MONTERREY, NL: Desde el año pasado familiares de desaparecidos exigieron a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) que buscara en penales de la entidad a personas secuestradas, dado que tenían información de que podrían encontrarse indebidamente encerradas en esos espacios.
Hoy, luego de la tragedia en el penal de Topo Chico, donde 49 reos perdieron la vida, vuelve a resurgir esa petición, sobre todo después de que el procurador Roberto Flores Treviño reconoció que entre los fallecidos del pasado miércoles 10 había cuatro internos sin registro, situación que consideró “irregular”.
En entrevista, el vocero de Fundenl, Jesús González, recordó que el año pasado, durante la administración del priista Rodrigo Medina, presentaron una solicitud al entonces procurador Javier Flores para que efectuara una revisión, persona por persona, en cada uno de los tres penales que administra el estado: el Topo Chico, en esta capital, el de Apodaca y el de Cadereyta.
Y es que desde entonces, dijo, tienen información de que algunos desaparecidos podrían encontrarse encerrados en alguno de esos Centros de Readaptación Social (Cereso), pero su solicitud de revisión fue ignorada.
“Los procuradores de la administración anterior no nos hicieron caso. Nosotros les solicitamos directamente a ellos que hicieran una confronta, persona por persona, dentro de los penales, para saber quiénes están ahí, pero lo más que nos ofreció el último procurador de (Humberto) Medina, Javier Flores, fue revisar por medio de las huellas dactilares, pero no sirve, porque si hay una suplantación, es la misma registrada con las huellas que le tomaron. Y la revisión no se dio”, explicó.
De acuerdo con González, la presencia de personas ingresadas subrepticiamente a los penales ocurre en ocasiones porque algunos elementos ministeriales atrapan a sospechosos y los encarcelan, para luego ver “cómo le hacen” para procesarlos.
El activista expuso que en el proceso de transición, luego de que Jaime Rodríguez Calderón ganó la gubernatura, Fundenl entregó un plan de trabajo al actual procurador Roberto Flores Treviño, en el que de nueva cuenta se le pidió que hiciera la verificación de identidad de los internos, pero otra vez fueron ignorados.
Tras la masacre en el penal regiomontano, el gobierno de Nuevo León inició la identificación de los fallecidos y de inmediato se logró la filiación de 40 cadáveres, pero nueve de ellos estaban sin nombre.
De éstos, cinco terminaron calcinados y cuatro no contaban registro. Los primeros finalmente fueron identificados como: Angelino Sánchez Jaramillo, Morgan Jesús Rosales Villeda, Jaime Cabello Figueroa, José Ovalles Salas y José Juan Salazar Leija.
En tanto, los que no tenían registro son: Roberto de Jesús Martínez Govea, Ricardo de Jesús Espinoza Beltrán, Juan Mario Pérez Herrera y Diego Enrique Martínez Ávila, pero no se ha esclarecido si formaban parte de la población penitenciaria.
El procurador estatal informó que tras la muerte de los 49 internos se inició un juicio por los delitos de homicidio calificado contra la directora del reclusorio, Gregoria Salazar Robles; l subcomisario de Administración Penitenciaria, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, y el custodio José Reyes Hernández Aguilar.
El gobierno nuevoleonés ordenó la reubicación de 233 internos en diversas cárceles del país para aliviar el hacinamiento en el penal de Topo Chico, donde elementos de la Policía Federal encontraron celdas “de lujo” con pantallas de plasma, baños sauna y cantinas, además de puestos y tendajos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430226/desaparecidos-en-nuevo-leon-podrian-encontrarse-detenidos-en-penales-fundenl
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) salió en defensa de otro proyecto en Quintana Roo. Se trata de “Desarrollo Inmobiliario Aerogolf”, promovido por el Club de Pilotos Isla Cozumel, S.A. de C.V.
La Profepa precisó que dicho proyecto cuenta con autorizaciones de carácter federal y estatal, y subrayó que durante un vuelo verificó que no existe remoción de vegetación forestal ni construcciones recientes.
A igual conclusión llegó el pasado 28 de enero, cuando aseguró que en el polígono Malecón Tajamar no hubo ni ecocidio ni devastación ambiental, y detalló que la zona ya estaba impactada previo a ese desarrollo, por lo que no contaba con las características para calificarlo como humedal.
La respuesta de Profepa sobre el proyecto “Desarrollo Inmobiliario Aerogolf” se dio después de recibir denuncias ciudadanas que alertaban sobre un plan de edificación de hoteles, residencias, tiendas departamentales, canales y lagunas artificiales en la zona de playa Corona, cerca del Área Natural Protegida de Chankanaab.
En un comunicado, señaló que su personal realizó una visita de inspección del 22 al 26 de enero, en la que corroboró que el Club de Pilotos Aerogolf cuenta con una autorización en materia de Impacto Ambiental Federal con fecha 3 de abril de 2009.
Dicha autorización fue signada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), puntualizó.
Destacó que el proyecto también cuenta con la autorización estatal INIRAQROO/DG/DIA/064/2008 otorgada el 27 de marzo de 2008 por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del gobierno del estado de Quintana Roo.
Y detalló que el predio donde se encuentra el club es de 580 hectáreas, en tanto que el aeródromo de servicio público ocupa 7.9 hectáreas y cuenta con pista, franja de seguridad, calle de rodaje, niveles de eje, rosa de los vientos, hangar, oficinas, áreas verdes, laguna, alambrado y franja de vegetación perimetral de amortiguamiento con seis años de funcionamiento.
La Profepa sostuvo que durante la visita de inspección a través de muestreos en campo, determinó la condición natural de la vegetación en el predio, identificando la presencia de selva mediana subperennifolia, ecosistema que es de vital importancia para hacer frente a los ciclos ecológicos de la isla que sufre de abatimientos por huracanes, sin encontrar obras en proceso de construcción.
Señaló que personal de inspección realizó un sobrevuelo en la zona sin detectar remociones de vegetación, por lo que continuará con la vigilancia a través de recorridos y patrullajes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430300/avala-profepa-otro-proyecto-en-quintana-roo
OAXACA, Oax: Por acuerdo de su Congreso Político, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) determinó emitir un voto de castigo a los partidos que firmaron el Pacto por México: PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista y Nueva Alianza para el próximo 5 de junio en que habrán de elegir gobernador, 25 diputados locales y 153 presidentes municipales.
Asimismo, la Sección 22 acordó incidir en el proceso electoral mediante la alianza con padres de familia y organizaciones sociales, para generar un debate sobre lo que ha sido la “farsa electoral” y evidenciar a los partidos que avalaron las 11 reformas estructurales que, de acuerdo con ellos, no han dado resultado.
Al dejar la puerta abierta para participar en el actual proceso electoral, nueve profesores de la Sección 22 se registraron como precandidatos a diputados locales por el partido Morena respondiendo al llamado que hizo Andrés Manuel López Obrador para sumarse al proyecto que encabeza.
