Joel Salas, afirmó también, ante el análisis de un recurso de reconsideración, que se advierte que Banobras emitió una garantía a favor de una inversión que se constituye en deuda pública.
El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) Joel Salas, afirmó que se advierte que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) omitió conductas ilícitas de la constructora OHL y Banobras emitió una garantía a favor de una inversión que se constituye en deuda pública. Durante su posicionamiento como ponente por un recurso de reconsideración de un ciudadano contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) relacionada con “auditorías a empresa constructora OHL, sospechosa de corrupción”, Salas afirmó que “en particular, el caso de OHL México ha generado suspicacia y curiosidad entre la población”. “Instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público omitieron conductas ilícitas y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, mejor conocido como BANOBRAS, emitió una garantía a favor de una inversión que se constituye en deuda pública y si las acusaciones son ciertas, no tiene fuente de reembolso”, dijo Salas. La propuesta, que fue aprobada, modificó la respuesta a la CNBV al ciudadano, y el INAI le instruye “elaborar una versión pública de los documentos requeridos por el particular”. “En la historia de nuestro país, en las obras de infraestructura pública han existido sobreprecios, sobornos, fraudes, enriquecimiento ilícito entre otros, cometidos tanto por funcionarios públicos, como por los agentes privados contratados. No es desconocido que en numerosas ocasiones quedan impunes“, dijo. Añadió que “el acceso a la información pública debe ayudad a atajar estos hechos” y “la información pública es necesaria para aclarar lo que ha sucedido con las concesiones autorizadas a OHL México…”, afirmó. Diversos medios en México revelaron en 2015, a través de filtraciones telefónicas, presuntos fraudes, manipulación de información contable e incumplimiento a obligaciones de transparencia, dijo el comisionado. El resto de los comisionados del INAI no comentaron al respecto. AUDIO:
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicó una sanción de 4.2 millones de pesos a la empresa auditora, por no aplicar las normas internacionales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a Deloitte con cuatro millones 213 mil 609 pesos, debido al incumplimiento de la Ley del Mercado de Valores en sus auditorías a los estados financieros 2012, 2013 y 2014 de la constructora OHL. La empresa Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza, S.C., la firma miembro de Deloitte en México, incumplió los artículos 87 de la Ley del Mercado de Valores, pues no se apegó a los principios de contabilidad aplicables, determinó la CNBV el 28 de enero pasado. La infracción fue considerada como “no grave” por la comisión, y la sanción ya fue pagada por Deloitte, de acuerdo con el sitio web del organismo financiero. Infraiber establece postura Infraiber, empresa que sostiene un litigio con OHL, consideró en un comunicado que el hecho de que la auditora pagara la multa quiere decir que “admite la ilegalidad de su conducta y con ello desmiente a OHLMEX y OHL en cuanto a su afirmación de que todo está bien con sus estados financieros”. La empresa reiteró que “mantenemos nuestra convicción de que el Circuito Exterior Mexiquense es uno de los casos de corrupción más graves de la historia reciente de nuestro país”.
CIUDAD DE MÉXICO: Una semana después de la masacre en el penal de Topo Chico localizado en Monterrey, Nuevo León, los familiares de los internos fallecidos advirtieron que exigirán al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, un millón de pesos por cada víctima, con lo que la cifra total ascendería a 49 millones de pesos.
La demanda irá directamente contra el gobierno estatal porque es el ente encargado de dar seguridad a los reos, informó el abogado Aurelio Galindo Briones, quien representa a tres familias. Señaló que las autoridades estatales sólo cubrieron los gastos funerarios de las 49 víctimas de la masacre en el penal de Topo Chico ocurrida el pasado jueves 11, pero deberán indemnizar a las familias con la reparación del daño, que equivale a aproximadamente 750 mil pesos.
A esa cifra, apuntó, habrá que agregarle la reparación del daño moral o psicológico, que daría un total aproximado de un millón de pesos. Según el abogado, esos recursos podrían salir del Fondo para la Atención, Auxilio y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito, que se creó como resultado de la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso local en octubre de 2013. Ayer, el procurador de Justicia de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, informó que por su participación en la masacre fue detenido el exsubdirector de seguridad del penal de Topo Chico, Arturo Bernal González, bajo los cargos de homicidio calificado y abuso de autoridad.
Antes fueron arrestados y procesados por los mismos delitos el subcomisario de penitenciarías, Fernando Domínguez Jaramillo, y la exdirectora del penal de Topo Chico, Gregoria Salazar Robles, así como el custodio José Reyes Hernández Aguilar, acusado de homicidio. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/430637/exigen-a-bronco-indemnizacion-millon-pesos-reo-muerto-en-topo-chico
CIUDAD DE MÉXICO: Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, acusó al gobierno federal de impedir que se llevará a cabo la reunión con el Papa Francisco durante su visita a México, y aseguró que no tienen conflicto con otras organizaciones de búsqueda de desaparecidos, como lo sugirió el líder católico. Al respecto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el Papa Francisco “estuvo donde quiso estar y dijo lo que quiso decir”. En el gobierno federal “nadie evitó ni su visita a ningún lugar, ni en el encuentro con nadie, ni que escuchara las voces de México”, subrayó.
De acuerdo con el funcionario federal, fue una gran visita en la que se logró absoluta libertad y respeto. Y “por supuesto (el Papa) actuó con absoluto respeto y recibimos su mensaje hacia las mujeres y hombres de México, hacia las libertades, el progreso y el desarrollo, y particularmente el tema de derechos humanos”. Luego de sostener una reunión con la procuradora General de la República, Arely Gómez; el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos, y el titular de la Oficina de Investigación de dicha Subprocuraduría, José Aarón Pérez Carro, Vidulfo Rosales señaló que hasta ahora no hay avances significativos de la Procuraduría General de la República (PGR) para la localización de los normalistas. Y no dejó de lado las palabras del Papa Francisco, quien durante el vuelo de regreso a Roma precisó que no se reunió con los familiares de los estudiantes porque era imposible recibir a todos esos grupos que luchan por sus desaparecidos y que incluso, apuntó, están enfrentados entre ellos. “Hubo algún intento de personas de recibir y había muchos grupos, incluso contrapuestos entre ellos, con luchas internas. Entonces yo preferí decir que en la misa los iba a ver todos, en la misa de Juárez, o si preferían en alguna otra, pero que habría esa disponibilidad”, apuntó Jorge Bergoglio. En respuesta, Rosales destacó que hay un sentimiento de desesperanza que los ha alejado de la Iglesia católica al no ser recibidos por el Papa Francisco en su visita apostólica a México. Señaló que se habían generado algunas expectativas para que el pontífice les diera palabras de aliento durante su estancia en el país, pero al no darse la visita, los padres de los jóvenes desaparecidos “quedaron muy desanimados”, aunque ya preveían un panorama un tanto difícil para que el encuentro se diera. “Ellos ya vislumbraban un panorama difícil, pero con los días que se acercaba la visita fueron creciendo las expectativas, sobre todo apelando un poco a la sensibilidad que caracteriza al Papa en estos temas”, declaró en entrevista con Radio Fórmula.
