Aunque lo ordenó el jefe de Gobierno capitalino, los titulares de nueve instituciones y seis delegados no han dado a conocer sus declaraciones de intereses.
A pesar de que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo ordenó en mayo pasado, los titulares de nueve instituciones de la Ciudad de México han incumplido con dar a conocer su declaración de intereses, medida que la administración capitalina considera elemental para evitar que ocurran conflictos de interés entre sus funcionarios y empresas privadas. De acuerdo con una revisión a la página web de la Contraloría General de la capital y con información solicitada por transparencia, hasta ahora no se cuenta con esos datos de Simón Levy, director de la empresa paraestatal ProCDMX; Rafael Camacho Solís, del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA); Guillermo Orozco, de la Procuraduría Social (Prosoc); Julio César Serna, del Fideicomiso de la Central de Abasto, y Hugo Villa, de la Comisión de Filmaciones. Lo mismo sucede con los titulares del Instituto Técnico de Formación Policial, Ignacio Medina; del Instituto de Formación Profesional de la procuraduría, Juan José Olea; del Consejo Económico y Social, Enrique Provencio, y del Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano, Luis Enrique Miramontes Higuera. Esto se debe a que los funcionarios en cuestión entregaron su declaración de intereses pero rechazaron hacerla pública, detalló la Contraloría General a Máspormás. No obstante, la orden de Mancera fue que no solamente presentaran el documento, sino que lo dieran a conocer. “[Las personas señaladas] también están obligadas a generar una versión pública [del formato]”, indican los lineamientos emitidos a través de la Gaceta Oficial. Además, seis jefes delegacionales electos en junio —y cuyas gestiones comenzaron en octubre— tampoco han atendido la instrucción. Se trata de los morenistas Avelino Méndez, de Xochimilco, y Pablo Moctezuma, de Azcapotzalco; de los perredistas Valentín Maldonado, de Coyoacán, y Carlos Estrada, de Iztacalco, y de los priistas Miguel Ángel Salazar, de Cuajimalpa, y Jorge Alvarado Galicia, de Milpa Alta. La orden de Mancera abarcó a los delegados porque estos, a diferencia de los alcaldes de un estado, no gozan de autonomía respecto del gobierno central. Pese a ello, los de Xochimilco e Iztacalco ni siquiera cumplieron con entregar el documento. En mayo, Mancera dijo que habría sanciones para quien no cumpliera con dar a conocer sus relaciones familiares o personales que fueran potencialmente conflictivas, es decir, que pudieran poner a un funcionario en una posición ventajosa para aprovechar su cargo y obtener un beneficio privado. Sin embargo, según información entregada por transparencia, no ha sido sancionado ningún servidor público. Formato poco claro Expertos en transparencia y rendición de cuentas coincidieron en que el formato de versión pública que ofrece el gobierno de la ciudad para conocer las declaraciones de intereses de sus funcionarios es insuficiente y poco claro. Lo anterior, debido a que el documento únicamente muestra el número de relaciones familiares y personales de cada servidor público, pero no detalla los nombres de las empresas o asociaciones con las que están vinculadas esas personas. De acuerdo con la revisión realizada, más de 90% de los titulares de instituciones del gabinete capitalino declaró no tener relaciones potencialmente conflictivas. Eduardo Bohórquez, director de la ONG Transparencia Mexicana, señaló que las declaraciones de intereses deben ser totalmente públicas y claras, es decir, incluir los nombres de las empresas en las que participen los familiares y amigos de los funcionarios, así como los cargos que ocupan en ellas. “En la declaración de intereses es central que sea todo público, salvo que una ley expresa prohíba su divulgación; porque su función es preventiva, lo que busca evitar es que haya potenciales conflictos de interés. Si no se hace pública, no se entiende la naturaleza de la declaración de intereses. Los intereses tienen que estar arriba de la mesa, todos”, dijo. Para Bohórquez, en este punto existe una diferencia en comparación con la declaración patrimonial, en la que, por razones de seguridad, es justificable que ciertos datos se mantengan ocultos. Marco Fernández, investigador del Tec de Monterrey, comentó que la legislación tiene un problema de origen, pues en ella no se define con claridad qué se entiende por conflicto de interés ni cuántas relaciones personales se deben reportar. “[La orden] parece más una simulación, porque los funcionarios no entienden lo que se tiene que reportar”, consideró Irma Eréndira Sandoval, coordinadora del Laboratorio Anticorrupción del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Los detalles de la orden
Estos son algunos puntos de la instrucción que dio el jefe de Gobierno de la Ciudad de México:
La orden fue dada a conocer el 27 de mayo de 2015, después de dos escándalos por posibles conflictos de interés en la capital y otros más a nivel federal.
El jefe de Gobierno dijo entonces que la obligación de presentar y hacer pública la declaración de intereses incluiría a todos los funcionarios, desde titulares de instituciones hasta el personal de base que participara en procedimientos de toma de decisión o adquisiciones.
Esto último se incluyó porque se considera que estos funcionarios son los que están en mayor probabilidad de caer en un conflicto de interés y favorecer a ciertas empresas.
Actualmente, los funcionarios capitalinos ya están obligados a presentar una declaración patrimonial, pero hacerla pública o no es su decisión.
Este año, un grupo de ONG impulsa una ley para hacer obligatorio que los funcionarios del país presenten declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
Los casos que detonaron escándalos
Desde finales de 2014, dos casos derivaron en escándalos por posibles conflictos de interés en la ciudad. El primero fue en diciembre de ese año, cuando se dio a conocer que el entonces delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia, conducía una camioneta de lujo de un contratista de la demarcación. El segundo fue en marzo de 2015, cuando Mancera pidió la renuncia al entonces secretario de Obras, Alfredo Hernández, luego de que se reveló que había dado un contrato a una empresa de la que su esposa era directiva. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ MÁS POR MÁS. AUTOR: RAFAEL MONTES. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/desobedecen-a-mancera-estos-funcionarios-no-han-hecho-publica-su-declaracion-de-intereses/
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: El gobierno del estado de Chiapas se ha negado insistentemente a dar información de la cantidad de recursos del erario que gastó por la visita del Papa Francisco a San Cristóbal de las Casas y a esta capital. Aunque extraoficialmente se habló de un monto de 100 millones de pesos de inversión, el secretario de Planeación, Juan José Zepeda Bermúdez, aseguró que todo lo erogado fueron recursos públicos previstos en el presupuesto del 2016 que sólo se “reorientaron” para este evento especial. El también coordinador del grupo operativo gubernamental de la administración de Manuel Velasco Coello dijo que el despliegue de recursos de cada una de las dependencias oficiales que participaron en los actos por la visita del líder religioso no se considera “un gasto extraordinario”.
