El Gobierno aplicará al Papa su tan gustada estrategia de sordera, dicen observadores

Los llamados del Papa sobre la corrupción y la desigualdad en México sólo encontraron oídos sordos dentro de los funcionarios de los gobiernos federal y estatal que los escucharon, lo que, de acuerdo con políticos, activistas y especialistas consultados, confirma una tendencia que ha caracterizado a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto: hacerse de la vista gorda ante los principales temas que afectan a los ciudadanos y que, además, le han valido críticas a su Gobierno.

Las críticas del Papa Francisco I a los grandes males de México, pronunciadas en homilías y discursos donde habló de la corrupción, la violación a los derechos humanos, el robo de los poderosos a los que menos tienen, la violencia contra niños y jóvenes, la explotación de los indígenas, entre muchos otros, sólo encontró sordera y silencio por parte de las autoridades federales, estatales y de los distintos partidos, coincidieron activistas, politólogos e incluso miembros de institutos políticos.

El Papa Francisco, presente en México del 12 al 17 de este mes, envió mensajes de reproche a las élites económicas y políticas, e incluso a la que conforma la Iglesia católica. Pero del otro lado, nadie respondió a sus señalamientos. Esta tendencia, la del mal de la sordera, ha sido una constante en el actual Gobierno federal y es parte de una estrategia deliberada, dijeron los especialistas.

“La visita del Papa Francisco es precisamente para hablar todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y la corrupción no hay que evadirla, está dentro del Gobierno federal. El Papa ha hecho llamados fuertes, porque no es ajeno que nuestro país es uno de los más corruptos del mundo”, dijo el Diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC), Víctor Sánchez Orozco.

Días antes de la llegada del líder de los católicos del mundo al país, el 27 de enero pasado, Transparencia Internacional (TI) presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, en el que México reprobó por cuarto año consecutivo con 35 puntos de 100 posibles.

Pero el Pontífice no sólo habló de la corrupción sino que se atrevió a romper con los discursos tradicionalmente complacientes de la Iglesia católica: criticó la violencia del narcotráfico, la desigualdad, el abuso del poder y, en general se mostró como un conocedor de los temas de coyuntura nacional y que ubican a México como un país en crisis en materia de derechos humanos.

“Uno de los temas que preocupan justamente es que el Gobierno federal ha ido cerrando espacios de diálogo con las organizaciones civiles nacionales y extranjeras, e incluso con instituciones internacionales, como la ONU [Organización de las Naciones Unidas]. Y si bien en años anteriores habíamos visto relaciones ríspidas por que no concordar con sus puntos de vista, francamente no las habíamos visto tan tensas y tan descalificadoras como las hay hoy en día”, dijo el director de Amnistía Internacional México Perseo Quiroz Rendón.

Ante el Presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo, Francisco hizo énfasis en el mal de la corrupción, un crimen que el año pasado costó al país 1 billón 600 mil pesos, de acuerdo con datos del Banco de México (BM).

“La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo”, dijo durante el recibimiento que le hicieran el Primer Mandatario y la clase política de México en el Palacio Nacional, el pasado 13 de febrero.

Pero el tema de la corrupción, considerado uno de los problemas más graves del país, también se lo recriminó a su propia grey: fieles, misioneros, monjas, sacerdotes y obispos, durante su visita a la Catedral de Morelia.

“¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? ¿Qué tentación podemos tener nosotros una y otra vez, nosotros llamados a la vida consagrada, al presbiterado”, dijo.


DENUNCIAN OÍDOS SORDOS

Los funcionarios actuales han hecho oídos sordos a los mensajes del Papa, en especial los referentes a los derechos humanos. Diversos expertos apuntaron que la estrategia del Gobierno en los tres años últimos años de administración no sólo se basa en el silencio, sino en la confrontación ante los cuestionamientos que cuenten con mayor repercusión de los organismos internacionales.

En noviembre de 2015, el Gobierno federal desestimó que existiera una grave crisis de derechos humanos, que, de acuerdo con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abarca una gran amplitud de sectores.

“El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros”, cito en un comunicado a raíz de una visita hecha del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Este último día, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dudó que se pudieran sacar conclusiones en cinco días. Y delimitó que las condiciones que propician la violación de derechos humanos se circunscribe a seis estados.


NEGACIÓN DE LA TORTURA

Otro episodio de las negativas del Gobierno fue cuando rechazó que la tortura sea una práctica generalizada en México, como lo refirió la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El 10 de marzo, un día después de que Juan Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos de la ONU, presentara un informe sobre las observaciones hechas en una misión a México, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade, y el Embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, negaron que los resultados estuviesen basados en la realidad.

Meade dijo, en su momento, dijo que la ONU sólo recopiló información de 14 casos, y que en 13 estaban siendo atendidos. Sin embargo, las conclusiones del Relator fueron contundentes. Y el trabajo, incluso, externó su preocupación por los atropellos a los derechos humanos sucedidos en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa la noche del 26 de octubre del 2014.

“La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación. El Relator Especial identificó varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y recomienda medidas para atenderlas. Observó también serios problemas en las condiciones de detención, especialmente hacinamiento”, presentó el resumen del Informe.

Las contestaciones de los funcionarios mexicanos subieron de tono a finales de ese mes, cuando el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Manuel Gómez Robledo, acusó al Relator Méndez de ser “irresponsable y poco ético”.

Las declaraciones fueron respaldadas por Meade, y no fueron desdichas hasta casi nueve meses después por el propio Gómez Robledo, quien a punto de ser nombrado por el Senado como Embajador de México en Francia fue cuestionado por legisladores y pidió perdón por lo ocurrido.


LA INDIFERENCIA COBRA FUERZA

Nicolás Loza Otero, analista político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sostuvo que la negativa del Gobierno a reconocer sus errores, se agravó durante este sexenio.

“La manera es muy ingenua. Descalificando al quejoso, pero no buscando soluciones estructurales que eviten nuevos hechos de corrupción. Eso me parece importante, porque hay una estrategia deliberada de parte de estos Gobiernos que lo que busca es que pasado el problema, eludir la explicación”, dijo.

De forma contraria, el investigador José Fernández Santillán, politólogo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM), apuntó que es más difícil para el actual Gobierno evadir su responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos.

“El tema de los derechos humanos ya no lo controla el Gobierno. Porque hay una Comisión. Dos, porque hay comisiones internacionales, como la CIDH, ó la de Naciones Unidas. Y los gobiernos, no sólo el mexicano, están mucho más sujetos a un escrutinio autónomo, de organismos públicos. Es mucho más intensa la vigilancia de las ONgs”, dijo Fernández Santillán.

Ha sido justo el escrutinio de organizaciones a la autoridad lo que ha llevado a cuestionar la “verdad histórica” sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

El entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, expuso en noviembre del 2014 que los jóvenes atacados en Iguala, Guerrero, fueron asesinados y luego incinerados en el basurero del municipio de Cocula.

No obstante, este mes, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desechó la versión del Gobierno sobre lo ocurrido a los estudiantes. Principalmente, porque la madrugada del 27 de septiembre de 2014 no hubo fuego en el basurero de Cocula, en Guerrero, sostuvo el EAAF.

“No existen elementos científicos suficientes, por el momento, para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del Río San Juan, de donde proviene la única identificación positiva, hasta la fecha, de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio”, refiere el informe del EAAF.

Un resultado que reforzó el cuestionamiento sobre la quema en el basurero hecho de forma previa por el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), que coadyuvan en la investigación el caso.

ESTÁS EN LA SECCIÓN MÉXICO

El Gobierno aplicará al Papa su tan gustada estrategia de sordera, dicen observadores
Me gusta960 Twittear 
 mail  reddit  meneame  googleplus
Por Juan Luis García Hernández febrero 19, 2016 - 08:25h 5 Comentarios
Los llamados del Papa sobre la corrupción y la desigualdad en México sólo encontraron oídos sordos dentro de los funcionarios de los gobiernos federal y estatal que los escucharon, lo que, de acuerdo con políticos, activistas y especialistas consultados, confirma una tendencia que ha caracterizado a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto: hacerse de la vista gorda ante los principales temas que afectan a los ciudadanos y que, además, le han valido críticas a su Gobierno.

Enrique Peña Nieto inició una política de negación de los crímenes de derechos humanos, acusaron expertos. Foto: Cuartoscuro
Enrique Peña Nieto inició una política de negación de los crímenes de derechos humanos, acusaron expertos. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– Las críticas del Papa Francisco I a los grandes males de México, pronunciadas en homilías y discursos donde habló de la corrupción, la violación a los derechos humanos, el robo de los poderosos a los que menos tienen, la violencia contra niños y jóvenes, la explotación de los indígenas, entre muchos otros, sólo encontró sordera y silencio por parte de las autoridades federales, estatales y de los distintos partidos, coincidieron activistas, politólogos e incluso miembros de institutos políticos.