CIUDAD DE MÉXICO: Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, consideró que hubo “acuerdos” entre el Vaticano y el gobierno de Enrique Peña Nieto para ignorar las desapariciones en México y en particular la de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A unas horas de que el Papa Francisco dejara el país, Rosales Sierra transmitió la decepción de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, “por no haber recibido ningún tipo de respuesta, ni oficial ni extraoficial, explicando por qué no era posible llevar a cabo un encuentro”. Al recordar que en Roma, en noviembre del año pasado, Bergoglio se refirió al caso, el abogado consideró que la propuesta de reunión no era una solicitud descabellada, por lo que insistió en que el gobierno mexicano se empeñó en obstaculizar el encuentro.
“Debemos reconocer que como líder mundial el Papa tiene poder de incidir en algunos Estados, y suponemos que bloquearon el encuentro porque el caso de Ayotzinapa concita no sólo el tema de la desaparición forzada y las desapariciones en México, sino también las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la corrupción política y sobre todo el involucramiento de funcionarios con el crimen organizado”, acusó. Entrevistado al término de la reunión de evaluación del caso Ayotzinapa con la procuradora Arely Gómez, Rosales Sierra explicó que este jueves se estaría realizando una “búsqueda en estados aledaños a Guerrero, relacionada con el quinto autobús, diligencia en la que estarían presentes miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”. Entre las notificaciones que les dio la procuradora y su equipo, dijo, destacan “cuatro búsquedas realizadas de noviembre a enero en zonas que colindan con Cocula, sin que hasta el momento se haya tenido ningún resultado”. Vidulfo Rosales señaló que en la reunión de evaluación los padres insistieron a la titular de la PGR en no realizar un tercer peritaje en el basurero de Cocula y abordar otras líneas de investigación. Sin embargo, advirtió, “la procuradora dijo que legalmente procedía un tercer peritaje, y que ya había sido acordado con el GIEI desde Washington, y que se estaba tramitando junto con ellos el tercer peritaje”. Entre los pendientes, recordó, destacan la entrega de copias de los procesos judiciales de inculpados en juzgados de Matamoros, Tamaulipas, así como bajar de la página web de la PGR la conferencia de prensa del exprocurador Jesús Murillo Karam en la que da a conocer “la verdad histórica”. También sigue pendiente el interrogatorio propuesto por los integrantes del GIEI a los miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, así como el reconocimiento del trabajo del grupo de expertios ante la campaña de desprestigio desatada contra ellos. Sobre la insistencia del interrogatorio a militares, Rosales Sierra dijo que la procuradora se escudó en que “la encargada de dar respuesta es la Secretaría de Gobernación, pero le dijimos que deje de estar jugando, porque la Segob no ha dado respuesta, por lo que sólo se nos está dando vueltas con ese tema”. El abogado apuntó que una vez más Arely Gómez negó tener facultades para emitir a nombre del Estado mexicano su respaldo al GEI, aunque en las reuniones se ha mostrado complacida con el trabajo de los expertos. Acuerdan reunirse en marzo Más tarde, la PGR confirmó el encuentro de este día con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y anunció que la próxima reunión se llevará a cabo en un mes, el próximo 17 de marzo. En un comunicado, la dependencia sostuvo que la procuradora Arely Gómez expuso a los padres de los jóvenes desaparecidos el trabajo ministerial realizado por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la Oficina de Investigación encargada de la averiguación previa del caso. La titular de la PGR subrayó que la indagatoria sobre la desaparición de los estudiantes normalistas “está abierta y se desarrolla contando, de manera estrecha, con la coadyuvancia técnica del GIEI para el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables a través del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal”.
Durante la reunión, se resalta en el comunicado, se informó de “los trabajos concretos de búsqueda y localización en diversos puntos y con el uso de la tecnología más avanzada, adquirida exprofeso para este fin. Lo anterior con el propósito de atender todas las líneas de investigación del caso”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ. LINK: http://www.proceso.com.mx/430627/denuncian-pacto-vaticano-pena-para-ignorar-reclamos-por-ayotzinapa
La Secretaría de Hacienda anunció un recorte de 132.3 mil millones de pesos al gasto público para este 2016, de los cuales 100 mil corresponden a Pemex y dos mil 500 millones de pesos para la CFE.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, expresó su preocupación por el recorte que se anunció el miércoles al presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dijo que pareciera que quieren su quiebre financiero. “Esta decisión es preocupante, porque pareciera que hay la convicción neoliberal de llevar a que estas empresas productivas del Estado mexicano quiebren en poco tiempo”, indicó en declaraciones a la prensa. “Es preocupante que 100 mil (millones de pesos, de ese recorte) se estén endosando a Pemex que, además, ya tuvo una desinversión. Es decir, una falta de recursos similar a los 100 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este 2016”, agregó Zambrano Grijalva. Señaló que pareciera que las autoridades quieren hundir a Pemex. “Hay una decisión ya prácticamente de ponerla en el camino de su quiebra técnico-financiera y colocarla al borde del abismo”, apuntó y consideró “riesgosísima esta decisión que ha anunciado el gobierno de la República”. Aclaró que debe esperar a tener detalle completo de lo que la SHCP debe entregar a la Cámara de Diputados, porque “un recorte tan grande, tan significativo (al presupuesto de 2016) no puede solamente ser unilateral”. “Yo esperaría que entre nos llegue este detalle y que, en próximos días, podamos estarlo discutiendo con el propio secretario de Hacienda y a lo mejor con el director general de Pemex (José Antonio González Anaya), para ver en qué están pensando”, añadió. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN), consideró como insuficiente el anuncio de recortar el gasto público a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las dependencias del gobierno federal, para este 2016. “(Las autoridades federales) están tomando medidas de emergencia, sin embargo, creemos que no son suficientes para lo que necesita la economía en nuestro país”, expresó la legisladora en declaraciones a la prensa. La diputada panista dijo que esperará a que el Ejecutivo federal envíe a la Cámara de Diputados, a través de la SHCP, el informe sobre el recorte al gasto público, para analizar que el ajuste tenga beneficios. Consideró que es necesario que los funcionarios de la SHCP acudan a la Cámara baja a explicar de manera detallada el anuncio hecho por Videgaray Caso y por ello el PAN los estará invitando a tener un diálogo directo. A su vez, el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, consideró “prudente y útil” que el recorte al gasto público que anunció el gobierno federal se aplique en primera instancia a las empresas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), y no a gasto social.
