Peña Nieto aboga por la integración con Estados Unidos

México y Estados Unidos deben integrarse más para lograr hacer de Norteamérica la región más competitiva del mundo, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

Las economías de ambos países son altamente complementarias y “el actual contexto de incertidumbre económica y volatilidad financiera nos llama a que, lejos de aislarnos, nos integremos aún más”, recalcó el mandatario en un artículo publicado este lunes en el periódico Houston Chronicle.

En el marco de su visita a esta ciudad, expuso que “con apertura y un mayor acercamiento, nuestras economías alcanzarán la prosperidad compartida que nos hemos propuesto y que merecen nuestras sociedades”, tras lo cual enfatizó que el diálogo continuo y el entendimiento mutuo son las mejores herramientas.

La actual gira de trabajo a Estados Unidos renueva el compromiso de su gobierno por alcanzar dos objetivos compartidos: hacer de América del Norte la región más competitiva del mundo y consolidar la frontera común como un espacio de prosperidad para ambas naciones.

El Ejecutivo federal indicó también que la visita a Texas tiene un importante significado, pues además de ser una de las economías más grandes de la Unión Americana, ese estado es el principal socio comercial de México en este país.

Tan sólo en 2014 los intercambios económicos superaron los 192 billones de dólares y han sido fuente de empleo para más de 400 mil personas en territorio texano.

Otro aspecto fundamental para incrementar la competitividad de México y Norteamérica, enfatizó Peña Nieto, es consolidar una industria energética eficiente, abierta a la inversión competitiva a nivel global.

Gracias al marco legal e institucional de la reforma energética, está previsto que se atraerán inversiones para los próximos 15 años por más de 127 billones de dólares para ampliar la capacidad de generación a 60 gigawatts y expandir la red de transmisión en 25 mil kilómetros.

Con esos recursos también se fortalecerá la infraestructura eléctrica transfronteriza que comparten México y Estados Unidos, lo cual favorecerá el intercambio eficiente y mutuamente provechoso de energía eléctrica entre ambos países.

En el sector de hidrocarburos, esta reforma estructural ya ha hecho posible que 30 nuevas empresas de siete países se incorporen en las áreas de exploración y extracción, lo que da paso a una nueva industria petrolera en México.

Adicionalmente, para 2019 la red nacional de transporte de gas natural aumentará de 11 mil a 21 mil kilómetros a partir de una inversión de aproximadamente 16 billones de dólares, destacó el presidente de la República.

Esto es de gran relevancia para la integración energética de Texas y México, porque esa entidad provee 75 por ciento de las importaciones mexicanas de gas natural, añadió Peña Nieto.

Fuente: La Jornada

Autor: Notimex

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/pena-nieto-aboga-por-la-integracion-con-estados-unidos-127.html

Corrupción, problemática estructural, no de individuos: SFP

El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade sostuvo que, de cara a la elaboración de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción se debe entender este fenómeno no sólo de manera individual sino entender que es un esquema de redes y no sólo de faltas individuales.

Se deben tener elementos de investigación para determinar los orígenes de este tipo de actos, fijar procedimientos y recursos para inhibirlos.

Al iniciar los foros en materia de corrupción, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal aseveró que este problema puede abordarse sobre la base de conductas inadecuadas de funcionarios en particular, pero también asumirla como un sistema de redes de intereses que se deben desarticular y emprender acciones estructurales para enfrentar una problemática organizacional.

En su oportunidad, Manuel Hallivis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa advirtió que la lucha contra la corrupción debe asumirla toda la sociedad porque ésta “es una espiral interminable que se fortalece con indiferencia y complicidad. Si cada uno promueve acciones individuales, se podrá romper esta espiral y la sociedad saldrá beneficiada”.

Andrade desglosó un conjunto de propuestas de carácter preventivo y punitivo, destacando la necesidad de que exista una clasificación adecuada de faltas graves y no graves. Se debe tener claridad para la clasificación de conductas como el cohecho, fraude, el soborno, que deberán estar bien definidas en la legislación.

Subrayó la necesidad de avanzar en regular el conflicto de interés a efecto de determinar los alcances que puede tener una relación personal en términos de tiempo (antes y después de realizarse el acto presuntamente de conflicto de interés), la forma como se ha materializado esa relación en operaciones mercantiles, entre otras.

Se deberá contar con sistemas, registros e informes, declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, plataformas diversas de registros de servidores públicos que participan en regímenes de licitaciones. Asimismo, trabajar en reglas de integridad y comités de ética, que más allá de cuestiones de legalidad, deberá haber sobriedad en el maneo de recursos públicos.

Andrade pidió que las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública defina con claridad el papel de la SFP, aspirando a que se refuerce la facultad de control interno, auditorías de obra, de gestión y de mejores prácticas de gobierno.

Ante los cuestionamientos de los senadores sobre los altos niveles de impunidad que se registra en casos de corrupción, el secretario consideró que revertirla es un asunto de Estado, en la medida en que diseñar un esquema para ello involucra a los tres poderes, puesto que se requiere contar con una legislación mas clara en la definición de delitos y conductas que deben combatirse; contar con un mejor marco legal permitirá diseñar políticas disuasivas para inhibir conductas y, el poder judicial y en su momento la Fiscalía General de la República, con un carácter autónomo, estarán involucradas para abordar el problema desde la perspectiva penal.

Portal subrayó la necesidad de que el Sistema Nacional Anticorrupción enfrente el fenómeno no solamente en sus manifestaciones inmediatas, sino como fenómeno estructural para ubicar los alcances de este fenómeno. Dijo que es necesario tener conciencia del papel trascendental que tienen los sistemas de control interno para generar un entorno que acote e inhiba cualquier acto que se desapegue de la legalidad.

El auditor dijo que la fortaleza del SNA será concebirlo como un concurso institucional para lograr sinergias, acciones complementarias e intercambio de información para que no sean esfuerzos institucionales aislados, sino enfrentar un fenómeno mutifactorial a través de un sistema interdisciplinario

El presidente del Tribunal dijo que cuando hay impunidad hay un acicate para que se continúen con conductas de corrupción. Debe lograr mayor efectividad de y eficacia para que todo acto de corrupción detectado sea un acto sancionado. Señaló que del total de casos relacionados con presuntos actos de corrupción de funcionarios públicos que llegan al tribunal, en un 51.6 por ciento lo ganan los particulares y el 48.3 lo gana el estado.

