La primera recomendación de la CDHDF de 2016 es para la PGJ y la SSP por 17 casos de tortura

La recomendación incluye 17 casos de tortura cometidos en contra de 27 personas, entre ellas dos menores de edad. La CDHDF documentó que los golpes son el método de tortura más recurrente en 23 de las víctimas.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió su primera recomendación de este año y va dirigida a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Consejería Jurídica capitalinas por casos de tortura.

La recomendación emitida este jueves 18 de febrero incluye 17 casos de tortura cometidos en contra de 27  personas, entre ellas dos menores de edad, una mujer y una persona con discapacidad psicosocial.

En los casos investigados en la recomendación 1/2016, la Comisión documentó golpes, como el método de tortura más recurrente en 23 de las víctimas, seguido por violencia sicológica, contra 14 personas; asfixia, en 11 casos; posiciones forzadas, en dos personas, y descargas eléctricas a una persona.

La Comisión recomendó indemnizar a las víctimas y realizar un plan para implementar la Propuesta General para Erradicar la Tortura 01/2014, así como iniciar las investigaciones administrativas en contra de los servidores públicos que resulten responsables.

Al presentar la recomendación, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, señaló que a la fecha se han emitido 53 recomendaciones relacionadas con tortura, de las cuales las instituciones con más casos son la Procuraduría, con 36 casos, y la Policía, con 16.

Además, señaló que se tienen identificados patrones que producen la tortura, como detenciones arbitrarias, dilación en la puesta a disposición, defensa inadecuada, incomunicación y la negativa de investigación de las vulneraciones para la comisión de tortura.

“La tortura es una de las experiencias traumáticas más graves, que quebranta la dignidad personal de las víctimas y afecta al tejido social, generando un daño más severo a las personas en condiciones de vulnerabilidad”, expresó.

La CDHDF, enfatizó, no quiere seguir emitiendo recomendaciones al respecto, ya que desea que se erradique la práctica de la tortura.


La recomendación completa de la CDHDF.

  Recomendación 01/16 CDHDF

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/la-primera-recomendacion-de-la-cdhdf-de-2016-es-para-la-pgj-y-la-ssp-por-17-casos-de-tortura/

Informe ante la ONU: 20 desapariciones forzadas en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO: Secreto a voces durante años, tratadas con sigilo ante el temor de represalias, las desapariciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no son un tema novedoso para organismos internacionales de derechos humanos.


Respaldadas por organizaciones sociales, familias de 46 víctimas de desaparición forzada se armaron de valor para exponer 20 casos durante la visita del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre del año pasado.

Por los testimonios recabados por organizaciones y familiares, dentro de los casos presentados están implicadas al menos otras 15 personas desaparecidas, cuyos parientes tienen miedo de denunciar.

En un informe presentado a los integrantes de la CIDH, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el colectivo El Solecito de Veracruz, madres en busca de sus hijos documentaron 20 hechos de desaparición forzada ocurridos entre 2010 y 2013.

Sólo en cinco de esos casos, con el mismo número de víctimas, se presume que los autores de las desapariciones fueron integrantes del crimen organizado. En el resto, tanto las organizaciones como los familiares tienen indicios de que se trató de desapariciones forzadas, es decir, cometidas por agentes del estado.

El grueso de estos crímenes se concentraron en seis casos, en los cuales participaron policías estatales y hay 26 víctimas. En cuatro hechos, en los que al menos desaparecieron nueve personas, participaron integrantes de las llamadas Fuerzas Tácticas, compuestas por policías estatales, de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano.

Denuncian otros cinco eventos, con cinco víctimas, en los que se identifica como responsables a agentes de la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán, de la Policía de Tránsito de Boca del Río, a marinos y en dos casos a integrantes de operativos conjuntos de policías estatales, uno con marinos y otro con militares.

Padres y madres de seis víctimas detenidas el 6 y el 11 de diciembre de 2013 en dos operativos de Fuerzas Tácticas solicitaron el pasado martes 2 la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), ante la persistencia generalizada de este delito y la violación de derechos humanos “de carácter sistemático” en Veracruz.

Acompañados por I(dh)eas , El Solecito de Veracruz, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), los familiares de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, Víctor Álvarez Damián, Marco Antonio Ramírez Hernández, Pablo Darío Miguel Hernández, José Armando Cortés Arrioja y Marisa Arrioja Reyes, advierten al CED que las desapariciones en Veracruz son planeadas o estimuladas “por las máximas autoridades civiles del estado y operadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. En estos ataques se emplean recursos públicos de los tres niveles de gobierno”.

Al señalar que este caso es sólo un ejemplo de muchos más que ocurren en el estado gobernado por Javier Duarte, detallan cómo desaparecieron los jóvenes después de haber sido detenidos durante dos incursiones de las Fuerzas Tácticas durante el Operativo Veracruz Seguro, de diciembre de 2013, aplicado en la colonia Formando Hogar, del puerto de Veracruz.

De acuerdo al escrito enviado al CED, todo indica que las detenciones pretendían contener denuncias de estudiantes de la Universidad Veracruzana sobre la existencia de una banda que solía cometer “robos de celulares y objetos de valor” en las inmediaciones de la casa de estudios.

“La desaparición de los jóvenes víctimas de los hechos antecedió de una detención colectiva y programada: de acuerdo a los testimonios de las familias, los policías llevaban fotos y descripciones de las víctimas”, señala el documento.

Al destacar que los familiares lograron documentar 10 detenciones arbitrarias, entre ellas las seis desapariciones, el documento entregado al CED explica que, en los operativos del 6 y el 11 de diciembre, los jóvenes arrestados fueron llevados al Centro de Sanciones Administrativas conocido como el Penalito de Playa Linda.

Información recabada de personas liberadas proporcionó indicios de que “aproximadamente 50 jóvenes” estaban en el Penalito en esos días.

Detallan que el 6 de diciembre Pablo Darío Miguel Hernández, José Ignacio Cruz González y José Armando Cortes Arrioja se encontraban en el bar El Partido alrededor de las 21:30 horas, cuando “se llevó a cabo un dispositivo en el que (…) participaron policías, marinos y elementos de la AVI, quienes traían fotos de los muchachos que buscaban”.

Cinco días después, el acceso principal de la colonia Formando Hogar fueron bloqueadas por vehículos oficiales para que se llevara el operativo policiaco y de la Marina sin contratiempos. El convoy estaba compuesto por “patrullas de la Policía Estatal con las placas cubiertas, dos camionetas tipo Suburban, una negra y una blanca, todas las anteriores con torretas, dos automóviles blancos y seis camionetas de la Marina”, según documentaron organizaciones y familiares.

Entre las 14:10 y 14:15 horas, el convoy se detuvo frente a un taller mecánico y ahí “tanto hombres vestidos de civiles como policías –algunos encapuchados– detuvieron ilegalmente a Víctor Álvarez, de 16 años”, empleado del local.

Aproximadamente a la misma hora, hombres vestidos de civil detuvieron a Marco Antonio Ramírez, quien se encontraba en el centro comercial Mega Las Palmas, a unas cuadras de la colonia Formando Hogar.