Dijo que los gastos pueden dividirse en dos rubros. El primero corresponde a lo que erogó la Iglesia católica, misma que fue apoyada por varios benefactores para movilizar a sus feligreses. Incluso comentó que empresas y hombres de negocios dieron donativos para facilitar transporte y comida. Además, Televisa apoyó con el despliegue mediático para instalar pantallas. El segundo rubro corresponde a los recursos que erogó el gobierno estatal pero aclaró que no es gasto adicional o extraordinario, porque son los mismos recursos previstos en el presupuesto para un ejercicio fiscal ordinario. No obstante, dijo que en esta ocasión se enfocaron todos los esfuerzos de forma conjunta en un solo evento, como lo fue la visita del Papa. “No habrá gasto extraordinario o adicional, sólo se reorientará de todas las tareas y todos los recursos de los que ya poseemos en todas las secretarías que participan”, dijo Zepeda Bermúdez. El funcionario señaló que las adecuaciones en materia de imagen urbana y vialidades realizadas por los municipios de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez se tienen terminadas al 100%. Sin embargo, se negó a dar detalles. En el operativo para la visita del Papa Francisco el pasado 15 de febrero participaron las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Turismo, Salud y Protección Civil. De hecho, esta última movilizó a cinco mil 972 elementos incluidos paramédicos, rescatistas, bomberos, Cruz Roja, así como unos 25 mil “voluntarios” en San Cristóbal de las Casas y el mismo número para la capital chiapaneca. Además, se instalaron 37 centros de atención a la población, donde se brindaron servicios médicos, de hidratación y localización de personas extraviadas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública organizó a tres mil elementos operativos a quienes puso a disposición del Estado Mayor Presidencial, además de que organizó un operativo con los mandos únicos de los 122 municipios para brindar información y auxilio vial a los fieles. La Secretaría de Salud aplicó el Plan Estatal para la Seguridad en Salud, avalado por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprese), para establecer un blindaje sanitario epidemiológico con acciones de monitoreo ambiental en las 10 jurisdicciones sanitarias y, con ello, brindar atención a los feligreses que viajaron de diferentes partes del país. En Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas se movilizaron 120 médicos, 145 enfermeras, 45 psicólogos, 60 verificadores sanitarios, 190 brigadistas en salud y la red hospitalaria del estado. La Secretaría de Turismo estimó la visita de unas 500 mil personas y una derrama económica superior a los 700 millones de pesos.
Desde días antes de la llegada del Papa Francisco, ambas ciudades chiapanecas, así como otras del estado de Chiapas fueron cubiertas de anuncios espectaculares firmados por los propios ayuntamientos. Una semana después del acontecimiento, éstos tampoco han dado a conocer el gasto invertido en estas estructuras. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ISAÍN MANDUJANO. LINK: http://www.proceso.com.mx/431129/gobierno-de-chiapas-se-niega-a-informar-sobre-gasto-por-visita-papal
XALAPA, Ver: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y Amnistía Internacional darán asesoría a familiares de los cinco jóvenes de Playa Vicente que el pasado 11 de enero fueron “levantados” por policías estatales en el municipio de Tierra Blanca y entregados a una célula delincuencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A puerta cerrada, los enviados de la ONU se reunieron ayer en Veracruz con los padres de José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arróniz, de 25, y Susana Tapia Garibo, de 16. De acuerdo con Bernardo Benítez –padre de uno de los jóvenes cuyos restos son analizados por peritos argentinos para confirmar su identidad–, señaló que tanto la ONU como AI se ofrecieron a darles asesoría legal para llevar el caso. A raíz del encuentro con integrantes de ambos organismos, añadió, el gobierno federal empezó a sentir la presión internacional, ya que el caso podría ser expuesto en Ginebra, Suiza. “En esas reuniones exigimos la declaración de los policías que están presos, y ya los abogados de nosotros las tienen en su poder. Además, la gente de la ONU y de Amnistía ya elaboraron una solicitud de observación, nos dicen que han estado muy pendientes del caso a través de los medios de comunicación”, apuntó. Y advirtió que continuarán “atrincherados” en la Fiscalía Regional de Tierra Blanca hasta que el caso se resuelva y les digan qué pasó con sus hijos. “Si mañana nos resuelven, mañana nos vamos. Sí es un mes, en un mes, pero hasta que nos resuelvan de una u otra manera quedaremos conformes cuando haya justicia para los muchachos”, expuso. Asimismo, destacó que a partir de que los enviados de la ONU y Amnistía Internacional tuvieron contacto con el gobierno federal, al que expusieron su preocupación por este nuevo caso de desaparición forzada, en Tierra Blanca “las cosas cambiaron”. Precisó que los empleados del gobierno de Javier Duarte acudieron a limpiar las oficinas del Ministerio Público, “pusieron más decorosos” los pasillos y el cuarto donde duermen los padres de los cinco jóvenes desaparecidos, y empezaron a abrir las declaraciones de los policías incriminados en este caso de desaparición forzada. “Ya corrieron (los del gobierno), ellos (las ONG) van a empezar a ejercer la presión, es un acompañamiento. Hoy, por ejemplo, Roberto Campa (el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) me habla todas las noches y la semana entrante regresarán para conocer de primera mano cómo van las investigaciones”. Según Benítez, en los 44 días que llevan “acampando” en la Fiscalía Regional de Tierra Blanca, ellos mismos han documentado los casos de 31 personas desaparecidas en los últimos tres años.
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el lunes 8 a la maestra Elba Esther Gordillo Morales, por la que se le concedió el amparo referente a la prisión preventiva domiciliaria.
