Los aparatos, destinados a los clubes navales, se entregaron dos meses antes de que siquiera fueran pedidos, y con valores superiores a los del mercado. La Auditoría advierte que se simularon procesos de adquisición incluso con proveedores fantasma y firmas falsificadas. Pide investigar y fincar cargos.
En 2014 la Marina solicitó al Congreso recursos para adquirir diez pantallas destinadas a sus clubes navales, bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores. En realidad, la dependencia compró 86 pantallas con sobreprecio (en promedio cada una por 24 mil pesos), mediante adjudicaciones directas, sin estudios de mercado y dos meses antes de que incluso se formalizaran los pedidos.
Es un ejemplo del cúmulo de anomalías que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en la revisión de los bienes adquiridos por la Secretaría de Marina en 2014, a través de proveedores que según reveló la investigación, están relacionados con ex servidores públicos de la Armada.
Para hacer parecer legítimas las operaciones, se simularon procesos de invitación a otras empresas que, o no existen, o cuyas firmas fueron falsificadas para hacer parecer que hubo competencia de por medio.
En 2014, la Marina destinó en total más de 10 millones de pesos solamente para la adquisición de aparatos electrónicos, electrodomésticos y línea blanca (pantallas, vajillas regaderas, etc) destinados fundamentalmente a sus clubes navales y unidades administrativas.
Los auditores concluyeron que por lo menos la tercera parte de ese dinero fue movido de forma irregular lo que originó un quebranto de los recursos públicos, mientras que otra tercera parte carece, por lo menos, de una justificación adecuada.
Cabe señalar que por estas irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación recomendó al Órgano de Control Interno de la Armada el inicio de seis expedientes de investigación con el objetivo de fincar responsabilidades a los funcionarios que resulten involucrados.
Caros y por adelantado
La adquisición de aparatos electrónicos y electrodomésticos en 2014 por parte de la Marina, rebasó el monto que originalmente se tenía planteado para estos rubros, concluyó la auditoría financiera practicada a la Marina.
Por ejemplo, dicha dependencia tenía planteada originalmente la compra de únicamente diez pantallas, pero terminó adquiriendo 82 en total lo que requirió una inversión de dos millones 101 mil 300 pesos. Se trata, en promedio, de 24 mil pesos pagados por cada una de las pantallas adquiridas.
El argumento para adquirir dicho número de pantallas esgrimido por la dependencia es que se recibieron solicitudes extraordinarias para los clubes navales.
Luego de este primer hallazgo, los auditores visitaron en total a seis de los proveedores de la Secretaría de Marina a través de los cuales se adquirieron tanto las pantallas como varios de los electrodomésticos.
La información proporcionada por dichos proveedores fue comparada con precios en el mercado, lo que permitió descubrir que los artículos fueron pagados con sobreprecio. En la mayoría de los casos no hubo licitación y ni siquiera un análisis de mercado apropiado. Esto significó un quebranto de por lo menos un millón 800 mil pesos, solo de sobrepagos a este grupo de proveedores.
Pero además de los pagos por encima de lo normal, los auditores descubrieron que los televisores y otros aparatos fueron entregados por uno de los proveedores 66 días antes de que el pedido fuera siquiera formalizado, y 68 días antes de que se realizara el acta administrativa de que lo bienes fueron recibidos.
“Lo anterior significa que dos meses antes de que se hiciera oficialmente y conforme a lo establecido en la ley la solicitud de los aparatos, estos ya se habían pedido y entregado con arreglos previos, fuera del procedimiento”, señala el dictamen de la auditoría.
Mediante un acta entregada por solicitud expresa de la ASF para esclarecer esta situación, los proveedores señalaron que “es habitual” que la Secretaría de Marina solicita bienes sin que haya un proceso aun formalizado, y que luego las cotizaciones que se presentan se modifican de conformidad con lo que pide la dependencia.
En este contexto la Auditoría solicitó expresamente a la Marina el inicio de procedimientos administrativos de investigación para los funcionarios que autorizaron la adquisición de bienes y su recepción, sin que existiera una solicitud formalizada por los mismos.
Proveedores sospechosos
Como parte de la auditoría se realizaron visitas de inspección a empresas involucradas en los supuestos procesos de adjudicación que realizó la Marina, situación que arrojó también graves irregularidades.
Por ejemplo, uno de los proveedores que supuestamente emitió cotizaciones según lo asentado en los documentos, no pudo ser localizado en la dirección que proporcionó y al verificar con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), este respondió que la supuesta compañía no aparece en sus registros.
En el caso de otros dos proveedores, negaron ante los auditores que hubieran hecho cotizaciones y desconocieron las firmas que aparecían en los documentos. Una de las empresas incluso dijo que la persona que aparece como responsable de las cotizaciones en los papeles no trabaja ahí.
La revisión a profundidad permitió concluir a los auditores que la Marina en realidad seleccionó directamente a los proveedores que le vendieron los aparatos de la cartera con la que ya contaba, sin proceso real de invitación o licitación, lo que resulta limitativo para otras compañías y afecta la transparencia.
Además las solicitudes fueron hechas para modelos y marcas muy específicas de equipos, lo que permite presumir que la adjudicación pudo estar dirigida. Por si fuera poco, los equipos adquiridos fueron comprados con estos proveedores que los vendieron a un precio mayor que el fabricante, el cual, directamente los comercializa al público en general.
Sumado a la falta de un estudio mínimo de mercado, la Auditoría descubrió que varios de estos proveedores seleccionados en realidad directamente, tienen como único cliente a la Armada y están ligados con ex funcionarios de la misma dependencia.
“se detectaron algunos casos en los que los proveedores y/o prestadores de servicios profesionales que comercializaron bienes o prestaron servicios a la SEMAR en el ejercicio 2014 correspondieron a personal que estuvo adscrito a la dependencia, por lo que se considera que en estas adjudicaciones directas a dichos proveedores, la SEMAR no se ajustó cabalmente al criterio de imparcialidad” indica la auditoría.
Por todas estas observaciones, que no fueron solventadas por la Marina, se solicitó expresamente a esa secretaría que a través de su órgano de control interno inicie por lo menos tres procedimientos de investigación en contra de los funcionarios potencialmente responsables,
Usan fondo urgente para vajillas y regaderas
El dictamen de la auditoría financiera revela también que uno de los proveedores que abasteció a la Armada de múltiples electrodomésticos y línea blanca como vajillas o regaderas, presentó facturas por pagos de tres millones de pesos.
La irregularidad es que el origen de ese dinero provino de un fondo rotario de la Marina, el cual es en realidad un mecanismo financiero que la Secretaría de Hacienda autoriza a las dependencias para que se cubran gastos de operación urgentes, por lo que los auditores concluyeron que no era procedente usarlo para las adquisiciones mencionados
“Asimismo, se observó que dichas adquisiciones rebasan 300 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por lo cual debieron formalizarse mediante un contrato o pedido en el que se indicara el área requirente y el uso de dichos bienes”, subraya el dictamen.
La Marina justificó la compra de los bienes argumentando que en parte estaban destinados al Hospital General Naval de Alta Especialidad, y supuestamente eran necesarios como “parte de la atención médica integral” que se proporciona en dicha instalación.
Los auditores establecieron que dicha aumentación no tenía fundamento legal, por lo que pidieron el inicio de una investigación más para sancionar a los responsables de haber usado recursos del referido fondo para bienes que no son urgentes, y que además se hiciera sin respetar proceso de adjudicación alguno y sin el contrato correspondiente.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/semar-compra-pantallas-vajillas-y-aparatos-con-sobreprecio-a-empresas-de-ex-marinos/
lunes, 22 de febrero de 2016
Denuncias del GIEI revelan que investigación "cae a pedazos": PRD
Ciudad de México. Las discrepancias dadas a conocer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con relación a la investigación que realiza la PGR
Transición energética del país beneficiará a consumidores: Peña
En el marco de su gira por Houston, Texas, el presidente, Enrique Peña Nieto reivindicó que México está atravesando una transición energética en el que se están rompiendo dos monopolios estatales que redundarán, dijo en beneficio de los consumidores. En paralelo, estimó que la apertura del mercado energético (eléctrico y petrolero) permitirá atraer inversiones por un monto de 127 billones de dólares durante los próximos 15 años, consolidando una industria energética en México capaz de competir a nivel global.
En un artículo publicado en el Houston Chronicle, denominado “La frontera más dinámica del mundo: un espacio de seguridad y prosperidad” Peña subrayó que esto es una muestra más de que las economías de México y Estados Unidos son complementarias. Aseguró que debe buscarse una mayor integración “para lograr hacer de Norteamérica la región más competitiva del mundo, el diálogo contínuo y en entendimiento mutuo son nuestras mejores herramientas. Con apertura y un mayor acercamiento, nuestras economías alcanzarán la prosperidad compartida que nos hemos propuesto y que merecen nuestras sociedades”.
Más adelante, reivindicó la reforma energética como la promoción de un nuevo paradigma en materia energética para México que permitirá ampliar la generación de electricidad a 60 GW y expandir la red mexicana de transmisión a 25 mil kilómetros. En este contexto, mencionó que como consecuencia directa de la transformación del marco legal en materia energética, 30 empresas internacionales y nacionales invertirán en el mercado energético mexicano.
Asimismo, en materia de gas natural, “la red nacional aumentará de 11 mil a 21 mil kilómetros a partir de una inversión de 16 billones de dólares. Esto es de gran relevancia para la integración energético de Texas y México, porque este estado provee el 75 por ciento de las importaciones de gas natural”. Apuntó que en materia de infraestructura, además de la entrada en operación del gasoducto Los Ramones (que va de Agua Dulce, Texas, al bajío mexicano, se prevé la construcción de otros cuatro gasoductos.
Mencionó que con “este nuevo marco legal e institucional también ofrece transparencia y plena certeza jurídica para las inversiones” nacionales y extranjeras en el sector energético. Al mismo tiempo, insistió en que los cambios legales no implican que el Estado mexicano deje de ser propietario de los hidrocarburos y de la renta petrolera.
Peña recibirá hoy el premio sobre Liderazgo Gubernamental en materia energética.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/transicion-energetica-del-pais-beneficiara-a-consumidores-pena-2869.html
En un artículo publicado en el Houston Chronicle, denominado “La frontera más dinámica del mundo: un espacio de seguridad y prosperidad” Peña subrayó que esto es una muestra más de que las economías de México y Estados Unidos son complementarias. Aseguró que debe buscarse una mayor integración “para lograr hacer de Norteamérica la región más competitiva del mundo, el diálogo contínuo y en entendimiento mutuo son nuestras mejores herramientas. Con apertura y un mayor acercamiento, nuestras economías alcanzarán la prosperidad compartida que nos hemos propuesto y que merecen nuestras sociedades”.