Integrados en un “Colectivo democrático de candidatos y candidatas”, se registraron como preaspirantes: Nivardo Rodríguez, por el distrito de Teotitlán de Flores Magón; Ricardo López Guzmán, por Nochixtlán; Julián González Villareal, por Huajuapan de León; y Aurelia Santiago López, por Tlaxiaco.
También María de Jesús Melgar Vásquez, por Santa Lucía del Camino; José Adán Santiago, por Santa Cruz Xoxocotlán; Abel Sánchez Campos por Zimatlán de Álvarez; Benito Orozco Mendoza, por Tehuantepec y Juana Aguilar Mendoza por San Pedro Pochutla. Por separado se registró la maestra Griselda Sosa, por el distrito de Ixtlán de Juárez.
La integrante de la Comisión Política de Valles Centrales, Lilia Ortiz Martínez, reiteró que el congreso político celebrado del 28 al 30 de enero pasado fue claro: “Mandató darle seguimiento al proceso electoral y emitir voto de castigo, ya en lo individual tendría que ser una comisión la que haga el trabajo propio”.
Insistió en que el voto de castigo es al PRI, PRD, PAN, Verde y Panal por conformar el Pacto por México que realizó 11 reformas, entre ellas “la mal llamada educativa” y ninguna ha dado resultado, muestra de ello, dijo, es que el dólar casi llega a los 20 pesos y “estamos cerca de una devaluación y del alza de precios generalizados”.
La CNTE clave para el triunfo: Morena
Durante el proceso de inscripción, el Consejo Estatal de Morena indicó que la alianza con el magisterio es clave para que el partido logre la mayoría de los espacios en el Congreso local.
El secretario de Indígenas y Campesinos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Armando Contreras Castillo, afirmó que la “alianza” entre su partido y la CNTE se dio por las coincidencias que existen de lo que necesita México hoy en día.
“Hemos encontrado en común que las reformas autodenominadas estructurales son nocivas para la mayoría del pueblo de México empezando con la mal llamada reforma educativa que es laboral y administrativa y en ese sentido entendemos que debe cambiar y permitir que el Plan Estatal para la Transformación Educativa (PETEO) pueda ser ley”.
Recordó que López Obrador invitó a los maestros a darle cuerpo a una alianza política desde que Gabino Cué emitió un decreto para recuperar la rectoría de la educación golpeando a la Sección 22.
Y el hecho de que se hayan registrado nueve maestros dela CNTE como precandidatos es un salto cualitativo muy importante. “Si bien no es un acuerdo puntual, es un avance político que maestros hayan tomado la decisión sumarse a este proyecto”, dijo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430253/cnte-se-alia-con-morena-y-anuncia-voto-de-castigo-a-firmantes-del-pacto-por-mexico
Desde el lunes 15, agentes capitalinos denunciaron que trabajan turnos de 24 horas de trabajo por 12 de descanso, mientras que la dependencia a cargo de Hiram Almeida insiste en que laboran de acuerdo con lo establecido por la ley.
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) aseguró que ha respetado las jornadas laborales previstas por la ley, para los policías desplegados en el operativo por la visita del Papa Francisco, al que describió como “único en su clase”.
La dependencia capitalina también dijo que “algunas imágenes que han sido difundidas a través de redes sociales y retomadas por algunos medios de comunicación no corresponden al operativo por la visita del Papa (…), circularon hace meses en el ciberespacio para otras críticas anónimas con argumentos no sustentados”.
(Las imágenes publicadas por este Sitio de noticias fueron enviadas directamente por policías del Distrito Federal).
En un comunicado, la SSPDF aseguró que es respetuosa de los derechos humanos y las jornadas laborales de sus agentes, las cuales pueden ser de 12 horas de trabajo por 24 de descanso, 12 por 36, 24 por 48, o 12 horas de trabajo descansando sábado y domingo.
Un policía entrevistado por Aristegui Noticias señaló que “desde un día antes de la visita del Papa hemos tenido que pasar 24 horas de trabajo por 12 de descanso, en el mejor de los casos”.
La Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal establece en su artículo 40 fracción VIII que es derecho de los agentes “Tener jornadas de trabajo acordes con las necesidades del servicio así como disfrutar de prestaciones tales como aguinaldo, vacaciones, licencias o descanso semanal”.
La organización Causa en Común publicó en julio de 2015 que en varias entidades de la República, entre ellas en Distrito Federal, prevalecen los turnos de 24×24.
En el siguiente memorándum, con fecha del 10 de febrero, se ordena a un policía presentarse a las 06:00 horas los días 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero, cinco de los seis días de la visita de Francisco a México.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1602/mexico/sspdf-dice-respetar-derechos-humanos-de-policias-desplegados-por-visita-del-papa/
La familia López Girón, integrada por 19 personas, fue desplazada de su casa y de sus tierras en el municipio de Banavil por apoyar la lucha por la tierra del EZLN. Ahora viven en San Cristóbal de las Casas, hacinados en un cuarto de lámina.
La leña quemada dentro de un destartalado bote de lámina es la única forma en que los 19 integrantes de la familia López Girón soporta el frío de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que en los inviernos más crueles alcanza temperaturas bajo cero.
Viven hacinados en un cuarto que no supera los 12 metros cuadrados y no terminan de adaptarse a una ciudad que no les ofrece tierras para sembrar como lo hacían en Banavil, la comunidad de la que fueron desplazados hace cuatro años.
Este lunes 15 de febrero, Miguel y su hermano Lorenzo se acomodaron en la calle Insurgentes desde las tres de la mañana para formar la valla humana que el papa Francisco vería en su camino hacia la catedral de San Cristóbal de las Casas, después del medio día.
Su madre, Antonia Girón, de 60 años, llegó a las seis de la mañana con una de sus hijas a la Unidad Deportiva donde el pontífice oficiaría misa cuatro horas después. Su fe católica es tan grande que confían en que Dios les ayudará a regresar a su comunidad. Por eso, Francisco significa una esperanza.
La familia quería entregarle una carta en la que piden su ayuda para que interceda por ellos ante el gobierno de Chiapas y por fin investigue el paradero de su padre, Alonso López, desaparecido el 4 de diciembre de 2011 luego de que un grupo armado de 50 priístas entrara a su casa y se lo llevara. La misiva nunca le llegó, no hubo forma de acercarse al jerarca al que vieron pasar sólo unos segundos.
La historia de la agresión
El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 propició cambios entre las comunidades indígenas de Chiapas. La familia López Girón decidió formar parte de las Bases de Apoyo porque “estábamos luchando por la tierra, por nuestros derechos”, cuenta Miguel, un joven moreno y delgado de 27 años que no supera el metro y medio de estatura.
Sin embargo, en el municipio de Tenejapa, donde se encuentra la comunidad tseltal de Banavil, sólo cuatro familias decidieron sumarse al movimiento del EZLN, mientras que el resto se adhirió al PRI para recibir apoyos de programas sociales. La tensión entre ambos grupos, que incluso son familiares, llegó hasta la agresión armada que sufrió Miguel y su familia en 2011.