Fuente: La Jornada

Autor: Alfonso Urrutia y Víctor Ballinas

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/corrupcion-esquema-de-redes-y-no-de-faltas-individuales-sfp-7568.html

Bloquea PGR investigación de caso Iguala: defensa

Ciudad de México. En la investigación del caso Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República está asumiendo una “acción deliberada” para retrasar, los resultados sobre los presuntos responsables y el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, denunció Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia.

En conferencia de prensa, en el Hemiciclo a Juárez, señaló que hay una serie de obstáculos y dificultades que han sido impuestos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuvan con el gobierno mexicano para la investigación, al igual que en la víspera lo señalara el GIEI, el abogado Rosales destacó que en la investigación del caso Iguala hay una fragmentación de expedientes que impiden la investigación del caso. De hecho, dijo, hasta el momento se conoce de cuando menos doce averiguaciones previas distintas a la principal.

En este sentido, subrayó que esta fragmentación también retrasa el avance de la investigación pues las solicitudes por parte del GIEI para conocer de dichos expedientes tardan entre diez y veinte días.

Los padres de familia y organizaciones solidarias realizaron este lunes un mitín frente al Hemiciclo a Juárez en el que informaron de la caravana que inician hoy mismo a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. El objetivo es conocer los avances de los expedientes radicados en esa ciudad y en la cual están involucrados elementos policíacos de diversas corporaciones como presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes normalistas.

Fuente: La Jornada

Autor: José Antonio Román

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/pgr-retrasa-deliberadamente-investigacion-de-ayotzinapa-acusan-3724.html

Mantienen precontingencia por ozono en el Valle de México

Ciudad de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó mantener la precontingencia ambiental que inició desde ayer a las 15 horas.

El organismo explicó que las condiciones atmosféricas y los débiles vientos favorecerá el estancamiento de los contaminantes, motivo por el cual no es posible levantar la medida.

A las 10 horas de se registraba una mala calidad del aire en las delegaciones Venustiano Carranza e Iztapalapa con 108 y 105 puntos Imeca, respectivamente; aunque en Ecatepec, estado de México, se alcanzan hasta 123 puntos.

Se recomienda limitar actividades al aire libre a adultos mayores, niños, deportistas, así como personas con problemas respiratorios y cardiovasculares.

A las 15 horas la comisión emitirá un nuevo reporte para determinar si levanta o continúa con la precontingencia.

En su reporte de las 10:00, refirió que la mañana de este lunes se mantienen las condiciones que favorecerán estancamiento moderado de los contaminantes, situación que en combinación con la radiación solar intensa, que estará presente durante la mayor parte del día, dará lugar a la formación de ozono por la tarde.

Por lo anterior y de acuerdo con el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de México, se mantiene la fase de precontingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El organismo recordó que esta fase es una acción preventiva que tiene el propósito de contribuir a la reducción en la emisión de los contaminantes precursores de ozono.

Reiteró que la población puede mantenerse informada sobre la calidad del aire consultando la página web aire.df.gob.mx, o bien a través de la aplicación AIRE disponible para dispositivos iOS y Android.

Fuente: La Jornada

Autor: Alejandro Cruz

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/mantiene-precontingencia-por-ozono-en-el-valle-de-mexico-1534.html

La liberación de Moreira en Madrid fue una operación del Estado mexicano, revela El País

Humberto Moreira fue detenido el pasado 15 de enero en el Aeropuerto de Aldolfo Suárez de Madrid cuando viajaba en compañía de su mujer y dos hijas a Barcelona. El País dice que ese mismo día los funcionarios de la Embajada de México en Madrid, que encabeza Roberta Lajous, recibieron órdenes de que se volcaran con el caso. La publicación detalla que unos funcionarios fueron encomendados a la búsqueda de prestigiosos abogados españoles que se hicieran cargo de la defensa de Humberto Moreira, mientras que otros se centraron en atender a su esposa, Vanessa Guerrero, y a de sus hijas.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a disposición de Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para conocer cada detalle de su situación legal, atender a su familia y sacarle de la cárcel, revela el diario El País en una investigación publicada este día.

José María Irujo detalla en el reportaje “Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira” cómo la gestión de mayor nivel del Gobierno de México ocurrió el pasado 21 de enero, a horas de que se llevara a cabo la audiencia de Moreira en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó su puesta en libertad. Dice que en esa ocasión, la Procuradura Arely Gómez González telefoneó a su homóloga española, Consuelo Madrigal, para conocer la posición de los fiscales españoles que tienen el caso del ex mandatario.

“Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la Fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, dijo un portavoz de la Fiscalía General del Estado a El País.

Humberto Moreira fue detenido el pasado 15 de enero en el Aeropuerto de Aldolfo Suárez de Madrid cuando viajaba en compañía de su mujer y dos hijas a Barcelona. La investigación realizada por el diario español refiere que ese mismo día los funcionarios de la Embajada de México en Madrid, que encabeza Roberta Lajous, recibieron órdenes de que se volcaran con el caso.

La publicación detalla que unos funcionarios fueron encomendados a la búsqueda de prestigiosos abogados españoles que se hicieran cargo de la defensa de Humberto Moreira, otros se centraron en atender a su esposa, Vanessa Guerrero, y a de sus hijas, que durante varios días se alojaron en el hotel Vincci Soho, localizado a escasos 100 metros de la legación diplomática en pleno corazón de Madrid.

El País explica que este hotel mantiene un convenio con la embajada y allí alojan a las autoridades mexicanas que visitan el país; en su parking aparcan los coches de la Embajada.

El medio dice que la misma tarde y noche de la detención, cuando Moreira fue conducido ante Enrique de la Mata, el juez de guardia de la Audiencia Nacional para comunicarle su ingreso en prisión, los teléfonos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comenzaron a sonar.


Se trataba de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la Embajada que preguntaban por qué se había detenido a Moreira y que indicios o cargos había contra el ex presidente del PRI. De acuerdo con fuentes consultadas por El País, “estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”.

El reporte menciona que en la Embajada de México en España se creyó que los agentes españoles les revelarían por qué había sido detenido Humberto Moreira. Sin embargo,  los agentes de la PGR no lograron su objetivo.

“Su silencio causó malestar en la legación diplomática ya que, además, en esta ocasión las autoridades españolas no les habían avisado de la detención como hacen habitualmente”,  dijeron fuentes cercanas a la representación diplomática a El País.

La publicación detalla que el lunes 18, dos días y medio después de la detención del ex líder priista, el cónsul de México en Madrid, Bernardo Tello, se trasladó hasta la prisión de Soto del Real para visitar al reo.

