Vidulfo Rosales, representante de los padres de los 43, aseguró que el Gobierno impidió la reunión del grupo con el Papa porque ahí se evidenciarían “toda la serie de problemáticas que vive nuestro país, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales”. Sin embargo, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró por su parte, que no se evitó que el Pontífice se reuniera con nadie ni se le pidió que no hablará de algún tema en especifico.
Vidulfo Rosales Sierra aseguró que el Gobierno federal evitó el acercamiento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el Papa Francisco haciendo parecer que existen diferencias entre los grupos de las víctimas.
El representante legal de los padres de los 43 acusó que el Gobierno federal “impidió a toda costa” el encuentro con el Papa y usó una estrategia que siguió por la “línea de alimentar una división que no existe con otros movimientos o grupos de desaparecidos”.
El abogado, acompañado de los familiares de los normalistas, aseguró que el objetivo de impedir la reunión se debió a que en ella se evidenciaría “toda la serie de problemáticas que vive nuestro país, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, pasando por los ataques reiterados a la libertad de expresión y a la protesta social; la corrupción desbordada que vivimos en México y la infiltración de grupos criminales en las instituciones”.
El Papa Francisco dijo hoy, luego de concluida su visita de cinco días a México, que no vio a los familiares de los estudiantes desaparecidos en 2014 porque hubo muchas peticiones de grupos que además estaban “contrapuestos” y con “luchas internas”.
Reconoció que en el caso de los 43 hubo algún intento por parte de grupos de personas que quisieron encontrarse con él “pero eran muchos grupos, incluso contrapuestos y con algunas luchas internas”.
“Les dije que les iba a ver a todos en una de las misas”, dijo el Papa sobre el asunto a prensa en el avión papal.
Luego de su reunión en la Procuraduría General de la República (PGR), donde se les informó de los avances del caso, el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales señaló al Gobierno federal como el responsable de que no se concretara la reunión con Francisco.
Cuestionado sobre las declaraciones del Pontífice, el litigante señaló que parte de la estrategia de las autoridades mexicanos fue hacer parecer que existen confrontaciones entre los grupos de víctimas, “lo cual no es cierto, todos tenemos el anhelo de encontrar a nuestros familiares y no tenemos ningún problema con otras organizaciones de desaparecidos”, aseveró.
“El problema, es que se pidió un acercamiento con el Papa para que diera una palabra de apoyo, una palabra de aliento, pero también para dar a conocer cuál es la lucha de los padres de familia y la intervención del Papa ante el Gobierno mexicano para el debido esclarecimiento de los hechos”, agregó.
NO SE EVITÓ QUE SE REUNIERÁ CON NADIE: SEGOB
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró esta tarde, respecto a la vista de Papa Francisco, que no se evitó que se reuniera con nadie ni se le pidió que no hablará de algún tema en especifico.
“Estuvo donde quiso estar, dijo lo que quiso y nadie evitó ni su visita a ningún lugar ni el encuentro con nadie, ni que escuchara las voces de México”, afirmó.
Dijo que la gira del Sumo Pontífice fue un éxito debido a que no se presentó incidente alguno y que se hizo con absoluto respeto al país.
“Creemos que fue una gran visita la que se logró con absoluta libertad y, por supuesto, [el Papa Francisco] actuó con absoluto respeto”.
TORERO PARTICIPARÁ EN NUEVO PERITAJE; INVESTIGAN QUINTO AUTOBÚS
Vidulfo Rosales informó también, durante una conferencia de prensa, sobre lo que informó la Procuradora Arely Gómez González a los padres durante la reunión de hoy. Desatacó que la dependencia dijo estar investigando sobre el paradero del quinto autobús utilizado la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Informaron que dichas diligencias se llevan a cabo en los límites de Guerrero y otros dos estados. “Queremos pensar que es Estado de México y Morelos relacionadas con el quinto camión”, dijo el abogado
El representante legal dijo que también se les informó que el perito José Luis Torero, quien participó en el estudio que determino que en el basurero de Cocula no hubo un incendio, participará en otro peritaje para determinar finalmente si se incineraron en ese lugar a los estudiantes.
Los padres criticaron este segundo peritaje que prevé la PGR, pues dijeron se distraería los recursos en un tema que ya está suficientemente dilucidado.
El abogado sostuvo que los padres de familia hicieron saber durante la reunión su inconformidad por los pocos avances que ha habido en la investigación.
Por su parte, la PGR informó en un comunicado que en el encuentro con los padres de los normalistas “expuso el trabajo ministerial realizado por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la Oficina de Investigación encargada de la averiguación previa del caso”.
“Se informó de los trabajos concretos de búsqueda y localización en diversos puntos y con el uso de la tecnología más avanzada, adquirida exprofeso para este fin. Lo anterior con el propósito de atender todas las líneas de investigación del caso”, agregó.
“La titular de la Institución subrayó que la indagatoria sobre la desaparición de los estudiantes normalistas está abierta y se desarrolla contando, de manera estrecha, con la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables a través del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal. Se acordó también que la siguiente reunión conjunta de trabajo se realice el próximo 17 de marzo”, precisó la dependencia.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-02-2016/1625654
Ciudad de México. El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) , José Antonio González Anaya, reconoció que el ajuste de 100 mil millones de pesos en su presupuesto incluirá el ajuste de personal en la empresa productiva de Estado.
González Anaya rechazó que Pemex vaya a quebrar y explicó que la petrolera es una empresa solvente, con unas reservas petroleras muy importantes.
En una entrevista televisiva precisó que los ajustes serán primero reduciendo gastos corporativos y administrativos, y aunque consideró como "doloroso" es importante hacerlo.
Este programa, dijo, se presentará al Consejo de Administración, razón por la cual no está finalizado.
Anticipó, los lineamientos generales: uno, gastos administrativos y corporativos; segundo, todo un programa de priorización de inversión, "programas que a 80 ó 100 dólares por barril son rentables pues a 25 quién sabe, entonces tenemos decidir, bueno esta inversión no es que la eliminemos pero la estamos posponiendo"
Aunque no quiso revelar el número de trabajadores que serán despedidos, reconoció que se está enfrentando problemas de liquidez importantes pero destacó que es una empresa solvente en el largo plazo, tiene reservas y asignaciones.
Aseguró, que el fin no es el recorte del personal, el fin es aumentar la rentabilidad de la empresa, y fortalecer la solvencia de la empresa. "En este sentido, sin duda, habrá que hacer ajustes en el personal, pero ese no es el fin, y por eso no me gustaría empezar, todavía no los tenemos finalizados".
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/18/ajuste-de-100-mmdp-incluye-recorte-de-personal-pemex-8982.html
Ciudad de México. La explotación laboral en que incurre Grupo México en todas sus minas y negocios “es desmedida”, por lo que no hay otro camino que el de la exigencia de justicia para los trabajadores, señaló esta mañana el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, en el arranque de los trabajos del Primer Foro Nacional de Mineros, realizado a propósito del décimo memorial de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos.