“Eran como 50, entraron a la casa, nos pegaron y se llevaron a mi papá”, relata Miguel. Días después, ante el temor de que sufrieran otra agresión, la familia abandonó su casa y consiguió refugio en un cuarto de láminas en San Cristóbal de las Casas.
El 23 de diciembre de 2011, en el ejido Mercedes, que colinda con Banavil, se encontró un brazo cercenado; días después, policías estatales, el ministerio público y el juez municipal acudieron para buscar el resto del cuerpo sin encontrarlo. Una prueba de ADN posterior, confirmó que el brazo era de Alonso López. Después de eso, nada se ha avanzado en la investigación.
Además, la Fiscalía de Justicia Indígena no ha dado trámite a la denuncia por despojo interpuesta por la familia, mientras que las órdenes de aprehensión en contra de los perpetradores no ha sido ejecutada, lo que demuestra las irregularidades en el proceso, denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, organización encargada de la defensa del caso.
La familia demanda el regreso a su comunidad y la presentación de su padre. “Han tenido varias reuniones con representantes del gobierno del estado, pero en ninguna han obtenido resultados favorables. Por eso siguen denunciando la falta de justicia en su caso”, explica el Centro Frayba en su informe “La insurgencia de los derechos humanos”, publicado en septiembre de 2015.
Hasta 2002, la cifra de desplazados internos a causa de los sucesos de 1994 se calculaba entre 16 mil y 20 mil personas, según el informe del representante del Secretario General sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas de Naciones Unidas, Francis Deng.
La familia López Girón ha tenido que adaptarse a su nueva vida. Antes sembraban maíz en las ocho hectáreas que tenían en Banavil. Ahora las mujeres lavan ropa ajena y los hombres se alquilan como peones.
Lo que ganan es insuficiente para mandar a la escuela a los siete niños que procrearon y su situación llegó a un extremo cuando Antonia, una de 11 años se enfermó y fue hospitalizada. Los médicos le diagnosticaron edema cerebral y falleció el 21 de febrero de 2015.
“Queremos regresar a nuestra casa, a sembrar nuestras tierras. Queremos a nuestro padre de regreso. No estamos pidiendo dinero, sólo queremos que esto no se vuelva a repetir para nadie”, dice Miguel, mientras su madre Antonia no puede contener el llanto.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/los-desplazados-de-chiapas-entre-la-impunidad-y-la-fe-en-el-papa/
CIUDAD DE MÉXICO: La defensa legal de la actriz Kate del Castillo logró una suspensión definitiva en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) por las supuestas filtraciones de información de la averiguación previa iniciada por su presunta relación con el líder narcotraficante Joaquín Guzmán Loera El Chapo.
El pasado 9 de febrero, el abogado de la actriz presentó una demanda ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo Penal en la que exigió “resguardar toda información contenida en la averiguación previa, así como sus triplicados y/o cualquier otra que se haya iniciado en contra de la quejosa. Las filtraciones que han realizado a diversos medios de comunicación impresos y/o televisivos y/o digitales, respecto de documentos, constancias, imágenes y datos personales de la quejosa”.
No obstante, el juez negó la suspensión en contra de algunas autoridades específicas y dio a la defensa cinco días hábiles para corregir la información relacionada con su denominación.
Ayer, la defensa de Del Castillo Negrete presentó un recurso de queja por la negación del juez para ampararla contra las filtraciones de la dependencia encabezada por Arely Gómez sobre la información del expediente 523/2015. No obstante, la autoridad desechó la petición.
Coahuila quiere película con Kate
En tanto, de acuerdo con una nota del diario Zócalo de Saltillo, el subsecretario de Turismo en Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez, informó que retomará el proyecto para filmar una película con Kate del Castillo en el municipio de Arteaga.
Explicó que las negociaciones para la producción se realizaron desde el 2014 e incluían grabar escenas en la sierra ese mismo año.
“Estaba pendiente una (película) con Kate del Castillo para filmarse en Arteaga y bueno, yo creo que este año deben arrancar las filmaciones porque a lo que tengo entendido ya estaba todo listo”, comentó.
Según la nota, el funcionario dijo que la producción “solamente estaban buscando el lugar, si iba a ser en Monterreal o en alguna otra parte”.
Rodríguez agregó que el proyecto se detuvo a causa de los directivos, no de la locación. Aclaró que al gobierno le interesa revivir el proyecto, no la imagen de la protagonista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430298/kate-logra-suspension-definitiva-contra-la-pgr-por-filtraciones
CIUDAD DE MÉXICO: A unas horas de que el jefe del Estado Vaticano, Jorge Bergoglio, deje México, Emiliano Navarrete Victoriano, padre de un normalista desaparecido y Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coinciden en que cada minuto que pasa se desvanecen las esperanzas de que el jerarca católico se reúna con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
En entrevistas por separado, descartaron la asistencia de padres de los 43 a la misa que presidirá el Papa Francisco en Ciudad Juárez, programada para mañana miércoles 17.
Navarrete, quien hace meses estuvo muy activo buscando el encuentro con el pontífice en su pasada visita a Estados Unidos, se dijo decepcionado de que sus esfuerzos no hayan dado frutos.
“Ya no me interesa reunirme con el Papa, perdimos las esperanzas y el tiempo esperando una respuesta, porque al final de cuentas quien nos tiene que dar respuesta de qué pasó con nuestros hijos es el gobierno, es la procuradora (general de la República, Arely Gómez)”, apuntó.
Padre de José Ángel Navarrete González, don Emiliano recordó que hace meses tuvo comunicación con la periodista italiana Lucía Capuzzi, quien “se comprometió a ayudarnos (a tener el encuentro con el Papa), pero no hizo valer su palabra. Ahora se dice que hay una carta de nosotros a ese señor y que hay la invitación para Ciudad Juárez, pero hace tres días que nos reunimos los padres en Tixtla y no se nos dio a conocer ninguna carta; tampoco escuché que alguno de mis compañeros se estuviera preparando para ir a Ciudad Juárez”.
Navarrete Victoriano sostuvo que la prioridad de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos es “prepararnos para la reunión que vamos a tener con la señora procuradora, a ver qué nos va a decir después del informe que presentaron los peritos argentinos. Aquí no tenemos otra más que encarar al gobierno que es quien nos tiene que dar respuesta”.
Para Abel Barrera “a menos que se produzca el milagro del Papa Francisco, la apretada agenda es un obstáculo para que se lleve a cabo el encuentro”.
Las esperanzas, dijo, parecen agotarse en el sentido de que se buscaron los canales de manera directa; entiendo que no hubo esa posibilidad, sólo queda que vayan a Ciudad Juárez, como parte de quienes son invitados para participar en la misa, pero se descarta el diálogo que buscaron los padres con el Papa”.
El director de Tlachinollan señaló que los familiares de los desaparecidos “no pidieron un asiento en alguna misa, sino tener un diálogo directo con el Papa Francisco para que escuchara de forma directa cuál es la situación que están enfrentando sobre la investigación y búsqueda de sus hijos”.