A las 14:20, agrega el informe, los integrantes del operativo allanaron la casa de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, de 17 años, a quien “golpearon frente a su familia, le esposaron las manos en la espalda y lo sacaron de la casa”.

Después de esta detención y hasta las 19:00 horas, los familiares y organizaciones documentaron otros cuatro arrestos de jóvenes, cuyas casas fueron allanadas, pero están localizables.

Investigaciones viciadas

De acuerdo con los familiares, cuando acudieron a las instalaciones policiacas a preguntar por ellos, autoridades estatales y federales negaron haber detenido a los jóvenes, además de que rehusaron integrar averiguaciones previas por desaparición en las primeras horas en que acudieron a denunciar.

“A la fecha, ninguna de las seis investigaciones ha mostrado algún avance significativo ni en determinar el paradero y mucho menos en el señalamiento de los responsables”, sostiene el escrito.

Al señalar que las familias se han enfrentado a la negativa de los testigos para rendir declaraciones ministeriales, el documento refiere que en una reunión sostenida entre los padres de Yonathan Mendoza y el fiscal Luis Ángel Bravo en Veracruz, le exigieron investigar a los hermanos Marvin y Mariano Castillo Sánchez, pues el primero golpeó al joven ocho días antes de su detención y el segundo era comandante de la AVI, a lo que el fiscal respondió en tono irónico: “¿Cómo voy a investigar a mi propia corporación?”.

En la comunicación al CED, familiares de desaparecidos y organizaciones civiles apuntan que, si bien la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR abrió un expediente por las seis desapariciones, “estas investigaciones tampoco han generado grandes avances”.

Peor aún, se añade, “ninguna de las averiguaciones se ha iniciado por el delito de desaparición forzada”, aunque hay elementos para ello y a pesar de que en Veracruz el delito está tipificado desde 2014.

En tanto, la fiscalía especializada de la PGR “no cuenta con personal suficiente para desahogar las diligencias necesarias y han mostrado una dilación excesiva en el desahogo de éstas. Incluso, se han omitido líneas de investigación de gran relevancia, como el hecho de que elementos del Ejército mexicano participaron en dichos operativos”.

Las organizaciones piden al CED solicite al Estado mexicano medidas urgentes para su localización, entre ellas una investigación imparcial “para indagar la posible participación de servidores públicos que actúen en complicidad, colusión, colaboración o aquiescencia con grupos de la delincuencia organizada o grupos de organizaciones criminales que actúen en la zona”.

Solicitan también emitir medidas cautelares para proteger a los familiares de los seis jóvenes desaparecidos y “garantizar la participación activa y protección física de aquellas personas que deseen realizar labores de búsqueda in situ de restos óseos y fosas clandestinas encontradas en el estado de Veracruz, así como visitas a diversos centros de reclusión”.

Las organizaciones piden al CED que “recomiende al Estado mexicano, en razón de las circunstancias del presente caso y el contexto generalizado y sistemático y desaparición forzada de personas en el país, pero en concreto en el estado de Veracruz, que conforme un equipo internacional de expertos independientes e imparciales”.


Por considerar que en Veracruz ocurren graves violaciones a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los peticionarios sugieren al comité realizar una visita a la entidad para confirmar esta situación, así como llevar el caso ante la Asamblea General de Naciones Unidas a través de su secretario general.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430532/informe-ante-la-onu-20-desapariciones-forzadas-en-veracruz

Los primeros escándalos de “El Bronco”

CIUDAD DE MÉXICO: Antes de que pudiera “extirpar la corrupción” y “retomar el control de las prisiones en Nuevo León”, como prometió en la campaña electoral, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, enfrenta el primer escándalo por una licitación cuestionada y la muerte de al menos 49 reos en una de las peores masacres en la historia de Nuevo León.

Muy rápidamente la realidad evidenció la gran diferencia entre criticar y prometer como candidato opositor a un puesto de elección popular, y gobernar una vez que se gana la elección. Rodríguez Calderón exclamó en su discurso de toma de posesión: “¡Se les acabó la fiesta a los bandidos!” Y anunció: “Desde ahora mismo instruyo a mi equipo a realizar una auditoría exhaustiva en todas las dependencias, que se revise cada papel y cada cajón. Vamos a investigar, sin afán de venganza, pero con sed de justicia. Si alguien cometió un crimen, que dé la cara al pueblo y le responda a la ley, sea quien sea”.

Ante las demandas de los medios de comunicación y diversas organizaciones sociales que le exigían presentar denuncias contra altos funcionarios de la administración anterior, el 3 de diciembre señaló en Toluca, Estado de México, en la reunión de la Conago, que el lunes 7 de diciembre daría a conocer 100 casos de corrupción. Ese día anunció la creación de la Subprocuraduría Anticorrupción y dio a conocer que abriría al menos 100 averiguaciones previas por supuestos daños al erario. Señaló que en diciembre se integrarían las averiguaciones y en enero se realizaría una proyección jurídica para agendar las denuncias, las cuales serían presentadas a finales de febrero.

Nada se sabe de la integración de los expedientes. Hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia contra ningún exfuncionario público de los primeros niveles del anterior gobierno. Pero el gobierno sí presumía que todas las licitaciones se podían presenciar a través de Periscope, lo que transparentaba su actuación y redundaría en importantes ahorros para el erario.

Sin embargo, el pasado lunes 8, antes de que se pudiera presentar la primera denuncia o se dieran a conocer cifras de los ahorros, el diario local El Norte denunció que el gobierno de Rodríguez Calderón compró 200 mil cobijas por un monto total de 28.9 millones de pesos con un sobreprecio de hasta 167% del disponible en el mercado.

Pero la licitación presenta, entre otras irregularidades, el hecho de que las cobijas se empezaron a repartir un día antes de que se adjudicara el contrato al único concursante y cinco días previos a la firma de éste; además, las cobijas que entregó el proveedor no cumplen con las especificaciones de pesar dos kilogramos y medir de 1.65 a 1.70 metros de ancho y de 2 a 2.10 metros de largo. Por si todo esto fuera poco, el único participante es una empresa que, de acuerdo con el padrón de proveedores del estado, lo mismo presta servicios de cómputo y capacitación que asesorías y construye, da mantenimiento a edificios e instalaciones, realiza labores de jardinería y vende carnes, tamales y artículos de limpieza.

Tampoco se ha podido localizar a los dueños anotados en el Registro Público de la Propiedad ni a la misma empresa, pues ésta no se encuentra ubicada en la dirección señalada como domicilio. El dueño de la vivienda que se localiza ahí declaró que la tiene desde hace 40 años.

Así que muy probablemente la primera denuncia que presente la Subprocuraduría Anticorrupción y la primera sanción administrativa que imponga la Contraloría del Estado serán contra funcionarios de este gobierno y no del anterior, como prometió El Bronco.

Pero los primeros meses de este gobierno también muestran malos resultados en materia de seguridad: recién nombrado director de la Agencia Estatal de Investigación, el contralmirante Augusto Cruz Morales tuvo que renunciar al cargo (aunque continúa operando) porque la ley señala que para ocuparlo debe ser licenciado en derecho. Los problemas no tienen que ver sólo con las formas, ya que a partir del cambio de gobierno se incrementaron los índices delictivos.