En un acto en el que hubo representantes sindicales, nacionales y extranjeros, así como presencia de las viudas de los mineros fallecidos, Gómez Urrutia dijo: “no podemos más con tantas injusticias en el país, es preciso que se cumpla la ley, que se haga valer el estado de derecho y que se recupere el respeto a la dignidad de las personas”.
Exigió que de una vez por todas se dé respuesta a los deudos y se rescaten los cuerpos de sus familiares, que se les dé una indemnización digna y reparación del daño y que se acabe con la prepotencia de Grupo México del cual es dueño el segundo hombre más rico del país.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: PATRICIA MUÑOZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/18/explotacion-de-grupo-mexico-201cdesmedida201d-gomez-urrutia-215.html
CIUDAD DE MÉXICO: Con medio año de retraso, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) concedió el registro al Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar Remunerados (Sinactraho) el único en su ramo que existe en todo el país.
De acuerdo con lo que notificaron autoridades de la JLCyA al abogado laboralista Manuel Fuentes Muñiz, representante legal del gremio, este jueves se hará finalmente la toma de nota para el registro oficial del Sinactraho, integrado hasta ahora por 500 trabajadoras del hogar de todo el país, 100 de ellas de esta capital.
El litigante dijo a Apro que este gremio, que además está integrado hasta el momento sólo por mujeres, puede ser percibido como un medio de presión para los patrones que no quieren respetar derechos, lo que pudo motivar el retraso en el proceso de sindicalización, pero –destacó– lo importante es que la autoridad laboral ya está convencida de que se debe otorgar el registro.
Marcelina Bautista Bautista, principal promotora de los derechos para las trabajadoras del hogar en México y quien ha trabajado gran parte de su vida por ver consolidado su derecho a la libre asociación, precisó en entrevista que la toma de nota es un paso más en la formación de un sindicato que proteja sus garantías laborales, como el derecho al trabajo digno, a la no discriminación, la seguridad social y los derechos colectivos, entre otros.
La también directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) expresó que este año las trabajadoras se concentrarán en la firma de más contratos laborales individuales, y en impulsar desde el sindicato la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –sobre condiciones de trabajo básicas para este gremio–, que el Estado mexicano ha evadido desde 2011.
Bautista detalló que la dirección del Sinactraho la lleva un comité ejecutivo colegiado presidido por Ana Laura Aquino Gaspar, Esperanza Martha Leal y por ella misma, además de nueve secretarias ejecutivas y un comité de honor y justicia.
Desde enero de 2015 las trabajadoras del hogar organizadas habían anunciado la creación de un sindicato nacional independiente, mismo que se consolidó con la participación de más de 100 mujeres en septiembre pasado, y cuya solicitud de registro se presentó ante la JLCyA el día 18 de ese mes.
No obstante, sin razón alguna la Junta se negó a dar respuesta –como procede legalmente– a estas trabajadoras durante el plazo de 60 días hábiles que obliga la Ley Federal del Trabajo, y es hasta medio año después que el gremio podrá oficializar su sindicato a través de la llamada toma de nota.
Cuestionadas por el retraso e incumplimiento por parte de la autoridad laboral para el registro del Sinactraho, la presidenta de la JLCyA Margarita Darlene Rojas Olvera y la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo del DF Amalia García Medina se limitaron a señalar que las trabajadoras del hogar ya reúnen todos los requisitos para su admisión formal y que, por tanto, no hay motivo para seguir atrasando su registro.
Destaca que a lo largo de la historia mexicana éste no es el primer intento de organización gremial que han emprendido las trabajadoras del hogar, ya que en los años 30 y 40 -tras el impulso que dio la Revolución Mexicana a los movimientos sociales- se conformaron sindicatos de empleadas del hogar a nivel municipal y estatal.
Sin embargo, todos ellos desaparecieron con el tiempo, la mayoría al ser cooptados por gremios más grandes y corporativistas, según reveló la antropóloga y experta en género, Mary Goldsmith, quien también ha dedicado gran parte de su trayectoria académica a la investigación de las trabajadoras del hogar remuneradas.
En México, 2.2 millones de mujeres se dedican al trabajo en el hogar asalariado; nueve de cada 10 carecen de un contrato escrito; menos de 20% cuentan con seguridad social, y muchas de ellas enfrentan jornadas excesivas y poco sueldo, además de padecer abusos, maltratos, humillación y discriminación, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Mientras, el Estado mexicano sigue aplazando la ratificación del Convenio 189 de la OIT.
Por su parte, por más de 15 años las trabajadoras del hogar organizadas se han capacitado –a través del CACEH– en Derechos Humanos, y en derechos laborales y sindicales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO.
FECHA: 17 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430477/con-seis-meses-de-retraso-dan-registro-a-sindicato-de-empleadas-del-hogar
CIUDAD DE MÉXICO: De acuerdo con los resultados del análisis de la Cuenta Pública 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobierno de Veracruz fueron los entes peor administrados ese año.
Además se incurrió en un subejercicio de 63 mil 607 millones de pesos en el primer año real de la ejecución presupuestal de Enrique Peña Nieto, destacó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Al presentar la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados –última en su tipo, debido a que el próximo año se modificará el formato–, la ASF precisó que en el primer año de manejo efectivo de los recursos millonarios que se entregaron al gobierno federal y a las 32 entidades federativas, los priistas cayeron en lo que tanto cuestionaron de las administraciones panistas: los “subejercicios”, es decir, dinero que llega a las secretarías y estados, pero no se gasta en tiempo y forma.
En la administración de Felipe Calderón Hinojosa los subejercicios se convirtieron en un punto de desencuentro porque los priistas en San Lázaro manejaron siempre la suspicacia de que dicho dinero era manejado por la Federación como un “guardadito”, posiblemente para usarlo en época de elecciones.
Luego de realizar 10 auditorías “forenses” que tienen que ver con el “presunto desvío” del dinero que autorizó la Cámara de Diputados en 2014, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, señaló que los priistas cayeron en un subejercicio de 63 mil 607 millones de pesos, dado que ese dinero nunca llegó a su destino.
El ramo peor calificado fue la SCT, que dirige Gerardo Ruiz Esparza, uno de los hombres más cercanos a Peña, “por el gran número de observaciones y la extensión de contratos autorizados”, informó Juan Manuel Portal en conferencia de prensa.
Sobre las 32 entidades de la República mexicana, dijo que el estado de Veracruz que gobierna Javier Duarte tuvo una “observación” de 13 mil 456 millones de pesos de 2011 a 2013, esto es, dinero que no justificó en gasto. Y lo más grave es que en la Cuenta Pública de 2014 Javier Duarte rebasó el monto observado respecto de cuatro años, subrayó.