Más adelante, reivindicó la reforma energética como la promoción de un nuevo paradigma en materia energética para México que permitirá ampliar la generación de electricidad a 60 GW y expandir la red mexicana de transmisión a 25 mil kilómetros. En este contexto, mencionó que como consecuencia directa de la transformación del marco legal en materia energética, 30 empresas internacionales y nacionales invertirán en el mercado energético mexicano.
Asimismo, en materia de gas natural, “la red nacional aumentará de 11 mil a 21 mil kilómetros a partir de una inversión de 16 billones de dólares. Esto es de gran relevancia para la integración energético de Texas y México, porque este estado provee el 75 por ciento de las importaciones de gas natural”. Apuntó que en materia de infraestructura, además de la entrada en operación del gasoducto Los Ramones (que va de Agua Dulce, Texas, al bajío mexicano, se prevé la construcción de otros cuatro gasoductos.
Mencionó que con “este nuevo marco legal e institucional también ofrece transparencia y plena certeza jurídica para las inversiones” nacionales y extranjeras en el sector energético. Al mismo tiempo, insistió en que los cambios legales no implican que el Estado mexicano deje de ser propietario de los hidrocarburos y de la renta petrolera.
Peña recibirá hoy el premio sobre Liderazgo Gubernamental en materia energética.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/transicion-energetica-del-pais-beneficiara-a-consumidores-pena-2869.html
Desecha la Corte acciones de MC y Morena contra reforma de la CDMX
Ciudad de México: Las acciones de inconstitucionalidad presentadas, por separado, por Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en contra de la reforma política de la Ciudad de México, fueron desechadas por "notoriamente improcedentes" por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek.
En los acuerdos respectivos, el ministro precisa que las acciones de inconstitucionalidad sólo proceden para establecer si las leyes generales, leyes electorales (locales y federales y tratados internacionales) son “conformes” o respetan y cumplen con la constitución.
En tanto que la constitución no contempla la posibilidad de que la Suprema Corte revise la constitucionalidad de una reforma a la propia Carta Magna.
Además de que los partidos políticos carecen de legitimación para impugnar reformas a la constitución en materia electoral, porque ello implicaría "que la Corte conceptualizara la Constitución como una ley ordinaria –local o federal-, lo que no es posible”.
Laynez se apoyó en criterios y jurisprudencias de la Corte que datan de 2009 que sustentan su resolución.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/desecha-la-corte-acciones-de-mc-y-morena-contra-reforma-de-la-cdmx-5407.html
En los acuerdos respectivos, el ministro precisa que las acciones de inconstitucionalidad sólo proceden para establecer si las leyes generales, leyes electorales (locales y federales y tratados internacionales) son “conformes” o respetan y cumplen con la constitución.
En tanto que la constitución no contempla la posibilidad de que la Suprema Corte revise la constitucionalidad de una reforma a la propia Carta Magna.
Además de que los partidos políticos carecen de legitimación para impugnar reformas a la constitución en materia electoral, porque ello implicaría "que la Corte conceptualizara la Constitución como una ley ordinaria –local o federal-, lo que no es posible”.
Laynez se apoyó en criterios y jurisprudencias de la Corte que datan de 2009 que sustentan su resolución.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/desecha-la-corte-acciones-de-mc-y-morena-contra-reforma-de-la-cdmx-5407.html
LA CONSTITUCIÓN YA NO ES LA DE 1917: SUS SÍMBOLOS SE QUEBRARON
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hoy cumple 99 años, vive otro sexenio sujeta a la mayor cantidad de modificaciones de su historia.
Después de que los 38 decretos y 110 cambios publicados por el Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa lo convirtieran en el mayor reformador del texto Constitucional desde 1917, Enrique Peña Nieto presenta el mismo patrón y, a la mitad de su administración, ha enviado a la imprenta del Gobierno federal otros 22 decretos con 145 ajustes al texto de la Carta Magna.
Entre ellos, las “once reformas estructurales” que lograron modificaciones detenidas por años, como la aprobada en materias Educativa, Energética, de Telecomunicaciones, Hacendaria, Laboral y otras.
En total, de acuerdo con el conteo de modificaciones registrado por la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, la Constitución que los académicos consideran “rígida” –por el proceso que exige aprobar cada cambio– ha tenido 697 modificaciones en casi un siglo de existencia. El más reciente, el publicado el pasado 29 de enero “en materia de reforma política de la Ciudad de México” y que implicó 52 adecuaciones en la Carta Magna.
CIENTOS DE ALTERACIONES
De acuerdo con expertos consultados, estos cientos de alteraciones y su secuencia puede ilustrar la historia de las agendas de cada periodo presidencial y, en un análisis general, narran también la transformación jurídica que ha dado cabida a los cambios políticos y económicos impulsados en las últimas tres décadas.
Así, por ejemplo, el registro de las reformas publicadas hasta hoy muestra cómo la mayor cantidad del total de cambios, 484, se hicieron a partir del Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, entre diciembre de 1982 y 1988, periodo en el que inicia la apertura de la economía mexicana a los mercados internacionales y, en ese contexto, se aprueban también 66 reformas, la mayor cantidad hasta ese momento.
Una de ellas, se observa en la lista de decretos publicados en su sexenio, fue la hecha el 23 de diciembre de 1986 al Artículo 123 Constitucional, que norma “el trabajo y la previsión social” y al que, en esa ocasión, se le eliminó la existencia de “comisiones regionales” de salarios mínimos y se centralizó la decisión alrededor de este indicador en una Comisión Nacional que diversos análisis consideran sometida al Ejecutivo y sin representación de la población trabajadora.
Entre 1994 y 1988, Carlos Salinas de Gortari decretó otras 55 reformas y dio inicio al primer “gran momento de las reformas estructurales”; Ernesto Zedillo Ponce de León continuó con 77 y sólo el panista Vicente Fox Quesada, el primero emanado del Partido de Acción Nacional, logró un número menor de cambios, 31.
La contabilidad de las reformas disponibles en la Secretaría de Asuntos Parlamentarios muestra también que las modificaciones se han concentrado en tres artículos en particular; dos de ellos considerados ejemplos esenciales del “sentido social” que tenía el texto constitucional aprobado hace cien años: el Artículo 27, que establece los términos de lo que debe considerarse como “propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional” y que ha sufrido 20 reformas –tres de ellas en este sexenio; y el Artículo 123, que regula el trabajo y que ha sufrido 26 cambios; también los tres últimos en la actual administración de Peña Nieto.
EL ARTÍCULO 27
“Hay un sustrato ideológico neoliberal en muchas de las reformas”, dice Francisco Ibarra Palafox, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Uno de los principales ejemplos, explica, es la serie de alteraciones hechas Artículo 27, al que Carlos Salinas de Gortari, en 1992, en la víspera de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), le eliminó un párrafo para acabar con el carácter inalienable de las tierras comunales o ejidos para que pudieran ser propiedad privada y vendidas a empresas extranjeras. Veintidós años después, en diciembre de 2013, Peña Nieto le adicionó el permiso para que empresas privadas pudieran participar en actividades de exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos, oficializando así la Reforma Energética.
“El libre comercio ha generado una serie de privatizaciones que vieron la Constitución como un texto renovable”, dice Ibarra en entrevista.
“Las grandes petroleras internacionales siempre vieron al Artículo 27 Constitucional como un obstáculo, porque establecía no sólo el dominio de la nación sobre los hidrocarburos, sino la prohibición de la participación de capital privado, ya sea de capital nacional o extranjero; en consecuencia, los círculos económicos internacionales y los pequeños grupos económicos mexicanos vieron desde hace décadas al Artículo 27 como un rival a vencer, porque, sin modificarlo, sería imposible la Reforma Energética”, agrega.
La sustancia de lo modificado en ese sentido, explica, es de tal proporción que el cambio no sólo es jurídico, sino ideológico, “un giro completo” a lo que los Constituyentes de 1917 decidieron que sería la política nacional hacia las petroleras internacionales. Y no sólo por el control de los hidrocarburos, dice, sino por el de la seguridad en los territorios en los que operaban estas empresas.
“Las petroleras extranjeras eran no sólo un grupo ajeno, sino grupos con guardias paramilitares que las protegían. Y, como los revolucionarios tenían la intención de crear un Ejército, se encontraban con que los petroleros tenían grupos de seguridad privada. No nos extrañe que, en el futuro, y ante el crecimiento de las empresas no sólo petroleras sino mineras y de algunos otros sectores, veamos crecer aún más la seguridad privada, que ya ha estado creciendo en México”, dice.
REFORMA POR REFORMA
De acuerdo con la lista de “Reformas Constitucionales por Artículo”, disponible en el sitio electrónico gubernamental www.constitucion1917.gob.mx, las 20 modificaciones hechas al Artículo 27 lo colocan como el tercero más distorsionado, mientras que el 123 es el segundo.
En primer lugar, con 76 cambios, se encuentra el Artículo 73, que regula las facultades del Congreso y cuya ampliación, de acuerdo con José Antonio Caballero, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), muestra la tendencia política a centralizar decisiones que contradicen el carácter federal de la República.
“Esto se puede entender como una manera de subsidiar a los estados en cosas que no pueden hacer solos”, dice. “Indica es que la estructural federal, la soberanía de los estados, en algunos casos pareciera que no está funcionando, y la manera de resolver el problema es quitándoles atribuciones”, agrega.
Como Ibarra, Caballero advierte que los rasgos de la política económica vigente son visibles en los cambios constitucionales, como los que dieron paso, ejemplifica, a la creación de órganos reguladores de todo tipo de negocios e industrias.
Pero estos cambios de las últimas décadas, agrega, también han reflejado otras causas impulsadas por la sociedad civil, como las aprobadas en materia de transparencia y derechos humanos.
También hay modificaciones, dice Caballero, que son “frívolas o absurdas”, como la que hizo obligatoria la educación preescolar y creó una problemática para quienes no tienen acceso a este tipo de servicios a la hora de inscribir a sus hijos en primaria.
Otras, agrega el investigador del CIDE, reflejan “amarres” políticos o consensos con respecto a contextos específicos, como la reforma del 18 de junio de 2008 en materia penal, cuando se modificó el Artículo 20 para establecer que “el proceso penal será acusatorio y oral” y, entre otros cambios, elevó a rango constitucional la aplicación de procedimientos de extinción de dominio para acusados de delincuencia organizada.
Otro “amarre” visible que afectará el texto constitucional, agrega, es el consenso de gobernadores alrededor del “mando único” y que, en esta ocasión, restará soberanía a los municipios, a los que ahora se les quitará el poder para decidir sobre seguridad pública que les da, hasta ahora, el Artículo 115.
Desde el inicio de su mandato, Enrique Peña Nieto hizo de las “reformas estructurales” la principal estrategia de su sexenio. Así, desde el 2 de diciembre de 2012 obtuvo la firma de los dirigentes de los principales partidos de oposición para sacar adelante la cargada agenda de modificaciones que, de acuerdo con Ibarra y varios documentos, eran a su vez parte de las agendas de empresas internacionales.
