CIUDAD DE MÉXICO: Un juez federal negó la protección de la justicia a una quejosa afectada por Ficrea, quien previamente reclamó la omisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de verificación, inspección y certificación de sociedad financiera.
El titular del Juzgado XVI de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó que la CNBV no incurrió en la supuesta omisión, ya que llevó a cabo actos que evidenciaron las operaciones irregulares realizadas por Ficrea que sirvieron de base para declarar la intervención para proteger los intereses de los ahorradores, de manera las que la autoridad bancaria sí atendió sus obligaciones.
En el caso del procedimiento de intervención gerencial y suspensión parcial de operaciones de Ficrea, éste se sobreseyó por cesación material y jurídica de esos actos, al haberse emitido los oficios que revocaron las autorización para operar como sociedad financiera.
También determinó que al llevar a cabo la revocación de la sociedad crediticia no se vulneraron los derechos de debido proceso y audiencia de los defraudados.
Además, resolvió que el juicio no constituye el medio legal eficaz a través del cual se pueda determinar la responsabilidad patrimonial de las autoridades derivada de omisiones que entrañen el incumplimiento de sus obligaciones.
Es por ello que el pago de una posible indemnización deberá hacerse en términos de las reglas previstas a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial de Estado, esto es, solicitarla directamente a la dependencia o entidad presuntamente responsable.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430614/juez-federal-niega-amparo-a-defraudada-por-ficrea
CIUDAD DE MÉXICO: Trece años después de que se revelara un desvío de recursos públicos por 30 millones de pesos (mdp) de parte de la organización antiabortista Provida, su dirigente, Jorge Serrano Limón, se encuentra en prisión, acusado del presunto delito de peculado por más de 25 millones detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Trece años en los que el líder ultraconservador –financiado desde la Cámara de Diputados con recursos de la Secretaría de Salud (Ss)– siguió haciendo mal uso de los fondos públicos en total impunidad, a través de sus Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), clínicas en las que se disuade a las mexicanas de ejercer su derecho al aborto legal.
En 2004, Cimac difundió los resultados de una auditoría ciudadana elaborada por seis grupos civiles al ejercicio de 30 mdp que Provida recibió de manera irregular de parte de la Ss en 2003.
En la revisión realizada por Equidad de Género, Salud Integral para la Mujer (Sipam), Fundar, Letra S, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) se documentaron –a partir de información de la propia Ss– los malos manejos que Provida hizo de los 30 mdp que recibió para la construcción de 10 CAM.
Entre las irregularidades descubiertas, las organizaciones civiles destacaron que 81.53% de los 30 mdp se destinó a “publicidad”, “mobiliario y equipo médico”, y sólo 3.53% de lo previsto (37 mil 825 mil pesos) fueron para “ayudar” a las mujeres.
En ese gasto se documentó la compra de plumas de lujo, ropa para caballero y dama en tiendas de prestigio (las polémicas tangas que captaron en su momento la atención de los medios de comunicación).
Pero ya desde 2003 se sospechaba del mal uso del presupuesto público por parte de la organización ultraconservadora.
Los mismos grupos civiles que realizaron la auditoría denunciaron ese año el contubernio de la Ss con la organización antiabortista, al considerar que desde el gobierno del entonces presidente panista Vicente Fox se evitaba que las mujeres ejercieran su derecho al aborto legal por violación.
También acusaron que Provida, además de atentar contra el derecho de las mexicanas a elegir libremente sobre su maternidad, lucraba desde entonces con recursos del erario que fueron aprobados por la Cámara de Diputados para atender el VIH/Sida.
Las organizaciones ciudadanas pusieron en la mira por su presunta complicidad al panista Luis Pazos, quien como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja habría sido el artífice de un desvío de recursos públicos con fines privados, en clara violación a las disposiciones legales.
Hasta el entonces secretario de Salud federal, Julio Frenk, fue severamente cuestionado por el respaldo presupuestal a una organización contraria a las políticas públicas a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas.
Incluso otras investigaciones periodísticas advirtieron la posibilidad de que Provida estuviera involucrada en tráfico de niñas y niños producto de violencia sexual y abandonados por sus madres.
Y la mata dando
El escándalo desatado se quedó en denuncia mediática y ninguna instancia de gobierno se comprometió formalmente a esclarecer los hechos. Tanto Serrano Limón como Luis Pazos y la Ss se deslindaron de los señalamientos y desestimaron que se hubiera cometido algún desvío de recursos.
Por ello la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 15 años a Jorge Serrano Limón, tras encontrar suficientes elementos que comprobaron el manejo irregular de recursos del erario.
En 2005, la SFP también ordenó al líder de Provida pagar como sanción económica 13 millones 237 mil 377 pesos, como parte del desvío de recursos que debían ser destinados a los CAM y que fueron utilizados para adquirir otros insumos.
Además, la dependencia anunció que tres funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, organismo desconcentrado de la Ss, habían sido destituidos.
Serrano Limón se amparó y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que un año después ratificó lo ordenado por la SFP.
No obstante, tras esos fallos en su contra, Serrano Limón volvió a estar en la mira judicial por otros desfalcos al erario con el argumento de “ayudar” a las mujeres.
En 2012, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal condenó a cuatro años de prisión a Serrano Limón, al hallarlo culpable de desviar 2 millones 496 mil 157 pesos, entregados como donación federal para el equipamiento de una decena de CAM administrados por Provida.
De acuerdo con la sentencia del proceso 156/2010, en lugar de adquirir aparatos de ultrasonido y ecosonido, Serrano usó el dinero para pagar una impresora térmica, un modular portátil, cables, galones de gel, rollos de papel, transporte, viáticos, teléfonos, luz, componentes, “cintas y confirmaciones”.
Se le impuso una multa por 14 mil 535 pesos y la reparación del daño, pero no fue encarcelado.
¿Justicia?
Se llegó así a la detención la víspera del dirigente de Provida, luego de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), ejecutó una orden de aprehensión en contra de Serrano Limón por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 25 millones 764 mil 539.71 pesos.
Al revisar la ASF las cuentas de esa organización, detectó diversas irregularidades y faltas graves en el ejercicio de recursos que el gobierno federal le asignó para el equipamiento de los CAM.
Ante el presunto desvío de recursos públicos se inició la averiguación previa correspondiente por el delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal.
Derivado de las indagatorias de la PGR, el 21 de octubre pasado se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente que fue cumplimentada ayer en esta ciudad por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal. El inculpado quedó a disposición del juez de la causa, y ya fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en esta capital.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL MAYA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430612/trece-anos-de-impunidad-de-jorge-serrano-limon
OAXACA, Oax: La “unidad” del Partido de la Revolución Democrática y por consiguiente de la Coalición “Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca” integrada por el PRD, PAN y PT está a punto de irse al despeñadero.
Y es que la “guerra” de encuestas, “manos negras en el proceso de selección”, descalificaciones y la compra de publicidad en radio y televisión en horarios estelares entre precandidatos, los expriistas Benjamín Robles Montoya y José Antonio Estefan Garfias, vaticinan una ruptura irreconciliable.
