José María Irujo detalla en el reportaje “Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira” cómo la gestión de mayor nivel del Gobierno de México ocurrió el pasado 21 de enero, a horas de que se llevara a cabo la audiencia de Moreira en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó su puesta en libertad. Dice que en esa ocasión, la Procuradura Arely Gómez González telefoneó a su homóloga española, Consuelo Madrigal, para conocer la posición de los fiscales españoles que tienen el caso del ex mandatario.
“Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la Fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, dijo un portavoz de la Fiscalía General del Estado a El País.
Humberto Moreira fue detenido el pasado 15 de enero en el Aeropuerto de Aldolfo Suárez de Madrid cuando viajaba en compañía de su mujer y dos hijas a Barcelona. La investigación realizada por el diario español refiere que ese mismo día los funcionarios de la Embajada de México en Madrid, que encabeza Roberta Lajous, recibieron órdenes de que se volcaran con el caso.
La publicación detalla que unos funcionarios fueron encomendados a la búsqueda de prestigiosos abogados españoles que se hicieran cargo de la defensa de Humberto Moreira, otros se centraron en atender a su esposa, Vanessa Guerrero, y a de sus hijas, que durante varios días se alojaron en el hotel Vincci Soho, localizado a escasos 100 metros de la legación diplomática en pleno corazón de Madrid.
El País explica que este hotel mantiene un convenio con la embajada y allí alojan a las autoridades mexicanas que visitan el país; en su parking aparcan los coches de la Embajada.
El medio dice que la misma tarde y noche de la detención, cuando Moreira fue conducido ante Enrique de la Mata, el juez de guardia de la Audiencia Nacional para comunicarle su ingreso en prisión, los teléfonos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comenzaron a sonar.
Se trataba de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la Embajada que preguntaban por qué se había detenido a Moreira y que indicios o cargos había contra el ex presidente del PRI. De acuerdo con fuentes consultadas por El País, “estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”.
“Su silencio causó malestar en la legación diplomática ya que, además, en esta ocasión las autoridades españolas no les habían avisado de la detención como hacen habitualmente”, dijeron fuentes cercanas a la representación diplomática a El País.
La publicación detalla que el lunes 18, dos días y medio después de la detención del ex líder priista, el cónsul de México en Madrid, Bernardo Tello, se trasladó hasta la prisión de Soto del Real para visitar al reo.
Aunque el cónsul visita con frecuencia a presos nacionales, fuentes penitenciarias dijeron a El País que sus visitas no se producen “con tanta celeridad”. A la par, dice la investigación, un funcionario del consulado llamado Víctor telefoneó en varias ocasiones al despacho del abogado Manuel Ollé, el letrado español que asistió a Moreira, para interesarse por el caso y conocer aspectos de la instrucción.
“Les dijimos que se dirigieran al juzgado”, respondió el abogado al medio.
En el directorio de la Embajada de México en España se tiene registrado a un Víctor de apellidos Koyoc Cauich, quien funge como Cónsul adscrito.
El medio español dice que la intervención oficial prosiguió cuando un chófer a los mandos de la Vannette Mercedes plateada de la embajada, con matrícula diplomática CD 52003, se trasladó al aeropuerto madrileño para recoger a Ulricht Richter, el abogado mexicano de Moreira.
“Toda la Embajada estuvo volcada en Moreira como nunca había ocurrido con otros detenidos”, dijo una fuente cercana al caso al periódico madrileño.
La misma información indica que el Gobierno de Peña Nieto quería saber qué indicios criminales había contra “su antiguo colaborador y presunto financiador de su campaña electoral”.
“En la embajada, en el número 46 de la carrera de San Jerónimo, a tiro de piedra del Congreso de los Diputados, funcionarios de la Sección Consular redactaron un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores en el que amparándose en el artículo 36 de la Convención de Viena preguntaron al juez Pedraz, instructor del caso, aspectos relevantes de la investigación”, dice El País.
En el documento se demandó: información oficial sobre los delitos por los cuales se investigaba a Moreira, el tiempo que duraría el secreto de sumario, el resultado de la audiencia celebrada el día 22, si fue decretada la prisión preventiva o la libertad bajo fianza y el tiempo que puede durar la instrucción del caso.
La respuesta que dio Pedraz fue estrictamente protocolaria y en la misma no se facilitó ningún dato de la causa declarada secreta, según fuentes judiciales.
El ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, fue detenido el viernes 15 de enero en Madrid en el marco de una operación llevada a cabo por el juez Santiago Pedraz. La Policía Española dijo en su cuenta de Twitter: “MisiónCumplida”.
