Liberan a abogado de opositores a presa en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chis. El abogado de los ejidatarios del municipio de Chicoasén que se oponen a la construcción de la presa Chicoasén II, Arturo Ortega Luna, fue liberado luego de permanecer preso desde el pasado 21 de octubre, acusado de motín.

Ejidatarios de Chicoasén, situado en el centro del estado dijeron que el litigante fue liberado el pasado 5 de este mes, aunque no dieron a conocer las condiciones en que fue excarcelado.

“Ortega Luna es uno de nuestros abogados que lleva la parte jurídica y que durante varios años ha estado con nosotros haciendo valer nuestros derechos sobre nuestras tierras ejidales, pero que el 21 de octubre fue víctima del gobierno estatal y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y fue encarcelado acusado de ser autor intelectual de motín”, dijeron en un comunicado.

“El abogado estuvo en la cárcel más de tres meses, sufriendo todo tipo de amenazas dentro del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados numero 14 El Amate”, situado en el municipio de Cintalapa, añadieron.

Recordaron que ocho ancianos realizaron una huelga de hambre a principios de noviembre pasado para exigir la liberación del litigante.

Manifestaron que la mayoría de los ejidatarios básicos “tenemos más de 70 años y nos han girado órdenes de aprehensión para encarcelarnos porque ganamos un amparo de suspensión provisional para que se detenga la construcción de la presa hidroeléctrica Chicoasén II, porque en ningún momento nos consultaron el destino de nuestras tierras ejidales, que serían expropiadas por ciento de hectáreas por segunda ocasión”.

Demandaron a las autoridades federales y estatales y a la CFE que fijen una fecha para inicie el diálogo; la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión en contra de los ejidatarios básicos, la mayoría están enfermos y tienen más de 70 años de edad y que ejecute la suspensión provisional del amparo interpuesto, mientras se define el destino de las tierras ejidales.

Por otra parte, unos 150 empleados que trabajan en la construcción de la presa hidroeléctrica Chioasén II en Chiapas marcharon en Tuxtla Gutiérrez y protestaron frente al Congreso local para protestar por descuentos salariales de manera injustificada, bajos sueldos, jornadas prolongadas, despidos y desplazamiento de la mano de obra local.

Aseguraron que la empresa responsable del proyecto, Omega Construcciones, realiza contrataciones temporales fuera de norma para evitar el pago de prestaciones y para evadir impuestos.

Fuente: La Jornada

Autor: Elio Henríquez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/19/liberan-a-abogado-de-opositores-a-presa-en-chiapas-9613.html

Recorte deja sin presupuesto la ampliación de la L12 a Chalco

Ciudad de México. El jefe de Gobierno de al ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, solicitó al gobierno federal una reunión para que se explique por qué en el recorte de recursos federales se considera a la ampliación de la Línea del Metro que va de la ciudad de México a Chalco, en el estado de México, y al sistema Cutzamala y Túnel Emisor Oriente, cuando se está hablando de tramos carreteros.

El mandatario capitalino pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclarar si la ampliación de esta línea queda cancelada ya, porque se maneja un recorte de dos mil 500 millones de pesos, lo que representa la totalidad del presupuesto que se le había asignado.

Amplió que además se considera un recorte de 200 millones de pesos para obras del Cutzamala, y de 500 millones al Túnel Emisor Oriente.

“El gobierno federal está hablando de carreteras, no veo por qué afectar al transporte público, al Sistema Cutzamala y al Túnel Emisor Oriente. Haría un llamado a reconsiderar estos puntos”, remarcó.

Mancera Espinosa señaló que espera que estos ajustes no tengan ninguna dedicatoria, o se trate de un asunto político.

Fuente: La Jornada

Autora: Gabriela Romero Sánchez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/19/recorte-elimina-presupuesto-total-de-linea-del-metro-a-chalco-7092.html

Liberan a ex alcalde acusado de peculado en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags. El ex alcalde panista de Calvillo, Jesús Soto López fue liberado el pasado miércoles tras ser acusado de peculado y uso indebido del ejercicio público, estaba preso en el Cereso para varones de ésta capital desde agosto del 2012.

Como La Jornada lo publicó en su momento al ex edil calvillense se le dictó auto de formal prisión por parte del juzgado mixto con sede en aquella localidad, y se le fijó una fianza de 12.5 millones de pesos para garantizar la posible reparación del daño causado al erario que fue del orden de los 8 millones de pesos.

El artículo 216 Código Penal estatal define el peculado como la distracción que haga el servidor público, para usos propios o ajenos, de dinero, valores, fincas o cualquier cosa perteneciente al estado o a un municipio, a un organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa, y lo sanciona con penas de uno a ocho años de prisión, multa de 25 a 300 días de salario mínimo y destitución e inhabilitación de uno a tres años para desempeñar otro cargo público.

Jesús Soto López fue presidente municipal de Calvillo de 2008 a 2010 salió libre el pasado miércoles por la tarde según informaron familiares del político a este diario.

El panista fue sentenciado a 6 años y 2 meses de cárcel, sin embargo en el interior del penal realizó trabajo lo que se considera como remisión de pena, por lo que se le redujo su condena en casi un 60 por ciento y se le autorizó la liberación al compurgar la sentencia de esa manera.

Fuente: La Jornada

Autor: Claudio Bañuelos

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/19/liberan-a-exalcalde-acusado-de-peculado-en-aguascalientes-1132.html

Concluyó etapa de búsqueda de los 43 en Morelos, Edomex y Guerrero

Chilpancingo, Gro. El abogado de los 43 padres de familia Vidulfo Rosales Sierra, confirmó que ayer concluyó una de las etapas de la nueva búsqueda de los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa que se llevó a cabo en Morelos, estado de México y Guerrero.

Al encabezar una marcha con los padres de familia en esta capital para buscar una entrevista con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, dijo que los que ya confirmaron fueron la unidad especializada de la Procuraduría General de la República (PGR) para esta investigación, con 543 miembros, así como el grupo de peritos que participará también en esta pesquisa.

Por su parte, Robles Hurtado reconoció que el gobierno federal ha solicitado que se dé la información necesaria que se encuentra en resguardo del Poder Judicial relativo a este caso.

Fuente: La Jornada

Autor: Sergio Ocampo

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/19/concluyo-etapa-de-busqueda-de-los-43-en-morelos-edomex-y-guerrero-6957.html

A diez años de Pasta de Conchos, Grupo México aún impide rescate de cuerpos: familias

PGR, gobierno de Peña y el poder judicial no han garantizado la reparación del daño que exigen, es decir, el rescate de sus difuntos, así como el esclarecimiento de lo ocurrido.