Sin embargo, será el próximo 24 febrero cuando el Consejo Político defina a quién de los precandidatos -Robles Montoya y Estefan Garfias- elegirá como abanderado, mientras que los grupos políticos, consejeros y dirigentes “venden caro su amor” para inclinar la balanza a cambio de candidaturas a diputados y presidencias municipales.
En los últimos días, exautoridades municipales perredistas, organizaciones de izquierda y legisladores federales del sol azteca advirtieron de un “atraco” en el Consejo Político para imponer al José Antonio Estefan Garfias, quien es apoyado desde las estructuras del gobierno de Gabino Cué Monteagudo; de su operador político, Jorge Castillo; del grupo de ulisistas enquistado en el PRD; y del exgobernador Diódoro Carrasco Altamirano.
Estos señalamientos obligaron al gobernador Cué a salir al paso y aclarar que el “gobierno de Oaxaca no interviene en la selección de candidatos ni apoya a partidos políticos (y que) se limitará a generar las condiciones de seguridad que permitan una elección democrática y pacífica”.
Asimismo, “el gobierno del estado no pacta ni establece acuerdos con ningún aspirante a la gubernatura estatal, que se mantendrá al margen de campañas y procesos electorales; respetará a cabalidad las decisiones de los partidos y los resultados de la jornada electoral”.
En pleno proceso electoral para la renovación de la gubernatura, del congreso local y autoridades municipales, hizo hincapié que “no habrá elección de Estado, ni distribución de despensas, ni desvío de recursos a campañas”.
Y descalificó las versiones que circulan en los medios de comunicación sobre una presunta intervención de su administración en la autonomía de los partidos políticos, a través de supuestos acuerdos para imponer a algún candidato a la gubernatura.
Sin embargo, el senador Robles Montoya, exsecretario particular de Gabino Cué y exjefe de la Oficina de la Gubernatura, rompió en agosto pasado con el gobernador al enterarse que su “delfín” es Estefan Garfias.
El precandidato que ha sido acusado de no ser oaxaqueño sino de Michoacán y que lleva cinco años en campaña, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Jorge Enrique Castillo Díaz, operador político del gobernador Gabino Cué, por enriquecimiento ilícito al amasar una fortuna superior a los 2 mil millones de pesos y adquirir propiedades en Estados Unidos y la capital del país.
El senador del PRD manifestó que ante el silencio omiso o cómplice del gobernador Gabino Cué decidió “dar un salto a la PGR” para denunciar a quien dice ser el “mandamás” del gobierno aliancista.
La denuncia de hechos en contra del “intocable Jorge ‘Coco’ Castillo” la presentó el 25 de agosto de 2015 y fue recibida la procuradora Arely Gómez. Ahí lo acusa de enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y demás que se configuren en contra de la Hacienda federal y estatal.
Esta decisión de denunciar la red de corrupción que existe en la administración estatal significó la ruptura entre el gobernador y el senador, ambos emanados de la alianza PAN-PRD-PT-Convergencia, y se dio en víspera de la sucesión a la gubernatura que se realizará el 5 de junio de 2016.
Robles Montoya también denunció en septiembre pasado que en el gabinete del gobernador Gabino Cué hay colaboradores que actúan como “delincuencia organizada” y se han enriquecido ilícitamente mientras que la pobreza ha aumentado en Oaxaca en los últimos 4 años.
El aspirante a la gubernatura denunció que los que encabezan la “delincuencia organizada” son Jorge Castillo, operador político del gobernador Gabino Cué, y Alberto Vargas Varela, secretario de Administración, quienes además podrían, dijo, estar involucrados en la ejecución del subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, Rafael Pérez Gavilán Escalante, cometido el 5 de marzo.
Ante el temor de que le suceda lo que a Pérez Gavilán, el senador del PRD responsabilizó “desde ahorita, si algo le pasara a un servidor o algunos de mis seres queridos, pues yo denuncio al gobernador y a su camarilla que tiene a su alrededor porque yo voy a seguir denunciando la corrupción de este gobierno”, puntualizó.
Al secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, lo acusó de fraude, tráfico de influencias, conflicto de interés y enriquecimiento ilícito, ya que de tener percepciones de 9 mil 589 pesos en 2010 a través de su consultoría Corporativa Mavartu, ahora, con un salario de alrededor de 80 mil pesos mensuales, tiene propiedades en Málaga, España, en Bahías de Huatulco y en las Lomas de Chapultepec, casas que aparecen a nombre de su hija, quien no rebasa los 30 años de edad.
Mientras que en enero pasado subieron un video a YouTube donde se desprende una grabación y los presuntos vínculos políticos entre el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y Jesús Romero López, exdiputado local del PRD y principal operador político de Benjamín Robles Montoya, precandidato del PRD a la gubernatura del estado.
En la grabación que fue filtrada a las redes sociales exhiben que Romero López, conocido como Charvelín, mantiene una relación cercana con el exgobernador.
De hecho, Ruiz le recuerda al exdiputado local del PRD las fuertes cantidades de dinero que supuestamente le dio cuando fue gobernador de la entidad y queda de enviarle el avión para que lo visite en Quintana Roo y negocien lo referente a alguna alianza política.
No obstante, en la presentación del audio se destaca que “ante la desesperación y ambición desmedida del ‘michoacano’ Benjamín Robles Montoya por gobernar Oaxaca, ha buscado aliarse con el PRI”.
En entrevista, el coordinador de campaña de Benjamín Robles reconoció que efectivamente se dio esa conversación entre septiembre y octubre de 2015.
“No voy a negar que se dio ese diálogo desde el teléfono de Elías Cortés y se da un diálogo que empieza a trivializar con groserías. Dice que me dio dinero y yo lo niego, dice que me manda el avión y lo rechazo, en síntesis: no he visto a Ulises y lo meten por el contexto electoral”, agregó.
Añadió: “Desconozco de dónde venga (la filtración), pero hasta con los priistas de Gabino (Cué) dialogo. Lo cierto es que esta acción beneficia al PRI, por eso no descarto que venga de instituciones de seguridad federal o de Oaxaca, de personajes (Jorge Castillo) que no tengan cargo y que tengan poder. Tampoco descarto al propio Ulises Ruiz”.
La realidad es que el senador Eviel Pérez Magaña, candidato de Ulises Ruiz Ortiz, fue relegado en el PRI para imponer a Alejandro Murat hijo del ex gobernador José Murat. Debido a su abierta rivalidad, es posible que Ruiz Ortiz apoye a algún aspirante a la gubernatura aunque no sea de su partido.
La definición será el próximo 24 de febrero en el consejo político estatal del PRD donde participaran entre 260 y 270 consejeros, de los cuales, según fuentes internas, Estefan Garfias cuenta con el respaldo de unos 135 y Robles Montoya con 101, sin embargo, se necesitan las dos terceras partes de los integrantes del consejo para resultar el elegido.
Por lo pronto, los ulisistas vestidos de amarillo Amador Jara Cruz, Rey Morales Sánchez, Raymundo Carmona, Alejandro Jarquin y el propio dirigente estatal Carol Antonio Altamirano, operan con Jorge Castillo y Alma Bernal, brazo derecho del secretario de Administración del gobierno estatal, Alberto Vargas Varela, la compra de votos a cambio de diputaciones y presidencias municipales.