El Papa Francisco, presente en México del 12 al 17 de este mes, envió mensajes de reproche a las élites económicas y políticas, e incluso a la que conforma la Iglesia católica. Pero del otro lado, nadie respondió a sus señalamientos. Esta tendencia, la del mal de la sordera, ha sido una constante en el actual Gobierno federal y es parte de una estrategia deliberada, dijeron los especialistas.

“La visita del Papa Francisco es precisamente para hablar todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y la corrupción no hay que evadirla, está dentro del Gobierno federal. El Papa ha hecho llamados fuertes, porque no es ajeno que nuestro país es uno de los más corruptos del mundo”, dijo el Diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC), Víctor Sánchez Orozco.
Días antes de la llegada del líder de los católicos del mundo al país, el 27 de enero pasado, Transparencia Internacional (TI) presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, en el que México reprobó por cuarto año consecutivo con 35 puntos de 100 posibles.

Pero el Pontífice no sólo habló de la corrupción sino que se atrevió a romper con los discursos tradicionalmente complacientes de la Iglesia católica: criticó la violencia del narcotráfico, la desigualdad, el abuso del poder y, en general se mostró como un conocedor de los temas de coyuntura nacional y que ubican a México como un país en crisis en materia de derechos humanos.

“Uno de los temas que preocupan justamente es que el Gobierno federal ha ido cerrando espacios de diálogo con las organizaciones civiles nacionales y extranjeras, e incluso con instituciones internacionales, como la ONU [Organización de las Naciones Unidas]. Y si bien en años anteriores habíamos visto relaciones ríspidas por que no concordar con sus puntos de vista, francamente no las habíamos visto tan tensas y tan descalificadoras como las hay hoy en día”, dijo el director de Amnistía Internacional México Perseo Quiroz Rendón.
Ante el Presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo, Francisco hizo énfasis en el mal de la corrupción, un crimen que el año pasado costó al país 1 billón 600 mil pesos, de acuerdo con datos del Banco de México (BM).

“La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo”, dijo durante el recibimiento que le hicieran el Primer Mandatario y la clase política de México en el Palacio Nacional, el pasado 13 de febrero.
Pero el tema de la corrupción, considerado uno de los problemas más graves del país, también se lo recriminó a su propia grey: fieles, misioneros, monjas, sacerdotes y obispos, durante su visita a la Catedral de Morelia.

“¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? ¿Qué tentación podemos tener nosotros una y otra vez, nosotros llamados a la vida consagrada, al presbiterado”, dijo.

DENUNCIAN OÍDOS SORDOS

El Papa Francisco a arribó a Ciudad Juárez proveniente de la Ciudad de México. Foto:  Cuartoscuro
El Papa Francisco arribó a Ciudad Juárez, Chihuahua, proveniente de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

Los funcionarios actuales han hecho oídos sordos a los mensajes del Papa, en especial los referentes a los derechos humanos. Diversos expertos apuntaron que la estrategia del Gobierno en los tres años últimos años de administración no sólo se basa en el silencio, sino en la confrontación ante los cuestionamientos que cuenten con mayor repercusión de los organismos internacionales.

En noviembre de 2015, el Gobierno federal desestimó que existiera una grave crisis de derechos humanos, que, de acuerdo con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abarca una gran amplitud de sectores.

“El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros”, cito en un comunicado a raíz de una visita hecha del 28 de septiembre al 2 de octubre.
Este último día, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dudó que se pudieran sacar conclusiones en cinco días. Y delimitó que las condiciones que propician la violación de derechos humanos se circunscribe a seis estados.

NEGACIÓN DE LA TORTURA

Juan E. Méndez, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura recibió críticas por parte de funcionarios mexicanos. Foto: Cuartoscuro
Juan E. Méndez, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura recibió críticas por parte de funcionarios mexicanos. Foto: Cuartoscuro

Otro episodio de las negativas del Gobierno fue cuando rechazó que la tortura sea una práctica generalizada en México, como lo refirió la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El 10 de marzo, un día después de que Juan Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos de la ONU, presentara un informe sobre las observaciones hechas en una misión a México, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade, y el Embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, negaron que los resultados estuviesen basados en la realidad.

Meade dijo, en su momento, dijo que la ONU sólo recopiló información de 14 casos, y que en 13 estaban siendo atendidos. Sin embargo, las conclusiones del Relator fueron contundentes. Y el trabajo, incluso, externó su preocupación por los atropellos a los derechos humanos sucedidos en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa la noche del 26 de octubre del 2014.

“La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación. El Relator Especial identificó varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y recomienda medidas para atenderlas. Observó también serios problemas en las condiciones de detención, especialmente hacinamiento”, presentó el resumen del Informe.
Las contestaciones de los funcionarios mexicanos subieron de tono a finales de ese mes, cuando el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Manuel Gómez Robledo, acusó al Relator Méndez de ser “irresponsable y poco ético”.

Las declaraciones fueron respaldadas por Meade, y no fueron desdichas hasta casi nueve meses después por el propio Gómez Robledo, quien a punto de ser nombrado por el Senado como Embajador de México en Francia fue cuestionado por legisladores y pidió perdón por lo ocurrido.

LA INDIFERENCIA COBRA FUERZA

Promo(48)

Nicolás Loza Otero, analista político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sostuvo que la negativa del Gobierno a reconocer sus errores, se agravó durante este sexenio.

“La manera es muy ingenua. Descalificando al quejoso, pero no buscando soluciones estructurales que eviten nuevos hechos de corrupción. Eso me parece importante, porque hay una estrategia deliberada de parte de estos Gobiernos que lo que busca es que pasado el problema, eludir la explicación”, dijo.
De forma contraria, el investigador José Fernández Santillán, politólogo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM), apuntó que es más difícil para el actual Gobierno evadir su responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos.

“El tema de los derechos humanos ya no lo controla el Gobierno. Porque hay una Comisión. Dos, porque hay comisiones internacionales, como la CIDH, ó la de Naciones Unidas. Y los gobiernos, no sólo el mexicano, están mucho más sujetos a un escrutinio autónomo, de organismos públicos. Es mucho más intensa la vigilancia de las ONgs”, dijo Fernández Santillán.
Ha sido justo el escrutinio de organizaciones a la autoridad lo que ha llevado a cuestionar la “verdad histórica” sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

El entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, expuso en noviembre del 2014 que los jóvenes atacados en Iguala, Guerrero, fueron asesinados y luego incinerados en el basurero del municipio de Cocula.

No obstante, este mes, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desechó la versión del Gobierno sobre lo ocurrido a los estudiantes. Principalmente, porque la madrugada del 27 de septiembre de 2014 no hubo fuego en el basurero de Cocula, en Guerrero, sostuvo el EAAF.

“No existen elementos científicos suficientes, por el momento, para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del Río San Juan, de donde proviene la única identificación positiva, hasta la fecha, de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio”, refiere el informe del EAAF.
Un resultado que reforzó el cuestionamiento sobre la quema en el basurero hecho de forma previa por el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), que coadyuvan en la investigación el caso.

Y que también puso en entredicho al menos 80 tomos de los que consta el expediente de la desaparición de los normalistas en Iguala.


POLÍTICA TRAS EL PAPA

Si bien el todos los partidos políticos en el Congreso manifestaron su beneplácito por las observaciones del Papa. Ninguno aceptó que fuese una crítica hacia ellos, pero sí, señalaron a otros.

De la misma forma que el resto de críticos a la situación del país, el máximo líder de la religión católica en el mundo, Jorge Mario Bergoglio, partió el miércoles del país, después de hacer menciones sobre la corrupción, narcotráfico, crimen organizado y vacíos legales que enfrentan los mexicanos en el “infierno de las drogas”.

“El discurso del Papa es universal. El tema de la corrupción es uno que se da en todos los ámbitos de la sociedad. Y cada uno tiene que hacer lo que le toca”, dijo el Diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Uriarte Zazueta.

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados Jesús Zambrano Grijalva, también hizo señalamientos esta semana de que debería ser el Gobierno federal, el que reflexione sobre las temáticas del Papa, así como la iniciativa privada.

“Yo digo que es principalmente para quienes tienen responsabilidades de Gobierno; en un régimen presidencialista, desde luego, para el propio Presidente de la República, y también para quienes –como ha sido reiterado en los discurso del Papa en México– están en favor de la exclusión que se genera por el afán de conservación excesiva de riqueza, lo que no permite el desarrollo igualitario”, dijo el perredista.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-02-2016/1624704

Los presos del Ejército

CIUDAD DE MÉXICO: La justicia en las Fuerzas Armadas es por consigna, a contentillo de los generales y sus jefes políticos. Las faltas a la disciplina castrense son un argumento en el que cabe todo cuando se trata de castigar a un militar que cayó de la gracia de su mando.