Aunque el cónsul visita con frecuencia a presos nacionales, fuentes penitenciarias dijeron a El País que sus visitas no se producen “con tanta celeridad”. A la par, dice la investigación, un funcionario del consulado llamado Víctor telefoneó en varias ocasiones al despacho del abogado Manuel Ollé, el letrado español que asistió a Moreira, para interesarse por el caso y conocer aspectos de la instrucción.

“Les dijimos que se dirigieran al juzgado”, respondió el abogado al medio.

En el directorio de la Embajada de México en España se tiene registrado a un Víctor de apellidos Koyoc Cauich, quien funge como Cónsul adscrito.

El medio español dice que la intervención oficial prosiguió cuando un chófer a los mandos de la Vannette Mercedes plateada de la embajada, con matrícula diplomática CD 52003, se trasladó al aeropuerto madrileño para recoger a Ulricht Richter, el abogado mexicano de Moreira.

“Toda la Embajada estuvo volcada en Moreira como nunca había ocurrido con otros detenidos”, dijo una fuente cercana al caso al periódico madrileño.

La misma información indica que el Gobierno de Peña Nieto quería saber qué indicios criminales había contra “su antiguo colaborador y presunto financiador de su campaña electoral”.

“En la embajada, en el número 46 de la carrera de San Jerónimo, a tiro de piedra del Congreso de los Diputados, funcionarios de la Sección Consular redactaron un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores en el que amparándose en el artículo 36 de la Convención de Viena preguntaron al juez Pedraz, instructor del caso, aspectos relevantes de la investigación”, dice El País.

En el documento se demandó: información oficial sobre los delitos por los cuales se investigaba a Moreira, el tiempo que duraría el secreto de sumario, el resultado de la audiencia celebrada el día 22, si fue decretada la prisión preventiva o la libertad bajo fianza y el tiempo que puede durar la instrucción del caso.


La respuesta que dio Pedraz fue estrictamente protocolaria y en la misma no se facilitó ningún dato de la causa declarada secreta, según fuentes judiciales.

SABOR A IMPUNIDAD

El ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, fue detenido el viernes 15 de enero en Madrid en el marco de una operación llevada a cabo por el juez Santiago Pedraz. La Policía Española dijo en su cuenta de Twitter: “MisiónCumplida”.

El equipo del ex líder nacional del PRI dijo a Grupo Fórmula que su arresto se debió a cuestiones migratorias. Pero mintió. El priista fue arrestado por presunta actividad criminal.

El 22 de enero, de manera sorpresiva, Moreira dejó la prisión. Y el 3 de febrero ya estaba en México. Listo para lo que siguiera.

Una vez aquí, Moreira Valdés dijo en entrevista que si existiera la posibilidad de reelección en la gubernatura, él se presentaría a los comicios. “Si hubiera posibilidades de reelección para Gobernador, me presentaría”, expresó. De ser así, la familia Moreira cumpliría 18 años al frente de Coahuila. Después de Humberto, Rubén Moreira fue elegido Gobernador. Luego vendría otra vez Humberto. Tres periodos de 6 años cada uno.

En la entrevista, el ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que volverá a la política de Coahuila, luego de casi cinco años de ausencia. En un principio lo haría con el Partido Joven, que es local. Sin embargo, también consideró a su actual partido, el PRI. “Recordemos que puede haber alianzas […]”, afirmó.

La detención de Moreira Valdés en España causó polémica por la falta de investigación previa de las autoridades mexicanas, pese a denuncias de políticos y grupos civiles sobre el presunto delito de peculado que el político priista habría cometido en contra del erario de Coahuila.

Pero en México no existe ninguna denuncia en contra del ex Gobernador de Coahuila, al menos así lo afirma la Procuraduría General de la República (PGR). Jorge Vargas Espinosa, subdirector de información de la PGR, confirmó que hasta el momento no hay una investigación abierta en la dependencia.

En esencia, añadió, porque “no hay un denunciante. Nadie ha sido tan valiente”.


Sin embargo, el abogado René Sánchez Galindo aseguró que la institución estaría incumpliendo con sus obligaciones. “Lo dice el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se indica que las autoridades pueden iniciar una averiguación de cualquier evento del que tengan noticia”.



En agosto del 2011, el entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ahora Senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero Arroyo, presentó ante la PGR una denuncia contra Moreira Valdés por la adquisición irregular de deuda pública. Sin embargo, al año siguiente, la dependencia absolvió al ex Gobernador por no contar con evidencias suficientes. Un argumento que ahora usa la defensa de Moreira.

Pero desde 2011, nueva evidencia que inculpa a Moreira ha salido a la luz. En especial, por autoridades de la gestión de Moreira inculpadas en delitos de corrupción en Estados Unidos. Uno de ellos es el ex Tesorero de Moreira, Javier Villarreal Hernández, quien se declaró culpable por lavado de dinero y de transportar dinero robado hacia el extranjero. Villarreal estuvo preso entre febrero y octubre del 2014, y después salió libre al presentar documentos que mostraban un desvío de fondos hacia Bermudas.

Parte de las acusaciones hacia Moreria fueron recibidas por el Juez español Santiago Pedraz Gómez en San Antonio, Texas. Recientemente, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, como el del Senado, Roberto Gil Zuarth, refirieron que la PGR y la unidad especializada de la SHCP para detectar casos de lavado de dinero, deberían al menos, abrir una línea de investigación.

La Fiscalía Anticorrupción ibérica investigaba a Moreira por el supuesto lavado de 200 mil euros (unos cuatro millones de pesos). De acuerdo con las líneas de investigación registradas en medios locales, estos recursos podrían proceder del narcotráfico o de delitos de malversación de fondos públicos.

Carlos Orta Canales, actual director de Desarrollo Social de Saltillo y quien fuera Diputado local por el PAN, dijo en entrevista a SinEmbargo que, además del equipo de trabajo del ex Gobernador, hay ex funcionarios implicados en la exorbitante adquisición de la deuda en Coahuila que continúan en la impunidad.

“Me refiero a que falsificaron documentos del Congreso, para poder solicitar empréstitos bancarios y no pasaron por los diputados, pero para que esto suceda, pues tiene que haber gente del poder legislativo coahuilense involucrada”, expresó.


Orta refirió que las actuales autoridades estatales continúan limpiando el rastro del presunto enriquecimiento ilícito de Moreira. Y apuntó al Registro Público de la Propiedad de realizar estas operaciones. “Hasta el más ingenuo se pregunta qué está pasando adentro del Registro, pues son propiedades que en este momento están limpiando el camino. No es posible que tenga tantas propiedades, fraccionamientos, casas, hoteles, que las tenga a nombre de otras personas, y que esas personas vienen y se las venden a otras, y así se empieza a lavar”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2016/1627302

Sindicato de la Universidad de Oaxaca coloca banderas rojinegras en 23 edificios

OAXACA, Oax: Aunque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje rechazó su emplazamiento a huelga, el Sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) colocó las banderas rojinegras en los 23 edificios de facultades y escuelas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), dejando sin clases a 25 mil estudiantes.