Al señalar que “la propuesta de tres lugares en Ciudad Juárez vino de los organizadores de la misa, para que se viera que les tenían reservado un lugar junto a familiares de otras víctimas”, Abel Barrera sostuvo que la intención de los padres de los 43 desaparecidos de hablar con el Papa iba más allá de plantear su caso.
“Lo que les pasa a los padres de los 43 no es excluyente, es el problema generalizado que se vive en México en los casos de desapariciones, que no hay ninguna garantía o mecanismo de que se investigue y se dé con el paradero de los desaparecidos y, sobre todo, una estrategia más integral de búsqueda”, apuntó Barrera.
Por último, dijo que tanto los padres de los normalistas desaparecidos como de los miles de registros oficiales, pasan por “la gran frustración de no saber dónde están sus hijos, eso es lo más atroz de que en este país no se da con el paradero de los desaparecidos, ese es un indicador funesto de que la impunidad impera para no dar con los responsables de estas desapariciones”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430271/familiares-de-los-43-descartan-asistencia-a-misa-papal-en-juarez
MORELIA, Mich: Vestido con traje negro y acompañado de su madre, Patricia Mora, Rodrigo Vallejo, “El Gerber”, acudió a la misa que ofició hoy el Papa Francisco en el estadio Venustiano Carranza de esta capital.
El hijo del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, relacionado con el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, escuchó atento el mensaje del máximo jerarca de la Iglesia católica, quien llamó a los obispos de México a no caer en la tentación de la resignación ante aspectos como la violencia, corrupción o narcotráfico, que los atemoriza y atrinchera en las sacristías.
Sin embargo, al salir del estadio eludió a los representantes de los medios de comunicación que trataron de entrevistarlo para conocer en qué va el proceso penal que enfrenta en libertad por el delito de encubrimiento.
Rodrigo Vallejo Mora, “El Gerber”, fue acusado por nexos con la delincuencia organizada y vínculos con ‘La Tuta’, luego de aparecer en un video con el líder de los Caballeros Templarios.
“El Gerber” fue detenido el 1 de agosto de 2014 al no querer dar información a la Procuraduría General de la República sobre ‘La Tuta’, sin embargo, el 12 de abril de 2015, tras ganar un amparo y pagar una fianza de 7 mil pesos, obtuvo su libertad.
A la ceremonia eclesiástica que presidió el Papa Francisco también acudieron el exmandatario Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, así como la exaspirante panista a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430252/reaparece-el-gerber-en-la-misa-del-papa-francisco-en-michoacan
Antes de ganar las elecciones para gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón supo de la crisis en que se encontraban las cárceles. El ahora gobernador se comprometió a poner en marcha 10 acciones para solucionarlo.
Antes de ganar las elecciones para gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” supo de la crisis en que se encontraban las cárceles de la entidad gracias a un reporte que especialistas y empresarios le entregaron en propia mano, junto con 10 compromisos que él mismo firmó para revertir esa situación.
En dicha carta, fechada el 24 de marzo del 2015, se alertaba entre otras cosas que los penales de la entidad padecían problemas de ingobernabilidad, de deficiencias en infraestructura y en los esquemas de revisión, vigilancia y seguridad, de la falta de separación de internos de alto riesgo, así como sobrepoblación penitenciaria.
Incluso se mencionó particularmente que había una actividad comercial y de preparación de alimentos totalmente ilegal dentro de las cárceles con los efectos nocivos.
Varios de estos puntos quedaron de manifiesto en la riña del pasado 11 de febrero en el Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico, que dejó 49 muertos. La inspección al penal evidenció que había múltiples tiendas ilegales, sauna, acuarios, pantallas y hasta un bar controlado por los internos.
Cabe señalar que en Nuevo León hay tres penales bajo jurisdicción del gobierno estatal, pero el de Topo Chico es, por mucho, el de mayor población con casi tres mil 700 internos, y un promedio de hacinamiento superior al 7.6%.
A continuación Animal Político te presentamos la carta y los diez compromisos que el hoy gobernador firmó cuando era candidato independiente. El reporte fue entregado por el patronato de la Institución RENACE y firmado por su presidente Ernesto Canales.
- Regular actividad en prisiones. Los especialistas urgieron a frenar la actividad comercial dentro de los penales y que las autoridades asumieran el control de la provisión de alimentos y otras necesidades.
- Mejorar infraestructura y servicios. Gobierno debe mejorar la seguridad de las cárceles y proporcionar condiciones dignas a los internos con apego a los derechos humanos para eliminar ingobernabilidad.
- Incrementar presupuesto. En los últimos años hubo reducción de recursos a los penales pese a incremento de población. Debe asignarse más dinero en este sentido.
- Continuar construcción de penal de Mina. Concretar la edificación del nuevo centro penitenciario estatal con una operación sustentada en estándares internacionales.
- Reclutar más personal y profesionalizarlo. Se requiere reclutar a servidores públicos en los penales que además de ser suficientes en número cumplan con programas de capacitación que garanticen respeto a derechos humanos.
- Separar efectivamente a internos. Los especialistas urgieron a que haya una separación real entre hombres y mujeres presos, y sobretodo entre los reos por su nivel de riesgo, para evitar el fenómeno de la “contaminación carcelaria”.
- Proporcionar apoyo integral a las familias. Resulta necesario establecer un programa integral de apoyo que ayude a las familias a superar el trance de que uno de sus seres queridos esté en prisión.
- Establecer normas de calidad de acuerdo a estándares internacionales. Diseñar y aplicar medidas de seguridad y operación carcelaria acorde a los estándares que establece principalmente la Organización de las Naciones Unidas.
- Implementar política contra la sobresaturación de penales. Hacer efectivas las nuevas medidas alternativas a prisión del sistema penal acusatorio así como otros beneficios de preliberación con un análisis cuidadoso de los casos.
- Hacer uso de las “cárceles abiertas”. Otorgar el beneficio de las cárceles abiertas a los internos que estén en la última fase de su pena y hayan mostrado un comportamiento favorable y progreso en los programas de readaptación.
El Bronco recibió reporte de crisis en penales 10 meses antes de Topo Chico:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/el-bronco-recibio-reporte-de-crisis-en-penales-10-meses-antes-de-topo-chico/
A nivel nacional, 1 de cada 10 custodios no superó las pruebas de control de confianza, pero sigue laborando. Hay estados en donde los guardias reprobados son más del 40% o 50%.
La seguridad de las cárceles estatales en México está a cargo de casi 30 mil custodios, entre mandos y guardias. En promedio, hay un custodio para cuidar a ocho internos, lo que está dentro (apenas) de los estándares internacionales. El problema es que más de tres mil de esos guardias, incluidos 200 mandos, no son confiables.
Datos oficiales revelan que a nivel nacional, por lo menos uno de cada 10 elementos de seguridad asignados a los centros penitenciarios estatales, incluyendo a los propios mandos, no deberían estar ahí, pues no superaron las pruebas obligatorias para establecer si son aptos y confiables para desempeñar su trabajo.