A 10 años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, familiares de las víctimas denunciaron que la empresa Grupo México aún impide el rescate de cuerpos.

En un comunicado, señalan que “en todas las tradiciones culturales y religiosas de la humanidad, la atención con los difuntos concierne a la dignidad de la persona humana. Sepultar a los muertos, por ende, es parte fundamental del derecho internacional humanitario”. 

“Ya en la vida cotidiana del pueblo de Dios en Israel, y como antecedente de la tradición cristiana, sepultar a los difuntos expresa la piedad hacia los propios parientes y aparece como una de las obras de amor y misericordia hacia los miembros de dicho pueblo, como en el libro de Tobías. La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe llevada a cabo en Aparecida, Brasil, pone una vez más de relieve que: El ser humano es siempre sagrado (…) hasta su muerte natural y después de la muerte”, exponen en principio.

Ante ello, indicaron que la minera “sigue impidiendo, en contubernio con los gobiernos federales, primero del PAN y ahora del PRI, el rescate de nuestros 63 seres queridos y el poder darles sepultura, conforme a estas tradiciones y el derecho internacional”.

“Hoy, como ayer, el rescate de estos mártires del trabajo, sigue siendo técnicamente viable y moralmente urgente (además de seguir siendo una violación a los derechos humanos continua). Nada, ni nadie, ni el tiempo que sea, podrá hacer que olvidemos y que dejemos de exigir y denunciar que Minera México de Grupo México –también responsable del mayor desastre ambiental del país al contaminar el río Sonora-, no garantizó la vida de nuestros familiares al hacerlos trabajar, ilegalmente bajo riesgo, con la complacencia omisa de los inspectores del trabajo de Vicente Fox y Felipe Calderón, como tampoco la Procuraduría General de la República del gobierno de Peña Nieto y el poder judicial nos han garantizado la reparación del daño sufrido: rescatar a nuestros difuntos, así como el esclarecimiento de lo ocurrido, ya que dejaron prescribir los delitos denunciados, y en el colmo de la injusticia, remite el expediente a las autoridades locales, a sabiendas de que no tienen viabilidad alguna”, acusan.

“Hoy, como ayer, seguiremos trabajando por dignificar nuestra región y por el rescate integral de nuestros pueblos, ya que la actividad minera ilegal se ha metido a nuestros pueblos y nos amenaza su contaminación ambiental. Hemos aprendido en diez años. Es así, que nuestra presión y la nueva presencia de nuestros seres queridos, ha hecho que, a través de diferentes acciones de distintos actores, llevemos 14 meses sin un solo muerto al interior de las minas de carbón, y que sigamos demandando la admisibilidad de nuestro caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por las nuevas violaciones, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, abundan.


“La herida abierta es la memoria punzante de que la vida humana es sagrada y debe ser tratada con respeto, al nacer, al trabajar y al morir. Rescatar a los vivos, honrará a los muertos, por lo que seguiremos construyendo una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias”, finalizan los familiares su comunicado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1902/mexico/a-diez-anos-de-pasta-de-conchos-grupo-mexico-aun-impide-rescate-de-cuerpos-familias/

Juez da prisión de hasta 9 años a menores que torturaron y mataron a niño en Chihuahua

El homicidio del pequeño Christopher, ocurrido en mayo de 2015, en el fraccionamiento Laderas de San Guillermo II etapa, municipio de Aquiles Serdán, en Chihuahua, causó conmoción a nivel nacional e internacional por el alto grado de violencia que le impusieron los agresores a la víctima.

A tres meses de que se cumpla un año del asesinato del niño Christopher Raymundo Márquez Mora, de seis años, a manos de cinco menores de edad, el juez Francisco de León Merino sentenció ayer por la madrugada a cuatro de ellos a una pena que va desde 9 años y seis meses de reclusión en el Centro Especializado de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai) hasta la privación de la libertad en lugares alternos.

El homicidio del pequeño Christopher, ocurrido en mayo de 2015, en el fraccionamiento Laderas de San Guillermo II etapa, municipio de Aquiles Serdán, en Chihuahua, causó conmoción a nivel nacional e internacional por el alto grado de violencia que le impusieron los agresores a la víctima.

De acuerdo con detalles dados por el Fiscal Sergio Almaraz, el asesinato fue cometido por cinco menores: dos mujeres de 13 años, dos varones de 15 y un menor de 11; quienes supuestamente invitaron al niño a jugar y juntar leña en la ladera del arroyo, lugar en el que le indicaron que simularían un secuestro.

Acto seguido, ataron a Christopher de pies y manos, comenzaron a golpearle con un palo espinoso y lanzarle piedras en el rostro. Después, colocándole un palo en el cuello, lo sofocarían.

Una vez que los adolescentes creyeron muerto al pequeño, cavaron un hoyo para enterrarlo boca abajo y posteriormente, una de las jóvenes le apuñaló por la espalda.

Para ocultarlo, sepultaron completamente el cuerpo, taparon el lugar con maleza y colocaron un animal muerto sobre la superficie para no llamar la atención.

El hallazgo del cuerpo fue posible gracias a que los investigadores de la Unidad de Personas Ausentes o Extraviadas dieron con los jóvenes que lo vieron por última vez, “mismos que cayeron en una serie de contradicciones y terminaron por decir que la forma en que le privaron de la vida y enterraron  en el cauce del sinuoso arroyo ubicado en la colonia Laderas de San Guillermo”.

Tres de los menores asesinos de Christopher eran sus primos.

La sentencia dentro de la causa penal 95/2015 se dio luego de una audiencia de juicio abreviado que se extendió por 17 horas, misma que fue celebrada a puerta cerrada en la sala número 17 de Juicios Orales, localizada dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) número 1 en Aquiles Serdán.

Las autoridades dictaron sentencia de 9 años y 6 meses en el Centro de Readaptación Social para Adolescentes Infractores para Jesús David, de 15 años.

Los otros menores, Irving de 12 años, Alma Leticia de 13 y Valeria Janeth de 12, se les dio sentencia de 3 años y 6 meses de libertad asistida. Los tres permanecerán a disposición del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Con respecto al quinto adolescente involucrado en los hechos, de nombre Jorge Eduardo, de 15 años, el 25 de noviembre de 2015 el mismo juez lo declaró ininmputable y ordenó su liberación debido a que presenta un retraso mental moderado y requería atención, ya que el menor expresaba un lenguaje de un niño de cinco años, así como un razonamiento mucho menor a su edad física.

