, familiares de mujeres víctimas de desaparición y feminicidio.

Queremos decirte Francisco, que pese a lo que te digan políticos y empresarios, esta es una ciudad lacerada por la violencia, la muerte y el dolor de víctimas y familiares. Debes saber también que la ausencia de justicia va profundizando las heridas de una ciudadanía que es sistemáticamente ignorada por sus gobernantes y que mediante discursos buscan maquillar la realidad tal y como lo han hecho con las calles y fachadas por donde pasarás en tu recorrido. La verdad es que Juárez sigue abandonada, a merced de la avaricia e indolencia de sus autoridades.

Nuestras organizaciones aún documentan la desaparición de mujeres y hombres. Se registra de manera alarmante la trata de personas y el feminicidio, sin garantías reales para evitar su repetición. La tortura sistemática como una forma judicial de ‘resolver’ los delitos es un hecho comprobado. Los y las jóvenes son criminalizados por ser pobres o desempleados. Contabilizamos miles de huérfanos y huérfanas resultado de la guerra contra el narcotráfico sin que reciban ningún tipo de atención. Persiste la discriminación y maltrato hacia las y los migrantes. La violencia en contra de las personas por su preferencia sexual es común. La marginación y discriminación hacia las poblaciones indígenas no termina. La ciudad aún padece la ausencia de amigos y familiares que fueron desplazados/as resultado de la llamada guerra contra el narcotráfico y que ante la vulnerabilidad con que se vive en Juárez no han regresado. Esa misma vulnerabilidad es la que experimentamos también defensoras/es y periodistas cuyo trabajo a favor de la verdad y la justicia nos pone en una situación de riesgo.

Francisco, la ‘casa común’ que predicas, parece venirse abajo. Las políticas deshumanizantes y los salarios injustos de trasnacionales como Lexmark, Eaton Bussman, Copcomm, Foxconn sólo nos han empobrecido. La industria maquiladora enriquece obscenamente a algunos empresarios/gobernantes corruptos y al resto nos ha legado una ciudad y una vida precarias. La codicia de los dueños del dinero y sus administradores disfrazados de gobernantes no tiene límite y ahora también enfrentamos las consecuencias de una mina a cielo abierto en Samalayuca que representa un deterioro a medio ambiente y un daño a nuestro patrimonio común.

Por eso, nos sumamos a las siguientes peticiones de otros grupos y organizaciones hermanas en el país para que:

1. Que denuncies lo que está pasando, la tragedia nacional, que denuncies sus rostros, pero también sus raíces más profundas, como lo has hecho ya con claridad y firmeza en tus encíclicas; que nombres el horror, a sus víctimas y a sus responsables.

2. Que llames enérgicamente al gobierno a que cese la muerte, la represión y la traición, que no tengas miedo de hacerlo, porque necesitamos aliento y esperanza, solidaridad con quienes hablan a pesar de la amenaza, la tortura y la muerte. Y que ese llamado enérgico vaya también hacia tus hermanos obispos, que como el fariseo de la parábola, se hacen los desentendidos frente al sufrimiento y la injusticia, pero porque también es muy probable que tengan mucho miedo, y estén necesitados del mismo aliento y valor que has mostrado.

Deseamos que tu presencia en nuestra tierra sea una semilla de cambio, y una fuerza inspiradora que venga a fortalecer nuestra exigencia de paz con justicia y dignidad”.




Fuente: Proceso

Autora: Patricia Mayorga

http://www.proceso.com.mx/430070/ong-de-juarez-piden-en-carta-al-papa-que-denuncie-tragedia-nacional