Hay estados donde la realidad es aún más dramática. En Nuevo León por ejemplo, donde se encuentra el penal estatal de Topo Chico que el pasado 11 de febrero registró una riña que dejó 49 muertos, casi la cuarta parte de los custodios no son confiables. En Veracruz más de la mitad del personal está reprobado.
En total, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, proporcionadas a Animal Político por la organización Causa en Común, hay 29 mil 534 elementos de seguridad en activo en los reclusorios de los estados.
De todos ellos, tres mil 155 reprobaron el proceso de evaluación de control de confianza, lo que representa un 11% del estado de fuerza total.
En el universo del personal hay mil 820 efectivos que son mandos de distinto nivel, de los cuales poco más de 200 no son confiables. En tanto, de los 27 mil 700 custodios operativos, tres mil 155 están reprobados. En ambos casos es una proporción del 11% de los servidores públicos en funciones.
Las deficiencias en los esquemas de seguridad de las cárceles, son un común denominador en incidentes graves como el ocurrido en Topo Chico o en la muerte de 44 reos en la cárcel de Apodaca en 2012, y en donde fueron cómplices custodios, jefes de seguridad y directores.
En el país están en funcionamiento 285 centros penitenciarios estatales que albergan a poco más de 223 mil personas recluidas, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Seguridad.
Cárceles en mayor riesgo
En Veracruz, la mayoría del personal de seguridad asignado a los reclusorios estatales, no es confiable. Es la única entidad en el país en donde son mayoría los elementos de prevención y readaptación social reprobados que los aprobados. El 57% de los más de 700 efectivos en funcionales no superaron los exámenes
Además, la entidad que gobierna Javier Duarte ocupa el segundo sitio en mandos de cárceles reprobados con 48%.
Cabe señalar que en Veracruz hay 17 Centros de Reinserción Social cuya seguridad depende del estado, En dichas cárceles hay casi siete mil internos que representan una sobrepoblación superior al 8%.
Tabasco es la segunda entidad con la mayor proporción de custodios de las cárceles reprobados, con aproximadamente el 40%. En dicha entidad hay seis penales estatales, siendo la de mayor tamaño el centro de Reinserción Social de Tabasco, que tiene una sobrepoblación que supera el 65%.
Otro foco rojo es Zacatecas en donde el 38% de los custodios de las prisiones fueron calificados como no aptos. Incluso, la entidad cuenta con el mayor porcentaje de mandos reprobados. De sus 15 jefes de seguridad en reclusorios, ocho no superaron las evaluaciones, que representan el 53%.
En Zacatecas existen 16 centros penitenciarios responsabilidad del estado que albergan a cerca de dos mil reos.
En Sinaloa el 36% de los custodios de las prisiones y el 38% de sus jefes no son en teoría confiables. El estado cuenta con cuatro penales estatales con cerca de siete mil internos de los cuales, más de mil 300 son del orden federal, principalmente vinculados con el crimen organizado. La sobrepoblación carcelaria en la entidad es de casi 7%.
En Baja California Sur, donde hay cinco prisiones estatales con más de 14 mil reos, 124 de los 400 custodios y mandos en las cárceles tampoco son confiables, lo que equivale a casi la tercera parte de todo el equipo de seguridad.
Déficit en vigilancia
Hasta el cierre del año pasado había poco más de 223 mil personas recluidas en los penales bajo administración de los estados, los cuales en realidad fueron construidos con espacios para albergar únicamente a 148 mil internos. La sobrepoblación en estas cárceles supera entonces el 63 %.
A cargo de la seguridad de todos esos reos hay poco más de 29 mil custodios (27 mil sin contar los mandos), lo que es en promedio un elemento de seguridad para cuidar a cada 8 o 9 internos.
Dicha proporción se encuentra dentro de los márgenes del estándar internacional para los centros penitenciarios. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) el mínimo de seguridad en una cárcel debe ser de un guardia de seguridad por cada diez personas presas.
Pese a lo anterior, existen algunas entidades en el país en donde si existe un déficit en tema de custodios, en comparación con el referido parámetro internacional.
El caso más grave es el de Quintana Roo en donde los centros penitenciaros locales albergan a poco más de cuatro mil reos, sin embargo el estado de fuerza es de solo 136 elementos de seguridad, lo que apenas es un policía por cada 29 internos.
En el estado de Sinaloa, que se encuentra entre los de mayor proporción de custodios no aptos, hay 596 guardias de seguridad a cargo de siete mil 233 internos, lo que arroja un promedio de un custodio para cada 12 reos.
Otro caso es el de Baja California en donde hay 15 mil 658 internos frente a mil 405 guaridas de seguridad lo que en una proporción de un custodio para 11 encarcelados. El mismo déficit de seguridad se presenta en Oaxaca e Hidalgo con un promedio de un guardia por once reos.
Bombas de tiempo
Las deficiencias en los esquemas de seguridad de los centros penitenciarios en los estados ha derivado ya en el surgimiento de algunas situaciones de crisis, sobre todo relacionadas con hechos de violencia o la fuga de reos.
El último caso y el más violento hasta ahora fue el del pasado 11 de febrero en el Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico, en donde una presunta pelea entre internos dejó 49 muertos. El incidente exhibió además las deficientes condiciones de vigilancia y seguridad en el penal. Por ese caso fueron detenidos tres mandos del centro, incluyendo su directora: Gregoria Salazar.
Otro hecho grave se registró en el centro penitenciario de Apodaca, también en Nuevo León, entre el 19 y 20 de febrero del 2012. Tras una serie de disturbios 44 internos perdieron la vida mientras que otros 30 lograron escapar de las instalaciones. El entonces gobernador Rodrigo Medina dijo que mandos del reclusorio, entre ellos el director y el jefe de seguridad, tuvieron responsabilidades en los hechos.
El diciembre de 2010, por mencionar otro ejemplo de varios, se registró la fuga de reos más grande de la que se tenga registro de una cárcel local: 151 internos escaparon del penal de Nuevo Laredo .Seis meses más tarde otros 61 internos también escaparon de dicha prisión bajo jurisdicción del estado.
En total ocho funcionarios del penal, entre ellos el director y diversos custodios, fueron consignados por el Ministerio público por su responsabilidad y complicidad en la fuga de los internos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/11-de-los-custodios-en-prisiones-estatales-reprobaron-controles-de-confianza/
CIUDAD DE MÉXICO: De manera inopinada, y pese a que el 5 de octubre pasado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) accedió a que los diputados federales de la Comisión Especial de Ayotzinapa hablaran con los miembros del 27 Batallón de Infantería, eso no será posible pues en San Lázaro los legisladores del PRI y el PVEM, así como los del Partido Encuentro Social (PES) y Partido Nueva Alianza (Panal), dijeron que no estaba a discusión la visita al cuartel de Iguala.
Las bancadas de la oposición buscan echar abajo el acuerdo promovido por el PVEM. Sus diputados buscan también que los padres de los 43 normalistas desaparecidos, así como los familiares de Julio César Mondragón Fontes, el estudiante de Ayotzinapa que apareció desollado la mañana del 27 de septiembre de 2014, suban a la máxima tribuna de San Lázaro.