La efectividad de los acuerdos políticos con los que la administración de Peña Nieto sacó adelante estas “reformas estructurales” le ganaron, como en su tiempo a Salinas, elogios en los medios extranjeros. Uno de ellos, el de estar “salvando a México”, como publicó en febrero de 2014 la revista Time.
“Hace cinco años, la violencia de las drogas estaba explotando, la economía mexicana se tambaleaba y un informe del Pentágono comparaba a la nación azteca con el caso perdido de Pakistán”, indicó el artículo de Time.
“Ahora las alarmas están siendo reemplazadas con aplausos. Después de un año en el despacho, Peña Nieto ha sacado adelante el más ambicioso paquete de reformas sociales, políticas y económicas de las que se tenga memoria. Las fuerzas económicas globales, también, se han movido en dirección al país. Lanzado por la apertura de las reservas de petróleo a la inversión extranjera por primera vez en 75 años, y el dinero inteligente ha empezado a apostar al poder del peso”, agregó el medio.
Otras investigaciones, en cambio, muestran que el camino recorrido durante 33 años de intensas transformaciones fijadas en la Constitución han derivado, entre otros problemáticas, en el estancamiento del poder adquisitivo de la población.
En general, coinciden los estudiosos entrevistados, el texto de la Carta Magna ha sufrido tal cantidad de transformaciones y varias de ellas de tal sustancia que puede afirmarse que “queda poco” del original. O, como considera Ibarra, “estamos frente a un texto Constitucional materialmente nuevo”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
FECHA: 6 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-02-2016/1614094
Después de que los 38 decretos y 110 cambios publicados por el Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa lo convirtieran en el mayor reformador del texto Constitucional desde 1917, Enrique Peña Nieto presenta el mismo patrón y, a la mitad de su administración, ha enviado a la imprenta del Gobierno federal otros 22 decretos con 145 ajustes al texto de la Carta Magna.
Entre ellos, las “once reformas estructurales” que lograron modificaciones detenidas por años, como la aprobada en materias Educativa, Energética, de Telecomunicaciones, Hacendaria, Laboral y otras.
En total, de acuerdo con el conteo de modificaciones registrado por la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, la Constitución que los académicos consideran “rígida” –por el proceso que exige aprobar cada cambio– ha tenido 697 modificaciones en casi un siglo de existencia. El más reciente, el publicado el pasado 29 de enero “en materia de reforma política de la Ciudad de México” y que implicó 52 adecuaciones en la Carta Magna.
CIENTOS DE ALTERACIONES
De acuerdo con expertos consultados, estos cientos de alteraciones y su secuencia puede ilustrar la historia de las agendas de cada periodo presidencial y, en un análisis general, narran también la transformación jurídica que ha dado cabida a los cambios políticos y económicos impulsados en las últimas tres décadas.
Así, por ejemplo, el registro de las reformas publicadas hasta hoy muestra cómo la mayor cantidad del total de cambios, 484, se hicieron a partir del Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, entre diciembre de 1982 y 1988, periodo en el que inicia la apertura de la economía mexicana a los mercados internacionales y, en ese contexto, se aprueban también 66 reformas, la mayor cantidad hasta ese momento.
Una de ellas, se observa en la lista de decretos publicados en su sexenio, fue la hecha el 23 de diciembre de 1986 al Artículo 123 Constitucional, que norma “el trabajo y la previsión social” y al que, en esa ocasión, se le eliminó la existencia de “comisiones regionales” de salarios mínimos y se centralizó la decisión alrededor de este indicador en una Comisión Nacional que diversos análisis consideran sometida al Ejecutivo y sin representación de la población trabajadora.
Entre 1994 y 1988, Carlos Salinas de Gortari decretó otras 55 reformas y dio inicio al primer “gran momento de las reformas estructurales”; Ernesto Zedillo Ponce de León continuó con 77 y sólo el panista Vicente Fox Quesada, el primero emanado del Partido de Acción Nacional, logró un número menor de cambios, 31.
La contabilidad de las reformas disponibles en la Secretaría de Asuntos Parlamentarios muestra también que las modificaciones se han concentrado en tres artículos en particular; dos de ellos considerados ejemplos esenciales del “sentido social” que tenía el texto constitucional aprobado hace cien años: el Artículo 27, que establece los términos de lo que debe considerarse como “propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional” y que ha sufrido 20 reformas –tres de ellas en este sexenio; y el Artículo 123, que regula el trabajo y que ha sufrido 26 cambios; también los tres últimos en la actual administración de Peña Nieto.
EL ARTÍCULO 27
“Hay un sustrato ideológico neoliberal en muchas de las reformas”, dice Francisco Ibarra Palafox, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Uno de los principales ejemplos, explica, es la serie de alteraciones hechas Artículo 27, al que Carlos Salinas de Gortari, en 1992, en la víspera de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), le eliminó un párrafo para acabar con el carácter inalienable de las tierras comunales o ejidos para que pudieran ser propiedad privada y vendidas a empresas extranjeras. Veintidós años después, en diciembre de 2013, Peña Nieto le adicionó el permiso para que empresas privadas pudieran participar en actividades de exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos, oficializando así la Reforma Energética.
“El libre comercio ha generado una serie de privatizaciones que vieron la Constitución como un texto renovable”, dice Ibarra en entrevista.
“Las grandes petroleras internacionales siempre vieron al Artículo 27 Constitucional como un obstáculo, porque establecía no sólo el dominio de la nación sobre los hidrocarburos, sino la prohibición de la participación de capital privado, ya sea de capital nacional o extranjero; en consecuencia, los círculos económicos internacionales y los pequeños grupos económicos mexicanos vieron desde hace décadas al Artículo 27 como un rival a vencer, porque, sin modificarlo, sería imposible la Reforma Energética”, agrega.
La sustancia de lo modificado en ese sentido, explica, es de tal proporción que el cambio no sólo es jurídico, sino ideológico, “un giro completo” a lo que los Constituyentes de 1917 decidieron que sería la política nacional hacia las petroleras internacionales. Y no sólo por el control de los hidrocarburos, dice, sino por el de la seguridad en los territorios en los que operaban estas empresas.
“Las petroleras extranjeras eran no sólo un grupo ajeno, sino grupos con guardias paramilitares que las protegían. Y, como los revolucionarios tenían la intención de crear un Ejército, se encontraban con que los petroleros tenían grupos de seguridad privada. No nos extrañe que, en el futuro, y ante el crecimiento de las empresas no sólo petroleras sino mineras y de algunos otros sectores, veamos crecer aún más la seguridad privada, que ya ha estado creciendo en México”, dice.
REFORMA POR REFORMA
De acuerdo con la lista de “Reformas Constitucionales por Artículo”, disponible en el sitio electrónico gubernamental www.constitucion1917.gob.mx, las 20 modificaciones hechas al Artículo 27 lo colocan como el tercero más distorsionado, mientras que el 123 es el segundo.
En primer lugar, con 76 cambios, se encuentra el Artículo 73, que regula las facultades del Congreso y cuya ampliación, de acuerdo con José Antonio Caballero, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), muestra la tendencia política a centralizar decisiones que contradicen el carácter federal de la República.
“Esto se puede entender como una manera de subsidiar a los estados en cosas que no pueden hacer solos”, dice. “Indica es que la estructural federal, la soberanía de los estados, en algunos casos pareciera que no está funcionando, y la manera de resolver el problema es quitándoles atribuciones”, agrega.
Como Ibarra, Caballero advierte que los rasgos de la política económica vigente son visibles en los cambios constitucionales, como los que dieron paso, ejemplifica, a la creación de órganos reguladores de todo tipo de negocios e industrias.
Pero estos cambios de las últimas décadas, agrega, también han reflejado otras causas impulsadas por la sociedad civil, como las aprobadas en materia de transparencia y derechos humanos.
También hay modificaciones, dice Caballero, que son “frívolas o absurdas”, como la que hizo obligatoria la educación preescolar y creó una problemática para quienes no tienen acceso a este tipo de servicios a la hora de inscribir a sus hijos en primaria.
Otras, agrega el investigador del CIDE, reflejan “amarres” políticos o consensos con respecto a contextos específicos, como la reforma del 18 de junio de 2008 en materia penal, cuando se modificó el Artículo 20 para establecer que “el proceso penal será acusatorio y oral” y, entre otros cambios, elevó a rango constitucional la aplicación de procedimientos de extinción de dominio para acusados de delincuencia organizada.
“Lo que Calderón quería era más herramientas contra la delincuencia organizada, y no se veía mal que la extinción de dominio se subiera a la Constitución, como la transición a la oralidad”, dice Caballero.
Otro “amarre” visible que afectará el texto constitucional, agrega, es el consenso de gobernadores alrededor del “mando único” y que, en esta ocasión, restará soberanía a los municipios, a los que ahora se les quitará el poder para decidir sobre seguridad pública que les da, hasta ahora, el Artículo 115.
Desde el inicio de su mandato, Enrique Peña Nieto hizo de las “reformas estructurales” la principal estrategia de su sexenio. Así, desde el 2 de diciembre de 2012 obtuvo la firma de los dirigentes de los principales partidos de oposición para sacar adelante la cargada agenda de modificaciones que, de acuerdo con Ibarra y varios documentos, eran a su vez parte de las agendas de empresas internacionales.
La efectividad de los acuerdos políticos con los que la administración de Peña Nieto sacó adelante estas “reformas estructurales” le ganaron, como en su tiempo a Salinas, elogios en los medios extranjeros. Uno de ellos, el de estar “salvando a México”, como publicó en febrero de 2014 la revista Time.
“Hace cinco años, la violencia de las drogas estaba explotando, la economía mexicana se tambaleaba y un informe del Pentágono comparaba a la nación azteca con el caso perdido de Pakistán”, indicó el artículo de Time.
“Ahora las alarmas están siendo reemplazadas con aplausos. Después de un año en el despacho, Peña Nieto ha sacado adelante el más ambicioso paquete de reformas sociales, políticas y económicas de las que se tenga memoria. Las fuerzas económicas globales, también, se han movido en dirección al país. Lanzado por la apertura de las reservas de petróleo a la inversión extranjera por primera vez en 75 años, y el dinero inteligente ha empezado a apostar al poder del peso”, agregó el medio.
Otras investigaciones, en cambio, muestran que el camino recorrido durante 33 años de intensas transformaciones fijadas en la Constitución han derivado, entre otros problemáticas, en el estancamiento del poder adquisitivo de la población.