Y es que si ninguno de los precandidatos logra las dos terceras partes, una cláusula del convenio de coalición es que será el Comité Ejecutivo Nacional el que atraerá el proceso interno de selección y definirá el candidato.
Antonio Altamirano recalcó que la convocatoria es muy clara y establece que “la elección de candidato a gobernador que postulará este instituto político para el proceso electoral local ordinario 2015-2016, se elegirá mediante Consejo Estatal Electivo, de conformidad con el artículo 275 inciso c) del estatuto vigente al momento de la Emisión del presente”.
El dirigente estatal del sol azteca dijo que con ánimo unitario, el perredismo oaxaqueño, llegará al Consejo Estatal Electivo con los elementos necesarios para tomar la mejor decisión, pensando siempre en la unidad del partido y en el bien de Oaxaca.
“Vamos con unidad, no le vamos a apostar a la confrontación ni al conflicto. Lo que la militancia del PRD reclama es que salgamos fortalecidos y de esta manera evitar el regreso del viejo régimen autoritario priista a Oaxaca”, del que salió.
En caso de que prevalezca la imposición de Estefan Garfias, acusado de reprimir a los perredistas cuando fue secretario general de gobierno en la administración de Carrasco Altamirano, Robles Montoya podría registrarse con una candidatura común a través de los partidos pequeños o estatales que lo que buscan es mantener su registro.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430624/divide-al-prd-eleccion-de-su-candidato-al-gobierno-de-oaxaca
Se "termina un largo ciclo de la transformación de lo que era el Estado laico", sentenció.
Fernando González, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, consideró que en la visita del Papa Francisco a México se renunció al Estado laico.
“Me pareció una división de la laicidad, toda la clase política, no importa del partido que sea, renunció al Estado laico y eso me parece escandaloso”, sentenció en entrevista para Aristegui CNN.
Por ejemplo, mencionó la imagen del presidente Enrique Peña Nieto comulgando en la Basílica, como un “guadalupano” más.
“Me parece que este evento (la visita del Papa) termina un largo ciclo de la transformación de lo que era el Estado laico, la concepción de laicidad estatal en relación con las iglesias y sobre todo con la iglesia católica. Pasamos de una laicidad anticlerical hacia una laicidad aconfesional, que nos ha costado siglo y medio, sangres, dos guerras, etcétera”, recordó.
“Lo que pasó en este viaje es que se produjo un efecto de trastocamiento radical de lo privado, lo público y lo íntimo. Entonces, digamos, un gobierno priista que había sido de los que más cuestionó a la Iglesia católica en su momento, de pronto le cedió toda una concepción de laicidad, que se convirtió en una laicidad procatólica… un contra sentido”, señaló.
Uno de los elementos de la laicidad, apuntó, es que no se privilegia ninguna religión.
Además, recordó los temas que el Sumo Pontífice “no tocó”, al señalar que en sus discursos no se refirió a “nada de pederastia, homosexualidad, aborto” ni el caso Ayotzinapa, que “condensa una cadena larga de desapariciones, el caso emblemático”.
Sobre este último, opinó que hablar de los 43 desaparecidos era “tocar demasiadas cosas”, “concretar demasiado”, por lo que “él se pone en un discurso genérico, que apunta para muchos lados”.
Respecto a la pederastia, indicó que todo está articulado a Marcial Maciel y es un tema tabú, pues ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI hablaron de ello “ni una palabra”.
En el momento en que el Papa Francisco otorga la indulgencia plenaria a los Legionarios de Cristo, consideró, termina de sellar lo que Ratzinger le encargó: están en las vías de la renovación y purificación, usted la tiene que aceptar, y además tiene que aceptar al cómplice de Maciel y va a canonizar a Juan Pablo II.
No obstante, celebró ”la trascendencia de fronteras” en Ciudad Juárez, “en un país donde la frontera ha sido tan sangrienta, tan brutal, un acto mínimo de pacificación por un rato y servirá de consolación a mucha gente, fue lo que más me gustó”.
Lamentó que durante la visita del Papa, “buena parte de periodistas se convirtieron en catequistas”, además de la especie de “Teletón papal”.
Expuso que el evento totalizó y cubrió el país, haciendo creer que todos son católicos, todos existen para una iglesia, casi “dejando de existir” por 5 días cualquier dirigente de otra congregación religiosa, ateos, agnósticos.
Dijo que el Papa ocupa en el mundo cuatro posiciones: jefe de su Iglesia, jefe del Estado del Vaticano, mediador geopolítico y al mismo tiempo es líder moral que considera tiene un mensaje universal.
En cuanto a la imagen del Papa enojado, mencionó que eso “lo humaniza”.
Entrevista:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1802/mexico/en-visita-del-papa-se-renuncio-al-estado-laico-fernando-gonzalez-en-cnn/
La recomendación incluye 17 casos de tortura cometidos en contra de 27 personas, entre ellas dos menores de edad. La CDHDF documentó que los golpes son el método de tortura más recurrente en 23 de las víctimas.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió su primera recomendación de este año y va dirigida a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Consejería Jurídica capitalinas por casos de tortura.
La recomendación emitida este jueves 18 de febrero incluye 17 casos de tortura cometidos en contra de 27 personas, entre ellas dos menores de edad, una mujer y una persona con discapacidad psicosocial.
En los casos investigados en la recomendación 1/2016, la Comisión documentó golpes, como el método de tortura más recurrente en 23 de las víctimas, seguido por violencia sicológica, contra 14 personas; asfixia, en 11 casos; posiciones forzadas, en dos personas, y descargas eléctricas a una persona.
La Comisión recomendó indemnizar a las víctimas y realizar un plan para implementar la Propuesta General para Erradicar la Tortura 01/2014, así como iniciar las investigaciones administrativas en contra de los servidores públicos que resulten responsables.
Al presentar la recomendación, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, señaló que a la fecha se han emitido 53 recomendaciones relacionadas con tortura, de las cuales las instituciones con más casos son la Procuraduría, con 36 casos, y la Policía, con 16.
Además, señaló que se tienen identificados patrones que producen la tortura, como detenciones arbitrarias, dilación en la puesta a disposición, defensa inadecuada, incomunicación y la negativa de investigación de las vulneraciones para la comisión de tortura.
“La tortura es una de las experiencias traumáticas más graves, que quebranta la dignidad personal de las víctimas y afecta al tejido social, generando un daño más severo a las personas en condiciones de vulnerabilidad”, expresó.
La CDHDF, enfatizó, no quiere seguir emitiendo recomendaciones al respecto, ya que desea que se erradique la práctica de la tortura.
La recomendación completa de la CDHDF.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/la-primera-recomendacion-de-la-cdhdf-de-2016-es-para-la-pgj-y-la-ssp-por-17-casos-de-tortura/
CIUDAD DE MÉXICO: Secreto a voces durante años, tratadas con sigilo ante el temor de represalias, las desapariciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no son un tema novedoso para organismos internacionales de derechos humanos.
Respaldadas por organizaciones sociales, familias de 46 víctimas de desaparición forzada se armaron de valor para exponer 20 casos durante la visita del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre del año pasado.
Por los testimonios recabados por organizaciones y familiares, dentro de los casos presentados están implicadas al menos otras 15 personas desaparecidas, cuyos parientes tienen miedo de denunciar.