Las acusaciones por homicidios, lesiones y delitos graves de violaciones a los derechos humanos o de colaboración con el narcotráfico también son una salida perfecta para el castigo.

Las violaciones a los códigos de Justicia Militar y Penal Federal sin duda que deben castigarse, siempre y cuando estén comprobados. Abundan también esos casos en los que, a pesar de las evidencias, los responsables han sido protegidos, también por “órdenes superiores”.


En las prisiones militares del país hay muchos detenidos por consigna o de plano venganza. En el menor de los casos se les impide por todas las vías el ascenso. Al generalato en turno no le ha importado ir incluso contra algunos de sus hombres que han favorecido la imagen del Ejército.

Es el caso del general Ricardo Martínez Perea, quien está por cumplir su condena a 15 años de prisión, acusado de colaborar con el narcotráfico en Tamaulipas. Conocido como el último general táctico, es decir, que ascendió por sus conocimientos en el campo y no en las aulas como Diplomado de Estado Mayor, fue detenido cuando más aseguramientos estaba haciendo en la zona de influencia del Cártel del Golfo, justo cuando habían surgido Los Zetas, los militares de élite del Ejército que desertaron para convertirse en el brazo armado de esa organización delictiva y que años después cobró vida propia.

Qué o a quién afectó el general Martínez Perea en sus aseguramientos, no se sabe. Era el sexenio de Vicente Fox. Bastó un simple anónimo para que se le acusara, procesara y sentenciara.

Nunca lo dejaron demostrar su inocencia y, aunque está a punto de salir de prisión, mantiene su pelea jurídica para que la justicia militar le reconozca como inocente.

El caso trascendió desde hace varios años por el rango de Martínez Perea, al igual que el de otros generales de división que han sido acusados por pugnas al interior del Ejército o sentenciados por presiones políticas, con independencia de su responsabilidad.

Son los menos. La mayoría de los presos son mandos medios, oficiales y tropa que con dificultad se defienden de las órdenes que el ministerio público militar y los jueces castrenses reciben de los mandos superiores del Ejército. Son incontables los internos de las prisiones militares que están en esa situación.

Es difícil que la sociedad salga en su defensa, sobre todo por la imagen que prevalece de que las Fuerzas Armadas se han destacado como perpetradoras de violaciones a los derechos humanos desde que entraron de lleno al combate del narcotráfico, hace una década.


La situación de esos presos no es muy diferente a lo que ocurre en la justicia ordinaria, pero en las instituciones en los que sus jefes no se cansan de mencionar “el honor” como divisa, la lealtad se ha convertido en el privilegio de unos cuantos y que están en la primera fila en las conmemoraciones, como la de este 19 de febrero, Día del Ejército.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430650/los-presos-del-ejercito

Las universidades de Morena son ‘patito’; carecen de validez oficial, dice la SEP

La Escuela de Derecho Ponciano Arriaga y la Escuela de Contabilidad y Administración Pública Leona Vicario presentaron solicitudes para tramitar el Reconocimiento de Validez Oficial; sin embargo, eso no garantiza su otorgamiento, indicó la SEP.

Las universidades vinculadas con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) carecen del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), indicó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Los estudios impartidos por escuelas que no cuenten con RVOE carecen de validez oficial, no forman parte del Sistema Educativo Nacional, y por tanto los títulos que se expidan no tienen validez y no son susceptibles de obtener una cédula profesional.

“Más aún, la no validez repercute de manera directa en los estudiantes, ya que en el caso concreto, las carreras de Derecho y Contabilidad requieren necesariamente de cédula profesional para el ejercicio de su profesión”, indicó la SEP en un comunicado emitido la noche de este jueves 18 de febrero.

La Secretaría aseguró que esas escuelas están obligadas a informar a sus alumnos que no cuenta con el RVOE, tal como lo indica el artículo 59 de la Ley General de Educación.


El comunicado agrega que la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga A.C. y la Escuela de Contabilidad y Administración Pública Leona Vicario, A.C., presentaron solicitudes para tramitar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios; sin embargo, aclara “que la presentación de la solicitud de RVOE no garantiza, bajo ninguna circunstancia, su otorgamiento”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/las-universidades-de-morena-son-patito-carecen-de-validez-oficial-dice-la-sep/

Muchas averiguaciones, pocos fiscales: PGR solo investiga 1 de cada 3 casos

La Auditoría descubrió que la mayoría de las averiguaciones que se abren no se trabajan. Cada fiscal tiene hasta 35 averiguaciones al año, pero solo alcanzan a desahogar 11. Cada averiguación cuesta 48 mil pesos.

La Procuraduría General de la República (PGR) inicia miles de averiguaciones previas al año por denuncias de delitos federales especiales como corrupción de servidores o ex servidores públicos, daños en el medio ambiente, piratería, evasión de impuestos o narcomenudeo pero… la mayoría no las investiga.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que en 2014 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR no le dio ningún seguimiento a 2 de cada 3 casos de ese tipo. Es decir, abrió esas averiguaciones pero luego ya no pasó nada, ni las hojeó.

¿El motivo? La capacidad humana es insuficiente. En teoría a cada fiscal de la referida subprocuraduría le tocan por cabeza 35 averiguaciones en promedio en un solo año. En la realidad, solo puede atender once de ellas.

Y de las que si se atienden, apenas la cuarta parte termina “resuelta” y consignada ante un juez y solo el 3.9 por ciento concluyó con una sentencia condenatoria.

La auditoría también destaca que el cinco por ciento de las averiguaciones que si se atendieron fue nada más para para darlas de baja porque los delitos prescribieron, es decir, pasaron los años de vigencia que da la ley para castigar un delito. En suma, el 73.7 por ciento de las averiguaciones quedaron sin resolver, entre las no trabajadas y las prescritas.

“La contribución de la PGR para lograr una procuración de justicia eficaz, eficiente y abatir la impunidad ha sido limitada debido a que no procuró justicia sobre el 73.7 por ciento de las averiguaciones en trámite que quedaron sin atender en el año y solo logró consignar el 25.4% de las averiguaciones despachadas y de estas, logró sentencias condenatoria para el 3.9 por ciento” señala el dictamen de la Auditoría de Desempeño 14-0-17100-07-0041.

Cabe recordar que en 2014, año correspondiente a la referida auditoría, el titular de la procuraduría era Jesús Murillo Karam.

Los delitos

El dictamen de los auditores detalla que en 2014 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales  inició tres mil 916 averiguaciones previas por delitos federales especiales.

De dichas averiguaciones, el 34.8 por ciento correspondió a delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial, es decir “piratería”; el 34.4 por ciento fueron delitos contra el ambiente previstos en leyes especiales; el 18.9 por ciento correspondió a delitos fiscales y financieros como por ejemplo la evasión de impuestos.

El 9.7 por ciento fueron delitos que involucran a servidores públicos, es decir corrupción; mientras que el 1.9 por ciento corresponden a comercio de narcóticos destinados al consumo final (narcomenudeo). Además, un 0.3 por ciento correspondieron a los llamados “delitos del pasado” que también involucran a ex servidores públicos.

A las averiguaciones previas iniciadas se le sumaron 5 mil 542 que ya estaban pendientes de atender de años anteriores, con lo que en total ene se año fue de nueve mil 458 expedientes de investigación en trámite.

Los casos corresponden a la referida subprocuraduría, pues es el área especializada de la PGR en investigar este tipo de delitos contemplados en las leyes federales especiales y son concentrados por dicha área, que cuenta, según la auditoría, con un equipo de 267 fiscales distribuidos en cinco unidades especiales, así como una dirección y una coordinación general.

Los resultados

Del total de averiguaciones previas en trámite en el 2014, la auditoría reporta que seis mil 495 que equivalen al 68.7 por ciento se quedaron simplemente sin atender, es decir no pasó nada con ellas luego de que se recibió la denuncia y se abrió el expediente.

De las dos mil 963 restantes que si se despacharon por los fiscales poco más del 40 por ciento fueron cerradas por incompetencia, es decir, según el análisis de la PGR lo que se denunció no le correspondía indagarlo a dicha subprocuraduría.

De ese mismo grupo de casos atendidos, en 689 averiguaciones (23.2 por ciento) los responsables de la investigación concluyeron el No ejercicio de la acción Penal, es decir, que no procedieron en contra de nadie al considerar que el delito no se cometió o que las pruebas eran insuficientes. Otras 236 averiguaciones quedaron oficialmente en reserva, al considerarse que aunque no existe información suficiente debe mantenerse abierto el expediente, mientras que 74 casos fueron acumulados con otros.