“Entre 1982 y 1992 se da la peor caída del salario mínimo en la historia del país: 6.36 por ciento anual acumulando un baja de 63.6 por ciento. Posteriormente, entre 1992 y 1995, la caída es un poco más suave: 2 por ciento anual, para luego volver a incrementarse entre 1995 y 2003 a un ritmo negativo de 2.5 por ciento anual. Finalmente, entre 2003 y 2014, el salario mínimo se mantiene constante, ni crece ni decrece”, advirtió desde diciembre de 2014 el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Saúl Escobar Toledo.
En general, coinciden los estudiosos entrevistados, el texto de la Carta Magna ha sufrido tal cantidad de transformaciones y varias de ellas de tal sustancia que puede afirmarse que “queda poco” del original. O, como considera Ibarra, “estamos frente a un texto Constitucional materialmente nuevo”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
FECHA: 6 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-02-2016/1614094
Responde la PGR al GIEI: rechaza que obstaculice y fragmente caso Ayotzinapa
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) respondió al informe dado a conocer este domingo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y destacó que éste ha tenido acceso en todo momento a las constancias de la averiguación previa radicada en la Oficina de Investigación del Caso Iguala creada en la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
“La indagatoria de los hechos de Iguala durante la actual administración se ha caracterizado por su apertura y transparencia con los familiares, sus representantes y el GIEI, así como con la sociedad en su conjunto”, indicó la PGR en un comunicado.
En conferencia de prensa a dos meses de que concluya el mandato del GIEI, sus cinco integrantes revelaron este domingo que se les ha restringido el acceso a 12 averiguaciones previas abiertas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
El grupo alertó además sobre el intento de la PGR de “generar una quinta versión de los hechos”, frente al desmantelamiento de la “verdad histórica”.
“La investigación no está fragmentada. La Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia, sin que ello implique que deje de remitir las declaraciones de inculpados vinculados directamente con el Caso Iguala para su desahogo”, respondió la PGR.
En el comunicado, la PGR considera necesario precisar y establecer con toda claridad, con base en las constancias ministeriales existentes en el expediente, mismas que próximamente se darán a conocer por medio de una ampliación de la versión pública, los siguientes puntos:
Agrega que en observancia a su mandato como coadyuvante técnico, el GIEI ha tenido acceso directo a la información contenida en el expediente, como son las detenciones señaladas por el propio Grupo, y por otra parte la SEIDO ha remitido a la oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos los datos de prueba que pudieran estar relacionados con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, aun y cuando esos datos pudieran haber tenido su origen en otros ilícitos ocurridos en fechas distintas.
La PGR reiteró que la indagatoria sobre el caso Iguala se encuentra abierta; cualquier línea de investigación será agotada exhaustivamente, tanto por ser una obligación que la ley establece, como por convicción de la institución, indicó.
Agrega que la consignación de los 22 policías señalados por el GIEI fue realizada el 30 de septiembre de 2014 por las autoridades del Estado de Guerrero y el acto reclamado en el Juicio de Amparo es la formal prisión dictada por un juzgado del fuero común. Sin embargo, la PGR ha dado seguimiento al juicio de amparo, sobre el cual interpuso un recurso de revisión que será resuelto por el Tribunal Colegiado correspondiente.
La PGR consideró necesario aclarar a la opinión pública que estas mismas personas están sujetas también a procesos federales por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, por lo que en el supuesto sin conceder de que se actualizara la hipótesis señalada por el GIEI, ninguno de los 22 policías podría obtener su libertad hasta en tanto los jueces federales así lo resolvieran.
La PGR señaló que brindó su apoyo a la representación legal en el seguimiento a la toma de muestra del ADN de Julio César Mondragón, dentro del proceso local. Las diligencias del caso fueron realizadas por una autoridad ministerial del fuero común, quien a su vez, consignó ante un Órgano Jurisdiccional del mismo fuero.
Destacó que dichas diligencias fueron ordenadas por la autoridad judicial local, dentro de la causa penal y no constituye un acto de investigación ordenado por el Ministerio Público de la Federación, como pareciera entenderse, ya que la solicitud formulada por los familiares de Mondragón Fontes de toma de ADN, tuvo que pasar por la autorización y posterior trámite entre órganos jurisdiccionales estatales, sirviendo la PGR como conducto para acortar tiempos.
De igual manera, aclaró que los señalamientos relacionados con el posible trasiego de droga entre Iguala y Chicago forma parte de las diversas líneas que están siendo investigadas.
Asimismo, la dependencia reiteró su rechazo y desaprobación a las filtraciones de información, por lo que instruyó al MPF investigar estos hechos. Cabe señalar que a esta información tienen acceso diversos actores procesales.
Precisó que la autoridad ministerial y los actores procesales tienen la obligación de guardar sigilo y secrecía en las indagatorias.
La Procuraduría General de la República se encuentra analizando debidamente la pertinencia y el apego a la ley de cada una las solicitudes pendientes del GIEI para su acuerdo. En este sentido se informa que las primeras 177 solicitudes (26% del total de peticiones) ya están debidamente atendidas; las 31 formuladas en el periodo previo a la prórroga del mandato (5% del total) y las 469 contenidas hasta este momento en la segunda etapa (69% del total) se encuentran con un amplio avance de atención.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430893/pgr-responde-al-giei-investigacion-sobre-caso-ayotzinapa-no-esta-fragmentada
“La indagatoria de los hechos de Iguala durante la actual administración se ha caracterizado por su apertura y transparencia con los familiares, sus representantes y el GIEI, así como con la sociedad en su conjunto”, indicó la PGR en un comunicado.
En conferencia de prensa a dos meses de que concluya el mandato del GIEI, sus cinco integrantes revelaron este domingo que se les ha restringido el acceso a 12 averiguaciones previas abiertas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
El grupo alertó además sobre el intento de la PGR de “generar una quinta versión de los hechos”, frente al desmantelamiento de la “verdad histórica”.
“La investigación no está fragmentada. La Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia, sin que ello implique que deje de remitir las declaraciones de inculpados vinculados directamente con el Caso Iguala para su desahogo”, respondió la PGR.
En el comunicado, la PGR considera necesario precisar y establecer con toda claridad, con base en las constancias ministeriales existentes en el expediente, mismas que próximamente se darán a conocer por medio de una ampliación de la versión pública, los siguientes puntos:
Agrega que en observancia a su mandato como coadyuvante técnico, el GIEI ha tenido acceso directo a la información contenida en el expediente, como son las detenciones señaladas por el propio Grupo, y por otra parte la SEIDO ha remitido a la oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos los datos de prueba que pudieran estar relacionados con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, aun y cuando esos datos pudieran haber tenido su origen en otros ilícitos ocurridos en fechas distintas.
La PGR reiteró que la indagatoria sobre el caso Iguala se encuentra abierta; cualquier línea de investigación será agotada exhaustivamente, tanto por ser una obligación que la ley establece, como por convicción de la institución, indicó.
Agrega que la consignación de los 22 policías señalados por el GIEI fue realizada el 30 de septiembre de 2014 por las autoridades del Estado de Guerrero y el acto reclamado en el Juicio de Amparo es la formal prisión dictada por un juzgado del fuero común. Sin embargo, la PGR ha dado seguimiento al juicio de amparo, sobre el cual interpuso un recurso de revisión que será resuelto por el Tribunal Colegiado correspondiente.
La PGR consideró necesario aclarar a la opinión pública que estas mismas personas están sujetas también a procesos federales por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, por lo que en el supuesto sin conceder de que se actualizara la hipótesis señalada por el GIEI, ninguno de los 22 policías podría obtener su libertad hasta en tanto los jueces federales así lo resolvieran.
La PGR señaló que brindó su apoyo a la representación legal en el seguimiento a la toma de muestra del ADN de Julio César Mondragón, dentro del proceso local. Las diligencias del caso fueron realizadas por una autoridad ministerial del fuero común, quien a su vez, consignó ante un Órgano Jurisdiccional del mismo fuero.
Destacó que dichas diligencias fueron ordenadas por la autoridad judicial local, dentro de la causa penal y no constituye un acto de investigación ordenado por el Ministerio Público de la Federación, como pareciera entenderse, ya que la solicitud formulada por los familiares de Mondragón Fontes de toma de ADN, tuvo que pasar por la autorización y posterior trámite entre órganos jurisdiccionales estatales, sirviendo la PGR como conducto para acortar tiempos.
De igual manera, aclaró que los señalamientos relacionados con el posible trasiego de droga entre Iguala y Chicago forma parte de las diversas líneas que están siendo investigadas.
Asimismo, la dependencia reiteró su rechazo y desaprobación a las filtraciones de información, por lo que instruyó al MPF investigar estos hechos. Cabe señalar que a esta información tienen acceso diversos actores procesales.
Precisó que la autoridad ministerial y los actores procesales tienen la obligación de guardar sigilo y secrecía en las indagatorias.
La Procuraduría General de la República se encuentra analizando debidamente la pertinencia y el apego a la ley de cada una las solicitudes pendientes del GIEI para su acuerdo. En este sentido se informa que las primeras 177 solicitudes (26% del total de peticiones) ya están debidamente atendidas; las 31 formuladas en el periodo previo a la prórroga del mandato (5% del total) y las 469 contenidas hasta este momento en la segunda etapa (69% del total) se encuentran con un amplio avance de atención.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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VIDEO: Al grito de “ratero” y “fuera”, corren a Javier Duarte de ‘La Parroquia’ en Veracruz
Veracruz, Ver.- Comensales del tradicional café ‘La Parroquia’, en el puerto de Veracruz, corrieron al gobernador de la entidad, Javier Duarte de Ochoa, al grito de “¡ratero!” y “¡fuera, fuera, fuera!”.
https://youtu.be/jVohIFcaZ6M
Fuente: Megáfonomx
http://megafonomx.com/2016/02/22/video-le-gritan-ratero-y-fuera-a-javier-duarte-en-la-parroquia/
https://youtu.be/jVohIFcaZ6M
Fuente: Megáfonomx
http://megafonomx.com/2016/02/22/video-le-gritan-ratero-y-fuera-a-javier-duarte-en-la-parroquia/
Alerta el GIEI por filtración de una quinta versión sobre caso Ayotzinapa
CIUDAD DE MÉXICO: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció obstáculos que ponen en riesgo el esclarecimiento de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y alertó sobre el intento de “generar una quinta versión de los hechos”, frente al desmantelamiento de la “verdad histórica”.
En conferencia de prensa a dos meses de que concluya el mandato del GIEI, sus cinco integrantes revelaron que se les ha restringido el acceso a 12 averiguaciones previas abiertas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), relacionadas con la desaparición de los estudiantes.
Los expertos acusaron la existencia de filtraciones distorsionadas de declaraciones de procesados por la Seido, encaminadas a la creación de una versión de los hechos “en el sentido de que 17 normalistas –o alguna otra cifra– habrían sido asesinados y quemados” en el basurero de Cocula y no los 43 como afirmó el exprocurador Jesús Murillo Karam.