Este viernes se realizará otra audiencia en la que el juez del Tribunal Especializado en Menores Infractores determinará otras medidas cautelares para cerrar finalmente el caso.

La penalidad máxima, de acuerdo con lo que establece el artículo 102 de la Ley de Justicia para Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua, dentro del capítulo “Medidas Sancionadoras Privativas de Libertad”, señala hasta 15 años de cárcel cuando tengan entre dieciséis años cumplidos y menos de dieciocho, los asesinos de Christopher eran menores de 15 años.

Apenas el miércoles en su visita por Ciudad Juarez, el Papa Francisco manifestó que el problema de la inseguridad no se resolvía encarcelando “sino que es un llamado a intervenir afrontando las causas estructurales y culturales que afectan a todo el entramado social”.


“A veces pareciera que las cárceles se proponen incapacitar a las personas a seguir cometiendo delitos más que promover los procesos de rehabilitación que permitan atender los problemas sociales, psicológicos y familiares que llevaron a una persona a determinada actitud. El problema de la seguridad no se agota solamente encarcelando, sino que es un llamado a intervenir afrontando las causas estructurales y culturales de la inseguridad, que afectan a todo el entramado social”, dijo el Obispo de Roma durante su reunión con internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez.

MENORES, VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

El caso de Christopher causó indignación social a nivel nacional e internacional y cuestionó la estrategia contra las drogas que el Gobierno de México viene realizando desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y que ha dejado cientos de muertos, heridos y como daños colaterales: menores que crecen en medio de la violencia.

En México, organizaciones civiles agrupadas en la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) exigieron al Estado mexicano reconocer que la muerte del menor es “una expresión de la normalización de la violencia y de la presencia del crimen organizado” que afecta a niñas, niños y adolescentes.

Es “la ausencia de políticas públicas de prevención de la violencia y nula promoción de la cultura de paz”, dijo.
Márquez Alvarado, de 6 años de edad, no fue víctima de un juego de secuestro, “le quitaron los ojos, le partieron el labio, le rebanaron el cachete y le dieron hasta 27 puñaladas en la espalda”, aseguró Rita Isela Alvarado, tía del menor, en entrevista con el diario Omnia.

“Era un niño que no podía hacer daño a nadie” , declaró Isela Alvarado

Tania Concepción Mora Alvarado, madre del niño Christopher, abandonó el estado de Chihuahua por amenazas que recibió y que ponían en peligro su integridad física y emocional, expuso ella misma en un documento que envió al Tribunal Especializado para Adolescentes Infractores, mismo que fue sellado de recibido el 25 de mayo.


Personas allegadas a la familia del pequeño, revelaron a diversos medios que ninguna autoridad había buscado a la madre para brindarle apoyo psicológico, emocional, y/o de salud, tanto a ella como a su otro hijo de tres años, hermano de Christopher, quien padece una discapacidad.

La reciente noticia de la tortura y asesinato de Christopher Márquez desató distintas versiones. La última es de la revista católica española Aleteia, que lo relaciona con el culto a la Santa Muerte. Cita a otros medios de comunicación locales.

“El tema requiere la atención de quienes no ven el peligro de ciertas creencias religiosas y particularmente del sectarismo, en relación al origen de horrendos crímenes, perpetrados por personas sumergidas en un complejo mundo de creencias que los habilitan a cometer atrocidades. El caso es más escandaloso porque los que secuestraron, torturaron y asesinaron a Christopher, son niños y preadolescentes”, dijo Aleteia en un artículo firmado por Miguel Pastorino.

“Si bien los niños involucrados pertenecen a un contexto de pobreza y violencia extrema, y declararon ‘jugar a los secuestradores’, las causas parecen ser más profundas que la falta de valores y la convivencia con el crimen organizado. Chihuahua es uno de los estados con mayor tasa de homicidios de niños en México: 38 menores por cada 100 mil habitantes. Del 2005 al 2015 han sido asesinados en México 10,876 menores”, agregó.

El Gobierno de México ha sido señalado por diversas organizaciones por no proteger a los menores. El pasado 29 de enero, en el municipio de Pinotepa Nacional, en la región de la Costa oaxaqueña, fueron asesinados un comerciante, de 24 años de edad, quien llevaba a su hijo de nueve meses e iba acompañado de su esposa.


La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI) condenaron el asesinato del bebé y sostuvieron que el homicidio era una “expresión de la normalización de la violencia armada resultado de la equivocada estrategia de seguridad del Estado mexicano frente al crimen organizado”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-02-2016/1626180

Tras balacera en comunidad en Guerrero, suspenden clases

Tras la balacera que aterrorizó a los habitantes de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, fueron suspendidas las clases en todas las escuelas de la comunidad, ya que no se presentó ningún tipo de autoridad a brindar ayuda o auxilio. 

Este viernes se encontraron tres viviendas quemadas, y según versiones de habitantes, de esas casas se llevaron a las tres familias completas que las habitaban. 

A las 19:50 horas de la noche de ayer jueves, iniciaron las detonaciones de arma de fuego, por lo que cerraron puertas y ventanas y se refugiaron para salvaguardar su integridad.
La balacera siguió por más de una hora y media, cuyos hombres armados se paseaban en las calles de la población de Xochipala como si buscaran a alguien.


Durante la mañana de hoy, la Agencia de Noticias IRZA en un recorrido por el lugar, se logró observar todavía humo que salía de los restos de las viviendas incendiadas, una de ellas de material y dos de madera, las que quedaron reducidas a cenizas. 

La puerta de fierro de la casa de material se observó con múltiples orificios de bala alrededor de la chapa.
Sobre la calle se observaron casquillos percutidos de armas de grueso calibre.
Durante el recorrido por la población, se observaron las calles solitarias, las personas asomaban las cabezas por las ventanas con desconfianza, y quienes se prestaban a conversar lo hacían con mucha rapidez y se metían a sus viviendas.
En esta comunidad localizada a 50 minutos de Chilpancingo, entrando por un acceso localizado en el tramo Zumpango-Mezcala, no se observó presencia de ninguna corporación policiaca. 


