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El delito de ataques a la paz pública es inconstitucional, coinciden ministros de la SCJN

Tres de los cinco ministros de la Primera Sala concedieron un amparo a Bryan Reyes con lo que inicia el proceso para declarar inconstitucional el delito de ataques a la paz pública.

El delito de ataques a la paz pública será considerado por la Suprema Corte de Justicia como inconstitucional, lo anterior luego de que tres de cinco ministros se pronunciaron a favor de otorgar un amparo a Bryan Reyes Rodríguez, quien fue uno de los detenidos en los disturbios del 1 de diciembre de 2012.

Por dicho delito el código penal del DF consideraba una pena de 5 a 30 años de prisión, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública.

Fueron los ministros José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña Hernández, quienes manifestaron que el artículo 362 del Código Penal del DF es inconstitucional. Al momento de votar la mayoría de ministros ordenó returnar el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez, quien se opuso, al igual que Jorge Mario Pardo, a conceder el amparo. El proyecto será elaborado por un nuevo ministro, pero con el criterio de la mayoría, con lo que se oficializará el fallo y anulará la aplicación de dicho ilícito.

De esta forma la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el trámite para declarar inconstitucional el delito de ataques a la paz pública en la Ciudad de México, luego de “desechar” los argumentos en favor de este ordenamiento legal, promovidos por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

La Suprema Corte decidió analizar la constitucionalidad de este delito –tipificado en el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal– en noviembre de 2013, luego de que dicho ordenamiento fuera usado para condenar a dos años y seis meses de cárcel al joven Bryan Reyes, quien fue detenido en el marco del operativo policial contra las protestas del 1 de diciembre de 2012, convocadas por la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto.

Luego de recibir esta sentencia, Bryan Reyes solicitó la intervención de la Suprema Corte, al considerar que el delito que se le imputó es ambiguo, impreciso y otorga al juzgador un “amplio margen de interpretación y arbitrariedad (…) lo que viola los derechos a la seguridad jurídica y a la exacta aplicación de la ley penal”.

Esta postura, además, fue respaldada en diciembre de 2015 por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que instó a la Asamblea Legislativa a derogar el delito de “ataques a la paz pública”, al considerar que es usado exclusivamente para criminalizar a personas que participan en protestas y movimientos sociales.

Luego de que la Corte atrajera el caso, éste le fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien elaboró un proyecto de resolución que, de principio, proponía que este máximo tribunal se pronunciara en favor de la constitucionalidad del delito de ataques a la paz pública, al considerar que su redacción es suficientemente clara.

Según la propuesta del magistrado, es claro que los ataques a la paz pública son aquellos actos que “no sólo se manifiestan en cuanto a los daños materiales o directos que llegaren a ocasionar, sino que, por su magnitud, trascienden a terceros, generando en éstos un estado de zozobra que indefectiblemente altera la tranquilidad y expectativa de seguridad de todo individuo”.

Sin embargo, al analizar ayer este proyecto, tres de los cinco ministros que conforman la Primera Sala de la SCJN votaron en contra de los argumentos del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, favoreciendo los argumentos esgrimidos por Bryan Reyes.


Los ministros que se manifestaron en favor de declarar la inconstitucionalidad del delito de ataques a la paz pública fueron Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Norma Lucía Piña Hernández y, al ser mayoritario su voto, la Primera Sala de la Suprema Corte ordenó que uno de estos tres ministros elabore un nuevo proyecto de resolución, que esta vez deberá rescatar los argumentos legales por los cuales la Corte declarará formalmente la inconstitucionalidad del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, para que sea aprobado en una fecha próxima a agendarse.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/el-delito-de-ataques-a-la-paz-publica-es-inconstitucional-coinciden-ministros-de-la-scjn/

Formal prisión a Serrano Limón; encara proceso en libertad

CIUDAD DE MÉXICO: La PGR confirmó que Jorge Serrano Limón, dirigente de Provida detenido el miércoles 17 y luego liberado bajo caución, continúa sujeto a proceso penal por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado y por posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos asignados para el equipamiento de centros de ayuda para la mujer (CAM).


Este miércoles, acotó, el juez primero de distrito en Procesos Penales de la Ciudad de México dictaminó la formal prisión a Serrano Limón por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por más de 25 millones de pesos. Sin embargo, debido a que el delito no está tipificado como grave, el indiciado enfrentará el proceso penal en libertad, tras pagar una fianza de 25 millones dos días después de su aprehensión.

Además, el dirigente de Provida solicitó la duplicidad del plazo constitucional y el beneficio de la libertad provisional bajo caución, de la cual goza actualmente, previa exhibición de las pólizas de fianza por 150 mil pesos para obligaciones procesales; 13 mil 573 pesos por concepto de posible multa, y 25 millones 764 mil 534 por reparación del daño.


En un comunicado, la PGR señala que de la investigación se desprende que el 17 de febrero pasado se dio cumplimiento al mandamiento de captura del indiciado por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes lo pusieron a disposición del juez de la causa.

También señala que un día después, el jueves 18, “el inculpado rindió su declaración preparatoria en la que negó haber cometido el delito que se le imputa y se reservó su derecho para declarar y a contestar preguntas de las partes”.

El miércoles la Procuraduría aprehendió a Serrano Limón por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de peculado por más de 25 millones de pesos.

De acuerdo con la PGR, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y faltas graves en el ejercicio de recursos que el gobierno federal asignó a Provida para el equipamiento de los CAM.

El desvío de recursos públicos detectado es por un total de 25 millones 764 mil 539.71 pesos, por lo que se inició la averiguación previa por el delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracción I del Código Penal Federal en contra del administrador y presidente del comité de la referida asociación civil.

En un comunicado, la PGR indicó que la indagatoria contra Serrano Limón la integró la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la cual el 21 de octubre pasado obtuvo la orden de aprehensión por parte del juez primero de distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, la cual fue ejecutada el 17 de febrero pasado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En febrero de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a un litigio de 10 años que promovió el dirigente de Provida, Jorge Serrano Limón, quien durante ese tiempo pretendió evitar el pago de una multa de 13 millones 200 mil pesos.

En 2005, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso la sanción a Serrano Limón, debido a que utilizó recursos públicos que le entregaba el gobierno de Vicente Fox a Provida, dinero que usó para pagar servicios o comprar objetos suntuarios, como tangas.

La SFP ordenó al dirigente de Provida devolver el dinero cuya utilización no pudo justificar, motivo por el cual se le multó.