Ángela Buitrago manifestó su preocupación por la “fragmentación interna” de la investigación así como la filtración de presuntas declaraciones, como las de integrantes de la banda de Los Peques y Gilberto López Astudillo, El Cabo Gil, quien frente al GIEI no hizo las declaraciones que después se filtraron a los medios.
Señaló que por las últimas detenciones relacionadas con la desaparición de los 43, realizadas por la Siedo después de la creación de la unidad especializada, se abrieron nuevas averiguaciones previas de las que no tiene copia el GIEI, como la de López Astudillo.
Agregó que en el expediente de Ayotzinapa “desaparecieron” las actuaciones realizadas para la recuperación de restos óseos encontrados en un paraje denominado “La Carnicería” cercano al basurero de Cocula, mismos que “no han sido procesados de acuerdo con los protocolos suscritos con las víctimas, a pesar de que la información sobre dicho lugar surgió de una denuncia realizada por los familiares de los 43 normalistas”.
Sobre las intenciones de “generar una quinta versión” de los hechos, Francisco Cox recordó que antes de la publicación de las primeras conclusiones del GIEI “habían cuatro versiones del destino de los normalistas”, siendo la incineración de los 43 estudiantes la versión que prevaleció sobre las otras.
“Cuando se descartó el incendio en el basurero –apuntó Cox—empezó a surgir una quinta versión que planteaba que los 43 fueron divididos en grupos, y que sólo algunos fueron incinerados, y es entonces cuando los inculpados empiezan a declarar en ese sentido, y llama la atención cómo se hacen las declaraciones”.
Cox admitió que pese a que tanto su perito José Torero como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) consideraron inviable la “verdad histórica”, y que por tanto ambos equipos descartan la necesidad de un tercer peritaje en el basurero de Cocula, “el órgano persecutor tiene derecho a realizar ese peritaje, para lo que se han acordado ciertas condiciones”.
Claudia Paz y Paz alertó sobre los riesgos de que no se tomen en cuenta las observaciones del GIEI para fortalecer las consignaciones, como en el caso del amparo obtenido por los 22 policías municipales de Iguala y Cocula acusados de los homicidios ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, entre ellas la de Julio César Mondragón Fontes.
“El juez que otorgó el amparo consideró que no había suficiente motivación para decretar la orden de formal prisión contra los policías, por lo que pidió al juez de la causa que fundamentara; hay que reconocer que el recurso está impugnado por la PGR, pero advertimos que como ese caso puede haber otros más en los que por falta de fundamentación jurídica no se pueda procesar a los responsables”, dijo la exfiscal guatemalteca.
Carlos Beristáin añadió que no hay claridad de cuántos amparos han interpuesto los más de cien procesados por fallas en el debido proceso, “pero lo que puede dar una idea es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió 50 expedientes de queja por tortura, en tanto que los jueces de la causa solicitaron a la PGR la apertura de un número similar de averiguaciones por tortura, y pidió protocolos de Estambul”.
Alejandro Valencia recordó que apenas el 15 de febrero pasado, la PGR solicitó la colaboración del gobierno de Estados Unidos para ahondar en la línea de investigación que implica el trasiego de droga de Iguala a Chicago, lo que podría haber sido el móvil de la desaparición forzada.
Los integrantes del GIEI insistieron en su solicitud de tener acceso a los miembros del 27 Batallón de Infantería que presenciaron en distintos momentos los hechos, a través de interrogatorios hechos por agentes del Ministerio Público federal pero en los que estén presentes los expertos, así como el material fotográfico y de video, y documentación que al respeto tiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los expertos reconocieron que se haya retomado la búsqueda de los estudiantes, y revelaron la localización de una fosa con dos cuerpos en las inmediaciones de Cocula, pero “que por las características de los restos no corresponden a los de los normalistas”.
Los expertos también se refirieron a la campaña de desprestigio contra los resultados del GIEI y algunos de sus integrantes, “lo que busca generar confusión y cuestionar a miembros del Grupo con trillados estigmas políticos utilizados contra defensores de derechos humanos, y que son parte de los mecanismos de impunidad”.
Carlos Beristáin enfatizó sobre la urgencia de que se aceleren las peticiones del GIEI para encaminar las investigaciones, y reconoció que los dos meses que quedan para la conclusión del mandato, es poco tiempo para llegar a la verdad.
Francisco Cox recordó que el destino del GIEI está en manos del acuerdo al que lleguen la Comisión Interdisciplinaria de Derechos Humanos (CIDH), los padres de familia y sus representantes, así como del Estado mexicano, “quien en todo caso es el responsable de esclarecer lo que ocurrió con los estudiantes”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430876/alerta-el-giei-por-filtracion-de-una-quinta-version-sobre-el-caso-ayotzinapa
En conferencia de prensa a dos meses de que concluya el mandato del GIEI, sus cinco integrantes revelaron que se les ha restringido el acceso a 12 averiguaciones previas abiertas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), relacionadas con la desaparición de los estudiantes.
Los expertos acusaron la existencia de filtraciones distorsionadas de declaraciones de procesados por la Seido, encaminadas a la creación de una versión de los hechos “en el sentido de que 17 normalistas –o alguna otra cifra– habrían sido asesinados y quemados” en el basurero de Cocula y no los 43 como afirmó el exprocurador Jesús Murillo Karam.
Ángela Buitrago manifestó su preocupación por la “fragmentación interna” de la investigación así como la filtración de presuntas declaraciones, como las de integrantes de la banda de Los Peques y Gilberto López Astudillo, El Cabo Gil, quien frente al GIEI no hizo las declaraciones que después se filtraron a los medios.
Señaló que por las últimas detenciones relacionadas con la desaparición de los 43, realizadas por la Siedo después de la creación de la unidad especializada, se abrieron nuevas averiguaciones previas de las que no tiene copia el GIEI, como la de López Astudillo.
Agregó que en el expediente de Ayotzinapa “desaparecieron” las actuaciones realizadas para la recuperación de restos óseos encontrados en un paraje denominado “La Carnicería” cercano al basurero de Cocula, mismos que “no han sido procesados de acuerdo con los protocolos suscritos con las víctimas, a pesar de que la información sobre dicho lugar surgió de una denuncia realizada por los familiares de los 43 normalistas”.
Sobre las intenciones de “generar una quinta versión” de los hechos, Francisco Cox recordó que antes de la publicación de las primeras conclusiones del GIEI “habían cuatro versiones del destino de los normalistas”, siendo la incineración de los 43 estudiantes la versión que prevaleció sobre las otras.
“Cuando se descartó el incendio en el basurero –apuntó Cox—empezó a surgir una quinta versión que planteaba que los 43 fueron divididos en grupos, y que sólo algunos fueron incinerados, y es entonces cuando los inculpados empiezan a declarar en ese sentido, y llama la atención cómo se hacen las declaraciones”.
Cox admitió que pese a que tanto su perito José Torero como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) consideraron inviable la “verdad histórica”, y que por tanto ambos equipos descartan la necesidad de un tercer peritaje en el basurero de Cocula, “el órgano persecutor tiene derecho a realizar ese peritaje, para lo que se han acordado ciertas condiciones”.
Claudia Paz y Paz alertó sobre los riesgos de que no se tomen en cuenta las observaciones del GIEI para fortalecer las consignaciones, como en el caso del amparo obtenido por los 22 policías municipales de Iguala y Cocula acusados de los homicidios ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, entre ellas la de Julio César Mondragón Fontes.
“El juez que otorgó el amparo consideró que no había suficiente motivación para decretar la orden de formal prisión contra los policías, por lo que pidió al juez de la causa que fundamentara; hay que reconocer que el recurso está impugnado por la PGR, pero advertimos que como ese caso puede haber otros más en los que por falta de fundamentación jurídica no se pueda procesar a los responsables”, dijo la exfiscal guatemalteca.
Carlos Beristáin añadió que no hay claridad de cuántos amparos han interpuesto los más de cien procesados por fallas en el debido proceso, “pero lo que puede dar una idea es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió 50 expedientes de queja por tortura, en tanto que los jueces de la causa solicitaron a la PGR la apertura de un número similar de averiguaciones por tortura, y pidió protocolos de Estambul”.
Alejandro Valencia recordó que apenas el 15 de febrero pasado, la PGR solicitó la colaboración del gobierno de Estados Unidos para ahondar en la línea de investigación que implica el trasiego de droga de Iguala a Chicago, lo que podría haber sido el móvil de la desaparición forzada.
Los integrantes del GIEI insistieron en su solicitud de tener acceso a los miembros del 27 Batallón de Infantería que presenciaron en distintos momentos los hechos, a través de interrogatorios hechos por agentes del Ministerio Público federal pero en los que estén presentes los expertos, así como el material fotográfico y de video, y documentación que al respeto tiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los expertos reconocieron que se haya retomado la búsqueda de los estudiantes, y revelaron la localización de una fosa con dos cuerpos en las inmediaciones de Cocula, pero “que por las características de los restos no corresponden a los de los normalistas”.
Los expertos también se refirieron a la campaña de desprestigio contra los resultados del GIEI y algunos de sus integrantes, “lo que busca generar confusión y cuestionar a miembros del Grupo con trillados estigmas políticos utilizados contra defensores de derechos humanos, y que son parte de los mecanismos de impunidad”.
Carlos Beristáin enfatizó sobre la urgencia de que se aceleren las peticiones del GIEI para encaminar las investigaciones, y reconoció que los dos meses que quedan para la conclusión del mandato, es poco tiempo para llegar a la verdad.
Francisco Cox recordó que el destino del GIEI está en manos del acuerdo al que lleguen la Comisión Interdisciplinaria de Derechos Humanos (CIDH), los padres de familia y sus representantes, así como del Estado mexicano, “quien en todo caso es el responsable de esclarecer lo que ocurrió con los estudiantes”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430876/alerta-el-giei-por-filtracion-de-una-quinta-version-sobre-el-caso-ayotzinapa
Robo de Infante en Guerrero
Eran las 06:20 de la mañana de este día lunes cuando una llamada telefónica al servicio de emergencia 066 reportaba la señora que se identificó con el nombre de Marisela Almazán con domicilio en la Calle Ciprés #222 de la Col. Los Sauces
Reportando que dos personas del sexo masculino ingresaron a su domicilio de manera violenta y se llevaron a su menor hijo de nombre GONZALO GODINEZ ALMAZÁN, de 2 años, siete meses de edad.
De inmediato acudieron policías municipales para corroborar la información y que al arribar al domicilio antes mencionado se entrevistaron con el Sr. Gonzálo Godinez Garcia de 34 años de edad quien es padre del menor y trabajador de la mina Golcor.
Que se encuentra en la localidad de Mezcala manifestando que al salir de su domicilio para dirigirse a su trabajo estas personas ya lo estaban esperando dos personas del sexo masculino y una persona del sexo femenino.