Fuente: Agencia IRZA/Guerrero PCP
Autor: Israel Díaz Acosta
https://www.facebook.com/GuerreroPCP/posts/910009499067629

El Gobierno aplicará al Papa su tan gustada estrategia de sordera, dicen observadores

Los llamados del Papa sobre la corrupción y la desigualdad en México sólo encontraron oídos sordos dentro de los funcionarios de los gobiernos federal y estatal que los escucharon, lo que, de acuerdo con políticos, activistas y especialistas consultados, confirma una tendencia que ha caracterizado a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto: hacerse de la vista gorda ante los principales temas que afectan a los ciudadanos y que, además, le han valido críticas a su Gobierno.

Las críticas del Papa Francisco I a los grandes males de México, pronunciadas en homilías y discursos donde habló de la corrupción, la violación a los derechos humanos, el robo de los poderosos a los que menos tienen, la violencia contra niños y jóvenes, la explotación de los indígenas, entre muchos otros, sólo encontró sordera y silencio por parte de las autoridades federales, estatales y de los distintos partidos, coincidieron activistas, politólogos e incluso miembros de institutos políticos.

El Papa Francisco, presente en México del 12 al 17 de este mes, envió mensajes de reproche a las élites económicas y políticas, e incluso a la que conforma la Iglesia católica. Pero del otro lado, nadie respondió a sus señalamientos. Esta tendencia, la del mal de la sordera, ha sido una constante en el actual Gobierno federal y es parte de una estrategia deliberada, dijeron los especialistas.

“La visita del Papa Francisco es precisamente para hablar todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y la corrupción no hay que evadirla, está dentro del Gobierno federal. El Papa ha hecho llamados fuertes, porque no es ajeno que nuestro país es uno de los más corruptos del mundo”, dijo el Diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC), Víctor Sánchez Orozco.

Días antes de la llegada del líder de los católicos del mundo al país, el 27 de enero pasado, Transparencia Internacional (TI) presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, en el que México reprobó por cuarto año consecutivo con 35 puntos de 100 posibles.

Pero el Pontífice no sólo habló de la corrupción sino que se atrevió a romper con los discursos tradicionalmente complacientes de la Iglesia católica: criticó la violencia del narcotráfico, la desigualdad, el abuso del poder y, en general se mostró como un conocedor de los temas de coyuntura nacional y que ubican a México como un país en crisis en materia de derechos humanos.

“Uno de los temas que preocupan justamente es que el Gobierno federal ha ido cerrando espacios de diálogo con las organizaciones civiles nacionales y extranjeras, e incluso con instituciones internacionales, como la ONU [Organización de las Naciones Unidas]. Y si bien en años anteriores habíamos visto relaciones ríspidas por que no concordar con sus puntos de vista, francamente no las habíamos visto tan tensas y tan descalificadoras como las hay hoy en día”, dijo el director de Amnistía Internacional México Perseo Quiroz Rendón.

Ante el Presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo, Francisco hizo énfasis en el mal de la corrupción, un crimen que el año pasado costó al país 1 billón 600 mil pesos, de acuerdo con datos del Banco de México (BM).

“La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo”, dijo durante el recibimiento que le hicieran el Primer Mandatario y la clase política de México en el Palacio Nacional, el pasado 13 de febrero.

Pero el tema de la corrupción, considerado uno de los problemas más graves del país, también se lo recriminó a su propia grey: fieles, misioneros, monjas, sacerdotes y obispos, durante su visita a la Catedral de Morelia.

“¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? ¿Qué tentación podemos tener nosotros una y otra vez, nosotros llamados a la vida consagrada, al presbiterado”, dijo.


DENUNCIAN OÍDOS SORDOS

Los funcionarios actuales han hecho oídos sordos a los mensajes del Papa, en especial los referentes a los derechos humanos. Diversos expertos apuntaron que la estrategia del Gobierno en los tres años últimos años de administración no sólo se basa en el silencio, sino en la confrontación ante los cuestionamientos que cuenten con mayor repercusión de los organismos internacionales.

En noviembre de 2015, el Gobierno federal desestimó que existiera una grave crisis de derechos humanos, que, de acuerdo con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abarca una gran amplitud de sectores.

“El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros”, cito en un comunicado a raíz de una visita hecha del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Este último día, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dudó que se pudieran sacar conclusiones en cinco días. Y delimitó que las condiciones que propician la violación de derechos humanos se circunscribe a seis estados.


NEGACIÓN DE LA TORTURA

Otro episodio de las negativas del Gobierno fue cuando rechazó que la tortura sea una práctica generalizada en México, como lo refirió la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El 10 de marzo, un día después de que Juan Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos de la ONU, presentara un informe sobre las observaciones hechas en una misión a México, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade, y el Embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, negaron que los resultados estuviesen basados en la realidad.

Meade dijo, en su momento, dijo que la ONU sólo recopiló información de 14 casos, y que en 13 estaban siendo atendidos. Sin embargo, las conclusiones del Relator fueron contundentes. Y el trabajo, incluso, externó su preocupación por los atropellos a los derechos humanos sucedidos en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa la noche del 26 de octubre del 2014.

“La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación. El Relator Especial identificó varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y recomienda medidas para atenderlas. Observó también serios problemas en las condiciones de detención, especialmente hacinamiento”, presentó el resumen del Informe.

Las contestaciones de los funcionarios mexicanos subieron de tono a finales de ese mes, cuando el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Manuel Gómez Robledo, acusó al Relator Méndez de ser “irresponsable y poco ético”.

Las declaraciones fueron respaldadas por Meade, y no fueron desdichas hasta casi nueve meses después por el propio Gómez Robledo, quien a punto de ser nombrado por el Senado como Embajador de México en Francia fue cuestionado por legisladores y pidió perdón por lo ocurrido.


LA INDIFERENCIA COBRA FUERZA

Nicolás Loza Otero, analista político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sostuvo que la negativa del Gobierno a reconocer sus errores, se agravó durante este sexenio.

“La manera es muy ingenua. Descalificando al quejoso, pero no buscando soluciones estructurales que eviten nuevos hechos de corrupción. Eso me parece importante, porque hay una estrategia deliberada de parte de estos Gobiernos que lo que busca es que pasado el problema, eludir la explicación”, dijo.

De forma contraria, el investigador José Fernández Santillán, politólogo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM), apuntó que es más difícil para el actual Gobierno evadir su responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos.