La PGR, en un comunicado, explicó que promovió este recurso a través de los agentes del MP de la Federación adscritos a los Tribunales Unitarios en Materia Penal en la Ciudad de México, en su calidad de tercero interesado y como parte permanente en el juicio de amparo 48/2015 promovido por la exlideresa magisterial. El objetivo es que el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal dicte otra resolución en la que se analice el contenido del párrafo primero del artículo 55 del Código Penal Federal, referente a la prisión preventiva domiciliaria.
Con esta acción, la PGR pretende que la resolución dictada por el Tercer Tribunal Unitario a favor de Gordillo Morales sea revocada y como consecuencia se niegue el amparo a la quejosa. Por ello, este recurso de revisión será resuelto en definitiva por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Por la tarde, el abogado Marco Antonio del Toro, defensor de la expresidenta vitalicia del SNTE, consideró que ante tal impugnación, quedó de manifiesto que el MP de la Federación “no se conduce de buena fe”.
Ciudad de México. Para dirigentes y diputadas del PRI capitalino, las universidades creadas y financiadas por el partido Morena "son más bien un experimento político que educativo". En conferencia de prensa, Mariana Moguel, líder del PRI-DF, y Cynthia López, presidenta de la Comisión de Educación, de la Asamblea Legislativa, hicieron un llamado público al jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, y a la Secretaria de Educación Pública (SEP) para que "tomen cartas en el asunto" y no dejen operar esas instituciones hasta que no tengan sus permisos correspondientes. "Hago un llamado ¿dónde está la autoridad? Que tome cartas en el asunto", exigió la legisladora López, quien dijo que hasta ahora no han tenido reunión con el titular de esa secretaria Aurelio Nuño. Ambas dirigentes coincidieron en que no están pidiendo que cierren las universidades de Morena, sino que operen en regla.
Ciudad de México. La comercialización, instalación y uso de software pirata genera pérdidas para las empresas desarrolladoras de programas por más de 4 mil 500 millones de pesos al año y el fisco deja de recibir más de 2 mil millones de pesos por evasión de impuestos en ese sector. De acuerdo con un estudio encargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en México por lo menos menos casi cuatro de cada 10 empresas con más de 10 trabajadores reconocieron utilizar software ilegal comprado en el mercado informal, dijo Juan Manuel San Martín Reyna, quien encabezó la investigación. El programa más pirateados, puntualizó, es el Norton, un conocido antivirus para computadoras. Los principales resultados que arrojó la investigación, que forma parte de una serie que ha encargado el SAT para medir el grado de evasión de impuestos fueron: el grado de ilegalidad fue de 15.3 por ciento para el total del software instalado y el 40.13 por ciento corresponde al grado de ilegalidad de las empresas en flagrancia o con uso de software ilegal; 32 por ciento de las empresas utilizan software ilegal; la evasión fiscal asociada se estima en más de 2 mil millones de pesos entre 2009 y 2014, y el valor del mercado ilegal de software se estimó en alrededor de 4 mil 577 millones de pesos en 2014. Lo peor de todo, dijo San Martín Reyna, es que las empresas investigadas son flagrantes en el uso de software ilegal, es decir, reconocen utilizarlo sin darse cuenta de que cometen un delito. Al respecto, el director de la empresa BSA, Kiyoshi Tsuru, comentó que los propietarios de las empresas aceptan: “si, usamos software pirata ¿y qué?”.
Según el SAT “en fechas recientes ha venido evolucionando la copia ilegal (piratería) de programas de software, práctica ilícita que puede acarrear una serie de problemas a los consumidores como virus informáticos, posibilidad de acceso a la información de terceros, ausencia de garantía sobre el producto adquirido, no contar con un soporte técnico y daños al hardware y la comisión de delitos, entre otros”. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: VÍCTOR CARDOSO. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/23/sat-pierde-4-mil-500-mdp-al-ano-por-software-pirata-5274.html
XALAPA, Ver: El Senado de la República turnó un punto de acuerdo en el que la bancada del PAN solicita llevar a juicio político al gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvió de más de 35 mil millones de pesos de recursos federales en lo que va de su sexenio y señalados por la Auditoria Superior de la Federación. La presidenta en funciones de la Mesa Directiva del Senado de la República, Rosa Adriana Díaz Lizama, fue quien turnó dicha propuesta, en donde hace énfasis en la Cuenta Pública 2014, presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que hay un presunto daño patrimonial que asciende a los 15 mil 772 millones 56 mil pesos. El paquete legislativo en contra del gobernador de Veracruz también incluye que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue de inmediato la probable comisión de delitos por desvío de recursos públicos federales de la cuenta pública 2014 en Veracruz, en el que se incluya a diversos funcionarios y ex funcionarios –la mayoría de ellos hoy diputados federales como Erick Lagos, Jorge Carvallo, Alberto Silva, Tareck Abdala, entre otros-. En medio de los señalamientos de la ASF por no poder solventar más de 35 mil millones de pesos, más la ola de violencia que sacude a la entidad, el gobernador, Javier Duarte, también fue increpado por el líder nacional de su partido, Manlio Fabio Beltrones, quien en una rueda de prensa señaló que el veracruzano “tiene que rendir cuentas”. En entrevista en Tabasco, Beltrones dijo que Duarte tendrá que atender todos los reclamos sobre corrupción que enfrenta y la única forma de hacerlo es rindiendo cuentas. “Javier Duarte deberá de estar presentando, obviamente, cuentas concretas y verdaderas a los veracruzanos. Al PRI nos ocupa mucho cualquier señalamiento que se pueda hacer de bueno o mal gobierno y actuamos en consecuencia. En lo bueno, insistimos, y en lo malo, lo sancionamos”. El líder nacional priista fue evasivo cuando se le cuestionó si su partido continuará respaldando a Duarte de Ochoa en los señalamientos que enfrenta. –¿Ustedes van a seguir respaldando a Javier Duarte?, se le inquirió. “Nosotros estamos respaldando a Héctor Yunes como candidato”, deslindó. En Xalapa, diversos medios locales que en su momento fueron afines y leales al gobierno de Duarte, hoy han encabezado los rumores que anticipan su solicitud de licencia al cargo a 10 meses de que concluya su periodo constitucional. Aunado a ello, en su cuenta de twitter (@yoconyunes), el precandidato de la coalición PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares anticipó que Duarte será removido de su cargo a solicitud del gobierno federal y del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. “Estoy en D.F, tengo información de que van a quitar a @Javier_Duarte para proteger al PRI y a @HectorYunes el candidato tapadera. Pendientes”, escribió el diputado plurinominal panista con licencia y con una trayectoria de tres décadas como miembro del PRI. “Quieren que @Javier_Duarte y sus cómplices se vayan con las bolsas llenas y dejen a Veracruz en el desastre #QueSeVayanAlaCarcel. En unos minutos subiré información a través de Facebook. No dejemos que encubran a @Javier_Duarte ¡a la cárcel y que devuelvan lo robado!. Desde el último trimestre del año pasado, el gobierno de Duarte, la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la Secretaria de Agricultura (Sedarpa) y la Fiscalía General del Estado han enfrentado momentos de crisis derivado de dos situaciones, la crisis de inseguridad y la falta de solvencia económica.