Serrano Limón promovió diversos recursos legales, pero la Segunda Sala de la Corte resolvió en definitiva negar el amparo, por lo que le ordenó pagar el monto, ya que de lo contrario se le embargarían sus bienes.

En abril de 2012, un juez federal condenó a Serrano Limón a cuatro años de prisión al hallarlo culpable de un desvío de 2 millones 496 mil pesos, los cuales le fueron entregados como donación federal para que equipara nueve Centros de Atención a la Mujer, que son administrados por Provida.


De acuerdo con la sentencia –del proceso 156/2010–, Serrano Limón no adquirió los aparatos de ultrasonido y ecosonido acordados, sino que usó el dinero para pagar una impresora térmica, un modular portátil, cables, galones de gel, rollos de papel, transporte, viáticos, teléfonos y luz.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431350/formal-prision-a-serrano-limon-encara-proceso-en-libertad

Estallan bombas de gas lacrimógeno en Consejo del PRD-Oaxaca para elegir candidato

OAXACA, Oax: Con la presencia de policías federales y estatales, y en medio de una trifulca en la que se usaron gases lacrimógenos, esta mañana se instaló el Consejo Político del PRD para elegir a su candidato a gobernador. Los contendientes son: Benjamín Robles Montoya y José Antonio Estefan Garfias.

“Contra todas las turbulencias, quedó instalado el Consejo Estatal Electivo y nadie ha reventado nada. El PRD en estos casos esta procesando su candidatura”, apuntó horas después el presidente nacional del partido, Agustín Basave.

Por su parte, el precandidato Benjamín Robles Montoya advirtió que aun con todas las irregularidades que han observado en el Consejo Político del PRD, “no voy a bajar la guardia (y) vamos a impedir cualquier albazo porque tenemos el número de consejeros suficientes y porque existe un compromiso al más alto nivel de elegir al mejor posicionado”.


Luego de aclarar que acudió al hotel Misión Oaxaca –la sede donde se realiza el Consejo– para “darle ánimo a mis compañeros porque sufrieron un atentado de los que quieren seguir medrando con la pobreza de Oaxaca y se han enriquecido desde el gobierno”, subrayó: “Hoy me enfrento a esos que quieren regresar a Oaxaca para seguir abusando”.

Y lanzó una pregunta: ¿A quién le puede interesar manchar el proceso interno del PRD? ¿A quién le puede interesar que no llegue quien puede ganar? “A los que siempre han medrado con la pobreza, entonces no voy a bajar la guardia”.

Añadió: “Mi presencia tampoco significa que vamos a avalar todas las irregularidades, porque algunos consejeros fueron a registrarse y ya estaban registrados. No hay un listado, entonces eso se atenderá por la vía jurídica”.

Robles hizo hincapié en que no tiene un plan b “y voy a mantenerme aquí”.

Finalmente mandó un mensaje al gobernador Gabino Cué y dijo que espera que el mandatario oaxaqueño “siga siendo el mismo que respeta los procesos internos, aunque sí sé que funcionarios y exfuncionarios presionan, amenazan, cooptan con obras y recursos a los consejeros, pero eso tendrá su propia ruta jurídica”.

Por separado, el dirigente del PRD en Oaxaca, Carol Antonio Altamirano, acusado de favorecer al expriista José Antonio Estefan Garfias, sostuvo que “las fuerzas progresistas del estado permanecerán unidas al lado del aspirante que logre la candidatura a través de un proceso estatutario transparente, cuyo resultado será respetado y avalado por todos”.

Para hacerle frente a las acusaciones de fraude, Antonio Altamirano dijo que no habrá acuerdos en “lo oscurito”, ni decisiones por consigna. La elección se desarrollará siguiendo los estatutos del partido, de manera legítima y transparente, sostuvo.

El que resulte candidato del PRD, ya sea el diputado federal con licencia José Antonio Estefan Garfias o el senador Benjamín Robles Montoya, “sin duda superará al candidato que representa al viejo régimen autoritario priista”, destacó.

Por último, Carol Altamirano señaló que la coalición “Con Rumbo y Estabilidad para Oaxaca” tiene muy buenos aspirantes a los cargos de elección popular, así como una sólida oferta política para dar respuesta a los grandes desafíos de Oaxaca, pero sobre todo el aval de la fuerza y la confianza de cientos de miles de militantes y simpatizantes “para derrotar una vez más a los herederos de los cacicazgos que en el pasado se enriquecieron a costa de la pobreza de los oaxaqueños”.

Por la mañana Jesús Romero López, coordinador de campaña de Robles, denunció que a las 14 horas aún no había sido publicada la lista de consejeros que habrán de elegir al aspirante, “situación anómala que quedó certificada ante notario público, lo que significa que ya empezamos el registro en la lógica de la impugnación”.

A las 10:00 inició la instalación del Consejo Político en el hotel Misión Oaxaca, de donde los consejeros y militantes perredistas salieron en estampida alrededor de mediodía, cuando al interior del inmueble fueron lanzadas dos bombas de gas lacrimógeno.

Casi inmediatamente después de los hechos, alrededor de 150 policías estatales arribaron al hotel para “investigar” quiénes habían arrojado los artefactos, situación de la que se acusaron ambos grupos políticos, supuestamente con la finalidad de suspender el evento.

Basave lamentó los hechos y dijo que “podría haberlo hecho gente ajena al PRD. Se tiene que investigar y averiguar con qué intenciones se hizo. Estaban cerca los medios de comunicación, eso da cosas que pensar”, apuntó.

De acuerdo con Romero López, “ya se había anunciado el show para el fraude porque estallan las bombas para que no pasaran (los consejeros afines a Robles Montoya) y (que los simpatizantes de Estefan Garfias se) posesionaran del salón”.

Lo cuestionable, dijo, es que se abrió el registro sin haber una lista publicada y sancionada por el órgano electoral.

“Al rato van a decir que fue publicada a las 3 de la mañana y está certificada en página y en estrados de la comisión, pero no hay tal publicación”. Y lo peor es que “no nos dejaron pasar y la policía se metió a un consejo. Ojalá Agustín Basave (líder nacional del PRD) tenga pantalones para mostrar carácter y evite el fraude”.

Añadió: “Imagínate que el INE (Instituto Nacional Electoral) instale casillas y a las 12 del día mande la lista nominal y la gente vote. Aquí te registras y luego votas, pero este procedimiento es ilegal, por eso ya empezaos el registro en la lógica de la impugnación”.