En enero del presente año las ejecuciones aumentaron en 74% en relación con enero de 2015, y en 154% contra diciembre del mismo año; los 33 asesinatos ligados al narco fueron la cifra más alta desde las 43 muertes de junio de 2015; pero también subieron los asaltos a camiones del transporte público, con 14, y a bancos, con cuatro. Si bien no todo es atribuible al actual gobierno, pues tomó posesión el 4 de octubre del 2015, las denuncias por extorsiones en el 2015 alcanzaron la cifra récord de 509, lo que implica una tasa de 9 por cada 100 mil habitantes, que sitúa a Nuevo León en el segundo lugar en este delito a nivel nacional.

Pero los peores augurios se centraban en los penales, asunto respecto del cual desde la primera reunión del equipo de transición los funcionarios del anterior gobierno advirtieron al entonces encargado del área de Procuración de Justicia, Roberto Flores Treviño, que había una sobrepoblación de 40% y carencia de custodios. Los precedentes no dejaban lugar a dudas: el 26 de septiembre de 2011 fueron asesinados dos reos en el Penal del Topo Chico; el 19 de febrero de 2012 un motín en el Cereso de Apodaca llevó al asesinato de 44 internos, todos ligados al crimen organizado, y a la fuga de otros 37, de los cuales 11 todavía están prófugos; el 27 de enero del 2013 los presos bloquearon las cámaras de vigilancia en el Penal del Topo Chico, y el 5 de junio de 2015 una riña dejó un saldo de dos heridos en el mismo centro penitenciario.

A esta secuencia de hechos violentos se suma el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que advertía sobre la ingobernabilidad y las precarias condiciones de las cárceles. El documento colocaba a Nuevo León entre los 10 estados con peores condiciones en la materia y otorgaba una calificación de 5.7 (en una escala de 0 a 10) al de Topo Chico; de 5.5 al de Apodaca y de 6.53 al de Cadereyta. No había duda: los penales eran una bomba de tiempo que el actual gobierno no desactivó.

La masacre del pasado miércoles 10 es la segunda peor de la historia de Nuevo León, únicamente superada por las 52 víctimas del incendio del Casino Royale, ocurrido el 25 de agosto de 2011.


Después de cuatro meses de gobierno los únicos resultados tangibles son malos y desalentadores, pero además desnudan las limitaciones del actual gobierno para operar una administración eficaz y eficiente. Como declaró Marco González, líder de la fracción parlamentaria del PRI (casualmente el partido del exgobernador Rodrigo Medina), “la gente no quiere gobiernos como los gobiernos salientes municipales o estatales; quiere algo diferente y estamos viendo que este gobierno no es diferente. Es más de lo mismo…”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430539/los-primeros-escandalos-de-el-bronco

Las impunes desapariciones de Javier Duarte

En casi 700 de las 950 denuncias por desaparición de personas que dice tener la Fiscalía General de Veracruz, las víctimas tienen entre 15 y 29 años, y en muchos casos se ha comprobado que los responsables de los levantones, secuestros y asesinatos son policías de corporaciones estatales y municipales. Ante el grave problema, el gobernador Javier Duarte sigue reduciendo cifras para el discurso, tratando de convertir el enorme rezago de las investigaciones en un éxito. El resultado: la insultante impunidad.

XALAPA, VER: La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene registradas 950 denuncias por desaparición, entre ellas 699 correspondientes a jóvenes de entre 15 y 29 años cuyos casos no han sido resueltos en los cinco años que van del gobierno del priista Javier Duarte.

De hecho, la Procuraduría General de la República ubica a Veracruz como el primer lugar nacional en desapariciones forzadas, por encima de Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa.

El oficio FGE/UAI/074/2016 da cuenta de que han sido localizados los cadáveres de otros 119 jóvenes, sin contar los de Bernardo Benítez Arroniz y Alfredo González Díaz, dos de los cinco jóvenes levantados por policías estatales el 11 de enero en Tierra Blanca y entregados a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los restos óseos fueron hallados en el rancho El Limón, ubicado en Tlalixcoyan, por efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía Ministerial.

Escándalo nacional, el caso de esos jóvenes oriundos de Playa Vicente exhibió la forma en que policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sirven al narcotráfico y no a los ciudadanos, manifestó en un comunicado la organización civil Causa en Común, que acusó a los cuerpos policiacos de ser los “responsables morales” de las desapariciones de jóvenes.

Al cierre de esta edición, aún se ignora el paradero de José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27, y Susana Tapia, de 16, de quienes no se hallaron indicios en El Limón.

A 10 meses de concluir el mandato de Duarte –las precampañas electorales arrancaron hace una semana–, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales continúa buscando a los casi 700 jóvenes cuya denuncia de desaparición sigue vigente. Esa institución admite que en lo que va del sexenio (del 30 de noviembre de 2010 a la misma fecha de 2015) han tenido que abrir en total 2 mil 68 averiguaciones previas por igual número de jóvenes desaparecidos, de los cuales localizaron vivos a mil 250.

Datos obtenidos en la plataforma Infomex-Veracruz bajo el folio FGE/UAI/556 /2015 indican que la FGE mantiene abiertas averiguaciones sobre 950 personas ­desaparecidas, oriundas del estado.

El documento, del que este semanario tiene copia, detalla que en el periodo mencionado se han activado 53 alertas Amber, pero en de ellas los menores no fueron localizados.

Sin embargo, el gobernador insiste en minimizar el problema en sus ruedas de prensa de los lunes: admite sólo 500 casos y aclara que varios de ellos ya fueron resueltos.

Una gota como prueba

Los padres de los muchachos levantados por policías en Tierra Blanca y entregados al CJNG se atrincheraron más de un mes en la Fiscalía Regional del Estado con el fin de exigir justicia para Benítez Arroniz y González Díaz, además de que las autoridades agilicen la búsqueda de los tres jóvenes aún no localizados.

El martes 9 arribaron a Veracruz los restos que, según la PF y la FGE, pertenecen a dos de los jóvenes levantados el 11 de enero. Los enviaron a sus padres en cajas de cartón con etiquetas blancas y folios ininteligibles, que también contenían ropa de las víctimas.

Tras escuchar a los enviados de los gobiernos federal y estatal, Bernardo Benítez Herrera –padre de Benítez Arroniz y quien a su vez perdió a su progenitor en un secuestro nunca solucionado– decidió rechazar las actas de defunción y las cajas con los restos. Él y la familia de González Díaz decidieron pedir un segundo peritaje, de preferencia realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que colaboró en el caso de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.

La razón: a su hijo sólo pudieron identificarlo por el ADN extraído de una tibia, mientras que a González Díaz sólo por una gota de sangre.

“En la reunión en la Ciudad de México nos dijeron que había muchísimos cuerpos más… todos calcinados. No supieron especificar cuántos”, narra por teléfono Benítez.

Al día siguiente se difundió que desde el 26 de enero las fuerzas estatales y federales detectaron que en el rancho El Limón había contenedores con “cientos de elementos humanos”, varios de ellos “diminutos” y pertenecientes a 14 personas distintas.