Lo anterior deja 753 averiguaciones que si fueron consignadas, y que representan el 25.4 por ciento de las averiguaciones que se trabajaron. Dicho de otra forma, de cada cuatro expedientes investigados solo uno se envió ante el juez. Es una reducción respecto a 2012 en que se consignaron el 29 por ciento de los expedientes revisados, según la Auditoría.

El problema, es que de los expedientes consignados… 219 fueron devueltos por el juez al considerar que el Ministerio Público violó el debido proceso, mientras que en otros 476 el juicio continúa.

Únicamente 128 casos consignados, el 3.9 por ciento de todos los atendidos, concluyó con una sentencia condenatoria en contra de los responsables de haber cometido el delito.

El dictamen estableció que otro cinco por ciento de los casos despachados en realidad solamente se dieron de baja ya que concluyó el periodo de vigencia de los delitos, es decir, en los años en que estuvieron abiertas la investigación (si es que se hizo) no derivó nunca en una consignación y prescribieron

Pocas manos

La Auditoría informó que uno de los elementos clave que ha provocado que la mayoría de las averiguaciones previas abierta no sean atendidas, de acuerdo con lo reportado por la propia Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, es que existe un “déficit” en cuanto al personal responsable de trabajar los casos.

En total, la subprocuraduría cuenta con 724 servidores públicos trabajando en esa área, pero de ellos, solamente 267 son agentes ministeriales que se desempeñan como fiscales en las unidades especializadas, y son los que tienen las facultades y capacidades para coordinar las investigaciones.

Si se toma en cuenta que en 2014 la carga de trabajo era de nueve mil 458 averiguaciones abiertas, entre iniciadas ese año y las de años atrás, el resultado es que a cada fiscal le tocaba desahogar por lo menos 35 averiguaciones.

La realidad es que cada fiscal consiguió atender en promedio únicamente 11 averiguaciones previas, el 31 por ciento de las que le tocaban.

La PGR informó a los auditores que como medida para abatir rezagos que existen se implementado acciones de verificación y revisión de los casos con el fin de identificar aquellos

En este contexto la Auditoría extendió a la PGR dos recomendaciones de desempeño, la primera para que se analice como abatir de mejor manera el rezago que existe de expedientes y la segunda para que, sobretodo, se elimine el déficit de personal.

“Para que la PGR con base en el análisis de series históricas del número de averiguaciones en trámite por personal sustantivo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, determine el número de fiscales necesarios para asegurar el oportuno trámite y despacho de las averiguaciones previas y se elimine el rezago” señala al recomendación de los auditores.

Gasto desordenado

La Auditoría Superior de la Federación estableció, a partir del presupuesto asignado a la PGR en el rubro específico denominado “Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial”, que el costo promedio de cada averiguación que se inicia en la mencionada subprocuraduría es de aproximadamente 48 mil 700 pesos.

Si el dinero se está usando bien, con economía y eficiencia es un misterio, toda vez que la Dirección General de Programación y Presupuesto de la propia PGR indicó que “no cuenta con criterios para la distribución de los recursos”.

Según la referida dirección, el dinero se reparte a partir de las solicitudes particulares que realizan las diversas unidades de investigación de la institución.

“La PGR no cuenta con criterios adecuados para determinar si la administración de dichos recursos se realizó con base en criterios de economía” indicaron los  auditores.


En ese contexto los auditores emitieron otra recomendación a la Procuraduría para que se elabore un análisis que permita identificar las causas por las que no se han establecido los criterios para la distribución de los recursos por cada unidad responsable, y con los resultados que se obtengan se adopte las medidas necesarias para contar con ellos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/muchas-averiguaciones-pocos-fiscales-pgr-solo-investiga-solo-1-de-cada-3-casos/

Comando irrumpe en módulo policial de Neza y roba 14 armas

CIUDAD DE MÉXICO: Un comando irrumpió esta madrugada en un módulo policiaco en Ciudad Nezahualcóyotl y sustrajo 14 armas, 13 cortas y una subametralladora, así como varios cartuchos, además de radios portátiles.

La acción delincuencial se registró hacia las 2:00 horas de este jueves en la base Sector 4, en Higinio Guerra y Aureliano Ramos, de la colonia El Sol, en el Estado de México, donde varios individuos se hicieron pasar como personal de la dependencia para ingresar al lugar; enseguida sometieron al encargado de vigilancia.

Un enlace de la corporación confirmó que “llegó una persona uniformada y grito ‘¡Inspección!’, luego el policía le abrió y fue cuando lo golpearon”.


Al instante, los presuntos sicarios irrumpieron en el cuarto de la armería, donde sustrajeron cinco armas Walther, siete Glock, una Pietro Beretta y un arma larga, además de más de 63 cartuchos de diferentes calibres y tres radios.

Poco después, los ladrones abordaron una camioneta negra Explorer y huyeron por la calle Aureliano Ramos, con rumbo desconocido.

Más tarde, por medio de la frecuencia de radio de la policía, se escucharon amenazas hacia la corporación por parte de “El Pantera. El Ingeniero y La Sombra”.

“Que les quede claro que llegó la empresa, hijos de su puta madre, atentamente El Ingeniero, El Pantera y La Sombra”, se escuchó en la transmisión.

“Ya vieron que nos la pelan, cómo les dejamos a los coyotes, así se van a quedar, llenos de plomo, perros”.

Este mismo grupo criminal, que desde semanas atrás se ha adjudicado ejecuciones en los municipios mexiquense de La Paz, Tlalnepantla, Chicoloapan e Ixtapaluca, dirigió sus amenazas hacia los mandos del Grupo Coyotes.


“Atentamente gente del Chaparro, ábranse a chingar a su madre, putos, y dejen de molestar a la gente”, fue también parte del mensaje lanzado por los presuntos criminales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 18 FEBBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430604/comando-irrumpe-en-modulo-policial-de-neza-y-roba-14-armas

Exhibe audio “guerra cibernética” por el control político de Acapulco

CHILPANCINGO, Gro: Al estilo de las pandillas que se disputan a sangre y fuego las calles del puerto de Acapulco, dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC) mantienen una confrontación directa con el alcalde perredista porteño Evodio Velázquez Aguirre por el control político del principal municipio de la entidad.

Esta mañana se difundió en redes sociales un video donde se escucha al exalcalde y líder de MC, Luis Walton Aburto, dirigir una reunión con un grupo de colaboradores donde acuerdan emprender una campaña de desprestigio contra su sucesor, postulado por el PRD, Evodio Velázquez, quien ha sido exhibido públicamente por sus presuntos nexos con el narco.


El hecho exhibe el uso de medios digitales para propaganda política, así como la opacidad en el rubro de los recursos públicos destinados a la difusión en medios de comunicación de las actividades oficiales de gobernantes en turno que manejan con discrecionalidad cantidades millonarias para exaltar su imagen personal.



En el video titulado “Audio de guerra sucia de Walton contra Evodio involucra a periodistas de Acapulco”, se escucha al empresario gasolinero porteño señalar que la causa del quebranto financiero del ayuntamiento se debe al otorgamiento de 500 bases y la contratación de 300 trabajadores supernumerarios y responsabiliza al exalcalde y actual dirigente priista, Manuel Añorve Baños.

“Eso fue lo que tronó al ayuntamiento y, claro, el otro se ha ido en blanco Manuel Añorve, ese a toda madre que nosotros nos estamos desbaratando y él está caminando solito”, expresa Luis Walton.

Enseguida, Walton anuncia que va a pagar un estudio a los miembros del Colegio de Contadores de Acapulco para que realicen un análisis de la deuda que dejó para que se compare con la administración de Félix Salgado Macedonio y Manuel Añorve Baños.

El video está basado en un audio de casi 17 minutos, ilustrado con imágenes de Walton y exfuncionarios municipales como el exdirector de Comunicación Social, Ricardo Castillo, actual director de la filial de la agencia Quadratín en Guerrero, y Alberto Carrera, encargado del manejo de redes sociales de Walton.

El encuentro privado grabado por uno de los asistentes y posteriormente filtrado a través de redes sociales como Youtube y Facebook, se indica que Alberto Carrera, es el encargado de fijar las acciones de la estrategia de ataque contra Evodio Velázquez y defensa de Luis Walton en medios digitales, específicamente.

“Ya han visto que traemos una guerra abierta frontal y directa con el equipo de Evodio (Velázquez)”, lanza Carrera, quien ordena al grupo de Walton monitorear cuentas y perfiles de Facebook y Twitter de reporteros y activistas afines al actual alcalde de Acapulco, considerada como la ciudad más violenta y donde la ola de ejecuciones no cesa a pesar de los constantes anuncios de operativos policiacos militares.