Pedro de León es cuñado del gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes; dejó su militancia en el Partido Revolucionario Institucional con el fin de abanderar la alianza PRD-PAN.
Con 12 votos a favor y ocho en contra, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática aprobó que Pedro de León Mojarro -que en diciembre renunció al PRI- sea su candidato externo a gobernador de Zacatecas, donde ese partido va en alianza con el PAN. La designación del candidato en Zacatecas ocurrió luego de que la Comisión Nacional Jurisdiccional (CNJ) del PRD anuló el miércoles el proceso electoral efectuado el sábado pasado para elegir a su candidato a gobernador, en el cual se declaró vencedor el aspirante Rafael Flores Mendoza. En comunicado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dio a conocer la decisión de la CNJ, con la cual “se revoca cualquier acuerdo mediante el cual se haya elegido al supuesto candidato a Gobernador del Estado de Zacatecas”. La resolución se basa en la queja presentada por los también precandidatos Pedro de León y José Narro, quienes acusaron al diputado local con licencia Rafael Flores de iniquidad y rebase de tope de gastos de precampaña. Lo anterior debido a que en el proceso interno que el sábado pasado se efectuó en el PRD estatal se registraron irregularidades, como el inicio fuera del tiempo legal de la sesión plenaria, la presunta compra de votos y la supuesta toma de protesta como candidato a gobernador de Rafael Flores. Asimismo, la comisión ordenó al Comité Ejecutivo Nacional del PRD a que designe al candidato “sin dar valor a la precampaña realizada por Flores Mendoza, debido a la inequidad dada con los precandidatos Pedro de León Mojarro y José Narro Céspedes antes de que el último declinara a favor del primero”. En el documento se especifica que Flores Mendoza intentó sorprender a las y los zacatecanos en la elección para elegir al aspirante perredista a la gubernatura, que encabezará la coalición Unidos por Zacatecas, compuesta por el PRD y PAN. Acusan a Rafael Flores de cometer infracciones a disposiciones electorales, en perjuicio de los denunciantes y del principio de equidad de toda contienda electoral.
CIUDAD DE MÉXICO: Un juez federal negó la protección de la justicia a una quejosa afectada por Ficrea, quien previamente reclamó la omisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de verificación, inspección y certificación de sociedad financiera. El titular del Juzgado XVI de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó que la CNBV no incurrió en la supuesta omisión, ya que llevó a cabo actos que evidenciaron las operaciones irregulares realizadas por Ficrea que sirvieron de base para declarar la intervención para proteger los intereses de los ahorradores, de manera las que la autoridad bancaria sí atendió sus obligaciones. En el caso del procedimiento de intervención gerencial y suspensión parcial de operaciones de Ficrea, éste se sobreseyó por cesación material y jurídica de esos actos, al haberse emitido los oficios que revocaron las autorización para operar como sociedad financiera. También determinó que al llevar a cabo la revocación de la sociedad crediticia no se vulneraron los derechos de debido proceso y audiencia de los defraudados. Además, resolvió que el juicio no constituye el medio legal eficaz a través del cual se pueda determinar la responsabilidad patrimonial de las autoridades derivada de omisiones que entrañen el incumplimiento de sus obligaciones.
Es por ello que el pago de una posible indemnización deberá hacerse en términos de las reglas previstas a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial de Estado, esto es, solicitarla directamente a la dependencia o entidad presuntamente responsable. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/430614/juez-federal-niega-amparo-a-defraudada-por-ficrea
CIUDAD DE MÉXICO: Trece años después de que se revelara un desvío de recursos públicos por 30 millones de pesos (mdp) de parte de la organización antiabortista Provida, su dirigente, Jorge Serrano Limón, se encuentra en prisión, acusado del presunto delito de peculado por más de 25 millones detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Trece años en los que el líder ultraconservador –financiado desde la Cámara de Diputados con recursos de la Secretaría de Salud (Ss)– siguió haciendo mal uso de los fondos públicos en total impunidad, a través de sus Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), clínicas en las que se disuade a las mexicanas de ejercer su derecho al aborto legal. En 2004, Cimac difundió los resultados de una auditoría ciudadana elaborada por seis grupos civiles al ejercicio de 30 mdp que Provida recibió de manera irregular de parte de la Ss en 2003.