En un informe presentado a los integrantes de la CIDH, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el colectivo El Solecito de Veracruz, madres en busca de sus hijos documentaron 20 hechos de desaparición forzada ocurridos entre 2010 y 2013.
Sólo en cinco de esos casos, con el mismo número de víctimas, se presume que los autores de las desapariciones fueron integrantes del crimen organizado. En el resto, tanto las organizaciones como los familiares tienen indicios de que se trató de desapariciones forzadas, es decir, cometidas por agentes del estado.
El grueso de estos crímenes se concentraron en seis casos, en los cuales participaron policías estatales y hay 26 víctimas. En cuatro hechos, en los que al menos desaparecieron nueve personas, participaron integrantes de las llamadas Fuerzas Tácticas, compuestas por policías estatales, de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano.
Denuncian otros cinco eventos, con cinco víctimas, en los que se identifica como responsables a agentes de la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán, de la Policía de Tránsito de Boca del Río, a marinos y en dos casos a integrantes de operativos conjuntos de policías estatales, uno con marinos y otro con militares.
Padres y madres de seis víctimas detenidas el 6 y el 11 de diciembre de 2013 en dos operativos de Fuerzas Tácticas solicitaron el pasado martes 2 la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), ante la persistencia generalizada de este delito y la violación de derechos humanos “de carácter sistemático” en Veracruz.
Acompañados por I(dh)eas , El Solecito de Veracruz, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), los familiares de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, Víctor Álvarez Damián, Marco Antonio Ramírez Hernández, Pablo Darío Miguel Hernández, José Armando Cortés Arrioja y Marisa Arrioja Reyes, advierten al CED que las desapariciones en Veracruz son planeadas o estimuladas “por las máximas autoridades civiles del estado y operadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. En estos ataques se emplean recursos públicos de los tres niveles de gobierno”.
Al señalar que este caso es sólo un ejemplo de muchos más que ocurren en el estado gobernado por Javier Duarte, detallan cómo desaparecieron los jóvenes después de haber sido detenidos durante dos incursiones de las Fuerzas Tácticas durante el Operativo Veracruz Seguro, de diciembre de 2013, aplicado en la colonia Formando Hogar, del puerto de Veracruz.
De acuerdo al escrito enviado al CED, todo indica que las detenciones pretendían contener denuncias de estudiantes de la Universidad Veracruzana sobre la existencia de una banda que solía cometer “robos de celulares y objetos de valor” en las inmediaciones de la casa de estudios.
“La desaparición de los jóvenes víctimas de los hechos antecedió de una detención colectiva y programada: de acuerdo a los testimonios de las familias, los policías llevaban fotos y descripciones de las víctimas”, señala el documento.
Al destacar que los familiares lograron documentar 10 detenciones arbitrarias, entre ellas las seis desapariciones, el documento entregado al CED explica que, en los operativos del 6 y el 11 de diciembre, los jóvenes arrestados fueron llevados al Centro de Sanciones Administrativas conocido como el Penalito de Playa Linda.
Información recabada de personas liberadas proporcionó indicios de que “aproximadamente 50 jóvenes” estaban en el Penalito en esos días.
Detallan que el 6 de diciembre Pablo Darío Miguel Hernández, José Ignacio Cruz González y José Armando Cortes Arrioja se encontraban en el bar El Partido alrededor de las 21:30 horas, cuando “se llevó a cabo un dispositivo en el que (…) participaron policías, marinos y elementos de la AVI, quienes traían fotos de los muchachos que buscaban”.
Cinco días después, el acceso principal de la colonia Formando Hogar fueron bloqueadas por vehículos oficiales para que se llevara el operativo policiaco y de la Marina sin contratiempos. El convoy estaba compuesto por “patrullas de la Policía Estatal con las placas cubiertas, dos camionetas tipo Suburban, una negra y una blanca, todas las anteriores con torretas, dos automóviles blancos y seis camionetas de la Marina”, según documentaron organizaciones y familiares.
Entre las 14:10 y 14:15 horas, el convoy se detuvo frente a un taller mecánico y ahí “tanto hombres vestidos de civiles como policías –algunos encapuchados– detuvieron ilegalmente a Víctor Álvarez, de 16 años”, empleado del local.
Aproximadamente a la misma hora, hombres vestidos de civil detuvieron a Marco Antonio Ramírez, quien se encontraba en el centro comercial Mega Las Palmas, a unas cuadras de la colonia Formando Hogar.
A las 14:20, agrega el informe, los integrantes del operativo allanaron la casa de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, de 17 años, a quien “golpearon frente a su familia, le esposaron las manos en la espalda y lo sacaron de la casa”.
Después de esta detención y hasta las 19:00 horas, los familiares y organizaciones documentaron otros cuatro arrestos de jóvenes, cuyas casas fueron allanadas, pero están localizables.
Investigaciones viciadas
De acuerdo con los familiares, cuando acudieron a las instalaciones policiacas a preguntar por ellos, autoridades estatales y federales negaron haber detenido a los jóvenes, además de que rehusaron integrar averiguaciones previas por desaparición en las primeras horas en que acudieron a denunciar.
“A la fecha, ninguna de las seis investigaciones ha mostrado algún avance significativo ni en determinar el paradero y mucho menos en el señalamiento de los responsables”, sostiene el escrito.
Al señalar que las familias se han enfrentado a la negativa de los testigos para rendir declaraciones ministeriales, el documento refiere que en una reunión sostenida entre los padres de Yonathan Mendoza y el fiscal Luis Ángel Bravo en Veracruz, le exigieron investigar a los hermanos Marvin y Mariano Castillo Sánchez, pues el primero golpeó al joven ocho días antes de su detención y el segundo era comandante de la AVI, a lo que el fiscal respondió en tono irónico: “¿Cómo voy a investigar a mi propia corporación?”.
En la comunicación al CED, familiares de desaparecidos y organizaciones civiles apuntan que, si bien la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR abrió un expediente por las seis desapariciones, “estas investigaciones tampoco han generado grandes avances”.
Peor aún, se añade, “ninguna de las averiguaciones se ha iniciado por el delito de desaparición forzada”, aunque hay elementos para ello y a pesar de que en Veracruz el delito está tipificado desde 2014.
En tanto, la fiscalía especializada de la PGR “no cuenta con personal suficiente para desahogar las diligencias necesarias y han mostrado una dilación excesiva en el desahogo de éstas. Incluso, se han omitido líneas de investigación de gran relevancia, como el hecho de que elementos del Ejército mexicano participaron en dichos operativos”.
Las organizaciones piden al CED solicite al Estado mexicano medidas urgentes para su localización, entre ellas una investigación imparcial “para indagar la posible participación de servidores públicos que actúen en complicidad, colusión, colaboración o aquiescencia con grupos de la delincuencia organizada o grupos de organizaciones criminales que actúen en la zona”.
Solicitan también emitir medidas cautelares para proteger a los familiares de los seis jóvenes desaparecidos y “garantizar la participación activa y protección física de aquellas personas que deseen realizar labores de búsqueda in situ de restos óseos y fosas clandestinas encontradas en el estado de Veracruz, así como visitas a diversos centros de reclusión”.