Por su parte, Alejandro Truconni, secretario general del Comité Ejecutivo Municipal de Oaxaca de Juárez, dijo que “no se cancela el registro porque eso es lo que intentan para cometer el fraude”.

“Se me hace muy curioso que todos los consejeros que apoyan a Benjamín estaban en el salón Dainzú y lanzan las bombas y la policía les impide salir. Durante más de una hora estuvo resguardado por la policía, que impidió salir a los consejeros sin ser delincuentes, no pudieron salir para cumplir su derecho y obligación de emitir un sufragio democrático”.

Romero López afirmó que la lista de consejeros estatales es de 272, de los cuales 150 “son de vista”; 14 son consejeros nacionales; uno más es integrante del Comité Ejecutivo Nacional; 17, miembros del Comité Estatal; tres, expresidentes del partido; 42, presidentes municipales; tres, diputados locales, y 42 son presidentes de los comités municipales donde el PRD gobierna.


El ganador debe obtener las dos terceras partes, pero hasta ahora ninguno de los dos precandidatos ha logrado reunir esa cantidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431331/estallan-bombas-de-gas-lacrimogeno-en-consejo-del-prd-para-elegir-candidato-en-oaxaca

‘Rumorología’ y ‘folklor veracruzano’, versiones sobre mi renuncia: Duarte

XALAPA, Ver: En redes sociales, y acudiendo hoy a la celebración del Día de la Bandera en el puerto de Veracruz, el aún gobernador priista Javier Duarte aseguró que completará su mandato que concluye el próximo 30 de noviembre.


Para el político que ha gobernado la entidad durante 62 meses en medio de señalamientos por desvío de recursos, insolvencia financiera para ministrar a los organismos autónomos y pagar a contratistas, así como una ola de violencia que ha derivado en casi 950 desapariciones en la entidad, las versiones sobre su renuncia sólo son parte del “folklor veracruzano” y “la rumorología” en estos tiempos de sucesión electoral.

Duarte de Ochoa negó que desde la Federación o desde el CEN del PRI lo “vayan a enfermar” para que dimita al cargo; incluso, presumió a reporteros del puerto que goza de “perfecto estado de salud”.

Ayer por la noche, en su cuenta de Twitter (Javier_Duarte), el priista se quejó de que ha sido víctima de una campaña de linchamiento:

“Ayer lo de la Parroquia, hoy lo de la licencia, a ver mañana con qué nuevo invento salen. #tiemposelectorales”, resumió el priista en su red social.

Duarte de Ochoa fue increpado sobre las declaraciones del líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, en alusión a que tendrá que rendir cuentas por los desvíos de recursos que le ha marcado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los cuales acumulan un daño patrimonial superior a los 35 mil millones de pesos en cuatro años de su gestión.

“La declaración de hoy creo que mata la declaración de ayer, y la declaración de hoy creo que deja muy claro la postura del presidente del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional”, reviró.

Sobre la solicitud de juicio político que inició el Senado a petición de la bancada panista, Duarte aseguró que no hay justificación alguna para llevarlo a esas instancias de desafuero, pues tiene pensando permanecer en el cargo hasta el 30 de noviembre de este año.

Hoy en la Ciudad de México, personal del gobierno federal filtró que el gobernador priista fue citado en la tarde de este miércoles en la Secretaría de Gobernación (Segob) para entrevistarse con el titular de dicha oficina, Miguel Ángel Osorio Chong, para tratar temas relacionados con su polémica gestión y señalamientos de políticos de oposición, de medios de comunicación nacionales y del malestar ciudadano.

Ayer, el Senado turnó el punto de acuerdo para llevar a Duarte a juicio político para que sea investigado por el presunto daño patrimonial, pero también para que la PGR investigue de inmediato la probable comisión de delitos por desvío de recursos públicos federales de la cuenta pública 2014 en Veracruz.


Los señalamientos alcanzarían a diversos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Veracruz, la mayoría de ellos hoy diputados federales, como Erick Lagos (Segob local), Jorge Carvallo (Sedesol), Alberto Silva (Sedesol y vocero de Duarte), Tareck Abdala (Sefiplan), entre otros, por su probable responsabilidad en el desvío de recursos público federales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431310/rumorologia-y-folklor-veracruzano-versiones-sobre-mi-renuncia-duarte

Justicia para adolescentes: lenta, con poco personal y malos tratos, revela estudio

La justicia para adolescentes no es expedita, pues sólo 2% de los tribunales resuelve los casos de menores de edad, además algunos sufren maltratos.

En México, 42 mil adolescentes fueron acusados de cometer lesiones, robos, daños a la propiedad, narcomenudeo y violencia familiar, entre otros delitos, durante 2014. De ellos, 14% ha concluido su juicio, mientras que 31 mil menores aún esperan que sus casos sean investigados.

Uno de los factores que influyen en la impartición de justicia para adolescentes es que de los 4 mil 861 juzgados y tribunales del país, sólo 2% resuelve los casos de menores de edad. En Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, por ejemplo, sólo hay uno. Mientras que de los 3 mil 821 Ministerios Públicos en México, únicamente 782 (2%) son especializados para este sector.

Éstos son hallazgos del informe “Justicia para adolescentes en México”, un estudio sobre los servicios brindados a adolescentes infractores realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), presentado este 25 de febrero.

El estudio, coordinado por Paulina Sánchez, advierte que la procuración de justicia para menores de edad es un “factor indispensable para el diseño y funcionamiento de un sistema integral, que logre reconciliar tanto los intereses de los menores, como la seguridad y la efectiva aplicación de la justicia”.


Los investigadores –Carlos de la Rosa, Mireya Moreno y Karen Silva– urgen un estricto respeto de los derechos procesales de los jóvenes porque “si se violan las garantías procesales de los menores infractores, no sólo se les estaría negando la atención diferenciada, sino que las mismas instituciones diseñadas para atender sus particularidades estarían vulnerándolos y victimizándolos”.

¿Cómo funciona el sistema de justicia para adolescentes?

En el Distrito Federal, mil 217 adolescentes fueron llevados a un Ministerio Público acusados de cometer lesiones, mil 566 de robo a transeúnte y dos mil 187 por violencia familiar, lo que representa la incidencia más alta con respecto al las 10 entidades con el mayor número de inculpados. Guanajuato el estado con más menores infractores acusados de narcomenudeo (867).