Tan solo la Universidad Veracruzana demanda el depósito de 2 mil millones de pesos por concepto de ministraciones y subsidios para su funcionamiento; en tanto que el Poder Judicial del Estado exige 500 millones de pesos por conceptos de obras y contratos para la construcción de salas de juicio oral; pensionados, jóvenes universitarios reclaman becas y campesinos reclaman el pago de proyectos productivos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA. LINK: http://www.proceso.com.mx/431179/senado-pide-juicio-politico-para-duarte-yunes-linares-anticipa-su-salida
CIUDAD DE MÉXICO: En lo que va de su gestión, el presidente Enrique Peña Nieto se ha enfocado en “administrar la crisis de derechos humanos más que dar solución”, al no modificar la política de seguridad y la guerra contra las drogas”, consideró Perseo Quiroz, director en México de Amnistía Internacional (AI).
En el contexto de la presentación de su “Informe anual 2015-2016”, Quiroz Rendón advirtió que en el continente los tres países de América que han encendido las alertas para AI son México, por “su profunda crisis de derechos humanos y la denostación hacia organismos internacionales”; Estados Unidos, “por mantener activa la cárcel de Guantánamo”, encuba, y Venezuela por “la falta de justica en casos graves de violaciones a derechos humanos”. Del balance anual que hace Amnistía en materia de derechos humanos en el mundo, México aparece en la lista de los 11 países de mayor alarma, junto con China, Burundi, Egipto, Kenia, Gambia y Hungría, entre otros. “Sin que hagamos un ranking, México está dentro de los países que más preocupan en el continente americano y de los más preocupantes del mundo”, subrayó Quiroz. De acuerdo con el informe de Amnistía, en 122 países se ejerció tortura o malos tratos, y en 29 o más se “obligó ilegalmente a personas refugiadas a retornar a naciones donde corrían peligro”, en tanto que en 19 países “el gobierno o grupos armados cometieron crímenes u otras violaciones de las leyes de la guerra”. En entrevista con Apro, el defensor reconoció que, en el caso de México, muchas de las preocupaciones “son añejas, no son nuevas, y justamente reflejan la falta del seguimiento a los temas o de que avancen de manera sustantiva”. También dijo que si bien a nivel internacional “2015 otra vez fue un mal año para los derechos humanos”, en el caso de México “su sello particular fue la reacción del gobierno ante las críticas de organismos internacionales, como al relator de tortura de la ONU, las desapariciones y la impunidad generalizada”. Al destacar que el informe toca el incumplimiento de los 10 puntos en materia de derechos humanos prometidos por Peña Nieto en noviembre de 2014, tras la reunión sostenida con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Perseo Quiroz apuntó que en esta ocasión a la organización con sede en Londres le resulta preocupante “el aumento de la personas que viven bajo el umbral de la pobreza según cifras oficiales, porque hay una relación importante entre la brecha económica y las grandes violaciones a derechos humanos que vivimos todos los días”. En su informe, la organización da cuenta que de 2012 a 2014 el porcentaje de mexicanos que vive por debajo del umbral de la pobreza pasó de 45.5 a 46.2%, y el número de personas en extrema pobreza avanzó de 9.8 a 9.5%. Ante las cifras alarmantes que no varían en términos de desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales y feminicidios, entre otros abusos, Perseo Quiroz consideró que se explican debido a que “la política de seguridad no ha cambiado, aunque ha habido una reducción de efectivos de fuerzas armadas cumpliendo funciones de seguridad, aparte de que se siguen registrando altos números de violaciones a derechos humanos, sobre todo en Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, aunque no en los niveles de 2010”. A tres años del cambio de partido político en el poder, Quiroz Rendón insistió en que “no ha significado un cambio para la frecuencia de violaciones a derechos humanos, estamos en una crisis cada día acentuándose más y que tiene que ver con la falta de atención efectiva a este tema”. Puntualiza: “El tema de derechos humanos está en la agenda del gobierno pero no para resolverse, el gobierno ha tenido que lidiar con el tema porque mediáticamente ha tenido repercusión, pero no vemos medidas de solución, sólo se está administrando la crisis más que solucionarla”. Luego consideró que se continúa con la política de seguridad heredada de la administración anterior y “se cierran aún más los espacios de diálogo, por lo que no se ve que en los próximos tres años estemos reportando una mejoría en derechos humanos”. El informe sobre México de Amnistía incluye las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, Apatzingán y Tanhuato, en Michoacán; el reporte de las mil 600 denuncias de tortura ante la Procuraduría General de la República (PGR); las 27 mil desapariciones; los feminicidios y las alertas de violencia de género en Morelos y Estado de México, así como un panorama sobre las violaciones a los derechos a la libertad de expresión, de los pueblos indígenas e integridad de los migrantes.