Las organizaciones piden al CED que “recomiende al Estado mexicano, en razón de las circunstancias del presente caso y el contexto generalizado y sistemático y desaparición forzada de personas en el país, pero en concreto en el estado de Veracruz, que conforme un equipo internacional de expertos independientes e imparciales”.
Por considerar que en Veracruz ocurren graves violaciones a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los peticionarios sugieren al comité realizar una visita a la entidad para confirmar esta situación, así como llevar el caso ante la Asamblea General de Naciones Unidas a través de su secretario general.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430532/informe-ante-la-onu-20-desapariciones-forzadas-en-veracruz
CIUDAD DE MÉXICO: Antes de que pudiera “extirpar la corrupción” y “retomar el control de las prisiones en Nuevo León”, como prometió en la campaña electoral, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, enfrenta el primer escándalo por una licitación cuestionada y la muerte de al menos 49 reos en una de las peores masacres en la historia de Nuevo León.
Muy rápidamente la realidad evidenció la gran diferencia entre criticar y prometer como candidato opositor a un puesto de elección popular, y gobernar una vez que se gana la elección. Rodríguez Calderón exclamó en su discurso de toma de posesión: “¡Se les acabó la fiesta a los bandidos!” Y anunció: “Desde ahora mismo instruyo a mi equipo a realizar una auditoría exhaustiva en todas las dependencias, que se revise cada papel y cada cajón. Vamos a investigar, sin afán de venganza, pero con sed de justicia. Si alguien cometió un crimen, que dé la cara al pueblo y le responda a la ley, sea quien sea”.
Ante las demandas de los medios de comunicación y diversas organizaciones sociales que le exigían presentar denuncias contra altos funcionarios de la administración anterior, el 3 de diciembre señaló en Toluca, Estado de México, en la reunión de la Conago, que el lunes 7 de diciembre daría a conocer 100 casos de corrupción. Ese día anunció la creación de la Subprocuraduría Anticorrupción y dio a conocer que abriría al menos 100 averiguaciones previas por supuestos daños al erario. Señaló que en diciembre se integrarían las averiguaciones y en enero se realizaría una proyección jurídica para agendar las denuncias, las cuales serían presentadas a finales de febrero.
Nada se sabe de la integración de los expedientes. Hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia contra ningún exfuncionario público de los primeros niveles del anterior gobierno. Pero el gobierno sí presumía que todas las licitaciones se podían presenciar a través de Periscope, lo que transparentaba su actuación y redundaría en importantes ahorros para el erario.
Sin embargo, el pasado lunes 8, antes de que se pudiera presentar la primera denuncia o se dieran a conocer cifras de los ahorros, el diario local El Norte denunció que el gobierno de Rodríguez Calderón compró 200 mil cobijas por un monto total de 28.9 millones de pesos con un sobreprecio de hasta 167% del disponible en el mercado.
Pero la licitación presenta, entre otras irregularidades, el hecho de que las cobijas se empezaron a repartir un día antes de que se adjudicara el contrato al único concursante y cinco días previos a la firma de éste; además, las cobijas que entregó el proveedor no cumplen con las especificaciones de pesar dos kilogramos y medir de 1.65 a 1.70 metros de ancho y de 2 a 2.10 metros de largo. Por si todo esto fuera poco, el único participante es una empresa que, de acuerdo con el padrón de proveedores del estado, lo mismo presta servicios de cómputo y capacitación que asesorías y construye, da mantenimiento a edificios e instalaciones, realiza labores de jardinería y vende carnes, tamales y artículos de limpieza.
Tampoco se ha podido localizar a los dueños anotados en el Registro Público de la Propiedad ni a la misma empresa, pues ésta no se encuentra ubicada en la dirección señalada como domicilio. El dueño de la vivienda que se localiza ahí declaró que la tiene desde hace 40 años.
Así que muy probablemente la primera denuncia que presente la Subprocuraduría Anticorrupción y la primera sanción administrativa que imponga la Contraloría del Estado serán contra funcionarios de este gobierno y no del anterior, como prometió El Bronco.
Pero los primeros meses de este gobierno también muestran malos resultados en materia de seguridad: recién nombrado director de la Agencia Estatal de Investigación, el contralmirante Augusto Cruz Morales tuvo que renunciar al cargo (aunque continúa operando) porque la ley señala que para ocuparlo debe ser licenciado en derecho. Los problemas no tienen que ver sólo con las formas, ya que a partir del cambio de gobierno se incrementaron los índices delictivos.
En enero del presente año las ejecuciones aumentaron en 74% en relación con enero de 2015, y en 154% contra diciembre del mismo año; los 33 asesinatos ligados al narco fueron la cifra más alta desde las 43 muertes de junio de 2015; pero también subieron los asaltos a camiones del transporte público, con 14, y a bancos, con cuatro. Si bien no todo es atribuible al actual gobierno, pues tomó posesión el 4 de octubre del 2015, las denuncias por extorsiones en el 2015 alcanzaron la cifra récord de 509, lo que implica una tasa de 9 por cada 100 mil habitantes, que sitúa a Nuevo León en el segundo lugar en este delito a nivel nacional.
Pero los peores augurios se centraban en los penales, asunto respecto del cual desde la primera reunión del equipo de transición los funcionarios del anterior gobierno advirtieron al entonces encargado del área de Procuración de Justicia, Roberto Flores Treviño, que había una sobrepoblación de 40% y carencia de custodios. Los precedentes no dejaban lugar a dudas: el 26 de septiembre de 2011 fueron asesinados dos reos en el Penal del Topo Chico; el 19 de febrero de 2012 un motín en el Cereso de Apodaca llevó al asesinato de 44 internos, todos ligados al crimen organizado, y a la fuga de otros 37, de los cuales 11 todavía están prófugos; el 27 de enero del 2013 los presos bloquearon las cámaras de vigilancia en el Penal del Topo Chico, y el 5 de junio de 2015 una riña dejó un saldo de dos heridos en el mismo centro penitenciario.
A esta secuencia de hechos violentos se suma el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que advertía sobre la ingobernabilidad y las precarias condiciones de las cárceles. El documento colocaba a Nuevo León entre los 10 estados con peores condiciones en la materia y otorgaba una calificación de 5.7 (en una escala de 0 a 10) al de Topo Chico; de 5.5 al de Apodaca y de 6.53 al de Cadereyta. No había duda: los penales eran una bomba de tiempo que el actual gobierno no desactivó.
La masacre del pasado miércoles 10 es la segunda peor de la historia de Nuevo León, únicamente superada por las 52 víctimas del incendio del Casino Royale, ocurrido el 25 de agosto de 2011.
Después de cuatro meses de gobierno los únicos resultados tangibles son malos y desalentadores, pero además desnudan las limitaciones del actual gobierno para operar una administración eficaz y eficiente. Como declaró Marco González, líder de la fracción parlamentaria del PRI (casualmente el partido del exgobernador Rodrigo Medina), “la gente no quiere gobiernos como los gobiernos salientes municipales o estatales; quiere algo diferente y estamos viendo que este gobierno no es diferente. Es más de lo mismo…”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430539/los-primeros-escandalos-de-el-bronco
En casi 700 de las 950 denuncias por desaparición de personas que dice tener la Fiscalía General de Veracruz, las víctimas tienen entre 15 y 29 años, y en muchos casos se ha comprobado que los responsables de los levantones, secuestros y asesinatos son policías de corporaciones estatales y municipales. Ante el grave problema, el gobernador Javier Duarte sigue reduciendo cifras para el discurso, tratando de convertir el enorme rezago de las investigaciones en un éxito. El resultado: la insultante impunidad.