De los inculpados, la mayor proporción tiene de 17 a menos de 18 años (12 mil 272); de 16 años, 8 mil 739; de 15 años, 7 mil 626; Aunque también hubo 801 casos de niños de 12 años y mil 612 de 13 años, según datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2014.

Para juzgar estos casos, se decretó la Ley Federal de Justicia para Adolescentes el 27 de diciembre de 2012 y entraría en vigor dos años después, según el primer artículo transitorio. Sin embargo, el 24 de diciembre de 2014, hubo una reforma para cambiar la fecha límite al 18 de junio de 2016.

Los investigadores advierten que la ley–que nunca logró entrar en vigor- “se convirtió en letra muerta”, porque el 2 de julio de 2015, la Federación publicó un decreto por el que se reformaron los artículos 18 y 73 de la Constitución Política que obliga al Congreso a expedir una ley nacional en materia de justicia para adolescentes, acorde al nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.

Pero a un año de que se cumpla el plazo establecido en la Constitución para la implementación total del sistema acusatorio a nivel nacional, únicamente el 24.26% de los casos ingresados se siguen conforme a este proceso y con apego a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, destaca el informe.


Una responsabilidad del estado es garantizar un sistema de justicia especializado en materia de adolescentes infractores y para ello es indispensable la creación de unidades administrativas específicas. Sin embargo, la realidad contrasta con el ideal. De las 3 mil 821 agencias del ministerio público local, sólo 3.8% se especializan en adolescentes. En Jalisco, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas tienen 1% de especialización y Nuevo León es la entidad federativa con mayor grado, 9%.

Sobre el personal que atiende a adolescentes, sólo el 2% los más de 40 mil funcionarios de los órganos de procuración de justicia a nivel estatal se encuentra adscrito en agencias especializadas en menores de edad. Peor aún, ni siquiera hay información desagregada sobre sus funciones, aptitudes, preparación y capacidades.

En tanto, 2% de los 4 mil 861 juzgados y tribunales del país son especializados en el tratamiento de menores de edad. Aunque “es imposible establecer un número de tribunales ideal o estándar –pues su cantidad y dimensiones dependen de la carga de trabajo y la geografía– la insuficiencia de órganos jurisdiccionales compromete el acceso a la justicia y la adecuada provisión de servicios”, advierte el estudio.

De los casos, 42 mil 545 procesos están abiertos y 6 mil 435, cerrados. Esta cifra, afirman los investigadores, supone que se aplican criterios de discriminación, basado en la gravedad y solidez de los casos. Uno de los criterios para continuar un proceso penal para un adolescente es la gravedad de la conducta que se persigue. En la incidencia de delitos, 56% está tipificadas como no graves.

De acuerdo con el INEGI, la entidad con la tasa más alta de adolescentes que enfrentan un proceso judicial es Chiapas, con 794 casos por cada 100 mil habitantes. En Nuevo León asciende a 672 y el Distrito Federal, 631, cifra por encima de la tasa nacional (97).

Al concluir los juicios, los menores infractores podrían ser ubicados en Centros de Tratamiento. En este caso están 10 mil 963 jóvenes. Los investigadores recomiendan que esto debe ser el último recurso y tener el menor efecto negativo posible en los menores. Por ello, resulta indispensable que existan suficientes instalaciones en las entidades federativas, pero también que cumplan con condiciones que favorezcan el desarrollo y la eventual reincorporación a la sociedad de los adolescentes.

Radiografía de menores infractores

El informe incluyó una encuesta realizada a 167 jóvenes recluidos en los Centros de Tratamiento de Baja California (Mexicali, Tijuana, Ensenada) y Durango (Gómez Palacio) para determinar las características de la población adolescente privada de la libertad e identificar factores de riesgo y conocer su percepción durante el proceso penal.

La mayor parte de los encuestados son reincidentes. En Baja California el 62% respondió que había sido detenido previamente y en Durango 41%. Además, 20% de los entrevistados señaló que ya había estado privado de la libertad en un centro de diagnóstico y 26% en un centro de ejecución de medidas.

Durante la detención, más de 60% de los menores de ambas entidades reportan que los insultaron o maltrataron físicamente. 6 de cada 10 detenidos en Baja California fue golpeado y 4 de cada 10 en Durango.

Otro dato preocupante es que 79% de los jóvenes en Baja California y 65% en Durango dijeron que en ningún momento durante su detención o en las horas posteriores, se le brindaran facilidades para comunicarse con algún familiar o conocido.

La gran mayoría de los jóvenes que recibieron sentencia, dicen que durante su proceso penal estuvieron privados de la libertad. De ellos, 65% estuvo en proceso entre 1 y 6 meses; sólo en menos de 10% de los casos el juico tuvo una duración menor a un mes.

Por otra parte, 73% de los jóvenes entrevistados que aún están en espera de sentencia en Baja California está en reclusión desde hacía uno o seis meses, mientras que en Durango 62% se encuentra en esa circunstancia.

El panorama de los jóvenes antes de ser recluidos era poco alentador. 63% había dejado la escuela sobre todo porque no les gustaba, los habían expulsado o habían desertado por motivos económicos. 52% de los menores trabajaba de forma permanente y el 40% ocasionalmente, mientras que del total de la muestra, 50% comenzó a trabajar entre los 14 y 15 años.

De los malos tratos que recibieron, 77% de los jóvenes recluidos en Baja California y 91% en Durango sufrieron abandono o descuido. Más de 80% de ambas entidades era golpeado. Entre 70 y 90% recibía castigos exagerados. Entre 69 y 71% era insultado o le hablaban con malas palabras. Mientras que 80% de los encuestados en Durango fueron abusados sexualmente y en Baja California no se registró ningún caso.

Los investigadores recomiendan reformar el sistema de justicia para adolescentes, conjugando los derechos de la infancia con un sistema penal de corte garantista, acusatorio y oral que permita observar el debido proceso y garantizar el bien superior del menor.


Entre las recomendaciones está: Mejorar la calidad de la información sobre los usuarios y el sistema de justicia para adolescentes; especialización integral de todos los operadores y en todos los niveles de gobierno y diseñar políticas públicas no punitivas.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/justicia-para-adolescentes-lenta-con-poco-personal-y-malos-tratos-revela-estudio/

Desaparición de un estudiante de la UNAM y Bloqueo en CU

Desaparición o levantamiento de activista en avenida Universidad.

Ciudad de México. Diversos colectivos de activistas denunciaron anoche que sujetos desconocidos habrían "levantado" a uno de los jóvenes que participa en la ocupación del auditorio Che Guevara de la UNAM. Los hechos, que se denunciaron a través de redes sociales se dieron cerca del ingreso a Ciudad Universitaria que se ubica sobre avenida Universidad.