El mandatario veracruzano no justificó debidamente el gasto de 14 mil millones de pesos sólo en 2014, además de que se le denunció penalmente por la “simulación de reintegros” por cuatro mil 770 millones de pesos.
A Veracruz le siguieron los gobiernos de Michoacán, Jalisco y Estado de México, también encabezados por priistas.
Por lo que atañe al manejo de recursos en la Presidencia de la República, la ASF realizó únicamente dos auditorías y detectó una irregularidad que tiene que ver con “el manejo de comedores” en 2014.
Y ese fue el año en que los viajes de Peña al extranjero fueron severamente cuestionados por el excesivo número de integrantes en sus comitivas, con grandes sumas de dinero gastado.
Durante la presentación de la Cuenta Pública, el PAN, el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano criticaron que la ASF sólo se quedara en observaciones, pues ello, dijeron, no inhibe la corrupción e impunidad “sino las denuncias penales”.
Al respecto, Juan Manuel Portal informó que de 2008 a la fecha se han presentado 664 denuncias penales, de las cuales 540 “aún se encuentran en proceso de integración”, y sólo 19 se han concluido.
Detalló que en la Cuenta de 2013 se presentaron 80 denuncias penales y para la de 2014 se esperan “más de cien”.
“Mi preocupación es que van a incrementarse este año”, lamentó el titular de la ASF, e informó que durante la revisión de la Cuenta Pública de 2014 se logró recuperar 6 mil 116 millones de pesos “al corte de febrero de 2016”.
Dicha cifra podría elevarse durante el proceso de solventación, ya que aún debe aclararse un monto de 42 mil 702 millones de pesos, apuntó.
Portal precisó que en toda la Cuenta Pública de 2014 se realizaron “8 mil 247 acciones, de las cuales 3 mil 365 son recomendaciones, mil 207 solicitudes de aclaración, 75 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal por parte del SAT (Sistema de Administración Tributaria), mil 871 promociones ante contralorías internas de responsabilidades administrativas, y mil 641 son pliegos de observaciones con presunto daño patrimonial”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430460/sct-y-gobierno-de-veracruz-los-entes-peor-administrados-en-2014-asf
CIUDAD DE MÉXICO: La profesora Elica Ramírez Ruiz, de la escuela primaria “Justo Sierra” ubicada en la comunidad de San Juan Atepec, perteneciente a Ixtlán de Juárez, Oaxaca, fue detenida este miércoles y trasladada al penal de Tanivet, en Tlacolula de Matamoros.
El año pasado, padres de familia denunciaron a la mujer por violencia escolar, acoso, discriminación racial y agresiones contra los estudiantes que cursaban el cuarto grado en la escuela mencionada.
De acuerdo con los tutores, Ramírez Ruiz fue detenida por vulnerar las garantías de sus alumnos durante 2015, sin embargo, puede quedar en libertad porque la ley no contempla esa falta como delito grave, además de que por derecho tiene la posibilidad de comprobar su inocencia.
Alicia Vargas, madre de uno de los 11 estudiantes afectados, recordó que durante el ciclo escolar pasado la maestra ejerció malos tratos contra los menores de edad, principalmente de racismo, por lo que en marzo de 2015 iniciaron el proceso penal en su contra.
Con la intervención del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Elica Ramírez fue retirada del centro escolar en mayo del año pasado.
En su momento, uno de los niños reveló que la docente amarraba a los alumnos y los reprendía de manera agresiva, además de que se burlaba de sus rasgos indígenas y de tener padres “ignorantes, analfabetas y brutos”.
Indignados, los padres hicieron una denuncia pública y entregaron una copia del documento al director de la primaria Jorge Caballero, quien hizo caso omiso de la misiva y se negó a garantizar los derechos fundamentales de los alumnos.
De los hechos también fue informado el supervisor de la zona escolar 18, Ixtlán de Juárez, Javier Robles Ceballos, sin que tomara cartas en el asunto.
Posteriormente los padres de los estudiantes acudieron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), donde se originó un expediente y se emitieron medidas cautelares a la escuela a través de un documento que nunca fue recibido por el IEEPO, pese a los intentos de los tutores de dialogar con el secretario técnico de la dependencia, José de Jesús Silva Pineda.
Ante ello, pidieron la intervención inmediata del titular del Instituto, Moisés Robles Cruz.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 17 FEBRERO 206.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430437/detienen-a-maestra-que-discriminaba-a-ninos-indigenas-en-una-escuela-primaria-de-oaxaca
La Auditoría Superior de la Federación determinó que las deficiencias en el diseño de la estrategia impiden verificar si cumple con el objetivo de abatir el hambre.
La Cruzada Nacional contra el Hambre no cumple con su objetivo debido a las fallas en el diseño de la estrategia, concluyó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) tras una revisión de desempeño.
Según el órgano fiscalizador, las deficiencias de la Cruzada impiden verificar si ayuda a que los mexicanos en pobreza alimentaria —la incapacidad para obtener una canasta básica—tengan más y mejor acceso a la alimentación.
En las recomendaciones de la ASF se incluye la necesidad de perfeccionar el objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues de la forma en la que se plantea actualmente no hay forma de medir su desempeño para disminuir el hambre.
El presidente Enrique Peña Nieto presentó, en enero de 2013, a la Cruzada Nacional contra el Hambre como la principal estrategia de política social de su gestión. La describió como una estrategia de “política social, integral y participativa” que deja atrás las medidas asistencialistas de sólo “repartir alimentos entre quienes carecen de el”.
Tres años después, la ASF concluye que: “las deficiencias en la implementación, focalización y coordinación de acciones en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre no permitieron verificar en qué proporción se garantizó el acceso a la alimentación y a los demás derechos sociales de los 7.0 millones de personas en pobreza extrema alimentaria, lo cual no garantizó que se contribuyó en la erradicación de la prevalencia del número de personas en esa condición”.
En el análisis de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación dijo que la Cruzada también falla en la focalización, es decir, a quién va dirigida; así como en la coordinación de los programas que la integran.
Sobre ese último punto, la Comisión Intersecretarial de la Cruzada informó en 2014 que la estrategia funcionaría con 90 programas federales, pero en la revisión de la ASF se determinó que sólo había 61 operando.
Sin embargo, aún en estos 61 se encontró que funcionan en beneficio de su propia población objetivo, lo que implica que sus acciones no necesariamente inciden en la población con pobreza alimentaria, la que supuestamente es atendida por la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Durante el ejercicio fiscal 2014, ninguna dependencia ni entidad de gobierno, que se supone están coordinadas en torno a la Cruzada, reportó los recursos asignados y ejercidos a estos programas presupuestarios que se incluyen en la estrategia.