XALAPA, VER: La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene registradas 950 denuncias por desaparición, entre ellas 699 correspondientes a jóvenes de entre 15 y 29 años cuyos casos no han sido resueltos en los cinco años que van del gobierno del priista Javier Duarte.
De hecho, la Procuraduría General de la República ubica a Veracruz como el primer lugar nacional en desapariciones forzadas, por encima de Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa.
El oficio FGE/UAI/074/2016 da cuenta de que han sido localizados los cadáveres de otros 119 jóvenes, sin contar los de Bernardo Benítez Arroniz y Alfredo González Díaz, dos de los cinco jóvenes levantados por policías estatales el 11 de enero en Tierra Blanca y entregados a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los restos óseos fueron hallados en el rancho El Limón, ubicado en Tlalixcoyan, por efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía Ministerial.
Escándalo nacional, el caso de esos jóvenes oriundos de Playa Vicente exhibió la forma en que policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sirven al narcotráfico y no a los ciudadanos, manifestó en un comunicado la organización civil Causa en Común, que acusó a los cuerpos policiacos de ser los “responsables morales” de las desapariciones de jóvenes.
Al cierre de esta edición, aún se ignora el paradero de José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27, y Susana Tapia, de 16, de quienes no se hallaron indicios en El Limón.
A 10 meses de concluir el mandato de Duarte –las precampañas electorales arrancaron hace una semana–, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales continúa buscando a los casi 700 jóvenes cuya denuncia de desaparición sigue vigente. Esa institución admite que en lo que va del sexenio (del 30 de noviembre de 2010 a la misma fecha de 2015) han tenido que abrir en total 2 mil 68 averiguaciones previas por igual número de jóvenes desaparecidos, de los cuales localizaron vivos a mil 250.
Datos obtenidos en la plataforma Infomex-Veracruz bajo el folio FGE/UAI/556 /2015 indican que la FGE mantiene abiertas averiguaciones sobre 950 personas desaparecidas, oriundas del estado.
El documento, del que este semanario tiene copia, detalla que en el periodo mencionado se han activado 53 alertas Amber, pero en de ellas los menores no fueron localizados.
Sin embargo, el gobernador insiste en minimizar el problema en sus ruedas de prensa de los lunes: admite sólo 500 casos y aclara que varios de ellos ya fueron resueltos.
Una gota como prueba
Los padres de los muchachos levantados por policías en Tierra Blanca y entregados al CJNG se atrincheraron más de un mes en la Fiscalía Regional del Estado con el fin de exigir justicia para Benítez Arroniz y González Díaz, además de que las autoridades agilicen la búsqueda de los tres jóvenes aún no localizados.
El martes 9 arribaron a Veracruz los restos que, según la PF y la FGE, pertenecen a dos de los jóvenes levantados el 11 de enero. Los enviaron a sus padres en cajas de cartón con etiquetas blancas y folios ininteligibles, que también contenían ropa de las víctimas.
Tras escuchar a los enviados de los gobiernos federal y estatal, Bernardo Benítez Herrera –padre de Benítez Arroniz y quien a su vez perdió a su progenitor en un secuestro nunca solucionado– decidió rechazar las actas de defunción y las cajas con los restos. Él y la familia de González Díaz decidieron pedir un segundo peritaje, de preferencia realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que colaboró en el caso de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
La razón: a su hijo sólo pudieron identificarlo por el ADN extraído de una tibia, mientras que a González Díaz sólo por una gota de sangre.
“En la reunión en la Ciudad de México nos dijeron que había muchísimos cuerpos más… todos calcinados. No supieron especificar cuántos”, narra por teléfono Benítez.
Al día siguiente se difundió que desde el 26 de enero las fuerzas estatales y federales detectaron que en el rancho El Limón había contenedores con “cientos de elementos humanos”, varios de ellos “diminutos” y pertenecientes a 14 personas distintas.
“Sólo quiero constatar que son los restos de mi hijo y así poder darle cristiana sepultura –expone Benítez Herrera–. Vamos a seguir luchando hasta llegar a las últimas consecuencias. Ayer nos dieron el resultado de la investigación. Nos dicen que se encontraron fosas con muchos cuerpos calcinados. No se pudo hacer (la prueba de) ADN con restos calcinados”, agrega.
A su vez, Gobernación informó el lunes 8 mediante un comunicado que perros de la Policía Federal encontraron en El Limón restos óseos y manchas de sangre, que fueron sometidos a un riguroso análisis genético.
“Al efectuar la confronta de las muestras tomadas en el rancho con los perfiles genéticos proporcionados por los familiares de las víctimas, se determinó la coincidencia con dos de los jóvenes desaparecidos”, se asienta en el documento oficial.
De acuerdo con el texto, en el rancho El Limón se levantaron indicios de que se manipulaban drogas y se manejaban equipos para alterar vehículos, además de entre otros ilícitos, como almacenamiento clandestino de hidrocarburos.
Empezar de cero
Aunque en Tierra Blanca han ocurrido decenas de desapariciones y hallazgos de narcofosas, tuvo que difundirse en los medios de comunicación nacionales el levantón videograbado de los cinco jóvenes de Playa Vicente para que personal de la Gendarmería Nacional viniera a “reabrir casos” de desapariciones forzadas.
Los federales empezaron de cero. Empezaron a recabar datos con familiares de desaparecidos en mesas de trabajo improvisadas en los pasillos de la Fiscalía Regional. Preguntaban por sus amigos, si llevaban celular u otros dispositivos electrónicos la última vez que los vieron; características como tatuajes, lunares, cicatrices, cicatrices quirúrgicas, problemas vecinales o laborales, antecedentes penales y hasta sospecha de que tuvieran amante.
Al final los analistas elaboraron unos cuadros sinópticos y pidieron números telefónicos de los familiares para consultas posteriores.
Desde el primer día concurrieron a esas mesas los allegados de Miguel Ángel Pulido (18 años), José Abraham Barrera (21) y Hugo Trujillo Hernández (36), desaparecidos en 2015.
El reportero Miguel León, del periódico digital Blog Expediente y quien lleva un mes acampando en la Fiscalía Regional junto con las familias afectadas de Playa Vicente, ha documentado 23 desapariciones forzadas únicamente en el municipio de Tierra Blanca.
Y la PGR reporta que en Veracruz se concentran 17% de las desapariciones forzadas atraídas por esa dependencia federal, con 183 casos, con lo que supera a otras entidades con altos índices de violencia, como Guerrero (92) y Tamaulipas (173). Entre Coahuila y Sinaloa concentran 12% de los casos atraídos, resume el oficio SJAI/DGAJ/01491/2016, obtenido mediante una solicitud a la plataforma Infomex.
En el mismo documento, la PGR informa que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ofrece recompensas de entre 500 mil y 1 millón 500 mil pesos por quien otorgue datos por el paradero de 28 personas desaparecidas en el país. De esos casos 10 corresponden a Veracruz (35.7%) y todos desaparecieron entre 2011 y 2013.