Ello, con el propósito de contener las críticas contra Luis Walton y responder con argumentos y denostando la imagen de Evodio Velázquez.

Al respecto, el encargado de manejar las redes de Walton aseguró que esta labor la venían realizando cinco personas del equipo de Walton y reconoce que su campaña no ha logrado su objetivo porque el grupo del alcalde Acapulco son al menos 80 personas.

Es por eso que Alberto Carrera llama a dirigentes de MC y políticos de este partido que trabajan en el administración del gobernador priista, Héctor Astudillo Flores, como el actual contralor, Mario Ramos, a sumarse a la campaña de desptrestigio contra el alcalde de Acapulco.

“Solos no vamos a poder, ellos (PRD) ahora son gobierno en Acapulco y tienen comprado a todo mundo en cuestiones de comunicación social. Tienen convenios de 100 mil pesos y 150 mil pesos con cuentas de Facebook y ahora imagínense con los medios”, expresa Carrera.

La estrategia “para darle en la madre a Evodio”, acordada por los waltonistas se enfoca en cuatro puntos: Inseguridad, Corrupción, Denuncia ciudadana y la detracción o ensuciar la imagen política del presidente

“Hay que tacharlo de bembo y pendejo”, insiste el encargado de redes de Luis Walton, quien señaló que en redes sociales manejan cuentas falsas enfocadas en atacar a Velazquez Aguirre como Dedo Guerrero y Denuncia Guerrero.

Carrera pidió al grupo waltonista monitorear los portales de Solo Chilpo y Libertad Guerrero para estar al tanto de los ataques lanzados por el equipo de Evodio Velázquez contra el exalcalde de Acapulco y líder de MC.

El colaborador de Walton explica que la línea en redes sociales marca la pauta para los reporteros “que están casados” con el edil perredista de Acapulco y sentencia:

“Cualquier ataque contra Walton y Ricardo Mejía, actual diputado local por MC, debe ser notificado y vamos a responder a través de nuestras cuentas alternas y los bots”.

En el video se escucha una voz que define al grupo waltonista para atacar en redes a Evodio Velázquez como una “guerrilla cibernética”.

Guerrero: historia de opacidad y resistencia a la transparencia

En agosto pasado, las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar emitieron un reporte sobre el gasto en publicidad oficial denominado “Libertad de expresión en venta”, donde ubicaron al gobierno de Guerrero entre los principales lugares de opacidad a escala nacional.

En el informe, califican la administración de los exgobernadores Ángel Aguirre y Rogelio Ortega fue de las peores en el tema de rendición de cuentas y transparencia.

El documento advierte que existe una preocupación particular por la opacidad en Guerrero y Tamaulipas, debido a que durante cuatro años las autoridades de ambas entidades no han transparentado la información sobre su gasto en publicidad en medios de comunicación.

El diagnóstico de las ONG refiere que el uso “arbitrario y discriminatorio” de la publicidad oficial sigue profundamente arraigado en las prácticas gubernamentales.

Además, consideran que estos recursos públicos se distribuyen conforme a criterios políticos e intereses privados, y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, una práctica definida como “censura sutil o indirecta”.

A finales de octubre pasado, el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (ITAIG), multó a la administración del exgobernador Rogelio Ortega con 13 mil 290 pesos por negarse a transparentar el gasto de publicidad oficial en medios de comunicación.

La multa equivalente a 200 salarios mínimos se debe a que la dirección la Dirección General de Comunicación Social del gobierno estatal no acató la resolución previa emitida en septiembre, donde se ordenó entregar a Proceso la información relativa al monto desglosado de los recursos destinados mensualmente a empresas de medios de comunicación y reporteros, explicando su concepto y justificación.

De esta forma, el pleno del ITAIG resolvió el recurso de revisión del expediente ITAIG/28/2015, promovido por este reportero en contra de la Dirección General de Comunicación Social estatal (DGCS), ante la negativa de entregar información sobre el gasto de publicidad oficial del gobierno de Ortega.

Al respecto, el instituto determinó que la dependencia estatal debe hacer público el informe desglosado de los recursos destinados mensualmente a medios de comunicación social y reporteros, el concepto y justificación de los mismos.

Los consejeros refieren que este tipo de información se considera pública de oficio por estar relacionada con la erogación de recursos públicos, como lo señala el artículo 13 de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

A pesar de la multa impuesta y el exhorto a transparentar el gasto de publicidad oficial en medios de comunicación, la administración de Rogelio Ortega simplemente se negó a dar a conocer la información y el gobierno de Héctor Astudillo ha sido omiso para cumplir con el ordenamiento jurídico emitido por el ITAIG.


Esta situación refleja el nivel de opacidad que existe en la administración estatal y los 81 municipios que conforman la entidad, donde en el caso de Acapulco, los dirigentes del PRD y MC mantienen una confrontación mediática paralela a la narcoviolencia que advierte el uso de recursos públicos para fines particulares.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
FECHA: 18 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430635/exhibe-audio-guerra-cibernetica-por-el-control-politico-de-acapulco-2

Confirman desvío de recursos del gobierno de Morelos en un crédito por casi 3 mmdp

CUERNAVACA, Mor: La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) deberá iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas inicialmente contra funcionarios del gobierno de Graco Ramírez por la aplicación irregular de los recursos del crédito de 2 mil 806 millones de pesos que la administración estatal contrató en 2013, luego de obtener autorización de la anterior Legislatura.

Finalmente este jueves el auditor general Vicente Loredo Méndez entregó a los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública el informe de resultados de la auditoría especial realizada al crédito, aunque nuevamente se negó a pormenorizar el número y monto de las observaciones de carácter resarcitorio.

La revisión especial, que originalmente fue instruida por la Legislatura anterior, concluyó luego de casi año y medio de haberse ordenado y superando por mucho el plazo de tres meses en el que supuestamente debería ser desahogada por el órgano de fiscalización.


A partir de este momento la Comisión de Hacienda deberá notificar al pleno del Congreso la recepción del informe, hacer públicos sus resultados e instruir para que se finquen responsabilidades –incluso penales– a las que haya lugar con base en la información presentada por la ESAF.

A pesar de que se negó a dar pormenores sobre el caso, Vicente Loredo aprovechó para anticipar –en descargo del gobierno estatal– que las consecuencias sobre el desvío de recursos del crédito millonario serán “acciones administrativas”, aunque no pudo negar que las mismas pudieran desencadenar responsabilidades penales.

Según la poca información transparentada, el informe sólo contiene resultados de la auditoría practicada a 73% del monto total del crédito, dado que al momento de que fue autorizada la revisión el gobierno de Graco Ramírez sólo había ejercido ese porcentaje de los recursos.

También dijo que el resto de los recursos no auditados –que equivalen a más de mil 200 millones– serán revisados dentro de las auditorías ordinarias correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

El presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Alberto Mojica Linares, informó que el Congreso dará vista a la PGR sobre los resultados del informe, ya que constituye un elemento dentro de la carpeta de investigación iniciada por la denuncia presentada por la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos contra Graco Ramírez por el delito de peculado.

Mojica Linares indicó que existe la posibilidad de que el Congreso instruya una nueva auditoría especial, ahora sobre los más de mil 200 millones no revisados, con el fin de ir al fondo sobre las supuestas irregularidades en la aplicación de cada peso correspondiente al crédito que mantiene endeudado a Morelos hasta el año 2032.

Desvío de al menos 309 mdp

A pesar de que no se transparentan aún los resultados de la auditoría practicada a parte del crédito por casi 3 mil millones de pesos autorizado al gobierno de Graco en 2013, existen evidencias del desvío de al menos 309 millones, como se informó en octubre de 2015, cuando la secretaria de Hacienda del gobierno estatal, Adriana Flores Garza, compareció ante el Congreso y admitió que esa cantidad se utilizó no para el pago de obras públicas anunciadas, sino para saldar nóminas, bonos navideños y compensaciones a trabajadores del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).

En su oportunidad, Apro informó que, además, con parte de esos recursos fueron pagadas obras ejecutadas por la anterior administración, la del panista Marco Antonio Adame Castillo, y que de manera irregular el actual de Graco Ramírez había saldado con recursos del crédito.

Alberto Mojica Linares informó que producto de la comparecencia a la que fue llamada Flores Garza, recibieron documentales oficiales que comprueban que una gran cantidad de los recursos del crédito de 2 mil 806 millones contratado por el gobierno estatal, se utilizó indebidamente para el pago de gasto corriente en múltiples rubros.

Incluso destacó que de la revisión superficial del informe presentado por la secretaria de Hacienda se pudieron detectar “rubros diversos que van desde el pago de nómina al IEBEM y otras instancias, por más de 200 millones de pesos que se utilizaron para gasto corriente”.