La ASF recomienda que cada uno de los programas tengan indicadores para evaluar de qué forma contribuyen a combatir la pobreza alimentaria y para identificar cómo se utilizan los recursos que pudieran utilizar para este fin en el contexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En cuanto a la focalización de la estrategia, la ASF encontró que el concepto que utiliza el gobierno federal para determinar quiénes son los beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre no se establece en la Ley General de Desarrollo Social ni responde a variables de la política social, lo que provoca que sea imposible identificar el funcionamiento de la estrategia.
“La ASF identificó que el problema del hambre se asocia únicamente con la carencia por acceso a la alimentación, conforme a la metodología utilizada por el CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social), conceptualizada en términos de la seguridad alimentaria asociada a las experiencias de hambre, y no con las demás carencias sociales que se refieren al acceso a la salud, a la seguridad social, a la educación, a los servicios básicos y a la calidad en la vivienda, así como al mejoramiento del ingreso, como lo señala el gobierno federal”.
El gobierno federal definió a mexicanos con hambre como aquellos que cuentan con un ingreso que no les permite adquirir la canasta básica y además, presentan tres o más carencias sociales: acceso a seguridad social, servicios de salud, educación, vivienda y alimentación.
Pero esta diferencia de conceptos implica fallas en el diseño e implementación de la estrategia, según el órgano fiscalizador. De los 61 programas federales que operan con la Cruzada sólo 9 se asocian directamente con el combate a la pobreza alimentaria y el resto puede atender alguna otras carencia, pero no abatir el hambre, que es el objetivo principal.
La ASF concluye que no hay forma de identificar si las acciones de esos programas se dirigen a la población en condición de pobreza alimentaria y por lo tanto, a alcanzar el objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Fallas en política social
El órgano fiscalizador revisó el desempeño de otros programas de la política social del gobierno federal, en los que también encontró fallas:
-Programa de Apoyo Alimentario. No cumplió con criterios de transparencia para determinar la operación del mismo. Este programa no establece qué mecanismos se utilizan para conocer los resultados en las familias beneficiarias y tampoco para conocer cómo se aplican los recursos que se le destinan.
-Seguro de vida para jefas de familia. No existen elementos para evaluar si con este programa la Secretaría de Desarrollo Social contribuye a ampliar la seguridad social de los beneficiarios.
No fue posible verificar que 5 mil 479 mujeres que se registraron en 2014 realmente estuvieran en condición de vulnerabilidad, cuánto se pagó a quienes recibieron recursos o si los hijos de las mujeres que fallecieron permanecieron en el sistema escolar gracias al programa.
-Seguro Popular. No existe información para evaluar si los servicios otorgados por el seguro popular son efectivos, oportunos, de calidad, no implicaron que los beneficiarios pagaran algo o si gozaron de los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios sin problema y discriminación.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/la-cruzada-nacional-contra-el-hambre-falla-en-eliminar-la-pobreza-alimentaria/
La deuda pública subnacional se duplicó nominalmente en el periodo 2008-2014, al pasar de 230,000 millones de pesos a 509,000 millones de pesos; una variación real de 102%.
De 2008 a 2014, las entidades federativas duplicaron el monto de su deuda y tardarán 14 años para pagarla.
Esto significa que, en promedio, cada habitante está endeudado con 4,257 pesos, aunque hay estados como Quintana Roo donde la cifra asciende a 13, 840 pesos y en Nuevo León a 12,202 pesos por persona.
Los datos forman parte del estudio “Sostenibilidad de la Deuda Pública Subnacional”, incluido en el Informe de la Cuenta Pública 2014 de la Auditoría Superior de la Federación, que fue entregado a la Cámara de Diputados.
Los estados contrataron deuda porque sus finanzas fueron insuficientes para enfrentar todos sus gastos, como salarios de la burocracia, servicios y programas sociales; además, generan pocos ingresos propios (impuestos) y la Federación disminuyó la entrega de recursos a las entidades debido a la crisis de 2009.
Por ello, “la deuda pública subnacional se duplicó nominalmente en el periodo 2008-2014”, al pasar de 230,000 millones de pesos a 509,000 millones de pesos; una variación real de 102% en dicho periodo, explica el informe.
Las nueve entidades que concentran 45% del monto total son Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Distrito Federal, Quintana Roo, Jalisco, Chiapas y Tamaulipas. Mientras que Tlaxcala es la única entidad que no ha contratado deuda.
En el análisis per cápita, durante las administraciones del ex gobernador Félix González Canto y el actual gobernador Roberto Borge Quintana Roo se convirtió en la entidad que más se ha endeudado en comparación con su capacidad de pago. Por ello, cada ciudadano pagó 13,840 pesos en 2014 por la deuda, es decir, 11,000 pesos más que en 2008, cuando la cifra ascendía a 2,184 pesos por persona.
Le sigue Nuevo León –cuyo gobernador era Rodrigo Medina–con 12,000 pesos per cápita (8,270 pesos más que en 2008) y Coahuila, donde gobernó Humberto Moreira, con un pago de 11,916 pesos por persona, cifra muy por encima de los 677 pesos que se pagó en 2008.
Para que las instituciones bancarias le presten dinero a los estados, los gobiernos ponen como garantía los recursos (que aún no reciben), sobre todo, provenientes de la Federación. La Auditoría detectó que 85.3% de las transferencias federales fueron la principal garantía de pago de la deuda, mientras que los recursos propios representaron tan sólo el 14.7%.
“Al tratarse de recursos no condicionados, las entidades federativas podrían destinar la totalidad de las participaciones federales al pago de deuda, lo que es materialmente imposible. Por otro lado, se observa un crecimiento real del 322.5% de 2008 a 2014 de las aportaciones como garantía de pago, con una variación nominal de 7,320 millones de pesos en ese lapso”, advierte el informe.
Esto puede resultar un problema para las entidades, porque “la reducida flexibilidad del presupuesto también se manifiesta en su limitada capacidad para cubrir gastos contingentes, como los desastres naturales, y ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud, educación y seguridad pública”.
Dependencia Federal
Las entidades dependen económicamente de la Federación. En 2014, a nivel nacional los ingresos por transferencias federales representaron 83.1% de los ingresos totales. Incluso, hay entidades donde la dependencia fiscal fue superior a 90%, como Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Michoacán, Baja California Sur, Chiapas, Morelos, Tabasco, Zacatecas, Oaxaca, Sinaloa y Colima.
En contraste, el Distrito Federal, Chihuahua y Nuevo León fueron las entidades con mayor autonomía fiscal en 2014, debido a que sus ingresos propios como proporción de los ingresos totales representaron el 39.2%, 21.3% y 18.6%, respectivamente.
Sin embargo, los estados podrán endeudarse más gracias a la reforma a Ley de Coordinación Fiscal, publicada el 9 de diciembre de 2013, donde se ampliaron las garantías de pago al incorporar el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), de los cuales se podrán destinar hasta el 25.0% de los recursos para deuda.