En la revisión realizada por Equidad de Género, Salud Integral para la Mujer (Sipam), Fundar, Letra S, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) se documentaron –a partir de información de la propia Ss– los malos manejos que Provida hizo de los 30 mdp que recibió para la construcción de 10 CAM. Entre las irregularidades descubiertas, las organizaciones civiles destacaron que 81.53% de los 30 mdp se destinó a “publicidad”, “mobiliario y equipo médico”, y sólo 3.53% de lo previsto (37 mil 825 mil pesos) fueron para “ayudar” a las mujeres. En ese gasto se documentó la compra de plumas de lujo, ropa para caballero y dama en tiendas de prestigio (las polémicas tangas que captaron en su momento la atención de los medios de comunicación). Pero ya desde 2003 se sospechaba del mal uso del presupuesto público por parte de la organización ultraconservadora. Los mismos grupos civiles que realizaron la auditoría denunciaron ese año el contubernio de la Ss con la organización antiabortista, al considerar que desde el gobierno del entonces presidente panista Vicente Fox se evitaba que las mujeres ejercieran su derecho al aborto legal por violación. También acusaron que Provida, además de atentar contra el derecho de las mexicanas a elegir libremente sobre su maternidad, lucraba desde entonces con recursos del erario que fueron aprobados por la Cámara de Diputados para atender el VIH/Sida. Las organizaciones ciudadanas pusieron en la mira por su presunta complicidad al panista Luis Pazos, quien como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja habría sido el artífice de un desvío de recursos públicos con fines privados, en clara violación a las disposiciones legales. Hasta el entonces secretario de Salud federal, Julio Frenk, fue severamente cuestionado por el respaldo presupuestal a una organización contraria a las políticas públicas a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas. Incluso otras investigaciones periodísticas advirtieron la posibilidad de que Provida estuviera involucrada en tráfico de niñas y niños producto de violencia sexual y abandonados por sus madres. Y la mata dando El escándalo desatado se quedó en denuncia mediática y ninguna instancia de gobierno se comprometió formalmente a esclarecer los hechos. Tanto Serrano Limón como Luis Pazos y la Ss se deslindaron de los señalamientos y desestimaron que se hubiera cometido algún desvío de recursos. Por ello la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 15 años a Jorge Serrano Limón, tras encontrar suficientes elementos que comprobaron el manejo irregular de recursos del erario. En 2005, la SFP también ordenó al líder de Provida pagar como sanción económica 13 millones 237 mil 377 pesos, como parte del desvío de recursos que debían ser destinados a los CAM y que fueron utilizados para adquirir otros insumos. Además, la dependencia anunció que tres funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, organismo desconcentrado de la Ss, habían sido destituidos. Serrano Limón se amparó y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que un año después ratificó lo ordenado por la SFP. No obstante, tras esos fallos en su contra, Serrano Limón volvió a estar en la mira judicial por otros desfalcos al erario con el argumento de “ayudar” a las mujeres. En 2012, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal condenó a cuatro años de prisión a Serrano Limón, al hallarlo culpable de desviar 2 millones 496 mil 157 pesos, entregados como donación federal para el equipamiento de una decena de CAM administrados por Provida. De acuerdo con la sentencia del proceso 156/2010, en lugar de adquirir aparatos de ultrasonido y ecosonido, Serrano usó el dinero para pagar una impresora térmica, un modular portátil, cables, galones de gel, rollos de papel, transporte, viáticos, teléfonos, luz, componentes, “cintas y confirmaciones”. Se le impuso una multa por 14 mil 535 pesos y la reparación del daño, pero no fue encarcelado. ¿Justicia? Se llegó así a la detención la víspera del dirigente de Provida, luego de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), ejecutó una orden de aprehensión en contra de Serrano Limón por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 25 millones 764 mil 539.71 pesos. Al revisar la ASF las cuentas de esa organización, detectó diversas irregularidades y faltas graves en el ejercicio de recursos que el gobierno federal le asignó para el equipamiento de los CAM. Ante el presunto desvío de recursos públicos se inició la averiguación previa correspondiente por el delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal.
Derivado de las indagatorias de la PGR, el 21 de octubre pasado se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente que fue cumplimentada ayer en esta ciudad por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal. El inculpado quedó a disposición del juez de la causa, y ya fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en esta capital. FUENTE: PROCESO. AUTOR: RAFAEL MAYA. LINK: http://www.proceso.com.mx/430612/trece-anos-de-impunidad-de-jorge-serrano-limon
OAXACA, Oax: La “unidad” del Partido de la Revolución Democrática y por consiguiente de la Coalición “Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca” integrada por el PRD, PAN y PT está a punto de irse al despeñadero. Y es que la “guerra” de encuestas, “manos negras en el proceso de selección”, descalificaciones y la compra de publicidad en radio y televisión en horarios estelares entre precandidatos, los expriistas Benjamín Robles Montoya y José Antonio Estefan Garfias, vaticinan una ruptura irreconciliable. Sin embargo, será el próximo 24 febrero cuando el Consejo Político defina a quién de los precandidatos -Robles Montoya y Estefan Garfias- elegirá como abanderado, mientras que los grupos políticos, consejeros y dirigentes “venden caro su amor” para inclinar la balanza a cambio de candidaturas a diputados y presidencias municipales.
En los últimos días, exautoridades municipales perredistas, organizaciones de izquierda y legisladores federales del sol azteca advirtieron de un “atraco” en el Consejo Político para imponer al José Antonio Estefan Garfias, quien es apoyado desde las estructuras del gobierno de Gabino Cué Monteagudo; de su operador político, Jorge Castillo; del grupo de ulisistas enquistado en el PRD; y del exgobernador Diódoro Carrasco Altamirano. Estos señalamientos obligaron al gobernador Cué a salir al paso y aclarar que el “gobierno de Oaxaca no interviene en la selección de candidatos ni apoya a partidos políticos (y que) se limitará a generar las condiciones de seguridad que permitan una elección democrática y pacífica”. Asimismo, “el gobierno del estado no pacta ni establece acuerdos con ningún aspirante a la gubernatura estatal, que se mantendrá al margen de campañas y procesos electorales; respetará a cabalidad las decisiones de los partidos y los resultados de la jornada electoral”. En pleno proceso electoral para la renovación de la gubernatura, del congreso local y autoridades municipales, hizo hincapié que “no habrá elección de Estado, ni distribución de despensas, ni desvío de recursos a campañas”. Y descalificó las versiones que circulan en los medios de comunicación sobre una presunta intervención de su administración en la autonomía de los partidos políticos, a través de supuestos acuerdos para imponer a algún candidato a la gubernatura. Sin embargo, el senador Robles Montoya, exsecretario particular de Gabino Cué y exjefe de la Oficina de la Gubernatura, rompió en agosto