El equipo del ex líder nacional del PRI dijo a Grupo Fórmula que su arresto se debió a cuestiones migratorias. Pero mintió. El priista fue arrestado por presunta actividad criminal.
El 22 de enero, de manera sorpresiva, Moreira dejó la prisión. Y el 3 de febrero ya estaba en México. Listo para lo que siguiera.
Una vez aquí, Moreira Valdés dijo en entrevista que si existiera la posibilidad de reelección en la gubernatura, él se presentaría a los comicios. “Si hubiera posibilidades de reelección para Gobernador, me presentaría”, expresó. De ser así, la familia Moreira cumpliría 18 años al frente de Coahuila. Después de Humberto, Rubén Moreira fue elegido Gobernador. Luego vendría otra vez Humberto. Tres periodos de 6 años cada uno.
En la entrevista, el ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que volverá a la política de Coahuila, luego de casi cinco años de ausencia. En un principio lo haría con el Partido Joven, que es local. Sin embargo, también consideró a su actual partido, el PRI. “Recordemos que puede haber alianzas […]”, afirmó.
La detención de Moreira Valdés en España causó polémica por la falta de investigación previa de las autoridades mexicanas, pese a denuncias de políticos y grupos civiles sobre el presunto delito de peculado que el político priista habría cometido en contra del erario de Coahuila.
Pero en México no existe ninguna denuncia en contra del ex Gobernador de Coahuila, al menos así lo afirma la Procuraduría General de la República (PGR). Jorge Vargas Espinosa, subdirector de información de la PGR, confirmó que hasta el momento no hay una investigación abierta en la dependencia.
En esencia, añadió, porque “no hay un denunciante. Nadie ha sido tan valiente”.
Sin embargo, el abogado René Sánchez Galindo aseguró que la institución estaría incumpliendo con sus obligaciones. “Lo dice el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se indica que las autoridades pueden iniciar una averiguación de cualquier evento del que tengan noticia”.
En agosto del 2011, el entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ahora Senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero Arroyo, presentó ante la PGR una denuncia contra Moreira Valdés por la adquisición irregular de deuda pública. Sin embargo, al año siguiente, la dependencia absolvió al ex Gobernador por no contar con evidencias suficientes. Un argumento que ahora usa la defensa de Moreira.
Pero desde 2011, nueva evidencia que inculpa a Moreira ha salido a la luz. En especial, por autoridades de la gestión de Moreira inculpadas en delitos de corrupción en Estados Unidos. Uno de ellos es el ex Tesorero de Moreira, Javier Villarreal Hernández, quien se declaró culpable por lavado de dinero y de transportar dinero robado hacia el extranjero. Villarreal estuvo preso entre febrero y octubre del 2014, y después salió libre al presentar documentos que mostraban un desvío de fondos hacia Bermudas.
Parte de las acusaciones hacia Moreria fueron recibidas por el Juez español Santiago Pedraz Gómez en San Antonio, Texas. Recientemente, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, como el del Senado, Roberto Gil Zuarth, refirieron que la PGR y la unidad especializada de la SHCP para detectar casos de lavado de dinero, deberían al menos, abrir una línea de investigación.
La Fiscalía Anticorrupción ibérica investigaba a Moreira por el supuesto lavado de 200 mil euros (unos cuatro millones de pesos). De acuerdo con las líneas de investigación registradas en medios locales, estos recursos podrían proceder del narcotráfico o de delitos de malversación de fondos públicos.
Carlos Orta Canales, actual director de Desarrollo Social de Saltillo y quien fuera Diputado local por el PAN, dijo en entrevista a SinEmbargo que, además del equipo de trabajo del ex Gobernador, hay ex funcionarios implicados en la exorbitante adquisición de la deuda en Coahuila que continúan en la impunidad.
“Me refiero a que falsificaron documentos del Congreso, para poder solicitar empréstitos bancarios y no pasaron por los diputados, pero para que esto suceda, pues tiene que haber gente del poder legislativo coahuilense involucrada”, expresó.
Orta refirió que las actuales autoridades estatales continúan limpiando el rastro del presunto enriquecimiento ilícito de Moreira. Y apuntó al Registro Público de la Propiedad de realizar estas operaciones. “Hasta el más ingenuo se pregunta qué está pasando adentro del Registro, pues son propiedades que en este momento están limpiando el camino. No es posible que tenga tantas propiedades, fraccionamientos, casas, hoteles, que las tenga a nombre de otras personas, y que esas personas vienen y se las venden a otras, y así se empieza a lavar”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-02-2016/1627302