Esto generó que integrantes de los grupos que ocupan el auditorio, oficialmente llamado Justo Sierra, se concentrarán en las inmediaciones del recinto. Los colectivos denunciaron que su compañero habría sido "levantado" en una camioneta tipo Van blanca y sin placas.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EMIR OLIVARES.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/24/denuncian-secuestro-de-joven-en-auditorio-de-la-unam-8032.html

BLOQUEO DE CU

Ciudad de México. Integrantes de los grupos que mantienen la ocupación del auditorio Che Guevara de la UNAM mantiene cerrado el circuito escolar desde temprana hora.

Esto luego de que anoche denunciaran “el levantamiento” de uno de sus compañeros en las inmediaciones de la puerta de ingreso a Ciudad Universitaria, que se ubica en avenida Universidad.

Para impedir el paso de los vehículos, los jóvenes colocaron fogatas a base de combustibles y llantas de vehículos.


Hasta ahora, los inconformes no han realizado alguna declaración a medios, tampoco las autoridades de la casa de estudios.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EMIR OLIVARES.

Caravana de madres de los 43 lleva su reclamo de justicia a Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO: En 506 días no ha medrado la esperanza de las madres de Ayotzinapa por volver a mirar a sus hijos con vida; al contrario, juntas, han recorrido en caravanas miles de kilómetros desde el estado de Guerrero para buscarlos, y han viajado a otras entidades, e incluso a otros países, para denunciar los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.


Esta semana, tras más de 12 mil horas de cansancio atragantado, otra vez se dirigen al norte de México, pero ahora –como han hecho otras madres de mujeres desaparecidas o asesinadas en el país– para recopilar las averiguaciones judiciales en torno a la desaparición de los 43 normalistas desperdigadas en distintos juzgados del estado de Tamaulipas.

Este viernes 26 de febrero se cumple un año y cinco meses desde la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, fecha que sus madres y padres conmemoran en esta ocasión con un viaje de cinco días rumbo a la ciudad fronteriza de Matamoros, donde se libran diversos procesos penales contra policías preventivos e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, presuntamente implicados en los hechos.


“Por la Verdad y la Justicia” –nombre de este nuevo recorrido– los pies de las madres suman 10 caravanas –en 17 meses– que han visitado más de 50 ciudades del país.

El nuevo periplo, que antes de llegar a Matamoros tuvo escalas en localidades de los estados de Querétaro y San Luis Potosí, para después arribar a Monterrey, capital de Nuevo León, inició al mediodía de este lunes 22. La llegada a Matamoros está prevista para este viernes 26.

Al partir desde esta ciudad, las madres –algunas con un paliacate rojo o blanco amarrado al cuello y con su mochila gruesa en la espalda– dijeron a estas agencias que antes de salir investigaron cómo estaba el clima en Tamaulipas. Les esperaba la lluvia y el frío. Pero no les importó. Afirmaron que de todos modos irían porque –se preguntaron a sí mismas– “¿a qué nos quedamos?”.

En esa entidad esperan reunirse con los titulares del Juzgado Primero y Tercero de Distrito del Poder Judicial para que les expliquen las diligencias en las pesquisas, y por qué los hechos se juzgan como delito de secuestro y no como el de desaparición forzada.

Como si se tratara de un rompecabezas, con esta caravana las familias de Ayotzinapa suman otro esfuerzo al que vienen haciendo desde hace más de un año para reconstruir los hechos criminales que derivaron en la desaparición de sus hijos, principalmente porque el gobierno federal sigue omiso a la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) –de la CIDH– de integrar todos los procesos penales en un solo expediente.

Contra el olvido

Las caravanas son un recurso que otras madres han emprendido para buscar a sus familiares desaparecidos, y también para exigir justicia por las personas asesinadas, como las del Movimiento Migrante Mesoamericano que vienen a México cada año desde 2006; las familias de las niñas y niños víctimas del incendio en la Guardería ABC, en Sonora, en 2009, o de las de madres de mujeres ultimadas y desaparecidas en Juárez, Chihuahua.

En el caso de Ayotzinapa, cada nueva ruta que emprenden es en sí un esfuerzo para que la sociedad recuerde que además de sus hijos la justicia está ausente. Con cada reclamo, que se convierte en gritos que los micrófonos regresan en ecos, estas mujeres consiguen que los medios de comunicación repliquen sus demandas.

Desde el punto de vista de las madres de los normalistas, los recorridos también han servido para buscar a sus hijos, ya que –como relataron desde la primera caravana del 14 de noviembre de 2014 que siguió tres rutas– ellas llegan con la esperanza de que alguien en otro municipio guerrerense, otro estado o incluso otro país, les diga que tiene noticias, que sabe algo nuevo sobre los jóvenes.

En paralelo, su paso por la República Mexicana también ha sido una forma de alianza con otras protestas sociales, para “abrir los ojos” –dicen ellas– sobre la realidad de este país y para conocer la solidaridad de la gente.

Este es el caso, por ejemplo, de María de Jesús Tlatempa Bello, madre del joven desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, que este 22 de febrero –cuando partieron a Tamaulipas– llevaba en la muñeca de la mano derecha una pulsera de chaquiras con el número 43, artesanía que le regalaron activistas.

Con sus viajes internacionales, como su visita al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en Ginebra, Suiza, y al Parlamento Europeo, en febrero de 2015, las madres y padres de los estudiantes han conseguido que a nivel global se revise la situación de los derechos humanos en México.

Antes de salir a las caravanas, las mamás de los estudiantes suelen llevar una bolsa o mochila, uno o dos suéteres, cobijas y lonas blancas; algunas otras cargan con sus equipos de costura para coser flores en servilletas de tela.