“El tema de los derechos humanos ya no lo controla el Gobierno. Porque hay una Comisión. Dos, porque hay comisiones internacionales, como la CIDH, ó la de Naciones Unidas. Y los gobiernos, no sólo el mexicano, están mucho más sujetos a un escrutinio autónomo, de organismos públicos. Es mucho más intensa la vigilancia de las ONgs”, dijo Fernández Santillán.

Ha sido justo el escrutinio de organizaciones a la autoridad lo que ha llevado a cuestionar la “verdad histórica” sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

El entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, expuso en noviembre del 2014 que los jóvenes atacados en Iguala, Guerrero, fueron asesinados y luego incinerados en el basurero del municipio de Cocula.

No obstante, este mes, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desechó la versión del Gobierno sobre lo ocurrido a los estudiantes. Principalmente, porque la madrugada del 27 de septiembre de 2014 no hubo fuego en el basurero de Cocula, en Guerrero, sostuvo el EAAF.

“No existen elementos científicos suficientes, por el momento, para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del Río San Juan, de donde proviene la única identificación positiva, hasta la fecha, de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio”, refiere el informe del EAAF.

Un resultado que reforzó el cuestionamiento sobre la quema en el basurero hecho de forma previa por el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), que coadyuvan en la investigación el caso.

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El Gobierno aplicará al Papa su tan gustada estrategia de sordera, dicen observadores
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Por Juan Luis García Hernández febrero 19, 2016 - 08:25h 5 Comentarios
Los llamados del Papa sobre la corrupción y la desigualdad en México sólo encontraron oídos sordos dentro de los funcionarios de los gobiernos federal y estatal que los escucharon, lo que, de acuerdo con políticos, activistas y especialistas consultados, confirma una tendencia que ha caracterizado a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto: hacerse de la vista gorda ante los principales temas que afectan a los ciudadanos y que, además, le han valido críticas a su Gobierno.

Enrique Peña Nieto inició una política de negación de los crímenes de derechos humanos, acusaron expertos. Foto: Cuartoscuro
Enrique Peña Nieto inició una política de negación de los crímenes de derechos humanos, acusaron expertos. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– Las críticas del Papa Francisco I a los grandes males de México, pronunciadas en homilías y discursos donde habló de la corrupción, la violación a los derechos humanos, el robo de los poderosos a los que menos tienen, la violencia contra niños y jóvenes, la explotación de los indígenas, entre muchos otros, sólo encontró sordera y silencio por parte de las autoridades federales, estatales y de los distintos partidos, coincidieron activistas, politólogos e incluso miembros de institutos políticos.

El Papa Francisco, presente en México del 12 al 17 de este mes, envió mensajes de reproche a las élites económicas y políticas, e incluso a la que conforma la Iglesia católica. Pero del otro lado, nadie respondió a sus señalamientos. Esta tendencia, la del mal de la sordera, ha sido una constante en el actual Gobierno federal y es parte de una estrategia deliberada, dijeron los especialistas.

“La visita del Papa Francisco es precisamente para hablar todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y la corrupción no hay que evadirla, está dentro del Gobierno federal. El Papa ha hecho llamados fuertes, porque no es ajeno que nuestro país es uno de los más corruptos del mundo”, dijo el Diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC), Víctor Sánchez Orozco.
Días antes de la llegada del líder de los católicos del mundo al país, el 27 de enero pasado, Transparencia Internacional (TI) presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, en el que México reprobó por cuarto año consecutivo con 35 puntos de 100 posibles.

Pero el Pontífice no sólo habló de la corrupción sino que se atrevió a romper con los discursos tradicionalmente complacientes de la Iglesia católica: criticó la violencia del narcotráfico, la desigualdad, el abuso del poder y, en general se mostró como un conocedor de los temas de coyuntura nacional y que ubican a México como un país en crisis en materia de derechos humanos.

“Uno de los temas que preocupan justamente es que el Gobierno federal ha ido cerrando espacios de diálogo con las organizaciones civiles nacionales y extranjeras, e incluso con instituciones internacionales, como la ONU [Organización de las Naciones Unidas]. Y si bien en años anteriores habíamos visto relaciones ríspidas por que no concordar con sus puntos de vista, francamente no las habíamos visto tan tensas y tan descalificadoras como las hay hoy en día”, dijo el director de Amnistía Internacional México Perseo Quiroz Rendón.
Ante el Presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo, Francisco hizo énfasis en el mal de la corrupción, un crimen que el año pasado costó al país 1 billón 600 mil pesos, de acuerdo con datos del Banco de México (BM).

“La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo”, dijo durante el recibimiento que le hicieran el Primer Mandatario y la clase política de México en el Palacio Nacional, el pasado 13 de febrero.
Pero el tema de la corrupción, considerado uno de los problemas más graves del país, también se lo recriminó a su propia grey: fieles, misioneros, monjas, sacerdotes y obispos, durante su visita a la Catedral de Morelia.

“¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? ¿Qué tentación podemos tener nosotros una y otra vez, nosotros llamados a la vida consagrada, al presbiterado”, dijo.

DENUNCIAN OÍDOS SORDOS

El Papa Francisco a arribó a Ciudad Juárez proveniente de la Ciudad de México. Foto:  Cuartoscuro
El Papa Francisco arribó a Ciudad Juárez, Chihuahua, proveniente de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

Los funcionarios actuales han hecho oídos sordos a los mensajes del Papa, en especial los referentes a los derechos humanos. Diversos expertos apuntaron que la estrategia del Gobierno en los tres años últimos años de administración no sólo se basa en el silencio, sino en la confrontación ante los cuestionamientos que cuenten con mayor repercusión de los organismos internacionales.

En noviembre de 2015, el Gobierno federal desestimó que existiera una grave crisis de derechos humanos, que, de acuerdo con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abarca una gran amplitud de sectores.

“El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros”, cito en un comunicado a raíz de una visita hecha del 28 de septiembre al 2 de octubre.
Este último día, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dudó que se pudieran sacar conclusiones en cinco días. Y delimitó que las condiciones que propician la violación de derechos humanos se circunscribe a seis estados.

NEGACIÓN DE LA TORTURA

Juan E. Méndez, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura recibió críticas por parte de funcionarios mexicanos. Foto: Cuartoscuro
Juan E. Méndez, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura recibió críticas por parte de funcionarios mexicanos. Foto: Cuartoscuro

Otro episodio de las negativas del Gobierno fue cuando rechazó que la tortura sea una práctica generalizada en México, como lo refirió la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El 10 de marzo, un día después de que Juan Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos de la ONU, presentara un informe sobre las observaciones hechas en una misión a México, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade, y el Embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, negaron que los resultados estuviesen basados en la realidad.