De acuerdo con el oficio FGE/UAI/08 8/2016, fechado el martes 2, con el cual la fiscalía del estado responde a la solicitud de información folio CI14/15 del reportero, durante ese periodo se han cometido 43.87 homicidios dolosos por mes.
Jóvenes, el objetivo
El oficio FGE/UAI/074/2016 da cuenta de la desaparición de 12 jovencitas y un adolescente en la capital del estado el 30 de noviembre de 2011. Algunos conocidos dijeron que iban a la discoteca Closet o a La Cantinita; otros, que a una fiesta en Actopan. Pese a que existen 12 denuncias, no se tiene mayor información sobre las víctimas.
En un vehículo Peugeot 2005, número de serie VF39DXFX35S501362, viajaban Karla Nallely Saldaña, Jesús Alberto Estrada y otra amiga. El vehículo fue localizado meses después. Lo tenía el expolicía intermunicipal Issac Moreno, quien dijo que el policía Filiberto Rojano se lo había dado a reparar. Ninguno pudo explicar a la entonces Procuraduría de Justicia del Estado qué pasó con los tres jóvenes, según consta en el expediente 2009/11/3ª/ Xal-12. Carlos Saldaña, padre de Karla Nayelly, y Jesús Estrada, padre de Jesús Alberto, continúan buscándolos. Aquel día desparecieron al menos otros 10 muchachos.
El expediente AP-045E-2014*13 contiene otro caso. Tres jóvenes fueron sacados por siete integrantes de la Policía Estatal Acreditable de un departamento en Xalapa, entre ellos el cantante del concurso La Voz México, Gibrán Martiz. Dos semanas después, Martiz y su amigo Sergio Hernández aparecieron muertos. Se desconoce el paradero del tercero, Connys Carlín. Por dicho caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación y el gobierno de Duarte tuvo que indemnizar a las víctimas.
La causa penal 27/2013, interpuesta en el municipio de Úrsulo Galván, se abrió por la denuncia del levantón a ocho policías intermunicipales a manos de la Policía Estatal en la comunidad El Arenal, el 11 de enero de 2013. Tres años después, se desconoce su paradero. Hace dos semanas, esposas y madres de los intermunicipales acudieron con otros familiares de desaparecidos a clausurar las instalaciones de la FGE para agilizar las investigaciones.
La causa penal 785/2012 y sus acumulados se refieren a otro levantón: el que sufrieron ocho jóvenes en Puente Nacional, en la comunidad de El Modelo, el 1 de diciembre de 2012. Sus familiares sospechan de una requisa de policías estatales.
Además, en la denuncia penal 234/2015 interpuesta en la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos se establece que cinco jóvenes desaparecieron el 2 de septiembre luego de pasar un retén policiaco entre Minatitlán y Cosoleacaque. Tres aparecieron sin vida y dos continúan desaparecidos. En el mismo municipio, elementos de la Fuerza Civil detuvieron a cinco muchachos el 11 de mayo de 2015 y hasta hoy se desconoce su paradero.
Gangrena policiaca
En la rueda de prensa del 25 de enero, cuando un periodista cuestionó a Javier Duarte sobre la actuación de los policías en el levantón de Tierra Blanca, el gobernador replicó que los “policías no se compran en la tienda”. Agregó que durante su sexenio se han forjado 12 generaciones de policías capacitados, honorables y dispuestos a brindar seguridad a los veracruzanos.
Sin embargo, en el registro periodístico que lleva este semanario destacan 13 detenciones masivas de policías estatales y municipales por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Por ejemplo, en Coatepec –municipio conurbado a Xalapa–, en abril de 2013 un grupo de 10 policías fue detenido en flagrancia por marinos: a bordo de dos camionetas oficiales vendían y compraban droga en horarios de trabajo. Ahí mismo, en octubre de 2014, la FGE consignó a tres policías por ser los presuntos asesinos del tesorero municipal, Guillermo Pozos.
El 22 de enero se dictó auto de formal prisión a siete agentes estatales, entre ellos el delegado de la SSP Marcos Conde, por la desaparición forzada de los cinco jóvenes en Tierra Blanca. Antes de ese caso, el 16 de marzo de 2012, cuatro elementos de la misma SSP fueron detenidos en ese municipio por efectivos de la Marina y llevados a la Ciudad de México.
Ahí mismo, el 16 de marzo de 2010, los militares detuvieron a 98 policías, 13 de los cuales quedaron arraigados por vínculos con la delincuencia organizada.
Cerca de Tierra Blanca, en Tres Valles, el 27 de abril de 2012 la Marina aprehendió a nueve policías municipales.
El entonces alcalde priista, Nelson Cano, se quejó de que a principios de 2014 la Secretaría de la Defensa Nacional envió un oficio para informarle que los 35 efectivos asignados al combate del narcotráfico y de la inseguridad en la región (Tres Valles, Tierra Blanca, Playa Vicente y Loma Bonita y Tuxtepec, los dos últimos pertenecientes a Oaxaca) serían enviados a Michoacán para “reforzar las acciones de combate allá” (Proceso 1964).
El alcalde advirtió que, con la salida de las fuerzas castrenses, la delincuencia organizada volvería a “hacer de las suyas” en la Cuenca del Papaloapan.
En Xalapa, el 22 de septiembre de 2012, fuerzas federales detuvieron a 35 policías estatales de la Conurbación Xalapa en el cuartel San José; la mitad del grupo fue llevada a instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO).
Posteriormente, el 21 de enero de 2014, la FGE consignó a siete policías por la desaparición forzada del cantante de La Voz México, Gibrán Martiz, asesinado días antes.
En el puerto de Veracruz, el 21 de diciembre del 2011, la Marina se hizo cargo de la seguridad y se declaró extinta la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río porque decenas de sus elementos estaban en la nómina de Los Zetas.
En Cosamaloapan, el 25 de septiembre de 2011, los federales aprehendieron a 17 policías del municipio. En Córdoba y Fortín de las Flores, el 12 de julio de 2012, la SIEDO se llevó en requisa a 35 elementos de ambas corporaciones.
En Orizaba, el 28 de diciembre de 2015, se cumplió la aprehensión del octavo policía municipal involucrado en el delito de entregar a sus detenidos a Los Zetas. Cerca de ahí, en Acultzingo, el 1 de septiembre de 2014 agentes municipales de Maltrata y Acultzingo fueron capturados por militares al desmantelar el rancho San Pedro, donde se adiestraban futuros “estacas” de Los Zetas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430531/las-impunes-desapariciones-de-javier-duarte
Monterrey, NL. Luego de más de 12 horas de revisión, la policía estatal Fuerza Civil encontró en el penal del municipio metropolitano de Apodaca celdas con lujos, droga y diversos objetos prohibidos, reveló el gobierno a través de un comunicado enviado la noche del miércoles.
Por ello, los coordinadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano demandaron el cese del director y los funcionarios responsables y que se les siga un procedimiento legal, como en el caso de los ex directivos del penal del Topo Chico, quienes fueron acusados de homicidio calificado de las 49 muertes registradas la semana pasada.