El secretario general del STAUO, Taurino Amílcar Sosa Velasco, confirmó que la “huelga de hecho estalló hoy a las 07:00 horas por la intolerancia del rector de la UABJO, Eduardo Martínez Helmes”, quien se niega a reinstalar a 25 catedráticos que fueron removidos injustificadamente de sus centros de trabajo.

Sosa Velasco aclaró que no colocaron las banderas rojinegras en el edificio central de la facultad de Derecho, la escuela de Bellas Artes y la Preparatoria número uno, debido a que fueron tomadas desde anoche por gente identificada con el grupo del rector.


Sosa Velasco insistió que aunque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no reconoce su emplazamiento, la Ley Federal del Trabajo los protege y el paro indefinido o huelga “de hecho estalló, entonces, si no se autoriza el derecho, sí hay una huelga de hecho”.

En realidad, la UABJO se encontraba paralizada desde hace una semana porque integrantes del STAUO tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria para exigir la destitución del director de Redes del Sistema de Calificaciones, Abraham Martínez Helmes, y denunciar una cadena de corrupción y nepotismo.

El líder sindical Sosa Velasco también denunció que mientras a los catedráticos los despiden injustificadamente, la “familia real” controla a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO). Mencionó que el exrector “Abraham Martínez Alavez –maestro jubilado y patriarca de la familia-, junto con su esposa María Elena Helmes Serrano, quien es profesora de tiempo completo en la facultad de enfermería, forman parte de la familia que controla a la institución.

Y le siguen el actual rector, Eduardo Martínez Helmes; el director de Redes del Sistema de Calificaciones, Abraham Martínez Helmes, quien lleva en el cargo 12 años; Rocío Martínez Helmes profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho, Mateo Salatiel Cruz Martínez, sobrino y director de obras.


Finalmente, reconoció que la huelga “crea un ambiente tenso” en vísperas del relevo en la rectoría de la UABJO porque se polarizan los grupos al interior de la máxima casa de estudios de Oaxaca.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430917/sindicato-de-la-universidad-de-oaxaca-coloca-banderas-rojinegras-en-23-edificios

Norma Ledezma: La madre que estudió Derecho para hacerle justicia a su hija asesinada

CHIHUAHUA, Chih: La lucha por encontrar justicia para su hija Paloma Angélica Escobar Ledezma y muchas otras jóvenes más que han desparecido o han sido asesinadas fue el impulso que empujó a Norma Ledezma Ortega a cursar la secundaria, la preparatoria y graduarse como licenciada en Derecho.


Paloma Angélica Escobar Ledezma era obrera en una maquiladora de Chihuahua cuando en enero de 2002 desapareció; en marzo de ese año fue localizada muerta.

Norma es una de las coadyuvantes en el juicio por homicidio y trata de personas que se realizó el año pasado, cuando sentenciaron a casi 700 años a cinco hombres. Ella prometió a sus hijos que estudiaría para tener herramientas y luchar para que todas las madres como ella y las mujeres que han sido víctimas encuentren un día la justicia.


“Yo tomé esa decisión porque el conocimiento es poder y la falta de conocimiento nos debilita. Yo veía esto desde mis inicios, teniendo únicamente la primaria y esto se lo dediqué a mis hijos, esto se lo debo a Paloma”, dice enfática.

“Hoy se lo dedico a la ausencia de mi hija y a la presencia de mi hijo”, añade. “Yo veía cómo nos trataba, que la falta de conocimiento nuestro y que la ignorancia al derecho, a nuestros propios derechos, era una debilidad para nosotros y era una arma para la autoridad, para la institución que nos debería conducir a acceder a la justicia.
Por eso desde el inicio tomé esta decisión, estudié la secundaria, la preparatoria, la licenciatura y ahora culmino con esto, seguiré usando estos conocimientos para el bien de las familias”, compartió al concluir un acto de familiares de personas desaparecidas.

“Este año va enfocado a enseñarles a las familias todos sus derechos y cómo los pueden ejercer. Parto con esta seguridad, de manera categórica porque si la sociedad conoce sus derechos y los ejerce, vamos a tener otra ciudad, otro estado, otro país. Y a ver qué hace el gobierno con tanta gente que conoce sus derechos. Para mí, haber terminado esto es un paso, una de las metas cumplidas, es para seguir abriendo brecha, y seguir hablando con las víctimas como muchas veces hablaron conmigo”, agregó la activista.

Ledezma dice que se siente afortunada porque su proceso de aprendizaje no fue en la universidad, en las aulas, sino en la vida misma, en la práctica.

“Partiendo de los derechos que uno tiene, tomé la postura como representante de las víctimas aún sin tener una cédula, que aún no la tengo, sin terminar la licenciatura, pero ya con ciento conocimiento y porque la propia Constitución me daba el derecho a representar a víctimas, lo asumimos”, explica.

Recuerda que durante el mega juicio en Ciudad Juárez, en la etapa de juicio oral, ella y el equipo coadyuvante de la Red Mesa de Mujeres lograron hacer una reclasificación al delito de homicidio y así se lo solicitaron al Ministerio Público.

“Logramos un fallo jurídico diferente al final, y el tribunal toma en cuenta esa propuesta de reclasificación y los sentencia a casi 700 años”, refiere.

Ledezma explica que por no tener la cédula como abogada no podía desahogar pruebas, pero lo hacían a través del MP: “Sí tenía derecho a hacer alegatos de apertura y de clausura como representante de las víctimas, por eso pudimos pedir la reclasificación y esa fue la cereza en el pastel, logramos esas sentencia”.

La mamá de Paloma dijo que además de la maestría, tienen muchos proyectos en la organización que dirige, Justicia para Nuestras Hijas. “Hay satisfacción, no podría enumerar a todos los que me han apoyado, pero estoy agradecida especialmente con mi familia, con las familias que han creído en mí y voy a seguir esto con más conocimiento y certeza”.