Hasta antes de 2013, las entidades federativas ya contaban con cinco de los ochos fondos de aportaciones federales para usarlos como garantía de pago: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
A esto se suma que las entidades son poco transparentes en la evolución de su deuda. Los estados que presentaron un nivel de transparencia bajo en la existencia y disponibilidad de las estadísticas fiscales fueron Durango, Colima, Quintana Roo, Tlaxcala, Tamaulipas, Guerrero, Morelos y Sonora.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/en-seis-anos-los-estados-duplicaron-su-deuda-auditoria/
La Fiscalía Anticorrupción de Sonora busca a cuatro ex funcionarios del gobierno de Guillermo Padrés. Tres son parte de una red de defraudadores de la Secretaría de Educación del estado de la que formó parte un supuesto familiar del ex mandatario. El cuarto es Roberto Romero, ex Secretario de gobierno de Padrés.
La Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) desmanteló una red de defraudadores que desde 2012 vendieron supuestas plazas de la Secretaría de Educación y Cultura del estado (SEC), en la que Agustín Antonio Padrés, presunto familiar del ex mandatario Guillermo Padrés Elías, está involucrado junto con otras cuatro personas.
El titular de la FAS, Odracir Espinosa Valdez, informó ayer en conferencia de prensa que se giró orden de aprehensión en contra de Agustín Antonio Padrés, quien ostentaba como familiar del ex Gobernador de Sonora y con un cargo como subsecretario de la SEC para la supuesta venta de plazas magisteriales, con un costo de hasta 80 mil pesos cada una.
De acuerdo con la Fiscalía, al acusado, aún prófugo, se le imputan cargos de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa por la venta de cargos de la SEC, delito por el que la red acumuló un millón 200 mil pesos, aproximadamente.
Espinoza Valdez detalló que existen al menos 18 denuncias, en hechos documentados entre noviembre de 2012 y febrero de 2013, contra el supuesto familiar del ex Gobernador, quien operaba con Juan Pablo Gastelum Leyva, Gustavo Adolfo Vega Reyes, Mario Valenzuela Guerrero y Ramón Alberto Valencia López también ex funcionarios de Padrés Elías.
Hasta el momento se sabe que Mario Valenzuela Guerrero y Ramón Alberto Valencia López, detenidos ayer miércoles y recluidos en el penal de Hermosillo, simulaban la venta de plazas en la estructura educativa de Sonora, generando documentos apócrifos para la ocupación de plazas de maestros para que después Agustín Padrés les tomara protesta a las víctimas.
“Agustín Padrés le comentó a Ramón Alberto Valencia que tenía la facilidad de gestionar plazas de docentes y prefectos en la SEC, ya que se ostentaba, según los dichos de las propias víctimas, que era familiar del entonces gobernador Guillermo Padrés Elías, lo cual le permitía tener un puesto de elevada responsabilidad en esa secretaría por lo que le propone que consiga más personas interesadas en obtener las plazas”, detalló el Fiscal anticorrupción.
La Fiscalía busca a Juan Pablo Gastelum Leyva, Gustavo Adolfo Vega Reyes y Agustín Antonio Padrés, quienes podrían alcanzar una pena superior a 20 años de prisión, multa e inhabilitación para ocupar cargos públicos, además de que por ser ex funcionarios públicos y la gravedad de los delitos, no alcanzarían fianza. Además, investiga si hay más personas involucradas en la red.
Asimismo, Odracir Espinoza informó que se giró una nueva orden de aprehensión en contra del ex Secretario de Gobierno de Guillermo Padrés, Roberto Romero López, también prófugo, por el delito de tráfico de influencias al requerir a la Secretaría de Agricultura estatal apoyos económicos para beneficiar a empresas de su propiedad.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-02-2016/1625068
CUAUTLA, Mor: Familiares de víctimas de desaparición de varios estados del país, demandaron a las autoridades de Morelos la exhumación inmediata de los 150 cuerpos que se encuentran en las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ubicadas en el predio El Maguey, del poblado de Tetelcingo, al norte de Cuautla, Morelos.
La protesta de los integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México ocurre después de que este martes fueran vinculados a proceso los presuntos responsables de la inhumación clandestina realizada el 28 de marzo de 2014, Ana Lilia Guerrero Moreira, excoordinadora Central de Servicios Periciales; y Jerson Cervantes Gurrea, exencargado de despacho de la Coordinación de Servicios Periciales de la Zona Oriente.
A nombre de los familiares provenientes de los estados de México, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Morelos y la Ciudad de México, Valentina Peralta Puga, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, habló del objetivo de la manifestación “lo que están buscando son a sus seres queridos desaparecidos, secuestrados, hijos, padres, hermanos, esposas, esposos y sabemos que las fosas clandestinas, que realizó la Fiscalía de Justicia en Morelos, de manera irregular, en un predio en la comunidad indígena de Tetelcingo, en la ciudad de Cuautla, puede darles una pista”.
Afirmó que se encuentran 150 cuerpos sin identificar, a quienes ni siquiera les practicaron las pruebas periciales básicas que son la toma de muestra biológica para tener el perfil genético y la superposición antropomórfica, que son radiografías y fotografías al cráneo y restos, para poder cotejar con los seres humanos que se buscan.
“Sabemos que no lo hicieron, explicó, por eso nosotros tenemos que exigir que esos cuerpos sean procesados uno por uno, conforme a derecho, es decir, que se exhume cuerpo por cuerpo ante la presencia de peritos de la PGR, de la Policía Federal, de personal de la UAEM, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado, para que se obtengan los perfiles genéticos de cada ser humano que ahí se encuentra, para que sea cotejado con los perfiles genéticos que han aportado los familiares de los desaparecidos”, sostuvo.
Y recalcó, “queremos que el 28 de marzo saquemos el primer cuerpo de esa fosa, porque el 28 de marzo (de 2014) los sepultaron ahí, porque el 28 de marzo (de 2011) mataron a un grupo de jóvenes, entre ellos el hijo de Javier Sicilia, porque el 28 de marzo (de 2013), Graco dijo que era el día de la víctima, porque ese día mataron a un grupo de seres humanos en Tamaulipas y los depositaron en fosas, por eso el 28 de marzo es un día simbólico donde vamos a sacar contra viento y marea el primer ser humano de las fosas de Tetelcingo, pese a quien le pese”.
Peralta Puga lamentó que la respuesta del gobierno de Graco Ramírez sea la complicidad a favor de la impunidad, porque después de seis horas de discusión con funcionarios del gobierno del estado, en una reunión realizada hace dos meses en el palacio de gobierno, llegaron a acuerdos, levantaron una minuta, que después los funcionarios ya no quisieron firmar, una vez que se retiraron a un evento al que les había convocado el mismo gobernador.