Aquel 5 de octubre el general Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, dijo que sus elementos no hablarían con extranjeros –en alusión a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes–, sino sólo con mexicanos.
Los diputados le tomaron la palabra y en ese momento le pidieron autorizar un encuentro con los miembros del 27 Batallón de Infantería. Él aceptó.
En esa reunión, el general José Carlos Beltrán Benítez, director de Derechos Humanos de la dependencia, impuso condiciones. Dijo que cada militar estaría acompañado de un mando mayor para que no se violentaran sus derechos humanos.
Los tres meses siguientes, representantes del gobierno federal, la Sedena y los legisladores discutieron cómo sería el encuentro. Las diputadas Araceli Damián, del Movimiento de Regeneración Nacional; Víctor Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano; Cristina Gaytán, de PRD, y la presidenta de la Comisión Especial de Ayotzinapa, la panista Guadalupe Murguía Gutiérrez, redactaron un primer documento que cubría las exigencias del Ejército.
El 12 de noviembre el general Roble Arturo Granados Gallardo, jefe del Estado Mayor de la Defensa, le mandó decir a los diputados que antes del encuentro debían definirse cuatro aspectos: objeto, alcance jurídico, formato y procedimiento.
El día 20 de ese mes llegó a San Lázaro un documento firmado por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, en el que incluía las observaciones de Granados Gallardo.
Los diputados redactaron una propuesta de tres cuartillas en la cual solicitaron entrevistas con:
“a. El general de división Alejandro Saavedra Hernández, excomandante de la 35 Zona Militar, quien tenía bajo su mando el 27 Batallón de Infantería el día del ataque a los normalistas”. (Saavedra fue elevado a rango de general de división por el presidente Enrique Peña Nieto un mes después de los acontecimientos y actualmente es el coordinador de la estrategia de seguridad en Guerrero).
“b. Coronel de Infantería José Rodríguez Pérez, comandante regional del 27 Batallón de Infantería y 41 Batallón de Infantería, quien contactó al jefe de la Policía Municipal Francisco Flores para informarle del ataque a estudiantes. Asimismo, fue él quien señaló que las instalaciones que ocupan los batallones no cuentan con áreas de seguridad para los detenidos.
“c. Capitán José Martínez Crespo, quien estuvo a cargo de la patrulla que salió del 27 Batallón de Infantería la noche del ataque, la cual encontró a los estudiantes en la clínica hospital Cristina.
“d. Elementos que integraron la patrulla del 27 Batallón de Infantería la noche del 26 de septiembre, cuando ocurrió el ataque, para que expliquen lo sucedido a partir de que ellos tuvieron contacto con los estudiantes normalistas en la clínica hospital Cristina.
“e. Agente de inteligencia militar quien presenció el ataque a estudiantes (del camión) 1531 y tomó fotografías, así como al que presenció el ataque a los estudiantes (del camión) 1568.”
Los legisladores pidieron también que se autorizara la presencia de dos miembros del GIEI “sin derecho a voz pero sí pudiendo interactuar en términos de asesoría (legal)”.
Todo iba bien. Pero el 15 de enero pasado, por medio de su asesor Miguel Ángel Barriga Vallejo, el diputado del PRI en la Comisión, Víctor Manuel Silva Tejeda, envió a la Presidencia una serie de observaciones al documento de los diputados sobre el “objeto, alcance jurídico, formato y procedimiento”.
En su escrito aclaró que no se trataba de una “presentación” de los miembros del Ejército, sino un “encuentro” para que, decía, manifiesten qué actividades realizaron el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El PRI pidió también que, dada la secrecía de la reunión, “no deberán asistir los integrantes del GIEI ni asesores de diputados…”
El documento proponía también que, luego de que hablaran los mandos militares y la tropa, hubiera una ronda de preguntas de cinco minutos por grupo parlamentario. El priista Silva Tejeda lo objetó, proponiendo que se presentaran las preguntas al personal militar en “bloque” y sin réplica. Asimismo, planteó que el documento final “deberá ser validado en reunión de la comisión para su eventual envío a la Sedena”, pero esto no ocurrió.
El miércoles 3, cuando estaba a punto de aprobarse el formato, llegó a la sesión el diputado Arturo Álvarez Agli, del PVEM; exigió que el encuentro fuera privado, sin transmisión en el Canal del Congreso, y demandó desechar el encuentro.
“Debemos votar sobre la pertinencia de buscar de nueva cuenta una reunión personal con personal del Ejército, toda vez que desde mi consideración es que la información que se requiere puede ser solicitada por escrito, toda vez ya tuvimos la reunión con el Ejército”, dijo.
El priista Silva Tejada secundó al guerrerense Álvarez Agli. Luego irrumpieron en la sesión María Eugenia Ocampo, del Panal, y José Alfredo Ferreiro, del PES, quienes casi nunca asisten a estas reuniones, y apoyaron la propuesta del PVEM.
Araceli Damián, de Morena, y Cristina Gaytán, del PRD, abandonaran la sesión “para no convalidar el atropello legislativo”. Al final, los representantes del PVEM, Panal, PES y PRI votaron por no ir al encuentro, mientras que la panista Guadalupe Murguía votó en contra. La próxima semana los diputados impugnarán la votación, pues consideran que el encuentro no está a discusión, sino sólo su formato.
Una tribuna para la denuncia
En los últimos 16 meses, los padres de los normalistas se han entrevistado con el presidente Enrique Peña Nieto, con Jesús Murillo Karam cuando estuvo al frente de la PGR, y con su sucesora Arely Gómez, con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con autoridades de Guerrero. Ningún funcionario les ha dado certezas sobre el paradero de sus hijos.
Recientemente entregaron una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora intentan ocupar la tribuna de San Lázaro, comenta la diputada Araceli Damián. Sólo falta que la Junta de Coordinación Política –donde están representadas todas las fracciones– acuerde el día.
El 2 de enero, los padres de los normalistas entregaron una carta a la panista Murguía Gutiérrez en la que decían: “Deseamos acudir ante el pleno de la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión a manifestar nuestras demandas y solicitudes, mismas que se han expuesto ante el Ejecutivo federal pero a las que debe dar causa también el Poder Legislativo del Estado mexicano”.
Nueve días después, en una segunda carta, los familiares de Julio César Mondragón Fontes, el estudiante que apareció desollado el 27 de septiembre, se sumó a la petición. El día 19, Murguía Gutiérrez recibió una tercera misiva en la que los padres de 22 normalistas desaparecidos reiteraban la solicitud de “comparecer ante el pleno”. El martes 26 llegó la cuarta, firmada por los familiares de Mondragón Fontes, en la que pedían espacio para “buscar mecanismos para intercambiar y complementar la información con que contamos y logremos coordinar esfuerzos en la búsqueda de la verdad y la justicia”.
El emecista Sánchez Orozco, integrante de la Comisión Especial de Ayotzinapa, advierte que la presencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos debe ser una “llamada de atención para el Estado y las instituciones”.