“Sólo quiero constatar que son los restos de mi hijo y así poder darle cristiana sepultura –expone Benítez Herrera–. Vamos a seguir luchando hasta llegar a las últimas consecuencias. Ayer nos dieron el resultado de la investigación. Nos dicen que se encontraron fosas con muchos cuerpos calcinados. No se pudo hacer (la prueba de) ADN con restos calcinados”, agrega.

A su vez, Gobernación informó el lunes 8 mediante un comunicado que perros de la Policía Federal encontraron en El Limón restos óseos y manchas de sangre, que fueron sometidos a un riguroso análisis genético.

“Al efectuar la confronta de las muestras tomadas en el rancho con los perfiles genéticos proporcionados por los familiares de las víctimas, se determinó la coincidencia con dos de los jóvenes desaparecidos”, se asienta en el documento oficial.

De acuerdo con el texto, en el rancho El Limón se levantaron indicios de que se manipulaban drogas y se manejaban equipos para alterar vehículos, además de entre otros ilícitos, como almacenamiento clandestino de hidrocarburos.

Empezar de cero

Aunque en Tierra Blanca han ocurrido decenas de desapariciones y hallazgos de narcofosas, tuvo que difundirse en los medios de comunicación nacionales el levantón videograbado de los cinco jóvenes de Playa Vicente para que personal de la Gendarmería Nacional viniera a “reabrir casos” de desapariciones forzadas.

Los federales empezaron de cero. Empezaron a recabar datos con familiares de desaparecidos en mesas de trabajo improvisadas en los pasillos de la Fiscalía Regional. Preguntaban por sus amigos, si llevaban celular u otros dispositivos electrónicos la última vez que los vieron; características como tatuajes, lunares, cicatrices, cicatrices quirúrgicas, problemas vecinales o laborales, antecedentes penales y hasta sospecha de que tuvieran amante.

Al final los analistas elaboraron unos cuadros sinópticos y pidieron números telefónicos de los familiares para consultas posteriores.

Desde el primer día concurrieron a esas mesas los allegados de Miguel Ángel Pulido (18 años), José Abraham Barrera (21) y Hugo Trujillo Hernández (36), desaparecidos en 2015.

El reportero Miguel León, del periódico digital Blog Expediente y quien lleva un mes acampando en la Fiscalía Regional junto con las familias afectadas de Playa Vicente, ha documentado 23 desapariciones forzadas únicamente en el municipio de Tierra Blanca.

Y la PGR reporta que en Veracruz se concentran 17% de las desapariciones forzadas atraídas por esa dependencia federal, con 183 casos, con lo que supera a otras entidades con altos índices de violencia, como Guerrero (92) y Tamaulipas (173). Entre Coahuila y Sinaloa concentran 12% de los casos atraídos, resume el oficio SJAI/DGAJ/01491/2016, obtenido mediante una solicitud a la plataforma ­Infomex.

En el mismo documento, la PGR informa que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ofrece recompensas de entre 500 mil y 1 millón 500 mil pesos por quien otorgue datos por el paradero de 28 personas desaparecidas en el país. De esos casos 10 corresponden a Veracruz (35.7%) y todos desaparecieron entre 2011 y 2013.

De acuerdo con el oficio FGE/UAI/08 8/2016, fechado el martes 2, con el cual la fiscalía del estado responde a la solicitud de información folio CI14/15 del reportero, durante ese periodo se han cometido 43.87 homicidios dolosos por mes.

Jóvenes, el objetivo

El oficio FGE/UAI/074/2016 da cuenta de la desaparición de 12 jovencitas y un adolescente en la capital del estado el 30 de noviembre de 2011. Algunos conocidos dijeron que iban a la discoteca Closet o a La Cantinita; otros, que a una fiesta en Actopan. Pese a que existen 12 denuncias, no se tiene mayor información sobre las víctimas.

En un vehículo Peugeot 2005, número de serie VF39DXFX35S501362, viajaban Karla Nallely Saldaña, Jesús Alberto Estrada y otra amiga. El vehículo fue localizado meses después. Lo tenía el expolicía intermunicipal Issac Moreno, quien dijo que el policía Filiberto Rojano se lo había dado a reparar. Ninguno pudo explicar a la entonces Procuraduría de Justicia del Estado qué pasó con los tres jóvenes, según consta en el expediente 2009/11/3ª/ Xal-12. Carlos Saldaña, padre de Karla Nayelly, y Jesús Estrada, padre de Jesús Alberto, continúan buscándolos. Aquel día desparecieron al menos otros 10 muchachos.

El expediente AP-045E-2014*13 contiene otro caso. Tres jóvenes fueron sacados por siete integrantes de la Policía Estatal Acreditable de un departamento en Xalapa, entre ellos el cantante del concurso La Voz México, Gibrán Martiz. Dos semanas después, Martiz y su amigo Sergio Hernández aparecieron muertos. Se desconoce el paradero del tercero, Connys Carlín. Por dicho caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación y el gobierno de Duarte tuvo que indemnizar a las víctimas.

La causa penal 27/2013, interpuesta en el municipio de Úrsulo Galván, se abrió por la denuncia del levantón a ocho policías intermunicipales a manos de la Policía Estatal en la comunidad El Arenal, el 11 de enero de 2013. Tres años después, se desconoce su paradero. Hace dos semanas, esposas y madres de los intermunicipales acudieron con otros familiares de desaparecidos a clausurar las instalaciones de la FGE para agilizar las investigaciones.

La causa penal 785/2012 y sus acumulados se refieren a otro levantón: el que sufrieron ocho jóvenes en Puente Nacional, en la comunidad de El Modelo, el 1 de diciembre de 2012. Sus familiares sospechan de una requisa de policías estatales.

Además, en la denuncia penal 234/2015 interpuesta en la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos se establece que cinco jóvenes desaparecieron el 2 de septiembre luego de pasar un retén policiaco entre Minatitlán y Cosoleacaque. Tres aparecieron sin vida y dos continúan desaparecidos. En el mismo municipio, elementos de la Fuerza Civil detuvieron a cinco muchachos el 11 de mayo de 2015 y hasta hoy se desconoce su paradero.

Gangrena policiaca

En la rueda de prensa del 25 de enero, cuando un periodista cuestionó a Javier Duarte sobre la actuación de los policías en el levantón de Tierra Blanca, el gobernador replicó que los “policías no se compran en la tienda”. Agregó que durante su sexenio se han forjado 12 generaciones de policías capacitados, honorables y dispuestos a brindar seguridad a los veracruzanos.

Sin embargo, en el registro periodístico que lleva este semanario destacan 13 detenciones masivas de policías estatales y municipales por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Por ejemplo, en Coatepec –municipio conurbado a Xalapa–, en abril de 2013 un grupo de 10 policías fue detenido en flagrancia por marinos: a bordo de dos camionetas oficiales vendían y compraban droga en horarios de trabajo. Ahí mismo, en octubre de 2014, la FGE consignó a tres policías por ser los presuntos asesinos del tesorero municipal, Guillermo Pozos.