pasado con el gobernador al enterarse que su “delfín” es Estefan Garfias. El precandidato que ha sido acusado de no ser oaxaqueño sino de Michoacán y que lleva cinco años en campaña, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Jorge Enrique Castillo Díaz, operador político del gobernador Gabino Cué, por enriquecimiento ilícito al amasar una fortuna superior a los 2 mil millones de pesos y adquirir propiedades en Estados Unidos y la capital del país. El senador del PRD manifestó que ante el silencio omiso o cómplice del gobernador Gabino Cué decidió “dar un salto a la PGR” para denunciar a quien dice ser el “mandamás” del gobierno aliancista. La denuncia de hechos en contra del “intocable Jorge ‘Coco’ Castillo” la presentó el 25 de agosto de 2015 y fue recibida la procuradora Arely Gómez. Ahí lo acusa de enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y demás que se configuren en contra de la Hacienda federal y estatal. Esta decisión de denunciar la red de corrupción que existe en la administración estatal significó la ruptura entre el gobernador y el senador, ambos emanados de la alianza PAN-PRD-PT-Convergencia, y se dio en víspera de la sucesión a la gubernatura que se realizará el 5 de junio de 2016. Robles Montoya también denunció en septiembre pasado que en el gabinete del gobernador Gabino Cué hay colaboradores que actúan como “delincuencia organizada” y se han enriquecido ilícitamente mientras que la pobreza ha aumentado en Oaxaca en los últimos 4 años. El aspirante a la gubernatura denunció que los que encabezan la “delincuencia organizada” son Jorge Castillo, operador político del gobernador Gabino Cué, y Alberto Vargas Varela, secretario de Administración, quienes además podrían, dijo, estar involucrados en la ejecución del subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, Rafael Pérez Gavilán Escalante, cometido el 5 de marzo. Ante el temor de que le suceda lo que a Pérez Gavilán, el senador del PRD responsabilizó “desde ahorita, si algo le pasara a un servidor o algunos de mis seres queridos, pues yo denuncio al gobernador y a su camarilla que tiene a su alrededor porque yo voy a seguir denunciando la corrupción de este gobierno”, puntualizó. Al secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, lo acusó de fraude, tráfico de influencias, conflicto de interés y enriquecimiento ilícito, ya que de tener percepciones de 9 mil 589 pesos en 2010 a través de su consultoría Corporativa Mavartu, ahora, con un salario de alrededor de 80 mil pesos mensuales, tiene propiedades en Málaga, España, en Bahías de Huatulco y en las Lomas de Chapultepec, casas que aparecen a nombre de su hija, quien no rebasa los 30 años de edad. Mientras que en enero pasado subieron un video a YouTube donde se desprende una grabación y los presuntos vínculos políticos entre el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y Jesús Romero López, exdiputado local del PRD y principal operador político de Benjamín Robles Montoya, precandidato del PRD a la gubernatura del estado. En la grabación que fue filtrada a las redes sociales exhiben que Romero López, conocido como Charvelín, mantiene una relación cercana con el exgobernador. De hecho, Ruiz le recuerda al exdiputado local del PRD las fuertes cantidades de dinero que supuestamente le dio cuando fue gobernador de la entidad y queda de enviarle el avión para que lo visite en Quintana Roo y negocien lo referente a alguna alianza política. No obstante, en la presentación del audio se destaca que “ante la desesperación y ambición desmedida del ‘michoacano’ Benjamín Robles Montoya por gobernar Oaxaca, ha buscado aliarse con el PRI”. En entrevista, el coordinador de campaña de Benjamín Robles reconoció que efectivamente se dio esa conversación entre septiembre y octubre de 2015. “No voy a negar que se dio ese diálogo desde el teléfono de Elías Cortés y se da un diálogo que empieza a trivializar con groserías. Dice que me dio dinero y yo lo niego, dice que me manda el avión y lo rechazo, en síntesis: no he visto a Ulises y lo meten por el contexto electoral”, agregó. Añadió: “Desconozco de dónde venga (la filtración), pero hasta con los priistas de Gabino (Cué) dialogo. Lo cierto es que esta acción beneficia al PRI, por eso no descarto que venga de instituciones de seguridad federal o de Oaxaca, de personajes (Jorge Castillo) que no tengan cargo y que tengan poder. Tampoco descarto al propio Ulises Ruiz”. La realidad es que el senador Eviel Pérez Magaña, candidato de Ulises Ruiz Ortiz, fue relegado en el PRI para imponer a Alejandro Murat hijo del ex gobernador José Murat. Debido a su abierta rivalidad, es posible que Ruiz Ortiz apoye a algún aspirante a la gubernatura aunque no sea de su partido. La definición será el próximo 24 de febrero en el consejo político estatal del PRD donde participaran entre 260 y 270 consejeros, de los cuales, según fuentes internas, Estefan Garfias cuenta con el respaldo de unos 135 y Robles Montoya con 101, sin embargo, se necesitan las dos terceras partes de los integrantes del consejo para resultar el elegido. Por lo pronto, los ulisistas vestidos de amarillo Amador Jara Cruz, Rey Morales Sánchez, Raymundo Carmona, Alejandro Jarquin y el propio dirigente estatal Carol Antonio Altamirano, operan con Jorge Castillo y Alma Bernal, brazo derecho del secretario de Administración del gobierno estatal, Alberto Vargas Varela, la compra de votos a cambio de diputaciones y presidencias municipales. Y es que si ninguno de los precandidatos logra las dos terceras partes, una cláusula del convenio de coalición es que será el Comité Ejecutivo Nacional el que atraerá el proceso interno de selección y definirá el candidato. Antonio Altamirano recalcó que la convocatoria es muy clara y establece que “la elección de candidato a gobernador que postulará este instituto político para el proceso electoral local ordinario 2015-2016, se elegirá mediante Consejo Estatal Electivo, de conformidad con el artículo 275 inciso c) del estatuto vigente al momento de la Emisión del presente”. El dirigente estatal del sol azteca dijo que con ánimo unitario, el perredismo oaxaqueño, llegará al Consejo Estatal Electivo con los elementos necesarios para tomar la mejor decisión, pensando siempre en la unidad del partido y en el bien de Oaxaca. “Vamos con unidad, no le vamos a apostar a la confrontación ni al conflicto. Lo que la militancia del PRD reclama es que salgamos fortalecidos y de esta manera evitar el regreso del viejo régimen autoritario priista a Oaxaca”, del que salió.
En caso de que prevalezca la imposición de Estefan Garfias, acusado de reprimir a los perredistas cuando fue secretario general de gobierno en la administración de Carrasco Altamirano, Robles Montoya podría registrarse con una candidatura común a través de los partidos pequeños o estatales que lo que buscan es mantener su registro. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/430624/divide-al-prd-eleccion-de-su-candidato-al-gobierno-de-oaxaca
Se "termina un largo ciclo de la transformación de lo que era el Estado laico", sentenció.
Fernando González, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, consideró que en la visita del Papa Francisco a México se renunció al Estado laico. “Me pareció una división de la laicidad, toda la clase política, no importa del partido que sea, renunció al Estado laico y eso me parece escandaloso”, sentenció en entrevista para Aristegui CNN.
Por ejemplo, mencionó la imagen del presidente Enrique Peña Nieto comulgando en la Basílica, como un “guadalupano” más.
