Después de que los 38 decretos y 110 cambios publicados por el Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa lo convirtieran en el mayor reformador del texto Constitucional desde 1917, Enrique Peña Nieto presenta el mismo patrón y, a la mitad de su administración, ha enviado a la imprenta del Gobierno federal otros 22 decretos con 145 ajustes al texto de la Carta Magna.
Entre ellos, las “once reformas estructurales” que lograron modificaciones detenidas por años, como la aprobada en materias Educativa, Energética, de Telecomunicaciones, Hacendaria, Laboral y otras.
En total, de acuerdo con el conteo de modificaciones registrado por la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, la Constitución que los académicos consideran “rígida” –por el proceso que exige aprobar cada cambio– ha tenido 697 modificaciones en casi un siglo de existencia. El más reciente, el publicado el pasado 29 de enero “en materia de reforma política de la Ciudad de México” y que implicó 52 adecuaciones en la Carta Magna.
CIENTOS DE ALTERACIONES
De acuerdo con expertos consultados, estos cientos de alteraciones y su secuencia puede ilustrar la historia de las agendas de cada periodo presidencial y, en un análisis general, narran también la transformación jurídica que ha dado cabida a los cambios políticos y económicos impulsados en las últimas tres décadas.
Así, por ejemplo, el registro de las reformas publicadas hasta hoy muestra cómo la mayor cantidad del total de cambios, 484, se hicieron a partir del Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, entre diciembre de 1982 y 1988, periodo en el que inicia la apertura de la economía mexicana a los mercados internacionales y, en ese contexto, se aprueban también 66 reformas, la mayor cantidad hasta ese momento.
Una de ellas, se observa en la lista de decretos publicados en su sexenio, fue la hecha el 23 de diciembre de 1986 al Artículo 123 Constitucional, que norma “el trabajo y la previsión social” y al que, en esa ocasión, se le eliminó la existencia de “comisiones regionales” de salarios mínimos y se centralizó la decisión alrededor de este indicador en una Comisión Nacional que diversos análisis consideran sometida al Ejecutivo y sin representación de la población trabajadora.
Entre 1994 y 1988, Carlos Salinas de Gortari decretó otras 55 reformas y dio inicio al primer “gran momento de las reformas estructurales”; Ernesto Zedillo Ponce de León continuó con 77 y sólo el panista Vicente Fox Quesada, el primero emanado del Partido de Acción Nacional, logró un número menor de cambios, 31.
La contabilidad de las reformas disponibles en la Secretaría de Asuntos Parlamentarios muestra también que las modificaciones se han concentrado en tres artículos en particular; dos de ellos considerados ejemplos esenciales del “sentido social” que tenía el texto constitucional aprobado hace cien años: el Artículo 27, que establece los términos de lo que debe considerarse como “propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional” y que ha sufrido 20 reformas –tres de ellas en este sexenio; y el Artículo 123, que regula el trabajo y que ha sufrido 26 cambios; también los tres últimos en la actual administración de Peña Nieto.
EL ARTÍCULO 27
“Hay un sustrato ideológico neoliberal en muchas de las reformas”, dice Francisco Ibarra Palafox, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Uno de los principales ejemplos, explica, es la serie de alteraciones hechas Artículo 27, al que Carlos Salinas de Gortari, en 1992, en la víspera de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), le eliminó un párrafo para acabar con el carácter inalienable de las tierras comunales o ejidos para que pudieran ser propiedad privada y vendidas a empresas extranjeras. Veintidós años después, en diciembre de 2013, Peña Nieto le adicionó el permiso para que empresas privadas pudieran participar en actividades de exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos, oficializando así la Reforma Energética.
“El libre comercio ha generado una serie de privatizaciones que vieron la Constitución como un texto renovable”, dice Ibarra en entrevista.
“Las grandes petroleras internacionales siempre vieron al Artículo 27 Constitucional como un obstáculo, porque establecía no sólo el dominio de la nación sobre los hidrocarburos, sino la prohibición de la participación de capital privado, ya sea de capital nacional o extranjero; en consecuencia, los círculos económicos internacionales y los pequeños grupos económicos mexicanos vieron desde hace décadas al Artículo 27 como un rival a vencer, porque, sin modificarlo, sería imposible la Reforma Energética”, agrega.
La sustancia de lo modificado en ese sentido, explica, es de tal proporción que el cambio no sólo es jurídico, sino ideológico, “un giro completo” a lo que los Constituyentes de 1917 decidieron que sería la política nacional hacia las petroleras internacionales. Y no sólo por el control de los hidrocarburos, dice, sino por el de la seguridad en los territorios en los que operaban estas empresas.
“Las petroleras extranjeras eran no sólo un grupo ajeno, sino grupos con guardias paramilitares que las protegían. Y, como los revolucionarios tenían la intención de crear un Ejército, se encontraban con que los petroleros tenían grupos de seguridad privada. No nos extrañe que, en el futuro, y ante el crecimiento de las empresas no sólo petroleras sino mineras y de algunos otros sectores, veamos crecer aún más la seguridad privada, que ya ha estado creciendo en México”, dice.