Según él, se debe escuchar la voz de estos padres que de alguna forma estarán representando a los miles de desaparecidos, a las otras víctimas. Su presencia en San Lázaro “debe mover la conciencia de esta República para que haya justicia y se evite la impunidad. Está pasando el tiempo y no hay una respuesta del Estado mexicano para llevar a la justicia a quienes incurren en las desapariciones forzadas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430211/pvm-y-pri-sabotean-a-la-comision-especial-de-ayotzinapa
CIUDAD DE MÉXICO: Una vez admitida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional que presentó el Ejecutivo de Morelos contra el Congreso local por negarse a legislar a favor del aborto, el gobierno de Graco Ramírez no está obligado a publicar las reformas aprobadas en la materia en diciembre pasado.
El gobierno estatal promovió ante la SCJN la controversia constitucional 14/2016 contra actos de los diputados, a quienes responsabilizó de incurrir en omisiones y aprobar reformas sin previo debate y sin cumplir con los estándares internacionales para garantizar la vida y los derechos de las mujeres, es decir, su derecho a interrumpir el embarazo.
Ramírez Abreu demandó al Congreso morelense por “las omisiones persistentes y derivadas del proceso legislativo concerniente al decreto número 14 por el que se reforman diversas disposiciones de distintos códigos y leyes estatales en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género”.
En octubre pasado el mandatario perredista presentó una iniciativa de ley ante el Congreso estatal en materia de violencia y perspectiva de género, en la que se incluía la posibilidad de abortar si el embarazo era producto de una violación.
Sin embargo, el legislativo eliminó esa última disposición al considerar que el párrafo “permitía que los médicos practiquen el aborto bajo cualquier circunstancia”.
En respuesta, el gobierno morelense subrayó que con esa determinación el Congreso “hace patente su negativa de cumplir con su función principal de creación normativa, incumpliendo con los mandatos constitucionales y convencionales en la materia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430213/gobierno-de-morelos-promueve-controversia-a-favor-del-aborto
El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue creado en 1995 para rescatar a los bancos por alrededor de 552 mil millones de pesos. De acuerdo Reforma, algo similar ocurrirá con el pago de pensiones para los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), gremio liderado por el Senador priista Carlos Romero Deschamps.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Luis Videgaray Caso, recreó el Fobaproa para pagar una parte del pasivo laboral de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) por un monto inicial de 50 mil millones de pesos, publica este día Reforma.
El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue creado en 1995 para rescatar a los bancos por alrededor de 552 mil millones de pesos.
De acuerdo con el diario capitalino, algo similar ocurrirá con el pago de pensiones para los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), gremio liderado por el Senador priista Carlos Romero Deschamps.
El Fobaproa para pagar parte del pasivo laboral de los empleados petroleros deriva de la Reforma Energética de 2014, en la que el Congreso instruyó al Gobierno para que asumiera parte de las pensiones y jubilaciones de Pemex en caso de lograr un acuerdo con el sindicato, detalla Reforma.
El medio precisa que de acuerdo con datos de Pemex, en 2014 su plantilla fue de 153 mil 85 empleados, quienes representaron un pasivo laboral de un billón 474 mil 88 millones de pesos.
La publicación refiere que un año después se acordó subir de 55 a 60 años la edad de jubilación para quienes tengan menos de 15 años en la empresa y que sus nuevos empleados, a partir de 2016, aporten a su retiro con un esquema tipo Afore.
El medio detalla que en un informe enviado a la Security and Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos, Pemex informó que el 18 de diciembre de 2015 se dio a conocer a Hacienda “que nuestras obligaciones de pensiones se reducirán en 186 mil 500 millones de pesos como resultado de las modificaciones del régimen de retiro”.
El reporte menciona que Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas bajo las cuales asumirá el pago de pensiones de Pemex, el cual estaría sujeto a una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)y de un experto independiente que certificaría los cálculos de la petrolera para asegurar que el monto ahorrado es verdadero.
“Sin embargo, aun cuando el análisis del experto no ha concluido, el 24 de diciembre de 2015 Hacienda emitió un pagaré por 50 mil millones de pesos a nombre de Pemex con vencimiento a 2050 y que se pagará a partir de 2017″, dice el diario Reforma.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-02-2016/1623211
Ser sacerdote es una vocación de alto riesgo en México. Especialmente, en la región que abarca la Diócesis de Apatzingán, en el estado de Michoacán que hoy visitará el Papa Francisco. En esa zona, que en 2014 fue el epicentro del enfrentamiento entre autodefensas y el cártel de Los Caballeros Templarios, seis párrocos han sido asesinados desde 1985.
“Mire padre, si no se va del pueblo lo vamos a apedrear y lo vamos a colgar”.
El sacerdote José Luis Segura, de 60 años de edad, habla con un ritmo de plática lento, sereno, y no altera el tono de voz ni siquiera cuando narra la última amenaza de muerte que recuerda. Fue en marzo del 2014, cuando los familiares de un líder asesinado de autodefensas –grupos de civiles que se alzaron en armas en el estado de Michoacán para combatir por sus medios a los cárteles de la droga- se presentaron en su parroquia para reclamarle por lo que dijo en una entrevista.
“Estas personas se enojaron mucho conmigo porque denuncié que su familiar había sido integrante del cártel de Los Caballeros Templarios. Y por eso vinieron a advertirme de que me iban a correr del pueblo”, relata desapasionado el clérigo, como si lo que cuenta fuera un capítulo más de su trabajo en La Ruana, una pedanía del municipio Buenavista Tomatlán que pertenece a la Diócesis de Apatzingán, en la llamada Tierra Caliente.
52 sacerdotes asesinados; 6 en diócesis de Apatzingán
No obstante, José Luis Segura no siempre tuvo ese temple ante las amenazas, cuenta en una entrevista con Animal Político en el contexto de la visita del papa Francisco este martes 16 de febrero a Morelia, capital michoacana.
De hecho, antes de que el anterior obispo de la entidad, Miguel Patiño Velázquez, lo destinara en febrero de 2014 a La Ruana, en pleno estallido del enfrentamiento entre autodefensas y sicarios de Los Caballeros Templarios, el sacerdote pasó 20 años de su vida en escritorios, oficinas y dando clases de filosofía a jóvenes seminaristas.
Muy lejos de los riesgos que implica ser un cura comprometido con las causas sociales en México; país en el que según informó el pasado mes de enero la Unidad de Investigación del Centro Católico Multimedial (CCM), 52 personas vinculadas a la Iglesia, en su mayoría párrocos, han sido asesinadas en los últimos 25 años, de los cuales seis sacerdotes pertenecían a la Diócesis de Apatzingán, una de las más golpeadas por la violencia. (Aquí puedes leer el informe íntegro del Centro Católico Multimedial).
“Mi vida cambió radicalmente en La Ruana -resalta el sacerdote-. De ser un sacerdote que hacía un trabajo más de rutina dando clases y administrando liturgias religiosas, pasé a ser un sacerdote en una zona de guerra sitiada por los criminales, donde tenía que ayudar a la gente a buscar alimentos, y tenía que consolar a los heridos y visitar a las gentes más traumadas por esta guerra”.