“Me parece que este evento (la visita del Papa) termina un largo ciclo de la transformación de lo que era el Estado laico, la concepción de laicidad estatal en relación con las iglesias y sobre todo con la iglesia católica. Pasamos de una laicidad anticlerical hacia una laicidad aconfesional, que nos ha costado siglo y medio, sangres, dos guerras, etcétera”, recordó. “Lo que pasó en este viaje es que se produjo un efecto de trastocamiento radical de lo privado, lo público y lo íntimo. Entonces, digamos, un gobierno priista que había sido de los que más cuestionó a la Iglesia católica en su momento, de pronto le cedió toda una concepción de laicidad, que se convirtió en una laicidad procatólica… un contra sentido”, señaló. Uno de los elementos de la laicidad, apuntó, es que no se privilegia ninguna religión. Además, recordó los temas que el Sumo Pontífice “no tocó”, al señalar que en sus discursos no se refirió a “nada de pederastia, homosexualidad, aborto” ni el caso Ayotzinapa, que “condensa una cadena larga de desapariciones, el caso emblemático”. Sobre este último, opinó que hablar de los 43 desaparecidos era “tocar demasiadas cosas”, “concretar demasiado”, por lo que “él se pone en un discurso genérico, que apunta para muchos lados”. Respecto a la pederastia, indicó que todo está articulado a Marcial Maciel y es un tema tabú, pues ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI hablaron de ello “ni una palabra”. En el momento en que el Papa Francisco otorga la indulgencia plenaria a los Legionarios de Cristo, consideró, termina de sellar lo que Ratzinger le encargó: están en las vías de la renovación y purificación, usted la tiene que aceptar, y además tiene que aceptar al cómplice de Maciel y va a canonizar a Juan Pablo II. No obstante, celebró ”la trascendencia de fronteras” en Ciudad Juárez, “en un país donde la frontera ha sido tan sangrienta, tan brutal, un acto mínimo de pacificación por un rato y servirá de consolación a mucha gente, fue lo que más me gustó”. Lamentó que durante la visita del Papa, “buena parte de periodistas se convirtieron en catequistas”, además de la especie de “Teletón papal”. Expuso que el evento totalizó y cubrió el país, haciendo creer que todos son católicos, todos existen para una iglesia, casi “dejando de existir” por 5 días cualquier dirigente de otra congregación religiosa, ateos, agnósticos. Dijo que el Papa ocupa en el mundo cuatro posiciones: jefe de su Iglesia, jefe del Estado del Vaticano, mediador geopolítico y al mismo tiempo es líder moral que considera tiene un mensaje universal. En cuanto a la imagen del Papa enojado, mencionó que eso “lo humaniza”. Entrevista:
La recomendación incluye 17 casos de tortura cometidos en contra de 27 personas, entre ellas dos menores de edad. La CDHDF documentó que los golpes son el método de tortura más recurrente en 23 de las víctimas.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió su primera recomendación de este año y va dirigida a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Consejería Jurídica capitalinas por casos de tortura. La recomendación emitida este jueves 18 de febrero incluye 17 casos de tortura cometidos en contra de 27 personas, entre ellas dos menores de edad, una mujer y una persona con discapacidad psicosocial. En los casos investigados en la recomendación 1/2016, la Comisión documentó golpes, como el método de tortura más recurrente en 23 de las víctimas, seguido por violencia sicológica, contra 14 personas; asfixia, en 11 casos; posiciones forzadas, en dos personas, y descargas eléctricas a una persona. La Comisión recomendó indemnizar a las víctimas y realizar un plan para implementar la Propuesta General para Erradicar la Tortura 01/2014, así como iniciar las investigaciones administrativas en contra de los servidores públicos que resulten responsables. Al presentar la recomendación, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, señaló que a la fecha se han emitido 53 recomendaciones relacionadas con tortura, de las cuales las instituciones con más casos son la Procuraduría, con 36 casos, y la Policía, con 16. Además, señaló que se tienen identificados patrones que producen la tortura, como detenciones arbitrarias, dilación en la puesta a disposición, defensa inadecuada, incomunicación y la negativa de investigación de las vulneraciones para la comisión de tortura. “La tortura es una de las experiencias traumáticas más graves, que quebranta la dignidad personal de las víctimas y afecta al tejido social, generando un daño más severo a las personas en condiciones de vulnerabilidad”, expresó. La CDHDF, enfatizó, no quiere seguir emitiendo recomendaciones al respecto, ya que desea que se erradique la práctica de la tortura.
CIUDAD DE MÉXICO: Secreto a voces durante años, tratadas con sigilo ante el temor de represalias, las desapariciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no son un tema novedoso para organismos internacionales de derechos humanos.