Sin embargo, en una revisión más detallada de la información contenida en el documento entregado a los diputados bajo el título “Obras y acciones aprobadas con crédito” –en poder de Apro–, se puede comprobar que se trata de un total de más de 309 millones de pesos que se utilizaron para tapar “huecos financieros” de la nómina del IEBEM correspondiente al 2012, aun cuando el crédito fue autorizado el 10 de octubre de 2013.

La carpeta elaborada por la Secretaría de Hacienda estatal documenta el uso de los recursos del crédito por más de 177 millones de pesos, clasificados bajo los rubros de “Remanentes de quincenas” del IEBEM y “Provisiones salariales al sector educativo”, correspondientes a los meses de junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012.

Además de 20 millones 448 mil pesos en el “Pago por bono navideño para jubilados federalizados”; 107 millones 737 mil pesos para el “Pago anual de compensación por fortalecimiento temporal compactado 2013”, y 3 millones 500 mil pesos para el Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Ejecución del Programa de Tecnologías Educativas de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Morelos de 2012.

En suma, más de 309 millones equivalentes a 78.6% del total financiero agrupado en el “Eje temático educación” del informe “Destino de los recursos de los créditos por tema”, que documenta un monto total de 393 millones aplicados en 94 obras y/o acciones realizadas.

El coordinador parlamentario de Nueva Alianza, Francisco Santillán Arredondo, explicó que el argumento mediante el que la funcionaria intentó justificar el uso de dinero del endeudamiento para pagos de gasto corriente fue que el artículo tercero de la Ley de Deuda Pública de Morelos establece que las nóminas no son un gasto corriente, sino un gasto de inversión.

“Que el gasto de inversión es todo aquello necesario para llevar a cabo una función y que si no se les paga la nómina a los maestros, éstos no pueden realizar su función y que por lo tanto no es gasto corriente”, ironizó.


“En cualquier lugar, y aunque lo quieran disfrazar, eso es un gasto corriente, aunque lo quieran disfrazar como gasto de inversión”, concluyó entonces Mojica Linares.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIMA LUIS BRITO.
FECHA: 18 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430638/confirman-desvio-de-recursos-en-credito-concedido-al-gobierno-de-morelos

Programa de televisiones digitales: se pierden aparatos y la SCT falla en la entrega a beneficiarios

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no pudo comprobar ante la Auditoría Superior de la Federación qué pasó con 398 mil televisiones que quedaron almacenadas.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no sabe en dónde están 398 mil 775 televisiones digitales compradas para repartir en 2014 con miras al apagón analógico, según el informe de la Auditoría Superior de la Federación.

Los aparatos son parte del programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, pero aunque se documentó que se compraron, no se entregaron y permanecieron almacenados, la SCT les perdió rastro y no cuenta con un registro de su ubicación.

El monto equivalente por estas televisiones digitales perdidas es de 985 millones 636 mil 216 pesos de los que no se cuenta registro sobre su destino, determinó la ASF en el informe de la Cuenta Pública 2014.

El Programa para la Transición a la Televisión Digital consiste en que el gobierno federal entrega televisiones digitales a las personas que no están en condiciones de adquirir un nuevo aparato o codificador tras el apagón de la señal analógica.

Los mexicanos que pueden recibir una televisión digital son ciudadanos inscritos en programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que estuvo a cargo de crear el padrón de beneficiarios.

En ese sentido, la ASF alertó que los datos del padrón no garantizan que se entregue sólo un televisor por hogar, como marcan las reglas del programa.

El órgano fiscalizador confirmó que existen hogares con más de dos televisiones y obtuvo información que señala que para evitar estos casos la Secretaría de Desarrollo Social se respalda en que la notificación que llega a los beneficiarios de los aparatos incluye la leyenda: “En caso de que el beneficiario reciba más de un equipo, se deberá devolver la totalidad de televisores”.

Durante 2014, se entregaron televisiones en doce entidades federativas: Baja California, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Colima, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas.

En esta última entidad, el órgano fiscalizador detectó algunas irregularidades. Por ejemplo, se debían entregar 120 mil televisores pero sólo se tiene registro de que se entregaron 89 mil.

Además, aunque se pagó por ellas, sobre otras 60 mil televisiones no existe prueba de que el proveedor las haya entregado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La Auditoría también alerta que el Programa para la Transición a la Televisión Digital operó en 2014 sin cumplir con la condicionante de tener un plan de manejo de desechos.

Según el plan de trabajo, desde mayo de 2014 arrancaría un programa para “el manejo de los televisores analógicos desechados producto de la transición”.

Los resultados de esa estrategia tendrían que darse a conocer sobre el porcentaje de televisores analógicos debidamente acopiados y confinados; pero no existe evidencia documental de que el plan se haya puesto en marcha.

El órgano fiscalizador dijo que este plan de trabajo era indispensable en 2014 para evitar un daño ambiental por el cambio de aparatos.

Las televisiones analógicas tienen plomo, mercurio, cadmio, arsénico y otros componentes que pueden dañar el sistema nervioso y provocar otros padecimientos. Por eso es indispensable un buen manejo de desechos.


La ASF encontró que durante 2014 la SCT no tuvo ningún avance en esa estrategia. De hecho, el programa de acopio de televisiones analógicas del gobierno federal inició hasta julio de 2015; con un año de retraso según el plan de trabajo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/programa-de-televisiones-digitales-se-pierden-aparatos-y-se-entrega-mas-de-uno-por-hogar/

Piden padres de los 43 a la PGR realizar 140 diligencias

Anuncia la dependencia un tercer peritaje en Cocula.

Los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que lleve a cabo 140 diligencias como parte de la investigación del caso Iguala, y que complementan y refuerzan a las presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Lo anterior ocurrió durante un encuentro en el cual se les anunció que se llevará a cabo un tercer peritaje en el basurero de Cocula, en el cual participará el especialista peruano José Torero, quien ya realizó un estudio y determinó que en ese lugar no hubo un incendio que hubiera permitido la incineración de los 43 normalistas.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la PGR en la Ciudad de México, y en ella participaron los familiares de los normalistas, los integrantes del GIEI, la procuradora general de la República, Arely Gómez; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, y José Aarón Pérez Carro, titular de la oficina de investigación del caso Iguala.

Posterior al encuentro, a través del abogado Vidulfo Rosales, los familiares externaron su molestia por ‘‘el poco avance y los insuficientes resultados’’, y señalaron que durante el encuentro, en el cual se resumieron tres meses de que se inició el desahogo de nuevas líneas de investigación, no ‘‘hay resultados positivos de la búsqueda de los estudiantes’’.


Asimismo, explicó Rosales, los familiares consideran que ‘‘aunque no están de acuerdo en que se haga un nuevo peritaje en el basurero, aceptarán los resultados de esta prueba siempre y cuando los expertos del GIEI avalen a los integrantes del grupo de especialistas y la PGR los deje participar abiertamente en los trabajos’’.

Añadió que uno de los reclamos que se hicieron a la PGR es la falta de autorización para que integrantes del Ejército sean interrogados por los miembros del GIEI, y que esta vez la PGR solamente les informó de nuevas diligencias en torno a la línea de investigación del quinto autobús y búsquedas en zonas cercanas al río San Juan.

En tanto, la procuraduría aseguró que la investigación sigue abierta y que durante ‘‘su intervención, la procuradora subrayó la disposición institucional para atender sus inquietudes y dio cuenta del desahogo de los compromisos asumidos en las reuniones previas. La indagatoria sobre la desaparición de los estudiantes normalistas está abierta y se desarrolla contando, de manera estrecha, con la coadyuvancia de los integrantes del GIEI’’.

El pliego de peticiones para nuevas diligencias fue presentado durante el encuentro. Santiago Aguirre, subdirector del Centro Pro, quien estuvo presente en la reunión, señaló que los padres de familia dijeron estar conscientes que algunas de estas propuestas los ponen en riesgo y pidieron garantías a la PGR.


Emiliano Navarrete, otro de los padres, expresó que lo único que está generando el gobierno al negar las entrevistas con los militares es ‘‘extender la sombra de la sospecha sobre las fuerzas armadas’’. En su respuesta, la procuradora Arely Gómez señaló que este tema corresponde resolverlo al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO, JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/02/19/politica/004n1pol

Asesinan a 16 personas en este año en una colonia de Ecatepec. Vecinos se organizan para protegerse

Ecatepec, Méx,. Vecinos de la comunidad de Barrio III, denunciaron de lo que va del año, han ocurrido 16 decesos violentos en la zona de Ciudad Cuauhtémoc y colonias aledañas, debido al incremento de la inseguridad.