Perseo Quiroz insistió: “Mientras no tengamos ese cambio de paradigma, una discusión sobre una política de seguridad distinta, las desapariciones forzadas y desapariciones por particulares, ejecuciones extrajudiciales, tortura y altos índices de homicidio van a continuar, porque todo lo anterior atraviesa por el tipo de política de seguridad que se aplique”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ. LINK: http://www.proceso.com.mx/431193/pena-solo-administra-crisis-de-derechos-humanos-amnistia
CIUDAD DE MÉXICO: El año pasado, la administración de Enrique Peña Nieto importó 500 millones de dólares en armamento –sobre todo de Estados Unidos, pero también de España, Países Bajos y Alemania–, con lo que 2015 se convirtió en el año de mayor gasto en la materia desde el 2000, según el Instituto Internacional para la Investigación sobre la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la base de datos actualizada de la organización, las importaciones de armas de México se dispararon 311% entre el periodo 2006-2010 y 2011-2015, al pasar de 268 millones a mil 156 millones de dólares. Este incremento está “conectado con la guerra del gobierno mexicano contra los cárteles del narcotráfico”, indicó SIPRI, al precisar que el armamento importado consistió sobre todo en transportes aéreos, helicópteros y vehículos blindados. Así, desde que Peña Nieto asumió el poder, México compró 12 helicópteros a Francia, 25 aviones de entrenamiento alemanes, dos “drones” israelíes, buques holandeses, aviones de transporte españoles, así como decenas de aviones, helicópteros y fragatas estadunidenses, según SIPRI. Otra base de datos del organismo señala que durante el sexenio de Felipe Calderón la entonces administración panista erogó 5 mil 472 millones de dólares anuales en promedio en gastos militares. El gabinete de Peña Nieto, por su parte, gastó 7 mil 869 millones de dólares cada año en la parte militar. Mundo armado SIPRI indicó que las compras de armas se incrementaron en 14% entre 2006-2010 y 2011-2015; mientras que tan sólo cinco países –Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Alemania— exportaron 74% de estas armas. Una de cada tres armas que fueron vendidas en 2015 provenía de Estados Unidos, cuyas exportaciones incrementaron 27% en los últimos cuatro años, en tanto que los principales países europeos vendieron una de cada cinco armas entre 2011 y 2015. Las armas se destinaron en su mayoría a Asia y Oceanía –46% del total–, o a Medio Oriente –25%–. En estas regiones los gastos en armamento se dispararon en 26% y 61% entre los periodos 2006-2010 y 2011-2015, observó SIPRI. Del informe se destaca la presencia de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía entre los primeros seis importadores de armas del mundo, ya que en los últimos años estos países participaron en los conflictos que sacuden a la región, ya sea en Siria e Irak como en Yemen. Por su parte, Qatar, Irak y Egipto incrementaron sus importaciones de armas en 279, 83 y 37%, respectivamente, entre el periodo 2006-2010 y 2011-2015.
Desde 2006, la India se caracterizó por ser el mayor importador de armas del mundo y mostró una tendencia creciente a la militarización, pues pasó de importar 8.5% de las armas en 2006-2010, a importar 14% de las armas vendidas en el mundo entre 2011 y 2015. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE. LINK: http://www.proceso.com.mx/431113/gobierno-de-pena-invierte-500-mdd-en-compra-de-armas-solo-en-2015
Ciudad de México. Entre el 17 y el 19 de febrero el Banco de México inundó el mercado local de cambios con 2 mil millones de dólares de la reserva internacional del país, para atajar la tendencia devaluatoria del peso frente al dólar, reveló hoy el banco central. Se trata de la mayor intervención directa del Banco de México en 14 meses, durante los cuales la moneda nacional se devaluó 31 por ciento frente a la divisa estadunidense. En ese lapso el tipo de cambio pasó de 14.3920 pesos el 9 de diciembre de 2014 a 18.9185 pesos el 12 de febrero de 2016, en las grandes operaciones interbancarias. La medida fue ejecutada por disposición de la Comisión de Cambios y formó parte del conjunto de disposiciones fiscales y monetarias adoptadas por el gobierno federal desde el 17 de febrero de este año, las cuales incluyeron una alza de medio punto porcentual en la tasa de interés referencial y un recorte de alrededor de 132 mil millones de pesos al gasto del sector público. En tan sólo 10 minutos de la jornada de cambios del 17 de febrero, cuando se oficializó la sustitución de las subastas de divisas que se venían realizando desde hacía más de un año, el tipo de cambio interbancario bajó de 18.8695 a 18.2890 pesos. Mientras en las ventanillas bancarias el precio del dólar disminuyó de 19.05 a 18.65 pesos. El reporte dado a conocer hoy por el Banco de México señala “una reducción de 2 mil millones de dólares resultado de las ventas directas de dólares en el mercado, conforme a la determinación de la Comisión de Cambios”. Pese a esa reducción motivada por las intervenciones discrecionales del banco central en el mercado local de cambios, la reserva internacional de divisas del país aumentó 309 millones de dólares durante la semana del 15 al 19 de enero. Esto fue así debido principalmente a que, por esos días, Petróleos Mexicanos (Pemex) le vendió mil millones de dólares al Banco de México y el gobierno federal hizo lo mismo con otros mil 322 millones de dólares, de los que no se especifica su procedencia, aun cuando pudiera ser de colocaciones de deuda en el exterior. Así, más 13 millones de dólares sumados por el cambio en la evaluación de los activos internacionales del Banco de México, el saldo de la reserva de divisas se situó el 19 de febrero en 174 mil 711 millones de dólares, unos 2 mil 25 millones por debajo del nivel observado al finalizar 2015.
Pero entre el 17 y el 19 de febrero, con las intervenciones discrecionales del banco central en el mercado cambiario, el monto de los recursos utilizados para satisfacer la demanda divisas planteada por bancos y oros intermediarios financieros, aumentó a 5 mil 562 millones de dólares en el transcurso de 2016. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: JUAN ANTONIO ZUÑIGA M. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/23/bdem-inyecto-2-mil-mdd-del-17-al-19-de-febrero-4193.html
Es el mayor de los últimos años, tras el crecimiento de 2.3 por ciento en 2014, el 1.4 por ciento de 2013 y el 4.0 por ciento de 2012.