Además de ayudar a la gente en la “guerra”, Segura explica que lo más difícil llegó después, cuando se puso en mitad del fuego cruzado entre los propios autodefensas, cuando los líderes Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, alias El Americano, se enfrentaron a balazos en diciembre de 2014, dando como resultado la muerte del hijo de Mora y de otras 10 personas.
“Otro cambio radical en mi vida fue cuando sacaron a Hipólito Mora de La Ruana (quien fue detenido por las autoridades y posteriormente liberado) y los del Americano se apoderaron de la zona”, subraya el sacerdote, quien denuncia públicamente a Luis Antonio Torres como un “infiltrado” en las autodefensas que trajo de vuelta a exintegrantes de Los Caballeros Templarios para formar otro cártel, La Tercera Hermandad, o Los H3, grupo que en la actualidad controla el pueblo.
“Con El Americano regresaron los templarios pero con otro nombre. Y ahora se quieren vengar de todas las personas que los habían expulsado y que trataron mal a sus familiares”, expone el sacerdote, quien admite que en el bando de Hipólito Mora también se cometieron excesos como “apoderarse” de propiedades de los templarios y sus familias, y “tratar mal a las gentes contrarias”.
“Cuando sacaron a Hipólito y desorganizaron a su grupo, a mí me tomaron ojeriza Los H3 porque yo tenía que defender a toda la gente de La Ruana, independientemente de que fueran partidarios de un grupo o de otro”, agrega el sacerdote, quien desde ese entonces cuenta que vive “un calvario” de amenazas y de misas boicoteadas por “malandros” que tiran balazos afuera de la parroquia, o que apedrean su oficina y amenazan con golpizas a los fieles para que no vayan a la iglesia.
“Los del H3 ponen alrededor de la parroquia muchas camionetas con gente armada. Normalmente son chamacos que están tomando toda la noche, haciendo bronca e intimidando a la gente”, dice el sacerdote, quien no obstante admite que la situación en los últimos meses “se ha ido calmando” en La Ruana.
“La última molestia fue este 24 de diciembre pasado –apunta-, cuando casi no dejaron que se celebrara la misa de Nochebuena de tantos balazos que tiraron alrededor del templo”.
“Si me amenazan no le puedo pedir al obispo que me mande a un grupo de seminaristas a defenderme”
Cuando se le cuestiona al respecto si toma medidas especiales de seguridad, como por ejemplo otras parroquias de Yucatán y Tabasco que ante la inseguridad están equipando los recintos religiosos con cámaras de videovigilancia, o si ha buscado protección en las autodefensas de Hipólito Mora, el párroco lanza un suspiro.
“Para qué hago teatros –dice resignado-. Sería inútil tomar medidas de seguridad porque si me quisieran matar lo podrían hacer en cualquier parte. Por eso ando siempre solo, para no poner en peligro la vida de nadie”.
-¿Pero la Iglesia Católica no le ofrece protección? –se le insiste-.
-¿Y qué protección me pueden dar? –contesta el cura con una pregunta-. Si la gente aquí tiene armas y viene y me amenazan, no voy a ir con el señor obispo para que me mande a un montón de seminaristas como si fuera un grupo armado –Segura lanza ahora una carcajada al otro lado del hilo telefónico-. Más bien lo que hay que hacer es exigir a las autoridades que luchen para que la legalidad sea la que impere y no la violencia ni la brutalidad.
Tras reflexionar unos segundos lo que va añadir a continuación, el párroco lanza un aviso a navegantes:
-Y por nuestra parte, los sacerdotes tenemos que usar siempre los medios correctos para luchar. Es decir, no se puede de ninguna manera aceptar dinero de esas personas que son criminales, ni se les debe hacer servicios especiales ni darles trato preferencial. No se debe tampoco socializar con ellos, porque entonces estaríamos aprobando lo que hacen y lo que son.
En cuanto a qué le diría al Papa Francisco durante su visita a Michoacán, José Luis Segura dice que, como el resto de la comunidad de La Ruana, le daría la bienvenida, aunque le pediría un favor.
“Si el Papa dijera alguna palabra sobre la indefensión, la injusticia, el abuso, la criminalidad y la complicidad con los criminales y la corrupción que existe en el gobierno, nos ayudaría mucho a todos en Michoacán y a las víctimas en México en general –subraya el párroco-. Porque sabemos que si el Papa dice algo de esto, se va a escuchar en todas partes. Y entonces el gobierno, como sea, tendrá que reaccionar”.
“El único oficio que nos queda es el de sepultureros de unos y otros”
Miguel López es el párroco de Tepalcatepec, otro de los municipios de la Diócesis de Apatzingán más golpeados por la violencia de Los Caballeros Templarios en los últimos dos años.
Con una voz ronca, profunda, y una oratoria fluida y repleta de recursos –lo mismo cita con precisión pasajes del Evangelio que citas textuales de teólogos alemanes-, López explica que los curas de la región de Apatzingán aún se encuentran en mitad de una encrucijada, entre la víctima y el victimario.
“El único oficio que nos queda es el de ser sepultureros, porque hasta la mano se vuelve diestra para enterrar a unos y a otros”, dice con solemnidad, casi como si estuviera recitando un poema trágico.
“Y aunque la situación ahora es de relativa calma, se nota que lo que viene no es la primavera, sino otra vez el invierno –advierte enigmático a continuación, casi en un tono profético-. Entonces, uno como sacerdote lo único que puede hacer es acompañar a la gente. Porque uno quisiera para la máquina que asesina. ¿Pero cómo detener a esa máquina que se ha vuelto autónoma y que obra en la noche, como Judas? –se pregunta, retórico-. ¿Cómo detener una máquina que pare armas que siembran muerte? Pues no tenemos más recurso que hacer lo que dice el Evangelio, que es llorar con los que lloran, y gritar ‘Ya basta’”.
En cuanto a la seguridad de los religiosos, Miguel López asegura que es muy consciente de los riesgos que implica denunciar a los criminales en la región de municipios que abarca Apatzingán, donde desde 1985 suman seis sacerdotes asesinados de 55 que integran la Diócesis. El último fue Víctor Manuel Diosdado, “un muchacho de apenas 35 años” que era párroco en San José de Chila, quien en un principio fue reportado muerto tras un accidente de tráfico rumbo a Caguato, pero del que Andrés Larios, vicario en el municipio de Coalcomán, dijo en una entrevista con el programa Punto de Partida de la periodista Denise Maerker que se sospecha que fue secuestrado por el crimen organizado y posteriormente abandonado en una carretera.
A pesar de esto, López recurre de nuevo a la oratoria para sentenciar que su única seguridad es su fe en Jesucristo.
“La seguridad personal de nosotros es la seguridad que nos da ser cristianos. Es decir, estamos en manos de Dios. Y no tenemos más armas que un corazón y el Evangelio”, concluye el sacerdote.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/entre-sicarios-y-autodefensas-la-peligrosa-vida-de-los-sacerdotes-en-michoacan/