Este martes, el fiscal Javier Pérez Durón estableció un plazo de mes y medio para que el propietario del predio que es utilizado como panteón en Tetelcingo, “regularice el lugar” y entonces sean exhumados los cuerpos que no han sido identificados y que la Fiscalía establece que son cerca de 40.
En entrevista, informó que se solicitará la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República (PGR), y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para “transparentar” el procedimiento de exhumación y la toma de muestras genéticas de los cadáveres depositados en las fosas clandestinas, en las que dijo, se encuentran 118 cuerpos, negando como siempre, que hayan sido 150 como afirman las víctimas.
“Con la colaboración de la PGR y de la CNDH, se garantiza certeza en el actuar de la Fiscalía General del Estado, con respecto a la exhumación y la toma de muestras genéticas”, dijo el fiscal, y se negó a opinar respecto de la posible participación del Departamento de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), pues afirmó que se buscarán a instituciones a nivel nacional como PGR y CNDH.
Lleva casi cuatro años buscando a su hija
Claudia Vargas, una joven madre proveniente de Monterrey, Nuevo León busca a su hija Miroslava Reyes Vargas, quien desapareció el 24 de marzo de 2012 a la edad de 17 años, en compañía de dos de sus amigas, afirma que se encuentra muerta en vida.
Como su hija son casi tres mil las personas desaparecidas por diversas causas, cuyos familiares han encontrado en las organizaciones civiles cierto consuelo y organización, que les permite continuar adelante a pesar de las autoridades en cada uno de sus estados.
“Desde que desapareció mi hija (nos compartió Claudia parte de su historia), al parecer levantada por extraños cuando se encontraba con sus amigas Alejandra Mairani Tamez Rodríguez y Leslie Yaretzi Salzar Treviño, no sé de su paradero, la he buscado y nadie me da respuesta, las autoridades escuchan, pero no escuchan”.
“No hemos recibido una respuesta favorable, por eso venimos a Morelos, por eso fuimos a la Ciudad de México para hablar con las autoridades federales e investigar en donde apenas exista una pista, una esperanza. Ojalá a nivel federal encontramos algún tipo de resultados”.
Pero su mensaje fue no sólo para las autoridades, también para los ciudadanos en quienes esperan encontrar esas fuerzas que por momentos necesitan, “le pedimos a la sociedad que no sea insensible al dolor que sentimos como madres, pues nosotros vivimos, por vivir, nos encontramos muertas en vida prácticamente. Al principio yo quería morirme, pero ahorita necesito fuerza para poder seguir en la búsqueda de mi hija, y no voy a parar hasta que la encuentre, como la tenga que encontrar”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
FECHA: 17 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430455/exigen-familiares-de-victimas-abrir-las-fosas-clandestinas-de-tetelcingo
MORELIA, Mich: A través de una carta, extrabajadores de la filial de Michoacán del diario La Jornada, cerrada hace más de dos meses, manifestaron su inconformidad ante la falta de respuesta al adeudo salarial que el exdirector Juan Manuel Venegas Ramírez, mantiene con ellos.
“Se trata de compensaciones salariales correspondientes a dos quincenas, el aguinaldo de 2015, siete quincenas de vales de despensa, salarios caídos y finiquito”, denunciaron los extrabajadores que se quedaron sin empleo como resultado del conflicto mercantil y editorial entre las empresas Desarrollo de Medios, La Jornada, y Editora de Medios de Michoacán, La Jornada Michoacán y La Jornada Jalisco.
Además denunciaron casi tres años de incumplimiento de la empresa con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). La empresa, señalaron, retenía las cuotas de sus salarios sin reportarlos a la institución, “dejando a muchos en la incertidumbre patrimonial o impedidos para tramitar un crédito para adquirir vivienda”.
En la misiva señalan que la última comunicación que sostuvo con ellos Juan Manuel Venegas Ramírez fue el pasado 8 de enero, cuando convocó a una reunión afuera de la redacción de La Jornada Michoacán, cuyas puertas están cerradas desde hace semanas.
“Ahí, el abogado Fernando Venegas Ramírez (hermano de Juan Manuel y quien por primera vez se presentó ante nosotros como presidente del Consejo de Administración de Editora de Medios de Michoacán) nos mostró un documento en el cual se describía una nueva propuesta de negociación económica con La Jornada a fin de recuperar la franquicia”, relataron.
Ese día, señalan, Juan Manuel y Fernando Venegas Ramírez admitieron que los gobiernos de los estados de Michoacán y Jalisco ya habían pagado el adeudo que tenían con el diario por concepto de publicidad y les dijeron que en lugar de utilizar esos recursos para pagar lo que les adeudan, los usarían para hacerle llegar a La Jornada una nueva propuesta económica para recuperar los derechos de uso de marca y que La Jornada Michoacán volviera a circular.
Incluso, les dijeron que antes del 15 de enero obtendrían una respuesta, y que era muy probable que ésta fuera positiva.
“Los hermanos Venegas Ramírez solicitaron a los empleados que atendieron su convocatoria que firmaran la propuesta; algunos lo hicieron, pero la mayoría se negó. Enseguida, Juan Manuel y Fernando Venegas Ramírez, así como el exgerente del diario, Jonathan Lara Pureco, se retiraron del lugar, y desde esa fecha no hemos vuelto a tener contacto con ellos”, denunciaron.
Pero no paró ahí, la semana pasada los sorprendieron con la noticia de que Juan Manuel Venegas Ramírez fue designado director de un medio de comunicación digital, no precisaron cuál, cuyas oficinas están en Morelia.
“Para nosotros esto es motivo de indignación, pues por obvias razones este personaje está en la capital michoacana y no ha hecho el más mínimo intento de ponerse en contacto con nosotros para darnos una explicación sobre el curso que tuvieron sus negociaciones con La Jornada –es un secreto a voces que fue rechazada una vez más su propuesta para recuperar los derechos de uso de marca– ni para informarnos en qué fecha pagará el adeudo económico que tiene con nosotros”, reprochan en su carta.
Con la misiva, abundan, pretenden dejar un precedente público de la situación por la que atraviesan.
“Nos parece indignante que a la vista de toda la sociedad se cometan este tipo de atropellos que atentan contra nuestros derechos laborales y humanos. Aún confiamos en que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le dará pronta y favorable resolución a la demanda que interpusimos desde el pasado 18 de enero. Sabemos que la ley y la razón están de nuestro lado”, subrayan.
Y señalan que también esperan un gesto de solidaridad por parte de La Jornada como empresa matriz, que pueda derivar en la reapertura del diario y por ende en la recuperación de su fuente de trabajo.
“Los directivos de La Jornada saben que en Michoacán existe el equipo humano para reactivar la circulación del periódico (reporteros, fotógrafos, editores, articulistas, impresores, repartidores, todos experimentados, honestos y comprometidos con el periodismo crítico). Los directivos de La Jornada pueden tomar una decisión que beneficie a ambas partes”, sostienen.