La economía mexicana registró un crecimiento anual de 2.5 por ciento al cierre de 2015, con resultados originales, el mayor de los últimos tres años y en línea con lo previsto por autoridades y analistas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En un comunicado, señaló que, por sector, el Producto Interno Bruto (PIB) de las Actividades Terciarias aumentó 3.3 por ciento, el de las Primarias 3.1 por ciento y el de las Secundarias en 1.0 por ciento, según cifras originales. Así, el dato del PIB al cierre de 2015, de 2.5 por ciento, fue similar a la estimación oportuna que realizó el Inegi el pasado 29 de enero. Dicho resultado estuvo en línea con el pronóstico para el crecimiento de la economía mexicana en 2015 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de un rango de 2.0 a 2.8 por ciento, así como el del Banco de México (Banxico), de un intervalo de 1.9 a 2.4 por ciento, y el 2.5 por ciento previsto por analistas para todo el año pasado. El Inegi reportó que, en su comparación anual, el Producto Interno Bruto registró una alza real de 2.5 por ciento en el trimestre octubre-diciembre de 2015 con relación a igual trimestre de 2014, con cifras desestacionalizadas. Por grandes actividades económicas, el PIB de las Actividades Terciarias se elevó 3.7 por ciento, el de las Primarias 2.9 por ciento y el de las Secundarias lo hizo en 0.2 por ciento, subrayó. El instituto precisó que el PIB registró un aumento real de 0.5 por ciento durante el cuarto trimestre de 2015 respecto al inmediato anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad.
Por componentes, apuntó, las Actividades Terciarias se incrementaron en términos reales 0.9 por ciento; en tanto que las Primarias decrecieron 1.9 y las Secundarias bajaron 0.4 por ciento frente al trimestre previo.
ALMOLOYA DE JUÁREZ, Edomex: Alberto Martínez Sosa fue detenido el primero de noviembre de 2007, acusado del secuestro de dos militares ocurrido el 6 de octubre de ese año en el municipio sureño de Luvianos. La Procuraduría General de la República (PGR) presume la captura como uno de sus grandes logros, incluso por encima de la aprehensión de José María Chávez Magaña, “El Pony”, líder de La Familia Michoacana. Pese a que fue consignado a 20 años de prisión, no existen en su contra pruebas fehacientes de la comisión del ilícito.
Los elementos agraviados Gustavo Herrera Terrones y Luis Enrique Aragón Reyes, reconocieron en su primera declaración que los plagiarios “iban encapuchados”, por lo que no los identificaron. Las confesiones del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfonso Benítez Luna; y de Alfredo Trujillo Hernández, otrora agente del Ministerio Público federal adscrito a Tejupilco, también advierten su inocencia. “Todo fue por instrucciones del entonces delegado de la PGR, José Manzur Ocaña -medio hermano de José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno del Estado de México-, ya que teníamos conocimiento de que Alberto Martínez Sosa no había participado, ni existía prueba o reconocimiento de que hubiera intervenido en la privación ilegal de la libertad de los militares”, expone Alfonso Benítez. Martínez Sosa, prosigue el declarante, fue detenido por el simple hecho de ser propietario del inmueble al que, al parecer, fueron llevados los militares. “El entonces delegado consideró que estaba relacionado con los hechos, por tanto ordenó que se hiciera el reconocimiento de los militares ofendidos con Alberto Martínez Sosa con la obligación de que lo señalaran como una persona participante en los hechos delictuosos y así poder consignarlo”, refirió en el documento. La defensa del imputado inició una denuncia contra los elementos del Ejército por falso testimonio –en virtud de la posterior imputación a su cliente-, pero fue negada la orden de aprehensión. Al menos 15 testigos, entre ellos el entonces presidente municipal de Luvianos, Francisco Arce Ugarte, sus familiares y funcionarios municipales declararon que al momento de los hechos Alberto Martínez se encontraba reunido con ellos, en la casa del alcalde, por lo que resultaba imposible que hubiera cometido el delito. En 2008, dos integrantes de La Familia Michoacana se confesaron como responsables del “levantón”, e incluso les fueron encontradas las armas de los ofendidos. Por estas razones, su abogado Leonardo Gama adelantó que solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el recurso de revisión para obligar al presidente Enrique Peña a otorgar el indulto a Martínez Sosa. El defensor recordó que el consejero jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos, denegó este recurso sin tener facultades, por lo que apeló la decisión, pues el artículo 89, fracción 14 de la Constitución General de la República dispone como facultades y obligaciones del Presidente “conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales”.
CIUDAD DE MÉXICO: La empresa OHL-México aportó “información falsa” a la Bolsa Mexicana de Valores en su reporte del último cuatrimestre de 2015, porque “no tiene utilidades acumuladas” por 36 mil 240.7 millones de pesos, sino “pérdidas” por 19 mil 598.9 millones de pesos, ni tampoco tiene “un capital contable” de 69 mil 295.6 millones de pesos, sino de sólo 13 mil 456 millones de pesos, según afirmó la compañía Infraiber. En un comunicado que analiza los resultados al cierre del año pasado por OHL-México, Infraiber afirmó que esta compañía tampoco tiene “un activo por concesión” de 102 mil 859. 6 millones de pesos, sino de menos de la mitad, es decir, 47 mil 020 millones de pesos. Estas cifras se derivan de recordar que en octubre de 2015 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) “notificó a OHL México (OHLMEX) que sus subsidiarias no tienen un derecho ‘incondicional’ al cobro de dinero frente al Estado de México”, recordó Infraiber. Por esta razón, la compañía constructora “no puede registrar un activo financiero (rentabilidad garantizada) ni otros ingresos de operación en sus estados financieros”. Infraiber, empresa que sostiene un duro litigio con OHL por las presuntas irregularidades en las renovaciones de su título de concesión en la construcción del Circuito Exterior Mexiquense y por los cobros y aumentos arbitrarios en las cuotas de peaje, también recordó que la CNBV sancionó con 4.2 millones de pesos a la empresa auditora Deloitte “por no llevar a cabo sus auditorías de los estados financieros de OHLMEX, Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI) y Concesionaria Mexiquense (Conmex) por los años 2011, 2012, 2013 y 2014 con base en normas internacionales aplicables”.