Ellas saben que pernoctarán en ciudades desconocidas, que dormirán sobre colchonetas en el piso, a veces en salones amplios en universidades o espacios culturales, pero también en muchas ocasiones bajo desgastadas lonas sobre tablones de madera.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431328/caravana-de-madres-de-los-43-lleva-su-reclamo-de-justicia-a-tamaulipas

Documental confirma que armas ilegales de Alemania se usaron contra normalistas

Exportaciones Mortales, del cineasta alemán Daniel Harrich, muestra, con base en una profunda investigación, que balas de fusiles de asalto G36 fueron disparadas en los ataques a normalistas en 2012 y 2014 incluido el asesinato del joven que fue desollado, Julio César Mondragón Fontes. Pese a existir una prohibición por violaciones a derechos humanos, de 2006 a 2009 fueron introducidos a Guerrero mil 924 fusiles comprados por el gobierno de Zeferino Torreblanca.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo/El Sur).– La corrupción de los gobiernos de Alemania y México permitió la entrada al país de 9 mil 652 fusiles de asalto G36, que fueron entregados a policías.
Mil 924 de estas armas fueron destinadas a policías de Guerrero durante 2006 y 2009 a pesar de que estaban prohibidas debido a las constantes violaciones a los derechos humanos en esa entidad.
Finalmente en Guerrero, decenas de los fusiles de asalto G36 de la empresa alemana Heckler & Koch fueron utilizados para lo que se temía: asesinar estudiantes, reprimir movilizaciones sociales, y ahora también forman parte del arsenal de grupos criminales que amedrentan a pueblos enteros, trafican drogas, asesinan, secuestran y extorsionan.
Esta información se desprende del documental Exportaciones Mortales, del cineasta alemán Daniel Harrich; es resultado de una profunda investigación de los distintos casos ocurridos en México.
Los fusiles de asalto G36 que llegaron a Guerrero fueron solicitados y comprados a la compañía alemana en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo por medio de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Las armas fueron suministradas a pesar de que el gobierno de Alemania ya consideraba a Guerrero como “un estado en situación crítica” ante las violaciones a los derechos humanos cometidos por policías.
El documental muestra cómo a pesar de las prohibiciones en las leyes alemanas, la empresa bajo el amparo de los ministerios de Economía y Defensa exportó armas prohibidas a estados en conflicto como Guerrero.
En noviembre del año pasado, la Fiscalía de Stuttgart, Alemania, presentó cargos contra seis empleados de la empresa armamentística Heckler & Koch, cuyas armas fueron utilizadas en los ataques a los normalistas de Ayotzinapa ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Se les acusa de permitir de manera consciente, que armas y sus accesorios, cuya venta autorizó el gobierno alemán para ciertos estados mexicanos, acabaran en otros lugares con problemas de violencia, como Guerrero.
EL DOCUMENTAL
El documental, de 58 minutos, ha sido exhibido a partir de septiembre de 2015 en la televisora alemana ARD, con excepcional resonancia en el público.
Demuestra los permisos que el Gobierno alemán dio a la empresa de armas para exportar el fusil G36 a México. Los ministerios de Economía, Defensa y Federal fueron responsables de su llegada al país, por omisión de la realidad de México y de la crisis de derechos humanos que existe, y que fue advertida por Relaciones Exteriores.
En Exportaciones Mortales se hace un recuento de los hechos violentos que sacudieron al estado de Guerrero y que fueron conocidos y repudiados en otros países del mundo contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
El inicio del documental son las imágenes grabadas durante el desalojo violento el 12 de diciembre de 2012 en la Autopista de El Sol, al sur de la ciudad de Chilpancingo, donde los estudiantes realizaban un bloqueo para exigir audiencia con el Gobernador, en ese entonces Ángel Aguirre Rivero.
En la imagen cientos de jóvenes (algunos con los rostros cubiertos como acostumbran hacerlo por temor a represalias), gritaban y corrían de un lugar a otro buscando piedras para tratar de defenderse de los policías ministeriales y federales quienes accionaron sus armas, varias de ellas eran las alemanas G36 de Heckler & Koch.
Después, la imagen de las víctimas, los cuerpos de Jorge Alexis Herrera Pino y  Gabriel Echeverría de Jesús, tirados en el asfalto de la autopista.
Los casquillos percutidos ese día pertenecían a las armas alemanas que llegaron a México y a Guerrero de manera irregular.
La noche del 26 del septiembre de 2014, el mismo tipo de armas fueron accionadas nuevamente contra los estudiantes de Ayotzinapa y personas que transitaban por el periférico en Iguala, en esa ocasión fueron policías municipales junto con integrantes de un grupo criminal, los que portaban los fusiles de asalto.
En esa noche fueron asesinadas seis personas en la vialidad a la orilla de la ciudad, entre ellos tres estudiantes de Ayotzinapa, y 43 más fueron detenidos y desaparecidos por policías municipales que operaron esa noche junto con el grupo de la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico Guerreros Unidos.
El documental revela que fueron hallados en el lugar del ataque más de 300 casquillos percutidos, munición OTAN calibre 50:56 y también hubo munición del fusil de asalto G36.
El cineasta alemán, en sus investigaciones para el documental, confirmó a partir de la información del expediente del caso, que el estudiante Julio César Mondragón Fontes, de 18 años, que fue hallado la mañana del 27 de septiembre muerto y con el rostro desollado fue asesinado con un arma G36.
En el documental aparece que en el expediente del caso Ayotzinapa, que los periodistas que hicieron la investigación consultaron en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México, consta que uno de los policías detenidos y que esa noche estaba en activo confesó que mató al estudiante, y “las actas de investigación prueban que el policía usó un fusil G36 Heckler & Koch”.
El periodista alemán Wolf Dieter Vogel, se reunió con el sobreviviente del ataque de la noche del 26 de septiembre, Ernesto Guerrero Cano de 19 años. Ambos regresaron al lugar de la masacre donde la acción policiaca dejó muertes y desapariciones.
Ernesto estaba con 50 de sus compañeros en el autobús del cual la policía detuvo y desapareció a 43. Él fue uno de los pocos que logró escapar.
“Claro que tengo miedo pero no voy a dejar que me destroce, hay que tener valentía. No es la ausencia del miedo, si no el triunfo sobre él”, dijo Guerrero Cano ante la cámara.
“Ahora que estoy aquí la memoria vuelve, cómo empezaron los disparos. Se siente raro estar aquí de regreso. Es difícil para mí contestar esas preguntas (sobre los detalles que pide el periodista), no pensé que fuera a ser complicado”.
–¿Qué es exactamente lo que sucedió aquí esa noche?
–Más adelante del tercer autobús nos bajamos 5 o 6 compañeros, aventamos piedras y botellas para defendernos, los demás se quedaron en el tercer autobús, quizás porque pensaron que ahí estarían más seguros.
Lo estudiantes del tercer autobús fueron privados de su libertad por la policía y a casi un año y cinco meses siguen desaparecidos. La versión de la Procuraduría General de la República (PGR) dice que fueron entregados a un grupo criminal, para posteriormente ser asesinados, quemados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan.
Pero esa versión fue desmentida primero por un peritaje presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso a petición de los padres de los normalistas desaparecidos, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ((CIDH), y después por un segundo peritaje elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que realiza la investigación científica alterna a la oficial.
En el documental se define a México como un “enorme país que está desde hace años dominado por la droga, la violencia, la corrupción y casos de violaciones a los derechos humanos. También autoridades de seguridad estatales, policía y militares están implicados”.
Se dice que Guerrero es un estado controlado por cárteles de la droga, donde “nadie confía en la policía” y donde “los secuestros por parte de la policía no son raros”.
Cuatro meses después de la masacre del 26 de septiembre, Christoph Stresse delegado de Derechos Humanos de Alemania visitó la Normal Rural de Ayotzinapa.
Algunos padres responsabilizan también a Alemania por los envíos de armas de Heckler & Koch.
En esa ocasión Christoph Stresse dijo a los padres, que no han parado un instante de buscar a sus hijos desaparecidos:
“Sólo podemos decir que si con armas alemanas se comenten crímenes, el gobierno alemán debe disculparse aunque para las víctimas no sea suficiente. Pero yo debo pasar esta demanda”.