De quien omitió características mismos que comentó que portaban un arma de fuego cuenta quienes le dijeron que se trataba de un asalto obligándolo a ingresar a su domicilio llevándose a su hijo con rumbo desconocido, según las autoridades le recomendaron que acuda a la Agencia del M.P del fuero común a interponer su denuncia correspondientes. Por el plagio del menor se espera que emitan la Alerta Amber.
Cabe hacer mención que se mantiene un operativo de búsqueda y localización de los sujetos reportados así como del menor.
Fuente: Familias Unidas por una causa AC
https://www.facebook.com/1421451251491272/photos/a.1423062411330156.1073741829.1421451251491272/1523996074570122/?type=3&theater
Infraiber orquestó “campaña de extorsión” y “escándalo terrible”: OHL
Desde hace varios meses, Infraiber ha hecho una serie de acusaciones contra OHL.
El director general de OHL México, Sergio Hidalgo, aseguró que a la empresa que los acusa de corrupción, Infraiber, “los tenemos denunciados penalmente por extorsión y los tenemos demandados por daño moral, hay 36 imputaciones que el señor (el abogado Paulo Díez) va a tener que demostrar en un juicio. Nuestro diálogo con esta empresa es en los tribunales”.
“Déjame te digo una cosa: nosotros hemos denunciado una extorsión, está presentado ante la PGR un procedimiento de extorsión. Está presentado con evidencias, no te puedo dar detalles porque los abogados nos han pedido no dar detalles de la denuncia que hemos presentado. Simplemente te adelantaría que hubo contactos con la empresa y que nos advirtieron que si no les ayudábamos a recuperar su contrato, iban a montar un escándalo, de magnitudes que no nos imaginábamos nosotros, y bueno la verdad es que en eso tenían razón, han montado un escándalo terrible, porque no les ayudamos a recuperar el contrato, nosotros no tenemos injerencia con el gobierno del Estado de México, no se los podemos recuperar, nunca tuvimos una relación contractual con Infraiber“, indicó en entrevista para Aristegui CNN.
Refirió que “el propio presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha dicho que no pasará del primer trimestre del año para que nos den una resolución sobre los temas… hay 4 imputaciones pero la que realmente es importante es que nos han dicho que esta cláusula que tenemos de rentabilidad garantizada, y que nos otorga ciertos derechos a la empresa, la estamos contabilizando como un activo financiero y ellos consideran que no lo deberíamos contabilizar así. Yo estoy metido en un problema simplemente porque la Comisión Nacional Bancaria Española, que ha avalado las cuentas de donde yo consolido y reporto, determina que sí hay un activo financiero, así que hay una discrepancia entre las dos autoridades”.
“Nosotros no podemos hacer ningún negocio con esa cuenta de rentabilidad garantizada, es para informar al público inversionista, a mis inversionistas, es para decirle que todavía está pendiente recuperarse esta rentabilidad”, añadió.
El costo del Circuito Exterior Mexiquense, precisó, asciende hasta ahora a unos 33 mil millones de pesos, sumando 24 mil millones de pesos de todo el proyecto y casi 10 mil millones de rentabilidad garantizada.
“Es decir, en lo que nos resta de la concesión, de aquí al 2051 debo generar flujos suficientes para recuperar esa rentabilidad acumulada. Así pasa en todos los proyectos de infraestructura. El Circuito Mexiquense no generó flujos positivos, y está en mis cuentas, sino hasta el año pasado, es decir, 10 años después”, apuntó.
“Esta cuenta va a seguir creciendo, no lo sabemos (hasta qué punto), dependiendo de los comportamientos que tenga la autopista en los ingresos. Esto (los 33 mil millones de pesos) no los hemos recibido todavía, falta recuperar para que tengas esa rentabilidad del 10 por ciento, y esa cantidad como crece por inflación se sigue acumulando y acumulando. En determinado momento es tal la cantidad de ingresos que genera la autopista, que empieza a reducir, reducir y reducir esa cuenta hasta que el modelo cierra en el año 2051. Si no cierra la autopista en 2051 el estado todavía podría ampliar el plazo un poco más, esas son las reglas que tenemos, por eso nos animamos a invertir la cantidad de dinero. Pero te digo otra cosa: si la autopista se comporta mejor, y esta autopista tiene las posibilidades de comportarse mejor, porque pasa junto al proyecto más importante de infraestructura que se va a lanzar, que es el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, y si empezamos a recibir mayores ingresos, esa cuenta se empieza a afectar a la baja, y yo tengo que devolver la autopista antes de tiempo, esas son las reglas de la concesión”, abundó.
Para dar más cifras, el directivo dijo que, de una oferta original de 8 mil millones de pesos, hubo modificaciones que impactaron “muchísimo en todo el proyecto”. Una de ellas, el derecho de vía que se tenía estimado en 500 millones: “el Circuito cruza 18 municipios, el monto reconocido fue de 4 mil 700 millones de pesos. Hubo un sobre costo de más de 4 mil millones. Por la complejidad de pasar entre ellos cerca del municipio de Atenco y tener que ir comprando la tierra en el paso de los 110 kilómetros. Y sí te quiero decir, nosotros no somos los responsables de esas negociaciones. Hubo unos 4 proveedores (encargados del derecho de vía, uno de ellos Grupo de Abogados Profesionales, GAP)”.
“Campaña de desprestigio”
La campaña de desprestigio, aseveró Sergio Hidalgo, “no empieza con las grabaciones, la campaña de desprestigio empieza cuando el Estado de México le cancela un contrato a los representados de Paulo Díez, a esta empresa Infraiber y a su socio principal, Pedro Topete; le otorgaron a una empresa que no tiene ninguna experiencia, que se constituyó tres meses antes, un contrato que valía 2 mil millones de pesos, para medir los tráficos de todas las autopistas del Estado de México, incluyendo el Circuito Exterior Mexiquense. Y quince días antes de terminar el gobierno (de Enrique Peña Nieto), le incrementa el monto del contrato al doble, 4 mil millones de pesos, el gobierno de Eruviel Ávila revisa ese contrato y cuando ve las condiciones de contratación, pues por supuesto que no se lo concede. Ese contrato se lo dio el representante del SAASCAEM (Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México), que es el organismo que supervisa todas las concesiones en el Edomex. Y es el señor Manuel Ortíz, el director del SAASCAEM, quien otorga este contrato. Así que a nosotros nos parece, el contrato está establecido a 50 centavos por cruce”.
“Este contrato se canceló por parte del gobierno del estado. Primero se metió a revisión, seguramente a revisión de los términos, porque yo creo que el gobierno de Eruviel pensaba que era un contrato que no estaba justificado. Cuando estuvo en revisión el contrato, comenzó la campaña. A nosotros y al Estado de México nos demandaron, llevamos 22 juicios administrativos, de los cuales ya he ganado 9, porque lógicamente los han desechado los jueces porque no tienen fundamento. Ahí empieza la campaña de desprestigio”, sostuvo.
“Segundo evento: el gobierno del estado da la indicación de modificar mi título de concesión y me dice se elimina este servicio de tú autopista, el servicio de la medición de tráfico, este contrato que les habían dado a Infraiber, que era una obligación de mi título de concesión. Parece ser, no lo tengo muy claro, que solamente se había incluido en mi título de concesión y que estaban en vías de meterlo en todos los títulos de concesión. Se elimina del mío, esa es la información que tengo. Y una vez que se elimina de mi título de concesión, aparecen los desplegados que todos conocen, a página completa en Reforma, primero firmados por anónimos y un poco más adelante ya firmados por el representante legal de Infraiber (Paulo Díez)”, expuso.
“Y después, cuando el Estado de México publica en la Gaceta Oficial la cancelación del contrato marco que obligaba a medir el tráfico de todas las concesiones, en mayo pasado (2015), es cuando aparecen los audios”, refirió, no obstante que el primero de los audios filtrados fue publicado a finales de abril 2015.
“Yo te diría es una campaña bien orquestada y que además se correlaciona exactamente con la terminación de este contrato y los audios… En estos títulos de concesión los riesgos del tráfico los corre el gobierno… la rentabilidad garantizada es un régimen muy sólido: le dicen al concesionario tú constrúyeme la autopista, yo te voy verificando la inversión y al final del periodo tú vas a ver recuperado tu inversión más el 10 por ciento real. Este es un gran aliciente para los inversionistas”, reconoció.
No conocemos a Moreira
En su derecho de réplica a los dichos de Paulo Díez en Aristegui CNN, Hidalgo afirmó: “te lo digo tajante: yo no conozco al señor Moreira y OHL no ha tenido ninguna relación con el señor Moreira, nunca hemos estado con él en alguna reunión ni lo conocemos”.-
“En el régimen de concesión lo que hacemos los concesionarios es sustituir al gobierno en una inversión que se hará en infraestructura y lógicamente es un riesgo para la empresa el tener que invertir en estos proyectos que además sabemos que vamos a recuperar en muchos años, no inmediatamente, entonces el pensar que nosotros vamos a comprometer recursos para el desarrollo de infraestructura en alguna otra causa, sería darnos un tiro en el pie, nunca terminaríamos de recuperar esa inversión”, sentenció.
“Todas las inversiones que realizamos en todas las obras que desarrollamos de concesión, están vigiladas por los gobiernos que nos otorgan estas concesiones. Hay un ingeniero independiente que en forma diaria levanta una minuta de todo lo que se ha ido invirtiendo en la obra”, acotó.
Sobre lo ocurrido en España, aceptó que hay una causa abierta por un presunto financiamiento al Partido Popular, por lo que fue cateada la oficina y domicilio de un consejero de OHL, Javier López Madrid.
Ante ello, Hidalgo apuntó: “OHL se deslinda totalmente de toda esta investigación, la investigación fue en las oficinas de un consejero, y de ninguna forma está involucrado el grupo… es el yerno del presidente de OHL y consejero de nuestro grupo, y él tendrá que responder a las autoridades por las acciones que toma”.
“Yo no controlo ni a los consejeros de México ni su actuar, ni a los consejeros de cualquier otra de las empresas del grupo, son consejeros independientes… las oficinas que cateó la autoridad en Madrid son las de este individuo”, finalizó.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2202/mexico/infraiber-orquesto-campana-de-extorsion-y-escandalo-terrible-ohl-en-cnn/
El director general de OHL México, Sergio Hidalgo, aseguró que a la empresa que los acusa de corrupción, Infraiber, “los tenemos denunciados penalmente por extorsión y los tenemos demandados por daño moral, hay 36 imputaciones que el señor (el abogado Paulo Díez) va a tener que demostrar en un juicio. Nuestro diálogo con esta empresa es en los tribunales”.