Durante el cateo realizado al centro penitenciario donde en 2012 murieron 44 internos ejecutados para ocultar una fuga, se encontraron "celdas acondicionadas con pisos cerámicos, aires acondicionados, pantallas de televisión, espejos panorámicos y cortinas", señala el comunicado.
Los 598 elementos de Fuerza Civil también hallaron cocaína y mariguana durante la revisión a las instalaciones y los chequeos físicos a cada uno de los mil 890 internos.
Arturo Salinas, del Partido Acción Nacional (PAN), demandó “tomar las mismas medidas que existen en el Topo Chico; cesar al director del penal e iniciar un procedimiento en contra de él y los demás celadores y administrativos que permitieron esto, porque esto es muy simple: había corrupción por omisión y por participación.
“Había privilegios, y lo que pedimos es que en este momento se cese al director del penal de Apodaca y se inicie el proceso de investigación y se llegue a las últimas consecuencias y en esta misma semana vayan a catear el penal de Cadereyta”, dijo Salinas.
Héctor García, del PRI, y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, coincidieron en señalar que los directivos deben ser separados de su cargo, porque es imposible que no conozcan en qué condiciones se encuentran las celdas.
“El cese del director debe ser inmediato y además debe procederse legalmente en su contra por no tomar las medidas necesarias”, dijo el representante de Movimiento Ciudadano.
Por su parte, el diputado del PRI señaló: “No es posible que no te des cuenta de lo que pasa si tú eres el director, es colaboración o es omisión, pero hay delito y el director del penal debe ser cesado, además de aplicarle las sanciones que dicte la ley".
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ERICK MUÑIZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/18/hallan-celdas-de-lujo-y-droga-en-penal-de-apodaca-1749.html
Morena presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma política de la Ciudad de México, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Horacio Duarte, representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que estos cambios constitucionales le dan a la Ciudad de México una situación de excepción al convertirse en “entidad federativa” y no en Estado de la República, limitando los derechos de autodeterminación de sus ciudadanos.
“Nos parece un contrasentido que diputados y senadores se puedan autodesignar como diputados de la Asamblea Constituyente, con lo que a su vez ejercerían doble cargo público”.
También consideró que los legisladores de ambas Cámaras y de los Ejecutivos federal y local de la Ciudad de México no tienen competencia para designar a 40 de los 100 diputados de la Asamblea constituyente.
“Quienes sean designados como diputados constituyentes, evidentemente no serán electos por el pueblo. Por lo que dicha asamblea tendrá un contenido en parte legítimo y en parte ilegítimo al no electo democráticamente”, explicó.
Desde la perspectiva de Morena, el decreto tiene un vicio en el proceso legislativo, ya que por acuerdo de la mayoría de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, se aprobó que la Asamblea Constituyente debía tener paridad de género, sin embargo, en el decreto final se omitió ese tema.
También evalúa como excluyente la atribución exclusiva del Jefe de Gobierno, para elaborar y remitir a la Asamblea Constituyente el proyecto de la primera Constitución de la Ciudad de México.
Con ello, dijo que se relega la facultad de dicha Asamblea, y de sus diputados constituyentes, a solo recibir, discutir y aprobar, en su caso con modificaciones, el ordenamiento fundante de la nueva entidad federativa.
Declaró que están en contra del monopolio otorgado al Jefe de Gobierno para la presentación de un proyecto único de Constitución, ya que se excluye por completo a la actual Asamblea Legislativa.
El decreto tampoco previó normas o artículos transitorios, para que la Constitución de la Ciudad de México otorgue el derecho a los ciudadanos que la habitan de ratificarla o revocarla -vía consulta popular o referéndum-, explicó el también líder de Morena en el Estado de México.
La acción de inconstitucionalidad se presentó el miércoles por instrucciones del dirigente del partido, Andrés Manuel López Obrador, según un comunicado de prensa.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/18/accion-de-inconstitucionalidad-contra-reforma-de-la-ciudad-de-mexico-4392.html
CIUDAD DE MÉXICO: En el décimo aniversario de la muerte de 63 mineros en la Mina 8 de Pasta de Conchos, en Coahuila, la activista Cristina Auerbach Benavides denunció la falta de voluntad política de las autoridades para rescatar los cuerpos de los trabajadores del carbón que quedaron atrapados tras una explosión ocurrida el 19 de enero de 2006 en ese lugar.
“Es un décimo memorial muy lamentable porque se han extraído millones de toneladas de carbón en la región, se han rescatado a casi 100 mineros que han muerto después de Pasta de Conchos y entonces uno se pregunta: ¿Por qué a los demás sí y a los de Pasta de Conchos no? Y ¿por qué, si hay tecnología para hacer fracking o excavaciones para hacer el Metro en la Ciudad de México? Para todo hay tecnología, menos para rescatar a los mineros de Pasta de Conchos”, señaló la directora y representante legal de la organización Pasta de Conchos.
De acuerdo con información difundida por el diario ‘Vanguardia’, las familias de los 63 mineros atrapados en la Mina 8 buscaron reunirse con los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y con el actual mandatario Enrique Peña Nieto, pero ninguno tuvo la voluntad política para recibirlos.
Auerbach Benavides recordó que tras la toma de protesta de Peña, las familias se reunieron con el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a quien le exigieron cuentas sobre el rescate.
En esa ocasión le dijeron al exprocurador: “Si ustedes no entregan los restos de los mineros que saben dónde están y cómo sacarlos y no quieren entregarlos, no les vamos a creer”.
La activista considera que falta voluntad política, porque “en este país se arreglan las cosas con voluntad política y (ellos) no la tienen. A mí lo que me queda claro es que los gobiernos, tanto del PAN como del PRI, le tienen pavor a Grupo México”.
Ayer, ‘Vanguardia’ publicó que de acuerdo con dos peritajes de expertos estadunidenses, la Mina 8 de Pasta de Conchos, donde hace 10 años murieron 65 trabajadores, contiene agua contaminada con enfermedades infecciosas como VIH, hepatitis, tuberculosis y patógenos entéricos, que podrían ser contagiosos para quienes entren.
Al respecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) expresó este jueves que los dos estudios ordenados por Grupo México no son oficiales.
Heriberto Fuentes, delegado en Coahuila de la STPS, dijo que “el estudio tiene las razones que da el perito que lo hizo (D.G. Wooton) pero, según como lo dice ahí, ese es un estudio que solicitó la Industrial Minera México (…) Oficialmente para nosotros los estudios que valen son los que se mandan o se ordenan oficialmente; éste lo manda a hacer la empresa y bueno, no se le niega ningún valor”.
Añadió: “El mismo estudio dice que puede hacerse una revaloración del mismo posteriormente, pero en la Secretaría del Trabajo la información que tengo es en el sentido de que se le solicitó a la Procuraduría General de la República que se viera la posibilidad de analizar la apertura de la mina para buscar o ver la forma de recuperar los cuerpos de los mineros”.
Para conmemorar el décimo aniversario de la muerte de los mineros, mañana se realizará una celebración ecuménica afuera del corporativo de Grupo México en esta capital a las 12:00, y en la mina Pasta de Conchos las familias de los 63 mineros participarán en un vía crucis a las 11 de la mañana y posteriormente en una eucaristía.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430595/a-10-anos-de-tragedia-de-pasta-de-conchos-63-cuerpos-sin-recuperar