El 22 de enero se dictó auto de formal prisión a siete agentes estatales, entre ellos el delegado de la SSP Marcos Conde, por la desaparición forzada de los cinco jóvenes en Tierra Blanca. Antes de ese caso, el 16 de marzo de 2012, cuatro elementos de la misma SSP fueron detenidos en ese municipio por efectivos de la Marina y llevados a la Ciudad de México.

Ahí mismo, el 16 de marzo de 2010, los militares detuvieron a 98 policías, 13 de los cuales quedaron arraigados por vínculos con la delincuencia organizada.

Cerca de Tierra Blanca, en Tres Valles, el 27 de abril de 2012 la Marina aprehendió a nueve policías municipales.

El entonces alcalde priista, Nelson Cano, se quejó de que a principios de 2014 la Secretaría de la Defensa Nacional envió un oficio para informarle que los 35 efectivos asignados al combate del narcotráfico y de la inseguridad en la región (Tres Valles, Tierra Blanca, Playa Vicente y Loma Bonita y Tuxtepec, los dos últimos pertenecientes a Oaxaca) serían enviados a Michoacán para “reforzar las acciones de combate allá” (Proceso 1964).

El alcalde advirtió que, con la salida de las fuerzas castrenses, la delincuencia organizada volvería a “hacer de las suyas” en la Cuenca del Papaloapan.

En Xalapa, el 22 de septiembre de 2012, fuerzas federales detuvieron a 35 policías estatales de la Conurbación Xalapa en el cuartel San José; la mitad del grupo fue llevada a instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO).

Posteriormente, el 21 de enero de 2014, la FGE consignó a siete policías por la desaparición forzada del cantante de La Voz México, Gibrán Martiz, asesinado días antes.

En el puerto de Veracruz, el 21 de diciembre del 2011, la Marina se hizo cargo de la seguridad y se declaró extinta la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río porque decenas de sus elementos estaban en la nómina de Los Zetas.

En Cosamaloapan, el 25 de septiembre de 2011, los federales aprehendieron a 17 policías del municipio. En Córdoba y Fortín de las Flores, el 12 de julio de 2012, la SIEDO se llevó en requisa a 35 elementos de ambas corporaciones.


En Orizaba, el 28 de diciembre de 2015, se cumplió la aprehensión del octavo policía municipal involucrado en el delito de entregar a sus detenidos a Los Zetas. Cerca de ahí, en Acultzingo, el 1 de septiembre de 2014 agentes municipales de Maltrata y Acultzingo fueron capturados por militares al desmantelar el rancho San Pedro, donde se adiestraban futuros “estacas” de Los Zetas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430531/las-impunes-desapariciones-de-javier-duarte

Hallan celdas de lujo y droga en penal de Apodaca

Monterrey, NL. Luego de más de 12 horas de revisión, la policía estatal Fuerza Civil encontró en el penal del municipio metropolitano de Apodaca celdas con lujos, droga y diversos objetos prohibidos, reveló el gobierno a través de un comunicado enviado la noche del miércoles.

Por ello, los coordinadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano demandaron el cese del director y los funcionarios responsables y que se les siga un procedimiento legal, como en el caso de los ex directivos del penal del Topo Chico, quienes fueron acusados de homicidio calificado de las 49 muertes registradas la semana pasada.

Durante el cateo realizado al centro penitenciario donde en 2012 murieron 44 internos ejecutados para ocultar una fuga, se encontraron "celdas acondicionadas con pisos cerámicos, aires acondicionados, pantallas de televisión, espejos panorámicos y cortinas", señala el comunicado.

Los 598 elementos de Fuerza Civil también hallaron cocaína y mariguana durante la revisión a las instalaciones y los chequeos físicos a cada uno de los mil 890 internos.

Arturo Salinas, del Partido Acción Nacional (PAN), demandó “tomar las mismas medidas que existen en el Topo Chico; cesar al director del penal e iniciar un procedimiento en contra de él y los demás celadores y administrativos que permitieron esto, porque esto es muy simple: había corrupción por omisión y por participación.

“Había privilegios, y lo que pedimos es que en este momento se cese al director del penal de Apodaca y se inicie el proceso de investigación y se llegue a las últimas consecuencias y en esta misma semana vayan a catear el penal de Cadereyta”, dijo Salinas.

Héctor García, del PRI, y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, coincidieron en señalar que los directivos deben ser separados de su cargo, porque es imposible que no conozcan en qué condiciones se encuentran las celdas.

“El cese del director debe ser inmediato y además debe procederse legalmente en su contra por no tomar las medidas necesarias”, dijo el representante de Movimiento Ciudadano.


Por su parte, el diputado del PRI señaló: “No es posible que no te des cuenta de lo que pasa si tú eres el director, es colaboración o es omisión, pero hay delito y el director del penal debe ser cesado, además de aplicarle las sanciones que dicte la ley".

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ERICK MUÑIZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/18/hallan-celdas-de-lujo-y-droga-en-penal-de-apodaca-1749.html

Acción de inconstitucionalidad contra reforma política de CDMX

Morena presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma política de la Ciudad de México, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Horacio Duarte, representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que estos cambios constitucionales le dan a la Ciudad de México una situación de excepción al convertirse en “entidad federativa” y no en Estado de la República, limitando los derechos de autodeterminación de sus ciudadanos.

“Nos parece un contrasentido que diputados y senadores se puedan autodesignar como diputados de la Asamblea Constituyente, con lo que a su vez ejercerían doble cargo público”.

También consideró que los legisladores de ambas Cámaras y de los Ejecutivos federal y local de la Ciudad de México no tienen competencia para designar a 40 de los 100 diputados de la Asamblea constituyente.

“Quienes sean designados como diputados constituyentes, evidentemente no serán electos por el pueblo. Por lo que dicha asamblea tendrá un contenido en parte legítimo y en parte ilegítimo al no electo democráticamente”, explicó.

Desde la perspectiva de Morena, el decreto tiene un vicio en el proceso legislativo, ya que por acuerdo de la mayoría de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, se aprobó que la Asamblea Constituyente debía tener paridad de género, sin embargo, en el decreto final se omitió ese tema.

También evalúa como excluyente la atribución exclusiva del Jefe de Gobierno, para elaborar y remitir a la Asamblea Constituyente el proyecto de la primera Constitución de la Ciudad de México.

Con ello, dijo que se relega la facultad de dicha Asamblea, y de sus diputados constituyentes, a solo recibir, discutir y aprobar, en su caso con modificaciones, el ordenamiento fundante de la nueva entidad federativa.

Declaró que están en contra del monopolio otorgado al Jefe de Gobierno para la presentación de un proyecto único de Constitución, ya que se excluye por completo a la actual Asamblea Legislativa.

El decreto tampoco previó normas o artículos transitorios, para que la Constitución de la Ciudad de México otorgue el derecho a los ciudadanos que la habitan de ratificarla o revocarla -vía consulta popular o referéndum-, explicó el también líder de Morena en el Estado de México.