“Déjame te digo una cosa: nosotros hemos denunciado una extorsión, está presentado ante la PGR un procedimiento de extorsión. Está presentado con evidencias, no te puedo dar detalles porque los abogados nos han pedido no dar detalles de la denuncia que hemos presentado. Simplemente te adelantaría que hubo contactos con la empresa y que nos advirtieron que si no les ayudábamos a recuperar su contrato, iban a montar un escándalo, de magnitudes que no nos imaginábamos nosotros, y bueno la verdad es que en eso tenían razón, han montado un escándalo terrible, porque no les ayudamos a recuperar el contrato, nosotros no tenemos injerencia con el gobierno del Estado de México, no se los podemos recuperar, nunca tuvimos una relación contractual con Infraiber“, indicó en entrevista para Aristegui CNN.
Refirió que “el propio presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha dicho que no pasará del primer trimestre del año para que nos den una resolución sobre los temas… hay 4 imputaciones pero la que realmente es importante es que nos han dicho que esta cláusula que tenemos de rentabilidad garantizada, y que nos otorga ciertos derechos a la empresa, la estamos contabilizando como un activo financiero y ellos consideran que no lo deberíamos contabilizar así. Yo estoy metido en un problema simplemente porque la Comisión Nacional Bancaria Española, que ha avalado las cuentas de donde yo consolido y reporto, determina que sí hay un activo financiero, así que hay una discrepancia entre las dos autoridades”.
“Nosotros no podemos hacer ningún negocio con esa cuenta de rentabilidad garantizada, es para informar al público inversionista, a mis inversionistas, es para decirle que todavía está pendiente recuperarse esta rentabilidad”, añadió.
El costo del Circuito Exterior Mexiquense, precisó, asciende hasta ahora a unos 33 mil millones de pesos, sumando 24 mil millones de pesos de todo el proyecto y casi 10 mil millones de rentabilidad garantizada.
“Es decir, en lo que nos resta de la concesión, de aquí al 2051 debo generar flujos suficientes para recuperar esa rentabilidad acumulada. Así pasa en todos los proyectos de infraestructura. El Circuito Mexiquense no generó flujos positivos, y está en mis cuentas, sino hasta el año pasado, es decir, 10 años después”, apuntó.
“Esta cuenta va a seguir creciendo, no lo sabemos (hasta qué punto), dependiendo de los comportamientos que tenga la autopista en los ingresos. Esto (los 33 mil millones de pesos) no los hemos recibido todavía, falta recuperar para que tengas esa rentabilidad del 10 por ciento, y esa cantidad como crece por inflación se sigue acumulando y acumulando. En determinado momento es tal la cantidad de ingresos que genera la autopista, que empieza a reducir, reducir y reducir esa cuenta hasta que el modelo cierra en el año 2051. Si no cierra la autopista en 2051 el estado todavía podría ampliar el plazo un poco más, esas son las reglas que tenemos, por eso nos animamos a invertir la cantidad de dinero. Pero te digo otra cosa: si la autopista se comporta mejor, y esta autopista tiene las posibilidades de comportarse mejor, porque pasa junto al proyecto más importante de infraestructura que se va a lanzar, que es el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, y si empezamos a recibir mayores ingresos, esa cuenta se empieza a afectar a la baja, y yo tengo que devolver la autopista antes de tiempo, esas son las reglas de la concesión”, abundó.
Para dar más cifras, el directivo dijo que, de una oferta original de 8 mil millones de pesos, hubo modificaciones que impactaron “muchísimo en todo el proyecto”. Una de ellas, el derecho de vía que se tenía estimado en 500 millones: “el Circuito cruza 18 municipios, el monto reconocido fue de 4 mil 700 millones de pesos. Hubo un sobre costo de más de 4 mil millones. Por la complejidad de pasar entre ellos cerca del municipio de Atenco y tener que ir comprando la tierra en el paso de los 110 kilómetros. Y sí te quiero decir, nosotros no somos los responsables de esas negociaciones. Hubo unos 4 proveedores (encargados del derecho de vía, uno de ellos Grupo de Abogados Profesionales, GAP)”.
“Campaña de desprestigio”
La campaña de desprestigio, aseveró Sergio Hidalgo, “no empieza con las grabaciones, la campaña de desprestigio empieza cuando el Estado de México le cancela un contrato a los representados de Paulo Díez, a esta empresa Infraiber y a su socio principal, Pedro Topete; le otorgaron a una empresa que no tiene ninguna experiencia, que se constituyó tres meses antes, un contrato que valía 2 mil millones de pesos, para medir los tráficos de todas las autopistas del Estado de México, incluyendo el Circuito Exterior Mexiquense. Y quince días antes de terminar el gobierno (de Enrique Peña Nieto), le incrementa el monto del contrato al doble, 4 mil millones de pesos, el gobierno de Eruviel Ávila revisa ese contrato y cuando ve las condiciones de contratación, pues por supuesto que no se lo concede. Ese contrato se lo dio el representante del SAASCAEM (Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México), que es el organismo que supervisa todas las concesiones en el Edomex. Y es el señor Manuel Ortíz, el director del SAASCAEM, quien otorga este contrato. Así que a nosotros nos parece, el contrato está establecido a 50 centavos por cruce”.
“Este contrato se canceló por parte del gobierno del estado. Primero se metió a revisión, seguramente a revisión de los términos, porque yo creo que el gobierno de Eruviel pensaba que era un contrato que no estaba justificado. Cuando estuvo en revisión el contrato, comenzó la campaña. A nosotros y al Estado de México nos demandaron, llevamos 22 juicios administrativos, de los cuales ya he ganado 9, porque lógicamente los han desechado los jueces porque no tienen fundamento. Ahí empieza la campaña de desprestigio”, sostuvo.
“Segundo evento: el gobierno del estado da la indicación de modificar mi título de concesión y me dice se elimina este servicio de tú autopista, el servicio de la medición de tráfico, este contrato que les habían dado a Infraiber, que era una obligación de mi título de concesión. Parece ser, no lo tengo muy claro, que solamente se había incluido en mi título de concesión y que estaban en vías de meterlo en todos los títulos de concesión. Se elimina del mío, esa es la información que tengo. Y una vez que se elimina de mi título de concesión, aparecen los desplegados que todos conocen, a página completa en Reforma, primero firmados por anónimos y un poco más adelante ya firmados por el representante legal de Infraiber (Paulo Díez)”, expuso.
“Y después, cuando el Estado de México publica en la Gaceta Oficial la cancelación del contrato marco que obligaba a medir el tráfico de todas las concesiones, en mayo pasado (2015), es cuando aparecen los audios”, refirió, no obstante que el primero de los audios filtrados fue publicado a finales de abril 2015.
“Yo te diría es una campaña bien orquestada y que además se correlaciona exactamente con la terminación de este contrato y los audios… En estos títulos de concesión los riesgos del tráfico los corre el gobierno… la rentabilidad garantizada es un régimen muy sólido: le dicen al concesionario tú constrúyeme la autopista, yo te voy verificando la inversión y al final del periodo tú vas a ver recuperado tu inversión más el 10 por ciento real. Este es un gran aliciente para los inversionistas”, reconoció.
No conocemos a Moreira
En su derecho de réplica a los dichos de Paulo Díez en Aristegui CNN, Hidalgo afirmó: “te lo digo tajante: yo no conozco al señor Moreira y OHL no ha tenido ninguna relación con el señor Moreira, nunca hemos estado con él en alguna reunión ni lo conocemos”.-
“En el régimen de concesión lo que hacemos los concesionarios es sustituir al gobierno en una inversión que se hará en infraestructura y lógicamente es un riesgo para la empresa el tener que invertir en estos proyectos que además sabemos que vamos a recuperar en muchos años, no inmediatamente, entonces el pensar que nosotros vamos a comprometer recursos para el desarrollo de infraestructura en alguna otra causa, sería darnos un tiro en el pie, nunca terminaríamos de recuperar esa inversión”, sentenció.
“Todas las inversiones que realizamos en todas las obras que desarrollamos de concesión, están vigiladas por los gobiernos que nos otorgan estas concesiones. Hay un ingeniero independiente que en forma diaria levanta una minuta de todo lo que se ha ido invirtiendo en la obra”, acotó.
Sobre lo ocurrido en España, aceptó que hay una causa abierta por un presunto financiamiento al Partido Popular, por lo que fue cateada la oficina y domicilio de un consejero de OHL, Javier López Madrid.
Ante ello, Hidalgo apuntó: “OHL se deslinda totalmente de toda esta investigación, la investigación fue en las oficinas de un consejero, y de ninguna forma está involucrado el grupo… es el yerno del presidente de OHL y consejero de nuestro grupo, y él tendrá que responder a las autoridades por las acciones que toma”.
“Yo no controlo ni a los consejeros de México ni su actuar, ni a los consejeros de cualquier otra de las empresas del grupo, son consejeros independientes… las oficinas que cateó la autoridad en Madrid son las de este individuo”, finalizó.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Exige PAN a PGR actuar contra responsables del desvío de $35,000 millones en Veracruz
El PAN exige a la PGR proceder contra los responsables de estos delitos, "...que causaron el desastre financiero y social que padecen millones de veracruzanos".
El PAN demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) actuar ante las denuncias penales que presentó la Auditoría Superior de la Federación en contra de funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Veracruz, por el desvío de más de 35 mil millones de pesos.
“El Partido Acción Nacional exige a la Procuraduría General de la República proceder de inmediato en contra de los responsables de estos delitos, que causaron el desastre financiero y social que padecen millones de veracruzanos. Este caso seguirá bajo la lupa, y cualquier intento de encubrimiento o impunidad será evidenciado”, señaló el Comité Ejecutivo Nacional panista en un comunicado.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2014 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno encabezado por Javier Duarte desvió, en tan sólo un año, más de 14 mil millones de pesos, lo cual -señaló el PAN- resulta indignante no sólo para los veracruzanos, sino para el país entero.
En los rubros de educación y salud se detectó el mayor desvío de recursos públicos, con 8 mil 447.8 millones de pesos y 4 mil 236.4 millones de pesos, respectivamente.
La prioridad de Acción Nacional es combatir la corrupción: que los corruptos vayan a la cárcel. El dinero debe llegar a su destino, que no es el bolsillo de los malos gobernantes, señaló el PAN.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2002/mexico/exige-pan-a-pgr-actuar-contra-responsables-del-desvio-de-35000-millones-en-veracruz/
El PAN demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) actuar ante las denuncias penales que presentó la Auditoría Superior de la Federación en contra de funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Veracruz, por el desvío de más de 35 mil millones de pesos.
“El Partido Acción Nacional exige a la Procuraduría General de la República proceder de inmediato en contra de los responsables de estos delitos, que causaron el desastre financiero y social que padecen millones de veracruzanos. Este caso seguirá bajo la lupa, y cualquier intento de encubrimiento o impunidad será evidenciado”, señaló el Comité Ejecutivo Nacional panista en un comunicado.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2014 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno encabezado por Javier Duarte desvió, en tan sólo un año, más de 14 mil millones de pesos, lo cual -señaló el PAN- resulta indignante no sólo para los veracruzanos, sino para el país entero.