“La información que aquí destacamos es de la mayor relevancia para los inversionistas que adquirieron títulos de OHLMEX basados en información deliberadamente falseada. La primera consecuencia de estas irregularidades y ocultamientos de información es precisamente la multa pagada por Deloitte”, agregó Infraiber. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL. LINK: http://www.proceso.com.mx/431105/infraiber-acusa-a-ohl-de-dar-informacion-falsa-a-la-bmv
CIUDAD DE MÉXICO: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó que el caso del helicóptero que transportó a Belinda está cerrado para su administración y lamentó la difusión que ha tenido el hecho en los medios de comunicación.
“Hay demasiada frivolidad y mezquindad en el asunto al cual se le ha dado mucha importancia en redes sociales, muchas veces anteponiendo la envidia porque Michoacán fue reconocido incluso por El Vaticano, de haber sido la mejor sede durante la gira papal”, agregó Aureoles Conejo en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. El mandatario estatal indicó que ya instruyó al secretario de Seguridad Pública para iniciar las investigaciones correspondientes en torno al presunto uso ilegal de una aeronave del gobierno estatal para deslindar responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes.
El representante legal de la empresa Infraiber, Pablo Díez Gargari, presentó la primera de una serie de denuncias por presuntos delitos previstos en la Ley del Mercado de Valores.
El representante legal de la empresa Infraiber, Paulo Díez Gargari, presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR), el viernes 19 de febrero, la primera de una serie de denuncias por presuntos delitos previstos en la Ley del Mercado de Valores y que atribuye a las empresas OHL y Deloitte. En los próximos días serán presentadas otras denuncias. -Estos delitos -señaló Díez- sólo se persiguen a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde por lo menos el mes de agosto de 2015 he requerido al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que formule las denuncias correspondientes, pero el secretario simplemente ha ignorado mis requerimientos. Con ello, de paso, sigue protegiendo indebidamente a OHL. A juicio del representante de Infraiber, esta situación ya no podrá mantenerse, pues la PGR notificó ya al secretario Videgaray de su denuncia y le requirió que manifieste ante la PGR si formula o no la denuncia correspondiente. La PGR también requirió al presidente de la CNBV la entrega de toda la documentación que obre en su poder en relación con los procedimientos administrativos iniciados en contra de OHL y de Deloitte. “Si el Dr. Videgaray quiere seguir protegiendo a OHL, tendrá que manifestarlo ante la PGR y asumir las responsabilidades correspondientes”, comentó Díez.
A esta denuncia -explicó- seguirá otra en contra de OHL México (la matriz) por el registro de “otros ingresos de operación” y luego varias denuncias contra OHL y OHL México por el registro de utilidades falsas y de activos inexistentes, que han sido utilizados para obtener financiamiento de instituciones financieras mexicanas y del mercado de valores. Texto de la denuncia contra OHL y Deloitte:
El detenido, Rafael Portillo Abundis, promovió un amparo; por verse si obtiene la suspensión definitiva.
La Fiscalía General del Estado (FGE) está buscando a dos hombres que estarían involucrados en el asesinato de Samaí Alejandra Márquez Salgado, mientras que Rafael Portillo Abundis, acusado de ser el probable responsable del crimen, promovió un amparo contra la detención y la tortura que sufrió por parte del personal de la dependencia. Trascendió que hay dos sospechosos que son buscados por la FGE para ser interrogados y ahondar en las investigaciones, pues se presume que están vinculados con la muerte de la joven de 25 años de edad, quien tenía dos meses de embarazo. Extraoficialmente se informó que se trata de dos amigos de Rafael, uno de los cuales es conocido de la familia Portillo Abundis, mismo que ya estaría buscando el amparo de la justicia federal. El otro es el propietario de una purificadora de agua que anteriormente le compró a Rafael. Según las investigaciones, estos dos hombres presumiblemente tenían algún tipo de relación con Samai y al parecer participaron en su desaparición y asesinato, por lo que las autoridades ministeriales están en su búsqueda para presentarlos y tomarles su declaración. Rafael promueve amparo Versiones no oficiales señalaron que Rafael confesó ser el culpable e inclusive habría admitido que contrató a dos hombres para cometer tal fechoría; sin embargo, hasta el momento la FGE no ha proporcionado detalles del caso y tampoco ha confirmado estas versiones. Fuentes cercanas aseguraron que la FGE obtuvo la declaración de Rafael mediante torturas físicas y amenazas, motivo por el cual el detenido solicitó –desde el pasado viernes- el amparo 342/2016 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal. Los actos que Rafael reclamó fueron su detención, la incomunicación a la que fue sometido, los malos tratos y la tortura física que estaba sufriendo por parte del personal de la FGE. El juez federal sólo le concedió la suspensión provisional por la orden de captura; sin embargo, en las próximas horas decidirá si le otorga la suspensión definitiva. Actualmente, Rafael está a disposición de un juez penal por el delito de falsedad de declaraciones y será en el transcurso de este día o mañana cuando se le dicte auto de formal prisión o de libertad. Mientras tanto, la FGE se encuentra integrando la averiguación previa por feminicidio. Según un comunicado de prensa que emitió el pasado fin de semana, pudo comprobar la participación de Rafael en el asesinato, pero nunca explicó cuáles fueron los elementos que tuvo para relacionarlo con los hechos. Samai fue retenida varias horas Fuentes consultadas señalaron que, después que Samaí fue privada de su libertad, al parecer no fue asesinada inmediatamente, pues de acuerdo con el cronotanatodiagnóstico o tiempo estimado de muerte, la joven tenía entre 36 y 40 horas de haber perecido, al momento que fue localizada, en la zona de la presa de Valsequillo. Por ello, una hipótesis sugiere que sus verdugos la tuvieron retenida durante varias horas y, al verse descubiertos por la víctima, decidieron quitarle la vida de un balazo en la cabeza.
WASHINGTON: Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, se declaró culpable de los delitos de narcotráfico que le imputa el gobierno de Estados Unidos, con lo que el criminal mexicano busca evitar ser sometido a juicio y ello le permite llegar a un arreglo con el Departamento de Justicia y recibir una sentencia menos severa.