Esto fue dado a conocer por Verónica Obregón, líder social, que manifestó ante más de 70 vecinos que el índice delictivo se incrementó sobre todo donde se ubica la parroquia de Santa Rita, la parada del "columpio" donde hace un mes fueron acribillados dos hombres a bordo de su vehículo.

Señalaron que es el robo a transeúnte lo que se ha incrementado, seguido de extorsiones, agresiones sexuales, robo a casa-habitación y robo a transporte público, entre otros.

Exigieron a representantes de la Polícia Federal, Estatal y Municipal, que se dieron cita en la calle Manuel Buendía, se incrementen los patrullajes y que realicen operativos de barrido de calle sorpresa, o de lo contrario cerrarán avenidas principales.

Los vecinos no descartaron la posibilidad de armarse para poderse defender, aunque manifestaron que no es la solución, que la solución es que la policía realice su trabajo.

Manifestaron ante los elementos de la policía, que sus calles están llenas de delincuentes, que han observado hasta niños de 10 años de edad vendiendo droga afuera de sus casas.

Denunciaron ante las autoridades, que han observado a sujetos a bordo de un vehículo blanco, armados con pistolas los han asaltado, recalcaron que las denuncias hechas ante las autoridades han sido vanas ya que luego de dos o tres días los delincuentes están de nuevo en las calles.

Añadieron que los choferes de la base de taxis local los han apoyado cuando han encontrado a un delincuente.

Finalmente, Verónica Obregón denunció que ha pesar de haber invitado más de una ocasión al Jefe de Sector y Jefe de Turno del segundo sector, esto hicieron caso omiso y no acudieron.


Fuente: A Fondo Estado de México
http://afondoedomex.com/aumenta-la-inseguridad-en-ecatepec-vecinos-comienzan-a-organizarse/

Gobierno de Peña otorga plena impunidad a los delitos ambientales

Ciudad de México: Si bien la administración de Enrique Peña Nieto presume discursos sobre el “desarrollo sostenible”, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que, en materia de política ambiental, las instituciones no se encuentran a la altura: mientras la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se maneja sin objetivos claros ni datos confiables, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) prácticamente no sanciona los delitos contra la naturaleza.


Lo anterior se desprende de cuatro reportes sobre la cuenta pública 2014 que publicó el órgano fiscalizador el pasado miércoles, el cual aseveró que “la Semarnat no ha gobernado el problema público, ya que sus acciones de prevención, control, restauración y preservación (…) no han logrado revertir la tendencia de la contaminación ambiental”.

Durante los primeros dos años de la administración de Enrique Peña Nieto los recursos ejercidos por la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) en programas que tienen incidencia en contaminación ambiental sufrieron un recorte de 500 millones de pesos, al pasar de 7 mil 560 millones a 7 mil 60 millones de pesos, indicó la ASF.


En 2014, este monto representaba apenas el 1% de los 766 mil millones de pesos que costó la degradación de la calidad del aire, del agua y del suelo en México; mientras que según la Semarnat, 72.2 millones de mexicanos viven expuestos a un aire de mala calidad y el número de sitios contaminados se disparó en un 253% entre 2000 y 2013.

Quién contamina no paga

Las empresas que perpetran delitos contra el ambiente tienen pocas probabilidades de pagar algún día por ello, pues no es común que uno de los 192 inspectores de la Profepa realice una visita improvisada a sus instalaciones, y es más improbable aún que la inspección desemboque en sanciones efectivas.

Así, en 2014 fueron inspeccionadas solamente 4 mil 70 empresas –del padrón de 91 mil 340 empresas emisoras de algún tipo de contaminante que integró la Profepa–, equivalente al 4.5%. Los funcionarios detectaron irregularidades en seis de cada diez visitas.

El número de inspecciones “fue marginal respecto del número de fuentes de contaminación ambiental de competencia federal identificadas, además, se verificó que la Profepa no dispuso de objetivos ni metas para realizar la inspección industrial que permitiera incrementar el cumplimiento de la normativa ambiental”, sostuvo la ASF.

Asimismo, la Profepa realizó 371 visitas a sitios contaminados en 2014 para determinar si las mil 89 medidas que dictaminó anteriormente fueron cumplidas. La ASF se alarmó: mil 10 de ellas eran incumplidas o parcialmente cumplidas, o sea el 92.8%, lo que “demuestra que aún no es efectivo el principio de que quién contamina paga”.

De las 375 inspecciones que realizó la Profepa en sitios industriales para verificar si estaban conformes con las normas ambientales, se percató que 242 presentaron irregularidades, y que 25 de ellas no tenían Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Según la ASF, entre 2007 y 2014 el número de inspecciones a empresas se redujo en un 0.6% anual, cuando por otro lado el padrón de empresas contaminantes se disparó en un 5.9% cada año.

La ASF detectó que el número de sitios contaminados se disparó en un 43.3% anual entre 2007 y 2014 y que la superficie afectada se incrementó en un 53.6% cada año.

Rebasada, la dependencia restauró apenas una tercera parte de la zona afectada –afirmó que la remediación “está supeditada a que el responsable de la contaminación del sitio cuente con los recursos necesarios que se realice la misma–.

Cuando la Profepa emite sanciones, envía sus 192 inspectores para verificar del cumplimiento de las medidas que dictó. En 2014 dictaminó 7 mil 394 medidas. Una de cada tres se incumplió.

De acuerdo con la ASF, sólo 16 de las 32 delegaciones federales de la Profepa presentaron denuncias ante el Ministerio Público, y la dependencia aseguró que exhibió 200 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2007 y 2014, la cual, por su parte, registró 21 averiguaciones previas, una cifra 89.5% inferior a la que presentó su contraparte ambiental.

Si bien la Profepa tiene registradas 19 mil 949 empresas que contaminan el suelo, la Semarnat reconoce apenas 2 mil 525 de ellas, –un 13%–, lo cual llevó la ASF a la conclusión que la dependencia “no contó con información clara, confiable y suficiente para la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas”.

De acuerdo con la Semarnat existen mil 983 sitios contaminados en el país, los cuales cubrían una superficie de 369 millones 867 mil metros cuadrados en 2014. De éstos, solamente el 0.5% fueron remediados, mientras que 339 millones 463 mil metros cuadrados — el 86.2% eran considerados “de riesgo alto”– no recibieron acción de remediación.

Aun así, estos datos de la Semarnat resultaron poco confiables, pues según la ASF la institución “no dispuso de criterios, metodología ni de un cronograma para elaborar e integrar el inventario de sitios contaminados”.

Y sentenció: “Las acciones de gestión realizadas por la Semarnat para la remediación de los sitios contaminados han contribuido de manera mínima en la prevención y mitigación de los riesgos a la salud y el ambiente del entorno donde se ubican los sitios contaminados que han sido remediados”.

Lo mismo ocurrió con las 63 mil 344 empresas generadoras de residuos peligrosos: el 98.8% de ellas operaron en 2014 sin contar con un permiso de manejo integral de residuos de la Semarnat, y el órgano fiscalizador estimó que la dependencia “desconoce el universo de empresas generadoras de residuos, así como el volumen general que generan”.

Monitoreo insuficiente

La Semarnat tiene entre sus obligaciones monitorear a las 90 ciudades de más de 500 mil habitantes, zonas metropolitanas, sitios con industrias contaminantes y conturbaciones registradas en el país –tal como lo establece la norma NOM-156-SEMARNAT-2012–.

Otra vez, la ASF detectó que 48 de estas zonas –en las que habitaban más de 19 millones de personas– se encontraban fuera de las redes de monitoreo de la Semarnat, por lo que la institución desconoció los efectos que provocaron 6 millones 448 mil toneladas de contaminantes liberados en el aire en 2014; y todavía 15 estados no habían firmado ningún convenio con la Semarnat en materia de monitoreo de la calidad del aire en 2014.

Por si fuera poco, las estaciones de monitoreo de la Semarnat no miden las emisiones de plomo en el atmósfera, a pesar de que este elemento puede causar graves daños en el sistema nervioso del ser humano.

En materia de manejo de los desechos urbanos, el panorama no fue más alentador: la ASF observó que los datos difieren según las instituciones que los registran y que la Semarnat “no cuenta con información sobre la infraestructura e instalaciones para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos”, por lo que en 2014 la secretaría liberó 11 subsidios de infraestructura “sin considerar las necesidades” de los sitios.

Si bien el presupuesto asignado a la “prevención y gestión integral de residuos” se incrementó en un 24.6% entre 2013 y 2014 –con 685 millones 507 mil pesos–, la Semarnat no definió de manera clara sus criterios ni la población objetivo; no contó con un padrón de beneficiarios ni registro de municipios con la infraestructura insuficiente, por lo que sus acciones “no fueron suficientes para que (…) se controle la contaminación del suelo”.