Fuente: SinEmbargo
Autora: Rosalba Ramírez García
http://www.sinembargo.mx/24-02-2016/1628210?platform=hootsuite

Soy Nestora Salgado, ésta es mi historia

Soy Nestora Salgado, les escribo desde la cárcel, donde estoy detenida por un crimen que nunca ocurrió. Me uní a la policía comunitaria buscando un poco de paz para mi pueblo. A muchos no les gustó que denunciáramos delitos que involucraban a carteles y funcionarios – pensaron que la cárcel me callaría. Si estás conmigo, ayúdame a obtener justicia firmando y pasando la voz:
Hola,
Les escribo desde la cárcel, donde estoy detenida desde hace 30 meses, por un supuesto secuestro que nunca ocurrió. Yo, como muchos prisioneros políticos del país, estoy encerrada por luchar por la paz y por la justicia, este sí es un verdadero secuestro.
Mi pueblo, Olinalá, vivía la ola de violencia e impunidad que muchos municipios de Guerrero y de México viven desde hace años. Los sicarios se paseaban armados por las calles sin que nadie los detuviera, violaban niñas y niños en las escuelas primarias, dejaban a niñas embarazadas, secuestraban indiscriminadamente, extorsionaban los negocios familiares de la gente trabajadora, y todo esto sin que el Estado dijera o hiciera nada.
El miedo reinaba, estaba presente en todos lados. Yo sabía que no podíamos seguir viviendo así.
Me uní a la policía comunitaria, no por gusto, sino por necesidad. Es mi obligación que mis dos hijas crezcan en un ambiente de paz, y el Estado no nos daba la seguridad que le corresponde.
Yo solo quería un poco de paz para mi pueblo. Y organizarnos, es nuestro derecho como pueblo originario. La policía comunitaria fue avalada por el gobernador bajo la Ley 701 del Estado de Guerrero. Así fue que me volví la Coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá – por mi, por mis hijas, por mi pueblo, por mi país.
Al gobierno no le gustaba lo que hacíamos, mucho menos cuando empezamos a denunciar a funcionarios públicos y autoridades por cometer delitos, muchas veces involucrados con el crimen organizado.
Cuatro muchachas que estaban colaborando con los sicarios fueron detenidas por el pueblo, pero yo intervine para evitar que las quemaran. Nunca las privé de su libertad, ni las detuve por la fuerza.
Esta es mi historia, pero también es la historia de muchos y muchas en México. He peleado por mi libertad y lo seguiré haciendo hasta que lo logre.
Ayúdame a solicitarle al Fiscal General del Estado que desista las falsas acusaciones que me han hecho y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero que respete mis derechos humanos al debido proceso y a que sea imparcial. Ayúdame firmando y pasando la voz:
https://secure.avaaz.org/es/nestora_salgado_tst/?bktHthb&v=73118&cl=9522262615
La historia que cuentan de mi historia está llena de irregularidades y mentiras. Por eso decidí contar yo misma qué fue lo que pasó, qué hice y qué no hice; pero sobretodo por qué lo hice.
https://secure.avaaz.org/es/nestora_salgado_tst/?bktHthb&v=73118&cl=9522262615
Con esperanza,
Nestora Salgado con el equipo de Avaaz
Más información:
Nestora Salgado: aún guardo pruebas sobre red de trata infantil (La Jornada)
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/19/nestora-salgado-aun-guardo-pruebas-sobre-red-de-trata-infantil-8234.html
Nestora Salgado: Estoy detenida porque no acepté dinero del gobierno (CNN)
http://cnnespanol.cnn.com/2015/12/08/nestora-salgado-en-aristegui/
Panel de ONU exige a México liberación inmediata de activista Nestora Salgado (EFE)
http://www.efe.com/efe/america/mexico/panel-de-onu-exige-a-mexico-liberacion-inmediata-activista-nestora-salgado/50000545-2828437

Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
http://desinformemonos.org.mx/88803-2/?platform=hootsuite

Que Iguala no quede marcada por tragedia: Peña Nieto

Iguala, Guerrero. Al encabezar la ceremonia conmemorativa del 195 aniversario de la bandera nacional en esta ciudad el presidente Enrique Peña Nieto se refirió implícitamente a la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa señalando que, en respuesta a esos hechos lamentables, desde hace un año y cinco meses el Estado Mexicano despliega una investigación y un amplio esfuerzo institucional para procurar justicia “profunda y transparente” contando para ello con respaldo de instancias internacionales.

De visita en esta ciudad a la cual no se había trasladado desde que ocurrió la desaparición de los normalistas, Peña dijo que además Iguala no puede quedar marcada por estos trágicos acontecimientos porque es una ciudad emblemática en la historia nacional y merece ser conocida por su fortaleza y calidez.

Durante la ceremonia, el mandatario resaltó que el compromiso del gobierno en el caso se ha visto reflejado en la colaboración de instancias internacionales.

"Iguala es un municipio emblemático y no puede quedar marcado por los trágicos acontecimientos" del 26 de septiembre. Su gente, añadió, merece ser conocida por su fortaleza, su calidez y firme carácter en favor de su comunidad.