La acción de inconstitucionalidad se presentó el miércoles por instrucciones del dirigente del partido, Andrés Manuel López Obrador, según un comunicado de prensa.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/18/accion-de-inconstitucionalidad-contra-reforma-de-la-ciudad-de-mexico-4392.html

A 10 años de tragedia de Pasta de Conchos… 63 cuerpos sin recuperar

CIUDAD DE MÉXICO: En el décimo aniversario de la muerte de 63 mineros en la Mina 8 de Pasta de Conchos, en Coahuila, la activista Cristina Auerbach Benavides denunció la falta de voluntad política de las autoridades para rescatar los cuerpos de los trabajadores del carbón que quedaron atrapados tras una explosión ocurrida el 19 de enero de 2006 en ese lugar.


“Es un décimo memorial muy lamentable porque se han extraído millones de toneladas de carbón en la región, se han rescatado a casi 100 mineros que han muerto después de Pasta de Conchos y entonces uno se pregunta: ¿Por qué a los demás sí y a los de Pasta de Conchos no? Y ¿por qué, si hay tecnología para hacer fracking o excavaciones para hacer el Metro en la Ciudad de México? Para todo hay tecnología, menos para rescatar a los mineros de Pasta de Conchos”, señaló la directora y representante legal de la organización Pasta de Conchos.

De acuerdo con información difundida por el diario ‘Vanguardia’, las familias de los 63 mineros atrapados en la Mina 8 buscaron reunirse con los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y con el actual mandatario Enrique Peña Nieto, pero ninguno tuvo la voluntad política para recibirlos.

Auerbach Benavides recordó que tras la toma de protesta de Peña, las familias se reunieron con el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a quien le exigieron cuentas sobre el rescate.

En esa ocasión le dijeron al exprocurador: “Si ustedes no entregan los restos de los mineros que saben dónde están y cómo sacarlos y no quieren entregarlos, no les vamos a creer”.

La activista considera que falta voluntad política, porque “en este país se arreglan las cosas con voluntad política y (ellos) no la tienen. A mí lo que me queda claro es que los gobiernos, tanto del PAN como del PRI, le tienen pavor a Grupo México”.

Ayer, ‘Vanguardia’ publicó que de acuerdo con dos peritajes de expertos estadunidenses, la Mina 8 de Pasta de Conchos, donde hace 10 años murieron 65 trabajadores, contiene agua contaminada con enfermedades infecciosas como VIH, hepatitis, tuberculosis y patógenos entéricos, que podrían ser contagiosos para quienes entren.

Al respecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) expresó este jueves que los dos estudios ordenados por Grupo México no son oficiales.

Heriberto Fuentes, delegado en Coahuila de la STPS, dijo que “el estudio tiene las razones que da el perito que lo hizo (D.G. Wooton) pero, según como lo dice ahí, ese es un estudio que solicitó la Industrial Minera México (…) Oficialmente para nosotros los estudios que valen son los que se mandan o se ordenan oficialmente; éste lo manda a hacer la empresa y bueno, no se le niega ningún valor”.

Añadió: “El mismo estudio dice que puede hacerse una revaloración del mismo posteriormente, pero en la Secretaría del Trabajo la información que tengo es en el sentido de que se le solicitó a la Procuraduría General de la República que se viera la posibilidad de analizar la apertura de la mina para buscar o ver la forma de recuperar los cuerpos de los mineros”.


Para conmemorar el décimo aniversario de la muerte de los mineros, mañana se realizará una celebración ecuménica afuera del corporativo de Grupo México en esta capital a las 12:00, y en la mina Pasta de Conchos las familias de los 63 mineros participarán en un vía crucis a las 11 de la mañana y posteriormente en una eucaristía.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430595/a-10-anos-de-tragedia-de-pasta-de-conchos-63-cuerpos-sin-recuperar

Documentan que la pensión por $37 mil que recibe Moreira fue obtenida con irregularidades

CIUDAD DE MÉXICO: La pensión de 37 mil 128 pesos mensuales que recibe Humberto Moreira Valdés fue obtenida de manera irregular, de acuerdo con una investigación del periódico Vanguardia.

El exgobernador de Coahuila se pensionó con el 100 por ciento de su sueldo después de supuestamente cumplir con 30 años y 15 días de servicio; no obstante, de acuerdo con la constancia de servicios del exgobernador aprobada por la Secretaría de Educación Pública del Estado, el exlíder nacional del PRI únicamente estuvo activo durante 17 años y cinco meses.

“El documento –del cual VANGUARDIA tiene una copia-, fue emitido el 20 de noviembre del 2015 y deja ver que el exlíder nacional del PRI, solamente realizó sus aportaciones a la Dirección de Pensiones durante 17 años y 5 meses, tiempo que estuvo asignado a grupos, aunque sólo dio clases tres años. Desde hace más de 11 años, y hasta la fecha, se mantuvo con permisos sin goce de sueldo”, cita el diario.


De acuerdo con la constancia, Moreira inició labores como catedrático en la Secundaria Técnica Abel Suárez de León, en 1985. Tres años después comenzó a trabajar en las oficinas centrales de la SEP en la Ciudad de México. El priista permaneció adscrito a diversos planteles en Saltillo hasta 1995, cuando le fueron asignadas horas clase en una secundaria en la “Unidad Jurídica de la Secretaría de Educación del Estado” hasta 2004.

Desde ese año, el priista pidió permiso sin goce de sueldo que fue renovado cada ciclo escolar y el último vence el próximo 31 de agosto

“Una primera anomalía en la pensión de Humberto Moreira comienza con los años de servicio y las aportaciones que dejan en entredicho que, como lo aseguró el Director de la Dipetre, cumpliera con todos los requisitos para poder jubilarse.


“VANGUARDIA publicó que Moreira Valdés se pensionó con el 100 por ciento de sus sueldo al haber cumplido 30 años 15 días de servicio; sin embargo, el documento de la Sedu afirma que el exmandatario solamente estuvo activo durante 17 años y cinco meses en el ramo de la educación, único periodo durante el que aportó al Servicio Médico y a la Dirección de Pensiones”, añade el periódico.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430541/documentan-que-la-pension-por-37-mil-que-recibe-moreira-fue-obtenida-con-irregularidades

Lamentable que el Papa desatendiera “clamor nacional” de reunirse con víctimas: CDD

CIUDAD DE MÉXICO: Católicas por el Derecho a Decidir lamentó que en su visita a México el Papa Francisco no haya atendido el “clamor nacional” de reunirse con familiares de víctimas de feminicidios, de los 43 normalistas desaparecidos y de pederastia clerical.


En un desplegado titulado “Esperanza y desafíos de la visita del Papa Francisco a México”, la organización agradeció la visita papal, celebró el llamado del pontífice a una iglesia renovada, de los pobres y su condena a la migración como una tragedia humana.

“Señales esperanzadoras” con las que, señala CDD, se pudo confirmar que ante sociedades como la mexicana, “complejas, diversas, laicas y sumidas en una profunda crisis humanitaria, necesitamos una iglesia acorde con los nuevos signos de los tiempos, abierta al cambio y a la esperanza”.


Por esa razón, subraya el organismo, es lamentable que el Papa no haya atendido el clamor nacional de reunirse con familiares de las víctimas de feminicidios y los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, “casos emblemáticos de la corrupción, la impunidad y la incapacidad del Estado” para garantizar los derechos humanos fundamentales de su población como el derecho a la vida y a la integridad.