Promesas al aire

En noviembre pasado, Peña Nieto presentó ante los integrantes de la COP 21 los compromisos de México en materia ambiental, entre ellos el de reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de aquí a 2030 –pese que en los últimos 33 años, las emisiones de bióxido de carbono se incrementaron en un 3.4% anual en promedio–.

Sin embargo, la ASF aseveró que, más allá de las promesas hacia un futuro lejano, la administración actual no cumplió con las metas que ella misma estableció en materia de mitigación de cambio climático, entre ellas la de desacoplar su el crecimiento de su economía de sus emisiones de CO2 –uno de los principales elementos de los GEI–.

Para respetar los objetivos nacionales, que consisten en reducir las emisiones de CO2 en un 30% en los próximos 4 años, México deberá mitigar 288 millones de toneladas de este gas en 2020. Pero al ritmo actual, solamente se puede esperar una mitigación de 112.9 millones de toneladas, precisó la ASF, apenas el 40% de la meta.

“Para las restantes 175.1 millones de toneladas de CO2 (60.8%), los miembros del (Sistema Nacional de Cambio Climático) no definieron las instancias responsables de su mitigación”, planteó la ASF, que concluyó: “la Semarnat no sustentó lo realizado (…) que permitiera verificar la viabilidad de las metas nacionales de mitigación”.

Así, a lo largo de las 33 páginas del reporte de auditoría 14-0-16100-07-0134, la ASF señaló, entre muchos, que la Semarnat “no promovió proyectos de mitigación”, que “se ejercieron 35 mil 16 millones de pesos sin considerar las acciones ni metas de mitigación”, o que “la falta de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos (…) puso en riesgo la reducción prevista de los volúmenes de GEI”.

Conclusión de la ASF: “la Semarnat no ha tenido la capacidad operativa suficiente para coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para cumplir con los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional”.

Agua contaminada

En materia de agua, el diagnóstico de la ASF no fue mucho mejor, pues determinó en la auditoría 14-0-16B00-01-0123 que la Conagua no logró “avanzar en la preservación de la calidad del agua”, y aseveró que “persiste una tendencia al deterioro de la calidad del agua” en México.

De acuerdo con la ASF, uno de cada cinco sitios que visitó la Conagua en el país 2013 –de un total de 8 mil 914 sitios visitados– estaba contaminado o fuertemente contaminado.

Lo anterior es preocupante, pues el órgano fiscalizador se percató, al revisar la Cuenta Pública 2014, que “no fue posible determinar el monto del presupuesto original destinado a las acciones de prevención y control de la contaminación y restauración de su calidad del agua”.

Sin embargo, determinó que entre 2012 y 2014 la administración de Peña Nieto recortó de 953 millones 81 mil pesos los recursos ejercidos en programas que inciden en la contaminación del líquido, al pasar de 6 mil 387 millones a 5 mil 434 millones de pesos en estos años.

Así, en 2014 este monto alcanzó apenas el 6.4% del costo estimado por la degradación de la calidad del agua –que se elevó a más de 85 mil millones de pesos—y 0.7% del costo por degradación de la degradación general del ambiente –que representó 765 mil 825 millones de pesos–.

De hecho, la ASF observó que la Conagua incrementa sus emisiones de permisos de descarga de aguas residuales a un ritmo de 6.8% por año “sin considerar la calidad de los cuerpos de agua”, aunque reduce los volúmenes de aguas residuales liberados en el ambiente.

“El porcentaje de sitios con excelente y buena calidad (del agua) disminuyó en 1.8% en promedio anual, de 65% a 57.4%, a diferencia del porcentaje de sitios contaminados y fuertemente contaminados que aumentó en 1% anual, de 17.2% a 18.5%”, advirtió la ASF.

Asimismo, el órgano fiscalizador determinó que en 2014 hubo 98 descargas residuales más que el número de permisos otorgados –377 descargas contra 279 permisos–, y esta diferencia denota “la insuficiencia de la acción preventiva de la Conagua para preservar la calidad de los recursos hídricos” según la ASF.


La Profepa y la Conagua no tienen acuerdo ni instrumentos de coordinación en materia de inspección y vigilancia, de determinación de medidas técnicas correctivas y de seguridad, así como de promoción para la reparación de daños en ecosistemas asociados al agua, señaló la ASF.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430659/gobierno-de-pena-otorga-plena-impunidad-a-los-delitos-ambientales

Agreden a dos alumnas en los baños de la FCPyS de la UNAM

Ciudad de México.- El día de ayer a través de las redes sociales se denunciaron dos agresiones a alumnas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) en la Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM) las agresiones se realizaron en dos diferentes momentos; los dos casos en los sanitarios de mujeres del edificio A.

La primera denuncia la realizó una alumna de cuarto semestre, a la cual llamaremos Crespi intentando proteger su integridad, la joven se encontraba en el baño del edificio A ubicado en el primer piso, aproximadamente a las 2:00 denunciaron le arrebataron sus pertenencias; el sujeto que no logro ser identificado como alumno de la facultad escondió la mochila en el baño de los hombres del mismo piso del lado de la explanada principal; inmediatamente la estudiante persiguió y confronto al sujeto, el agresor ante esto solo se limito a decirle que lo golpeara, pero al notar que la chica no sentía miedo y reclamaba sus cosas, no tuvo mas remedio que entregarle sus pertenencias, fue en ese momento cuando pudieron tomarle la foto, antes esto se denuncio al ladrón en el área del jurídico; dónde no pudieron hacer nada, ni siquiera denunciar, solo, por que no sabían el nombre, al final se llevo la foto a Pedro Mundo quien entrego la fotografía a los vigilantes.

La segunda agresión ocurrió en el mismo sitio; el baño de mujeres del edificio A; este se encuentra subiendo por la rampa, los hechos ocurrieron aproximadamente a las ocho de la noche; la compañera que llamaremos “Caro” fue atacada cuando se encontraba sola en los sanitarios en el área de los espejos, cuando de repente un hombre vestido de negro la golpeo fuertemente con una paleta de banca; el golpe fue tal que casi pierde el conocimiento, a pesar de la contusión, Caro pudo salir a pedir ayuda; afortunadamente varios compañeros la auxiliaron; cabe destacar que el agresor no le robo ninguna de sus pertenencias, debido al fuerte golpe, la alumna tuvo que recibir varias suturas, compañeros de Caro refirieron que es una persona tranquila, querida por su familia y gente que la rodean, ademas es egresada de la Facultad y se encontraba tomando una clase.

En dicho grupo diferentes alumnos llamaron a realizar una asamblea para fijar una postura antes estos hechos, algunas encaminadas a restringir el acceso solo a estudiantes, profesores y personal administrativo; sin embargo en meses pasados las mismas alumnas han denunciado agresiones sexuales por parte de los mismos estudiantes; por ejemplo varias chicas han señalado que se les ha intentado grabar en los cubos del baño y cuando lo logran estos videos se suben a Internet.

El 14 de Mayo del 2014 varias alumnas denunciaron al estudiante Juan Carlos Sosa Ramírez que acoso y violento sexualmente a por lo menos tres estudiantes de la FCPyS, fue denunciado varias veces ante el departamento de jurídico de la facultad y nunca se le dio el seguimiento debido; ante esto colectivos feministas realizaron un scratche en la facultad y pidieron que se tomaran medidas; al final Sosa Ramírez fue expulsado (Sin Embargo,2014). El 28 de Agosto del 2015 en la facultad de Ingeniera se realizó un mitin dónde se denuncio la violación sexual por parte de un Alumno de Ciencias, Víctor Hugo Flores Soto, el cual después de la presión ejercida fue expulsado de la máxima casa de estudios (RadioZapote,2015) estos acontecimientos no son aislados y evidentemente tienen que ver con la enorme cantidad de hechos violentos contra las mujeres, y tienen trascendencia en un país dónde se comete un feminicidio cada tres horas (Sin Embargo,2015). Si bien estas agresiones en la facultad aparentemente no pertenecen a estas situaciones que recordamos,  si es una realidad que no solo la gente foránea de la facultad agrede y violenta, sexual, física y psicológica a las compañeras en su escuela.

Es importante realizar acciones que garanticen la seguridad de todas y todos dentro de la Academia, sin embargo las agresiones de género no solo se resolverán con la instalación de cámaras, o la restricción del acceso a las instalaciones; Como universitarios se necesita reflexionar acerca de los roles, como hombres y mujeres, es hora de tener una postura frente al holocausto feminicida en nuestro país y llamarle y reconocerle como eso; una reacción violenta y fatal ante el surgimiento de un nuevo pensamiento feminista.

Fuente: Radio Zapote

Autores: Comité Editorial

http://www.radiozapote.org/agreden-a-dos-alumnas-en-los-banos-de-la-fcpys-de-la-unam/