Respaldadas por organizaciones sociales, familias de 46 víctimas de desaparición forzada se armaron de valor para exponer 20 casos durante la visita del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre del año pasado. Por los testimonios recabados por organizaciones y familiares, dentro de los casos presentados están implicadas al menos otras 15 personas desaparecidas, cuyos parientes tienen miedo de denunciar. En un informe presentado a los integrantes de la CIDH, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el colectivo El Solecito de Veracruz, madres en busca de sus hijos documentaron 20 hechos de desaparición forzada ocurridos entre 2010 y 2013. Sólo en cinco de esos casos, con el mismo número de víctimas, se presume que los autores de las desapariciones fueron integrantes del crimen organizado. En el resto, tanto las organizaciones como los familiares tienen indicios de que se trató de desapariciones forzadas, es decir, cometidas por agentes del estado. El grueso de estos crímenes se concentraron en seis casos, en los cuales participaron policías estatales y hay 26 víctimas. En cuatro hechos, en los que al menos desaparecieron nueve personas, participaron integrantes de las llamadas Fuerzas Tácticas, compuestas por policías estatales, de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano. Denuncian otros cinco eventos, con cinco víctimas, en los que se identifica como responsables a agentes de la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán, de la Policía de Tránsito de Boca del Río, a marinos y en dos casos a integrantes de operativos conjuntos de policías estatales, uno con marinos y otro con militares. Padres y madres de seis víctimas detenidas el 6 y el 11 de diciembre de 2013 en dos operativos de Fuerzas Tácticas solicitaron el pasado martes 2 la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), ante la persistencia generalizada de este delito y la violación de derechos humanos “de carácter sistemático” en Veracruz. Acompañados por I(dh)eas , El Solecito de Veracruz, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), los familiares de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, Víctor Álvarez Damián, Marco Antonio Ramírez Hernández, Pablo Darío Miguel Hernández, José Armando Cortés Arrioja y Marisa Arrioja Reyes, advierten al CED que las desapariciones en Veracruz son planeadas o estimuladas “por las máximas autoridades civiles del estado y operadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. En estos ataques se emplean recursos públicos de los tres niveles de gobierno”. Al señalar que este caso es sólo un ejemplo de muchos más que ocurren en el estado gobernado por Javier Duarte, detallan cómo desaparecieron los jóvenes después de haber sido detenidos durante dos incursiones de las Fuerzas Tácticas durante el Operativo Veracruz Seguro, de diciembre de 2013, aplicado en la colonia Formando Hogar, del puerto de Veracruz. De acuerdo al escrito enviado al CED, todo indica que las detenciones pretendían contener denuncias de estudiantes de la Universidad Veracruzana sobre la existencia de una banda que solía cometer “robos de celulares y objetos de valor” en las inmediaciones de la casa de estudios. “La desaparición de los jóvenes víctimas de los hechos antecedió de una detención colectiva y programada: de acuerdo a los testimonios de las familias, los policías llevaban fotos y descripciones de las víctimas”, señala el documento. Al destacar que los familiares lograron documentar 10 detenciones arbitrarias, entre ellas las seis desapariciones, el documento entregado al CED explica que, en los operativos del 6 y el 11 de diciembre, los jóvenes arrestados fueron llevados al Centro de Sanciones Administrativas conocido como el Penalito de Playa Linda. Información recabada de personas liberadas proporcionó indicios de que “aproximadamente 50 jóvenes” estaban en el Penalito en esos días. Detallan que el 6 de diciembre Pablo Darío Miguel Hernández, José Ignacio Cruz González y José Armando Cortes Arrioja se encontraban en el bar El Partido alrededor de las 21:30 horas, cuando “se llevó a cabo un dispositivo en el que (…) participaron policías, marinos y elementos de la AVI, quienes traían fotos de los muchachos que buscaban”. Cinco días después, el acceso principal de la colonia Formando Hogar fueron bloqueadas por vehículos oficiales para que se llevara el operativo policiaco y de la Marina sin contratiempos. El convoy estaba compuesto por “patrullas de la Policía Estatal con las placas cubiertas, dos camionetas tipo Suburban, una negra y una blanca, todas las anteriores con torretas, dos automóviles blancos y seis camionetas de la Marina”, según documentaron organizaciones y familiares. Entre las 14:10 y 14:15 horas, el convoy se detuvo frente a un taller mecánico y ahí “tanto hombres vestidos de civiles como policías –algunos encapuchados– detuvieron ilegalmente a Víctor Álvarez, de 16 años”, empleado del local. Aproximadamente a la misma hora, hombres vestidos de civil detuvieron a Marco Antonio Ramírez, quien se encontraba en el centro comercial Mega Las Palmas, a unas cuadras de la colonia Formando Hogar. A las 14:20, agrega el informe, los integrantes del operativo allanaron la casa de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, de 17 años, a quien “golpearon frente a su familia, le esposaron las manos en la espalda y lo sacaron de la casa”. Después de esta detención y hasta las 19:00 horas, los familiares y organizaciones documentaron otros cuatro arrestos de jóvenes, cuyas casas fueron allanadas, pero están localizables. Investigaciones viciadas De acuerdo con los familiares, cuando acudieron a las instalaciones policiacas a preguntar por ellos, autoridades estatales y federales negaron haber detenido a los jóvenes, además de que rehusaron integrar averiguaciones previas por desaparición en las primeras horas en que acudieron a denunciar. “A la fecha, ninguna de las seis investigaciones ha mostrado algún avance significativo ni en determinar el paradero y mucho menos en el señalamiento de los responsables”, sostiene el escrito. Al señalar que las familias se han enfrentado a la negativa de los testigos para rendir declaraciones ministeriales, el documento refiere que en una reunión sostenida entre los padres de Yonathan Mendoza y el fiscal Luis Ángel Bravo en Veracruz, le exigieron investigar a los hermanos Marvin y Mariano Castillo Sánchez, pues el primero golpeó al joven ocho días antes de su detención y el segundo era comandante de la AVI, a lo que el fiscal respondió en tono irónico: “¿Cómo voy a investigar a mi propia corporación?”. En la comunicación al CED, familiares de desaparecidos y organizaciones civiles apuntan que, si bien la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR abrió un expediente por las seis desapariciones, “estas investigaciones tampoco han generado grandes avances”. Peor aún, se añade, “ninguna de las averiguaciones se ha iniciado por el delito de desaparición forzada”, aunque hay elementos para ello y a pesar de que en Veracruz el delito está tipificado desde 2014. En tanto, la fiscalía especializada de la PGR “no cuenta con personal suficiente para desahogar las diligencias necesarias y han mostrado una dilación excesiva en el desahogo de éstas. Incluso, se han omitido líneas de investigación de gran relevancia, como el hecho de que elementos del Ejército mexicano participaron en dichos operativos”. Las organizaciones piden al CED solicite al Estado mexicano medidas urgentes para su localización, entre ellas una investigación imparcial “para indagar la posible participación de servidores públicos que actúen en complicidad, colusión, colaboración o aquiescencia con grupos de la delincuencia organizada o grupos de organizaciones criminales que actúen en la zona”. Solicitan también emitir medidas cautelares para proteger a los familiares de los seis jóvenes desaparecidos y “garantizar la participación activa y protección física de aquellas personas que deseen realizar labores de búsqueda in situ de restos óseos y fosas clandestinas encontradas en el estado de Veracruz, así como visitas a diversos centros de reclusión”. Las organizaciones piden al CED que “recomiende al Estado mexicano, en razón de las circunstancias del presente caso y el contexto generalizado y sistemático y desaparición forzada de personas en el país, pero en concreto en el estado de Veracruz, que conforme un equipo internacional de expertos independientes e imparciales”.