En la misma carta expresan su solidaridad con sus colegas de La Jornada Jalisco, “quienes enfrentan la misma problemática”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANO J.
FECHA: 17 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430440/denuncian-extrabajadores-de-la-jornada-michoacan-incumplimientos-de-su-directivo
Las políticas de reinserción no funcionan, advierte la Auditoría Superior que además detectó uso de recursos destinados a penales en autos blindados para funcionarios de gobernación, o en contratación irregular de transportes aéreos ejecutivos.
De 2007 a 2014 el número de presos reincidentes en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) se multiplicó más de 600 por ciento. Pasó de solo mil 484 internos en 2007 a casi 10 mil 900 en 2014. Ya es prácticamente la mitad de toda la población penitenciaria en dichos reclusorios.
“Las políticas de reinserción social no están funcionado” concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al evaluar el desempeño en 2014 del Sistema Nacional Penitenciario en México.
El dictamen de la auditoría advierte que si bien más del 88 por ciento de los 24 mil 776 internos en los CEFERESOS fueron involucrados en actividades de reinserción social, estas parecen tener un efecto nulo pues hasta 2014 el 45 por ciento de esos internos ya había reincidido en cometer uno o más delitos en el pasado tras ser liberados.
Y aunque existen proyectos como el diseño de un plan integral de reinserción social y un nuevo instrumento de clasificación de población penitenciaria, lo cierto es que los niveles de reincidencia delictiva han experimentado un crecimiento notable en los últimos años.
Lo anterior, sin olvidar que el 41 por ciento de los centros federales de reclusión cerraron en 2014 con problemas de sobrepoblación y cuatro penales de alta seguridad tenían condiciones de hacinamiento crítico.
“Los incipientes avances en el fortalecimiento del Sistema Nacional Penitenciario ponen de manifiesto una continuidad en los tratamientos de reinserción deficientes (…) esto pone en riesgo la reinserción a la sociedad de los 24 mil 776 internos recluidos en los CEFERESOS, así como la contención de su reincidencia y, en consecuencia, la contribución al mejoramiento de las condiciones de seguridad pública.
El deficiente tratamiento de la población penitenciario tiene un impacto también en los beneficios de preliberaciones, los cuales han decrecido de forma sostenida en los últimos siete años, revela el dictamen.
En 2007 por ejemplo, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reportó que se concedieron cuatro mil 464 beneficios de preliberación para internos que mostraron un buen comportamiento durante por lo menos la mitad de su periodo de reclusión, pero para el 2014 solamente fueron 150. Es una reducción del 97 por ciento en la concesión de este beneficio.
De acuerdo con la auditoria, en promedio actualmente solo se otorga un beneficio de preliberación por cada 140 solicitudes.
El dictamen establece que estos datos corresponden en su mayoría al sistema penitenciario federal pues a nivel estatal la OADPRS argumenta no contar con la información, pese a ser la institución responsable del funcionamiento de la política pública en materia de reinserción social. Lo anterior fue objeto de una recomendación específica dirigida a Gobernación.
“Resulta necesario evaluar la pertinencia de analizar las causas por las que no contó con información de los estados en materia de reinserción social y, con base en ello, implemente medidas para corregir la omisión con objeto de contar con información pertinente para la instrumentación de la política penitenciaria” indica el dictamen.
Reos federales, motor de hacinamiento
La ASF advirtió que al cierre del 2014 había poco más de 58 mil internos en condiciones de hacinamiento en los penales estatales del país, de los cuales, 26 mil 410 son internos de nivel federal que en teoría tendrían que estar en un CEFERESO.
Aunque la capacitad instalada en los penales federales se ha incrementado progresivamente en los últimos años hasta 31 mil espacios, los auditores consideraron que el OADPRS no ha coadyuvado a despresurizar realmente los penales estatales, pues prácticamente 1 de cada 2 internos en sobrepoblación en las entidades es un reo federal
La sobrepoblación en los penales estatales, subraya el dictamen, es un problema en crecimiento Pasó de 22.5 por ciento en el 2010 a más de 34 por ciento en el 2014. En 24 de las 32 entidades del país hay sobrepoblación penitenciaria.
Una clasificación realizada por la auditoria advierte que en 14 de las entidades el hacinamiento es crítico pues los índices de sobrepoblación superan el 20 por ciento. Los casos más graves son el estado de México con una sobrepoblación del 144 por ciento, Nayarit con 140 por ciento, Hidalgo con 108 por ciento, Morelos con 81 por ciento, y Jalisco con 80.5 por ciento.
En cuanto a los CEFERESOS la auditoría identificó que si bien no existía una sobrepoblación general, había cuatro de estos centros con un nivel de hacinamiento crítico hasta abril de 2015. Los casos más críticos eran el CEFERESO 2 Occidente con una sobrepoblación de 88 por ciento, y el CEFERESO 1 Altiplano de 32.4 por ciento.
En ese contexto la ASF emitió una recomendación al Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social para que realicen una “distribución heterogénea” de los internos, pues mientras existen centros federales por debajo de su capacidad, hay otros con condiciones de sobrepoblación.
Poco dinero y mal usado
La Auditoría Superior de la Federación advirtió que entre 2012 y 2015 el presupuesto destinado al Sistema Nacional Penitenciario a través del OADPRS ha sufrido una reducción sistemática lo que ha dificultado que las deficiencias en materia de espacio y reinserción entre otras, puedan solventarse.
Por este motivo dicha instancia emitió una recomendación dirigida a la Cámara de Diputados para que la política de prevención social sea considerara prioritaria en temas presupuestales y no sufra de deducciones.
Pero si bien el dinero es poco, lo cierto es que un porcentaje del que se recibe también es mal gastado por el OADPRS dependiente de la Secretaría de Gobernación, como se desprende de la auditoría financiera realizada con motivo del análisis de la Cuenta Pública 2014.
Los auditores detectaron irregularidades en el gasto de poco más de 60 millones de pesos destinados al gasto para fortalecer la infraestructura de los centros penitenciarios federales. De los sistemas penitenciarios locales no hubo información disponible.
Por ejemplo, los auditores ubicaron que en 2014 el OADPRS desembolsó 16 millones de pesos para la compra de siete vehículos blindados para el traslado de funcionarios, bajo el argumento de ser necesarios por temas de “seguridad pública y nacional”.
La primera irregularidad es que no se justificó realmente la necesidad de contar con esos vehículos, pero además, los auditores identificaron que tres de esos automóviles blindados terminaron asignados al transporte de funcionarios de la Secretaría de Gobernación que ni siquiera tienen que ver con el área de reclusorios.
Los auditores también detectaron irregularidades en la contratación de servicios de transporte aéreo ejecutivo para funcionarios de los penales, pues no se proporcionó evidencia del procedimiento de selección de los proveedores de ese servicio, además de que se eligieron empresas que no estaban en el padrón de contratistas de seguridad nacional.