Norma Ledezma dio a conocer que la mamá de Yanira Frayre Jáquez, María de los Ángeles Jáquez, también está estudiando una carrera y hay otras compañeras que están dispuestas a continuar sus estudios. “Eso podría ser el mayor logro, ver que este paso lo puede seguir cualquier persona. Las carreras no son exclusivas para un sector y cuando tenemos un motivo para aprender en una universidad, no hay límites”, remata.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430919/norma-ledezma-la-madre-que-estudio-derecho-para-hacerle-justicia-a-su-hija-asesinada

Diputados reciben pagos extras y senadores gastan sin decir en qué: Auditoría

La Auditoría Superior de la Federación reiteró que no hay cómo confirmar que el 33% del gasto en el Senado sea para labores legislativas; mientras que en Diputados se aprueban y reparten “subvenciones extraordinarias” sin justificación.

Las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en 2014 en el Congreso mexicano son las mismas que en años anteriores. Pese a los señalamientos del órgano fiscalizador, la Cámara de Diputados y el Senado continúan operando en total opacidad.

En el informe de la Cuenta Pública 2014, la ASF indica que, una vez más, no hay transparencia en los recursos públicos del Senado: para 1,307 millones 240 mil pesos ejercidos —una tercera parte de todo lo gastado en el año— no existe documentación que compruebe que se utilizó en labores legislativas.

Se trata de la partida 39903 “Asignación a los Grupos Parlamentarios” que reciben, reparten y ejercen directamente los coordinadores de cada una de las bancadas. Pero además, la ASF alerta que esa partida se incrementó en 55.8% desde su presupuesto original, pues se le sumaron 468 millones 129 mil pesos.

Los senadores quitaron recursos a otros rubros —como al de estímulos para productividad, derechos de autor, mantenimiento de maquinaria, organización de congresos y convenciones—, para aumentar los de esta partida opaca.

El órgano fiscalizar señala que, además, la Mesa Directiva realiza adecuaciones presupuestarias para dotar a los grupos parlamentarios de recursos adicionales y los justifica con conceptos como: asignación extraordinaria, asistencia legislativa o atención ciudadana.

“Lo anterior evidencia una falta de racionalización en el otorgamiento de recursos de carácter extraordinario, en incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cuanto al criterio de racionalidad”, cita el informe de la ASF.

De esta forma, de febrero de 2013 a diciembre de 2014 se pagaron 17 millones 123 mil pesos para la renta de las oficinas de la Torre Azul, del Partido Acción Nacional.

Otros grupos parlamentarios recibieron, sin justificación, apoyos adicionales de entre 350 mil pesos mensuales que sumaron hasta cinco millones de pesos en todo el año.

En la Cámara de Diputados, el mismo escenario

La Auditoría Superior de la Federación también alerta de actividades reiteradas en la Cámara Baja.

Como hicieron en 2013, los diputados se aprobaron en 2014 el otorgamiento de una subvención extraordinaria “por concepto de apoyo legislativo y actividades complementarias” por 250 mil pesos por legislador, por lo que el pago adicional en total ascendió a 125 millones de pesos.

Pero además, no existe documentación para comprobar el gasto de los recursos de las partidas 3991 “Asignaciones para el cumplimiento de la función legislativa” y 4930 “Otros subsidios y Subvenciones” que ascienden a 1,944 millones 420 mil pesos o a 25.6% del presupuesto total de la Cámara.

“No se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar que los recursos se ejercieron en trabajos legislativos; por lo anterior, persiste una limitada rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos”, cita el informe de la Cuenta Pública 2014.

En la Cámara de Diputados existen otras irregularidades como que se firmó un convenio por 500 millones de pesos para conservación y equipamiento de los recintos legislativos y de ese monto el 58.2% se gastó en otros rubros, entre los que se incluye desde telefonía celular, hasta eventos de diversa índole y obsequios.


La ASF también señaló que entre los diputados no se justifican las faltas de los legisladores por lo que es común que aún cuando no asistan a la sesión cobren su sueldo; o que cobren viáticos a pesar de que no entreguen reportes sobre el objetivo de viajes para justificar el uso de esos recursos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/diputados-reciben-pagos-extras-y-senadores-gastan-sin-decir-en-que-auditoria/

Las mentiras de la PGR

Todo parece indicar que el gobierno de Enrique Peña Nieto no quiere que la sociedad mexicana sepa qué fue lo que realmente les sucedió a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Acostumbrado a la simulación, Peña Nieto decidió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizara una investigación al margen de las averiguaciones de las desprestigiadas instituciones mexicanas y tal vez pensó, equivocadamente, que los especialistas se iban a someter a su autoridad para manipular la verdad, pero se equivocó.

Durante todo este tiempo, los expertos han demostrado estar del lado de la verdad y han ido buscando las grietas por donde va entrando la luz sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Pero la Procuraduría General de la República (PGR) autora de la llamada “verdad histórica” está empeñada en dificultar, torpedear, obstaculizar y desarticular el trabajo profesional de los expertos. Y para ello, no ha escatimado en recursos.

La PGR está en un callejón sin salida. Las investigaciones del GIEI han aniquilado por completo la “verdad histórica”, lo cual pone en evidencia al ex Procurador Jesús Murillo Karam, quien debería de ser procesado judicialmente.

Y con el objetivo de protegerlo, la PGR se ha sacado un as de la manga: una quinta versión de los hechos, encaminada a demostrar que solamente 17 normalistas habrían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula y no los 43.

Es una estrategia que demuestra desesperación. La PGR sabe que se acerca el momento de la verdad. Dentro de dos meses, el GIEI dará su informe final y evidentemente intenta manipular los hechos.

Otra de sus estrategias ha sido la filtración de declaraciones de detenidos, que según los expertos, “no responden a la verdad”, como las de integrantes de la banda de Los Peques y Gilberto López Astudillo, El Cabo Gil. La PGR quiere ir creando en el imaginario colectivo confusión a través de versiones diversas sobre los hechos ocurridos la noche de Iguala.

Por si fuera poco, la PGR se ha dado a la tarea de ir fragmentando el caso Ayotzinapa dividiéndolo en 12 averiguaciones previas con 154 tomos. Bien sabe la Procuradora Arely Gómez que para obstaculizar las investigaciones de este y cualquier otro asunto, solo hace falta ir abriendo averiguaciones previas sin ton ni son.


La PGR se defiende y ha emitido un comunicado negando la fragmentación del caso, pero allí están los 12 tomos para demostrarlo. Y según los expertos, hay un hecho todavía más grave: la manipulación del expediente y el ocultamiento o eliminación de actuaciones, como en el caso de la recuperación de restos óseos del paraje “La Carnicería” cercano al basurero de Cocula, que hasta el momento no han sido procesados debidamente.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/22-02-2016/46590

Renuncia funcionario de NL tras polémica por compra de cobijas

Monterrey, NL. El subsecretario de Administración del gobierno estatal, Rogelio Benavides Pintos anunció su renuncia a través de Facebook, luego de verse envuelto en una polémica por la compra de 200 mil cobijas a un precio presuntamente tres veces mayor al del mercado.