“Ellos necesitan del abrazo solidario del Papa para fortalecer su lucha por la justicia y la verdad. Creemos que los tres minutos que solicitaron los familiares de Ayotzinapa no modificaban la agenda del Papa. Nos preguntamos ¿cuáles fueron los criterios para priorizar sus encuentros?”, pregunta CDD al Papa.

También, reclama al pontífice, ignoró la audiencia de las víctimas de pederastia clerical, uno de los pendientes más importantes de justicia que tiene hoy por hoy la iglesia católica.

“Fue sorprendente que en Michoacán, la tierra del depredador Marcial Maciel, no expresara ninguna condena al abuso sexual a menores por parte de sacerdotes y a los obispos que han encubiertos estos crímenes, como el caso del Cardenal (Norberto) Rivera”, fustiga.

Violación al Estado laico

Más grave aún, CDD señala que, siendo México un Estado constitucionalmente laico, la visita del Papa evidenció la falta de ética pública laica de la mayoría de la clase política.

“En su desesperación por encontrar legitimidad, el ejecutivo federal, gobernadores y otros funcionarios públicos violaron flagrantemente el artículo 40 constitucional, así como el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, menoscabando los principios de laicidad, al privilegiar una religión por encima de otras e ignorar la libertad de conciencia y la autonomía de lo político frente a lo religioso”, condena CDD.

También señalan que como católicas defensoras de los derechos humanos de las mujeres esperaban que el Papa mencionara que el impacto de la pobreza y la violencia es más acentuado en las mujeres y que lejos de incluirlas para participar en la toma de decisiones y ejercer el diaconado y el sacerdocio, “se siguen reforzando enseñanzas conservadoras que limitan el papel de la mujer a la maternidad, negando su libertad de conciencia y su derecho a decidir sobre su vida y su sexualidad”.


Con estos pendientes, concluye CDD, en todo caso el Papa Francisco dejó el mensaje contundente de que “siempre hay tiempo de cambiar, siempre hay una salida, de que no todo está perdido y que no hay que perder la esperanza”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430526/lamentable-que-el-papa-desatendiera-clamor-nacional-de-reunirse-con-victimas-cdd

Diputada de Morena en Tabasco dice que “los gays no deberían existir”; el partido se deslinda

La Diputada Candelaria Pérez Jiménez dijo que ella no va a estar en contra de la iniciativa Ley que permite los matrimonios igualitarios, pero dijo que tampoco está a favor. El dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López Hernández, aclaró que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, no comparte la opinión personal de la Diputada.

Candelaria Pérez Jiménez, Diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tabasco, dijo que no está de acuerdo con la iniciativa de Ley que permite los matrimonios igualitarios en la entidad, propuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), porque a su parecer ”los gays no deberían existir”.

Cuestionada por los medios de comunicación sobre la iniciativa presentada, la Coordinadora local del Grupo Parlamentario de Morena dijo:

“Si me preguntas eso, a mí me gustaría que no existieran los gays, la verdad, pero qué le voy a hacer. Eso no se puede”.

La iniciativa del PRD, presentada el pasado 3 de julio de 2015, contempla reformas a los artículos 116 fracción I, 154 y 399 fracciones I y II del Código Civil del Estado para legalizar en definitivo el matrimonio entre personas del mismo sexo y su aplicación plena en todo el estado de Tabasco.

Al respecto, la Diputada Pérez Jiménez dijo que ella no va a estar en contra de la iniciativa de Ley, pero tampoco a favor. “Mi opinión es que como familia no lo puedo aprobar, yo no puedo felicitar pero tampoco puedo estar en contra porque eso es algo que voy a respetar conforme a los derechos humanos siempre se va a respetar”.

Explicó que su opinión es “espiritual”, aunque dijo que ”en la sociedad no puedo estar en contra de los derechos humanos y los derechos humanos es libertad, tienen sus facultades”.

Tras las declaraciones de la legisladora, el dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López Hernández, aclaró que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, no comparte la opinión personal de la Diputada local, Candelaria Pérez Jiménez, respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero es respetuoso de su derecho a manifestarse públicamente en torno a este tema.

López Hernández planteó que en temas controvertidos como los matrimonios igualitarios y el aborto, no deben sujetarse a las posturas individuales de los diputados locales, sino que incluso podrían ser sometidos a una consulta pública, para escuchar todas las voces que se pronuncien al respecto.


“Nosotros siempre hemos manifestado que somos respetuosos de las preferencias sexuales, uno de los postulados de Morena, es la tolerancia y respeto a las preferencias sexuales, religiosas y políticas de todos los ciudadanos e incluso tenemos una Secretaría de la Diversidad Sexual, a nosotros tocar estos temas, no nos asusta”, refirió, de acuerdo con un comunicado de prensa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-02-2016/1625506

La Profeco suspende tres tortillerías en Hermosillo por elevar el precio hasta 24 pesos por kilo

La Profeco ha revisado 528 tortillerías, pero planea realizar una muestra de mil ubicadas en 40 ciudades del país. De encontrar abusos en el precio del producto, levantaría multas de entre mil 3.9 millones de pesos. La industria de la tortilla lo atribuye a la especulación por el precio del maíz.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en tres tortillerías de Hermosillo, Sonora, donde el kilo de tortilla se vendió entre 20 y 24 pesos.

Rafael Ochoa, encargado de la Profeco, expuso en rueda de prensa que son casos “focalizados” y el incremento en el precio del alimento no se deriva del dólar alto.

“El comportamiento del dólar es diferente del precio de la tortilla”, afirmó.

La Profeco también suspendió 36 establecimientos por no exhibir precios, no entregar comprobantes o alterar la báscula.

Hasta el momento ha revisado 528 tortillerías, pero planea realizar una muestra de mil ubicadas en 40 ciudades del país. De encontrar abusos, la Profeco levantaría multas de entre mil 3.9 millones de pesos.

Esta semana, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) advirtió a representantes de cámaras y asociaciones que elevar los precios de los productos que comercializan en el mercado de la tortilla podría llegar a ser contraria a la competencia y libre concurrencia.

De acuerdo con el sistema de libre mercado, la oferta y la demanda determinan los niveles de producción, así como los precios de bienes y servicios. Por lo tanto, “el precio de la masa y la tortilla debe determinarse por cada agente económico en lo individual”, afirma el organismo.

Si la COFECE encuentra indicios de acuerdos entre competidores para manipular precios, se daría inicio a una investigación y, en su caso, habría una sanción.

Durante enero de 2016 y los primeros días de febrero, el precio de la tortilla mostró un incremento en algunos establecimientos del país.

La semana pasada el precio de este alimento básico en la canasta alimentaria de los mexicanos osciló entre los 10 y los 18 pesos, dependiendo la zona geográfica. Mientras en Hermosillo, Sonora, alcanzó el costo más elevado, en Pachuca, Hidalgo, o en Tlaxcala, Tlaxcala, se mantuvo el más bajo.

El Secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, aseguró que “no hay ningún motivo” que provoque el incremento al precio del kilogramo de la tortilla, pues México es autosuficiente en maíz blanco, principal ingrediente en la elaboración del alimento.