Por considerar que en Veracruz ocurren graves violaciones a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los peticionarios sugieren al comité realizar una visita a la entidad para confirmar esta situación, así como llevar el caso ante la Asamblea General de Naciones Unidas a través de su secretario general. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ. LINK: http://www.proceso.com.mx/430532/informe-ante-la-onu-20-desapariciones-forzadas-en-veracruz
CIUDAD DE MÉXICO: Antes de que pudiera “extirpar la corrupción” y “retomar el control de las prisiones en Nuevo León”, como prometió en la campaña electoral, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, enfrenta el primer escándalo por una licitación cuestionada y la muerte de al menos 49 reos en una de las peores masacres en la historia de Nuevo León. Muy rápidamente la realidad evidenció la gran diferencia entre criticar y prometer como candidato opositor a un puesto de elección popular, y gobernar una vez que se gana la elección. Rodríguez Calderón exclamó en su discurso de toma de posesión: “¡Se les acabó la fiesta a los bandidos!” Y anunció: “Desde ahora mismo instruyo a mi equipo a realizar una auditoría exhaustiva en todas las dependencias, que se revise cada papel y cada cajón. Vamos a investigar, sin afán de venganza, pero con sed de justicia. Si alguien cometió un crimen, que dé la cara al pueblo y le responda a la ley, sea quien sea”. Ante las demandas de los medios de comunicación y diversas organizaciones sociales que le exigían presentar denuncias contra altos funcionarios de la administración anterior, el 3 de diciembre señaló en Toluca, Estado de México, en la reunión de la Conago, que el lunes 7 de diciembre daría a conocer 100 casos de corrupción. Ese día anunció la creación de la Subprocuraduría Anticorrupción y dio a conocer que abriría al menos 100 averiguaciones previas por supuestos daños al erario. Señaló que en diciembre se integrarían las averiguaciones y en enero se realizaría una proyección jurídica para agendar las denuncias, las cuales serían presentadas a finales de febrero. Nada se sabe de la integración de los expedientes. Hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia contra ningún exfuncionario público de los primeros niveles del anterior gobierno. Pero el gobierno sí presumía que todas las licitaciones se podían presenciar a través de Periscope, lo que transparentaba su actuación y redundaría en importantes ahorros para el erario. Sin embargo, el pasado lunes 8, antes de que se pudiera presentar la primera denuncia o se dieran a conocer cifras de los ahorros, el diario local El Norte denunció que el gobierno de Rodríguez Calderón compró 200 mil cobijas por un monto total de 28.9 millones de pesos con un sobreprecio de hasta 167% del disponible en el mercado. Pero la licitación presenta, entre otras irregularidades, el hecho de que las cobijas se empezaron a repartir un día antes de que se adjudicara el contrato al único concursante y cinco días previos a la firma de éste; además, las cobijas que entregó el proveedor no cumplen con las especificaciones de pesar dos kilogramos y medir de 1.65 a 1.70 metros de ancho y de 2 a 2.10 metros de largo. Por si todo esto fuera poco, el único participante es una empresa que, de acuerdo con el padrón de proveedores del estado, lo mismo presta servicios de cómputo y capacitación que asesorías y construye, da mantenimiento a edificios e instalaciones, realiza labores de jardinería y vende carnes, tamales y artículos de limpieza. Tampoco se ha podido localizar a los dueños anotados en el Registro Público de la Propiedad ni a la misma empresa, pues ésta no se encuentra ubicada en la dirección señalada como domicilio. El dueño de la vivienda que se localiza ahí declaró que la tiene desde hace 40 años. Así que muy probablemente la primera denuncia que presente la Subprocuraduría Anticorrupción y la primera sanción administrativa que imponga la Contraloría del Estado serán contra funcionarios de este gobierno y no del anterior, como prometió El Bronco. Pero los primeros meses de este gobierno también muestran malos resultados en materia de seguridad: recién nombrado director de la Agencia Estatal de Investigación, el contralmirante Augusto Cruz Morales tuvo que renunciar al cargo (aunque continúa operando) porque la ley señala que para ocuparlo debe ser licenciado en derecho. Los problemas no tienen que ver sólo con las formas, ya que a partir del cambio de gobierno se incrementaron los índices delictivos. En enero del presente año las ejecuciones aumentaron en 74% en relación con enero de 2015, y en 154% contra diciembre del mismo año; los 33 asesinatos ligados al narco fueron la cifra más alta desde las 43 muertes de junio de 2015; pero también subieron los asaltos a camiones del transporte público, con 14, y a bancos, con cuatro. Si bien no todo es atribuible al actual gobierno, pues tomó posesión el 4 de octubre del 2015, las denuncias por extorsiones en el 2015 alcanzaron la cifra récord de 509, lo que implica una tasa de 9 por cada 100 mil habitantes, que sitúa a Nuevo León en el segundo lugar en este delito a nivel nacional. Pero los peores augurios se centraban en los penales, asunto respecto del cual desde la primera reunión del equipo de transición los funcionarios del anterior gobierno advirtieron al entonces encargado del área de Procuración de Justicia, Roberto Flores Treviño, que había una sobrepoblación de 40% y carencia de custodios. Los precedentes no dejaban lugar a dudas: el 26 de septiembre de 2011 fueron asesinados dos reos en el Penal del Topo Chico; el 19 de febrero de 2012 un motín en el Cereso de Apodaca llevó al asesinato de 44 internos, todos ligados al crimen organizado, y a la fuga de otros 37, de los cuales 11 todavía están prófugos; el 27 de enero del 2013 los presos bloquearon las cámaras de vigilancia en el Penal del Topo Chico, y el 5 de junio de 2015 una riña dejó un saldo de dos heridos en el mismo centro penitenciario. A esta secuencia de hechos violentos se suma el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que advertía sobre la ingobernabilidad y las precarias condiciones de las cárceles. El documento colocaba a Nuevo León entre los 10 estados con peores condiciones en la materia y otorgaba una calificación de 5.7 (en una escala de 0 a 10) al de Topo Chico; de 5.5 al de Apodaca y de 6.53 al de Cadereyta. No había duda: los penales eran una bomba de tiempo que el actual gobierno no desactivó. La masacre del pasado miércoles 10 es la segunda peor de la historia de Nuevo León, únicamente superada por las 52 víctimas del incendio del Casino Royale, ocurrido el 25 de agosto de 2011.
Después de cuatro meses de gobierno los únicos resultados tangibles son malos y desalentadores, pero además desnudan las limitaciones del actual gobierno para operar una administración eficaz y eficiente. Como declaró Marco González, líder de la fracción parlamentaria del PRI (casualmente el partido del exgobernador Rodrigo Medina), “la gente no quiere gobiernos como los gobiernos salientes municipales o estatales; quiere algo diferente y estamos viendo que este gobierno no es diferente. Es más de lo mismo…” FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESÚS CANTÚ. LINK: http://www.proceso.com.mx/430539/los-primeros-escandalos-de-el-bronco