Otro ejemplo. La Secretaría de Gobernación a través del OADPRS firmó en diciembre de 2013 un contrato por un monto de más de nueve millones de pesos para producción de manuales en materia “Capacitación Penitenciaria”, así como para el diseño de un “Programa de Formación”, y otras acciones similares.
El problema es que los auditores no encontraron un solo registro o evidencia documental de que se haya proporcionado el referido servicio, o se hayan entregado los manuales, o cualquier otra prueba mínima de que se cumplió el contacto comprometido.
Por estas y otras irregularidades la Auditoría Superior de la Federación emitió 14 recomendaciones a la Secretaría de Gobernación, además de diez promociones de responsabilidades administrativas para que se sancione a los servidores públicos que resulten responsables del mal manejo de los recursos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/falla-la-reinsercion-social-la-mitad-de-los-reos-en-penales-federales-volvieron-a-delinquir/
La acción penal es contra Javier Mejía Callejas, señalado por las agresiones que sufrió Arne Aus den Ruthen Haag al transmitir un operativo en Periscope.
La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó que ejerció acción penal contra uno de los agresores de Arne Aus den Ruthen Haag, City Manager de la delegación Miguel Hidalgo.
La dependencia dijo que ejerció acción penal contra Javier Mejía Callejas, como probable responsable de los delitos de ultrajes a la autoridad y robo agravado, que incluye violencia física y pandilla.
Este martes, cerca de las 22:00 horas, el City Manager fue agredido por presuntos escoltas quienes lo golpearon y le quitaron el celular con el que transmitía en directo a través de Periscope un operativo de la Secretaría de Seguridad capitalina para retirar vehículos que obstruyen las banquetas y pasos peatonales.
Dos autos blancos llegaron al lugar. Cuando Den Ruthen se acercó a grabarlos y cuestionarles que no podían estacionarse en el lugar, de cada auto bajaron dos hombres y comenzaron a insultarlo y golpearlo.
“Uno de los sujetos que lo agredió es el ahora detenido, quien además lo insultó; mientras que otra persona del sexo masculino tomó el teléfono de Arne Aus den Ruthen Haag y se lo guardó en la bolsa del pantalón”, detalla la Procuraduría en un comunicado.
Los vehículos involucrados están a nombre de una sola persona, añadió la Procuraduría, sin aclarar quién es el propietario.
La delegada, Xóchitl Gálvez señaló este martes que los agresores están relacionados con un caso ocurrido la semana pasada, cuando Arne aus den Ruthen fue agredido verbalmente por Raúl Libién, director del grupo editorial MILED, cuando el funcionario le pedía a los guardaespaldas del empresario que retiraran unos vehículos que estaban estacionados sobre una banqueta.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/por-ultrajes-y-robo-agravado-autoridades-ejercen-accion-contra-agresor-de-city-manager/
CIUDAD DE MÉXICO: Durante la reunión que sostuvo con el Papa Francisco, la noche del pasado domingo 14, en la nunciatura apostólica, el equipo de gobierno de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús ya no le pidió al Papa que se reuniera con los familiares de los desaparecidos ni tampoco con los padres de Ayotzinapa, puesto que ya de antemano sabían que esa pretensión de los jesuitas había sido descartada por el pontífice.
Los seis jesuitas mexicanos que se reunieron con Bergoglio, encabezados por su provincial en México, Francisco Magaña, se limitaron a entregarle una carta que le enviaron al pontífice los padres de Ayotzinapa y también a comentarle sobre la gravedad del problema de los desaparecidos en México.
Delante de ellos, el Papa abrió y leyó la misiva de estos familiares. Y además les dirigió un mensaje verbal improvisado a todos los jesuitas de la provincia en México, en el que les pide que no negocien para los que están crucificando a Cristo y vivan mejor. Y también los instó a echarle ganas al proceso de canonización de Miguel Agustín Pro, el mártir jesuita que fue fusilado durante la guerra cristera y que actualmente tiene el rango de beato.
Este mensaje fue grabado en un celular y luego difundido a los jesuitas de todo México.
Por su lado, los jesuitas mexicanos le regalaron reliquias del Miguel Agustín Pro al Papa, quien las besó al recibirlas.
Aparte del provincial Magaña, los otros cinco miembros del equipo de gobierno de la Compañía de Jesús que estuvieron en el encuentro son los siguientes:
Carlos Cervantes, asistente del provincial; Leonel de los Santos, asistente para lo Social y de quien depende el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; José Luis Serra, asistente de lo Pastoral; Juan Luis Orozco, asistente de Educación y de quien dependen las universidades y colegios de la Compañía; y Pedro Reyes, asistente de Formación y, por lo tanto, quien está a cargo de la educación sacerdotal y teológica de la Compañía.
Además de estos jesuitas de México, también estuvo en la reunión el nuncio apostólico Christophe Pierre –quien solo permaneció un momento–, y el jesuita italiano Antonio Spadaro, quien en Roma dirige la revista de los jesuitas Civilitá Cattolica.
La reunión se realizó en la biblioteca de la nunciatura y se prolongó durante una media hora aproximadamente; de la 21:00 a las 21:30 horas.
Esta reunión con el Papa fue definitoria, pues a partir de ahí los jesuitas de México dejaron de pedir un encuentro del Papa con los familiares de desaparecidos, petición que vinieron haciendo desde noviembre pasado a través del nuncio Christophe Pierre y del secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Eugenio Lira Rugarcía.
Uno de los principales jesuitas que realizaba estas gestiones fue Sergio Cobo, director de la Fundación Loyola, quien explicó al semanario Proceso que el tema de los desaparecidos –por su gran magnitud en México– es “prioritario” para la Compañía y ésta lo ve desde una perspectiva de “derechos humanos” (Proceso 2047).
Ahora, el jesuita Juan Carlos Henríquez, del área de Comunicación de la Compañía de Jesús, descarta totalmente una reunión de Bergoglio con familiares de desaparecidos, señalando que incluso el Papa ha sido muy cuidadoso en el lenguaje que usa en sus discursos y homilías, “por lo que siquiera ha utilizado la palabra ´desaparecidos´, ni mucho menos la palabra ´Ayotzinapa´, que tienen una carga muy fuerte y pueden despertar animadversión”.
Henríquez indicó que en lugar de la palabra ‘desaparecidos’, el Papa ha utilizado la frase “criminalmente arrebatados de sus familias”, la cual es una descripción más emotiva.
Las insistentes declaraciones del vocero Papal, el también jesuita Federico Lombardi, en el sentido de que el Papa no se reuniría con estos familiares, fue un factor que disuadió a los jesuitas de México para que ya no siguieran pidiendo esa audiencia privada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA.
FECHA: 17 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430438/entregan-jesuitas-al-papa-francisco-carta-de-padres-de-los-43