Con su dimisión, Benavides Pintos se convierte en el quinto funcionario en dejar su cargo, pero el primero en hacerlo a causa de un caso polémico.

El ex funcionario informó que dejaba el cargo para permitir el desarrollo de las indagatorias "y evitar el golpeteo político" contra el gobernador Jaime Rodríguez.

"Amigos de Nuevo León. En días pasados se han realizado una serie de cuestionamientos hacia mi persona y al Gobierno sobre la compra que se realizó bajo subasta pública de cobertores para la época navidad pasada.

"Soy una persona que cree en la transformación que requiere Nuevo León y México, no quiero que esta serie de cuestionamientos - muchos sin fundamentos- me han movido a reconsiderar mi posición dentro del proyecto Independiente al lado del gobernador Jaime Rodríguez", explicó Benavides Pintos en la red social.

Hace dos días se registró la salida de Miguel Treviño de Hoyos, quien fungió como Jefe de la Oficina del Gobernador, con lo cual la autoridad perdió a su principal funcionario ciudadano, quien representó un puente con las organizaciones No Gubernamentales de la entidad.

Por su parte, el gobierno estatal emitió un escueto comunicado donde informa que aceptó la dimisión de Benavides Pintos "para facilitar las investigaciones que realiza la Contraloría estatal.

El boletín agrega que "el Gobierno Ciudadano le agradece su entrega y le desea éxito en los proyectos que emprenda. La transparencia y rendición de cuentas son compromisos ineludibles para el Gobierno del Estado".

Fuente: La Jornada

Autor: Erik Muñiz

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/renuncia-funcionario-de-nl-tras-polemica-por-combra-de-cobijas-7726.html

Padres de los 43 marcharán hasta Tamaulipas para evitar que liberen a ex policías presos

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 iniciaron una caravana por cuatro estados de la República para evitar que los policías municipales relacionados con la desaparición de sus hijos salgan libres. Acudirán a diversos juzgados para acercarse a las autoridades que llevan el caso.

Ante la posibilidad que policías municipales relacionados con el caso Iguala obtengan su libertad en diversos juzgados, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa iniciaron este día la Caravana por la verdad y justicia.

Las familias de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” dijeron que el objetivo es mantener el diálogo con los jueces que llevan los casos de los agentes municipales detenidos, para que no les concedan fallos a favor y queden libres.

“Señora Arely, usted dice que todo está bien pero no es así. Tan mal va todo que tenemos que ir a Tamaulipas para tener justicia”, dijo uno de los padres de familia.

Vidulfo Rosales Sierra, representante legal de los padres de los 43 normalistas, denunció este día que hasta el momento la justicia ha sido parcial y los familias no tienen acceso a los expedientes, pese a que están en calidad de víctimas.

“En un momento partiremos a Matamoros, Tamaulipas, porque vemos que hay coadyuvancia y no nos están dando derecho a la justicia”, dijo el jurista.

Rosales anunció que piden diálogo y que esta demanda es un derecho genuino.  Desde el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, pidió a los jueces que accedan a tener reuniones.

La caravana contemplará estados como Tabasco, Querétaro, Tamaulipas, Hidalgo, entre otros.

El día de ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) aún insiste en la tesis del basurero de Cocula con una quinta versión que refiere a que los jóvenes fueron divididos en dos grupos y, uno de ellos fue incinerado en Cocula.

“Se filtran a los medios declaraciones de nuevos detenidos con intención de llevar el caso al basurero de Cocula”, dijo el GIEI en redes sociales y lo ratificó en conferencia. “El GIEI tiene preocupación por esta quinta versión que se está tratando de construir, y que no se sustenta ni en detenciones ni en otros elementos”, dijo la experta Claudia Paz.

Los expertos, coadyuvantes en la investigación, dijeron que sólo cinco inculpados sostienen la hipótesis del Basurero de Cocula, mientras que 11 soportan otras versiones.

Denunciaron además obstáculos de las autoridades mexicanas al trabajo que realizan en el país lo cual ha llevado a que no se haya avanzado en estos meses del segundo mandato.

Algunos de estos obstáculos es la fragmentación interna del expediente, en donde la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) ha abierto otras averiguaciones previas relacionadas con la desaparición de los estudiantes.

En respuesta, la PGR rechazó obstruir la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y  aseguró que ellos han tenido acceso en todo momento a las constancias que integran la averiguación previa que se encuentra radicada en la Oficina de Investigación del Caso Iguala creada en la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

“La indagatoria de los hechos de Iguala durante la actual administración se ha caracterizado por su apertura y transparencia con los familiares, sus representantes y el GIEI, así como con la sociedad en su conjunto”, señaló la dependencia en un comunicado emitido esta tarde.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2016/1627367

Los invitados al complot contra el GIEI

Un coronel colombiano, Alfonso Plazas Vega, sentenciado por la desaparición forzada de civiles en la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, en 1995, y absuelto recientemente por inconsistencias en el juicio. Una ex fiscal de Guatemala, Gilda Aguilar, destituida por fabricar cargos contra 10 campesinos opositores a la construcción de una hidroeléctrica que los despojaría de sus tierras en el norteño Huehuetenango. Un empresario estadunidense, Steve Hecht, radicado hace 40 años en Guatemala y vinculado a la Liga ProPatria, agrupación de ultraderecha que aglutina a viejos militares y paramilitares partícipes de las campañas de exterminio durante la guerra.

En meses recientes, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que dirige el abogado José Antonio Ortega Sánchez, que ahora se ha lanzado en ‘‘cruzada’’ en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), invitó a México a estos tres personajes.

Ortega Sánchez organizó un tourpor radioemisoras y universidades privadas a estos tres personajes con el fin de desacreditar a los investigadores del GIEI para el caso Iguala, en particular a Ángela Buitrago y Claudia Paz.

Esas voces se sumaron a la batería de declaraciones, columnas y pronunciamientos de sectores ultraconservadores que exigen ‘‘la salida ya, en este momento’’ de los coadyuvantes en la investigación sobre los 43, cuyas primeras conclusiones desbarataron la versión oficial y la intención de la Procuraduría General de la República de cerrar el caso anticipadamente.

El coronel Plazas Vega, quien fue defendido antes y después de su proceso por el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, llegó a decir que venía a ‘‘advertir a los mexicanos’’ sobre la verdadera intención de la ex fiscal que lo consignó (Buitrago): ‘‘Viene a intentar acusar a los militares mexicanos de los crímenes de Ayotzinapa’’.