REFORMA POR REFORMA
De acuerdo con la lista de “Reformas Constitucionales por Artículo”, disponible en el sitio electrónico gubernamental www.constitucion1917.gob.mx, las 20 modificaciones hechas al Artículo 27 lo colocan como el tercero más distorsionado, mientras que el 123 es el segundo.
En primer lugar, con 76 cambios, se encuentra el Artículo 73, que regula las facultades del Congreso y cuya ampliación, de acuerdo con José Antonio Caballero, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), muestra la tendencia política a centralizar decisiones que contradicen el carácter federal de la República.
“Esto se puede entender como una manera de subsidiar a los estados en cosas que no pueden hacer solos”, dice. “Indica es que la estructural federal, la soberanía de los estados, en algunos casos pareciera que no está funcionando, y la manera de resolver el problema es quitándoles atribuciones”, agrega.
Como Ibarra, Caballero advierte que los rasgos de la política económica vigente son visibles en los cambios constitucionales, como los que dieron paso, ejemplifica, a la creación de órganos reguladores de todo tipo de negocios e industrias.
Pero estos cambios de las últimas décadas, agrega, también han reflejado otras causas impulsadas por la sociedad civil, como las aprobadas en materia de transparencia y derechos humanos.
También hay modificaciones, dice Caballero, que son “frívolas o absurdas”, como la que hizo obligatoria la educación preescolar y creó una problemática para quienes no tienen acceso a este tipo de servicios a la hora de inscribir a sus hijos en primaria.
Otras, agrega el investigador del CIDE, reflejan “amarres” políticos o consensos con respecto a contextos específicos, como la reforma del 18 de junio de 2008 en materia penal, cuando se modificó el Artículo 20 para establecer que “el proceso penal será acusatorio y oral” y, entre otros cambios, elevó a rango constitucional la aplicación de procedimientos de extinción de dominio para acusados de delincuencia organizada.
“Lo que Calderón quería era más herramientas contra la delincuencia organizada, y no se veía mal que la extinción de dominio se subiera a la Constitución, como la transición a la oralidad”, dice Caballero.
Otro “amarre” visible que afectará el texto constitucional, agrega, es el consenso de gobernadores alrededor del “mando único” y que, en esta ocasión, restará soberanía a los municipios, a los que ahora se les quitará el poder para decidir sobre seguridad pública que les da, hasta ahora, el Artículo 115.
Desde el inicio de su mandato, Enrique Peña Nieto hizo de las “reformas estructurales” la principal estrategia de su sexenio. Así, desde el 2 de diciembre de 2012 obtuvo la firma de los dirigentes de los principales partidos de oposición para sacar adelante la cargada agenda de modificaciones que, de acuerdo con Ibarra y varios documentos, eran a su vez parte de las agendas de empresas internacionales.
La efectividad de los acuerdos políticos con los que la administración de Peña Nieto sacó adelante estas “reformas estructurales” le ganaron, como en su tiempo a Salinas, elogios en los medios extranjeros. Uno de ellos, el de estar “salvando a México”, como publicó en febrero de 2014 la revista Time.
“Hace cinco años, la violencia de las drogas estaba explotando, la economía mexicana se tambaleaba y un informe del Pentágono comparaba a la nación azteca con el caso perdido de Pakistán”, indicó el artículo de Time.
“Ahora las alarmas están siendo reemplazadas con aplausos. Después de un año en el despacho, Peña Nieto ha sacado adelante el más ambicioso paquete de reformas sociales, políticas y económicas de las que se tenga memoria. Las fuerzas económicas globales, también, se han movido en dirección al país. Lanzado por la apertura de las reservas de petróleo a la inversión extranjera por primera vez en 75 años, y el dinero inteligente ha empezado a apostar al poder del peso”, agregó el medio.
Otras investigaciones, en cambio, muestran que el camino recorrido durante 33 años de intensas transformaciones fijadas en la Constitución han derivado, entre otros problemáticas, en el estancamiento del poder adquisitivo de la población.
“Entre 1982 y 1992 se da la peor caída del salario mínimo en la historia del país: 6.36 por ciento anual acumulando un baja de 63.6 por ciento. Posteriormente, entre 1992 y 1995, la caída es un poco más suave: 2 por ciento anual, para luego volver a incrementarse entre 1995 y 2003 a un ritmo negativo de 2.5 por ciento anual. Finalmente, entre 2003 y 2014, el salario mínimo se mantiene constante, ni crece ni decrece”, advirtió desde diciembre de 2014 el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Saúl Escobar Toledo.
En general, coinciden los estudiosos entrevistados, el texto de la Carta Magna ha sufrido tal cantidad de transformaciones y varias de ellas de tal sustancia que puede afirmarse que “queda poco” del original. O, como considera Ibarra, “estamos frente a un texto Constitucional materialmente nuevo”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
FECHA: 6 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-02-2016/1614094