Meade dijo, en su momento, dijo que la ONU sólo recopiló información de 14 casos, y que en 13 estaban siendo atendidos. Sin embargo, las conclusiones del Relator fueron contundentes. Y el trabajo, incluso, externó su preocupación por los atropellos a los derechos humanos sucedidos en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa la noche del 26 de octubre del 2014.

“La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación. El Relator Especial identificó varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y recomienda medidas para atenderlas. Observó también serios problemas en las condiciones de detención, especialmente hacinamiento”, presentó el resumen del Informe.
Las contestaciones de los funcionarios mexicanos subieron de tono a finales de ese mes, cuando el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Manuel Gómez Robledo, acusó al Relator Méndez de ser “irresponsable y poco ético”.

Las declaraciones fueron respaldadas por Meade, y no fueron desdichas hasta casi nueve meses después por el propio Gómez Robledo, quien a punto de ser nombrado por el Senado como Embajador de México en Francia fue cuestionado por legisladores y pidió perdón por lo ocurrido.

LA INDIFERENCIA COBRA FUERZA

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Nicolás Loza Otero, analista político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sostuvo que la negativa del Gobierno a reconocer sus errores, se agravó durante este sexenio.

“La manera es muy ingenua. Descalificando al quejoso, pero no buscando soluciones estructurales que eviten nuevos hechos de corrupción. Eso me parece importante, porque hay una estrategia deliberada de parte de estos Gobiernos que lo que busca es que pasado el problema, eludir la explicación”, dijo.
De forma contraria, el investigador José Fernández Santillán, politólogo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM), apuntó que es más difícil para el actual Gobierno evadir su responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos.

“El tema de los derechos humanos ya no lo controla el Gobierno. Porque hay una Comisión. Dos, porque hay comisiones internacionales, como la CIDH, ó la de Naciones Unidas. Y los gobiernos, no sólo el mexicano, están mucho más sujetos a un escrutinio autónomo, de organismos públicos. Es mucho más intensa la vigilancia de las ONgs”, dijo Fernández Santillán.
Ha sido justo el escrutinio de organizaciones a la autoridad lo que ha llevado a cuestionar la “verdad histórica” sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

El entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, expuso en noviembre del 2014 que los jóvenes atacados en Iguala, Guerrero, fueron asesinados y luego incinerados en el basurero del municipio de Cocula.

No obstante, este mes, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desechó la versión del Gobierno sobre lo ocurrido a los estudiantes. Principalmente, porque la madrugada del 27 de septiembre de 2014 no hubo fuego en el basurero de Cocula, en Guerrero, sostuvo el EAAF.

“No existen elementos científicos suficientes, por el momento, para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del Río San Juan, de donde proviene la única identificación positiva, hasta la fecha, de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio”, refiere el informe del EAAF.
Un resultado que reforzó el cuestionamiento sobre la quema en el basurero hecho de forma previa por el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), que coadyuvan en la investigación el caso.

Y que también puso en entredicho al menos 80 tomos de los que consta el expediente de la desaparición de los normalistas en Iguala.


POLÍTICA TRAS EL PAPA

Si bien el todos los partidos políticos en el Congreso manifestaron su beneplácito por las observaciones del Papa. Ninguno aceptó que fuese una crítica hacia ellos, pero sí, señalaron a otros.

De la misma forma que el resto de críticos a la situación del país, el máximo líder de la religión católica en el mundo, Jorge Mario Bergoglio, partió el miércoles del país, después de hacer menciones sobre la corrupción, narcotráfico, crimen organizado y vacíos legales que enfrentan los mexicanos en el “infierno de las drogas”.

“El discurso del Papa es universal. El tema de la corrupción es uno que se da en todos los ámbitos de la sociedad. Y cada uno tiene que hacer lo que le toca”, dijo el Diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Uriarte Zazueta.

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados Jesús Zambrano Grijalva, también hizo señalamientos esta semana de que debería ser el Gobierno federal, el que reflexione sobre las temáticas del Papa, así como la iniciativa privada.

“Yo digo que es principalmente para quienes tienen responsabilidades de Gobierno; en un régimen presidencialista, desde luego, para el propio Presidente de la República, y también para quienes –como ha sido reiterado en los discurso del Papa en México– están en favor de la exclusión que se genera por el afán de conservación excesiva de riqueza, lo que no permite el desarrollo igualitario”, dijo el perredista.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-02-2016/1624704

Los presos del Ejército

CIUDAD DE MÉXICO: La justicia en las Fuerzas Armadas es por consigna, a contentillo de los generales y sus jefes políticos. Las faltas a la disciplina castrense son un argumento en el que cabe todo cuando se trata de castigar a un militar que cayó de la gracia de su mando.

Las acusaciones por homicidios, lesiones y delitos graves de violaciones a los derechos humanos o de colaboración con el narcotráfico también son una salida perfecta para el castigo.

Las violaciones a los códigos de Justicia Militar y Penal Federal sin duda que deben castigarse, siempre y cuando estén comprobados. Abundan también esos casos en los que, a pesar de las evidencias, los responsables han sido protegidos, también por “órdenes superiores”.


En las prisiones militares del país hay muchos detenidos por consigna o de plano venganza. En el menor de los casos se les impide por todas las vías el ascenso. Al generalato en turno no le ha importado ir incluso contra algunos de sus hombres que han favorecido la imagen del Ejército.

Es el caso del general Ricardo Martínez Perea, quien está por cumplir su condena a 15 años de prisión, acusado de colaborar con el narcotráfico en Tamaulipas. Conocido como el último general táctico, es decir, que ascendió por sus conocimientos en el campo y no en las aulas como Diplomado de Estado Mayor, fue detenido cuando más aseguramientos estaba haciendo en la zona de influencia del Cártel del Golfo, justo cuando habían surgido Los Zetas, los militares de élite del Ejército que desertaron para convertirse en el brazo armado de esa organización delictiva y que años después cobró vida propia.

Qué o a quién afectó el general Martínez Perea en sus aseguramientos, no se sabe. Era el sexenio de Vicente Fox. Bastó un simple anónimo para que se le acusara, procesara y sentenciara.

Nunca lo dejaron demostrar su inocencia y, aunque está a punto de salir de prisión, mantiene su pelea jurídica para que la justicia militar le reconozca como inocente.