En su discurso en ocasión de la efeméride, Peña Nieto también aludió a que a lo largo de la historia México se ha consolidado como una nación respetable y reivindicó entre otras fortalezas del país a la democracia que se ha ido consolidando al paso del tiempo. Dijo que las reformas políticas que se han instrumentado le han permitido avanzar hacia la normalidad democrática y que en la actualidad en México se sabe que el voto cuenta y se cuenta, situación que ha permitido que en el país ahora sea común la alternancia en el poder.

El discurso sobre la bandera nacional sirvió al mandatario para volver a reivindicar los avances que se han obtenido en materia económica que le han permitido contar con finanzas públicas sanas, estabilidad y una política monetaria autónoma.

En su oportunidad, el gobernador del estado, Héctor Astudillo, señaló la importancia histórica que ha tenido Iguala en el país pero también afirmó que no se puede ignorar la profunda herida que dejó la tragedia de Iguala por la gente inocente que perdió la vida, resultó herida y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“En tanto no se esclarezcan los hechos a profundidad esta herida no habrá de sanar”, afirmó.


Por su parte el presidente del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, habló de la necesidad de fortalecer las instituciones y los valores que permitan alcanzar la justicia porque en la actualidad las oportunidades que no llegan a los jóvenes son aprovechadas por los criminales. Sin embargo dijo que no es mediante el estéril cruce de acusaciones y mucho menos desde la politiquería que se aprovecha del dolor como se podrá avanzar en hacer justicia.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/24/que-iguala-no-quede-marcada-por-tragicos-acontecimientos-pena-674.html

Piso parejo en mercado de gasolinas: SHCP

Ciudad de México: La liberación adelantada de las importaciones de gasolinas automotrices representa dejar en manos de la iniciativa privada un negocio de por lo menos 54 mil 232 millones de pesos al año, sólo por el margen de operación fijado por la Secretaría de Hacienda al precio de las gasolinas y diésel.

Sin embargo, el titular de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Secretaría de Hacienda, Eduardo Camero, afirmó que la decisión anunciada el martes por el presidente Enrique Peña Nieto, es para ir formando mercado, poner el piso parejo para todos los participantes y es una medida que no pretende dar a Petróleos Mexicanos (Pemex) ni a los particulares que decidan importar combustibles un trato preferente y no tiene ningún objetivo recaudatorio.

Camero dijo que para este año la Secretaría de Hacienda fijó un margen de 1.72 pesos por litro en el precio de las gasolinas y el diésel. Con ese margen, explicó, Pemex debe cubrir los costos de logística y en la medida de su eficiencia puede, lo mismo que podrán hacerlo los particulares, reducir o ampliar su ganancia.

De acuerdo con datos oficiales de Pemex, en enero pasado importó un volumen de 421 mil 300 barriles (casi 67 millones de litros) por día en promedio, mientras que de diésel se adquirieron en el extranjero 122 mil barriles (19 millones 398 mil litros) en promedio diario.

Eso representa que el mes pasado se importaron diariamente 86 millones 384 mil 700 litros de combustibles automotrices, que multiplicados por 1.72 pesos de margen, arroja un negocio de más de 148.5 millones de pesos por día, es decir, una cifra que se eleva a 54 mil 242.3 millones anuales abierto para las empresas particulares.

Pero el monto del margen, aceptó Eduardo Camero, no influirá de inmediato en el precio final o al público de los combustibles y será sólo hasta el mediano plazo cuando los consumidores finales comiencen a observar competencia basada en precio.


Los efectos inmediatos de la medida, precisó, pueden ser la ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de transporte, así como una mayor densidad de estaciones de servicio ya que el país cuenta actualmente con alrededor de 11 mil gasolineras, mientras otros países, como España y no se diga Estados Unidos, triplican esa cantidad.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/24/libre-importacion-de-combustibles-daria-a-privados-54-mil-232-mdp-anuales-2031.html

Advierten que hay más de 350 autodefensas michoacanos que siguen detenidos

MORELIA, Mich: Tres años después de haber iniciado la conformación de grupos de autodefensa para hacerle frente al cártel de Los Caballeros Templarios, alrededor de 350 civiles continúan presos en distintas cárceles del país.

El movimiento inició el 24 de febrero de 2013 en los municipios calentanos de Buena Vista y Tepalcatepec, donde decenas de personas se organizaron bajo el mando de Estanislao Beltrán, Papá Pitufo, y José Manuel Mireles Valverde, quien se encuentra detenido desde el 27 de junio de 2014, acusado de posesión de armas, cartuchos y drogas.

Al igual que Mireles, su hermana Virginia Mireles Valverde estimó que aproximadamente otros 350 civiles que se integraron a los grupos de autodefensa para frenar a la delincuencia organizada se encuentran encarcelados por haber utilizado armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.


De acuerdo con Virginia, cuando en 2013 se enteró de que su hermano había integrado un grupo de autodefensas, le dio mucho miedo, “pero después, viendo todo el progreso y todo lo que estaban generado a las familias, que era seguridad, que era disminuir las muertes, los secuestros o el pago de piso, pues empecé a sentir mucho orgullo y mucho respeto por todas esas personas que se enfrentaron y rompieron el miedo”, precisó en entrevista con el portal SinEmbargo.

Y si bien las condiciones cambiaron en esos tres años, la inseguridad aún campea en algunos municipios de la entidad, en particular en la Ciénega de Chapala, donde existe el riesgo de levantamientos civiles por la incesante actividad de los criminales que se disputan las plazas, pese a la presencia de fuerzas federales.

En días pasados la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer un informe en el que se refirió a los grupos de autodefensa en Michoacán, y detalló que tomaron las armas “ante la inseguridad y violencia que imperaba en esas comunidades, producto de un actuar impune por parte de los integrantes de un grupo de la delincuencia organizada conocido como Los Caballeros Templarios, y la omisión de las autoridades en garantizar la seguridad pública”.

La CNDH precisó que a finales de 2013 el fenómeno cobró auge cuando algunos de estos grupos armados avanzaron a otras localidades hasta tener presencia en 33 de los 113 municipios michoacanos durante los primeros meses de 2014.

Durante tres años hubo diversos enfrentamientos que cobraron varias vidas; sumado a eso, el Estado comenzó una “cacería” contra los líderes, y con ello hubo detenciones y acusaciones por parte de funcionarios de seguridad nacional, apuntó.


Posteriormente, en mayo de 2014, se creó la Fuerza Rural Estatal como un cuerpo de la Secretaría de Seguridad Pública y se inició el proceso de transición a la legalidad de esas organizaciones ciudadanas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431253/mas-de-350-autodefensas-siguen-detenidos-en-carceles-del-pais