Con un guión similar, la ex funcionaria guatemalteca Gilda Aguilar atacó a su antigua jefa, Claudia Paz. Aguilar afirmó que la criminalista, doctora honoris causa de la Universidad Georgetown y catedrática invitada del Instituto de Mujeres por la Paz y la Seguridad, ‘‘siempre dio trato preferencial a la guerrilla’’ y buscó perjudicar a la institución castrense.

En estas tres participaciones hay un sesgo ideológico común: todos proceden de las viejas estructuras anticomunistas y tienen estrechas ligas con los cuerpos represivos del ejército y el paramilitarismo.

También muestran un mensaje de fondo común: sembrar la idea de que las dos fiscales –por ende el grupo– tienen un sesgo antimilitarista. Su llamado de atención se enfoca en uno de los pendientes sin resolver: pedir información crucial para el esclarecimiento del caso Iguala por parte de los militares del 27 batallón de infantería que estuvieron presentes y activos en al menos tres escenarios la noche del 26-27 de septiembre de 2014.

En torno al coronel Plazas Vega vuelven a coincidir el mexicano Ortega Sánchez, representante legal de varios políticos a quienes se liga con El Yunque, y el ex presidente Uribe. En 2008, Ortega se reunió con el ex presidente. ‘‘Usted, al bombardear Sucumbíos (en Ecuador) tenía toda la razón’’, lo elogió. En esa operación de la fuerza aérea colombiana murieron cuatro jóvenes mexicanos que pernoctaban en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una sobreviviente, Lucía Morett, tiene aún una demandada por terrorismo interpuesta por Ortega.


Uribe y Ortega tienen ahora otra causa común: desacreditar a la abogada colombiana Ángela Buitrago. La animadversión del ex presidente Uribe contra la penalista viene de hace una década, cuando ella, como fiscal del caso Palacio de Justicia, determinó la responsabilidad de varios militares en la desaparición forzada de una docena de civiles que no murieron dentro de la sede de la suprema corte, en plena plaza central de Bogotá, hace 20 años, sino fueron capturados, trasladados a una escuela de caballería del ejército en el norte de la ciudad (dirigida por Plazas), torturados, asesinados y desaparecidos. Nunca antes un fiscal había tocado a la cúpula militar, y menos en un caso tan emblemático e histórico como ese, que permaneció encajonado 20 años... hasta que llegó Ángela Buitrago.

La nueva fiscal encontró un expediente de apenas ocho tomos, casi vacío. Ningún mando policiaco o militar había sido investigado. Decenas de pruebas claves fueron extraviadas, entre ellas unas cintas grabadas por un radioaficionado sobre las radiocomunicaciones de los mandos militares la noche de la cruenta ‘‘retoma’’ del palacio (más de 100 muertos).

Ahí se escucha al coronel Plazas dialogar con el ministro de Defensa, general Manuel Vega (su suegro), recibiendo órdenes de proceder a la desaparición de una de las capturadas. Plazas, con una sentencia de 30 años, fue absuelto en diciembre del año pasado, no por desistimiento del cargo de desaparición forzada, sino porque la corte resolvió que ‘‘no había convicción de prueba’’ suficiente.

Sobre la Liga Pro Patria, en Guatemala, cuando la ex fiscal general (cargo equivalente a la de procurador en México) Claudia Paz abrió los candados para llevar a tribunales las decenas de causas relacionadas con la justicia transicional, entre ellas casos de masacres y genocidio, se abrió no una, sino muchas cajas de Pandora. Sobre todo cuando una juez, Yasmín Barrios, se atrevió a sentar frente a sus víctimas al ex dictador Efraín Ríos Montt y a sentenciarlo por genocidio.

Militares retirados que participaron en la contrainsurgencia, viejos políticos vinculados con los escuadrones de la muerte y empresarios de la oligarquía que financiaron esas operaciones emprendieron una intensa campaña utilizando todos los medios, incluso la amenaza de muerte, para negar el genocidio y atacar a la fiscal y a la juez que rasgaron por primera vez la cómoda impunidad que los cubrió por décadas.

Así fue como se reactivó una vieja formación de extrema derecha, la Liga Pro Patria, a la que pertenece Steve Hecht, otro de los invitados de Ortega Sánchez, que dio cobijo a la fiscal de Barillas Gilda Aguilar, cuando fue sancionada por fabricar cargos contra 10 campesinos. El fundador de Pro Patria, José Luis González Dubón, fue abogado de la Asociación Primavera, organización criminal que en los 80 y 90 gestionó centenares de adopciones ilegales (miles de niños fueron robados) y que fue desmantelada en 2003.

Parte de las presiones que impidieron que Paz y Paz concluyera su periodo constitucional al frente de la fiscalía general salieron, precisamente, de esta agrupación. Hoy día, su fundador, González Dubón, es candidato del presidente Jimmy Morales para llegar a la corte de constitucionalidad como ministro.

Fuente: La Jornada

Autora: Blanche Petrich

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/22/politica/004n2pol

La ONU, el fiscal Olea y Nestora

CIUDAD DE MÉXICO: A principios de este mes, Thomas Antkowiak, director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos y del Programa sobre América Latina, ambos de la Universidad de Seattle, recibió una carta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. En ella le comunicaba la resolución número 56/2015 sobre el caso de Nestora Salgado, aprobada durante su 74° periodo de sesiones (del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015) y anexaba un documento.

En dicho documento, que consta de siete páginas a renglón seguido, se puntualizan las cuestiones relativas a la arbitraria detención de la comandante Nestora. Al principio se establecen las cinco circunstancias por las que el Grupo considera arbitraria una detención:

“a) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la justifique (como el mantenimiento de una persona en detención tras haber cumplido la condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I).

“b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizado por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II).

“c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III).

“d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV).

“e) Cuando la privación de la libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).”