En los rubros de educación y salud se detectó el mayor desvío de recursos públicos, con 8 mil 447.8 millones de pesos y 4 mil 236.4 millones de pesos, respectivamente.
La prioridad de Acción Nacional es combatir la corrupción: que los corruptos vayan a la cárcel. El dinero debe llegar a su destino, que no es el bolsillo de los malos gobernantes, señaló el PAN.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Promedia dólar en $18.79 a la venta en AICM
Ciudad de México. Este lunes en las casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el dólar estadunidense registra un precio promedio de 18.79 pesos a la venta y 17.61 pesos a la compra.
Al inicio de las operaciones cambiarias de hoy en bancos de la capital, la divisa abrió con un descenso de 10 centavos respecto al cierre previo, al venderse en un precio máximo de 18.40 pesos, y se adquiere en un mínimo de 17.59 pesos.
Mientras que el euro se cotiza hasta 21.55 y su precio más bajo a la compra es de 19.86 pesos.
Fuente: La Jornada
Autor: Notimex
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/promedia-dolar-en-18-79-a-la-venta-en-aicm-6964.html
Peña Nieto aboga por la integración con Estados Unidos
México y Estados Unidos deben integrarse más para lograr hacer de Norteamérica la región más competitiva del mundo, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.
Las economías de ambos países son altamente complementarias y “el actual contexto de incertidumbre económica y volatilidad financiera nos llama a que, lejos de aislarnos, nos integremos aún más”, recalcó el mandatario en un artículo publicado este lunes en el periódico Houston Chronicle.
En el marco de su visita a esta ciudad, expuso que “con apertura y un mayor acercamiento, nuestras economías alcanzarán la prosperidad compartida que nos hemos propuesto y que merecen nuestras sociedades”, tras lo cual enfatizó que el diálogo continuo y el entendimiento mutuo son las mejores herramientas.
La actual gira de trabajo a Estados Unidos renueva el compromiso de su gobierno por alcanzar dos objetivos compartidos: hacer de América del Norte la región más competitiva del mundo y consolidar la frontera común como un espacio de prosperidad para ambas naciones.
El Ejecutivo federal indicó también que la visita a Texas tiene un importante significado, pues además de ser una de las economías más grandes de la Unión Americana, ese estado es el principal socio comercial de México en este país.
Tan sólo en 2014 los intercambios económicos superaron los 192 billones de dólares y han sido fuente de empleo para más de 400 mil personas en territorio texano.
Otro aspecto fundamental para incrementar la competitividad de México y Norteamérica, enfatizó Peña Nieto, es consolidar una industria energética eficiente, abierta a la inversión competitiva a nivel global.
Gracias al marco legal e institucional de la reforma energética, está previsto que se atraerán inversiones para los próximos 15 años por más de 127 billones de dólares para ampliar la capacidad de generación a 60 gigawatts y expandir la red de transmisión en 25 mil kilómetros.
Con esos recursos también se fortalecerá la infraestructura eléctrica transfronteriza que comparten México y Estados Unidos, lo cual favorecerá el intercambio eficiente y mutuamente provechoso de energía eléctrica entre ambos países.
En el sector de hidrocarburos, esta reforma estructural ya ha hecho posible que 30 nuevas empresas de siete países se incorporen en las áreas de exploración y extracción, lo que da paso a una nueva industria petrolera en México.
Adicionalmente, para 2019 la red nacional de transporte de gas natural aumentará de 11 mil a 21 mil kilómetros a partir de una inversión de aproximadamente 16 billones de dólares, destacó el presidente de la República.
Esto es de gran relevancia para la integración energética de Texas y México, porque esa entidad provee 75 por ciento de las importaciones mexicanas de gas natural, añadió Peña Nieto.
Fuente: La Jornada
Autor: Notimex
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/pena-nieto-aboga-por-la-integracion-con-estados-unidos-127.html
Corrupción, problemática estructural, no de individuos: SFP
El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade sostuvo que, de cara a la elaboración de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción se debe entender este fenómeno no sólo de manera individual sino entender que es un esquema de redes y no sólo de faltas individuales.
Se deben tener elementos de investigación para determinar los orígenes de este tipo de actos, fijar procedimientos y recursos para inhibirlos.
Al iniciar los foros en materia de corrupción, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal aseveró que este problema puede abordarse sobre la base de conductas inadecuadas de funcionarios en particular, pero también asumirla como un sistema de redes de intereses que se deben desarticular y emprender acciones estructurales para enfrentar una problemática organizacional.
En su oportunidad, Manuel Hallivis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa advirtió que la lucha contra la corrupción debe asumirla toda la sociedad porque ésta “es una espiral interminable que se fortalece con indiferencia y complicidad. Si cada uno promueve acciones individuales, se podrá romper esta espiral y la sociedad saldrá beneficiada”.
Andrade desglosó un conjunto de propuestas de carácter preventivo y punitivo, destacando la necesidad de que exista una clasificación adecuada de faltas graves y no graves. Se debe tener claridad para la clasificación de conductas como el cohecho, fraude, el soborno, que deberán estar bien definidas en la legislación.
Subrayó la necesidad de avanzar en regular el conflicto de interés a efecto de determinar los alcances que puede tener una relación personal en términos de tiempo (antes y después de realizarse el acto presuntamente de conflicto de interés), la forma como se ha materializado esa relación en operaciones mercantiles, entre otras.
Se deberá contar con sistemas, registros e informes, declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, plataformas diversas de registros de servidores públicos que participan en regímenes de licitaciones. Asimismo, trabajar en reglas de integridad y comités de ética, que más allá de cuestiones de legalidad, deberá haber sobriedad en el maneo de recursos públicos.
Andrade pidió que las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública defina con claridad el papel de la SFP, aspirando a que se refuerce la facultad de control interno, auditorías de obra, de gestión y de mejores prácticas de gobierno.
Ante los cuestionamientos de los senadores sobre los altos niveles de impunidad que se registra en casos de corrupción, el secretario consideró que revertirla es un asunto de Estado, en la medida en que diseñar un esquema para ello involucra a los tres poderes, puesto que se requiere contar con una legislación mas clara en la definición de delitos y conductas que deben combatirse; contar con un mejor marco legal permitirá diseñar políticas disuasivas para inhibir conductas y, el poder judicial y en su momento la Fiscalía General de la República, con un carácter autónomo, estarán involucradas para abordar el problema desde la perspectiva penal.
Portal subrayó la necesidad de que el Sistema Nacional Anticorrupción enfrente el fenómeno no solamente en sus manifestaciones inmediatas, sino como fenómeno estructural para ubicar los alcances de este fenómeno. Dijo que es necesario tener conciencia del papel trascendental que tienen los sistemas de control interno para generar un entorno que acote e inhiba cualquier acto que se desapegue de la legalidad.
El auditor dijo que la fortaleza del SNA será concebirlo como un concurso institucional para lograr sinergias, acciones complementarias e intercambio de información para que no sean esfuerzos institucionales aislados, sino enfrentar un fenómeno mutifactorial a través de un sistema interdisciplinario
El presidente del Tribunal dijo que cuando hay impunidad hay un acicate para que se continúen con conductas de corrupción. Debe lograr mayor efectividad de y eficacia para que todo acto de corrupción detectado sea un acto sancionado. Señaló que del total de casos relacionados con presuntos actos de corrupción de funcionarios públicos que llegan al tribunal, en un 51.6 por ciento lo ganan los particulares y el 48.3 lo gana el estado.
Fuente: La Jornada
Autor: Alfonso Urrutia y Víctor Ballinas
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/corrupcion-esquema-de-redes-y-no-de-faltas-individuales-sfp-7568.html
Bloquea PGR investigación de caso Iguala: defensa
Ciudad de México. En la investigación del caso Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República está asumiendo una “acción deliberada” para retrasar, los resultados sobre los presuntos responsables y el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, denunció Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia.
En conferencia de prensa, en el Hemiciclo a Juárez, señaló que hay una serie de obstáculos y dificultades que han sido impuestos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuvan con el gobierno mexicano para la investigación, al igual que en la víspera lo señalara el GIEI, el abogado Rosales destacó que en la investigación del caso Iguala hay una fragmentación de expedientes que impiden la investigación del caso. De hecho, dijo, hasta el momento se conoce de cuando menos doce averiguaciones previas distintas a la principal.
En este sentido, subrayó que esta fragmentación también retrasa el avance de la investigación pues las solicitudes por parte del GIEI para conocer de dichos expedientes tardan entre diez y veinte días.
Los padres de familia y organizaciones solidarias realizaron este lunes un mitín frente al Hemiciclo a Juárez en el que informaron de la caravana que inician hoy mismo a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. El objetivo es conocer los avances de los expedientes radicados en esa ciudad y en la cual están involucrados elementos policíacos de diversas corporaciones como presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes normalistas.
Fuente: La Jornada
Autor: José Antonio Román
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/pgr-retrasa-deliberadamente-investigacion-de-ayotzinapa-acusan-3724.html
Mantienen precontingencia por ozono en el Valle de México
Ciudad de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó mantener la precontingencia ambiental que inició desde ayer a las 15 horas.
El organismo explicó que las condiciones atmosféricas y los débiles vientos favorecerá el estancamiento de los contaminantes, motivo por el cual no es posible levantar la medida.
A las 10 horas de se registraba una mala calidad del aire en las delegaciones Venustiano Carranza e Iztapalapa con 108 y 105 puntos Imeca, respectivamente; aunque en Ecatepec, estado de México, se alcanzan hasta 123 puntos.
Se recomienda limitar actividades al aire libre a adultos mayores, niños, deportistas, así como personas con problemas respiratorios y cardiovasculares.
A las 15 horas la comisión emitirá un nuevo reporte para determinar si levanta o continúa con la precontingencia.
En su reporte de las 10:00, refirió que la mañana de este lunes se mantienen las condiciones que favorecerán estancamiento moderado de los contaminantes, situación que en combinación con la radiación solar intensa, que estará presente durante la mayor parte del día, dará lugar a la formación de ozono por la tarde.
Por lo anterior y de acuerdo con el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de México, se mantiene la fase de precontingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.
El organismo recordó que esta fase es una acción preventiva que tiene el propósito de contribuir a la reducción en la emisión de los contaminantes precursores de ozono.
Reiteró que la población puede mantenerse informada sobre la calidad del aire consultando la página web aire.df.gob.mx, o bien a través de la aplicación AIRE disponible para dispositivos iOS y Android.
Fuente: La Jornada
Autor: Alejandro Cruz
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/mantiene-precontingencia-por-ozono-en-el-valle-de-mexico-1534.html
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