De forma inesperada, El Mochomo cambió de decisión y aceptó los cargos que le imputan de traficar cocaína y metanfetamina de México a Estados Unidos cuando era uno de los socios más importantes de Joaquín El Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa o la Federación. Durante varias décadas, Alfredo Beltrán “colaboró con uno de los cárteles más notorios del mundo, provocando violencia y la pérdida de vidas”, indicó en una breve declaración por escrito Loretta Lynch, procuradora General de Justicia de Estados Unidos. Ante el juez Richard J. León, de la Corte Federal del Distrito de Columbia, El Mochomo, a través de su abogado Eduardo Balarezo, aceptó la acusación de haber ayudado a la exportación a Estados Unidos de varias toneladas de cocaína colombiana cuando era uno de los hombres más importantes de la fracción del cártel de Sinaloa a cargo de Guzmán Loera. La aceptación de la responsabilidad de narcotráfico fue sorpresiva, tomando en cuenta que El Mochomo por medio de su defensa legal había desafiado al Departamento de Justicia y estaba dispuesto a ser sometido a juicio para disputar los cargos que le imputan. El encausamiento de Beltrán Leyva lo acusa de “conspirar junto con otros para importar y distribuir en Estados Unidos cinco kilogramos de cocaína y/o 50 gramos o más de metanfetaminas”. Capturado en 2008 por las autoridades mexicanas en Culiacán, Sinaloa, y extraditado en 2014 a Estados Unidos, El Mochomo se había declarado inocente de las acusaciones en Washington, por lo cual el 8 de noviembre de hace dos años la Corte Federal le negó la libertad bajo fianza. Todo este mes el abogado Balarezo había estado descalificando la estrategia del Departamento de Justicia para retrasar el juicio contra su cliente, el cual se había calendarizado originalmente para el pasado 13 de febrero. La defensa del Mochomo había pedido al juez que descalificara a uno de los testigos del Departamento de Justicia que se presentaría en el juicio, quien de acuerdo con los documentos en la Corte declararía que él y Beltrán Leyva habían trabajado juntos en el trasiego de la cocaína colombiana desde la década de los noventa y por lo menos hasta 2005. El Departamento de Justicia había indicado que el testigo, a quien en los documentos se identifica con las iniciales AT, declararía que Beltrán Leyva se encargaba de vender drogas a pandillas en Estados Unidos. Según los documentos en la Corte, AT narraría cómo Beltrán Leyva recibía de las pandillas estadunidenses, a cambio de las drogas, armamento de alto poder. AT también estaba preparado para testificar en contra de El Mochomo y asegurar que éste comandaba a una serie de grupos de sicarios que se encargaban de eliminar y torturar a enemigos del cártel de Sinaloa, además de ser uno de los encargados de la fracción criminal de El Chapo Guzmán para pagar millones de dólares a funcionarios del gobierno de México para que los dejaran trasegar drogas tranquilamente. En el juicio, el Departamento de Justicia quería demostrar que El Mochomo era uno de los colaboradores más cercanos y de mayor confianza del Chapo Guzmán. Con su declaración de culpabilidad, El Mochomo podrá llegar a un arreglo con el Departamento de Justicia para recibir una sentencia menos severa de la que le hubieran podido asignar con un juicio en el que fuera declarado culpable de los delitos de narcotráfico. Con esto, El Mochomo aceptará cooperar con el gobierno de Estados Unidos para testificar en casos de narcotráfico procedente de México, pero en especial en contra de El Chapo Guzmán. Al gobierno de Estados Unidos le interesa en particular la colaboración de El Mochomo para enjuiciar a Guzmán Loera, de quien eventualmente espera su extradición por parte de las autoridades del gobierno de Enrique Pena Nieto. A Guzmán Loera más de una decena de cortes federales de Estados Unidos lo acusan de varios delitos, entre los que destacan los de lavado de dinero, narcotráfico y homicidio. La captura de El Mochomo en 2008 provocó una ruptura dentro del Cártel de Sinaloa y una guerra sin cuartel entre la fracción comandada por Guzmán Loera con la de Arturo, El Barbas, y Héctor, El H, hermanos del narcotraficante mexicano que será enjuiciado en la capital estadunidense este mes de febrero. Los hermanos de El Mochomo responsabilizaron a El Chapo de la captura del primero, y presuntamente en venganza ordenaron en 2008 la ejecución de Edgar Guzmán, hijo del recién recapturado líder del Cártel de Sinaloa.
CIUDAD DE MÉXICO: El Senado de la República dio entrada este martes a la iniciativa ciudadana que presentó el Consejo Mexicano de la Familia –grupo conservador encabezado por Juan Dabdoub y respaldado por 200 mil firmas– para reformar el artículo 4º constitucional y echar atrás los matrimonios del mismo sexo.
La iniciativa, denominada “Reforma por la familia, por los niños y por todos”, pretende que el Estado mexicano sólo reconozca los matrimonios formados entre un hombre y una mujer y deje sin validez las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno del matrimonio igualitario aprobado en varias legislaciones estatales, incluida la capital mexicana. Al recibir la propuesta, la senadora panista Rosa Adriana Díaz Lizama señaló que en cuanto la iniciativa se haga del conocimiento de la Mesa Directiva, se determinará a qué comisiones será turnada para su estudio y dictamen.
A su vez, la senadora Lizbeth Hernández Lecona, presidenta de la Comisión de la Familia, expresó que es importante darle pie al artículo 4º constitucional que “protege” a la familia. “La fortaleza de una nación radica en que el núcleo más importante de la sociedad se encuentre unido, en armonía, y cuente con todos los beneficios que la Constitución le provee”, afirmó la legisladora. El senador panista Víctor Hermosillo también apoyó la iniciativa y señaló que la familia “es la piedra fundamental” de cualquier sociedad y “el primer instrumento de amor y educación para las nuevas generaciones”. El artículo 4º constitucional no distingue entre matrimonios del mismo sexo ni familias homoparetales, únicamente señala: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”. Un día antes de presentar la iniciativa, Juan Dabdoub, a nombre del Consejo Mexicano de la Familia, afirmó que “los matrimonios homosexuales no existen” porque “la ley no te puede otorgar lo que la naturaleza te ha otorgado”.