El caso trascendió desde hace varios años por el rango de Martínez Perea, al igual que el de otros generales de división que han sido acusados por pugnas al interior del Ejército o sentenciados por presiones políticas, con independencia de su responsabilidad.

Son los menos. La mayoría de los presos son mandos medios, oficiales y tropa que con dificultad se defienden de las órdenes que el ministerio público militar y los jueces castrenses reciben de los mandos superiores del Ejército. Son incontables los internos de las prisiones militares que están en esa situación.

Es difícil que la sociedad salga en su defensa, sobre todo por la imagen que prevalece de que las Fuerzas Armadas se han destacado como perpetradoras de violaciones a los derechos humanos desde que entraron de lleno al combate del narcotráfico, hace una década.


La situación de esos presos no es muy diferente a lo que ocurre en la justicia ordinaria, pero en las instituciones en los que sus jefes no se cansan de mencionar “el honor” como divisa, la lealtad se ha convertido en el privilegio de unos cuantos y que están en la primera fila en las conmemoraciones, como la de este 19 de febrero, Día del Ejército.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430650/los-presos-del-ejercito

Las universidades de Morena son ‘patito’; carecen de validez oficial, dice la SEP

La Escuela de Derecho Ponciano Arriaga y la Escuela de Contabilidad y Administración Pública Leona Vicario presentaron solicitudes para tramitar el Reconocimiento de Validez Oficial; sin embargo, eso no garantiza su otorgamiento, indicó la SEP.

Las universidades vinculadas con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) carecen del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), indicó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Los estudios impartidos por escuelas que no cuenten con RVOE carecen de validez oficial, no forman parte del Sistema Educativo Nacional, y por tanto los títulos que se expidan no tienen validez y no son susceptibles de obtener una cédula profesional.

“Más aún, la no validez repercute de manera directa en los estudiantes, ya que en el caso concreto, las carreras de Derecho y Contabilidad requieren necesariamente de cédula profesional para el ejercicio de su profesión”, indicó la SEP en un comunicado emitido la noche de este jueves 18 de febrero.

La Secretaría aseguró que esas escuelas están obligadas a informar a sus alumnos que no cuenta con el RVOE, tal como lo indica el artículo 59 de la Ley General de Educación.


El comunicado agrega que la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga A.C. y la Escuela de Contabilidad y Administración Pública Leona Vicario, A.C., presentaron solicitudes para tramitar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios; sin embargo, aclara “que la presentación de la solicitud de RVOE no garantiza, bajo ninguna circunstancia, su otorgamiento”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/las-universidades-de-morena-son-patito-carecen-de-validez-oficial-dice-la-sep/

Muchas averiguaciones, pocos fiscales: PGR solo investiga 1 de cada 3 casos

La Auditoría descubrió que la mayoría de las averiguaciones que se abren no se trabajan. Cada fiscal tiene hasta 35 averiguaciones al año, pero solo alcanzan a desahogar 11. Cada averiguación cuesta 48 mil pesos.

La Procuraduría General de la República (PGR) inicia miles de averiguaciones previas al año por denuncias de delitos federales especiales como corrupción de servidores o ex servidores públicos, daños en el medio ambiente, piratería, evasión de impuestos o narcomenudeo pero… la mayoría no las investiga.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que en 2014 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR no le dio ningún seguimiento a 2 de cada 3 casos de ese tipo. Es decir, abrió esas averiguaciones pero luego ya no pasó nada, ni las hojeó.

¿El motivo? La capacidad humana es insuficiente. En teoría a cada fiscal de la referida subprocuraduría le tocan por cabeza 35 averiguaciones en promedio en un solo año. En la realidad, solo puede atender once de ellas.

Y de las que si se atienden, apenas la cuarta parte termina “resuelta” y consignada ante un juez y solo el 3.9 por ciento concluyó con una sentencia condenatoria.

La auditoría también destaca que el cinco por ciento de las averiguaciones que si se atendieron fue nada más para para darlas de baja porque los delitos prescribieron, es decir, pasaron los años de vigencia que da la ley para castigar un delito. En suma, el 73.7 por ciento de las averiguaciones quedaron sin resolver, entre las no trabajadas y las prescritas.

“La contribución de la PGR para lograr una procuración de justicia eficaz, eficiente y abatir la impunidad ha sido limitada debido a que no procuró justicia sobre el 73.7 por ciento de las averiguaciones en trámite que quedaron sin atender en el año y solo logró consignar el 25.4% de las averiguaciones despachadas y de estas, logró sentencias condenatoria para el 3.9 por ciento” señala el dictamen de la Auditoría de Desempeño 14-0-17100-07-0041.

Cabe recordar que en 2014, año correspondiente a la referida auditoría, el titular de la procuraduría era Jesús Murillo Karam.

Los delitos

El dictamen de los auditores detalla que en 2014 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales  inició tres mil 916 averiguaciones previas por delitos federales especiales.

De dichas averiguaciones, el 34.8 por ciento correspondió a delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial, es decir “piratería”; el 34.4 por ciento fueron delitos contra el ambiente previstos en leyes especiales; el 18.9 por ciento correspondió a delitos fiscales y financieros como por ejemplo la evasión de impuestos.

El 9.7 por ciento fueron delitos que involucran a servidores públicos, es decir corrupción; mientras que el 1.9 por ciento corresponden a comercio de narcóticos destinados al consumo final (narcomenudeo). Además, un 0.3 por ciento correspondieron a los llamados “delitos del pasado” que también involucran a ex servidores públicos.

A las averiguaciones previas iniciadas se le sumaron 5 mil 542 que ya estaban pendientes de atender de años anteriores, con lo que en total ene se año fue de nueve mil 458 expedientes de investigación en trámite.

Los casos corresponden a la referida subprocuraduría, pues es el área especializada de la PGR en investigar este tipo de delitos contemplados en las leyes federales especiales y son concentrados por dicha área, que cuenta, según la auditoría, con un equipo de 267 fiscales distribuidos en cinco unidades especiales, así como una dirección y una coordinación general.

Los resultados

Del total de averiguaciones previas en trámite en el 2014, la auditoría reporta que seis mil 495 que equivalen al 68.7 por ciento se quedaron simplemente sin atender, es decir no pasó nada con ellas luego de que se recibió la denuncia y se abrió el expediente.

De las dos mil 963 restantes que si se despacharon por los fiscales poco más del 40 por ciento fueron cerradas por incompetencia, es decir, según el análisis de la PGR lo que se denunció no le correspondía indagarlo a dicha subprocuraduría.