En el documento se relata que Nestora fue arrestada por infantes de marina y soldados mexicanos y se dice que “el ejército arrestando a civiles por presuntos crímenes cuando la seguridad nacional no está en riesgo es motivo de preocupación para el Grupo de Trabajo en vista del peligro a que los civiles se enfrentan en tal situación”. También se consigna que el gobierno federal desestimó el caso contra Nestora, por lo que ya no se encuentra bajo custodia federal, pero el fiscal de Guerrero emplazó nuevos cargos en su contra. Y finalmente vienen las deliberaciones del Grupo de Trabajo, donde entre otras cosas, señala que la causa penal que continúa en contra de Nestora sigue basada en los mismos hechos, cuando ya la justicia federal la absolvió, lo que califica de “desconcertante” y señala que “vulnera el derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos”. Además, durante un año no tuvo acceso a un abogado ni fue presentada ante ningún juez o tribunal, violándose así principios sobre el juicio justo y un proceso oportuno. Hay otros comentarios, como que aunque ella mostró su pasaporte estadunidense, éste fue ignorado y no se dio notificación al consulado. Por todo ello, la “decisión” del Grupo de Trabajo fue emitir la siguiente opinión:

“El Grupo de Trabajo concluye que el arresto y la posterior privación de libertad de la Sra. Nestora Salgado corresponde a la Categoría I, II y III de las categorías aplicables a la consideración de los casos presentados ante el Grupo de Trabajo.”

Y finalmente, “en consonancia con la opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de México tomar las medidas necesarias para remediar la situación, liberando a la Sra. Salgado y proporcionándole una compensación apropiada.”

Además, el Grupo de Trabajo refiere la situación de Nestora al relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y al relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes.

¿Cuál será la respuesta del nuevo fiscal de Guerrero, el licenciado Xavier Olea, ante esta decisiva opinión del Grupo de Trabajo de la ONU? Con el cambio de gobierno en Guerrero parecía que se abría la posibilidad de que el nuevo fiscal, desvinculado de los grupos nefastos anteriores, revisara el caso y se desistiera. Nestora lleva ya más de dos años encarcelada y sin juicio, y los supuestos testigos nunca han ido a las comparecencias a las que han sido citados. No hay que rascar mucho para detectar la red de complicidades vengativas que armaron el “caso” contra ella.


La decisión de la ONU tiene peso jurídico pues, en palabras de Zeid Ra’ad Al Hussein, el alto comisionado para los derechos humanos, el conjunto de tratados que componen el derecho internacional sobre los derechos humanos es vinculante y no se puede acatar un tratado sí y otro no. Por ello las autoridades de México deben adoptar las medidas necesarias para que se haga justicia y Nestora Salgado quede en libertad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARTA LAMAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430773/dejar-en-borrador-la-onu-el-fiscal-olea-y-nestora

ASF: padecen hacinamiento crítico 50% de penales del país

La mitad de los penales federales y estatales presentan problemas dehacinamiento crítico debido a un aumento en la reincidencia de los reos y a un incremento de personas que cometieron un delito por primera vez, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su auditoría sobre el sistema penitenciario nacional, que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, el órgano fiscalizador expuso que la sobrepoblación en las cárceles federales es de 164 por ciento, a pesar de que se incrementó la infraestructura.

Como parte de la revisión de la cuenta pública 2014, la ASF refirió que en el ámbito estatal las entidades que han rebasado el límite de población en sus cárceles son: estado de México, Nayarit, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Distrito Federal, mientras que el de carácter federal con mayor sobrepoblación es el de Puente Grande, en jalisco.

Para la ASF, el sistema no ha cumplido con su objetivo de lograr una reinserción social de los reclusos,y refirió que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social propuso una reorganización que evite el alto índice de reincidencia delictiva, que se prevé comience a operar este año.

Mientras eso ocurre, la Auditoría Superior reportó que de 2007 a 2013, o sea el sexenio de Felipe Calderón y el primero año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la población penitenciaria reincidente se incrementó 1.7 por ciento anual. De esta manera, las personas en esa clasificación pasaron de mil 484 a 9 mil 13.

Explicó que si bien para 2014 disminuyó 11.1 por ciento, este decremento se debió al aumento de la población clasificada como primodelincuente, que pasó de 9 mil 208 en 2013 a 13 mil 785 en 2014, y no a la disminución en términos absolutos de los internos reincidentes. Esto significó una efectividad limitada de las actividades de reinserción.


Así, 10 mil 901 presos en cárceles federales fueron reincidentes y 13 mil 785 quienes cometían un delito por vez primera.

En el país existen 387 centros penitenciarios, con espacios disponibles para 203 mil 254 personas, pero la población es de 255 mil 638, con una sobrepoblación de 25.8 por ciento.

De ese total, 24 mil 776 se encuentran en prisiones de máxima seguridad y el resto en los centros de readaptación estatales.

El grupo de auditores que revisó la infraestructura carcelaria encontró que el primer lugar en sobrepoblación corresponde al estado de México, con 144.3 por ciento en exceso; Nayarit, 140.2; Hidalgo, 108.1; Jalisco 81, y Distrito Federal, 75.3 por ciento.

Mientras, a escala federal el penal de Puente Grande, Jalisco, tiene 88.1 por ciento de sobrepoblación; El Altiplano, en el estado de México, 32.4 por ciento; el Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, 31.1 por ciento; el de Hersosillo, Sonora, 29.8, y el Noreste, en Matamoros, Tamaulipas, 18.1 por ciento.

El resto de los penales no tiene ese problema, y la ASF resaltó que incluso tienen celdas sin ocupar.

La Auditoría Superior concluyó que el órgano de readaptación socialno coadyuvó a la despresurización de los penales estatales y municipales.



Fuente: La Jornada

Autor: Enrique Méndez

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/22/politica/007n1pol

Se incendia maderería y corralón en Tezoyuca, Edomex

Tezoyuca, Estado de México. Un corralón, una maderería y un verificentro, fueron consumidos por el fuego, luego de que la tarde de este domingo se registrara un incendio en la comunidad de Ampliación Tezoyuca, informó Protección Civil.

El siniestro comenzó en un pastizal al filo de las 17:30 horas en el kilometro 31+500 de la carretera federal Texcoco-Lecheria y en minutos las llamas se expandieron hacia un corralón, donde decenas de autos usados y chatarra quedaron calcinados.

Las llamas que alcanzaron los 30 metros de altura, también se extendieron a una maderería, donde se consumieron toneladas del material, y a un verificentro con razón social Unidad de verificaciones Pingui.

Unos 60 bomberos de los municipios de Tezoyuca, Acolmán, Texcoco, Atenco y Tepetlaoxtoc acudieron al lugar para controlar el fuego. El lugar fue acordonado y se desalojaron 30 viviendas de la zona.

El fuego abarcó casi tres hectáreas, sin que se reportaran personas lesionadas ya que los establecimientos se encontraban cerrados.

Durante varias horas los bomberos trabajaron para sofocar el siniestro.

Fuente: La Jornada

Autor: Javier Salinas Cesáreo

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/21/se-incendia-madereria-y-corralon-en-tezoyuca-edomex-4434.html