Calzada Rovirosa explicó que el maíz es cultivado en casi todos los estados del país. Los de mayor producción del grano blanco son Sinaloa, con 4.8 millones de toneladas; Jalisco con 2.8 millones; Michoacán 1.8 millones; México 1.8 millones, y Guanajuato 1.4 millones de toneladas. En maíz amarillo destacan Chihuahua y Jalisco.

El consumo anual per cápita anual de maíz, de acuerdo con estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), es de 276.9 kilogramos.

Sin embargo, de acuerdo con Antonio de la Torre, dirigente de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT), las causas del aumento en el precio de la tortilla obedecen a un desorden de la industria, provocado principalmente por las empresas que controlan gran porcentaje del mercado.

“Hay una especulación en los precios del maíz. En 2015, en Sinaloa lo compramos en 3 mil 800 la tonelada y desde hace 15 días, de un día para otro, se nos informa que el precio del maíz será de 4 mil 500 pesos”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

También es por una falta de voluntad política de los tres niveles de gobierno.

El líder industrial recordó la situación que se vivió en 2007, año en el que el kilo de tortilla comenzó a aumentar. Afirmó que en ese entonces los diferentes integrantes del sector negociaron con la Secretaría de Economía para el otorgamiento de subsidios que pudieran frenar el aumento y se crearon programas como ProHarina y ProMasa, que funcionaron de 2009 a 2012, año en que la misma Secretaría truncó los apoyos al argumentar que ya no había condiciones para continuar con los apoyos.

De 2012 a la fecha se deslindaron del tema.

“A partir de 2012 el subsidio quedó trunco, porque la Secretaría, a pesar de que metimos documentación, dijo que ya no había condiciones para seguir dando ese apoyo y quedó pendiente. El tema actual es similar a ese”, comentó De la Torre.

Fuente: Sin Embargo

http://www.sinembargo.mx/18-02-2016/1625512

Derroche, opacidad y autopromoción de gobernadores por visita papal

CIUDAD DE MÉXICO: Opacidad y autopromoción de gobernadores enmarcaron la visita del Papa Francisco, donde el gasto derrochado por Federación, estados y municipios varió de al menos 160 millones a 200 millones de pesos, según datos de las propias autoridades y otros proporcionados por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).


El mayor gasto se registró en el estado más pobre, Chiapas, que erogó 100 millones de pesos, según información de Protección Civil de la entidad, al tiempo que el gobernador Manuel Velasco aprovechó la visita del Papa a la capital y San Cristóbal de las Casas para relanzar su imagen en gacetillas impresas y electrónicas.

En Chiapas se informó de un gasto total de 100 millones para actividades en el Centro Deportivo Municipal y en el estadio “Víctor Manuel Rey”, pero es la entidad que menos información detallada ha ofrecido sobre el costo de la visita del Papa a Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, el pasado lunes 15.


Las críticas más fuertes en redes sociales se generaron en contra del llamado “gobernador verde”, debido a que hubo privilegios para su familia y amigos, colocados en lugares “VIP”, a pesar de que el propio Velasco negó en su cuenta de Twitter que él hubiera repartido boletos.

En esa red social se publicó una foto con decenas de sillas con la leyenda “Familia Velasco” para la misa ofrecida por el Papa en San Cristóbal de las Casas, orientada a los indígenas de la entidad que no tuvieron “lugares VIP”.

“Quiero informarles que el gobierno del estado no tiene boletos para repartir, ya que la repartición (sic) correspondió directamente a las diócesis de quienes reconocemos el gran esfuerzo”, justificó Velasco en su cuenta de Twitter @VelascoM.

Por su parte, el gobierno del Estado de México encabezado por el priista Eruviel Avila abrió la página web www.papaenedomex.com, en donde informó que el costo de la misa del Papa Francisco en Ecatepec fue de sólo 9.9 millones de pesos, de los que 4.2 millones se erogaron para adquirir bolsas de agua y distribuirlas en 880 bebederos; 3.1 millones para rentar 9 mil vallas de seguridad; 600 mil pesos para “pintar mensajes alusivos a la visita”, a cargo de la Secretaría de Cultura, y 500 mil pesos para folletos e información sobre cierres viales y protección civil.

Sin embargo, el gobierno del Estado de México fue el primero en financiar spots en Televisa y TV Azteca el mismo día que el Papa concluyó su visita, el miércoles 17, para informar que “95% de los materiales se reintegrarán a la obra pública y se contempla sólo una merma mínima de 5%”.

En Michoacán, el gobierno informó que destinó 40 millones de pesos en remodelar calles y rehabilitar instalaciones del estadio “Venustiano Carranza”, al tiempo que el gobernador Silvano Aureoles destinó 10 millones en una campaña publicitaria titulada “Michoacán te recibe con el alma”.

Hasta ahora, el gobierno michoacano no ha informado cuánto gastó en financiar en redes sociales el hashtag #PapaEnMichoacán.

El ayuntamiento de Morelia también invirtió en publicidad rotulada en las playeras del equipo de futbol Monarcas de la LigaMx de futbol mexicano. Según la información oficial, el costo de este convenio fue de un millón 750 mil pesos.

En Chihuahua, el costo de la visita papal a Ciudad Juárez oscila entre 15 y 40 millones de pesos, según las distintas fuentes oficiales de información, pero hasta ahora tampoco se han detallado los gastos del erario estatal. El acondicionamiento de la Feria Expo tuvo un costo de 5 millones de pesos, según la información oficial.

Según El Diario de Juárez, el alcalde priista Enrique Serrano gastó 40 millones para “cubrir baches” en el recorrido del Papa y lanzó una campaña publicitaria con espectaculares en toda la ciudad fronteriza, antes de registrarse como aspirante a la gubernatura de su partido.

En las redes sociales, la mayoría de las críticas se generaron por el operativo gubernamental para “tapar” las decenas de cruces pintadas por las organizaciones civiles en recuerdo del feminicidio en esta ciudad fronteriza.

El costo oficial de la visita papal a las entidades alcanzó los 153 millones de pesos, es decir, 43.6 millones más que la de 2012 realizada por el Papa Benedicto XVI a Guanajuato, con un costo total de 110 millones.

Sin embargo, la CEM afirmó que el costo total ascendería a 200 millones de pesos, tanto para autoridades federales como estatales y municipales.

En Chihuahua, la diócesis de Juárez convocó a feligreses a donar a una cuenta bancaria un total de 20 millones para las actividades del Papa Francisco en esta zona fronteriza, donde cerró su gira.

En contraste, el gobierno de la Ciudad de México que encabeza Miguel Ángel Mancera aún no ha detallado cuánto fue el costo de desplegar carteles, espectaculares y anuncios en las estaciones del Metro, donde se dio la bienvenida al Papa Francisco, con el logotipo del GDF.


La delegación Gustavo A. Madero informó que destinó 6.5 millones de pesos en remodelar la Calzada de Guadalupe que desemboca en la basílica del mismo nombre.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430596/derroche-opacidad-y-autopromocion-de-gobernadores-por-visita-papal