De ese mismo grupo de casos atendidos, en 689 averiguaciones (23.2 por ciento) los responsables de la investigación concluyeron el No ejercicio de la acción Penal, es decir, que no procedieron en contra de nadie al considerar que el delito no se cometió o que las pruebas eran insuficientes. Otras 236 averiguaciones quedaron oficialmente en reserva, al considerarse que aunque no existe información suficiente debe mantenerse abierto el expediente, mientras que 74 casos fueron acumulados con otros.

Lo anterior deja 753 averiguaciones que si fueron consignadas, y que representan el 25.4 por ciento de las averiguaciones que se trabajaron. Dicho de otra forma, de cada cuatro expedientes investigados solo uno se envió ante el juez. Es una reducción respecto a 2012 en que se consignaron el 29 por ciento de los expedientes revisados, según la Auditoría.

El problema, es que de los expedientes consignados… 219 fueron devueltos por el juez al considerar que el Ministerio Público violó el debido proceso, mientras que en otros 476 el juicio continúa.

Únicamente 128 casos consignados, el 3.9 por ciento de todos los atendidos, concluyó con una sentencia condenatoria en contra de los responsables de haber cometido el delito.

El dictamen estableció que otro cinco por ciento de los casos despachados en realidad solamente se dieron de baja ya que concluyó el periodo de vigencia de los delitos, es decir, en los años en que estuvieron abiertas la investigación (si es que se hizo) no derivó nunca en una consignación y prescribieron

Pocas manos

La Auditoría informó que uno de los elementos clave que ha provocado que la mayoría de las averiguaciones previas abierta no sean atendidas, de acuerdo con lo reportado por la propia Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, es que existe un “déficit” en cuanto al personal responsable de trabajar los casos.

En total, la subprocuraduría cuenta con 724 servidores públicos trabajando en esa área, pero de ellos, solamente 267 son agentes ministeriales que se desempeñan como fiscales en las unidades especializadas, y son los que tienen las facultades y capacidades para coordinar las investigaciones.

Si se toma en cuenta que en 2014 la carga de trabajo era de nueve mil 458 averiguaciones abiertas, entre iniciadas ese año y las de años atrás, el resultado es que a cada fiscal le tocaba desahogar por lo menos 35 averiguaciones.

La realidad es que cada fiscal consiguió atender en promedio únicamente 11 averiguaciones previas, el 31 por ciento de las que le tocaban.

La PGR informó a los auditores que como medida para abatir rezagos que existen se implementado acciones de verificación y revisión de los casos con el fin de identificar aquellos

En este contexto la Auditoría extendió a la PGR dos recomendaciones de desempeño, la primera para que se analice como abatir de mejor manera el rezago que existe de expedientes y la segunda para que, sobretodo, se elimine el déficit de personal.

“Para que la PGR con base en el análisis de series históricas del número de averiguaciones en trámite por personal sustantivo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, determine el número de fiscales necesarios para asegurar el oportuno trámite y despacho de las averiguaciones previas y se elimine el rezago” señala al recomendación de los auditores.

Gasto desordenado

La Auditoría Superior de la Federación estableció, a partir del presupuesto asignado a la PGR en el rubro específico denominado “Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial”, que el costo promedio de cada averiguación que se inicia en la mencionada subprocuraduría es de aproximadamente 48 mil 700 pesos.

Si el dinero se está usando bien, con economía y eficiencia es un misterio, toda vez que la Dirección General de Programación y Presupuesto de la propia PGR indicó que “no cuenta con criterios para la distribución de los recursos”.

Según la referida dirección, el dinero se reparte a partir de las solicitudes particulares que realizan las diversas unidades de investigación de la institución.

“La PGR no cuenta con criterios adecuados para determinar si la administración de dichos recursos se realizó con base en criterios de economía” indicaron los  auditores.


En ese contexto los auditores emitieron otra recomendación a la Procuraduría para que se elabore un análisis que permita identificar las causas por las que no se han establecido los criterios para la distribución de los recursos por cada unidad responsable, y con los resultados que se obtengan se adopte las medidas necesarias para contar con ellos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/muchas-averiguaciones-pocos-fiscales-pgr-solo-investiga-solo-1-de-cada-3-casos/

Comando irrumpe en módulo policial de Neza y roba 14 armas

CIUDAD DE MÉXICO: Un comando irrumpió esta madrugada en un módulo policiaco en Ciudad Nezahualcóyotl y sustrajo 14 armas, 13 cortas y una subametralladora, así como varios cartuchos, además de radios portátiles.

La acción delincuencial se registró hacia las 2:00 horas de este jueves en la base Sector 4, en Higinio Guerra y Aureliano Ramos, de la colonia El Sol, en el Estado de México, donde varios individuos se hicieron pasar como personal de la dependencia para ingresar al lugar; enseguida sometieron al encargado de vigilancia.

Un enlace de la corporación confirmó que “llegó una persona uniformada y grito ‘¡Inspección!’, luego el policía le abrió y fue cuando lo golpearon”.


Al instante, los presuntos sicarios irrumpieron en el cuarto de la armería, donde sustrajeron cinco armas Walther, siete Glock, una Pietro Beretta y un arma larga, además de más de 63 cartuchos de diferentes calibres y tres radios.

Poco después, los ladrones abordaron una camioneta negra Explorer y huyeron por la calle Aureliano Ramos, con rumbo desconocido.

Más tarde, por medio de la frecuencia de radio de la policía, se escucharon amenazas hacia la corporación por parte de “El Pantera. El Ingeniero y La Sombra”.

“Que les quede claro que llegó la empresa, hijos de su puta madre, atentamente El Ingeniero, El Pantera y La Sombra”, se escuchó en la transmisión.

“Ya vieron que nos la pelan, cómo les dejamos a los coyotes, así se van a quedar, llenos de plomo, perros”.

Este mismo grupo criminal, que desde semanas atrás se ha adjudicado ejecuciones en los municipios mexiquense de La Paz, Tlalnepantla, Chicoloapan e Ixtapaluca, dirigió sus amenazas hacia los mandos del Grupo Coyotes.


“Atentamente gente del Chaparro, ábranse a chingar a su madre, putos, y dejen de molestar a la gente”, fue también parte del mensaje lanzado por los presuntos criminales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 18 FEBBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430604/comando-irrumpe-en-modulo-policial-de-neza-y-roba-14-armas